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Tema 64: La Policía del Orden y la Seguridad Ciudadana. Competencias de la Comunidad Autónoma. Protección civil y emergencias. Las Policías Locales. Su coordinación. Régimen jurídico. La actividad de limitación. Modalidades de intervención. La autorización administrativa.

Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 84

1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios:

a) Ordenanzas y bandos.

b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma.

c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.

2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.

Se modifica por el art. 1.2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20725

Se añade el apartado 3 por el art. 1.25 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932

Datos clave

  • Medios de intervención: ordenanzas y bandos; sometimiento a previa licencia u otros controles preventivos; comunicación previa o declaración responsable; control posterior al inicio de la actividad; órdenes individuales.
  • Para actividades de servicios de la Ley 17/2009, se aplica esa ley específica en materia de licencia.
  • La intervención debe respetar los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad.
  • Las licencias de otras Administraciones Públicas no eximen de obtener la licencia de la Entidad local.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Medios con los que las entidades locales intervienen la actividad de los ciudadanos: ordenanzas y bandos, licencia previa, comunicación previa o declaración responsable, control posterior y órdenes individuales, siempre con igualdad, necesidad y proporcionalidad.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 84 bis

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo.

No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas:

a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.

b) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado.

2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará en función de las características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes:

a) La potencia eléctrica o energética de la instalación.

b) La capacidad o aforo de la instalación.

c) La contaminación acústica.

d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración.

e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes.

f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico.

3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y otra Administración, la Entidad Local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente.

Se modifica por el art. 1.20 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .

Se añade por el art. 41.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo. Ref. BOE-A-2011-4117 .

Datos clave

  • Regla general: el ejercicio de actividades no se somete a licencia u otro control preventivo.
  • Excepciones: razones de orden público, seguridad, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto; o escasez de recursos, uso de dominio público, impedimentos técnicos o tarifas reguladas que limiten el número de operadores.
  • Las instalaciones solo se someten a autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y puedan generar daños al medioambiente, entorno urbano, seguridad, salud o patrimonio histórico.
  • Criterios de evaluación del riesgo: potencia eléctrica o energética, capacidad o aforo, contaminación acústica, composición de aguas residuales, materiales inflamables o contaminantes, y afección a bienes del patrimonio histórico.
  • Con licencias concurrentes de otra Administración, la Entidad Local debe motivar el interés general concreto no cubierto ya por otra autorización.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Por regla general las actividades no necesitan licencia. Solo cabe exigirla por razones de interés público que no se cubran con declaración responsable o cuando el número de operadores sea limitado; las instalaciones, solo si una Ley lo establece.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 84 ter

Cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa, las Entidades locales deberán establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma por los interesados previstos en la legislación sectorial.

Se añade por el art. 41.2 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo. Ref. BOE-A-2011-4117 .

Datos clave

  • Cuando el ejercicio de una actividad no precisa autorización previa, la entidad local debe establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios
  • También debe planificar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación sectorial

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si una actividad no precisa autorización habilitante y previa, la entidad local debe establecer y planificar los procedimientos de comunicación y los de verificación posterior de los requisitos de la legislación sectorial.

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LO 2/1986 (LOFCS) · Art. 1

1. La Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación. 2. Las Comunidades Autónomas participarán en el mantenimiento de la Seguridad Pública en los términos que establezcan los respectivos Estatutos y en el marco de esta Ley. 3. Las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el marco de esta Ley. 4. El mantenimiento de la Seguridad Pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Datos clave

  • ¿De quién es competencia la Seguridad Pública y a quién corresponde su mantenimiento? → Es competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación.
  • ¿Cómo se ejerce el mantenimiento de la Seguridad Pública por las distintas Administraciones? → A través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
  • Cuatro apartados, cuatro ideas: competencia (Estado) - participan (CCAA) - participan (locales) - instrumento (FCS).
  • Truco de remisión: CCAA → Estatutos; Corporaciones Locales → Ley de Bases de Régimen Local.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación; Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales participan según sus normas, y todo se ejerce a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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LO 2/1986 (LOFCS) · Art. 2

Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación. b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas. c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.

Datos clave

  • Enumera las tres categorías de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del art. 2 LOFCS. → Las FCS del Estado dependientes del Gobierno de la Nación, los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas y los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.
  • Tres letras, tres Administraciones, en el mismo orden que el art. 1: Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales.
  • Solo la letra a) dice «Fuerzas y Cuerpos»; b) y c) dicen «Cuerpos de Policía».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hay tres clases de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una por cada nivel de Administración: las del Estado (Gobierno de la Nación), los Cuerpos de Policía autonómicos y los Cuerpos de Policía de las Corporaciones Locales.

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LO 2/1986 (LOFCS) · Art. 5

Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes: 1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. d) Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes. e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley. 2. Relaciones con la comunidad. Singularmente: a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas. c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior. 3. Tratamiento de detenidos, especialmente: a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención. b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas. c) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona. 4. Dedicación profesional. Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana. 5. Secreto profesional. Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera. 6. Responsabilidad. Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las Administraciones Públicas por las mismas.

Datos clave

  • ¿Qué tres principios rigen la utilización de los medios al alcance del policía cuando debe evitar un daño grave, inmediato e irreparable? → Congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
  • ¿Cuándo pueden utilizarse las armas según el art. 5.2.d) LOFCS? → Solo cuando exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en circunstancias que supongan grave riesgo para la seguridad ciudadana, y conforme a la congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
  • ¿Hasta dónde llega la obediencia debida según el art. 5.1.d)? → En ningún caso ampara órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes.
  • ¿Cuáles son los seis apartados de principios básicos de actuación? → Adecuación al ordenamiento jurídico, relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, dedicación profesional, secreto profesional y responsabilidad.
  • Cuenta y ordena: 6 apartados; el 1 tiene cinco letras (a-e) y el 2 tiene cuatro (a-d); los apartados 4, 5 y 6 no tienen letras.
  • Los tres principios del uso de la fuerza van juntos y en este orden: congruencia, oportunidad y proporcionalidad («COP»).
  • Discriminación prohibida en el art. 5.1.b): raza, religión u opinión. Son esas tres, ni más ni menos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los principios básicos de actuación policial se agrupan en seis apartados: adecuación al ordenamiento, relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, dedicación, secreto y responsabilidad; con los límites de la obediencia debida y del uso de armas.

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LO 2/1986 (LOFCS) · Art. 37

1. Las Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos esté previsto podrán crear Cuerpos de Policía para el ejercicio de las funciones de vigilancia y protección a que se refiere el artículo 148.1.22 de la Constitución y las demás que le atribuye la presente Ley. 2. Las Comunidades Autónomas que no hicieran uso de la posibilidad prevista en el apartado anterior podrán ejercer las funciones enunciadas en el artículo 148.1.22 de la Constitución, de conformidad con los artículos 39 y 47 de esta Ley. 3. Las Comunidades Autónomas cuyos estatutos no prevean la creación de Cuerpos de Policía también podrán ejercer las funciones de vigilancia y protección a que se refiere el artículo 148.1.22 de la Constitución mediante la firma de acuerdos de cooperación específica con el Estado.

Datos clave

  • ¿Qué requisito exige el art. 37.1 para que una Comunidad Autónoma cree su Cuerpo de Policía? → Que esté previsto en su Estatuto de Autonomía.
  • ¿Cómo pueden ejercer las funciones del 148.1.22 CE las Comunidades cuyos Estatutos no prevén Cuerpos de Policía? → Mediante la firma de acuerdos de cooperación específica con el Estado.
  • Número clave del capítulo: 148.1.22 CE. Aparece en los tres apartados del artículo 37.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres vías para que una Comunidad Autónoma ejerza la vigilancia y protección del artículo 148.1.22 de la Constitución: crear su propio Cuerpo de Policía si el Estatuto lo prevé, ejercerlas por los cauces de los artículos 39 y 47, o firmar acuerdos de cooperación específica con el Estado.

