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Tema 21: Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía III. La Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas de Andalucía. El Consejo Consultivo de Andalucía. Otros órganos estatutarios. La Oficina Andaluza Contra el Fraude y la Corrupción.

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Constitución Española · Art. 152

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia. 2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. 3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

Datos clave

  • ¿Cómo se elige la Asamblea Legislativa en estas Comunidades? → Por sufragio universal, con un sistema de representación proporcional.
  • ¿Quién elige al Presidente autonómico y quién lo nombra? → Lo elige la Asamblea de entre sus miembros; lo nombra el Rey.
  • ¿Qué requisito extra tiene la reforma del Estatuto por esta vía? → Referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.
  • ¿Qué pueden crear los Estatutos agrupando municipios limítrofes? → Circunscripciones territoriales propias, con plena personalidad jurídica.
  • El Presidente lo elige la Asamblea de entre sus miembros, pero lo nombra el Rey: elección política, nombramiento formal.
  • El referéndum de reforma es un requisito añadido: se suma al procedimiento propio del Estatuto, no lo sustituye.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Organización de las Comunidades con Estatuto aprobado por el procedimiento del artículo anterior: Asamblea, Consejo de Gobierno, Presidente y Tribunal Superior de Justicia; reforma con referéndum y circunscripciones propias.

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Artículo 1. Naturaleza y funciones del Defensor del Pueblo Andaluz

El artículo 1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, define la naturaleza de la institución.

1. El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título primero de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración Autonómica, dando cuenta al Parlamento.

2. Ejercerá las funciones que le encomiendan el Estatuto de Autonomía y la presente Ley, y coordinará sus funciones con las del Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales, prestando su cooperación cuando le sea solicitada y recabándola de aquél a los mismos efectos.

Datos clave

  • Comisionado del Parlamento, designado por éste.
  • Defiende los derechos y libertades del título primero de la Constitución.
  • Supervisa la actividad de la Administración Autonómica, dando cuenta al Parlamento.
  • Coordina sus funciones con el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales, prestando y recabando cooperación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento para defender los derechos del título primero de la Constitución; supervisa la Administración Autonómica y coordina su labor con el Defensor estatal.

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Artículo 2. Elección del Defensor del Pueblo Andaluz

El artículo 2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, regula la elección del titular de la institución.

1. El Defensor del Pueblo Andaluz será elegido por el Parlamento para un período de cinco años y se dirigirá al mismo a través de su Presidente.

2. La Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos, regulada por el artículo 48 del Reglamento del Parlamento, es la encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar al Pleno en cuantas ocasiones sea necesario.

3. Esta Comisión propondrá al Pleno de la Cámara el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo Andaluz. Sus acuerdos se adoptan por mayoría simple, rigiendo el sistema de voto ponderado.

4. Propuesto el candidato o candidatos, se convocará, en término no inferior a quince días, el Pleno del Parlamento para proceder a su elección. Será designado quien obtenga una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Parlamento.

5. Si no se alcanza esa mayoría, la Comisión, en el plazo máximo de un mes, se reunirá de nuevo para formular nuevas propuestas.

6. Conseguida la mayoría de tres quintos, el candidato queda designado Defensor del Pueblo Andaluz.

Datos clave

  • Mandato: cinco años; se dirige al Parlamento a través de su Presidente.
  • Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos (art. 48 del Reglamento del Parlamento): relación con el Defensor y propuesta de candidatos.
  • Acuerdos de la Comisión: mayoría simple con voto ponderado.
  • Convocatoria del Pleno: en término no inferior a quince días desde la propuesta.
  • Elección: tres quintas partes de los miembros del Parlamento.
  • Sin mayoría: nuevas propuestas de la Comisión en el plazo máximo de un mes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Elección parlamentaria por cinco años: propone la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos y el Pleno elige por tres quintas partes; sin esa mayoría, nuevas propuestas en un mes como máximo.

Esquema

Comisión y Pleno en la elección
Comisión de Gobierno Interior y Derechos HumanosPleno del Parlamento
Qué hacePropone el candidato o candidatosElige al Defensor
MayoríaSimple, con voto ponderadoTres quintas partes de los miembros

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Artículo 5. Cese y vacante del Defensor del Pueblo Andaluz

El artículo 5 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, regula las causas de cese y el régimen de la vacante.

1. El Defensor del Pueblo Andaluz cesará por alguna de las siguientes causas:

1.º Por renuncia.

2.º Por expiración del plazo de su nombramiento, sin perjuicio de que se le prorrogue en el ejercicio de sus funciones conforme al apartado 3.

3.º Por muerte o por incapacidad sobrevenida.

4.º Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.

5.º Por haber sido condenado a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público, establecida por sentencia judicial firme.

6.º Por haber sido condenado, por delito doloso, a penas que no conlleven aparejada inhabilitación absoluta o especial, mediante sentencia judicial firme.

2. La vacante se declara por el Presidente del Parlamento en los casos de renuncia, expiración del plazo de mandato, muerte, incapacidad sobrevenida e inhabilitación absoluta o especial. En los demás casos se decide por mayoría de los tres quintos de los diputados, mediante debate y previa audiencia del interesado. Declarada la vacante, el procedimiento para nombrar nuevo Defensor se inicia en plazo no superior a un mes.

3. Si expira el plazo del nombramiento, el Defensor se mantiene en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión del titular designado para el siguiente mandato.

4. En los demás supuestos de vacante, mientras el Parlamento no proceda a una nueva designación, desempeña sus funciones interinamente el Adjunto que determine la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos.

Datos clave

  • Seis causas de cese: renuncia, expiración del plazo, muerte o incapacidad sobrevenida, notoria negligencia, inhabilitación por sentencia firme y condena por delito doloso.
  • Declara la vacante el Presidente del Parlamento en renuncia, expiración, muerte, incapacidad e inhabilitación.
  • Negligencia y condena por delito doloso: mayoría de tres quintos de los diputados, con debate y audiencia del interesado.
  • Nuevo nombramiento: procedimiento iniciado en plazo no superior a un mes.
  • Expiración del mandato: sigue en funciones hasta la toma de posesión del sucesor.
  • Otras vacantes: interinidad del Adjunto que determine la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Seis causas de cese. La vacante la declara el Presidente del Parlamento en los supuestos objetivos; en negligencia y condena por delito doloso decide el Parlamento por tres quintos, con debate y audiencia.

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Artículo 6. Independencia del Defensor del Pueblo Andaluz

El artículo 6 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, consagra la independencia de la institución: el Defensor del Pueblo Andaluz no estará sujeto a mandato imperativo alguno, no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio.

Datos clave

  • No está sujeto a mandato imperativo alguno.
  • No recibe instrucciones de ninguna autoridad.
  • Desempeña sus funciones con autonomía y según su criterio.
  • Este régimen se aplica también a los Adjuntos (artículo 8.4 de la Ley).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La independencia del Defensor se resume en tres notas: sin mandato imperativo, sin instrucciones de ninguna autoridad y con autonomía y criterio propio en sus funciones.

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Artículo 8. Adjuntos al Defensor del Pueblo Andaluz

El artículo 8 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, regula las personas adjuntas que auxilian al Defensor.

1. El Defensor del Pueblo Andaluz estará auxiliado por tres personas adjuntas en las que podrá delegar sus funciones y entre las que designará a la que le auxilie en el ejercicio de las funciones que le corresponden como Defensor o Defensora de la Infancia y Adolescencia.

2. El Defensor del Pueblo nombrará y separará a sus Adjuntos, previa conformidad de la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos.

3. El nombramiento y el cese de los Adjuntos se publican en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

4. A los Adjuntos les es de aplicación lo dispuesto para el Defensor del Pueblo en los artículos 3, 6 y 7 de la Ley.

Datos clave

  • Tres personas adjuntas, en las que puede delegar sus funciones.
  • Una de ellas le auxilia en sus funciones como Defensor o Defensora de la Infancia y Adolescencia.
  • Nombramiento y separación por el Defensor, previa conformidad de la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos.
  • Publicación en el BOJA.
  • Se les aplican los artículos 3, 6 y 7 de la Ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Defensor cuenta con tres personas adjuntas, en las que puede delegar, y una le auxilia como Defensor de la Infancia y Adolescencia. Las nombra y separa él con la conformidad de la Comisión.

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Artículo 10. Ámbito de las investigaciones

El artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, delimita el ámbito de actuación investigadora del Defensor.

1. El Defensor del Pueblo Andaluz podrá iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Autonómica y de sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución y el respeto debido a los derechos y libertades proclamados en su título primero.

2. Sus atribuciones se extienden a la actividad administrativa de los miembros del Consejo de Gobierno, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de la Administración Autonómica en Andalucía.

Datos clave

  • Investigaciones de oficio o a petición de parte.
  • Objeto: actos y resoluciones de la Administración Autonómica y sus agentes en relación con los ciudadanos.
  • Parámetro: artículo 103.1 de la Constitución y derechos y libertades de su título primero.
  • Alcanza la actividad administrativa de miembros del Consejo de Gobierno, autoridades, funcionarios y cualquier persona al servicio de la Administración Autonómica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Defensor puede investigar, de oficio o a instancia de parte, los actos y resoluciones de la Administración Autonómica y sus agentes, a la luz del artículo 103.1 de la Constitución y de los derechos del título primero.

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Artículo 11. Legitimación para dirigirse al Defensor

El artículo 11 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, determina quién puede acudir al Defensor del Pueblo Andaluz.

1. Puede dirigirse al Defensor toda persona, natural o jurídica, que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna. No pueden constituir impedimento la nacionalidad, residencia o vecindad administrativa, sexo, minoría de edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en un centro penitenciario o de reclusión o, en general, cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una Administración o Poder Público.

2. Los Diputados, individualmente, las Comisiones de Investigación o la de Gobierno Interior a que se refiere el artículo 2.2 pueden solicitar, mediante escrito motivado, la intervención del Defensor para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en la Administración Autonómica de Andalucía que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos, en el ámbito de sus competencias.

3. No puede presentar queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia.

Datos clave

  • Legitimación: toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna.
  • No impiden la queja: nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, incapacidad legal, internamiento penitenciario o relación especial de sujeción.
  • Diputados individualmente y Comisiones de Investigación o de Gobierno Interior: mediante escrito motivado.
  • Ninguna autoridad administrativa puede presentar queja en asuntos de su competencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Puede acudir al Defensor toda persona natural o jurídica con interés legítimo, sin restricción. Los diputados y ciertas Comisiones pueden pedir su intervención; ninguna autoridad administrativa puede quejarse en asuntos de su competencia.

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Artículo 13. Supervisión y coordinación con el Defensor del Pueblo estatal

El artículo 13 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, dispone que el Defensor del Pueblo Andaluz podrá supervisar la actividad de la Administración Autonómica en el ámbito de competencias definido por la Ley. A los efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, coordinará sus funciones con las del designado por las Cortes Generales y cooperará con él en todo cuanto sea necesario.

Datos clave

  • Supervisa la actividad de la Administración Autonómica.
  • Remisión al artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
  • Coordina sus funciones con el Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales y coopera con él.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Defensor andaluz supervisa la Administración Autonómica y, a efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1981, coordina y coopera con el Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales.

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Artículo 16. Presentación de quejas

El artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, fija los requisitos formales de las quejas.

1. Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.

2. Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz son gratuitas para el interesado y no es preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador. De toda queja se acusará recibo.

Datos clave

  • Queja firmada, con nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado y en papel común.
  • Plazo máximo: un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos.
  • Actuaciones gratuitas para el interesado.
  • No es preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador.
  • Se acusa recibo de toda queja.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La queja va firmada, con nombre, apellidos y domicilio, razonada y en papel común, en el plazo máximo de un año desde que se conocen los hechos. Todo es gratis y sin abogado ni procurador.

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Artículo 17. Tramitación y rechazo de quejas

El artículo 17 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, regula la admisión y el rechazo de las quejas.

1. El Defensor registrará las quejas que se formulen, que tramitará o rechazará. Si las rechaza, lo hará en escrito motivado, pudiendo informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su acción, si a su entender hubiese alguna, y sin perjuicio de que el interesado utilice las que considere más pertinentes.

2. No entrará en el examen individual de las quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiera por persona interesada demanda o recurso ante los Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Ello no impide la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas. En cualquier caso, velará porque la Administración Autonómica resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

3. Rechazará las quejas anónimas y podrá rechazar aquellas en las que advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquellas cuya tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Sus decisiones no serán susceptibles de recurso. En todo caso, el nombre de la persona que ejercite la queja se mantendrá en secreto.

Datos clave

  • El rechazo se hace en escrito motivado, pudiendo informar de las vías oportunas.
  • No examina quejas con resolución judicial pendiente; suspende si se interpone demanda o recurso ante Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional.
  • Sí puede investigar los problemas generales planteados.
  • Rechazo obligatorio: quejas anónimas.
  • Rechazo potestativo: mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión o perjuicio a derecho de tercero.
  • Sus decisiones no son susceptibles de recurso.
  • El nombre del autor de la queja se mantiene en secreto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Defensor registra las quejas y las tramita o las rechaza motivadamente. No examina las que están ante los tribunales, rechaza siempre las anónimas y sus decisiones no admiten recurso.

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Artículo 19. Deber de auxilio y facultades de inspección

El artículo 19 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece el deber de colaboración con el Defensor.

1. Todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

2. En la fase de comprobación e investigación de una queja o en expediente iniciado de oficio, el Defensor o sus Adjuntos, o la persona en la que deleguen, podrán personarse en cualquier centro de la Administración Autonómica, dependiente de la misma o afecto a un servicio público, para comprobar cuantos datos fueren menester, hacer las entrevistas personales pertinentes o estudiar los expedientes y documentación necesaria.

3. A estos efectos, no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documentación administrativa o que se encuentre relacionada con la actividad o servicio objeto de la investigación.

Datos clave

  • Auxilio obligatorio de todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma, con carácter preferente y urgente.
  • Pueden personarse el Defensor, sus Adjuntos o la persona en quien deleguen.
  • Lugares: cualquier centro de la Administración Autonómica, dependiente de ella o afecto a un servicio público.
  • Facultades: comprobar datos, hacer entrevistas personales y estudiar expedientes.
  • No puede negársele el acceso a ningún expediente o documentación relacionada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todos los poderes públicos andaluces deben auxiliar al Defensor con carácter preferente y urgente. Él, sus Adjuntos o un delegado pueden personarse en cualquier centro y no se les puede negar ningún expediente.

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Artículo 29. Advertencias, recomendaciones y sugerencias

El artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, regula las resoluciones del Defensor.

1. Con ocasión de sus investigaciones, el Defensor del Pueblo Andaluz podrá formular a las autoridades y funcionarios de la Administración Autonómica advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades y los funcionarios vendrán obligados a responder por escrito en término no superior a un mes.

2. Si, formuladas sus recomendaciones, dentro de un plazo razonable no se produce una medida adecuada por la autoridad administrativa afectada, o ésta no informa al Defensor de las razones para no adoptarlas, el Defensor podrá poner en conocimiento del Consejero afectado, o de la máxima autoridad de la Administración afectada, los antecedentes del caso y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá el caso en su Informe anual o especial, mencionando expresamente los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, entre los asuntos en que, siendo posible una solución positiva, ésta no se ha conseguido.

Datos clave

  • Instrumentos: advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias.
  • Respuesta obligatoria por escrito en término no superior a un mes.
  • Sin medida adecuada en plazo razonable: traslado al Consejero afectado o a la máxima autoridad de la Administración.
  • Sin justificación adecuada: inclusión en el Informe anual o especial con mención expresa de nombres de autoridades o funcionarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Defensor formula advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias; la Administración responde por escrito en un mes como máximo y, si no colabora, el caso acaba en el Informe con nombres.

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Artículo 31. Informes al Parlamento

El artículo 31 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, regula la rendición de cuentas del Defensor ante el Parlamento.

1. El Defensor del Pueblo Andaluz dará cuenta anualmente al Parlamento de la gestión realizada en un Informe que presentará en el período ordinario de sesiones.

2. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrá presentar un informe extraordinario, que dirigirá a la Diputación Permanente del Parlamento si éste no está reunido.

3. Los Informes anuales y, en su caso, los extraordinarios se publican en el «Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía».

Datos clave

  • Informe anual al Parlamento, presentado en el período ordinario de sesiones.
  • Informe extraordinario por gravedad o urgencia de los hechos.
  • Si el Parlamento no está reunido, el informe extraordinario se dirige a la Diputación Permanente.
  • Publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Defensor rinde cuentas con un Informe anual en el período ordinario de sesiones y, si la gravedad o urgencia lo aconsejan, con informes extraordinarios; todos se publican en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 70

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquélla, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.

Datos clave

  • El Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el ámbito territorial de su Comunidad Autónoma.
  • Esta culminación se entiende sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El TSJ es la cúspide de la organización judicial en su Comunidad Autónoma, pero sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 71

El Tribunal Superior de Justicia tomará el nombre de la Comunidad Autónoma y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de ésta.

Datos clave

  • El Tribunal Superior de Justicia toma el nombre de la Comunidad Autónoma.
  • Su jurisdicción se extiende al ámbito territorial de esa Comunidad Autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada Tribunal Superior de Justicia toma el nombre de su Comunidad Autónoma y extiende su jurisdicción al ámbito territorial de esta.

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 72

1. El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por las siguientes Salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.

2. Se compondrá de un Presidente, que lo será también de su Sala de lo Civil y Penal, y tendrá la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo; de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, de las Secciones que puedan dentro de ellas crearse.

Datos clave

  • El Tribunal Superior de Justicia se integra por tres Salas: Civil y Penal, Contencioso-Administrativo y Social.
  • El Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo es también de la Sala de lo Civil y Penal.
  • Mientras ejerce el cargo, el Presidente tiene la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.
  • Se completa con los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley, y con las Secciones que puedan crearse dentro de las Salas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El TSJ tiene tres Salas (Civil y Penal, Contencioso-Administrativo y Social). Su Presidente preside también la Sala de lo Civil y Penal y, mientras ejerce, tiene la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 73

1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Civil:

a) Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.

b) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.

c) De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

2. Esta Sala conocerá igualmente:

a) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo.

b) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.

c) De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común.

3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala:

a) El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.

b) La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.

c) El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes.

d) La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común.

e) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

4. Para la instrucción de las causas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.

En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un Juez de garantías que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.

5. Le corresponde, igualmente, la decisión de las cuestiones de competencia entre Secciones de Menores de Tribunales de Instancia radicados en distintas provincias de la comunidad autónoma.

6. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o más Secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación a los que se refiere la letra c) del apartado 3 de este artículo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia.

Los nombramientos para Magistrados de estas Secciones o Salas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaerán en aquellos Magistrados que, ostentando la condición de especialista en el orden penal obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. A falta de éstos, recaerá en aquellos Magistrados que habiendo prestado sus servicios en el orden jurisdiccional penal durante diez años dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, tengan mejor puesto en el escalafón. La antigüedad en órganos mixtos se computará de igual manera a estos efectos. En su defecto, se nombrará a quien ostente mejor puesto en el escalafón.

Se modifica el apartado 5 por el art. 1.15 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1

Se añade un párrafo segundo al apartado 4 por la disposición final 2.5 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957#df-2

Se añade la letra e) al apartado 3 por la disposición final 1.3 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre Ref. BOE-A-2015-10725 .

Se modifica el apartado 6 por el art. único.20 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167#aunico .

Se añade la letra c) al apartado 1 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo. Ref. BOE-A-2011-8846 .

Se modifica por el art. único.8 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644

Se añade la letra c) del apartado 3 y se reordena la anterior letra c) como d) por la disposición final 1.1 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. Ref. BOE-A-1995-12095

Se renumera el apartado 4 como 5 y se añade un nuevo apartado 4 por el art. 1.5 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621

Datos clave

  • La Sala de lo Civil y Penal actúa como Sala de lo Civil y como Sala de lo Penal.
  • Como Sala de lo Civil conoce del recurso de casación fundado en infracción del derecho civil, foral o especial propio de la comunidad.
  • Conoce en única instancia de las demandas de responsabilidad civil contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa.
  • Como Sala de lo Penal instruye y falla las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
  • Conoce de los recursos de apelación contra resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales.
  • Para instruir esas causas se designa, por turno preestablecido, un instructor que no forma parte de la Sala para enjuiciarlas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ actúa como Sala de lo Civil (casación y revisión en derecho civil propio, arbitraje, responsabilidad civil de aforados autonómicos) y como Sala de lo Penal (aforados, apelaciones contra Audiencias Provinciales).

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 74

1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con:

a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las comunidades autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.

b) Las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las Entidades locales.

c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.

d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.

e) Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.

f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes y Presidentas de Corporaciones locales en los términos de la legislación electoral.

g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma.

h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro, Ministra, Secretario o Secretaria de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa, a excepción de lo dispuesto en el artículo 82.2. 3.º

j) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.

k) De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la autoridad de protección de datos de la comunidad autónoma respectiva.

2. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados en las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia y de los correspondientes recursos de queja.

3. También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes dictadas en las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.

4. Conocerán de las cuestiones de competencia entre las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia con sede en la comunidad autónoma.

5. Corresponde a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de autoridades autonómicas de protección de datos a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica.

Datos clave

  • Las Salas de lo Contencioso-Administrativo conocen en única instancia de los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las comunidades autónomas cuyo conocimiento no esté atribuido a las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.
  • Conocen de las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las Entidades locales.
  • Conocen de los actos y resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
  • Conocen en segunda instancia de las apelaciones contra sentencias y autos de las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.
  • Conocen de los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas en esas Secciones.
  • Conocen de las cuestiones de competencia entre las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Salas de lo Contencioso del TSJ conocen en única instancia de una larga lista de actos autonómicos, locales y estatales; en segunda instancia de las apelaciones contra las Secciones de lo Contencioso, y además de revisión, competencia y autorizaciones de protección de datos.

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 75

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá:

1.º En única instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y trabajadoras y empresarios y empresarias en ámbito superior al de una Sección de lo Social del Tribunal de Instancia y no superior al de la comunidad autónoma.

2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma, así como de los recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma en materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.

3.º De las cuestiones de competencia que se susciten entre las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.

Se modifica por el art. 1.17 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1

Se modifica el apartado 2º por el art. 2.2 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13812

Datos clave

  • La Sala de lo Social conoce en única instancia de procesos con ámbito superior a una Sección de lo Social del Tribunal de Instancia y no superior al de la comunidad autónoma.
  • Conoce de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.
  • Conoce de los recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de las Secciones de lo Mercantil en materia laboral, incluidas las que resuelven incidentes concursales sobre esa materia.
  • Conoce de las cuestiones de competencia entre Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Sala de lo Social del TSJ juzga en única instancia los conflictos de ámbito supraterritorial pero no superior a la comunidad, resuelve recursos contra las Secciones de lo Social (y de lo Mercantil en materia laboral) y dirime sus cuestiones de competencia.

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 78

Cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran podrán crearse, con carácter excepcional, Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autónoma, en cuya capital tendrán su sede. Dichas Salas estarán formadas, como mínimo, por su Presidente, y se completarán, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.

Datos clave

  • Con carácter excepcional pueden crearse Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autónoma.
  • Su sede radica en la capital de esa provincia.
  • Se forman, como mínimo, por su Presidente.
  • Se completan, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con carácter excepcional pueden crearse Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social del TSJ limitadas a una o varias provincias de la Comunidad, con sede en su capital y formadas como mínimo por su Presidente.

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Artículo 1. Creación y naturaleza de la Cámara de Cuentas

El artículo 1 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, crea la Cámara de Cuentas de Andalucía como órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía, al que, sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas, corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Datos clave

  • Naturaleza: órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía.
  • Función: fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma.
  • Sin perjuicio de las competencias constitucionales del Tribunal de Cuentas.
  • Creada por la Ley 1/1988, de 17 de marzo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Cámara de Cuentas de Andalucía es un órgano técnico dependiente del Parlamento andaluz que hace la fiscalización externa de los fondos públicos autonómicos, sin perjuicio del Tribunal de Cuentas.

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Artículo 2. Sector público y fondos públicos

El artículo 2 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, delimita el ámbito subjetivo y objetivo de la fiscalización.

1. A efectos de la Ley, componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

a) La Junta de Andalucía, sus Organismos Autónomos, sus Instituciones y empresas.

b) Las Corporaciones Locales que forman parte del territorio de la Comunidad Autónoma, así como los Organismos Autónomos y Empresas Públicas de ellas dependientes.

c) Las Universidades Públicas de Andalucía.

d) Cuantos Organismos y Entidades sean incluidos por norma legal.

2. Son fondos públicos todos los gestionados por el Sector Público Andaluz, así como las subvenciones, créditos, avales y todas las ayudas, cualquiera que sea su naturaleza, concedidas por los órganos del Sector Público a cualquier persona física o jurídica.

Datos clave

  • Sector público: Junta de Andalucía, sus Organismos Autónomos, Instituciones y empresas.
  • Incluye las Corporaciones Locales y sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas.
  • Incluye las Universidades Públicas de Andalucía y los entes incluidos por norma legal.
  • Fondos públicos: los gestionados por el Sector Público Andaluz y las subvenciones, créditos, avales y ayudas que conceda a personas físicas o jurídicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué entes forman el sector público andaluz a efectos de la Cámara de Cuentas y qué se entiende por fondos públicos, incluidas las ayudas concedidas a particulares.

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Artículo 3. Competencias de autoorganización y régimen económico

El artículo 3 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, atribuye a la Cámara de Cuentas competencias sobre su propio funcionamiento.

1. Corresponde a la Cámara de Cuentas de Andalucía:

a) La regulación de cuanto afecta a su gobierno, organización y personal a su servicio, con una particularidad: la determinación de la estructura orgánica del personal al servicio de la Cámara, así como de sus retribuciones, corresponde a la Mesa del Parlamento, sin perjuicio de las normas generales aplicables.

b) La elaboración del proyecto de su propio presupuesto, que se integra en el general de la Comunidad Autónoma como Sección independiente, para su aprobación por el Parlamento de Andalucía.

2. El régimen del patrimonio y de contratación de la Cámara de Cuentas, ejercido a través de sus propios órganos, es el que rige para la Administración de la Junta de Andalucía.

