Tema 99: Derechos de los funcionarios. Promoción profesional: concepto y clases. La evaluación del desempeño. Sindicación y huelga. Negociación colectiva y representación. Derechos retributivos y Seguridad Social. Deberes de los funcionarios. Incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Régimen disciplinario. Delitos de los funcionarios en el ejercicio de su cargo.
Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
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- Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo
- Constitución Española
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas
- Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDLeg)
- Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía
Artículo 1
El artículo 1 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, sienta la regla general sobre el ejercicio del derecho de huelga.
El derecho de huelga, en el ámbito de las relaciones laborales, podrá ejercerse en los términos previstos en este Real Decreto-ley.
El precepto delimita así el ámbito del derecho, las relaciones laborales, y remite las condiciones de su ejercicio a lo que dispone el propio Real Decreto-ley.
Datos clave
- El derecho de huelga se reconoce en el ámbito de las relaciones laborales.
- Su ejercicio se ajusta a los términos previstos en el Real Decreto-ley 17/1977.
- Norma de referencia: Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regla de partida: el derecho de huelga, en el ámbito de las relaciones laborales, se ejerce en los términos que fija el propio Real Decreto-ley 17/1977.
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Artículo 10
El artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, regula la intervención del Gobierno y de la Autoridad gubernativa en la huelga.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine, por un período máximo de dos meses o, de modo definitivo, mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio. El incumplimiento de este acuerdo podrá dar lugar a la aplicación de lo dispuesto en los artículos 15 y 16.
Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas.
Datos clave
- El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, puede acordar la reanudación de la actividad laboral.
- Criterios: duración o consecuencias de la huelga, posiciones de las partes y perjuicio grave de la economía nacional.
- Reanudación por un período máximo de dos meses o, de modo definitivo, mediante arbitraje obligatorio.
- El incumplimiento puede dar lugar a la aplicación de los artículos 15 y 16.
- Servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad: la Autoridad gubernativa puede asegurar su funcionamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno puede imponer la vuelta al trabajo, hasta dos meses o de forma definitiva con arbitraje obligatorio; y en servicios públicos o de inaplazable necesidad la Autoridad gubernativa puede asegurar su funcionamiento.
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Constitución Española · Art. 28
1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Datos clave
- ¿A quién puede la ley limitar o exceptuar la libertad sindical? → A las Fuerzas o Institutos armados y a los Cuerpos sometidos a disciplina militar.
- ¿Qué debe garantizar la ley que regule la huelga? → El mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- Recuerda a quién puede limitar la ley la libertad sindical: Fuerzas/Institutos armados y Cuerpos con disciplina militar; para funcionarios solo regula 'peculiaridades', no la excluye.
- El derecho a huelga siempre va de la mano de los servicios esenciales en el propio artículo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Libertad sindical de todos, que la ley puede limitar o exceptuar para Fuerzas armadas y Cuerpos con disciplina militar; nadie está obligado a afiliarse. Huelga de los trabajadores con garantías para los servicios esenciales.
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Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 1
1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la misma.
A los solos efectos de esta Ley se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismo y Empresas de ellas dependientes, entendiéndose comprendidas las Entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria.
2. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel ni ejercer opción por percepciones correspondiente a puestos incompatibles.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional.
3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
Datos clave
- ¿Puede el personal compatibilizar sus actividades con un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público? → No, salvo en los supuestos previstos en la propia Ley.
- ¿Puede percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas? → No, salvo en los supuestos previstos en la Ley.
- ¿Con qué es incompatible en cualquier caso el desempeño del puesto? → Con cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres principios de la incompatibilidad: un solo puesto en el sector público, una sola remuneración pública y ninguna actividad que comprometa deberes, imparcialidad o independencia; salvo los supuestos de la Ley.
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Artículo 2
1. La presente Ley será de aplicación a:
a) El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos.
b) El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales.
c) El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes.
d) El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.
e) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel.
f) El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma.
g) El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por cien con subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas.
h) El personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100.
i) El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas.
j) El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios públicos.
2. En el ámbito delimitado en el apartado anterior se entenderá incluido todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
Datos clave
- La Ley 53/1984 se aplica al personal civil y militar de la Administración del Estado y al de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
- Incluye entidades, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por cien con fondos públicos.
- Incluye empresas con participación de las Administraciones Públicas superior al 50 por 100.
- Incluye al personal del Banco de España y de las instituciones financieras públicas y al retribuido mediante arancel.
- Se aplica a todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ámbito subjetivo de la ley de incompatibilidades: alcanza a casi todo el personal del sector público, incluidos entes financiados o participados en más de la mitad por las Administraciones, sea cual sea el tipo de relación de empleo.
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Artículo 3
1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los artículo 5.º y 6.º y en los que, por razón de interés público, se determine por el Consejo de Ministros, mediante Real decreto, u órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias; en este último supuesto la actividad sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral.
Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.
En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público.
2. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, delimitado en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo primero, es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por Derechos Pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.
La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por el tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus actualizaciones.
Por excepción, en el ámbito laboral, será compatible la pensión de jubilación parcial con un puesto de trabajo a tiempo parcial.
Datos clave
- Solo puede desempeñarse un segundo puesto o actividad en el sector público en los supuestos de la ley (funciones docente y sanitaria y casos de los artículos 5.º y 6.º).
- También por razón de interés público, determinado por el Consejo de Ministros o el órgano de gobierno autonómico, solo en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada.
- Es indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no modifica jornada ni horario.
- Desempeñar un puesto en el sector público es incompatible con la pensión de jubilación o retiro, que queda en suspenso.
- Excepción en el ámbito laboral: la jubilación parcial es compatible con un puesto a tiempo parcial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo cabe un segundo puesto público en los casos tasados de la Ley (docencia, sanidad, interés público) y siempre con autorización previa y expresa, sin alterar la jornada de ninguno de los dos puestos.
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Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas · Art. 11
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º,3, de la presente Ley, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado. Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. 2. El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.
Datos clave
- ¿Qué actividades privadas no puede ejercer el personal? → Las que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado.
- ¿Qué actividades se exceptúan de esa prohibición? → Las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prohibición de actividades privadas relacionadas directamente con las del destino del empleado, con la excepción de las que realice para sí el interesado, y habilitación al Gobierno para fijar incompatibilidades por Real Decreto.
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Artículo 16
El artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, limita el reconocimiento de compatibilidad para actividades privadas en función de las retribuciones del puesto.
1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público incluyan el factor de incompatibilidad, al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.
Esta redacción del apartado 1 procede de la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y produce efectos en cada Administración Pública a partir de la entrada en vigor del capítulo III del título III con la aprobación de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto.
2. A efectos de lo dispuesto en este artículo, la dedicación del profesorado universitario a tiempo completo tiene la consideración de especial dedicación.
3. Se exceptúan de la prohibición del apartado 1 las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en los términos del apartado 1 del artículo 4.º, así como para realizar las actividades de investigación o asesoramiento del artículo 6.º, salvo para el personal docente universitario a tiempo completo.
4. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones de los artículos 1.º.3, 11, 12 y 13, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.
Datos clave
- No cabe compatibilidad cuando las retribuciones complementarias incluyan el factor de incompatibilidad, ni para el personal retribuido por arancel ni para el personal directivo, incluido el de alta dirección.
- La dedicación del profesorado universitario a tiempo completo se considera especial dedicación.
- Excepciones: profesor universitario asociado y actividades de investigación o asesoramiento del artículo 6.º, salvo personal docente universitario a tiempo completo.
- Cabe compatibilidad para actividades privadas si el complemento específico no supera el 30 por 100 de la retribución básica, excluida la antigüedad.
- La redacción del apartado 1 procede de la disposición final tercera del texto refundido del EBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuándo no cabe compatibilidad para actividades privadas: factor de incompatibilidad, arancel y personal directivo; con excepciones para profesor asociado, investigación o asesoramiento y complementos específicos de hasta el 30 por 100.
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Artículo 1
1. Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.
2. A los efectos de esta Ley, se consideran trabajadores tanto aquellos que sean sujetos de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas.
3. Quedan exceptuados del ejercicio de este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127.1 de la Constitución, los Jueces, Magistrados y Fiscales no podrán pertenecer a sindicato alguno mientras se hallen en activo.
5. El ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica, dado el carácter armado y la organización jerarquizada de estos Institutos.
Datos clave
- Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.
- Son trabajadores tanto los sujetos de una relación laboral como los de una relación administrativa o estatutaria al servicio de las Administraciones públicas.
- Exceptuados: miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar.
- Jueces, Magistrados y Fiscales no pueden pertenecer a sindicato alguno mientras se hallen en activo (art. 127.1 CE).
- Cuerpos y Fuerzas de Seguridad sin carácter militar: se rigen por su normativa específica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién tiene derecho a sindicarse: trabajadores laborales y funcionarios; quedan fuera Fuerzas Armadas e Institutos Armados militares, y jueces, magistrados y fiscales en activo.
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Artículo 2
1. La libertad sindical comprende:
a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos.
b) El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato.
c) El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato.
d) El derecho a la actividad sindical.
2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a:
a) Redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus actividades y formular su programa de acción.
b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.
c) No ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes.
d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las normas correspondientes.
Datos clave
- Derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, y a suspenderlos o extinguirlos por procedimientos democráticos.
- Nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato (libertad sindical negativa).
- Afiliación con la sola condición de observar los estatutos.
- Los sindicatos solo pueden ser suspendidos o disueltos mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes.
- La actividad sindical comprende la negociación colectiva, la huelga, el planteamiento de conflictos individuales y colectivos y la presentación de candidaturas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Detalla el contenido individual (fundar, afiliarse, elegir representantes, actividad sindical) y colectivo (auto-organización, federarse, no disolución salvo resolución judicial) de la libertad sindical.
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Artículo 6
1. La mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos les confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación institucional como de acción sindical.
2. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal:
a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas.
b) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a).
3. Las organizaciones que tengan la consideración de sindicato más representativo según el número anterior, gozarán de capacidad representativa a todos los niveles territoriales y funcionales para:
a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tenga prevista.
b) La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.
c) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta o negociación.
d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo.
e) Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones públicas.
f) Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan legalmente.
g) Cualquier otra función representativa que se establezca.
Datos clave
- Sindicatos más representativos a nivel estatal: 10 por 100 o más del total de delegados de personal, miembros de comités de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones públicas.
- También lo son los afiliados, federados o confederados a una organización estatal más representativa (irradiación).
- Gozan de capacidad representativa a todos los niveles territoriales y funcionales.
- Funciones: representación institucional, negociación colectiva, interlocución en condiciones de trabajo en las AAPP, solución extrajudicial de conflictos, promoción de elecciones, cesión de inmuebles patrimoniales públicos y otras.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sindicatos más representativos a nivel estatal: el 10 por 100 de representantes o la afiliación a uno que lo sea, y las siete facultades que eso les da.