Esquema

Las tres vías del artículo 37
Estatuto lo prevé y crea el CuerpoEstatuto lo prevé y no lo creaEstatuto no lo prevé
Apartado37.137.237.3
Cómo ejerce las funciones del 148.1.22 CEA través de su propio Cuerpo de PolicíaDe conformidad con los artículos 39 y 47 de esta LeyMediante acuerdos de cooperación específica con el Estado

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LO 2/1986 (LOFCS) · Art. 38

Las Comunidades Autónomas, a que se refiere el número 1 del artículo anterior, podrán ejercer, a través de sus Cuerpos de Policía, las siguientes funciones: 1. Con carácter de propias: a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma. b) La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios. c) La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita. d) El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma. 2. En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y demás disposiciones del Estado y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. b) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley. c) Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas. El ejercicio de esta función corresponderá, con carácter prioritario, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes. 3. De prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: a) La cooperación a la resolución amistosa de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. b) La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de protección civil. c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, recursos hidráulicos, así como la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza.

Datos clave

  • ¿En qué bloque del art. 38 está el uso de la coacción para la ejecución forzosa de actos de la Comunidad Autónoma? → En las funciones propias (art. 38.1.d).
  • ¿A quién corresponde con carácter prioritario vigilar espacios públicos, proteger manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones? → A los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la intervención de las FCSE.
  • Cita las tres funciones de prestación simultánea e indiferenciada. → Cooperar a la resolución amistosa de conflictos privados; auxilio en accidente, catástrofe o calamidad y protección civil; y conservación de la naturaleza, medio ambiente, recursos hidráulicos y riqueza cinegética, piscícola y forestal.
  • Recuento: 4 funciones propias (a-d), 3 en colaboración (a-c) y 3 simultáneas (a-c). 4-3-3.
  • La coacción para la ejecución forzosa solo aparece respecto de actos de la propia Comunidad Autónoma: por eso es función propia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las funciones de las policías autonómicas en tres bloques: propias, en colaboración con las FCSE y de prestación simultánea e indiferenciada. Saber en qué bloque cae cada letra es lo que se pregunta.

Esquema

Los tres bloques de funciones del artículo 38
Propias (38.1)En colaboración con las FCSE (38.2)Simultáneas e indiferenciadas (38.3)
a)Disposiciones y órdenes singulares de los órganos de la Comunidad AutónomaLeyes y disposiciones del Estado y funcionamiento de los servicios públicos esencialesResolución amistosa de conflictos privados cuando sean requeridos
b)Vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la CA y sus entes instrumentalesParticipar en funciones de Policía Judicial (art. 29.2)Auxilio en accidente, catástrofe o calamidad pública y planes de protección civil
c)Inspección de actividades sometidas a ordenación o disciplina de la CA, denunciando toda actividad ilícitaEspacios públicos, manifestaciones y orden en grandes concentraciones (prioritario)Naturaleza, medio ambiente, recursos hidráulicos y riqueza cinegética, piscícola y forestal
d)Uso de la coacción para la ejecución forzosa de actos o disposiciones de la propia CA——

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LO 2/1986 (LOFCS) · Art. 39

Corresponde a las Comunidades Autónomas, de conformidad con la presente Ley y con la de Bases de Régimen Local, coordinar la actuación de las Policías Locales en el ámbito territorial de la Comunidad, mediante el ejercicio de las siguientes funciones: a) Establecimientos de las normas-marco a las que habrán de ajustarse los Reglamentos de Policías Locales, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y en la de Bases de Régimen Local. b) Establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los distintos Cuerpos de Policías Locales, en materia de medios técnicos para aumentar la eficacia y colaboración de éstos, de uniformes y de retribuciones. c) Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales, determinando los distintos niveles educativos exigibles para cada categoría, sin que, en ningún caso, el nivel pueda ser inferior a graduado escolar. d) Coordinar la formación profesional de las Policías Locales, mediante la creación de Escuelas de Formación de Mandos y de Formación Básica.

Datos clave

  • ¿En qué materias promueve la Comunidad Autónoma la homogeneización de las Policías Locales? → En medios técnicos, uniformes y retribuciones.
  • ¿Cuál es el nivel educativo mínimo que puede exigirse para una categoría de Policía Local según el art. 39.c)? → Nunca inferior a graduado escolar.
  • ¿Qué Escuelas debe crear la Comunidad Autónoma para coordinar la formación profesional de las Policías Locales? → Escuelas de Formación de Mandos y de Formación Básica.
  • Las cuatro letras en cuatro palabras: normas-marco, homogeneización, criterios, escuelas.
  • Tres materias de homogeneización, ni una más: medios técnicos, uniformes y retribuciones.
  • Dos tipos de Escuela en la letra d): de Formación de Mandos y de Formación Básica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas coordinan a las Policías Locales de su territorio con cuatro funciones: normas-marco para sus Reglamentos, homogeneización (medios técnicos, uniformes y retribuciones), criterios de selección y carrera, y Escuelas de formación.

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LO 2/1986 (LOFCS) · Art. 51

1. Los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en la presente ley, en la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica. 2. En los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de ésta serán ejercidos por el personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos. 3. Dichos cuerpos sólo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes. No obstante, cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales, podrán actuar fuera del término municipal respectivo, con autorización del Ministerio del Interior o de la correspondiente autoridad de la comunidad autónoma que cuente con cuerpo de policía autonómica, cuando desarrollen íntegramente esas actuaciones en el ámbito territorial de dicha comunidad autónoma.

Datos clave

  • ¿Con qué denominaciones actúa el personal que asume los cometidos de la policía municipal donde ésta no existe? → Guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos.
  • ¿Cuál es el ámbito ordinario de actuación de los cuerpos de policía local? → El ámbito territorial del municipio respectivo.
  • Cuatro nombres para el personal que suple a la policía municipal: guardas, vigilantes, agentes y alguaciles (o análogos).
  • Dos formas de salir del término: emergencia con requerimiento, y escolta de autoridades locales con autorización.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los municipios pueden crear policía propia; donde no la hay, sus cometidos los ejerce el personal de custodia y vigilancia. Actúan solo en su municipio, salvo emergencias con requerimiento o protección de autoridades locales con autorización.

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LO 2/1986 (LOFCS) · Art. 52

1. Los Cuerpos de Policía Local son Institutos armados, de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizada, rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de los capítulos II y III del título I y por la sección cuarta del capítulo IV del título II de la presente Ley, con adecuación que exija la dependencia de la Administración correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades Autónomas y los Reglamentos específicos para cada cuerpo y demás normas dictadas por los correspondientes Ayuntamientos. 2. Por lo que respecta al ejercicio de los derechos sindicales, y en atención a la especificidad de las funciones de dichos Cuerpos, les será de aplicación la Ley que se dicte en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 2, de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 3. Será también de aplicación a los miembros de dichos Cuerpos lo dispuesto, respecto a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, en el artículo 41.3 de la presente Ley; si bien la facultad que en el mismo se atribuye a las Juntas de Seguridad corresponderá al Gobernador Civil respectivo.

Datos clave

  • ¿Cómo define la LOFCS a los Cuerpos de Policía Local? → Como Institutos armados, de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada.
  • En la remisión al artículo 41.3, ¿quién asume la facultad atribuida a las Juntas de Seguridad? → El Gobernador Civil respectivo.
  • Memoriza el trío: armado + civil + jerarquizado.
  • Al leer el artículo 41.3 aplicado a la policía local, cambia el sujeto: donde dice Junta de Seguridad, lee Gobernador Civil.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Policías Locales son institutos armados, de naturaleza civil y jerarquizados; su estatuto combina la LOFCS con normas autonómicas y municipales, sus derechos sindicales remiten a una ley específica y el 41.3 se les aplica con el Gobernador Civil.

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LO 2/1986 (LOFCS) · Art. 53

1. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones: a) Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones. b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación. c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley. f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil. g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad. h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 2. Las actuaciones que practiquen los Cuerpos de Policía Local en el ejercicio de las funciones previstas en los apartados c) y g) precedentes deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes. 3. En los municipios de gran población y en las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrá asignarse, por el Pleno de la Corporación o por sus respectivas Asambleas, al ejercicio exclusivo de las funciones previstas en el párrafo b) del apartado 1 a parte de los funcionarios pertenecientes a las mismas, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad, subordinados a los miembros de los respectivos Cuerpos de Policía Local, sin integrarse en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de manera que ello no comporte un incremento en el número de efectivos ni en los costes de personal. Los funcionarios integrantes de los Cuerpos referidos en el párrafo anterior se regirán por las normas contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y las demás normas que se dicten en desarrollo y aplicación de la misma.