Datos clave

  • Regula su gobierno, organización y personal.
  • Estructura orgánica del personal y retribuciones: corresponden a la Mesa del Parlamento.
  • Elabora el proyecto de su presupuesto, integrado como Sección independiente en el presupuesto general de la Comunidad Autónoma.
  • El presupuesto lo aprueba el Parlamento de Andalucía.
  • Patrimonio y contratación: mismo régimen que la Administración de la Junta de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Cámara se autoorganiza y elabora su proyecto de presupuesto, pero la estructura y retribuciones de su personal las fija la Mesa del Parlamento y el presupuesto lo aprueba el Parlamento.

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Artículo 4. Funciones de la Cámara de Cuentas

El artículo 4 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, enumera las funciones propias de la Cámara.

1. Son funciones propias de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que ejercerá con total independencia:

a) Fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de Andalucía, velando por la legalidad y eficiencia de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven y, en general, de la recaudación, inversión o aplicación de los fondos públicos. En todo caso, le corresponde la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas de los órganos del sector público andaluz percibidas por personas físicas o jurídicas.

b) Fiscalizar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los programas presupuestarios y en las memorias de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas.

c) Asesorar al Parlamento de Andalucía en la materia propia de sus competencias.

d) Fiscalizar especialmente los contratos administrativos celebrados por los componentes del sector público.

2. Desarrolla además las funciones de fiscalización que, por delegación, le encomiende el Tribunal de Cuentas.

3. La Consejería de Hacienda trasladará a la Cámara de Cuentas todos los contratos que celebre la Junta de Andalucía cuyo importe inicial exceda de 25.000.000 de pesetas, para su examen y toma de razón. Los órganos de contratación deben enviarlos a la Consejería de Hacienda. Sin perjuicio de la facultad de la Cámara para recabar los antecedentes que estime necesarios, dichos órganos deberán acompañar a los contratos originales, dentro de los tres meses siguientes a su adjudicación, copia o fotocopia certificada de las actuaciones especificadas en el artículo 18 del Reglamento General de Contratación del Estado.

Si la Cámara apreciase una manifiesta infracción de Ley con grave perjuicio para el interés público, dará inmediato conocimiento al Parlamento y al Consejo de Gobierno por medio de un informe extraordinario.

Datos clave

  • Funciones ejercidas con total independencia.
  • Fiscaliza la actividad económico-financiera del sector público andaluz (legalidad y eficiencia) y, en todo caso, subvenciones, créditos, avales y ayudas.
  • Fiscaliza el cumplimiento de objetivos de los programas presupuestarios.
  • Asesora al Parlamento y fiscaliza especialmente los contratos administrativos.
  • Puede ejercer funciones fiscalizadoras delegadas por el Tribunal de Cuentas.
  • Contratos de la Junta de importe inicial superior a 25.000.000 de pesetas: traslado por la Consejería de Hacienda para examen y toma de razón.
  • Documentación: dentro de los tres meses siguientes a la adjudicación.
  • Manifiesta infracción de Ley con grave perjuicio: informe extraordinario al Parlamento y al Consejo de Gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Funciones de la Cámara, ejercidas con total independencia: fiscalizar la actividad económico-financiera y las ayudas, el cumplimiento de objetivos y los contratos, y asesorar al Parlamento.

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Artículo 12. Informes y responsabilidad contable

El artículo 12 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, regula el resultado de la actividad fiscalizadora.

1. El resultado de la actividad fiscalizadora se expone por medio de informes anuales o especiales, que se elevan al Parlamento de Andalucía, se remiten al Tribunal de Cuentas y se publican en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

2. Cuando los informes se refieran a la gestión económica y financiera de las Corporaciones Locales, se da traslado, además de al Parlamento y al Tribunal de Cuentas, a las propias Corporaciones, a fin de que sus respectivos Plenos los conozcan y, en su caso, adopten las medidas que procedan.

3. Si en el ejercicio de su función fiscalizadora la Cámara advirtiera indicios de responsabilidad contable, lo trasladará sin dilación al Tribunal de Cuentas a efectos de su posible enjuiciamiento. La instrucción de los procedimientos jurisdiccionales correspondientes podrá ser efectuada por la Cámara de Cuentas de acuerdo con la legislación específica del Tribunal de Cuentas.

Datos clave

  • Informes anuales o especiales.
  • Se elevan al Parlamento, se remiten al Tribunal de Cuentas y se publican en el BOJA.
  • Informes sobre Corporaciones Locales: también a las Corporaciones para conocimiento de sus Plenos.
  • Indicios de responsabilidad contable: traslado sin dilación al Tribunal de Cuentas.
  • La Cámara puede instruir los procedimientos jurisdiccionales según la legislación del Tribunal de Cuentas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El resultado de la fiscalización se recoge en informes anuales o especiales que van al Parlamento, al Tribunal de Cuentas y al BOJA; los indicios de responsabilidad contable se pasan al Tribunal de Cuentas.

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Artículo 16. Órganos de la Cámara de Cuentas

El artículo 16 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, enumera los órganos que integran la Cámara de Cuentas:

a) El Pleno.

b) La Comisión de Gobierno.

c) La persona titular de la Presidencia.

d) La persona titular de la Vicepresidencia.

e) Los Consejeros.

f) La Secretaría General.

Datos clave

  • Seis órganos: Pleno, Comisión de Gobierno, Presidencia, Vicepresidencia, Consejeros y Secretaría General.
  • El Pleno es el órgano colegiado de la Cámara (artículo 17).
  • La Presidencia y la Vicepresidencia son órganos unipersonales diferenciados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Cámara de Cuentas de Andalucía tiene seis órganos: Pleno, Comisión de Gobierno, Presidencia, Vicepresidencia, Consejeros y Secretaría General.

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Artículo 17. El Pleno: composición y funcionamiento

El artículo 17 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, regula el Pleno de la Cámara de Cuentas.

1. El Pleno, como órgano colegiado, lo componen siete Consejeros, de entre los cuales se eligen la persona titular de la Presidencia y la de la Vicepresidencia.

2. El Pleno no puede constituirse ni actuar sin la asistencia de la persona titular de la Presidencia o de la Vicepresidencia. En todo caso, es necesaria la presencia de la mayoría de sus miembros para su válida constitución.

3. Los acuerdos se adoptan por mayoría de los asistentes y dirime los empates el voto de la persona titular de la Presidencia o de quien la sustituya.

4. Se reúne con la periodicidad que se considere necesaria y siempre que lo estime la Presidencia o lo propongan tres de sus miembros.

5. La convocatoria debe acordarse y notificarse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, salvo urgencia, y se acompaña del orden del día.

6. No puede ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros y se declare la urgencia por el voto favorable de la mayoría.

7. En lo no previsto, su funcionamiento se rige por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Datos clave

  • Siete Consejeros; entre ellos se eligen Presidencia y Vicepresidencia.
  • Quórum: Presidencia o Vicepresidencia y mayoría de los miembros.
  • Acuerdos por mayoría de los asistentes; voto de calidad de la Presidencia.
  • Reunión a iniciativa de la Presidencia o a propuesta de tres miembros.
  • Convocatoria con antelación mínima de cuarenta y ocho horas, salvo urgencia, con orden del día.
  • Asuntos fuera del orden del día: presencia de todos y urgencia declarada por mayoría.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Pleno lo forman siete Consejeros; exige Presidencia o Vicepresidencia y mayoría de miembros, acuerda por mayoría de asistentes y se convoca con cuarenta y ocho horas.

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Artículo 19. Funciones del Pleno

El artículo 19 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, atribuye al Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía las siguientes funciones:

a) Aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la Cámara.

b) Aprobar el proyecto de presupuesto de la propia Cámara.

c) Aprobar los criterios y programas de actuación que han de observar los Consejeros y todo el personal, al objeto de unificar al máximo las actuaciones.

d) Elegir de entre sus miembros a la persona titular de la Presidencia y a la de la Vicepresidencia.

e) Nombrar el Secretario General.

f) Aprobar los informes sobre las cuentas y la gestión económica y financiera del sector público andaluz, así como cualquier otro informe o memoria que haya de remitirse a órganos externos a la Cámara.

g) Aprobar las cuentas de su presupuesto que hayan de rendirse ante el Parlamento.

h) Las demás funciones que le encomienden la Ley y sus normas de desarrollo.

Datos clave

  • Aprueba disposiciones, el proyecto de presupuesto y los criterios y programas de actuación.
  • Elige entre sus miembros a la Presidencia y a la Vicepresidencia.
  • Nombra al Secretario General.
  • Aprueba los informes sobre cuentas y gestión del sector público andaluz y los dirigidos a órganos externos.
  • Aprueba las cuentas de su presupuesto que se rinden ante el Parlamento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Pleno aprueba las disposiciones, el proyecto de presupuesto, los criterios de actuación, los informes y las cuentas; elige Presidencia y Vicepresidencia y nombra al Secretario General.

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Artículo 24. Designación de Consejeros, Presidencia y Vicepresidencia

El artículo 24 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, regula la designación de los miembros de la Cámara.

1. Los Consejeros, en número de siete, son designados por el Parlamento de Andalucía mediante votación y por mayoría de tres quintas partes de sus miembros, por un período de seis años, renovándose cada tres por tres y cuatro séptimas partes sucesivamente.

Todos los grupos parlamentarios, con excepción del Grupo Mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta. Si no fuera posible con criterios de proporcionalidad pura, cede un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor.

No pueden ser designados Consejeros quienes el año inmediatamente anterior hayan tenido a su cargo la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del sector público en Andalucía, ni quienes hayan sido perceptores de subvenciones o beneficiarios de avales o exenciones concedidas por los entes del artículo 2.

2. La persona titular de la Presidencia es nombrada por el Presidente de la Junta de Andalucía, a propuesta del Pleno de la Cámara. Su mandato es de tres años y puede ser reelegida.

3. La persona titular de la Vicepresidencia es nombrada por el Pleno de la Cámara. Su mandato es de tres años y puede ser reelegida.

4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la Presidencia, la sustituye la Vicepresidencia o, en su ausencia, el Consejero o Consejera de mayor antigüedad y, a igual antigüedad, el de mayor edad.

Datos clave

  • Siete Consejeros designados por el Parlamento por mayoría de tres quintas partes.
  • Mandato de seis años; renovación cada tres años por tres y cuatro séptimas partes sucesivamente.
  • Cada grupo parlamentario, salvo el Mixto, tiene derecho al menos a un Consejero de su propuesta.
  • Inelegibles: gestores, inspectores o interventores del sector público el año anterior y perceptores de subvenciones, avales o exenciones.
  • Presidencia: nombrada por el Presidente de la Junta a propuesta del Pleno; mandato de tres años, reelegible.
  • Vicepresidencia: nombrada por el Pleno; mandato de tres años, reelegible.
  • Sustitución de la Presidencia: Vicepresidencia, después Consejero de mayor antigüedad y, a igualdad, de mayor edad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los siete Consejeros los designa el Parlamento por tres quintas partes para seis años; la Presidencia la nombra el Presidente de la Junta a propuesta del Pleno y la Vicepresidencia, el Pleno, ambas por tres años.

Esquema

Presidencia y Vicepresidencia
PresidenciaVicepresidencia
NombraPresidente de la Junta, a propuesta del PlenoPleno de la Cámara
MandatoTres años, reelegibleTres años, reelegible

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Artículo 25. Estatuto de los Consejeros: independencia, abstención y recusación

El artículo 25 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, regula el estatuto de los Consejeros.

1. Los Consejeros gozan de independencia e inamovilidad y son elegidos entre personas de reconocida competencia profesional.

2. Deben abstenerse o pueden ser recusados cuando concurra alguna de estas circunstancias:

a) Tener interés personal en el asunto o en la Empresa, o mantener cuestión litigiosa pendiente o relación de servicio con algún interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los cuentadantes.

c) Haber tenido a su cargo la administración, gestión, inspección o intervención de los ingresos o gastos objeto de fiscalización.

d) Cualquier otra causa o circunstancia que, a juicio del Consejero afectado, pueda mermar su objetividad o independencia de criterio.

Datos clave

  • Independencia e inamovilidad.
  • Elegidos entre personas de reconocida competencia profesional.
  • Abstención o recusación por interés personal, litigio pendiente o relación de servicio con un interesado.
  • Parentesco con cuentadantes: consanguinidad hasta el cuarto grado y afinidad hasta el segundo.
  • Haber administrado, gestionado, inspeccionado o intervenido los ingresos o gastos fiscalizados.
  • Cláusula abierta: cualquier causa que, a juicio del Consejero, merme su objetividad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Consejeros de la Cámara gozan de independencia e inamovilidad, se eligen por su competencia profesional y deben abstenerse o pueden ser recusados en cuatro supuestos tasados más una cláusula abierta.

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Artículo 27. Cese de Presidencia, Vicepresidencia y Consejeros

El artículo 27 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, establece que la persona titular de la Presidencia, la de la Vicepresidencia y los Consejeros no podrán ser cesados en sus cargos sino por alguna de estas causas:

  • Terminación de su mandato.
  • Renuncia aceptada por el Parlamento de Andalucía.
  • Incapacidad.
  • Incompatibilidad sobrevenida.
  • Responsabilidad disciplinaria, que se producirá por incumplimiento grave de los deberes del cargo o por haber sido declarados, en virtud de sentencia firme, responsables civilmente por dolo o condenados por delito culposo o doloso.