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Código Penal · Art. 24
1. A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Tendrán también la consideración de autoridad los funcionarios del Ministerio Fiscal y los Fiscales de la Fiscalía Europea. 2. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.
Datos clave
- ¿Qué requisito define a la autoridad a efectos penales? → Tener mando o ejercer jurisdicción propia, por sí solo o como miembro de una corporación, tribunal u órgano colegiado.
- ¿Por qué tres vías se puede ser funcionario público a efectos penales? → Por disposición inmediata de la Ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente, participando en funciones públicas.
- ¿Son autoridad los Fiscales de la Fiscalía Europea? → Sí: el artículo los incluye junto a los funcionarios del Ministerio Fiscal.
- Para separar los dos conceptos, quédate con una palabra: mando. Si manda o ejerce jurisdicción propia, es autoridad; si solo participa en funciones públicas, funcionario.
- Las cuatro cámaras que son autoridad «en todo caso»: Congreso, Senado, Asambleas autonómicas y Parlamento Europeo. El europeo es el que se olvida.
- Los tres títulos del funcionario público son L-E-N: Ley, Elección, Nombramiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A efectos penales, autoridad es quien tiene mando o ejerce jurisdicción propia, y funcionario quien participa en funciones públicas por Ley, elección o nombramiento. Ciertos cargos son autoridad en todo caso.
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Código Penal · Art. 404
A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
Datos clave
- ¿Qué pena lleva la prevaricación administrativa del artículo 404? → Inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
- ¿Qué elemento subjetivo exige el 404? → Que dicte la resolución arbitraria «a sabiendas de su injusticia».
- Pena fácil de fijar: 9-15, los dos números impares con los que empieza y acaba el 404.
- «A sabiendas de su injusticia» es la fórmula que marca el dolo; si no aparece, no hay prevaricación del 404.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prevaricación administrativa: la autoridad o funcionario que dicta a sabiendas una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La pena es solo inhabilitación especial de nueve a quince años.
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Código Penal · Art. 407
1. A la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV se le castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Si hubiera realizado el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. 2. Las mismas penas se impondrán, respectivamente, cuando el abandono tenga por objeto no ejecutar las penas correspondientes a estos delitos impuestas por la autoridad judicial competente.
Datos clave
- ¿Pena del abandono de destino para no impedir o perseguir delitos de los Títulos XXI a XXIV? → Prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público de seis a diez años.
- ¿Y si el abandono era para no impedir o perseguir cualquier otro delito? → Inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.
- Cuatro Títulos seguidos: XXI, XXII, XXIII y XXIV, sin saltos. Son cuatro numerales correlativos, fácil de comprobar en el test.
- La palabra clave del apartado 2 es «respectivamente»: se replica el doble régimen, no una pena única.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Abandono de destino por autoridad o funcionario para no impedir o perseguir delitos: pena grave si son de los Títulos XXI a XXIV y más leve para cualquier otro delito; igual si es para no ejecutar las penas.
Esquema
| Títulos XXI a XXIV | Cualquier otro delito | |
|---|---|---|
| Prisión | De uno a cuatro años | No prevé |
| Inhabilitación | Absoluta, de seis a diez años | Especial, de uno a tres años |
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Código Penal · Art. 413
La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.
Datos clave
- ¿Penas del artículo 413? → Prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a seis años.
- ¿Qué conductas castiga el 413? → Sustraer, destruir, inutilizar u ocultar, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, a sabiendas.
- La multa arranca en siete meses: es un número raro y por eso es el dato que más se manipula en los test.
- Cuatro verbos, cuatro años de tope de prisión: sustraer, destruir, inutilizar, ocultar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Infidelidad en la custodia de documentos: la autoridad o funcionario que, a sabiendas, sustrae, destruye, inutiliza u oculta documentos que custodia por su cargo recibe prisión, multa e inhabilitación.
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Código Penal · Art. 417
1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años. 2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
Datos clave
- ¿Pena del tipo básico de revelación de secretos del 417.1? → Multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.
- ¿Pena si el secreto revelado es de un particular (417.2)? → Prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.
- La multa 12-18 meses aparece en el tipo básico y en el apartado 2; lo que cambia entre ellos es la prisión y que el 2 añade suspensión.
- Escalera de inhabilitación: 1-3 en el básico, 3-5 si hay grave daño.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Revelación de secretos por autoridad o funcionario: tipo básico con multa e inhabilitación, agravado con prisión si hay grave daño, y pena propia si el secreto es de un particular.
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Código Penal · Art. 419
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito.
Datos clave
- ¿Pena del artículo 419? → Prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años.
- ¿Para qué finalidad se recibe la dádiva en el 419? → Para realizar un acto contrario a los deberes inherentes al cargo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar.
- El adverbio «injustificadamente» solo acompaña al retraso, no a las demás conductas.
- Bloque de cifras del 419: prisión 3-6, multa 12-24, inhabilitación 9-12.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La autoridad o funcionario que recibe, solicita o acepta dádivas o promesas para actuar contra sus deberes, o para no realizar o retrasar injustificadamente lo que debe, recibe prisión, multa e inhabilitación, sin perjuicio del delito cometido con ello.
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Código Penal · Art. 420
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años.
Datos clave
- ¿Pena del artículo 420? → Prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años.
- ¿Qué finalidad caracteriza al 420? → Recibir o solicitar la dádiva para realizar un acto propio de su cargo.
- Palabra que decide entre los dos cohechos: «contrario a los deberes» (más grave) frente a «propio de su cargo» (este).
- Cifras del 420: prisión 2-4, multa 12-24, inhabilitación 5-9. La multa es la única que no cambia respecto del artículo anterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La autoridad o funcionario que recibe, solicita o acepta dádivas o promesas para realizar un acto propio de su cargo recibe prisión de dos a cuatro años, multa e inhabilitación de cinco a nueve años.
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Código Penal · Art. 428
El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.
Datos clave
- ¿Qué inhabilitación prevé el art. 428? → Inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años.
- ¿Qué ocurre si el funcionario obtiene el beneficio perseguido? → Las penas se imponen en su mitad superior.
- Tres penas que van siempre juntas y tres cifras: prisión 6 meses-2 años, multa del tanto al duplo, inhabilitación 5-9 años.
- La relación puede ser personal o jerárquica: no hace falta ser el superior del influido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tráfico de influencias del funcionario: influir en otro funcionario o autoridad aprovechando el cargo o una relación personal o jerárquica para lograr una resolución con beneficio económico; mitad superior si lo obtiene.
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Código Penal · Art. 432
Artículo 432.
1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.
2. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos que se refieren en el apartado anterior hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:
a) se hubiera causado un daño o entorpecimiento graves al servicio público,
b) el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere de 50.000 euros,
c) las cosas malversadas fueran de valor artístico, histórico, cultural o científico; o si se tratare de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.
Si el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
3. Los hechos a que se refiere el presente artículo serán castigados con una pena de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado o el valor del patrimonio público sea inferior a 4.000 euros.
Datos clave
- ¿Qué pena de prisión prevé el tipo básico del art. 432? → De dos a seis años.
- ¿Qué pena tiene el tipo atenuado (perjuicio inferior a 4.000€)? → Prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Malversación por apropiación del patrimonio público con ánimo de lucro. Tres escalones: tipo básico, agravado por las circunstancias del apartado 2 (con un plus por encima de 250.000 euros) y atenuado por debajo de 4.000 euros.
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Código Penal · Art. 436
La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años. Al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público se le impondrá la misma pena de prisión que a éstos, así como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a siete años.
Datos clave
- ¿Qué penas prevé el art. 436 para la autoridad o funcionario? → Prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de seis a diez años.
- ¿Qué inhabilitación sufre el particular concertado? → De dos a siete años para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.
- Dos duraciones que se cruzan en el examen: 6 a 10 años para el funcionario y 2 a 7 años para el particular. La prisión (2 a 6) es idéntica para los dos.
- Al particular no se le inhabilita para cargo público: se le cierran subvenciones, contratación y beneficios fiscales y de Seguridad Social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fraude en contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos: el funcionario que se concierta con los interesados y el particular concertado comparten la prisión, pero no la inhabilitación.
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Código Penal · Art. 439
La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años.
Datos clave
- ¿Qué penas prevé el art. 439? → Prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo de dos a siete años.
- ¿Vale la participación a través de un tercero? → Sí: el art. 439 castiga la participación directa o por persona interpuesta.
- Las tres penas, en orden: prisión 6 meses-2 años, multa 12-24 meses, inhabilitación 2-7 años.
- Cuatro objetos posibles: contrato, asunto, operación o actividad. No hace falta que sea un contrato.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Negociación prohibida: la autoridad o funcionario que debe intervenir por su cargo en un contrato, asunto, operación o actividad y se aprovecha para forzar o facilitarse participar en ellos, directamente o por persona interpuesta.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 36
Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. 2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. 3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. 4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: a) Alegaciones durante un plazo de quince días. b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días. c) Audiencia durante un plazo de diez días. d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. 5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.
Datos clave
- ¿Con qué grado de culpa exige la Administración responsabilidad a su personal? → Por dolo, o culpa o negligencia graves.
- ¿Cuáles son los plazos de alegaciones, prueba, audiencia, propuesta y resolución del art. 36.4? → Quince días, quince días, diez días, cinco días y cinco días, respectivamente.
- ¿Qué criterios se ponderan para exigir y cuantificar la responsabilidad? → El resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal y su relación con la producción del resultado dañoso.
- Los plazos, en cascada: 15 - 15 - 10 - 5 - 5. Dos quincenas, una decena y dos manos.
- Grados de culpa: solo dolo o culpa o negligencia GRAVES. La negligencia leve nunca genera acción de regreso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El particular reclama siempre a la Administración; esta, tras indemnizar, exige de oficio a su personal la responsabilidad por dolo, culpa o negligencia graves mediante un procedimiento con plazos tasados.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 14
Derechos individuales. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. h) Al respeto de su intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, moral y laboral. i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. j bis) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables. o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación. p) A la libre asociación profesional. q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Datos clave
- ¿Qué derecho recoge la letra a) del art. 14? → La inamovilidad en la condición de funcionario de carrera
- ¿Qué añade la letra j bis) del art. 14? → El derecho a la intimidad digital, frente a videovigilancia/geolocalización, y a la desconexión digital
- ¿Qué letra del art. 14 recoge la defensa jurídica del empleado público? → La letra f)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de derechos individuales del empleado público, de la letra a) a la q) con una j bis): inamovilidad del funcionario de carrera, carrera, retribuciones, defensa jurídica, formación, igualdad, conciliación, intimidad digital, vacaciones, jubilación y otros.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 15
Derechos individuales ejercidos colectivamente. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: a) A la libertad sindical. b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.