Datos clave

  • ¿Qué deben comunicar los Cuerpos de Policía Local a las FCS del Estado? → Las actuaciones de instrucción de atestados y de prevención de la delincuencia (art. 53.2).
  • ¿Se integran en las FCS los agentes de movilidad de grandes municipios? → No, aunque tienen consideración de agentes de la autoridad (art. 53.3).
  • ¿Qué normativa rige a los funcionarios de los Cuerpos de agentes de movilidad? → La Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y sus normas de desarrollo (art. 53.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Nueve funciones de la Policía Local, de la protección de autoridades locales a la cooperación en conflictos privados; las de atestados y prevención se comunican a las FCSE, y los grandes municipios pueden tener agentes solo para tráfico.

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Artículo 1. Objeto.

1. Constituye el objeto de la presente Ley la regulación de la gestión de emergencias en Andalucía, entendida como conjunto de acciones de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, dirigidas a la protección de la vida e integridad de las personas y los bienes, en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas, así como en aquellas otras situaciones no catastróficas, que requieran actuaciones de carácter multisectorial y la adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos.

2. Para llevar a cabo dichas acciones, las Administraciones Públicas establecerán un sistema integrado que dé respuesta a una efectiva coordinación, dirección y control de las actuaciones necesarias, basado en la colaboración entre las mismas y, en su caso, con entidades de carácter privado y la ciudadanía en general.

Datos clave

  • Objeto: la regulación de la gestión de emergencias en Andalucía.
  • Gestión de emergencias: acciones dirigidas a proteger la vida e integridad de las personas y los bienes.
  • Abarca situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas, y también situaciones no catastróficas que requieran actuaciones multisectoriales.
  • Las Administraciones Públicas establecerán un sistema integrado de coordinación, dirección y control.
  • El sistema se basa en la colaboración entre Administraciones y, en su caso, con entidades privadas y la ciudadanía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley andaluza regula la gestión de emergencias: acciones públicas y privadas para proteger personas y bienes en grave riesgo, catástrofes y calamidades, e incluso situaciones no catastróficas multisectoriales.

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Artículo 2. Ámbito.

Esta Ley será de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de ámbito estatal para la regulación de aquellas situaciones de emergencia que sean expresamente declaradas de interés nacional.

Datos clave

  • La Ley se aplica en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  • Quedan a salvo las emergencias expresamente declaradas de interés nacional.
  • Estas se rigen por la normativa de ámbito estatal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Ley se aplica en todo el territorio andaluz, sin perjuicio de la normativa estatal para las emergencias declaradas expresamente de interés nacional.

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Artículo 3. Principios de actuación.

Las Administraciones Públicas competentes, conforme a lo dispuesto en esta Ley, desarrollarán su actividad a fin de propiciar:

a) La previsión de riesgos, orientada a una adecuada labor de planificación, mediante técnicas de identificación y análisis.

b) La reducción de riesgos, mediante una adecuada política de prevención, adopción de medidas correctoras, actividad de inspección y sanción.

c) La elaboración y aprobación de planes de emergencia y protocolos operativos.

d) Las medidas de intervención destinadas a paliar en lo posible las consecuencias de los eventos producidos.

e) Los programas de rehabilitación.

f) La formación de los ciudadanos que puedan resultar afectados por las situaciones de emergencia, la información a los mismos, así como la capacitación y reciclaje de los técnicos de protección civil y personal de los servicios intervinientes.

Datos clave

  • Previsión de riesgos mediante técnicas de identificación y análisis.
  • Reducción de riesgos mediante prevención, medidas correctoras, inspección y sanción.
  • Elaboración y aprobación de planes de emergencia y protocolos operativos.
  • Medidas de intervención y programas de rehabilitación.
  • Formación e información de los ciudadanos y capacitación y reciclaje de técnicos y personal interviniente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Seis principios de actuación de las Administraciones: previsión, reducción de riesgos, planes y protocolos, intervención, rehabilitación y formación e información.

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Artículo 12. Planes Territoriales.

1. Son planes territoriales de emergencia aquellos que se elaboran para hacer frente a las emergencias de carácter general que se puedan presentar en cada ámbito territorial.

2. El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía se elabora para hacer frente a las emergencias generales que se puedan producir en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, siempre que no sean declaradas de interés nacional por los órganos correspondientes de la Administración General del Estado.

3. El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, en su calidad de plan director, desarrollará las directrices y requerimientos que deben observarse para la elaboración, aprobación y homologación de los distintos planes de emergencia en Andalucía. En su calidad de plan de emergencia establece la respuesta de ámbito regional y el despliegue en los ámbitos territoriales provinciales ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

4. La aprobación del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de protección civil, previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía. A efectos de homologación, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal.

5. Los planes territoriales de emergencia de ámbito municipal se elaboran para hacer frente a las emergencias que se puedan producir en el ámbito territorial del municipio, y serán aprobados por el Pleno de la respectiva Corporación Local, debiendo ser homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía. Cuando el ámbito territorial de planificación afecte a una entidad local de ámbito supramunicipal, corresponde la aprobación del correspondiente plan de emergencia al órgano colegiado competente de dicha entidad local. En todo caso, serán homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

Datos clave

  • Planes territoriales: para emergencias de carácter general en cada ámbito territorial.
  • El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía actúa como plan director y como plan de emergencia.
  • Lo aprueba el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en protección civil.
  • Requiere informe previo de la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
  • Los planes municipales los aprueba el Pleno y los homologa la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
  • En entidades supramunicipales aprueba su órgano colegiado competente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Planes territoriales: el de Andalucía es plan director y de respuesta regional, lo aprueba el Consejo de Gobierno; los municipales los aprueba el Pleno y los homologa la Comisión de Protección Civil.

Esquema

Planes territoriales: aprobación y homologación
Plan Territorial de AndalucíaPlan municipalPlan supramunicipal
ApruebaConsejo de GobiernoPleno de la Corporación LocalÓrgano colegiado competente de la entidad
HomologaSegún la normativa estatalComisión de Protección Civil de AndalucíaComisión de Protección Civil de Andalucía

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Artículo 19. La Administración de la Junta de Andalucía.

Corresponde a los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en los siguientes artículos, dirigir, ordenar y coordinar la gestión de emergencias en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, con participación de todas las Consejerías, en atención a las competencias y funciones que tengan atribuidas.

Datos clave

  • Corresponde a los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía dirigir, ordenar y coordinar la gestión de emergencias.
  • Su ámbito es el territorio de la Comunidad Autónoma.
  • Participan todas las Consejerías, según sus competencias y funciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta de Andalucía dirige, ordena y coordina la gestión de emergencias en la Comunidad, con participación de todas las Consejerías según sus competencias.

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Artículo 23. El Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía.

1. Se crea el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de protección civil, como centro de comunicaciones y gestión, dirigido al desarrollo de actuaciones coordinadas ante emergencias; constituye un elemento fundamental en la gestión ante dichas situaciones, dando soporte a procedimientos de recepción, evaluación, activación, coordinación y dirección. En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) Recepción de informaciones predictivas y avisos de emergencias.

b) Coordinación, en situaciones de emergencia, de los medios y recursos de la Administración de la Junta de Andalucía, y de éstos con los dependientes de otras Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas.

c) Actuación como centro de coordinación operativo conforme lo establecido en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.

d) Apoyo a los centros de coordinación operativa locales.

e) Aquellas otras que le atribuya la normativa vigente.

2. El Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía prestará servicio permanente.

3. A través del correspondiente Decreto, se determinarán su organización y procedimientos de actuación.

4. En su infraestructura técnica y organización, estará vinculado al Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias, previsto en el capítulo III del presente título.

Datos clave

  • El Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía está adscrito a la Consejería competente en protección civil.
  • Es un centro de comunicaciones y gestión de actuaciones coordinadas ante emergencias.
  • Funciones: recepción de avisos, coordinación de medios, centro de coordinación operativo del Plan Territorial y apoyo a los centros locales.
  • Presta servicio permanente.
  • Su organización y procedimientos se determinan por Decreto.
  • Está vinculado al Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía, adscrito a la Consejería, recibe avisos, coordina medios, actúa como centro operativo y apoya a los locales; servicio permanente.

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Artículo 65. Policía autonómica.