Datos clave

  • Las causas de cese son tasadas y se aplican a Presidencia, Vicepresidencia y Consejeros.
  • La renuncia debe ser aceptada por el Parlamento de Andalucía.
  • Otras causas: terminación del mandato, incapacidad e incompatibilidad sobrevenida.
  • Responsabilidad disciplinaria: incumplimiento grave de los deberes del cargo.
  • También por sentencia firme: responsabilidad civil por dolo o condena por delito culposo o doloso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Presidencia, Vicepresidencia y Consejeros solo pueden cesar por causas tasadas: fin del mandato, renuncia aceptada por el Parlamento, incapacidad, incompatibilidad sobrevenida o responsabilidad disciplinaria.

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Artículo 128. Defensor del Pueblo Andaluz.

1. El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución y en el Título I del presente Estatuto, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de las Administraciones públicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento.

2. El Defensor del Pueblo Andaluz será elegido por el Parlamento por mayoría cualificada. Su organización, funciones y duración del mandato se regularán mediante ley.

3. El Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales colaborarán en el ejercicio de sus funciones.

Datos clave

  • Naturaleza: comisionado del Parlamento, designado por éste.
  • Ámbito: defensa de los derechos y libertades del Título I de la Constitución y del Título I del Estatuto.
  • Puede supervisar la actividad de las Administraciones públicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento.
  • Elección: por el Parlamento por mayoría cualificada.
  • Organización, funciones y duración del mandato: se regulan mediante ley.
  • Colabora con el Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Defensor del Pueblo Andaluz es comisionado del Parlamento para defender los derechos del Título I de la Constitución y del Estatuto, elegido por mayoría cualificada y colaborador del Defensor estatal.

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Artículo 129. Consejo Consultivo.

1. El Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público. Asimismo, es el supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales y de los organismos y entes de derecho público de ellas dependientes, así como de las universidades públicas andaluzas. También lo es de las demás entidades y corporaciones de derecho público no integradas en la Administración de la Junta de Andalucía, cuando las leyes sectoriales así lo prescriban.

2. El Consejo Consultivo ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y funcional. Una ley del Parlamento regulará su composición, competencia y funcionamiento.

Datos clave

  • Superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público.
  • Supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales y sus organismos y entes de derecho público, y de las universidades públicas andaluzas.
  • También de las demás entidades y corporaciones de derecho público no integradas en la Junta, cuando las leyes sectoriales así lo prescriban.
  • Ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional.
  • Composición, competencia y funcionamiento: por ley del Parlamento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo Consultivo es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y la Administración de la Junta, y el supremo de asesoramiento de entes locales y universidades públicas, con autonomía orgánica y funcional.

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Artículo 130. Cámara de Cuentas.

1. La Cámara de Cuentas es el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía.

2. La Cámara de Cuentas depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía. Su composición, organización y funciones se regulará mediante ley.

Datos clave

  • Órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria.
  • Ámbito: Junta de Andalucía, entes locales y resto del sector público de Andalucía.
  • Depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía.
  • Composición, organización y funciones: se regulan mediante ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Cámara de Cuentas es el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta, los entes locales y el resto del sector público andaluz, y depende orgánicamente del Parlamento.

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Artículo 131. Consejo Audiovisual de Andalucía.

1. El Consejo Audiovisual es la autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados, en Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad.

2. El Consejo Audiovisual velará especialmente por la protección de la juventud y la infancia en relación con el contenido de la programación de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, de Andalucía.

3. Una ley del Parlamento regulará su composición, competencia y funcionamiento.

Datos clave

  • Autoridad audiovisual independiente.
  • Vela por los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales públicos y privados en Andalucía.
  • Vela por el cumplimiento de la normativa en materia audiovisual y de publicidad.
  • Especial protección de la juventud y la infancia respecto del contenido de la programación.
  • Composición, competencia y funcionamiento: por ley del Parlamento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo Audiovisual es la autoridad audiovisual independiente que vela por derechos y valores y por la normativa audiovisual y de publicidad en medios públicos y privados, con especial atención a la juventud y la infancia.

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Artículo 132. Consejo Económico y Social.

1. El Consejo Económico y Social de Andalucía es el órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia económica y social, cuya finalidad primordial es servir de cauce de participación y diálogo permanente en los asuntos socioeconómicos.

2. Una ley del Parlamento regulará su composición, competencia y funcionamiento.

Datos clave

  • Órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
  • Materia: económica y social.
  • Finalidad primordial: cauce de participación y diálogo permanente en los asuntos socioeconómicos.
  • Composición, competencia y funcionamiento: por ley del Parlamento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo Económico y Social es el órgano colegiado consultivo del Gobierno andaluz en materia económica y social, cauce de participación y diálogo permanente en asuntos socioeconómicos.

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Artículo 140. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

1. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Andalucía y es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto. En todo caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es competente en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso administrativo, social y en los que pudieran crearse en el futuro.

2. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es la última instancia jurisdiccional de todos los procesos judiciales iniciados en Andalucía, así como de todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial, sea cual fuere el derecho invocado como aplicable, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo. La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará el alcance y contenido de los indicados recursos.

3. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la resolución de los recursos extraordinarios de revisión que autorice la ley contra las resoluciones firmes dictadas por los órganos judiciales de Andalucía. Corresponde en exclusiva al Tribunal de Justicia de Andalucía la unificación de la interpretación del derecho de Andalucía.

Datos clave

  • Órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Andalucía.
  • Competente en los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo, social y los que pudieran crearse en el futuro.
  • Última instancia jurisdiccional de todos los procesos iniciados en Andalucía, sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo.
  • Resuelve los recursos extraordinarios de revisión contra resoluciones firmes de órganos judiciales de Andalucía.
  • Le corresponde en exclusiva la unificación de la interpretación del derecho de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El TSJ de Andalucía culmina la organización judicial en Andalucía, es la última instancia de los procesos iniciados allí (sin perjuicio del Supremo), resuelve la revisión y unifica la interpretación del derecho andaluz.

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Artículo 141. Competencia de los órganos jurisdiccionales en Andalucía.

1. La competencia de los órganos jurisdiccionales en Andalucía se extiende:

a) En el orden civil, penal y social, a todas las instancias y grados, con arreglo a lo establecido en la legislación estatal.

b) En el orden contencioso-administrativo, a los recursos que se deduzcan contra los actos y disposiciones de las Administraciones Públicas en los términos que establezca la legislación estatal.

2. Los conflictos de competencia entre los órganos judiciales de Andalucía y los del resto de España se resolverán conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Datos clave

  • Orden civil, penal y social: competencia en todas las instancias y grados, según la legislación estatal.
  • Orden contencioso-administrativo: recursos contra actos y disposiciones de las Administraciones Públicas, según la legislación estatal.
  • Conflictos de competencia con órganos judiciales del resto de España: conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los órganos jurisdiccionales en Andalucía conocen en lo civil, penal y social de todas las instancias y grados, y en lo contencioso de los recursos contra las Administraciones; los conflictos con el resto de España, por la LOPJ.

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Artículo 142. Competencias del Tribunal Superior de Justicia.

En todo caso, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo previsto en las leyes estatales:

1.º Conocer de las responsabilidades que se indican en los artículos 101.3 y 122.

2.º Entender de los recursos relacionados con los procesos electorales de la Comunidad Autónoma con arreglo a las leyes.

3.º Resolver, en su caso, los conflictos de jurisdicción entre órganos de la Comunidad Autónoma.

4.º Resolver las cuestiones de competencia entre órganos judiciales de Andalucía.

5.º Resolver los conflictos de atribuciones entre Corporaciones locales.

Datos clave

  • Conoce de las responsabilidades de los artículos 101.3 y 122 del Estatuto.
  • Recursos relacionados con los procesos electorales de la Comunidad Autónoma.
  • Conflictos de jurisdicción entre órganos de la Comunidad Autónoma.
  • Cuestiones de competencia entre órganos judiciales de Andalucía.
  • Conflictos de atribuciones entre Corporaciones locales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El TSJ de Andalucía conoce en todo caso de la responsabilidad de Diputados y Consejeros, de los recursos electorales autonómicos y de conflictos de jurisdicción, de competencia y de atribuciones.

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Artículo 143. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Fiscal Superior de Andalucía.

1. El Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el representante del Poder Judicial en Andalucía. Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con la participación del Consejo de Justicia de Andalucía en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía ordenará la publicación de dicho nombramiento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los Presidentes de Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía serán nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con la participación del Consejo de Justicia de Andalucía en los términos que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. La memoria anual del Tribunal Superior de Justicia será presentada, por su Presidente, ante el Parlamento de Andalucía.

4. El Fiscal o la Fiscal Superior es el Fiscal Jefe o la Fiscal Jefa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, representa al Ministerio Fiscal en Andalucía, y será designado en los términos previstos en su estatuto orgánico y tendrá las funciones establecidas en el mismo. El Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía ordenará la publicación de dicho nombramiento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5. El Fiscal o la Fiscal Superior de Andalucía debe enviar una copia de la memoria anual de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al Gobierno, al Consejo de Justicia de Andalucía y al Parlamento, debiendo presentarla ante el mismo. La Junta de Andalucía podrá celebrar convenios con el Ministerio Fiscal.

Datos clave

  • Presidente del TSJA: representante del Poder Judicial en Andalucía; nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ con participación del Consejo de Justicia de Andalucía.
  • El Presidente de la Junta ordena publicar en el BOJA los nombramientos del Presidente del TSJA y del Fiscal Superior.
  • Presidentes de Sala: a propuesta del CGPJ con participación del Consejo de Justicia de Andalucía.
  • La memoria anual del TSJA la presenta su Presidente ante el Parlamento de Andalucía.
  • Fiscal Superior: Fiscal Jefe del TSJA, representa al Ministerio Fiscal en Andalucía.
  • El Fiscal Superior envía copia de la memoria anual de la Fiscalía al Gobierno, al Consejo de Justicia y al Parlamento, ante el que la presenta.
  • La Junta puede celebrar convenios con el Ministerio Fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Presidente del TSJA representa al Poder Judicial en Andalucía y lo nombra el Rey a propuesta del CGPJ; el Fiscal Superior representa al Ministerio Fiscal; ambos nombramientos se publican en el BOJA y sus memorias van al Parlamento.

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Artículo 144. El Consejo de Justicia de Andalucía.

1. El Consejo de Justicia de Andalucía es el órgano de gobierno de la Administración de Justicia en Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. El Consejo de Justicia de Andalucía está integrado por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que lo preside, y por los miembros elegidos entre Jueces, Magistrados, Fiscales y juristas de reconocido prestigio que se nombren de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondiendo al Parlamento de Andalucía la designación de los miembros que determine dicha Ley.

3. Las funciones del Consejo de Justicia de Andalucía son las previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el presente Estatuto, y en las leyes del Parlamento de Andalucía y las que, en su caso, le delegue el Consejo General del Poder Judicial.

4. Las atribuciones del Consejo de Justicia de Andalucía respecto a los órganos jurisdiccionales situados en su territorio son, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las siguientes:

a) Participar en la designación del Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, así como en la de los Presidentes de Sala de dicho Tribunal Superior y de los Presidentes de las Audiencias Provinciales.

b) Proponer al Consejo General del Poder Judicial y expedir los nombramientos y los ceses de los Jueces y Magistrados incorporados a la carrera judicial temporalmente con funciones de asistencia, apoyo o sustitución, así como determinar la adscripción de estos Jueces y Magistrados a los órganos judiciales que requieran medidas de refuerzo.

c) Instruir expedientes y, en general, ejercer las funciones disciplinarias sobre Jueces y Magistrados en los términos previstos por las leyes.

d) Participar en la planificación de la inspección de juzgados y tribunales, ordenar, en su caso, su inspección y vigilancia y realizar propuestas en este ámbito, atender a las órdenes de inspección de los juzgados y tribunales que inste el Gobierno y dar cuenta de la resolución y de las medidas adoptadas.

e) Informar sobre los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de los órganos de gobierno de los tribunales y juzgados de Andalucía.

f) Precisar y aplicar, cuando proceda, en el ámbito de Andalucía, los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial.

g) Informar sobre las propuestas de revisión, delimitación y modificación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales y sobre las propuestas de creación de secciones y juzgados.

h) Presentar una memoria anual al Parlamento sobre el estado y el funcionamiento de la Administración de Justicia en Andalucía.

i) Todas las funciones que le atribuyan la Ley Orgánica del Poder Judicial y las leyes del Parlamento, y las que le delegue el Consejo General del Poder Judicial.

5. Las resoluciones del Consejo de Justicia de Andalucía en materia de nombramientos, autorizaciones, licencias y permisos deben adoptarse de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo General del Poder Judicial.

6. El Consejo de Justicia de Andalucía, a través de su Presidente o Presidenta, comunicará al Consejo General del Poder Judicial las resoluciones que dicte y las iniciativas que emprenda y debe facilitar la información que le sea solicitada.

Datos clave

  • Órgano de gobierno de la Administración de Justicia en Andalucía.
  • Lo preside el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
  • Miembros elegidos entre Jueces, Magistrados, Fiscales y juristas de reconocido prestigio; el Parlamento designa los que determine la LOPJ.
  • Participa en la designación del Presidente del TSJA, de los Presidentes de Sala y de los Presidentes de las Audiencias Provinciales.
  • Ejerce funciones disciplinarias sobre Jueces y Magistrados en los términos de las leyes.
  • Presenta una memoria anual al Parlamento sobre el estado y funcionamiento de la Administración de Justicia.
  • Sus resoluciones sobre nombramientos, autorizaciones, licencias y permisos siguen los criterios del CGPJ.
  • Comunica al CGPJ, a través de su Presidente, sus resoluciones e iniciativas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo de Justicia de Andalucía es el órgano de gobierno de la Administración de Justicia en Andalucía, presidido por el Presidente del TSJA, con nueve atribuciones sobre los órganos jurisdiccionales, siempre conforme a la LOPJ y criterios del CGPJ.