Datos clave
- ¿Qué debe garantizarse al ejercer el derecho de huelga según el art. 15? → El mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- ¿A qué otro artículo del Estatuto remite el derecho de reunión del art. 15? → Al artículo 46.
- Cinco derechos, de la a) a la e). El de reunión es el único que remite a otro artículo (el 46), así que suele ser el que preguntan para comprobar si conoces la remisión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco derechos individuales que se ejercen colectivamente: libertad sindical, negociación colectiva y participación, huelga con servicios esenciales garantizados, conflictos colectivos y reunión, esta en los términos del art. 46.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 16
Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera. 1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional. 2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera. 3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades: a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto. b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título V de este Estatuto. c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18. d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18. 4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.
Datos clave
- ¿Qué tres principios rigen la carrera profesional según el art. 16? → Igualdad, mérito y capacidad.
- ¿Puede un funcionario progresar en carrera horizontal y vertical a la vez? → Sí, si su Administración ha implantado ambas modalidades en el mismo ámbito.
- El orden del apartado 3 es siempre el mismo: horizontal, vertical, promoción interna vertical, promoción interna horizontal. Memorizarlo en ese orden evita mezclar las letras a)-d).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios de carrera tienen derecho a progresar profesionalmente conforme a igualdad, mérito y capacidad, y esa progresión puede tomar cuatro formas distintas que suelen confundirse entre sí.
Esquema
| Horizontal | Vertical | Prom. interna vertical | Prom. interna horizontal | |
|---|---|---|---|---|
| En qué consiste | Progresión de grado, categoría o escalón sin cambiar de puesto | Ascenso en la estructura de puestos por procedimientos de provisión | Ascenso de un cuerpo/escala de un Subgrupo a otro superior | Acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional |
| ¿Cambia de Subgrupo? | No | No | Sí, a uno superior | No, mismo Subgrupo |
| Se regula en | Art. 17 y art. 20.3 | Capítulo III del título V | Art. 18 | Art. 18 |
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 20
La evaluación del desempeño. 1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. 2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. 3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente Estatuto. 4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada. 5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del apartado c) del artículo 24 del presente Estatuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo.
Datos clave
- ¿Qué mide la evaluación del desempeño (art. 20.1)? → La conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados
- ¿Qué garantía exige el art. 20.4 para no continuar en un puesto de concurso por mala evaluación? → Audiencia al interesado y resolución motivada
- ¿Qué requisito previo exige el art. 20.5 para aplicar la carrera horizontal o el cese por concurso? → Tener aprobado un sistema objetivo de evaluación del desempeño
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define la evaluación del desempeño como el procedimiento para medir la conducta profesional y el rendimiento, exige criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, y la conecta con la carrera horizontal, la formación, la provisión de puestos y las retribuciones complementarias.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 22 · Retribuciones de los funcionarios
Retribuciones de los funcionarios. 1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias. 2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. 3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. 4. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24. 5. No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.
Datos clave
- Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias.
- Básicas: retribuyen según el Subgrupo o Grupo de clasificación profesional del cuerpo o escala y la antigüedad; incluyen los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.
- Complementarias: retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados.
- Las pagas extraordinarias son dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las complementarias, salvo las de los apartados c) y d) del artículo 24.
- No puede percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de un servicio, ni participación o premio en multas impuestas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las retribuciones de los funcionarios de carrera son básicas (por Subgrupo o Grupo y antigüedad) o complementarias (puesto, carrera, desempeño). Hay dos pagas extra al año y se prohíbe cobrar participaciones en tributos o multas.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 23 · Retribuciones básicas
Retribuciones básicas. Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por: a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.
Datos clave
- Se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- Están integradas única y exclusivamente por el sueldo de cada Subgrupo o Grupo y por los trienios.
- Trienio: cantidad igual para cada Subgrupo o Grupo por cada tres años de servicio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las retribuciones básicas se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y son única y exclusivamente el sueldo de cada Subgrupo (o Grupo, si no tiene Subgrupo) y los trienios, iguales por Subgrupo y devengados cada tres años.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 24 · Retribuciones complementarias
Retribuciones complementarias. La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.
Datos clave
- La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias las establecen las leyes de cada Administración Pública.
- Factores a) progresión en la carrera administrativa; b) especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad o condiciones del trabajo; c) interés, iniciativa o esfuerzo y rendimiento o resultados; d) servicios extraordinarios fuera de la jornada normal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las leyes de cada Administración fijan la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias atendiendo, entre otros, a cuatro factores: carrera, puesto, desempeño y servicios extraordinarios.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 31 · Principios generales
Principios generales. 1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo. 2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública. 3. Por representación, a los efectos de esta ley, se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados. 4. Por participación institucional, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. 5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente capítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones Públicas y sus empleados públicos o los representantes de éstos. 6. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección. 7. El ejercicio de los derechos establecidos en este capítulo deberá respetar en todo caso el contenido del presente Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en el mismo. 8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España.
Datos clave
- Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, la representación y la participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo.
- Negociación colectiva: derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo. Representación: facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios para la interlocución entre las Administraciones y sus empleados. Participación institucional: derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.
- Las organizaciones sindicales más representativas en la Función Pública están legitimadas para recurrir en vía administrativa y jurisdiccional las resoluciones de los órganos de selección.
- El ejercicio de estos derechos debe respetar el contenido del Estatuto y sus leyes de desarrollo, y los procedimientos tienen en cuenta los convenios y acuerdos internacionales ratificados por España.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los empleados públicos tienen derecho a negociación colectiva, representación y participación institucional; el artículo define cada uno, legitima a los sindicatos más representativos para recurrir actos de selección y fija sus límites.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 33 · Negociación colectiva
Negociación colectiva. 1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo previsto en este capítulo. A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 2. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociación colectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica, que ostentarán su representación en la negociación colectiva previas las instrucciones políticas correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello.
Datos clave
- Principios de la negociación colectiva de los funcionarios: legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
- Se efectúa mediante Mesas de Negociación, con los representantes de la Administración y, por la parte sindical, las organizaciones más representativas a nivel estatal, las más representativas de comunidad autónoma y los sindicatos con el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones a Delegados y Juntas de Personal de la unidad electoral.
- La Administración puede encargar la negociación a órganos técnicos creados por ella, sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos por los órganos de gobierno o administrativos competentes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La negociación colectiva de los funcionarios sigue seis principios y se hace en Mesas de Negociación con la Administración y los sindicatos legitimados; puede encargarse a órganos técnicos.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 37 · Materias objeto de negociación
Materias objeto de negociación. 1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas. b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. e) Los planes de Previsión Social Complementaria. f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. i) Los criterios generales de acción social. j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley. l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos. 2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes: a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización. Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto. b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas. c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
Datos clave
- Son objeto de negociación, en su ámbito y según las competencias de cada Administración, entre otras: el incremento de retribuciones y las retribuciones complementarias; los criterios generales de acceso, carrera, provisión, clasificación de puestos y planificación de recursos humanos; la evaluación del desempeño; la Previsión Social Complementaria; los planes y fondos de formación y promoción interna; los criterios generales de acción social; las propuestas sobre derechos sindicales y de participación; las que establezca la normativa de prevención de riesgos laborales; los criterios generales sobre ofertas de empleo público; y el calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos y movilidad.
- Quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación: las decisiones sobre potestades de organización (si repercuten en condiciones de trabajo, procede negociar estas); la regulación de los derechos de los ciudadanos y usuarios y el procedimiento de formación de actos y disposiciones; las condiciones de trabajo del personal directivo; los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica; y la regulación de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y promoción profesional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera trece materias que deben negociarse (letras a a m) y cinco que quedan fuera de la obligatoriedad de negociar, con un matiz: las decisiones organizativas que repercutan en condiciones de trabajo sí se negocian.
Esquema
| Negociable (ap. 1) | Excluido de la obligatoriedad (ap. 2) | |
|---|---|---|
| Acceso | Normas que fijen los criterios generales de acceso, carrera, provisión… | Regulación y determinación concreta de sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso |
| Organización | Condiciones de trabajo afectadas por decisiones organizativas | Decisiones que afecten a las potestades de organización |
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 39 · Órganos de representación
Órganos de representación. 1. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. 2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente. 3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios. 4. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan. 5. Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores: De 50 a 100 funcionarios: 5. De 101 a 250 funcionarios: 9. De 251 a 500 funcionarios: 13. De 501 a 750 funcionarios: 17. De 751 a 1.000 funcionarios: 21. De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75. 6. Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente Estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de personal que cada Administración determine. El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros.
Datos clave
- Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
- Delegados de Personal: unidades con 6 o más y menos de 50 funcionarios; hasta 30 funcionarios se elige un Delegado y de 31 a 49 se eligen tres, que ejercen su representación conjunta y mancomunadamente.
- Juntas de Personal: unidades electorales con un censo mínimo de 50 funcionarios.
- Composición de la Junta: de 50 a 100 funcionarios, 5; de 101 a 250, 9; de 251 a 500, 13; de 501 a 750, 17; de 751 a 1.000, 21; de 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con un máximo de 75.
- Las Juntas eligen entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaboran su propio reglamento, que debe aprobarse por al menos dos tercios de sus miembros.
- El Estado y cada Comunidad Autónoma regulan el establecimiento de las unidades electorales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios se representan por Delegados de Personal (de 6 a 49 funcionarios) y Juntas de Personal (desde 50), cuyo número de miembros sigue una escala con un máximo de 75.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 52
Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
Datos clave
- ¿Cuántos principios éticos y de conducta enumera el art. 52 del TREBEP? → Quince.
- ¿Qué función cumplen los principios del Código de Conducta según el propio artículo? → Informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
- Cuenta los principios: son quince, no diez ni veinte. Empiezan en 'objetividad' y terminan en 'igualdad entre mujeres y hombres'.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los empleados públicos deben desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales conforme a la Constitución, con quince principios que inspiran el Código de Conducta y que informan el régimen disciplinario.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 53
Principios éticos. 1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. 2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. 6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.
Datos clave
- ¿Qué deben hacer ante un asunto con interés personal (art. 53.5)? → Abstenerse
- ¿Pueden aceptar tratos de favor de entidades privadas? → No, en ningún caso (art. 53.7)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Doce principios éticos del empleado público: respeto al ordenamiento, imparcialidad, lealtad, no discriminación, abstención, evitar conflictos de intereses, rechazar privilegios, diligencia, neutralidad y secreto.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 54
Principios de conducta. 1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. 2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación. 6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.
Datos clave
- ¿Qué deben hacer ante una orden que sea infracción manifiesta del ordenamiento (art. 54.3)? → No obedecerla y ponerla en conocimiento de los órganos de inspección
- ¿En qué lengua deben atender al ciudadano (art. 54.11)? → En la lengua oficial del territorio que el ciudadano solicite
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Once principios de conducta del empleado público: trato respetuoso, diligencia y horario, obediencia salvo infracción manifiesta, información al ciudadano, austeridad, rechazo de regalos, formación y atención en lengua oficial.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 93
Responsabilidad disciplinaria. 1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto. 2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos. 3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. 4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente título, por la legislación laboral.