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía el establecimiento de políticas de seguridad públicas de Andalucía en los términos previstos en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución.

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Andaluza que, sin perjuicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado, y dentro del marco de la legislación estatal, desempeñe en su integridad las que le sean propias bajo la directa dependencia de la Junta de Andalucía.

3. Corresponde, asimismo, a la Comunidad Autónoma de Andalucía la ordenación general y la coordinación supramunicipal de las policías locales andaluzas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

4. Se creará la Junta de Seguridad que, con representación paritaria del Gobierno y de la Junta de Andalucía, coordinará las políticas de seguridad y la actuación de la Policía autónoma con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Datos clave

  • Las políticas de seguridad pública de Andalucía se establecen en los términos del artículo 149.1.29.ª de la Constitución.
  • Corresponde a la Comunidad Autónoma la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Andaluza.
  • La Policía Andaluza actúa bajo la directa dependencia de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
  • Corresponde a la Comunidad Autónoma la ordenación general y la coordinación supramunicipal de las policías locales andaluzas.
  • La Junta de Seguridad tiene representación paritaria del Gobierno y de la Junta de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Andalucía fija políticas de seguridad pública, puede crear su propia Policía Andaluza, coordina las policías locales y se coordina con el Estado en una Junta de Seguridad paritaria.

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Artículo 66. Protección civil y emergencias.

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de protección civil que incluye, en todo caso, la regulación, la planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la dirección y coordinación de los servicios de protección civil, que incluyen los servicios de prevención y extinción de incendios respetando las competencias del Estado en materia de seguridad pública.

2. Corresponden a la Comunidad Autónoma competencias de ejecución en materia de salvamento marítimo en el litoral andaluz.

3. La Comunidad Autónoma participa en la ejecución en materia de seguridad nuclear en los términos que establezcan las leyes y en los convenios que al respecto se suscriban.

Datos clave

  • Competencia exclusiva en materia de protección civil.
  • Incluye la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a emergencias y seguridad civil.
  • Los servicios de protección civil incluyen los de prevención y extinción de incendios.
  • Competencias de ejecución en salvamento marítimo en el litoral andaluz.
  • Participación en la ejecución en materia de seguridad nuclear, en los términos de las leyes y los convenios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Protección civil y emergencias, incluidos los bomberos, son competencia exclusiva; el salvamento marítimo en el litoral andaluz es de ejecución y en seguridad nuclear solo participa en la ejecución.

Esquema

Grados de competencia en el art. 66
MateriaGrado
Protección civilEmergencias e incendiosExclusiva
Salvamento marítimoLitoral andaluzEjecución
Seguridad nuclearSegún leyes y conveniosParticipación en la ejecución

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Artículo 3. Definiciones.

El artículo 3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, recoge las definiciones que se aplican a efectos de la Ley.

1. «Servicio»: cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración, contemplada en el artículo 50 del Tratado de la Comunidad Europea.

2. «Prestador»: cualquier persona física con la nacionalidad de cualquier Estado miembro, o residente legal en España, o cualquier persona jurídica o entidad constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro, cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión Europea, que ofrezca o preste un servicio.

3. «Destinatario»: cualquier persona física o jurídica que utilice o desee utilizar un servicio.

4. «Estado miembro de establecimiento»: el Estado miembro en cuyo territorio tenga su establecimiento el prestador del servicio.

5. «Establecimiento»: el acceso a una actividad económica no asalariada y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y especialmente de sociedades, en las condiciones fijadas por la legislación, por una duración indeterminada, en particular por medio de una infraestructura estable.

6. «Establecimiento físico»: cualquier infraestructura estable a partir de la cual se lleva a cabo efectivamente una prestación de servicios.

7. «Autorización»: cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio.

8. «Requisito»: cualquier obligación, prohibición, condición o límite al acceso al ejercicio de una actividad de servicios previstos en el ordenamiento jurídico o derivados de la jurisprudencia o de las prácticas administrativas o establecidos en las normas de los colegios profesionales.

9. «Declaración responsable»: el documento suscrito por la persona titular de una actividad empresarial o profesional en el que declara, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.

10. «Régimen de autorización»: cualquier sistema previsto en el ordenamiento jurídico o en las normas de los colegios profesionales que contenga el procedimiento, los requisitos y autorizaciones necesarios para el acceso o ejercicio de una actividad de servicios.

11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitada a las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural.

12. «Autoridad competente»: cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la regulación, ordenación o control de las actividades de servicios, o cuya actuación afecte al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio, y, en particular, las autoridades administrativas estatales, autonómicas o locales y los colegios profesionales y, en su caso, consejos generales y autonómicos de colegios profesionales.

13. «Profesión regulada»: la actividad o conjunto de actividades profesionales cuyo acceso, ejercicio o una de las modalidades de ejercicio estén subordinados de manera directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales.

14. «Comunicación comercial»: cualquier forma de comunicación destinada a promocionar, directa o indirectamente, bienes, servicios o la imagen de una empresa, organización o persona con una actividad comercial, industrial o artesanal o que ejerza una profesión regulada. No se consideran comunicaciones comerciales:

a) Los datos que permiten acceder directamente a la actividad de dicha empresa, organización o persona y, concretamente, el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico.

b) La información relativa a los bienes, servicios o a la imagen de dicha empresa, organización o persona, elaborada de forma independiente, especialmente cuando se facilitan sin contrapartida económica.

Datos clave

  • El artículo recoge 14 definiciones a efectos de la Ley 17/2009.
  • Autorización: cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente exigido con carácter previo para acceder a una actividad de servicios o ejercerla.
  • Declaración responsable: documento en el que el titular declara cumplir los requisitos, disponer de la documentación que lo acredita y comprometerse a mantener su cumplimiento.
  • Servicio: actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración (artículo 50 del Tratado de la Comunidad Europea).
  • La razón imperiosa de interés general se define por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas e incluye, entre otras, el orden público, la seguridad pública, la protección civil y la salud pública.
  • No son comunicaciones comerciales el nombre de dominio, la dirección de correo electrónico ni la información elaborada de forma independiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Diccionario de la ley de servicios: 14 definiciones, con las más preguntadas en servicio, autorización, declaración responsable, razón imperiosa de interés general y lo que no es comunicación comercial.

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Artículo 5. Regímenes de autorización.

El artículo 5 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, fija la regla general de que la normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio no puede imponer a los prestadores un régimen de autorización.

Solo cabe excepcionalmente y siempre que concurran las siguientes condiciones, que habrán de motivarse suficientemente en la ley que establezca dicho régimen:

a) No discriminación: que el régimen de autorización no resulte discriminatorio ni directa ni indirectamente en función de la nacionalidad o de que el establecimiento se encuentre o no en el territorio de la autoridad competente o, por lo que se refiere a sociedades, por razón del lugar de ubicación del domicilio social.

b) Necesidad: que el régimen de autorización esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado.

c) Proporcionalidad: que dicho régimen sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado, en particular cuando un control a posteriori se produjese demasiado tarde para ser realmente eficaz.

En ningún caso el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad.

Datos clave

  • Regla general: no puede imponerse a los prestadores un régimen de autorización, salvo excepcionalmente.
  • Las condiciones deben motivarse suficientemente en la ley que establezca el régimen.
  • Tres condiciones: no discriminación, necesidad y proporcionalidad.
  • Necesidad: razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, escasez de recursos naturales o inequívocos impedimentos técnicos.
  • Proporcionalidad: no existen medidas menos restrictivas, en particular cuando un control a posteriori llegaría demasiado tarde.
  • Nunca se exige autorización cuando baste una comunicación o una declaración responsable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La regla es la libertad: no se puede imponer autorización a los prestadores salvo excepcionalmente, si se cumplen no discriminación, necesidad y proporcionalidad motivadas en la ley, y nunca cuando baste una comunicación o declaración responsable.

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Artículo 6. Procedimientos de autorización.

El artículo 6 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, establece las características que deben reunir los procedimientos y trámites para obtener las autorizaciones a que se refiere la Ley.

Dichos procedimientos y trámites deberán tener carácter reglado, ser claros e inequívocos, objetivos e imparciales, transparentes, proporcionados al objetivo de interés general y darse a conocer con antelación.

En todo caso, deberán respetar las disposiciones recogidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, así como garantizar la aplicación general del silencio administrativo positivo y que los supuestos de silencio administrativo negativo constituyan excepciones previstas en una norma con rango de ley justificadas por razones imperiosas de interés general.