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Artículo 145. Asunción competencial.

La Comunidad Autónoma asume las competencias en materia de Justicia para las que la legislación estatal exija una previsión estatutaria.

Datos clave

  • La Comunidad Autónoma asume las competencias en materia de Justicia para las que la legislación estatal exija una previsión estatutaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Andalucía asume las competencias de Justicia para las que la legislación estatal exija una previsión estatutaria.

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Artículo 147. Medios personales.

1. Corresponde a la Junta de Andalucía la competencia normativa sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, dentro del respeto al estatuto jurídico de ese personal establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial. En dichos términos, esta competencia de la Junta de Andalucía incluye la regulación de:

a) La organización de este personal en cuerpos y escalas.

b) El proceso de selección.

c) La promoción interna, la formación inicial y la formación continuada.

d) La provisión de destinos y ascensos.

e) Las situaciones administrativas.

f) El régimen de retribuciones.

g) La jornada laboral y el horario de trabajo.

h) La ordenación de la actividad profesional y las funciones.

i) Las licencias, los permisos, las vacaciones y las incompatibilidades.

j) El registro de personal.

k) El régimen disciplinario.

2. En los mismos términos, corresponde a la Junta de Andalucía la competencia ejecutiva y de gestión en materia de personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia. Esta competencia incluye:

a) Aprobar la oferta de ocupación pública.

b) Convocar y resolver todos los procesos de selección, y la adscripción a los puestos de trabajo.

c) Nombrar a los funcionarios que superen los procesos selectivos.

d) Impartir la formación, previa y continuada.

e) Elaborar las relaciones de puestos de trabajo.

f) Convocar y resolver todos los procesos de provisión de puestos de trabajo.

g) Convocar y resolver todos los procesos de promoción interna.

h) Gestionar el Registro de Personal, coordinado con el estatal.

i) Efectuar toda la gestión de este personal en aplicación de su régimen estatutario y retributivo.

j) Ejercer la potestad disciplinaria e imponer las sanciones que proceda, incluida la separación del servicio.

k) Ejercer todas las demás funciones que sean necesarias para garantizar una gestión eficaz y eficiente de los recursos humanos al servicio de la Administración de Justicia.

3. Dentro del marco dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ley del Parlamento pueden crearse, en su caso, cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que dependen de la función pública de la Junta de Andalucía.

4. La Junta de Andalucía dispone de competencia exclusiva sobre el personal laboral al servicio de la Administración de Justicia.

Datos clave

  • Competencia normativa de la Junta sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, respetando su estatuto jurídico fijado por la LOPJ.
  • Incluye regular cuerpos y escalas, selección, promoción, provisión, situaciones, retribuciones, jornada, licencias, registro y régimen disciplinario.
  • Competencia ejecutiva y de gestión: oferta de ocupación pública, selección, nombramiento, formación, RPT, provisión y promoción interna.
  • Gestiona el Registro de Personal, coordinado con el estatal.
  • Potestad disciplinaria, incluida la separación del servicio.
  • Por ley del Parlamento pueden crearse cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia dependientes de la función pública de la Junta.
  • Competencia exclusiva sobre el personal laboral al servicio de la Administración de Justicia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta tiene competencia normativa y ejecutiva sobre el personal no judicial de la Justicia, dentro del estatuto de la LOPJ, puede crear cuerpos propios por ley y tiene competencia exclusiva sobre el personal laboral.

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Artículo 149. Oficina judicial e instituciones y servicios de apoyo.

Corresponde a la Junta de Andalucía, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, determinar la creación, el diseño, la organización, la dotación y la gestión de las oficinas judiciales y de los órganos y servicios de apoyo a los órganos jurisdiccionales, incluyendo la regulación de las instituciones, los institutos y los servicios de medicina forense y de toxicología.

Datos clave

  • Corresponde a la Junta de Andalucía, de acuerdo con la LOPJ.
  • Creación, diseño, organización, dotación y gestión de las oficinas judiciales.
  • También de los órganos y servicios de apoyo a los órganos jurisdiccionales.
  • Incluye la regulación de las instituciones, institutos y servicios de medicina forense y de toxicología.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta crea, diseña, organiza, dota y gestiona las oficinas judiciales y los servicios de apoyo, incluida la medicina forense y la toxicología, de acuerdo con la LOPJ.

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Artículo 151. Demarcación, planta y capitalidad judiciales.

1. El Gobierno de la Junta de Andalucía, al menos cada cinco años, previo informe del Consejo de Justicia de Andalucía, propondrá al Gobierno del Estado la determinación y la revisión de la demarcación y la planta judiciales en Andalucía. Esta propuesta, que es preceptiva, deberá acompañar al proyecto de ley que el Gobierno envíe a las Cortes Generales.

2. Las modificaciones de la planta judicial que no comporten reforma legislativa podrán corresponder al Gobierno de la Junta de Andalucía. Asimismo la Junta de Andalucía podrá crear secciones y juzgados, por delegación del Gobierno del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. La capitalidad de las demarcaciones judiciales es fijada por una ley del Parlamento.

Datos clave

  • El Gobierno de la Junta, al menos cada cinco años, propone al Gobierno del Estado la demarcación y la planta judiciales.
  • Requiere previo informe del Consejo de Justicia de Andalucía.
  • La propuesta es preceptiva y acompaña al proyecto de ley enviado a las Cortes Generales.
  • Modificaciones de planta sin reforma legislativa: pueden corresponder al Gobierno de la Junta.
  • La Junta puede crear secciones y juzgados por delegación del Gobierno del Estado.
  • La capitalidad de las demarcaciones judiciales se fija por ley del Parlamento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta propone al Estado, al menos cada cinco años y con informe del Consejo de Justicia, la demarcación y planta judiciales; puede modificar la planta sin reforma legal y la capitalidad la fija ley del Parlamento.

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Artículo 152. Justicia de paz y de proximidad.

1. La Junta de Andalucía tiene competencia sobre la justicia de paz en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. En estos mismos términos corresponde al Consejo de Justicia de Andalucía el nombramiento de los Jueces. La Junta de Andalucía también se hace cargo de sus indemnizaciones y es la competente para la provisión de los medios necesarios para el ejercicio de sus funciones. Le corresponde también la creación de las secretarías y su provisión.

2. La Junta de Andalucía, en las poblaciones que se determine y de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, podrá instar el establecimiento de un sistema de justicia de proximidad que tenga por objetivo resolver conflictos menores con celeridad y eficacia.

Datos clave

  • La Junta tiene competencia sobre la justicia de paz en los términos de la LOPJ.
  • El nombramiento de los Jueces de paz corresponde al Consejo de Justicia de Andalucía.
  • La Junta se hace cargo de sus indemnizaciones y provee los medios necesarios.
  • Le corresponde la creación de las secretarías y su provisión.
  • Puede instar un sistema de justicia de proximidad para resolver conflictos menores con celeridad y eficacia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta tiene competencia sobre la justicia de paz (indemnizaciones, medios y secretarías), el Consejo de Justicia nombra a los Jueces de paz, y la Junta puede instar una justicia de proximidad para conflictos menores.

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Artículo 1. Finalidad y objeto

El artículo 1 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, fija su finalidad y objeto.

1. La Ley tiene como finalidad la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción.

2. Su objeto lo constituye:

a) La creación de una Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y la regulación del procedimiento que debe seguir para la investigación e inspección de los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros (título I).

b) El establecimiento de un régimen de protección de las personas que formulen denuncias ante la Oficina respecto de tales hechos (título II).

c) La regulación del régimen sancionador respecto de las acciones u omisiones tipificadas en la Ley (título III).

Datos clave

  • Finalidad: prevención y lucha contra el fraude y la corrupción.
  • Título I: creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y procedimiento de investigación e inspección.
  • Título II: protección de las personas denunciantes.
  • Título III: régimen sancionador.
  • Conductas: fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier actividad ilegal en detrimento de intereses públicos o financieros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley andaluza persigue prevenir y combatir el fraude y la corrupción, y se organiza en tres títulos: la Oficina y su procedimiento, la protección del denunciante y el régimen sancionador.

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Artículo 6. Creación de la Oficina

El artículo 6 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, crea la Oficina.

1. Se crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción como entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. La Oficina se adscribe al Parlamento de Andalucía.

2. Actuará con plena autonomía e independencia funcional en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines respecto de las administraciones públicas, instituciones, órganos y entidades incluidas en el artículo 3.

Datos clave

  • Naturaleza: entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
  • Adscripción: Parlamento de Andalucía.
  • Plena autonomía e independencia funcional respecto de los sujetos del artículo 3.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción es una entidad de derecho público con personalidad propia, adscrita al Parlamento de Andalucía y con plena autonomía e independencia funcional.

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Artículo 7. Finalidad de la Oficina

El artículo 7 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, establece que la Oficina se crea para prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros del sector público andaluz y demás instituciones, órganos y entidades públicas incluidos en el artículo 3, párrafos a), b), c) y d), para el impulso de la integridad y la ética pública, así como para la protección de los denunciantes.

Asimismo, la Oficina promoverá una cultura de buenas prácticas y de rechazo del fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como en la gestión de los recursos públicos, a través de la creación de un código ético o de buenas conductas.

Datos clave

  • Prevenir y erradicar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en el sector público andaluz.
  • Ámbito: entidades del artículo 3, párrafos a), b), c) y d).
  • Impulsar la integridad y la ética pública y proteger a los denunciantes.
  • Promover una cultura de buenas prácticas mediante un código ético o de buenas conductas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Oficina existe para prevenir y erradicar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en el sector público andaluz, impulsar la ética pública y proteger a los denunciantes, apoyándose en un código ético.

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Artículo 8. Régimen jurídico de la Oficina

El artículo 8 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, fija el régimen jurídico de la Oficina.

1. La Oficina se rige por la Ley y por su normativa reglamentaria de desarrollo aprobada por el Consejo de Gobierno (disposición final séptima), así como por su reglamento de régimen interior y funcionamiento, sin perjuicio de la normativa vigente en materia de régimen jurídico del sector público y procedimiento administrativo común.

2. El reglamento de régimen interior y funcionamiento regula el gobierno, la organización, el funcionamiento y la estructura de la Oficina, las competencias de sus órganos y unidades, el procedimiento de investigación e inspección, el procedimiento de elección y cese de la persona titular de la Dirección, el régimen de su personal y los procedimientos y canales para presentar denuncias.

La propuesta de reglamento la elabora la persona titular de la Dirección y se remite al Parlamento de Andalucía para su aprobación.

El reglamento y sus modificaciones vinculan su vigencia a la publicación en el «Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía», debiendo publicarse además en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» a efectos de general conocimiento.

Datos clave

  • Fuentes: la Ley, su desarrollo reglamentario por el Consejo de Gobierno y el reglamento de régimen interior y funcionamiento.
  • Supletoriamente, normativa de régimen jurídico del sector público y procedimiento administrativo común.
  • El reglamento interno lo propone la Dirección y lo aprueba el Parlamento de Andalucía.
  • Vigencia ligada a su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
  • Publicación también en el BOJA a efectos de general conocimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Oficina se rige por la Ley, su desarrollo reglamentario del Consejo de Gobierno y su reglamento interno, que propone la Dirección, aprueba el Parlamento y entra en vigor con su publicación en el Boletín del Parlamento.

Esquema

Los dos reglamentos de la Oficina
Desarrollo de la LeyRégimen interior y funcionamiento
Quién lo apruebaConsejo de GobiernoParlamento de Andalucía
Quién lo proponeNo lo indica el textoPersona titular de la Dirección
PublicaciónNo lo indica el textoVigencia con el Boletín del Parlamento; BOJA a efectos de general conocimiento

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Artículo 9. Funciones de la Oficina

El artículo 9 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, enumera las funciones de la Oficina.

1. Son funciones de la Oficina:

a) Fomentar y velar por el cumplimiento de la integridad, objetividad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad y demás deberes de los artículos 52 y siguientes del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), respecto de los empleados públicos del sector público andaluz y demás entidades del artículo 3, párrafos a) a d), para garantizar el destino y uso de los fondos públicos y la correcta gestión de los servicios públicos.

b) Realizar las actuaciones de investigación e inspección respecto de actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal en detrimento de intereses públicos o financieros.

c) Informar preceptivamente también al Parlamento de Andalucía sobre los proyectos normativos que desarrollen esta Ley u otros directamente relacionados con la finalidad y funciones de la Oficina.

d) Estudiar, promover e impulsar buenas prácticas en la gestión pública mediante un código ético o de buenas prácticas.

e) Colaborar en la formación de las personas del artículo 4.1, párrafos a) a d), en prevención y actuación frente al fraude, la corrupción y los conflictos de intereses y en la debida gestión de los fondos públicos.

f) Formular propuestas y recomendaciones al sector público andaluz y entidades del artículo 3, párrafos a) a d), en materia de prevención del fraude y la corrupción. Los destinatarios deben informar a la Oficina, en un plazo de treinta días desde su recepción, sobre las acciones adoptadas o los motivos que les hubieran impedido actuar.

g) Formular propuestas y recomendaciones a los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno del título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el mismo deber de informar en treinta días.

h) Colaborar con los órganos competentes en materia de incompatibilidades de altos cargos de la Junta.

i) Colaborar con los órganos y organismos de control interno y externo de la gestión de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma.

j) Establecer relaciones de colaboración con organismos de funciones semejantes del Estado, de otras comunidades autónomas o de la Unión Europea, y un canal voluntario de comunicación bidireccional con la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal que favorezca, sin intromisión en las actuaciones judiciales, la transferencia de información sobre actuaciones y resultados.

k) Tramitar las denuncias presentadas, ajustándose al procedimiento del título I, capítulo II, y a su desarrollo reglamentario.

l) Tutelar los derechos de los denunciantes conforme al título II.

m) Iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por las infracciones tipificadas en esta Ley.

n) Iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por las infracciones de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y del artículo 28 de la Ley 19/2013.