Datos clave
- ¿Qué responsabilidad tiene quien induce a otro a cometer una falta disciplinaria? → La misma responsabilidad que el inducido.
- ¿Qué faltas encubiertas generan responsabilidad y con qué requisito? → Las consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.
- ¿Qué norma rige el régimen disciplinario del personal laboral en lo no previsto en el título? → La legislación laboral.
- Inductor = mismo castigo, sin condiciones. Encubridor = solo muy graves/graves consumadas y con daño grave.
- Las faltas leves nunca generan responsabilidad del encubridor: el texto solo cita muy graves y graves.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Funcionarios y laborales están sujetos al régimen disciplinario del título. El inductor responde igual que el autor; el encubridor, solo de faltas muy graves o graves consumadas con daño grave. Al laboral se le aplica supletoriamente la legislación laboral.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 94
Ejercicio de la potestad disciplinaria. 1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. 2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos. b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor. c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación. d) Principio de culpabilidad. e) Principio de presunción de inocencia. 3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.
Datos clave
- ¿Qué se hace si de la instrucción resultan indicios fundados de criminalidad? → Se suspende la tramitación del procedimiento y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.
- Enumera los principios de ejercicio de la potestad disciplinaria del art. 94.2 → Legalidad y tipicidad, irretroactividad de lo no favorable y retroactividad de lo favorable, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia.
- ¿Qué vincula a la Administración de las resoluciones judiciales firmes? → Los hechos declarados probados.
- Son cinco principios, de la a) a la e): le-i-p-c-p → legalidad/tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia.
- Retroactividad solo hacia lo favorable; irretroactividad, hacia lo no favorable.
- Dos palabras que se piden literales: indicios fundados de criminalidad y Ministerio Fiscal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones corrigen las infracciones cometidas en el ejercicio de las funciones, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal, conforme a cinco principios; ante indicios de delito se suspende el expediente y se avisa al Fiscal.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 95
Faltas disciplinarias. 1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. 2. Son faltas muy graves: a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública. b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, características sexuales, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, y el acoso moral y sexual. c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico. j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. o) El acoso laboral. p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral. 3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias: a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad. b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos. c) El descrédito para la imagen pública de la Administración. 4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias.
Datos clave
- ¿Cómo se clasifican las faltas disciplinarias en el TREBEP? → Muy graves, graves y leves.
- ¿Qué tres circunstancias se atienden para establecer las faltas graves? → El grado de vulneración de la legalidad, la gravedad de los daños al interés público, patrimonio o bienes, y el descrédito para la imagen pública de la Administración.
- ¿Quién puede tipificar faltas graves? → La ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa autonómica y, para el personal laboral, los convenios colectivos.
- ¿Es falta muy grave el acoso laboral? → Sí, letra o) del artículo 95.2.
- Cuenta las muy graves: van de la a) a la p), con ñ incluida. La última, p), es la cláusula abierta de remisión a ley o convenio.
- Los tres criterios de las graves se memorizan como legalidad, daño y descrédito.
- Truco de descarte: si la pregunta dice que el TREBEP tipifica una falta grave concreta, es falsa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Faltas muy graves, graves y leves. El artículo enumera las muy graves, de la a) a la p); las graves las tipifica la ley o, para el laboral, el convenio según tres criterios; las leves, las leyes de Función Pública.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 96
Sanciones. 1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones: a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años. d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca. e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. f) Apercibimiento. g) Cualquier otra que se establezca por ley. 2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. 3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.
Datos clave
- ¿Cuál es la duración máxima de la suspensión firme de funciones? → 6 años.
- ¿Qué comporta el despido disciplinario del personal laboral? → La inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaba.
- ¿En qué consiste la sanción de demérito? → En la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
- ¿Qué circunstancias determinan el alcance de cada sanción? → El grado de intencionalidad, descuido o negligencia, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia y el grado de participación.
- La letra g) exige ley: ni reglamento ni convenio pueden crear sanciones nuevas por sí solos según este artículo.
- Cuatro criterios para el alcance: intención, daño, reincidencia y participación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de sanciones: separación (funcionarios) y despido disciplinario (laborales) solo por faltas muy graves, suspensión firme hasta seis años, traslado forzoso, demérito, apercibimiento y las que fije una ley; con readmisión del laboral fijo si el despido es improcedente.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 98
Procedimiento disciplinario y medidas provisionales. 1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado. 2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. 3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión.
Datos clave
- ¿Cómo se imponen las sanciones por faltas leves? → Por procedimiento sumario con audiencia al interesado.
- ¿Cuál es la duración máxima de la suspensión provisional como medida cautelar? → 6 meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado.
- ¿Qué ocurre si la suspensión provisional no llega a convertirse en sanción definitiva? → La Administración restituye la diferencia entre lo percibido y lo que hubiera debido percibir, el tiempo computa como servicio activo y procede la inmediata reincorporación.
- ¿Qué separación debe garantizar el procedimiento disciplinario? → La separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos.
- Dos procedimientos, dos velocidades: muy graves y graves → procedimiento previo; leves → sumario con audiencia.
- Tres principios de estructura (eficacia, celeridad, economía procesal) más la regla de oro: instructor y sancionador, órganos distintos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Muy graves y graves exigen procedimiento previo con separación entre instructor y órgano sancionador; las leves van por procedimiento sumario con audiencia. La suspensión provisional no pasa de seis meses y su tiempo se abona.
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Artículo 136. Extensión.
1. Estarán obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados a los que se refiere el artículo 7.1.a) de esta ley, salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en el campo de aplicación de algún régimen especial de la Seguridad Social.
2. A los efectos de esta ley se declaran expresamente comprendidos en el apartado anterior:
a) Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, así como en cualquier otro de los sistemas especiales a que se refiere el artículo 11, establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
b) Los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de las sociedades de capital, aun cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.b).
c) Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, los consejeros y administradores de las sociedades de capital, siempre que no posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.b), cuando el desempeño de su cargo conlleve la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su condición de trabajadores por cuenta de la misma.
Estos consejeros y administradores quedarán excluidos de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial.
d) Los socios trabajadores de las sociedades laborales, cuya participación en el capital social se ajuste a lo establecido en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, y aun cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.e).
e) Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, los socios trabajadores de las sociedades laborales que, por su condición de administradores de las mismas, realicen funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su vinculación simultánea a la sociedad laboral mediante una relación laboral de carácter especial de alta dirección, y no posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.e).
Estos socios trabajadores quedarán excluidos de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial, salvo cuando el número de socios de la sociedad laboral no supere los veinticinco.
f) El personal contratado al servicio de notarías, registros de la propiedad y demás oficinas o centros similares.
g) Los trabajadores que realicen las operaciones de manipulación, empaquetado, envasado y comercialización del plátano, tanto si dichas labores se llevan a cabo en el lugar de producción del producto como fuera del mismo, ya provengan de explotaciones propias o de terceros y ya se realicen individualmente o en común mediante cualquier tipo de asociación o agrupación, incluidas las cooperativas en sus distintas clases.
h) Las personas que presten servicios retribuidos en entidades o instituciones de carácter benéfico-social.
i) Los laicos o seglares que presten servicios retribuidos en los establecimientos o dependencias de las entidades o instituciones eclesiásticas. Por acuerdo especial con la jerarquía eclesiástica competente se regulará la situación de los trabajadores laicos y seglares que presten sus servicios retribuidos a organismos o dependencias de la Iglesia y cuya misión primordial consista en ayudar directamente en la práctica del culto.
j) Los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares.
k) El personal civil no funcionario de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas siempre que no estén incluidos en virtud de una ley especial en otro régimen obligatorio de previsión social.
l) El personal funcionario al servicio de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas, incluido su periodo de prácticas, salvo que estén incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado o en otro régimen en virtud de una ley especial.
m) El personal funcionario a que se refiere la disposición adicional tercera, en los términos previstos en ella.
n) Los funcionarios del Estado transferidos a las comunidades autónomas que hayan ingresado o ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas propios de la comunidad autónoma de destino, cualquiera que sea el sistema de acceso.
ñ) Los altos cargos de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas, que no tengan la condición de funcionarios públicos.
o) Los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las Juntas Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares Canarios y Consejos Insulares Baleares que desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva o parcial, a salvo de lo previsto en los artículos 74 y 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
p) Los cargos representativos de las organizaciones sindicales constituidas al amparo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, que ejerzan funciones sindicales de dirección con dedicación exclusiva o parcial y percibiendo una retribución.
q) Cualesquiera otras personas que, por razón de su actividad, sean objeto de la asimilación prevista en el apartado 1 mediante real decreto, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Redactado el apartado 2.o) conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2016. Ref. BOE-A-2016-1320 .
Datos clave
- Se incluyen obligatoriamente en el Régimen General los trabajadores por cuenta ajena y asimilados del artículo 7.1.a), salvo que deban estar en un régimen especial.
- Comprende los Sistemas Especiales para Empleados de Hogar y para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios.
- Consejeros y administradores de sociedades de capital con funciones de dirección y gerencia, sin control de la sociedad, se asimilan y quedan excluidos de desempleo y del Fondo de Garantía Salarial.
- Los socios administradores de sociedades laborales asimilados quedan excluidos de desempleo y FOGASA salvo que la sociedad no supere los veinticinco socios.
- Incluye al personal funcionario, incluido su periodo de prácticas, salvo que esté en Clases Pasivas u otro régimen por ley especial.
- Incluye a altos cargos no funcionarios y a miembros de corporaciones locales con dedicación exclusiva o parcial.
- Otras asimilaciones se hacen mediante real decreto, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El art. 136 detalla, letra por letra, qué trabajadores y colectivos asimilados quedan expresamente incluidos en el Régimen General: desde los sistemas especiales de hogar y agrario hasta funcionarios, altos cargos, notarías o el sector del plátano.
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Artículo 28. Derechos individuales
1. El personal de la Administración de la Junta de Andalucía tendrá los derechos de carácter individual reconocidos en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en cualquier otra normativa estatal de carácter básico, en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico que le resulte de aplicación. Entre otros:
a) A la inamovilidad en la condición de personal funcionario de carrera.
b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.
c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.
d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
f) A la defensa jurídica y protección de la Administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.
g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.
h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.
i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
k) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
l) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
m) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
n) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.