Datos clave

  • Los procedimientos de autorización deben tener carácter reglado.
  • Deben ser claros e inequívocos, objetivos e imparciales, transparentes y proporcionados al objetivo de interés general.
  • Deben darse a conocer con antelación.
  • Se garantiza la aplicación general del silencio administrativo positivo.
  • El silencio negativo solo cabe como excepción prevista en una norma con rango de ley, justificada por razones imperiosas de interés general.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los procedimientos de autorización han de ser reglados, claros, objetivos, transparentes, proporcionados y conocidos de antemano, y con silencio positivo como regla y el negativo solo por ley y razón imperiosa.

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Artículo 7. Limitaciones temporales y territoriales.

El artículo 7 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, regula la duración y el alcance territorial de los títulos que habilitan para ejercer una actividad de servicios.

1. Con carácter general, la realización de una comunicación o una declaración responsable o el otorgamiento de una autorización permitirá acceder a una actividad de servicios y ejercerla por tiempo indefinido. Solo se podrá limitar la duración cuando:

a) La declaración responsable o la autorización se renueve automáticamente o solo esté sujeta al cumplimiento continuo de los requisitos;

b) el número de autorizaciones disponibles sea limitado de acuerdo con el artículo siguiente, o

c) pueda justificarse la limitación de la duración de la autorización o de los efectos de la comunicación o la declaración responsable por la existencia de una razón imperiosa de interés general.

A estos efectos, no tiene la consideración de limitación temporal el plazo máximo que se pueda imponer al prestador para iniciar su actividad a contar desde el otorgamiento de la autorización o desde la realización de la comunicación o la declaración responsable.

2. Lo anterior no afecta a la posibilidad de las autoridades competentes de revocar la autorización, en especial cuando dejen de cumplirse las condiciones para su concesión.

Cuando el acceso o el ejercicio esté condicionado a una comunicación o declaración responsable, la comprobación por la administración pública de la inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial que se hubiere aportado, o del incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

3. La realización de una comunicación o una declaración responsable o el otorgamiento de una autorización permitirá al prestador acceder a la actividad de servicios y ejercerla en la totalidad del territorio español, incluso mediante el establecimiento de sucursales.

Los medios de intervención que se apliquen a los establecimientos físicos respetarán las siguientes condiciones:

a) Podrá exigirse una autorización para cada establecimiento físico cuando sea susceptible de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artístico, evaluándose este riesgo de acuerdo con las características de las instalaciones.

b) Podrá exigirse una declaración responsable para cada establecimiento físico cuando en la normativa se exija el cumplimiento de requisitos justificados por una razón imperiosa de interés general.

c) Podrá exigirse una comunicación cuando, por razones imperiosas de interés general, deba mantenerse un control sobre el número o características de las instalaciones o de infraestructuras físicas en el mercado.

El medio de intervención deberá resultar proporcionado y no discriminatorio. Cuando el prestador ya esté establecido en España y ejerza legalmente la actividad, estas autorizaciones o declaraciones responsables no podrán contemplar requisitos que no estén ligados específicamente al establecimiento físico a partir del cual pretende llevar a cabo dicha actividad.

Datos clave

  • Regla general: la comunicación, la declaración responsable o la autorización habilitan por tiempo indefinido.
  • La duración solo puede limitarse por renovación automática, número limitado de autorizaciones o razón imperiosa de interés general.
  • El plazo máximo para iniciar la actividad no es una limitación temporal.
  • La inexactitud o falsedad de carácter esencial en una comunicación o declaración responsable impide continuar con la actividad desde que se tenga constancia.
  • El título habilita para ejercer en la totalidad del territorio español, incluso mediante sucursales.
  • Por establecimiento físico puede exigirse autorización (riesgo de daños), declaración responsable (requisitos por razón imperiosa) o comunicación (control del número o características).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El título habilitante dura por tiempo indefinido y vale en todo el territorio español; solo se limita en tres supuestos, y por establecimiento físico caben autorización, declaración responsable o comunicación según el riesgo.

Esquema

Medios de intervención por establecimiento físico
MedioCuándo puede exigirse
a)AutorizaciónRiesgo de daños al medio ambiente y entorno urbano, seguridad o salud pública y patrimonio histórico-artístico
b)Declaración responsableRequisitos justificados por una razón imperiosa de interés general
c)ComunicaciónControl del número o características de instalaciones o infraestructuras físicas

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Artículo 8. Limitación del número de autorizaciones.

El artículo 8 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, regula los casos en que puede limitarse el número de autorizaciones y el régimen aplicable cuando así sucede.

1. Solo podrá limitarse el número de autorizaciones cuando esté justificado por la escasez de recursos naturales o inequívocos impedimentos técnicos.

2. Cuando el número de autorizaciones para realizar una determinada actividad de servicios esté limitado:

a) El procedimiento de concesión por las Administraciones Públicas garantizará el cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. En dicho procedimiento, las Administraciones Públicas podrán tener en cuenta consideraciones en materia de salud pública, objetivos de política social, de salud y seguridad de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, de protección del medio ambiente, de conservación del patrimonio cultural y cualquier otra razón imperiosa de interés general, siempre que estos criterios estén contemplados en las bases reguladoras de la concesión de las autorizaciones y guarden relación con el objeto de la concesión.

b) La autorización que se conceda tendrá una duración limitada y proporcionada atendiendo a las características de la prestación del servicio y no dará lugar a un procedimiento de renovación automática ni conllevará, una vez extinguida la autorización, ningún tipo de ventaja para el prestador cesante o para personas especialmente vinculadas con él.

Datos clave

  • El número de autorizaciones solo puede limitarse por escasez de recursos naturales o inequívocos impedimentos técnicos.
  • El procedimiento de concesión garantiza publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.
  • Pueden valorarse razones imperiosas de interés general si figuran en las bases reguladoras y guardan relación con el objeto de la concesión.
  • La autorización tiene una duración limitada y proporcionada.
  • No hay renovación automática ni ventaja para el prestador cesante o personas vinculadas con él.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Limitar el número de autorizaciones solo cabe por escasez de recursos naturales o impedimentos técnicos; entonces la concesión es competitiva y la autorización, de duración limitada y sin renovación automática ni ventajas al cesante.

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Artículo 9. Principios aplicables a los requisitos exigidos.

El artículo 9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, establece los principios a los que deben ajustarse los requisitos que se exijan para acceder a una actividad de servicios o ejercerla.

1. Las Administraciones Públicas no podrán exigir requisitos, controles previos o garantías equivalentes o comparables, por su finalidad, a aquellos a los que ya esté sometido el prestador en España o en otro Estado miembro.

2. Todos los requisitos que supediten el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio deberán ajustarse a los siguientes criterios:

a) No ser discriminatorios.

b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general.

c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general.

d) Ser claros e inequívocos.

e) Ser objetivos.

f) Ser hechos públicos con antelación.

g) Ser transparentes y accesibles.

3. El acceso a una actividad de servicio o su ejercicio se regirá por el principio de igualdad de trato y no discriminación.

Datos clave

  • No pueden exigirse requisitos, controles previos o garantías equivalentes a los que ya esté sometido el prestador en España o en otro Estado miembro.
  • Los requisitos deben cumplir siete criterios.
  • No discriminatorios, justificados por una razón imperiosa de interés general y proporcionados a ella.
  • Claros e inequívocos, objetivos, hechos públicos con antelación, y transparentes y accesibles.
  • El acceso y el ejercicio se rigen por el principio de igualdad de trato y no discriminación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Prohibido exigir controles equivalentes a los que el prestador ya superó en España o en otro Estado miembro, y todo requisito debe cumplir siete criterios, bajo el principio de igualdad de trato y no discriminación.

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LO 4/2015 Seguridad Ciudadana · Art. 1

Objeto. 1. La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes. 2. Esta Ley tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos.