ñ) Otras actuaciones que puedan considerarse acciones preventivas contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

o) Cualesquiera otras que legalmente puedan serle atribuidas.

2. Respecto de las personas físicas y jurídicas privadas, entidades sin personalidad jurídica, administraciones, instituciones, órganos y entidades del artículo 3.e) y de las personas que presten servicios en ellos (artículo 4.1.e), la Oficina ejerce solo las funciones de los párrafos b), k), l) y m) del apartado 1.

Datos clave

  • Vela por los deberes de los artículos 52 y siguientes del TREBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre).
  • Investigación e inspección de fraude, corrupción y conflictos de intereses.
  • Informe preceptivo al Parlamento sobre proyectos normativos relacionados con la Oficina.
  • Propuestas y recomendaciones: los destinatarios deben responder en treinta días desde su recepción.
  • Recomendaciones a altos cargos sobre buen gobierno (título II de la Ley 19/2013).
  • Potestad sancionadora propia y sobre infracciones de la Ley 3/2005 y del artículo 28 de la Ley 19/2013.
  • Canal voluntario bidireccional con la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal.
  • Sujetos del artículo 3.e): solo funciones de los párrafos b), k), l) y m).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Oficina tiene un amplio catálogo de funciones: vigilar la ética de los empleados públicos, investigar, recomendar, formar, tramitar denuncias, tutelar a denunciantes y sancionar; frente a privados solo ejerce cuatro.

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Artículo 13. Deber de colaboración

El artículo 13 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, regula el deber de colaboración con la Oficina.

1. Todas las administraciones públicas, instituciones, órganos, entidades y personas físicas y jurídicas privadas incluidos en el artículo 3, y todas las personas del ámbito subjetivo del artículo 4, deben facilitar la práctica de las actuaciones de investigación e inspección de la Oficina, en los términos de los artículos 16, 17 y 18.

2. Existe incumplimiento del deber de colaboración en los siguientes supuestos:

a) La negativa injustificada al envío de información o documentación en el plazo fijado por la Oficina en el requerimiento (artículo 17.b).

b) El retraso injustificado de dicho envío en el plazo fijado (artículo 17.b).

c) La remisión injustificada de información o documentación de forma incompleta o inexacta.

d) La obstrucción del acceso a los expedientes o documentación necesarios para la investigación e inspección.

e) La falta de asistencia injustificada a la comparecencia, previamente comunicada por la Oficina, para realizar entrevistas personales (artículo 17.a).

f) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 14.4.

Datos clave

  • Obligados: sujetos del artículo 3 y personas del ámbito subjetivo del artículo 4.
  • Deben facilitar las actuaciones de investigación e inspección (artículos 16, 17 y 18).
  • Incumplimiento: negativa o retraso injustificado en enviar información requerida.
  • Incumplimiento: remisión incompleta o inexacta y obstrucción del acceso a expedientes.
  • Incumplimiento: inasistencia injustificada a comparecencia y vulneración del artículo 14.4.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todos los sujetos de la Ley deben facilitar las investigaciones de la Oficina, y el texto enumera seis supuestos concretos de incumplimiento del deber de colaboración.

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Artículo 25. La Dirección

El artículo 25 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, regula la elección y estatuto de la persona titular de la Dirección de la Oficina.

1. Es elegida por el Pleno del Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintas partes de sus miembros, entre personas de reconocida competencia que cumplan las condiciones de idoneidad, honorabilidad, independencia y profesionalidad necesarias y estén en posesión de una titulación universitaria idónea. En cualquier caso, deben poseer más de diez años de experiencia profesional acreditada relacionada con la prevención y lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses.

Si no se obtiene esa mayoría, se celebra una segunda votación en un plazo no inferior a quince días, requiriéndose la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento.

2. Las candidaturas son propuestas por los grupos parlamentarios a la Mesa del Parlamento. Los candidatos deben comparecer ante la comisión parlamentaria correspondiente para examinar su experiencia, formación y capacidad. Una vez evaluadas, la Presidencia del Parlamento somete al Pleno la elección.

3. La persona titular de la Dirección es nombrada por la Presidencia del Parlamento y debe tomar posesión en el plazo máximo de un mes desde su nombramiento, que se publica en el «Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía» y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

4. El mandato es de cinco años desde la fecha de su elección por el Parlamento y no es renovable.

5. Ejerce el cargo con plena independencia, inamovilidad y objetividad, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

6. Estas previsiones se entienden sin perjuicio del procedimiento que determine el reglamento de régimen interior y funcionamiento.

Datos clave

  • Elección por el Pleno del Parlamento por mayoría de tres quintas partes.
  • Segunda votación en plazo no inferior a quince días por mayoría absoluta.
  • Requisitos: titulación universitaria idónea y más de diez años de experiencia en prevención y lucha contra el fraude y la corrupción.
  • Candidaturas propuestas por los grupos parlamentarios a la Mesa, con comparecencia en comisión.
  • Nombramiento por la Presidencia del Parlamento; toma de posesión en el plazo máximo de un mes; publicación en el BOPA y en el BOJA.
  • Mandato de cinco años, no renovable.
  • Plena independencia, inamovilidad y objetividad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Dirección de la Oficina la elige el Pleno del Parlamento por tres quintos (o mayoría absoluta en segunda votación), exige más de diez años de experiencia y tiene un mandato de cinco años no renovable.

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Artículo 26. Funciones de la Dirección

El artículo 26 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, atribuye a la persona titular de la Dirección de la Oficina las siguientes funciones:

a) Ostentar la representación legal de la Oficina.

b) Dirigir y coordinar las actividades de todos sus órganos y unidades administrativas.

c) Desempeñar la jefatura superior de todo su personal.

d) Autorizar los gastos y ordenar los pagos en ejecución de su presupuesto.

e) Celebrar los contratos y convenios.

f) Iniciar y resolver el procedimiento de investigación e inspección previsto en el título I, capítulo II.

g) Iniciar y resolver el procedimiento sancionador respecto de las infracciones cuya competencia corresponde a la Oficina.

h) Aprobar la memoria anual (artículo 33) y los informes especiales y recomendaciones (artículo 34).

i) Cualesquiera otras que se deriven de la Ley.

Datos clave

  • Representación legal de la Oficina y dirección de sus órganos y unidades.
  • Jefatura superior de todo el personal.
  • Autoriza gastos, ordena pagos y celebra contratos y convenios.
  • Inicia y resuelve los procedimientos de investigación e inspección y sancionadores.
  • Aprueba la memoria anual y los informes especiales y recomendaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La persona titular de la Dirección representa a la Oficina, la dirige, manda sobre el personal, gestiona el gasto y la contratación, resuelve investigaciones y sanciones y aprueba memoria e informes.

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Artículo 28. Cese de la Dirección

El artículo 28 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, regula el cese de la persona titular de la Dirección de la Oficina.

1. Causas de cese:

a) Renuncia.

b) Extinción del mandato al expirar su plazo, sin perjuicio del apartado 5.

c) Incurrir en alguna causa de incompatibilidad del artículo 27 con posterioridad a la toma de posesión.

d) Fallecimiento o incapacidad declarada por decisión judicial firme.

e) Inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos declarada por decisión judicial firme.

f) Tener la condición de investigada en un procedimiento penal por delito en el que se hayan adoptado medidas cautelares contra ella, de encausada en un procedimiento penal por delito o de condenada por sentencia firme a causa de delito.

g) Negligencia notoria y grave en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.

2. En las causas a), d), e) y f), el cese se acuerda a la fecha en que se tenga conocimiento fehaciente de la causa, con efectos desde esa misma fecha.

3. En la causa c), el cese se acuerda a la fecha en que la comisión parlamentaria correspondiente constate la causa, con efectos desde la fecha en que se determine que concurre.

4. En la causa g), el cese lo acuerda el Parlamento por mayoría de dos terceras partes de sus miembros, previo análisis por la comisión parlamentaria, a la que la persona titular de la Dirección tiene derecho a asistir y hacer uso de la palabra. Sin esa mayoría, segunda votación en un plazo no inferior a quince días por mayoría absoluta.

5. En la causa b), el cese es automático, pero la persona titular sigue en funciones hasta la toma de posesión de la nueva Dirección, que debe tener lugar dentro de los tres meses siguientes a la expiración del mandato. En los demás supuestos, ejerce las funciones la persona funcionaria a quien corresponda la sustitución según el reglamento de régimen interior y funcionamiento.

6. El cese lo acuerda la Presidencia del Parlamento y se publica en el «Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía» y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

7. Lo anterior se entiende sin perjuicio del procedimiento que determine el reglamento de régimen interior y funcionamiento.

8. Acordado el cese, se inicia el procedimiento para elegir a la nueva Dirección conforme al artículo 25.2.

Datos clave

  • Siete causas de cese, de la renuncia a la negligencia notoria y grave.
  • Renuncia, fallecimiento, inhabilitación o causa penal: efectos desde el conocimiento fehaciente de la causa.
  • Incompatibilidad sobrevenida: la constata la comisión parlamentaria.
  • Negligencia notoria y grave: dos terceras partes del Parlamento; segunda votación en no menos de quince días por mayoría absoluta.
  • Expiración del mandato: cese automático y continuidad en funciones; nueva Dirección en los tres meses siguientes.
  • Acuerda el cese la Presidencia del Parlamento; publicación en el BOPA y en el BOJA.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Dirección cesa por siete causas; cada una tiene su forma de acordarse: la negligencia exige dos tercios del Parlamento y la expiración del mandato deja al titular en funciones hasta tres meses.

Esquema

Elección y cese por negligencia
ElecciónCese por negligencia
Primera votaciónTres quintas partesDos terceras partes
Segunda votaciónNo inferior a quince días, mayoría absolutaNo inferior a quince días, mayoría absoluta
Paso previoComparecencia de candidatos en comisiónAnálisis por la comisión, con derecho del titular a asistir y hablar

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Artículo 33. Memoria anual

El artículo 33 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, regula la memoria anual de la Oficina.

1. En los tres primeros meses de cada año natural, la persona titular de la Dirección aprueba una memoria anual descriptiva de las actuaciones del año anterior. Se publica en el «Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía», está disponible en la sede electrónica de este y debe publicarse también en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

2. La memoria contiene las actuaciones realizadas en ejercicio de las funciones de los artículos 9, 10 y 11 y, en especial:

a) Número y tipo de actuaciones, con estimación de la dedicación, tiempo y recursos utilizados.

b) Número de denuncias presentadas, indicando las que dieron lugar a procedimientos de investigación e inspección y las archivadas o inadmitidas (artículo 21).

c) Actuaciones trasladadas a los órganos competentes de la Administración local andaluza (artículo 10.2).

d) Procedimientos trasladados a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal por indicios de delito, con los procedimientos iniciados y su resultado, sin perjuicio de la reserva y secreto de los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

e) Procedimientos trasladados a otros órganos (artículo 23) por indicios de infracciones administrativas, disciplinarias o contables, o de causas de reintegro de subvenciones o ayudas, revisión de oficio u otras actuaciones de restitución de la legalidad o reparación del daño, con su resultado.

f) Procedimientos que dieron lugar a procedimientos sancionadores por infracciones de esta Ley y su resultado.

g) Procedimientos que dieron lugar a procedimientos sancionadores por infracciones de la Ley 3/2005, de 8 de abril, y su resultado.

h) Procedimientos finalizados mediante resolución conforme al artículo 23.4.

i) Propuestas y recomendaciones formuladas (artículo 9.1, párrafos f y g) y sus respuestas.

j) Comunicaciones para reparar represalias y perjuicios sufridos por denunciantes (artículo 37.3) y sus respuestas.

k) Comunicaciones practicadas conforme al artículo 38.

l) Estimación de las cantidades económicas reclamadas en vía judicial o administrativa.

m) Incumplimientos del deber de colaboración, aunque hubieran motivado procedimientos sancionadores.

3. La Dirección remite la memoria al Parlamento, por mediación de la comisión parlamentaria correspondiente, y comparece ante él para su presentación.