ñ) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.
o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que le sea de aplicación.
p) A la libre asociación profesional.
q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
2. Además de los derechos del apartado 1, tendrá los siguientes derechos de carácter individual:
a) A participar en la identificación de los valores y en el diseño de las tareas a desarrollar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad administrativa donde preste sus servicios, a través de la formulación de propuestas y sugerencias, el trabajo en equipo y otros cauces participativos que puedan establecerse, así como a conocer los resultados obtenidos y participar en su evaluación.
b) A recibir información y formación, con ocasión de la incorporación a un órgano o unidad administrativa, acerca de los objetivos y funciones de aquellos, de su dependencia orgánica y jerárquica, de las tareas de su puesto de trabajo, así como de cualesquiera otros aspectos relativos a la prestación del servicio. Asimismo, se dispondrá de un sistema de gestión del conocimiento que facilite la formación de la persona que deja el puesto a la persona que se incorpora.
c) A colaborar en la consecución de los objetivos de proyectos transversales institucionales abiertos a la participación de personal de distintas unidades u órganos, promovidos por la Junta de Andalucía o por otras entidades de carácter nacional o internacional.
d) A participar en procesos de innovación, así como en los de modernización tecnológica, conforme a lo que se establezca en la planificación en estas materias.
e) A recibir la formación y la información necesarias para el desarrollo de su trabajo y de su carrera profesional, incluyendo el acceso al expediente personal, todo ello con respeto de la normativa aplicable en materia de datos personales.
f) A la movilidad conforme a la normativa vigente.
3. De acuerdo con lo establecido en la normativa estatal de carácter básico y en la normativa sectorial, el personal de la Administración de la Junta de Andalucía tendrá derecho a una protección eficaz, homogénea y conjunta en materia de seguridad y salud con motivo del desarrollo del trabajo.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de sus responsabilidades de velar por la seguridad y la salud del personal a su servicio, formalizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva y la adopción de cuantas medidas preventivas y organizativas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de su personal.
En cumplimiento del derecho del personal a una protección eficaz, la Administración de la Junta de Andalucía deberá garantizar, en los términos previstos en la normativa estatal de carácter básico, los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente, y de vigilancia de su estado de salud.
Datos clave
- Derechos individuales: inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, desempeño efectivo de funciones y progresión en la carrera profesional.
- Derecho a la formación continua y actualización permanente, preferentemente en horario laboral.
- Derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales y frente a videovigilancia y geolocalización, y a la desconexión digital.
- Derecho a la defensa jurídica y protección de la Administración en procedimientos derivados del ejercicio legítimo de sus funciones.
- Derechos adicionales: participar en el diseño de tareas y objetivos, recibir información y formación al incorporarse y participar en procesos de innovación.
- Derecho a un sistema de gestión del conocimiento que facilite la formación de quien se incorpora por quien deja el puesto.
- Derecho a una protección eficaz, homogénea y conjunta en seguridad y salud, incluida la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de derechos individuales del personal de la Junta de Andalucía: los del TREBEP y normativa básica (lista abierta), seis derechos propios de participación, formación y movilidad, y la protección en seguridad y salud.
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Artículo 29. Derechos individuales ejercidos colectivamente
De acuerdo con el artículo 15 de texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa estatal de carácter básico, el personal de la Administración de la Junta de Andalucía tendrá los siguientes derechos de carácter individual que se ejercen de forma colectiva:
a) A la libertad sindical.
b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
e) Al de reunión, en los términos establecidos en la normativa estatal de carácter básico.
En su ejercicio se tendrá en cuenta lo establecido en el título VII.
Datos clave
- Son derechos individuales que se ejercen de forma colectiva, conforme al artículo 15 del texto refundido del EBEP.
- Libertad sindical y negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
- Huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- Planteamiento de conflictos colectivos y derecho de reunión.
- En su ejercicio se tiene en cuenta lo establecido en el título VII.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal de la Junta tiene cinco derechos individuales que se ejercen colectivamente: libertad sindical, negociación colectiva, huelga, conflictos colectivos y reunión, según el artículo 15 del TREBEP.
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Artículo 33. Deberes
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal incluido en el ámbito de aplicación de la ley deberá desempeñar con diligencia las tareas que tenga asignadas y velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía para Andalucía y del resto del ordenamiento jurídico, con arreglo a los principios mencionados en el citado precepto que inspiran el código de conducta del personal empleado público, y con respeto a la igualdad entre mujeres y hombres y promoción del entorno cultural y medioambiental.
2. Son deberes de este personal los principios éticos y de conducta regulados en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en cualquier otra normativa estatal de carácter básico, en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
3. Lo dispuesto en el apartado 2 resulta aplicable al personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz.
Datos clave
- Remite al artículo 52 del texto refundido del EBEP.
- Deber de desempeñar con diligencia las tareas asignadas y velar por los intereses generales.
- Con sujeción a la Constitución, al Estatuto de Autonomía para Andalucía y al resto del ordenamiento.
- Con respeto a la igualdad entre mujeres y hombres y promoción del entorno cultural y medioambiental.
- Los deberes se aplican también al personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal de la Junta debe trabajar con diligencia y velar por los intereses generales, sujeto a la Constitución, el Estatuto andaluz y el ordenamiento, con los principios éticos y de conducta del TREBEP como deberes.
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Artículo 34. Responsabilidad
1. El personal será responsable de la buena gestión pública que tenga encomendada en el ejercicio de las funciones que le son propias, y de contribuir a los objetivos de la unidad administrativa, equipo o grupo de trabajo del que forme parte, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder a las personas de superior jerarquía.
Tales funciones serán, en su caso, las que le correspondan por su designación como miembro del consejo de administración, patronato, máximo órgano de gobierno u órgano liquidador de entidades públicas, privadas y consorcios.
2. Cuando la Administración deba indemnizar a una persona o entidad como consecuencia del daño o perjuicio causado por su personal por dolo, culpa o negligencia graves en el ejercicio de sus funciones, exigirá de oficio en vía administrativa la correspondiente responsabilidad a quien hubiese incurrido en ella, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público, y sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria en que también pudiese incurrir, mediante la instrucción del correspondiente procedimiento con audiencia de la persona interesada.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente aplicable cuando el personal cause daño o perjuicio a los bienes o derechos de la Administración pública por dolo, culpa o negligencia graves.
3. La responsabilidad penal y civil se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.
Datos clave
- El personal responde de la buena gestión pública encomendada y de contribuir a los objetivos de su unidad.
- Cuando la Administración indemniza por daños causados por su personal con dolo, culpa o negligencia graves, exige de oficio la responsabilidad en vía administrativa.
- Se sigue un procedimiento con audiencia de la persona interesada, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria.
- Igual régimen cuando se causa daño a los bienes o derechos de la propia Administración por dolo, culpa o negligencia graves.
- La responsabilidad penal y civil se exige conforme a la legislación correspondiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El empleado responde de su gestión y de los objetivos de su unidad; si la Administración indemniza por un daño causado con dolo, culpa o negligencia graves, le exige de oficio la responsabilidad en vía administrativa.
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Artículo 42. Principios del sistema de incompatibilidades
1. No procederá autorización de compatibilidad para un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, de acuerdo con lo previsto en esta ley y salvo los supuestos legalmente previstos.
2. En ningún caso se podrán compatibilizar las actividades públicas con el ejercicio, por sí o mediante sustitución, de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, por cuenta propia o ajena, retribuido o no, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes, comprometer la imparcialidad o independencia o perjudicar a los intereses generales, ni con actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, que se relacionen directamente con las que desarrolle la Consejería, departamento, entidad o institución donde se preste servicio.
3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 resulta aplicable al personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz.
Datos clave
- No procede autorizar compatibilidad para un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público, salvo supuestos legalmente previstos.
- No pueden compatibilizarse actividades que impidan o menoscaben el cumplimiento de los deberes o comprometan la imparcialidad o independencia.
- Tampoco actividades privadas que se relacionen directamente con las de la Consejería, entidad o institución donde se presta servicio.
- Se aplica también al personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
No cabe compatibilidad para un segundo puesto en el sector público salvo supuestos legales, ni con actividades que comprometan deberes, imparcialidad o intereses generales o relacionadas con el propio departamento.
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Artículo 43. Dedicación exclusiva a las funciones públicas
1. No se reconocerá compatibilidad para el desarrollo de actividades privadas y, por tanto, ejercerán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva:
a) El personal directivo público profesional funcionario de carrera o laboral fijo.
b) El personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía que ocupe puestos incluidos en la relación de puestos de trabajo, cuando sus retribuciones complementarias o complemento de puesto incluyan el factor de incompatibilidad.
c) El personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz, cuando en sus retribuciones se contemple un complemento que incluya expresamente el factor de incompatibilidad.
d) El personal funcionario docente no universitario, cuando su retribución incluya la percepción de complemento específico, o concepto equiparable, cuya cuantía supere el treinta por ciento de sus retribuciones básicas.
e) El personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, cuando perciba el complemento específico por dedicación exclusiva contemplado en su normativa específica.
f) El personal al servicio de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando así se contemple en la normativa aplicable para los cuerpos especiales y generales de la Administración de Justicia.
g) El personal no incluido en las letras anteriores le será aplicable la normativa general o sectorial sobre incompatibilidades que le corresponda en función de su régimen jurídico y de retribuciones.
2. En todo caso, en aplicación de las limitaciones de la normativa vigente, no podrá reconocerse la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo cuya retribución incluya la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, si su cuantía supera los límites que la normativa vigente determine, en relación con sus retribuciones básicas, excluidos los complementos de antigüedad.
Datos clave
- Ejercen en dedicación exclusiva, sin compatibilidad para actividades privadas, el personal directivo público profesional funcionario o laboral fijo.
- También el personal de la Administración General cuyas retribuciones complementarias o complemento de puesto incluyan el factor de incompatibilidad.
- Personal docente no universitario: cuando su complemento específico supere el treinta por ciento de sus retribuciones básicas.
- Personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud: cuando perciba el complemento específico por dedicación exclusiva.
- No cabe compatibilidad si el complemento específico supera los límites de la normativa vigente, excluidos los complementos de antigüedad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista quién ejerce en dedicación exclusiva sin compatibilidad para actividades privadas: directivos, personal con factor de incompatibilidad, docentes con específico superior al 30 %, estatutarios del SAS y Justicia.
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Artículo 50. Promoción profesional del personal funcionario de carrera
1. El personal funcionario de carrera tiene derecho a la promoción profesional, que se articulará a través de la carrera profesional, entendida como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
2. Serán objeto de negociación colectiva las normas que fijen los criterios generales en materia de carrera profesional.
3. La carrera profesional, que tendrá carácter individual, voluntario, progresivo y retribuido, se desarrollará a través de las siguientes modalidades:
a) Carrera horizontal, que consiste en el reconocimiento del desarrollo profesional y del desempeño sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo mediante su provisión.
c) Promoción interna horizontal, que supone el acceso a otro cuerpo o especialidad dentro del mismo subgrupo o grupo de pertenencia.
d) Promoción interna vertical, que supone el ascenso desde un subgrupo o grupo de clasificación hasta otro subgrupo o grupo superior.