Datos clave

  • ¿Cómo califica el artículo 1 a la seguridad ciudadana y a quién atribuye su salvaguarda? → Bien jurídico de carácter colectivo; su salvaguarda es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes.
  • ¿Mediante qué se tutela la seguridad ciudadana según el objeto de la Ley? → Mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos.
  • El objeto tiene dos patas y caen juntas: proteger personas y bienes + mantener la tranquilidad.
  • Tres palabras del apartado 2 que se preguntan tal cual: conjunto plural, diversificado y de distinta naturaleza.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La seguridad ciudadana es requisito indispensable para ejercer derechos y libertades; como bien jurídico colectivo, su salvaguarda es función del Estado. La Ley la tutela protegiendo personas y bienes y la tranquilidad ciudadana.

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LO 4/2015 Seguridad Ciudadana · Art. 3

Fines. Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los poderes públicos en su ámbito de aplicación: a) La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. b) La garantía del normal funcionamiento de las instituciones. c) La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas. d) El respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y libertades. e) La protección de las personas y bienes, con especial atención a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. f) La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, espacios destinados al uso y disfrute público. g) La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la comunidad. h) La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas directamente relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores y la sanción de las de esta naturaleza tipificadas en esta Ley. i) La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana.

Datos clave

  • ¿Cuántos fines enumera el artículo 3 y con qué letras? → Nueve, de la a) a la i).
  • ¿Qué fin recoge la letra i) del artículo 3? → La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana.
  • ¿A qué colectivos presta especial atención la letra e)? → A los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
  • Son nueve fines: de la a) a la i). Si una pregunta dice siete u once, es falsa.
  • Los dos colectivos citados expresamente en la letra e) son menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
  • La letra i), la transparencia, cierra la lista y es la que más se olvida al recitarla.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Nueve fines, de la a) a la i), guían la Ley y la acción de los poderes públicos: desde proteger los derechos y libertades hasta la transparencia, con atención especial a menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección.

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LO 4/2015 Seguridad Ciudadana · Art. 4

Principios rectores de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana. 1. El ejercicio de las potestades y facultades reconocidas por esta Ley a las administraciones públicas y, específicamente, a las autoridades y demás órganos competentes en materia de seguridad ciudadana y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirá por los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y se someterá al control administrativo y jurisdiccional. En particular, las disposiciones de los capítulos III y V deberán interpretarse y aplicarse del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga. 2. En particular, la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad está sujeta a los principios básicos de actuación regulados en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 3. La actividad de intervención se justifica por la existencia de una amenaza concreta o de un comportamiento objetivamente peligroso que, razonablemente, sea susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana y, en concreto, atentar contra los derechos y libertades individuales y colectivos o alterar el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Las concretas intervenciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana se realizarán conforme a lo dispuesto en el capítulo III de esta Ley.

Datos clave

  • ¿A qué artículo de la LO 2/1986 remite el art. 4.2 sobre principios básicos de actuación? → Al artículo 5
  • ¿Qué justifica la actividad de intervención según el art. 4.3? → Una amenaza concreta o un comportamiento objetivamente peligroso con perjuicio real para la seguridad ciudadana
  • Siete principios: legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Siete principios rigen las potestades de seguridad ciudadana, sometidas a control administrativo y jurisdiccional; los capítulos III y V se interpretan a favor de los derechos, y la intervención exige una amenaza concreta o un comportamiento objetivamente peligroso.

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LO 4/2015 Seguridad Ciudadana · Art. 5

Autoridades y órganos competentes. 1. Corresponde al Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de los demás órganos y autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes, la preparación, dirección y ejecución de la política en relación con la administración general de la seguridad ciudadana, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras administraciones públicas en dicha materia. 2. Son autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito de la Administración General del Estado: a) El Ministro del Interior. b) El Secretario de Estado de Seguridad. c) Los titulares de los órganos directivos del Ministerio del Interior que tengan atribuida tal condición, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias. d) Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. e) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores Insulares. 3. Serán autoridades y órganos competentes, a los efectos de esta Ley, los correspondientes de las comunidades autónomas que hayan asumido competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana y cuenten con un cuerpo de policía propio. 4. Las autoridades de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las autoridades locales ejercerán las facultades que les corresponden, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y la legislación de régimen local, espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades clasificadas.

Datos clave

  • ¿Qué dos requisitos exige el artículo 5.3 a las comunidades autónomas? → Haber asumido competencias para la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la seguridad ciudadana y contar con un cuerpo de policía propio.
  • ¿Quiénes figuran en la letra e) del artículo 5.2? → Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores Insulares.
  • La lista estatal baja en escalera: Ministro → Secretario de Estado → órganos directivos → Delegados → Subdelegados y Directores Insulares. Cinco letras, de la a) a la e).
  • Los Directores Insulares van emparejados con los Subdelegados en la letra e): es el dato que se cae al recitar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno, a través de Interior, dirige la política de seguridad ciudadana; la Ley enumera cinco autoridades estatales competentes y reconoce a las comunidades autónomas con policía propia y a las autoridades locales.

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Ley 17/2015 Protección Civil · Art. 1

Objeto y finalidad. 1. La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada. 2. El objeto de esta ley es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia.

Datos clave

  • ¿Qué es la protección civil según el artículo 1? → El servicio público que, como instrumento de la política de seguridad pública, protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante emergencias y catástrofes.
  • ¿Cuál es el objeto de la Ley 17/2015? → Establecer el Sistema Nacional de Protección Civil y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia.
  • La terna del apartado 2, que cae literal: coordinación, cohesión y eficacia.
  • El origen de las emergencias se ramifica en dos y luego en dos: naturales o humanas, y las humanas, accidentales o intencionadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define la protección civil como servicio público integrado en la política de seguridad pública y fija el doble objeto de la ley: crear el Sistema Nacional de Protección Civil y regular las competencias de la Administración General del Estado.

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Ley 17/2015 Protección Civil · Art. 2

Definiciones. A los efectos de esta ley se entenderá por: 1. Peligro. Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes que deben ser preservados por la protección civil. 2. Vulnerabilidad. La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias. 3. Amenaza. Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente. 4. Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes. 5. Emergencia de protección civil. Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva. 6. Catástrofe. Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad. 7. Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.

Datos clave

  • ¿Qué es el riesgo según el artículo 2? → La posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes.
  • ¿Qué rasgo define a la catástrofe frente a la emergencia? → Que su atención supera los medios disponibles de la propia comunidad, alterando o interrumpiendo sustancialmente su funcionamiento.
  • ¿Qué son los servicios esenciales? → Los necesarios para las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos o el eficaz funcionamiento de las instituciones y Administraciones Públicas.
  • Las cuatro primeras van en cadena y en este orden: peligro (potencial) → vulnerabilidad (quién es susceptible) → amenaza (exposición) → riesgo (posibilidad de que le afecte).
  • Emergencia ordinaria = sin afectación colectiva. Emergencia extraordinaria = emergencia de protección civil.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Siete definiciones legales: peligro, vulnerabilidad, amenaza, riesgo, emergencia de protección civil, catástrofe y servicios esenciales. Caen literales y las cuatro primeras se confunden entre sí.

Esquema

Peligro, vulnerabilidad, amenaza y riesgo
PeligroVulnerabilidadAmenazaRiesgo
DefiniciónPotencial de ocasionar daño a colectivos de personas o bienesCaracterística que los hace susceptibles de ser afectados por un peligroSituación de exposición a un peligro inminente o latentePosibilidad de que una amenaza llegue a afectar a personas o bienes
Dónde está el acentoEn el potencial de dañoEn quien puede sufrirloEn la exposición actualEn la probabilidad
Apartado1234

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Ley 17/2015 Protección Civil · Art. 3

El Sistema Nacional de Protección Civil. 1. El Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de protección civil de todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente mediante las siguientes actuaciones: a) Prever los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos anticipadamente y evitar que se produzcan o, en su caso, reducir los daños que de ellos puedan derivarse. b) Planificar los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo. c) Llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de emergencia. d) Adoptar medidas de recuperación para restablecer las infraestructuras y los servicios esenciales y paliar los daños derivados de emergencias. e) Efectuar una coordinación, seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar un funcionamiento eficaz y armónico del mismo. 2. Las actuaciones del Sistema se regirán por los principios de colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 3. Los ciudadanos y las personas jurídicas participarán en el Sistema en los términos establecidos en esta ley.