Datos clave

  • Aprobación por la Dirección en los tres primeros meses de cada año natural.
  • Contenido: actuaciones del año anterior (funciones de los artículos 9, 10 y 11).
  • Publicación en el BOPA, en la sede electrónica del Parlamento y en el BOJA.
  • Incluye denuncias presentadas, archivadas o inadmitidas y traslados a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal.
  • Incluye procedimientos sancionadores (Ley 2/2021 y Ley 3/2005), recomendaciones y medidas frente a represalias.
  • Incluye cantidades reclamadas e incumplimientos del deber de colaboración.
  • Remisión al Parlamento por la comisión correspondiente y comparecencia de la Dirección.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Dirección aprueba cada año, en los tres primeros meses, una memoria de las actuaciones del año anterior, con un contenido mínimo detallado, que se publica y se presenta ante el Parlamento.

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Artículo 35. Persona denunciante

El artículo 35 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, define a la persona denunciante y su régimen de responsabilidad.

1. Son denunciantes las personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que formulen una denuncia ante la Oficina, en los términos del artículo 20.c), sobre hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal en detrimento de intereses públicos o financieros.

2. Las personas del ámbito subjetivo del artículo 4.1, párrafos a) a d), deberán comunicar a la Oficina, mediante denuncia, de manera anónima, en nombre propio o en representación de los órganos, entidades e instituciones para los que presten servicios, los hechos que conozcan y pudieran ser constitutivos de tales conductas, sin perjuicio de las demás obligaciones de comunicación, en particular la del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

3. Las personas del artículo 4.1.e) podrán comunicar a la Oficina, del mismo modo, los hechos que conozcan en lo que respecta a sus relaciones con el sector público andaluz y demás entidades del artículo 3, párrafos a) a d), sin perjuicio igualmente del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

4. Se considera que los denunciantes no infringen ninguna restricción de revelación de información ni incurren en responsabilidad de ningún tipo por la información suministrada, siempre que tuvieran motivos razonables para creer que su revelación era necesaria para poner de manifiesto hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de intereses.

5. No incurren en responsabilidad por la adquisición o el acceso a la información comunicada, siempre que dicha adquisición o acceso no constituya en sí mismo un delito.

Datos clave

  • Denunciantes: personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica (denuncia del artículo 20.c).
  • Personas del artículo 4.1, párrafos a) a d): obligación de denunciar («deberán comunicar»).
  • Personas del artículo 4.1.e): facultad de denunciar («podrán comunicar»).
  • La denuncia puede ser anónima, en nombre propio o en representación.
  • Se mantiene la obligación del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
  • Exención de responsabilidad si había motivos razonables para creer necesaria la revelación.
  • Sin responsabilidad por el acceso a la información salvo que este sea delito.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Denunciante es quien denuncia ante la Oficina hechos de fraude o corrupción; para el personal público es una obligación, para los particulares una facultad, y quien revela de buena fe queda exento de responsabilidad.

Esquema

Obligación o facultad de denunciar
Artículo 4.1 a) a d)Artículo 4.1.e)
VerboDeberán comunicarPodrán comunicar
HechosLos que conozcan constitutivos de fraude, corrupción y similaresLos que conozcan en sus relaciones con el sector público andaluz
Ley de Enjuiciamiento CriminalSin perjuicio del artículo 262Sin perjuicio del artículo 262

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Artículo 37. Derechos de las personas denunciantes

El artículo 37 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, reconoce los derechos de las personas denunciantes.

1. Desde la presentación de la denuncia ante la Oficina, los denunciantes del artículo 35 tienen derecho:

a) A conocer el estado de tramitación del procedimiento de investigación e inspección derivado de sus denuncias y a que se les notifiquen los actos y resoluciones, cuando la Ley lo prevea expresamente.

b) A que las denuncias finalicen mediante resolución expresa y motivada en los términos y plazos del artículo 23, sin perjuicio de la resolución motivada de inadmisión del artículo 21.2.

c) A no sufrir represalias por causa de sus denuncias, incluidas las amenazas y tentativas de represalias. Son represalias toda acción u omisión, directa o indirecta, en el contexto de los servicios prestados en o para los sujetos del artículo 3, motivada por la denuncia y que cause o pudiera causar perjuicios injustificados, en particular en sus relaciones de servicio o condiciones de trabajo.

d) A solicitar la reparación de los perjuicios injustificados sufridos. Se presume que los perjuicios alegados se produjeron como represalia, correspondiendo a quien adoptó la medida probar que se basó en motivos debidamente justificados. Son en todo caso perjuicios injustificados los gastos de asesoramiento legal, asistencia letrada, defensa y representación en procedimientos derivados directamente de la denuncia, y los de asistencia psicológica por trastornos derivados directamente de ella, limitados conforme a los baremos orientadores de honorarios o disposiciones arancelarias aplicables.

e) La Oficina vigilará que los denunciantes no sufran empeoramiento de su entorno laboral ni perjuicio o discriminación; la Dirección promoverá ante las autoridades competentes las acciones correctoras o de restablecimiento pertinentes, de las que dejará constancia en la memoria anual.

2. Los derechos de los párrafos c) y d) se aplican también a terceras personas relacionadas con el denunciante que puedan sufrir represalias en un contexto laboral, como compañeros de trabajo o familiares.

3. Si la Oficina conoce que el denunciante ha sufrido represalias o perjuicios injustificados, se dirigirá, a petición de éste, a los sujetos del artículo 3 instándoles a adoptar las acciones oportunas para repararlos. En un plazo de treinta días deberán informar a la Oficina sobre las acciones adoptadas o los motivos que lo impidieron.

4. Si la denuncia proporciona información falsa, tergiversada u obtenida ilícitamente, el denunciante solo goza de los derechos de los párrafos a) y b) y no puede solicitar las medidas de protección del artículo 38. No obstante, conserva todos los derechos y puede solicitar dichas medidas si actuó con la debida diligencia y tenía motivos razonables para inferir que la información era veraz al formular la denuncia, aunque hubiera errado en la apreciación de los hechos.

Datos clave

  • Derechos: conocer la tramitación, resolución expresa y motivada, no sufrir represalias y reparación de perjuicios.
  • Inversión de la carga de la prueba: se presume la represalia y debe probar lo contrario quien adoptó la medida.
  • Perjuicios injustificados: gastos de defensa jurídica y de asistencia psicológica, limitados por baremos o aranceles.
  • Protección extendida a terceros: compañeros de trabajo o familiares.
  • Requerimiento de la Oficina a petición del denunciante: respuesta en treinta días.
  • Información falsa, tergiversada o ilícita: solo derechos a) y b) y sin medidas del artículo 38, salvo buena fe y diligencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El denunciante tiene derecho a seguir su denuncia, a una resolución motivada, a no sufrir represalias y a ser reparado, con presunción de represalia a su favor; si miente, pierde casi toda la protección.

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Artículo 42. Concepto y clases de infracciones

El artículo 42 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, dentro del régimen sancionador, define el concepto de infracción y su clasificación.

1. Son infracciones sancionables las acciones u omisiones que estén tipificadas como tales en esta Ley.

2. Las infracciones se califican en muy graves, graves y leves.

Datos clave

  • Infracción: acción u omisión tipificada como tal en la Ley 2/2021.
  • Tres clases: muy graves, graves y leves.
  • Las sanciones correspondientes se fijan en el artículo 46.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Solo son infracciones las acciones u omisiones que esta Ley tipifica como tales, y se clasifican en tres niveles: muy graves, graves y leves.

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Artículo 46. Sanciones

El artículo 46 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, fija las sanciones aplicables a cada clase de infracción, divididas en dos tramos.

1. Infracciones muy graves: multa de 30.001 a 100.000 euros.

  • 1.º tramo: de 30.001 a 65.000 euros.
  • 2.º tramo: de 65.001 a 100.000 euros.

2. Infracciones graves: multa de 3.001 a 30.000 euros.

  • 1.º tramo: de 3.001 a 16.500 euros.
  • 2.º tramo: de 16.501 a 30.000 euros.

3. Infracciones leves: apercibimiento o multa de 300 a 3.000 euros.

  • 1.º tramo: de 300 a 1.650 euros.
  • 2.º tramo: de 1.651 a 3.000 euros.

Datos clave

  • Muy graves: multa de 30.001 a 100.000 euros (tramos 30.001-65.000 y 65.001-100.000).
  • Graves: multa de 3.001 a 30.000 euros (tramos 3.001-16.500 y 16.501-30.000).
  • Leves: apercibimiento o multa de 300 a 3.000 euros (tramos 300-1.650 y 1.651-3.000).
  • Cada clase de multa se divide en dos tramos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada clase de infracción tiene su horquilla de multa partida en dos tramos: muy graves 30.001-100.000 euros, graves 3.001-30.000 y leves apercibimiento o 300-3.000.

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Artículo 1. Naturaleza

El artículo 1 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, define la naturaleza del órgano.

1. El Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público de la Junta de Andalucía.

2. Asimismo, es el supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales y de los organismos y entes de Derecho público de ellas dependientes. También lo es de las universidades públicas andaluzas y de las demás entidades y corporaciones de Derecho público no integradas en la Administración de la Junta de Andalucía, cuando las leyes sectoriales así lo prescriban.

3. El Consejo Consultivo ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia.

Datos clave

  • Superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta, incluidos sus organismos y entes de derecho público.
  • Supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales y sus entes de Derecho público.
  • También de las universidades públicas andaluzas y demás corporaciones de Derecho público no integradas, cuando lo prescriban las leyes sectoriales.
  • Autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo Consultivo es el superior órgano consultivo de la Junta de Andalucía y el supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales, y ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia.

Esquema

Superior frente a supremo
Junta de AndalucíaEntidades locales y otras
CalificativoSuperior órgano consultivoSupremo órgano de asesoramiento
A quiénConsejo de Gobierno y Administración de la Junta, con sus organismos y entes de derecho públicoEntidades locales y sus entes; universidades públicas andaluzas y corporaciones no integradas
CondiciónLa ley no pone condiciónUniversidades y corporaciones: cuando lo prescriban las leyes sectoriales

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Artículo 2. Sede

El artículo 2 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, fija la sede del órgano: el Consejo Consultivo tiene su sede en la ciudad de Granada. Se trata de una determinación hecha directamente por la propia ley reguladora del Consejo, dentro de sus disposiciones generales.

Datos clave

  • Sede del Consejo Consultivo de Andalucía: ciudad de Granada.
  • La sede la fija el artículo 2 de la Ley 2/2024, de 19 de julio.
  • Rúbrica del precepto: «Sede».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La sede del Consejo Consultivo de Andalucía está en la ciudad de Granada, y la fija directamente su propia ley reguladora entre sus disposiciones generales.

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Artículo 3. Funciones

El artículo 3 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, delimita el parámetro de actuación del Consejo.

1. En el ejercicio de su función, el Consejo Consultivo velará por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y el resto del ordenamiento jurídico.

2. No entrará a conocer los aspectos de oportunidad y conveniencia, salvo que le sea solicitado expresamente.

Datos clave

  • Vela por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico.
  • Control de legalidad: no entra en aspectos de oportunidad y conveniencia.
  • Excepción: cuando se le solicite expresamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo Consultivo hace un control de legalidad: vela por la Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento, y no entra en la oportunidad o conveniencia salvo que se le pida expresamente.

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Artículo 4. Consulta y dictámenes

El artículo 4 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, regula el carácter de las consultas y de los dictámenes.

1. La consulta al Consejo Consultivo es preceptiva cuando así se establezca en esta ley o en otra disposición de igual rango, y facultativa en los demás casos.

2. Los dictámenes no son vinculantes, salvo en los casos en que así se establezca en las respectivas leyes.

3. Los asuntos en que haya dictaminado el Consejo Consultivo no podrán ser remitidos ulteriormente para informe a ningún órgano u organismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo expresarán si se adoptan conforme con el dictamen o se apartan de él, con una de estas fórmulas: «de acuerdo con el Consejo Consultivo», si se adoptan de conformidad con el dictamen; «oído el Consejo Consultivo», si se apartan de él, en cuyo caso el órgano consultante comunicará al Consejo los motivos que justifican tal decisión.

Datos clave

  • Consulta preceptiva cuando lo establezca una ley o disposición de igual rango; facultativa en los demás casos.
  • Dictámenes no vinculantes, salvo que las leyes dispongan lo contrario.
  • Lo dictaminado no puede remitirse después a informe de ningún otro órgano de la Comunidad Autónoma.
  • Fórmula «de acuerdo con el Consejo Consultivo»: se sigue el dictamen.
  • Fórmula «oído el Consejo Consultivo»: se aparta del dictamen, comunicando los motivos al Consejo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La consulta es preceptiva cuando lo diga una ley o norma de igual rango y facultativa en los demás casos; los dictámenes no vinculan salvo ley, lo dictaminado no se manda a otro órgano y la resolución dice si sigue o no el dictamen.

Esquema

Las dos fórmulas de la resolución
«De acuerdo con el Consejo Consultivo»«Oído el Consejo Consultivo»
CuándoSe adopta de conformidad con el dictamenSe aparta del dictamen
Qué más hace el consultanteSolo expresar la fórmulaComunica al Consejo los motivos de su decisión

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Artículo 5. Composición

El artículo 5 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, establece que el Consejo Consultivo está constituido por la Presidencia y por las consejeras o consejeros permanentes, electivos y natos. Está asistido por una Secretaría General, que actúa con voz y sin voto.

La composición y posterior renovación de todos los órganos del Consejo responderán a criterios de participación paritaria de hombres y mujeres. A tal efecto, ambos sexos deberán estar representados en, al menos, un cuarenta por ciento de los miembros en cada caso designados. De esta regla se excluyen quienes sean designados en función del cargo específico que desempeñen o hubieren desempeñado.