Datos clave
- La promoción profesional se articula a través de la carrera profesional, conforme a igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
- Los criterios generales de carrera profesional son objeto de negociación colectiva.
- La carrera tiene carácter individual, voluntario, progresivo y retribuido.
- Modalidades: carrera horizontal, carrera vertical, promoción interna horizontal y promoción interna vertical.
- La carrera horizontal no exige cambiar de puesto; la vertical supone ascender en la estructura de puestos mediante su provisión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El funcionario de carrera tiene derecho a la promoción profesional mediante una carrera individual, voluntaria, progresiva y retribuida con cuatro modalidades: horizontal, vertical y promoción interna horizontal y vertical.
Esquema
| Horizontal | Vertical | |
|---|---|---|
| Carrera | Sin cambiar de puesto | Ascenso en la estructura de puestos |
| Promoción interna | Otro cuerpo o especialidad del mismo grupo | A un subgrupo o grupo superior |
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Artículo 52. Concepto
1. La carrera horizontal consiste en el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado y del desempeño, a través del ascenso en un sistema de tramos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, de acuerdo con la valoración positiva, objetiva y reglada que se establece en el apartado 2, conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
El derecho a la carrera horizontal no se verá limitado por ninguna causa organizativa ni de ordenación de puestos de trabajo.
2. A estos efectos, se podrán valorar, entre otros, la trayectoria y actuación profesional; la calidad de los trabajos realizados en materia de innovación, creación o gestión de nuevo conocimiento, competencias digitales y colaboración en equipos de trabajo multidisciplinares; la formación y, en su caso, la participación en actividades de gestión del conocimiento, docencia o investigación en líneas de interés para la organización; los conocimientos adquiridos; las competencias adquiridas y que hayan sido acreditadas o reconocidas; el resultado de la evaluación del desempeño; la colaboración voluntaria en la ejecución de acuerdos o convenios formalizados por la Administración de la Junta de Andalucía con otras Administraciones públicas para la consecución de objetivos comunes; así como otros méritos y aptitudes que puedan establecerse por razón de la especificidad de la función desarrollada, la participación en proyectos institucionales y la experiencia obtenida, todo ello en los términos que se establezcan reglamentariamente, previa negociación colectiva.
3. El acceso a los diferentes tramos tendrá, en todo caso, carácter consecutivo y, una vez alcanzados, se considerarán consolidados.
4. El personal funcionario interino tiene derecho a la carrera horizontal en los mismos términos que el personal funcionario de carrera, de la forma que resulte adecuada a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento.
Datos clave
- La carrera horizontal reconoce el desarrollo profesional y el desempeño mediante ascenso en un sistema de tramos, sin cambiar de puesto.
- No puede verse limitada por ninguna causa organizativa ni de ordenación de puestos.
- Se valoran, entre otros, la trayectoria profesional, la formación, las competencias acreditadas y el resultado de la evaluación del desempeño.
- El acceso a los tramos es consecutivo y, una vez alcanzados, se consideran consolidados.
- El personal funcionario interino tiene derecho a la carrera horizontal en los mismos términos, adaptada a su condición temporal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La carrera horizontal reconoce el desarrollo y desempeño mediante tramos sin cambiar de puesto; los tramos son consecutivos y se consolidan, y el interino también tiene derecho a ella.
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Artículo 57. Criterios generales
1. La Administración establecerá los mecanismos que faciliten el acceso a otros cuerpos y especialidades mediante la promoción interna, que se regirá por lo dispuesto en la normativa estatal de carácter básico, en esta ley y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.
2. La Administración incentivará la participación del personal en los procesos de promoción interna para la progresión en la carrera profesional, a través de las siguientes medidas:
a) La oferta de empleo público o instrumento similar incluirá un mínimo del veinticinco por ciento de plazas para la promoción interna, las cuales podrán proveerse en la misma convocatoria del turno de acceso libre o mediante una convocatoria independiente.
b) Las convocatorias establecerán exenciones de pruebas y/o reducción de temarios respecto de conocimientos ya acreditados para acceder al cuerpo o especialidad de procedencia.
También podrán incluir otro tipo de pruebas no destinadas a acreditar conocimientos pero que sí permitan demostrar que se dispone de las competencias necesarias para acceder al nuevo cuerpo o especialidad. Reglamentariamente, se establecerán los criterios generales a los que se sujetarán estas pruebas que, en todo caso, deberán ajustarse a los principios de objetividad y publicidad.
c) En la oferta de adjudicación de destinos se concederá preferencia para elegir los puestos ofertados a quienes accedan por el sistema de promoción interna sobre quienes lo hagan por el turno de acceso libre.
d) Quienes accedan por promoción interna a cualquiera de los cuerpos o especialidades convocados tendrán derecho a que se les adjudique destino en el puesto que estén desempeñando, siempre que dicho puesto también esté adscrito al cuerpo o especialidad al que promocionen.
e) Se organizarán cursos y otras actividades formativas destinadas a proporcionar la formación necesaria a quienes vayan a participar en la promoción interna. Podrá establecerse que estos cursos y actividades formativas puedan sustituir alguna de las pruebas del proceso selectivo, en la forma que reglamentariamente se determine, previa negociación colectiva.
f) Se podrán organizar procesos de promoción interna mediante la superación de cursos u otras actividades formativas que tendrán carácter selectivo. Las condiciones para ello se establecerán reglamentariamente, previa negociación colectiva, permitiendo en todo caso el acceso a todo el personal que reúna los requisitos para participar en cada proceso de promoción interna. No obstante, solo podrá superar dichos cursos o actividades formativas un número de personas equivalente, como máximo, al de las plazas incluidas en la respectiva convocatoria.
Datos clave
- La oferta de empleo público incluye un mínimo del veinticinco por ciento de plazas para promoción interna.
- Estas plazas pueden convocarse junto con el turno libre o en convocatoria independiente.
- Las convocatorias establecen exenciones de pruebas o reducción de temarios respecto de conocimientos ya acreditados.
- Quienes acceden por promoción interna tienen preferencia para elegir destino sobre el turno libre.
- Derecho a que se adjudique destino en el puesto desempeñado si también está adscrito al nuevo cuerpo o especialidad.
- Pueden organizarse procesos de promoción mediante cursos selectivos, que solo puede superar un número de personas igual, como máximo, al de plazas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Junta incentiva la promoción interna: al menos el 25 % de plazas de la oferta, exenciones de pruebas, preferencia en destinos, destino en el propio puesto y cursos que pueden sustituir pruebas o ser selectivos.
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Artículo 58. Modalidades de promoción interna
1. Las modalidades de promoción interna son las siguientes:
a) Promoción interna horizontal: supone el acceso a otro cuerpo o especialidad dentro del mismo subgrupo o grupo de pertenencia.
b) Promoción interna vertical: supone el ascenso desde un subgrupo o grupo de clasificación hasta otro subgrupo o grupo superior, de acuerdo con la regulación establecida por la normativa estatal de carácter básico.
El personal funcionario de carrera del subgrupo C1 que reúna la titulación exigida podrá promocionar al subgrupo A2 sin necesidad de pasar por el grupo B, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. La promoción interna se llevará a cabo a través del sistema selectivo de concurso-oposición o de actividades formativas selectivas.
Datos clave
- Promoción interna horizontal: acceso a otro cuerpo o especialidad dentro del mismo subgrupo o grupo.
- Promoción interna vertical: ascenso a un subgrupo o grupo de clasificación superior.
- El personal del subgrupo C1 con la titulación exigida puede promocionar al subgrupo A2 sin pasar por el grupo B.
- La promoción interna se realiza por concurso-oposición o por actividades formativas selectivas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hay promoción interna horizontal (otro cuerpo del mismo grupo o subgrupo) y vertical (a un grupo o subgrupo superior); el C1 puede saltar al A2 sin pasar por el B, y se promociona por concurso-oposición o actividades formativas selectivas.
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Artículo 59. Concepto
1. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional del personal funcionario y el rendimiento o el logro de resultados, con la finalidad de mejorar la eficiencia de la Administración y la calidad de los servicios públicos.
2. Serán objeto de negociación colectiva las normas y criterios generales en materia de evaluación del desempeño.
3. La evaluación del desempeño tendrá como finalidad la mejora de la gestión pública y del rendimiento del personal, mediante la valoración del cumplimiento de objetivos, de la profesionalidad y de las competencias adquiridas, y que hayan sido acreditadas o reconocidas, en el ejercicio de las tareas asignadas, y se fundamenta en la cultura del aprendizaje permanente.
4. La evaluación del desempeño se guiará por los siguientes principios:
a) Transparencia.
b) Objetividad.
c) Fiabilidad de los instrumentos.
d) Periodicidad.
e) Adaptación a las funciones desarrolladas.
f) Imparcialidad.
g) No discriminación.
h) Publicidad.
Datos clave
- La evaluación del desempeño mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados.
- Su finalidad es mejorar la eficiencia de la Administración y la calidad de los servicios públicos.
- Las normas y criterios generales en la materia son objeto de negociación colectiva.
- Se fundamenta en la cultura del aprendizaje permanente.
- Principios: transparencia, objetividad, fiabilidad de los instrumentos, periodicidad, adaptación a las funciones, imparcialidad, no discriminación y publicidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La evaluación del desempeño mide y valora la conducta profesional y el rendimiento del funcionario para mejorar la eficiencia y los servicios; sus criterios se negocian y se rige por ocho principios.
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Artículo 60. Sistemas y criterios de valoración
1. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a lo previsto en la normativa estatal de carácter básico y en esta ley, y se orientarán a la consecución de los objetivos previamente establecidos por la Administración, a la mejor gestión pública, a la promoción profesional y a la implicación del personal en la definición de dichos objetivos y se podrán utilizar en la revisión de los distintos puestos de trabajo, así como en el diseño y revisión de los procesos de formación, provisión y selección.
Los sistemas de evaluación del desempeño deberán ser transparentes, haciendo pública, de manera clara, accesible y constante, la información sobre los criterios, el procedimiento y los efectos de la evaluación, bajo los principios de imparcialidad y objetividad, de forma que el personal empleado público pueda conocer cuáles son los órganos técnicos evaluadores, cómo adoptan sus decisiones y cuáles son los objetivos perseguidos.
2. Reglamentariamente, previa negociación colectiva, se crearán comisiones de seguimiento de la evaluación del desempeño, órganos colegiados y paritarios con participación de la Administración y las organizaciones sindicales, para la valoración global de los procesos realizados y los resultados obtenidos, así como formular propuestas de mejora de dichos resultados. Estas comisiones serán objeto de desarrollo para cada ámbito sectorial de personal. Reglamentariamente, previa negociación colectiva, se determinarán las funciones y sistemas de las mismas.