Datos clave

  • ¿Qué actuación recoge la letra c) del artículo 3.1? → Llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de emergencia.
  • ¿Quién participa en el Sistema además de las Administraciones? → Los ciudadanos y las personas jurídicas, en los términos establecidos en la ley.
  • Cinco letras, de la a) a la e): Prever, Planificar, Intervenir, Recuperar, Coordinar.
  • Los tres primeros principios son la familia «co-»: colaboración, cooperación y coordinación. Y la lista cierra con la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Sistema integra la actividad de todas las Administraciones mediante cinco actuaciones —prever, planificar, intervenir, recuperar y coordinar—, se rige por nueve principios y admite la participación de ciudadanos y personas jurídicas.

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Ley 17/2015 Protección Civil · Art. 14

Planes de Protección Civil. 1. Los Planes de Protección Civil son los instrumentos de previsión del marco orgánico- funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir. 2. Los Planes de Protección Civil son el Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y los Planes de Autoprotección. 3. El Plan Estatal General y los Planes Territoriales y Especiales de ámbito estatal o autonómico deberán ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil, a los efectos de su adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil.

Datos clave

  • ¿Cuáles son los Planes de Protección Civil? → El Plan Estatal General, los Planes Territoriales (autonómicos o locales), los Planes Especiales y los Planes de Autoprotección.
  • ¿A qué efectos informa el Consejo Nacional el Plan Estatal General y los Territoriales y Especiales estatales o autonómicos? → A los efectos de su adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil.
  • Regla del informe: si el plan es estatal o autonómico, pasa por el Consejo Nacional; si es local o de autoprotección, no.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define qué son los Planes de Protección Civil, enumera los cuatro tipos y dice cuáles tienen que ser informados por el Consejo Nacional: el Estatal General y los Territoriales y Especiales estatales o autonómicos.

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Ley 17/2015 Protección Civil · Art. 15

Tipos de Planes. 1. El Plan Estatal General desarrolla la organización y los procedimientos de actuación de la Administración General del Estado para prestar apoyo y asistencia a las otras Administraciones Públicas, en casos de emergencia de protección civil, así como ejercer la dirección y coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas en las emergencias declaradas de interés nacional. La aprobación del Plan Estatal General corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior. 2. Son Planes Territoriales todos aquellos que se elaboran para hacer frente a los riesgos de emergencia que se puedan presentar en el territorio de una Comunidad Autónoma o de una Entidad Local. Dichos Planes serán aprobados por la Administración competente, autonómica o local, de conformidad con lo previsto en su legislación específica. 3. Son Planes Especiales los que tienen por finalidad hacer frente a los riesgos de inundaciones; terremotos; maremotos; volcánicos; fenómenos meteorológicos adversos; incendios forestales; accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas; accidentes de aviación civil y en el transporte de mercancías peligrosas, así como los relativos a la protección de la población en caso de conflicto bélico y aquellos otros que se determinen en la Norma Básica. Los Planes Especiales podrán ser estatales o autonómicos, en función de su ámbito territorial de aplicación, y serán aprobados por la Administración competente en cada caso. Los planes especiales relativos al riesgo nuclear y a la protección de la población en caso de conflicto bélico serán, en todo caso, de competencia estatal, sin perjuicio de la participación en los mismos de las administraciones de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, según se establezca en la Norma Básica. 4. Los Planes de Autoprotección establecen el marco orgánico y funcional previsto para los centros, establecimientos, instalaciones o dependencias recogidas en la normativa aplicable, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos de emergencia de protección civil sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada en esas situaciones.

Datos clave

  • ¿Quién aprueba el Plan Estatal General y a propuesta de quién? → El Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior.
  • ¿Qué Planes Especiales son en todo caso de competencia estatal? → Los relativos al riesgo nuclear y a la protección de la población en caso de conflicto bélico.
  • ¿Qué establecen los Planes de Autoprotección? → El marco orgánico y funcional de los centros, establecimientos, instalaciones o dependencias recogidos en la normativa aplicable, para prevenir y controlar riesgos y dar respuesta adecuada.
  • El Estatal General lo aprueba el Gobierno (no el Ministro: el Ministro solo propone). Los demás, «la Administración competente».
  • De los riesgos especiales, quédate con los dos que nunca se ceden: nuclear y conflicto bélico, siempre estatales.
  • El Plan Estatal General tiene dos caras: apoya y asiste en las emergencias normales; dirige y coordina en las de interés nacional.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Desarrolla los cuatro tipos de planes: qué hace cada uno y quién lo aprueba. Lo que más cae: el Estatal General lo aprueba el Gobierno, y los Especiales de riesgo nuclear y conflicto bélico son siempre estatales.

Esquema

Los cuatro tipos de Planes
Estatal GeneralTerritorialesEspecialesAutoprotección
Para quéApoyo y asistencia de la AGE a las demás Administraciones; dirección y coordinación en emergencias de interés nacionalRiesgos de emergencia del territorio de una Comunidad Autónoma o Entidad LocalRiesgos concretos: inundaciones, sísmico, volcánico, incendios forestales, químico o nuclear, aviación, conflicto bélico...Prevenir y controlar riesgos en centros, establecimientos, instalaciones o dependencias, y dar respuesta
ÁmbitoEstatalAutonómico o localEstatal o autonómico, según su ámbito territorialEl del centro, establecimiento, instalación o dependencia
Quién apruebaEl Gobierno, a propuesta del Ministro del InteriorLa Administración competente, autonómica o local, según su legislación específicaLa Administración competente en cada casoEl artículo no lo indica

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Ley 17/2015 Protección Civil · Art. 28

Definición. Son emergencias de interés nacional: 1. Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. 2. Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico. 3. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.

Datos clave

  • ¿Qué ley orgánica se cita en la definición de emergencia de interés nacional? → La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.
  • ¿Qué dos condiciones exige el segundo supuesto de emergencia de interés nacional? → Que afecte a varias Comunidades Autónomas y que exija una aportación de recursos a nivel supraautonómico, siendo necesario prever la coordinación de Administraciones diversas.
  • Tres supuestos numerados, no letras. Uno jurídico, uno territorial y uno de dimensión.
  • Dato que cae: la ley de los estados de alarma, excepción y sitio es la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
  • En el tercer supuesto basta con dimensiones «previsibles»: no hay que esperar a que la catástrofe crezca.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define las emergencias de interés nacional por tres vías: las que exigen aplicar la ley de los estados de alarma, excepción y sitio; las que afectan a varias Comunidades Autónomas con recursos supraautonómicos; y las que requieren dirección nacional.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 69

Declaración responsable y comunicación. 1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla. 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. 3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. 4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados. 6. Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.

Datos clave

  • ¿Desde cuándo permite actuar una declaración responsable o comunicación? → Desde el día de su presentación, sin perjuicio del control posterior (art. 69.3).
  • ¿Pueden exigirse declaración responsable y comunicación a la vez? → No, solo una de las dos (art. 69.6).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Declaración responsable y comunicación: qué es cada una, que habilitan desde el día de su presentación sin perjuicio del control posterior, qué pasa si hay inexactitud, falsedad u omisión esencial y que solo puede exigirse una de las dos.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 4

Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad. 1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. 2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.

Datos clave

  • ¿Qué medida debe elegir la Administración cuando limita derechos o exige requisitos? → La menos restrictiva, aplicando el principio de proporcionalidad.
  • ¿Qué cuatro facultades reconoce el art. 4.2 para velar por el cumplimiento de la legislación? → Comprobar, verificar, investigar e inspeccionar.
  • Cuatro verbos de control, en este orden en el texto: comprobar, verificar, investigar e inspeccionar (CVII).
  • Del apartado 1 quédate con el trío que se pregunta: proporcionalidad, medida menos restrictiva y motivación de la necesidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando la Administración limita derechos o exige requisitos para una actividad, tiene que ir con la medida menos restrictiva, motivarla y evaluar después qué ha dado de sí. Y para vigilar el cumplimiento puede comprobar, verificar, investigar e inspeccionar.

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Artículo 1. Objeto.

1. El objeto de esta ley es la coordinación de las policías locales andaluzas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

2. La coordinación se llevará a cabo a través de la ordenación general y el establecimiento de un conjunto de medidas normativas, competencias, funciones y técnicas que proporcionan criterios básicos para homogeneizar la organización, funcionamiento, procesos de selección, promoción y movilidad y otras normas del régimen estatutario de su personal, y sistemas de información, asesoramiento y colaboración recíprocas, en el marco de lo establecido por el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

3. La formación continuada y el perfeccionamiento del personal constituyen un objetivo básico en el establecimiento de los criterios de ordenación general y coordinación.