Datos clave

  • Miembros: Presidencia y consejeros permanentes, electivos y natos.
  • Secretaría General: asiste al Consejo con voz y sin voto.
  • Composición paritaria: cada sexo al menos en un cuarenta por ciento de los miembros designados.
  • Excluidos de la regla de paridad: los designados en función de su cargo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo Consultivo lo forman la Presidencia y los consejeros permanentes, electivos y natos, asistidos por una Secretaría General con voz y sin voto; sus órganos deben ser paritarios, salvo los miembros designados por su cargo.

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Artículo 6. Presidencia

El artículo 6 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, regula la Presidencia del Consejo Consultivo.

1. La persona que ostente la Presidencia será nombrada por Decreto de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, oído el Consejo de Gobierno, entre juristas de reconocido prestigio con una experiencia superior a quince años.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, será sustituida por quien determine el Consejo de Gobierno mediante decreto o, en su defecto, por la consejera o consejero electivo con mayor antigüedad y, si concurren varios, por el de mayor edad de entre ellos.

3. Corresponde a la Presidencia la representación del Consejo Consultivo a todos los efectos.

Datos clave

  • Nombramiento por Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía, oído el Consejo de Gobierno.
  • Requisito: jurista de reconocido prestigio con experiencia superior a quince años.
  • Sustitución: quien determine el Consejo de Gobierno por decreto; en su defecto, el consejero electivo de mayor antigüedad y, a igualdad, el de mayor edad.
  • Ostenta la representación del Consejo a todos los efectos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Presidencia del Consejo la nombra por Decreto la persona titular de la Presidencia de la Junta, oído el Consejo de Gobierno, entre juristas con más de quince años de experiencia; regula también su sustitución y le atribuye la representación del Consejo.

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Artículo 8. Consejeras o consejeros electivos

El artículo 8 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, regula los consejeros electivos.

1. Las consejeras o consejeros electivos, en número de seis, serán nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno entre juristas de reconocido prestigio con una experiencia superior a quince años. Su dedicación será con carácter exclusivo y a tiempo completo.

2. Con independencia de estos, y cumpliendo los mismos requisitos, el Consejo de Gobierno podrá designar hasta cuatro consejeras o consejeros más, que desempeñarán sus funciones sin exclusividad.

3. En ambos casos, el nombramiento se efectúa por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez.

Datos clave

  • Seis consejeros electivos con dedicación exclusiva y a tiempo completo.
  • Nombramiento por Decreto del Consejo de Gobierno.
  • Requisito: juristas de reconocido prestigio con experiencia superior a quince años.
  • Hasta cuatro consejeros más sin exclusividad.
  • Mandato de cinco años, reelegibles una sola vez.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hay seis consejeros electivos a tiempo completo y con exclusividad, nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno entre juristas con más de quince años de experiencia; pueden sumarse hasta cuatro sin exclusividad, todos por cinco años reelegibles una sola vez.

Esquema

Electivos y consejeros adicionales
ElectivosAdicionales
NúmeroSeisHasta cuatro
DesignaciónDecreto del Consejo de GobiernoEl Consejo de Gobierno «podrá designar»
DedicaciónExclusiva y a tiempo completoSin exclusividad
MandatoCinco años, reelegibles una sola vezCinco años, reelegibles una sola vez

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Artículo 9. Consejeras o consejeros natos

El artículo 9 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, enumera quiénes tienen la consideración de consejeras o consejeros natos:

a) La persona que ostente la presidencia de una de las Reales Academias de Legislación y Jurisprudencia de Andalucía, designada por el Instituto de Academias de Andalucía.

b) La persona que ostente el cargo de Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Una persona representante del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, designada de entre los decanos de dichos colegios.

d) La persona titular del órgano directivo competente en materia de Administración local.

e) La persona titular del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Datos clave

  • Cinco consejeros natos.
  • Presidente de una Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Andalucía, designado por el Instituto de Academias de Andalucía.
  • Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  • Representante del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, elegido entre los decanos.
  • Titular del órgano directivo competente en Administración local.
  • Titular del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los consejeros natos lo son por el cargo que ocupan: una presidencia de Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, el Fiscal Superior, un decano de la abogacía, el titular de Administración local y el del Gabinete Jurídico.

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Artículo 17. Consultas preceptivas

El artículo 17 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, enumera los asuntos en que el Consejo Consultivo de Andalucía será consultado preceptivamente:

1. Anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía.

2. Anteproyectos de leyes.

3. Proyectos de reglamentos que se dicten en ejecución de las leyes, o del derecho de la UE, y sus modificaciones.

4. Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional.

5. Convenios o acuerdos de cooperación con otra comunidad autónoma, contemplados en el título IX del Estatuto de Autonomía.

6. Conflictos de atribuciones entre consejerías, o entre alguna de ellas y entidades del sector público andaluz no adscritas a la misma, o entre varias entidades adscritas a distintas consejerías.

7. Proyectos de decretos de aprobación o modificación de estatutos de las universidades públicas de Andalucía.

8. Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de contenido económico de la Administración autonómica, y sometimiento a arbitraje de las cuestiones sobre los mismos, cuando la cuantía litigiosa exceda de 300.000 euros.

9. Revocación de actos de naturaleza tributaria cuando la deuda supere los 30.000 euros y conflictos en la aplicación de la norma tributaria.

10. Expedientes de la Administración autonómica en que la consulta venga exigida por ley, entre otras materias:

a) Reclamaciones administrativas de indemnización por daños y perjuicios de cuantía superior a 70.000 euros.

b) Anulación de oficio de los actos administrativos.

c) Recurso extraordinario de revisión.

d) Interpretación, nulidad y resolución de los contratos cuando se formule oposición del contratista; modificaciones de contratos no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares cuya cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un veinte por ciento del precio inicial, IVA excluido, y cuyo precio sea igual o superior a 600.000 euros; pliegos de cláusulas administrativas generales; y reclamaciones por responsabilidad contractual de la Administración cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 30.000 euros.

e) Modificación de instrumentos de ordenación urbanística que prevean una diferente localización de dotaciones públicas de espacios libres y zonas verdes que afecten a su funcionalidad o disminuyan su superficie, así como suspensión de los instrumentos de ordenación urbanística general que competen al Consejo de Gobierno.

f) Suspensión de instrumentos de ordenación urbanística por el Consejo de Gobierno para salvaguardar la eficacia de las competencias autonómicas.

g) Creación y supresión de municipios o alteración de términos municipales, constitución y disolución de entidades locales autónomas, creación de áreas metropolitanas y demás asuntos en que la consulta venga exigida por la legislación de régimen local.

11. Expedientes de instituciones, entidades, organismos, universidades y empresas en que, por precepto expreso de una ley, deba pedirse dictamen al Consejo Consultivo.

12. Conflictos en defensa de la autonomía local.

13. Transacciones judiciales y extrajudiciales sobre los derechos de la Hacienda Pública de las entidades locales y sometimiento a arbitraje de las contiendas sobre los mismos que superen el cinco por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto.

14. Reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a administraciones públicas no pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma: el Consejo es competente para dictaminar cuando la cuantía de la reclamación sea superior a 50.000 euros.

Datos clave

  • Dictamen preceptivo sobre la reforma del Estatuto, anteproyectos de leyes y reglamentos ejecutivos de leyes o del derecho de la UE.
  • Transacciones y arbitrajes de la Administración autonómica: cuantía litigiosa superior a 300.000 euros.
  • Revocación de actos tributarios: deuda superior a 30.000 euros.
  • Responsabilidad patrimonial de la Junta: cuantía superior a 70.000 euros.
  • Modificación de contratos: más del veinte por ciento del precio inicial, IVA excluido, y precio igual o superior a 600.000 euros; responsabilidad contractual desde 30.000 euros.
  • Entidades locales: transacciones y arbitrajes que superen el cinco por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.
  • Responsabilidad patrimonial de otras administraciones: cuantía superior a 50.000 euros.
  • Incluye conflictos en defensa de la autonomía local y estatutos de universidades públicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista de los catorce supuestos de consulta preceptiva al Consejo Consultivo: desde la reforma del Estatuto y los anteproyectos de ley hasta varios umbrales económicos que conviene memorizar con su «superior» o «igual o superior».

Esquema

Umbrales económicos de la consulta preceptiva
UmbralMatiz
Transacciones y arbitraje (Junta)Exceda de 300.000 eurosCuantía litigiosa
Revocación tributariaSupere los 30.000 eurosDeuda
Indemnización por daños (Junta)Superior a 70.000 eurosReclamación administrativa
Modificación de contratosMás del veinte por ciento y precio igual o superior a 600.000 eurosNo prevista en el pliego; IVA excluido
Responsabilidad contractualIgual o superior a 30.000 eurosIndemnizaciones reclamadas
Transacciones de entidades localesSuperen el cinco por cientoDe los recursos ordinarios de su presupuesto
Responsabilidad patrimonial de otras administracionesSuperior a 50.000 eurosAdministraciones no pertenecientes a la de la Junta

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Artículo 18. Consultas facultativas

El artículo 18 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, regula las consultas facultativas: podrá recabarse el dictamen del Consejo Consultivo en aquellos asuntos no incluidos en el artículo anterior que, por su especial trascendencia o repercusión, lo requieran. Su resolución corresponde, como regla, a la Comisión Permanente, conforme al artículo 21.3.

Datos clave

  • Ámbito: asuntos no incluidos entre las consultas preceptivas del artículo 17.
  • Presupuesto: especial trascendencia o repercusión del asunto.
  • El dictamen es potestativo: «podrá recabarse».
  • Órgano competente, como regla: la Comisión Permanente (artículo 21.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fuera de los supuestos preceptivos, puede pedirse dictamen al Consejo Consultivo en asuntos de especial trascendencia o repercusión; como regla, lo resuelve la Comisión Permanente.

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Artículo 21. Órganos

El artículo 21 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, determina los órganos de actuación del Consejo y el reparto de competencias entre ellos.

1. El Consejo Consultivo actuará en Pleno, en Comisión Permanente y, en su caso, en secciones, y en Comisión de Estudios y Análisis Normativo.

2. Corresponde al Pleno dictaminar los asuntos comprendidos en los números 1 y 2 del artículo 17 (anteproyecto de reforma del Estatuto y anteproyectos de leyes), y a la Comisión Permanente y, en su caso, a las secciones, los restantes.

3. En los dictámenes facultativos, la competencia corresponde a la Comisión Permanente. No obstante, corresponderá al Pleno cuando la importancia del asunto lo requiera, a solicitud de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía o del Consejo de Gobierno.

Datos clave

  • Formas de actuación: Pleno, Comisión Permanente, secciones y Comisión de Estudios y Análisis Normativo.
  • Pleno: reforma del Estatuto y anteproyectos de leyes (números 1 y 2 del artículo 17).
  • Comisión Permanente y secciones: las restantes consultas preceptivas.
  • Dictámenes facultativos: Comisión Permanente.
  • Pleno en facultativos: por su importancia, a solicitud del Presidente de la Junta o del Consejo de Gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo Consultivo actúa en Pleno, Comisión Permanente, secciones y Comisión de Estudios y Análisis Normativo; el Pleno dictamina la reforma del Estatuto y los anteproyectos de ley, y la Comisión Permanente el resto y los facultativos.

Esquema

Pleno frente a Comisión Permanente
PlenoComisión Permanente
Consultas preceptivasReforma del Estatuto y anteproyectos de leyesLas restantes (también las secciones, en su caso)
Dictámenes facultativosSi la importancia lo requiere, a solicitud de la Presidencia de la Junta o del Consejo de GobiernoRegla general

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Artículo 22. Pleno

El artículo 22 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, regula la composición del Pleno del Consejo Consultivo: estará constituido por la persona que ostente la Presidencia y por las consejeras y consejeros permanentes, natos y electivos. Estará asistido por la Secretaría General.

Datos clave

  • Integran el Pleno: la Presidencia y los consejeros permanentes, natos y electivos.
  • Asistencia: Secretaría General, que según el artículo 5 actúa con voz y sin voto.
  • Competencia principal: reforma del Estatuto y anteproyectos de leyes (artículo 21.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Pleno del Consejo Consultivo reúne a la Presidencia y a todas las clases de consejeros, permanentes, natos y electivos, y está asistido por la Secretaría General.

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Artículo 23. Comisión Permanente

El artículo 23 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, regula la Comisión Permanente.

1. La Comisión Permanente estará constituida por la persona que ostente la Presidencia y las seis consejeras o consejeros electivos con dedicación a tiempo completo. Las secciones, en su caso, también se formarán con consejeros electivos a tiempo completo, en el número que designe la Presidencia.

2. Cuando la índole de los asuntos lo requiera, la Presidencia podrá designar como ponentes o requerir la asistencia a las reuniones de la Comisión Permanente o de las secciones de otros miembros del Consejo, que actuarán en estos casos con voz pero sin voto.

Datos clave

  • Composición: Presidencia y los seis consejeros electivos a tiempo completo.
  • Secciones: consejeros electivos a tiempo completo, en el número que designe la Presidencia.
  • Otros miembros pueden ser designados ponentes o asistir, con voz pero sin voto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Comisión Permanente la forman la Presidencia y los seis consejeros electivos a tiempo completo; las secciones, también electivos a tiempo completo; otros miembros pueden asistir o ser ponentes con voz pero sin voto.

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