3. La valoración de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados podrá tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) El grado de interés, la iniciativa, la aptitud y la actitud con los que se realice el trabajo, incluida la acreditación de competencias a través de la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional.
b) La contribución al logro de los objetivos del órgano o de la unidad administrativa correspondiente y, en su caso, la consecución de los objetivos profesionales que se fijen.
c) La participación en procesos de innovación y formativos, proyectos institucionales y de buenas prácticas en favor de la excelencia y la normalización y racionalización de procesos, y en procesos de gestión y generación de nuevo conocimiento, para la mejora de la organización y gestión administrativas.
d) La conducta profesional se valorará conforme al código de conducta establecido en el capítulo VI del título III del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y se presumirá positiva, salvo valoración negativa expresa y motivada.
4. Reglamentariamente, se establecerán, previa negociación colectiva, los sistemas de evaluación del desempeño, la atribución de competencias para efectuar la evaluación con criterios objetivos y la periodicidad con la que se llevará a cabo, así como también se regularán los órganos técnicos de carácter colegiado a los que corresponda la revisión de las evaluaciones realizadas.
5. Para que los sistemas de evaluación del desempeño entren en funcionamiento y produzcan efectos en los términos previstos por esta ley, será preciso que las Consejerías, agencias y órganos vinculados o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía implementen, con carácter previo y de forma efectiva, su instrumento de planificación estratégica, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria decimoprimera.
Datos clave
- Los sistemas de evaluación del desempeño deben ser transparentes e informar de criterios, procedimiento y efectos.
- Se crearán comisiones de seguimiento, órganos colegiados y paritarios con la Administración y las organizaciones sindicales.
- Criterios: interés, iniciativa, aptitud y actitud; contribución a los objetivos; participación en innovación y formación; conducta profesional.
- La conducta profesional se valora conforme al código de conducta del EBEP y se presume positiva, salvo valoración negativa expresa y motivada.
- Para que produzcan efectos, cada Consejería, agencia u órgano debe implementar antes su instrumento de planificación estratégica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los sistemas de evaluación deben ser transparentes y orientados a objetivos; se crean comisiones paritarias de seguimiento, la conducta se presume positiva y no funcionan sin planificación estratégica previa.
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Artículo 61. Efectos de la evaluación del desempeño para el personal funcionario
1. La obtención de resultados positivos en la evaluación del desempeño será condición necesaria para la percepción de las retribuciones vinculadas al desempeño y para ascender en los diferentes tramos de carrera horizontal a los que se refiere el artículo 53 de esta ley.
Asimismo, en los términos que reglamentariamente se determinen, previa negociación colectiva, podrá ser requisito necesario para que el tiempo de trabajo desarrollado durante el período evaluado sea valorado como mérito de experiencia en los procesos selectivos y de provisión.
La obtención por primera vez de un resultado negativo en la evaluación del desempeño dará lugar a la participación de la persona afectada en un programa de formación específico para la mejora de sus conocimientos y competencias profesionales en relación con el puesto de trabajo ocupado durante el período evaluado.
2. Asimismo, en los términos que, previa negociación colectiva, se prevean reglamentariamente, la obtención continuada de tres o más resultados negativos y consecutivos en la evaluación del desempeño podrá dar lugar a la remoción del puesto obtenido por concurso, previa audiencia de la persona interesada y mediando resolución motivada.
En caso de remoción del puesto de trabajo, la persona funcionaria de carrera afectada será adscrita, con carácter provisional, a otro puesto de trabajo en la misma localidad, cuando esto último sea posible, respetando el tramo de carrera profesional consolidado y sin que resulte de aplicación en estos casos lo previsto en el artículo 131, apartado 3, de esta ley.
3. El personal funcionario interino estará sometido a evaluación del desempeño en los mismos términos que el personal funcionario de carrera, de la forma que resulte adecuada a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento. En caso de cese, no resultará aplicable la adscripción provisional regulada en el segundo párrafo del apartado 2.
4. Los resultados individuales de la evaluación del desempeño deberán anotarse en el Registro de Personal de la Administración de la Junta de Andalucía.
Datos clave
- Resultados positivos en la evaluación del desempeño son condición necesaria para percibir retribuciones vinculadas al desempeño y ascender de tramo.
- El primer resultado negativo conlleva participar en un programa de formación específico.
- Tres o más resultados negativos y consecutivos pueden dar lugar a la remoción del puesto obtenido por concurso, previa audiencia y resolución motivada.
- La persona removida se adscribe provisionalmente a otro puesto en la misma localidad cuando sea posible, respetando el tramo consolidado.
- Los resultados individuales se anotan en el Registro de Personal de la Administración de la Junta de Andalucía.
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Aprobar la evaluación es necesario para cobrar las retribuciones por desempeño y subir de tramo; un primer suspenso lleva a formación y tres negativos consecutivos pueden suponer la remoción del puesto de concurso.
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Artículo 64. Retribuciones del personal funcionario
1. Las retribuciones del personal funcionario se clasifican en básicas personales y complementarias. En estas retribuciones se incluyen asimismo las pagas extraordinarias.
2. El personal funcionario no podrá percibir participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones públicas como contraprestación de cualquier servicio, ni tener participación directa o indirecta o premio relacionados con multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.
3. El personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía solo podrá ser retribuido por los conceptos que se indican en esta ley, sin perjuicio de lo que se disponga en la normativa estatal de carácter básico.
Datos clave
- Las retribuciones del personal funcionario se clasifican en básicas personales y complementarias, e incluyen las pagas extraordinarias.
- Prohibido percibir participación en tributos u otros ingresos públicos como contraprestación de un servicio.
- Prohibida la participación o premio relacionados con multas impuestas.
- Solo se puede retribuir por los conceptos de la ley, sin perjuicio de la normativa estatal básica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las retribuciones del funcionario son básicas personales y complementarias, pagas extraordinarias incluidas; no puede cobrar participaciones en tributos ni premios ligados a multas, y solo por los conceptos de la ley.
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Artículo 79. Régimen de la Seguridad Social y derechos pasivos del personal funcionario al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía
El régimen de Seguridad Social del personal funcionario propio y de nuevo ingreso en la Administración General de la Junta de Andalucía, del personal funcionario procedente de otras Administraciones y del personal funcionario que haya ingresado voluntariamente en cuerpos propios de la Administración General de la Junta de Andalucía será el establecido por la normativa estatal que resulte de aplicación.
Datos clave
- El régimen de Seguridad Social del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía es el de la normativa estatal aplicable.
- Comprende al personal funcionario propio y de nuevo ingreso.
- También al procedente de otras Administraciones y al que haya ingresado voluntariamente en cuerpos propios de la Junta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley andaluza no crea un régimen propio de Seguridad Social: a los funcionarios de la Administración General de la Junta se les aplica la normativa estatal, sea cual sea su procedencia.
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Artículo 82. Negociación colectiva
1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo del personal que presta servicios en las Administraciones públicas de Andalucía estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, confianza legítima, publicidad, transparencia, mutua lealtad y cooperación, y se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en el artículo 6, apartado 3. c ) y en el artículo 7, apartados 1 y 2, de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo previsto en este título y en la normativa estatal de carácter básico.
2. A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimadas para estar presentes, además de la representación de la Administración pública correspondiente, las organizaciones sindicales determinadas por la normativa estatal de carácter básico.
3. La Administración facilitará los recursos materiales y humanos necesarios para el adecuado funcionamiento de sus Mesas de Negociación.
Datos clave
- Principios: legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, confianza legítima, publicidad, transparencia, mutua lealtad y cooperación.
- Se ejerce mediante la capacidad representativa de las organizaciones sindicales reconocida en la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical.
- Se constituyen Mesas de Negociación con la Administración y las organizaciones sindicales legitimadas.
- La Administración facilita los recursos materiales y humanos para su funcionamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La negociación colectiva en las Administraciones andaluzas se rige por nueve principios y se canaliza a través de Mesas de Negociación con la Administración y los sindicatos legitimados, a las que la Administración da medios.
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Artículo 86. Órganos de representación
1. Los órganos específicos de representación del personal funcionario y estatutario son los delegados y las delegadas de personal y las juntas de personal.
La adquisición de la condición de delegado o delegada de personal, así como la de miembro de una junta de personal, no supondrá, en ningún caso, la modificación de la relación jurídica que le vincula a la Administración, o la existencia de derechos diferentes a los que le confieren la normativa estatal de carácter básico y los acuerdos y pactos entre la Administración pública y las organizaciones sindicales en cada ámbito o Administración.
2. En la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de los acuerdos que en cada Mesa de Negociación se pudieran adoptar, existirán las siguientes unidades electorales, en las que se contendrán la totalidad de las unidades administrativas incluidas en su ámbito:
a) En el sector del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía existirán nueve unidades electorales, a razón de una por cada provincia y otra diferenciada para los servicios centrales de las Consejerías y agencias administrativas y de régimen especial con sede en Sevilla. Los servicios centrales de Consejerías y agencias administrativas y de régimen especial que radiquen en provincia diferente a Sevilla se integrarán, a estos efectos, en la unidad electoral de la provincia de que se trate.
b) En el sector del personal docente en los centros públicos no universitarios de Andalucía, una por cada provincia.
c) En el sector del personal al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, una por cada centro directivo sanitario.
d) En el sector del personal de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una por cada provincia.
3. En cada Universidad pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía existirán dos unidades electorales para el personal funcionario, una de ellas para el personal funcionario de los cuerpos docentes e investigadores y la otra para el personal funcionario de administración y servicios.
4. Cada Administración pública incluida en el ámbito de la aplicación de esta ley dispondrá de un registro de órganos de representación del personal al servicio de las mismas y de las entidades públicas instrumentales vinculadas o dependientes de ellas, en el que serán objeto de inscripción o anotación, en los términos que reglamentariamente se determinen, al menos:
a) Los actos adoptados en su ámbito que afecten a la creación, modificación o supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral.
b) La creación, modificación o supresión de secciones sindicales.
c) Los miembros de dichos órganos de representación y los delegados y las delegadas sindicales.
d) Los créditos horarios, sus cesiones y las liberaciones sindicales que se deriven de la aplicación de normas o pactos que afecten a la obligación o al régimen de asistencia al trabajo.
La creación y el tratamiento de estos registros se ajustarán a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
Datos clave
- Órganos de representación del personal funcionario y estatutario: delegados y delegadas de personal y juntas de personal.
- Ser delegado o miembro de junta no modifica la relación jurídica con la Administración.
- Personal funcionario de la Administración General: nueve unidades electorales, una por provincia y otra para los servicios centrales con sede en Sevilla.
- Docentes no universitarios y Administración de Justicia: una unidad por provincia; Servicio Andaluz de Salud: una por centro directivo sanitario.
- En cada Universidad pública andaluza hay dos unidades electorales para el personal funcionario.
- Cada Administración dispone de un registro de órganos de representación del personal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Delegados y juntas de personal representan al funcionario y estatutario; la ley fija las unidades electorales de la Junta y de las universidades y obliga a cada Administración a llevar un registro de órganos de representación.
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Artículo 165. Responsabilidad disciplinaria
1. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley queda sujeto al régimen disciplinario establecido en la normativa estatal de carácter básico y en este título, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas sectoriales, laborales y los convenios colectivos que sean de aplicación.
2. Incurren en responsabilidad disciplinaria las personas autoras de las faltas, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de las mismas de acuerdo con el artículo 94, apartado 1, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
La responsabilidad disciplinaria de las personas inductoras y encubridoras se exigirá de conformidad con lo previsto en la normativa estatal de carácter básico.
3. De no ser posible el cumplimiento de la sanción por hallarse el personal funcionario en situación administrativa que lo impida, esta se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción de la sanción.
4. La pérdida de la condición de personal funcionario o laboral impide la exigencia de responsabilidad disciplinaria, pero no libera de la responsabilidad patrimonial o penal exigible de acuerdo con el artículo 94, apartado 1, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
5. Dentro del plazo de prescripción de las faltas, podrá exigirse responsabilidad disciplinaria si se adquiere nuevamente la condición de personal funcionario o laboral o, en el caso del personal funcionario interino o laboral temporal, al reincorporarse a la prestación de servicios en la correspondiente Administración.
Datos clave
- El personal queda sujeto al régimen disciplinario de la normativa estatal básica y de este título.
- Incurren en responsabilidad disciplinaria las personas autoras de las faltas; la de inductoras y encubridoras se rige por la normativa básica.
- Si la situación administrativa impide cumplir la sanción, se ejecuta al cambiar de situación, salvo prescripción.
- La pérdida de la condición de funcionario o laboral impide exigir responsabilidad disciplinaria, pero no libera de la patrimonial o penal.
- Dentro del plazo de prescripción puede exigirse si se readquiere la condición o se reincorpora el personal interino o temporal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Régimen disciplinario: a quién se aplica, quién responde, qué pasa si la sanción no puede cumplirse, si se pierde la condición de empleado o si se vuelve a adquirir dentro del plazo de prescripción.
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Artículo 167. Concepto y clasificación de las faltas disciplinarias
1. Son faltas disciplinarias las acciones u omisiones tipificadas en la normativa estatal de carácter básico, en esta ley y, en su caso, en los convenios colectivos que sean de aplicación.
2. De conformidad con lo establecido en la normativa estatal de carácter básico, las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves.
Datos clave
- Son faltas disciplinarias las acciones u omisiones tipificadas en la normativa estatal básica, en esta ley y en los convenios colectivos.
- Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves.
- La clasificación se hace de conformidad con la normativa estatal de carácter básico.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las faltas disciplinarias son las acciones u omisiones tipificadas en la normativa estatal básica, en esta ley y, en su caso, en convenios; se clasifican en muy graves, graves y leves.
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Artículo 169. Faltas graves
Son faltas graves las siguientes:
a) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de las personas jerárquicamente superiores relativas al desempeño del puesto de trabajo, salvo los supuestos en que dicho incumplimiento constituya falta muy grave de acuerdo con la normativa estatal de carácter básico.
b) Las actuaciones u omisiones que impidan o dificulten de forma deliberada el cumplimiento de las obligaciones o la consecución de los objetivos de la unidad administrativa de destino.
c) El incumplimiento de las disposiciones en materia de incompatibilidades cuando no constituya falta muy grave.
d) La intervención, por dolo o negligencia inexcusable, en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
e) La emisión de informes, la adopción de decisiones, resoluciones o acuerdos o la realización de actuaciones manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio no grave a la Administración o a la ciudadanía.
f) El incumplimiento grave de las obligaciones impuestas por la normativa de prevención de riesgos laborales, entendiendo como tal aquel del que puedan derivarse riesgos graves para la seguridad, o la salud de las personas, o la integridad física o psíquica de otro trabajador o trabajadora, o de terceras personas.
g) La agresión verbal o el trato irrespetuoso graves a cualquier persona con la cual se relacione en el ejercicio de las funciones.
h) La tolerancia de las personas jerárquicamente superiores respecto de la comisión de faltas graves de su personal subordinado.
i) Causar daños graves por negligencia grave o intencionadamente en el patrimonio de la Administración.
j) El descuido y negligencia en la conservación de los locales, material y documentación de los servicios, si causan perjuicio grave.
k) La negligencia grave en el deber de discreción profesional y de reserva respecto de los asuntos que conozca por razón del puesto de trabajo que sea causa de su publicidad o que provoque su difusión o conocimiento indebido, cuando causen perjuicio a la Administración.
l) La utilización indebida, para sí o para terceras personas, de forma reiterada, de los medios, incluidos los telemáticos, que la Administración pública ha puesto a su disposición para el cumplimiento de sus funciones.
m) El incumplimiento de la obligación de no aceptar regalos, trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificados provenientes de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
n) El consumo de alcohol, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que, en el ejercicio de sus funciones, ponga en peligro la integridad física de otras personas o afecte al funcionamiento del servicio.
ñ) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de seis meses, cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve.
o) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que suponga un mínimo de diez horas al mes.
p) Las faltas reiteradas de puntualidad, sin causa justificada, que supongan un mínimo de siete faltas de puntualidad al mes.
q) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que se detecten incumplimientos injustificados de la jornada y el horario de trabajo.
r) No prestar la colaboración que sea requerida en la instrucción de un procedimiento disciplinario, incluida la incomparecencia injustificada como testigo.
s) Haber sido declarada persona responsable de ocasionar menoscabo en los fondos públicos por la comisión de alguna de las infracciones previstas en la normativa de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, siempre que no constituya falta muy grave.
t) La comisión de una tercera falta leve en un período de seis meses, cuando en dicho período la persona infractora hubiera sido sancionada por dos faltas leves en virtud de resolución firme en vía administrativa.
u) El incumplimiento injustificado o inmotivado de trámites procedimentales y plazos, cuando causen un perjuicio grave a la Administración o a la ciudadanía.
Datos clave
- Es falta grave el incumplimiento de órdenes o instrucciones de superiores relativas al puesto, salvo que sea muy grave.
- Es falta grave la tercera falta injustificada de asistencia en seis meses cuando las dos anteriores fueron sancionadas como leves.
- Es falta grave el incumplimiento injustificado de la jornada que suponga un mínimo de diez horas al mes.
- Son falta grave las faltas reiteradas de puntualidad sin causa justificada que supongan un mínimo de siete al mes.
- Es falta grave la tercera falta leve en seis meses tras dos sanciones por faltas leves firmes en vía administrativa.
- También son graves las acciones dirigidas a evadir los sistemas de control horario y el incumplimiento de la obligación de no aceptar regalos o trato de favor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de faltas graves (letras a a u): desobediencia, incompatibilidades, abstención, ilegalidades sin perjuicio grave, absentismo, puntualidad, regalos, alcohol, reiteración de leves, entre otras.
Esquema
| Grave | Leve | |
|---|---|---|
| Abstención | Dolo o negligencia inexcusable | Negligencia excusable |
| Locales y material | Si causan perjuicio grave | Si no causan perjuicio grave |
| Medios de la Administración | Uso indebido de forma reiterada | Uso indebido |
| Trámites y plazos | Con perjuicio grave | Cuando no merezca calificación de grave |
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Artículo 171. Sanciones
1. Por faltas muy graves:
Las sanciones que pueden imponerse son las establecidas en la normativa estatal de carácter básico, en esta ley y, en su caso, en los convenios colectivos que sean de aplicación, con las siguientes reglas específicas:
a) La suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, tendrá una duración mínima de un año y un día y la máxima prevista en la normativa estatal de carácter básico. La suspensión determinará, en todo caso, la pérdida del puesto de trabajo.
b) El traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, podrá imponerse por un período máximo de un año. El personal en esta situación no podrá obtener destino por ningún procedimiento dentro del período establecido en la sanción, a computar desde el momento en que se efectúe el traslado.
c) Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de las que forme parte, en el caso del personal funcionario interino o laboral temporal, por un período máximo de un año, como sanción accesoria a las de suspensión de funciones o de empleo y sueldo, separación del servicio o despido disciplinario.
d) El demérito, que consistirá en la imposibilidad de participar en convocatorias para consolidar un tramo de la carrera horizontal durante un período máximo de un año, la imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos de trabajo o de promoción interna por un período máximo de un año, o la prohibición de ocupar los puestos que se determinen reglamentariamente por un período máximo de un año.
2. Por faltas graves:
a) La suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, por un período de entre diez días y un año. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.
b) El traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por un período máximo de seis meses. El personal en esta situación no podrá obtener destino por ningún procedimiento dentro del período establecido en la sanción, a computar desde el momento en que se efectúe el traslado.
c) El demérito, que consistirá en la imposibilidad de participar en convocatorias para consolidar un tramo de la carrera horizontal durante un período máximo de seis meses, la imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos de trabajo o de promoción interna por un período máximo de seis meses, o la prohibición de ocupar los puestos que se determinen reglamentariamente por un período máximo de seis meses.
d) La suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de personal funcionario interino o laboral temporal de las que forme parte, por un período máximo de seis meses, como sanción accesoria a las de suspensión de funciones o de empleo y sueldo, separación del servicio o despido disciplinario.
3. Por faltas leves:
a) La suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de siete días.
b) El apercibimiento por escrito.
c) La suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de personal funcionario interino o laboral temporal de las que forme parte, por período máximo de siete días, como sanción accesoria a las de suspensión de funciones o de empleo y sueldo, separación del servicio o despido disciplinario.
4. En todos los casos de imposición de sanciones disciplinarias podrá establecerse, de forma accesoria a la sanción principal impuesta, la obligación de realizar cursos de formación sobre ética e integridad pública.
Datos clave
- Faltas muy graves: suspensión de funciones de un año y un día como mínimo, con pérdida del puesto en todo caso.
- Faltas muy graves: traslado forzoso y demérito por un período máximo de un año.
- Faltas graves: suspensión de entre diez días y un año, con pérdida del puesto si excede de seis meses.
- Faltas graves: traslado forzoso y demérito por un período máximo de seis meses.
- Faltas leves: suspensión de siete días como máximo y apercibimiento por escrito.
- Puede imponerse como accesoria la obligación de realizar cursos de formación sobre ética e integridad pública.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reglas propias de sanciones según la gravedad: suspensión de funciones, traslado forzoso, demérito y suspensión en bolsas, con máximos de un año, seis meses o siete días, más formación ética accesoria.
Esquema
| Muy grave | Grave | Leve | |
|---|---|---|---|
| Suspensión de funciones | Mínimo un año y un día | Entre diez días y un año | Máximo siete días |
| Pérdida del puesto | En todo caso | Si excede de seis meses | No se prevé |
| Traslado forzoso | Máximo un año | Máximo seis meses | No se prevé |
| Bolsas (accesoria) | Máximo un año | Máximo seis meses | Máximo siete días |