4. Las funciones de coordinación serán ejercidas con respeto a la autonomía local, conforme la define el artículo 4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Datos clave

  • Objeto: la coordinación de las policías locales andaluzas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.
  • Se coordina mediante criterios básicos para homogeneizar organización, funcionamiento, selección, promoción, movilidad y régimen estatutario.
  • Marco: artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
  • La formación continuada y el perfeccionamiento son un objetivo básico.
  • La coordinación respeta la autonomía local definida en el artículo 4 de la Ley 5/2010.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley coordina las policías locales andaluzas sin quitarles su dependencia municipal: fija criterios básicos para homogeneizarlas, con la formación como objetivo básico y respeto a la autonomía local.

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Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La ley es aplicable:

a) A los cuerpos de la Policía Local de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a su personal.

b) Al personal denominado «vigilante municipal», en aquellos municipios en los que no exista Cuerpo de la Policía Local.

c) Al personal con nombramiento en prácticas en los cuerpos de la Policía Local, así como al alumnado del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía y las escuelas municipales de la Policía Local, en lo que proceda.

d) También será de aplicación a las asociaciones de municipios que se constituyan para la prestación de las funciones asignadas a la Policía Local y a los funcionarios que realicen dichos cometidos, de conformidad con lo establecido en la legislación orgánica sobre fuerzas y cuerpos de seguridad.

Datos clave

  • Se aplica a los cuerpos de la Policía Local de los municipios andaluces y a su personal.
  • Se aplica al personal «vigilante municipal» donde no exista Cuerpo de la Policía Local.
  • Se aplica al personal en prácticas y al alumnado del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía y de las escuelas municipales.
  • Se aplica a las asociaciones de municipios constituidas para prestar funciones de Policía Local.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley alcanza a los cuerpos de Policía Local andaluces, a los vigilantes municipales donde no hay cuerpo, a funcionarios en prácticas y alumnado, y a las asociaciones de municipios para funciones policiales.

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Artículo 3. Órganos competentes en materia de coordinación.

Son órganos competentes sobre las policías locales de Andalucía:

a) El Consejo de Gobierno.

b) La Consejería con competencias sobre las policías locales.

c) La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

Datos clave

  • Hay tres órganos competentes sobre las policías locales de Andalucía.
  • El Consejo de Gobierno.
  • La Consejería con competencias sobre las policías locales.
  • La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres órganos son competentes sobre las policías locales de Andalucía: el Consejo de Gobierno, la Consejería competente y la Comisión de Coordinación de las Policías Locales.

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Artículo 4. Competencias de la Consejería.

Corresponde a la Consejería con competencias sobre las policías locales:

a) Determinar la homogeneización de los distintos cuerpos de la Policía Local, en cuanto a los medios técnicos necesarios y uniformidad para la eficacia de su cometido.

b) El impulso y el desarrollo de las políticas y las directrices dictadas por la Junta de Andalucía sobre la materia.

c) Desarrollar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las policías locales.

d) Coordinar, supervisar y realizar el seguimiento de la formación obligatoria que imparten las escuelas municipales de la Policía Local y escuelas municipales de la Policía Local acreditadas, a través del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.

e) Supervisar y realizar el seguimiento de las actividades formativas impartidas por entidades públicas o privadas en colaboración con del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.

f) Coordinar las actuaciones de los cuerpos de la Policía Local que se realicen fuera de su respectivo ámbito territorial.

g) Informar y asesorar a los municipios en materia de policía local.

h) Instrumentar los medios necesarios para garantizar la coordinación, de acuerdo con lo establecido en la presente ley, asesorando a los municipios que lo soliciten

i) Coordinar y fomentar las herramientas informáticas de gestión policial, para facilitar la eficacia en las actuaciones de las policías locales y potenciar la colaboración e intercambio de información entre los distintos cuerpos de las policías locales andaluzas.

j) Conocer los acuerdos puntuales de colaboración entre municipios, en materia de policía local, para atender necesidades temporales.

k) Impulsar, de forma prioritaria, planes de actuación para la lucha contra la violencia de género en coordinación con los cuerpos de Policía Local de Andalucía y en colaboración con la Consejería competente en materia de violencia de género.

l) Promover sistemas de comunicación y de información recíproca en materia de seguridad pública que compete al personal funcionario de las policías locales que propicie, en caso necesario, la coordinación y la actuación conjunta y simultánea en su ámbito de actuación respectivo.

m) Proponer la adopción de planes conjuntos de actuación entre administraciones y protocolos de actuación para los cuerpos de Policía Local en las circunstancias ordinarias o extraordinarias que así lo requieran.

n) Establecer programas de colaboración con los municipios e instrumentar medidas de fomento para la dotación de recursos destinados a los cuerpos de la Policía Local.

ñ) Aprobar un plan de promoción de la salud mental y prevención del suicidio policial, en colaboración con la Consejería con competencias en salud mental, que contará con la participación de expertos de las organizaciones representativas a nivel policial como no policial, para mejorar el bienestar psíquico de los funcionarios de las policías locales de Andalucía y minimizar la cifra de suicidios en los cuerpos de la Policía Local.

Datos clave

  • Determinar la homogeneización de los cuerpos en medios técnicos y uniformidad.
  • Desarrollar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad.
  • Coordinar y supervisar la formación obligatoria a través del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.
  • Coordinar las actuaciones de los cuerpos fuera de su respectivo ámbito territorial.
  • Impulsar de forma prioritaria planes contra la violencia de género.
  • Aprobar un plan de promoción de la salud mental y prevención del suicidio policial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quince competencias de la Consejería: homogeneizar medios y uniformidad, criterios de selección y formación, coordinar actuaciones fuera del término, violencia de género y plan de salud mental y prevención del suicidio.

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Artículo 5. La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

1. La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía es un órgano consultivo, adscrito a la Consejería competente en la materia, que tiene por objeto la participación de los ayuntamientos y del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local en el ejercicio de las competencias de coordinación de las policías locales andaluzas.

Tendrá la siguiente composición:

a) Presidencia: la persona titular de la Consejería con competencias sobre las policías locales.

b) Vicepresidencia primera: la persona titular del órgano directivo central con competencias sobre las policías locales.

c) Vicepresidencia segunda: una persona en representación de la Administración municipal, propuesta por la asociación de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación.

d) Vocalías:

1.º Cuatro personas en representación de la Administración de la Junta de Andalucía, designadas por la Presidencia.

2.º Seis personas en representación de la Administración municipal, propuestas por la asociación de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación, en la que se garantice una representación plural.

3.º Tres personas en representación de las organizaciones sindicales, a propuesta de cada una de las tres más representativas entre el personal funcionario de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en razón al mayor número de representantes obtenidos.

4.º Una persona en representación de las jefaturas y mandos de las policías locales, propuesta por la asociación más representativa de mandos de las policías locales en Andalucía.

5.º Tres personas a propuesta de las organizaciones sindicales que hayan obtenido más representación en los cuerpos de la Policía Local de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

e) Secretaría: actuará como titular de la Secretaría una persona, propuesta por la persona titular del órgano directivo competente sobre las policías locales, entre el personal funcionario de la Consejería con competencias sobre las policías locales, con voz y sin voto, que desempeñe, al menos, una jefatura de servicio.

2. En la composición se respetará el principio de representación equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

3. Los correspondientes nombramientos y ceses serán efectuados por la persona titular de la Presidencia.

4. Podrán asistir a las reuniones, con voz y sin voto, en calidad de asesores o expertos en la materia o en representación de colectivos con intereses directos, las que así lo acuerde la persona titular de la Presidencia o, en su caso, la Comisión, a solicitud de cualesquiera de sus integrantes, respetándose la representación de la composición de la Comisión y de conformidad con el procedimiento que reglamentariamente se determine.

5. La condición de vocales de la Comisión, cuando estos sean cargos electos y/o de representación de algún colectivo, estará ligada a la representatividad o cargo que ostenten, por lo que dichos vocales habrán de ser renovados después de la realización de los procesos electorales que correspondan, ello sin perjuicio de que los mismos puedan permanecer en funciones como vocales de la Comisión hasta la renovación a efectuar o puedan ser sustituidos antes de la realización de dichos procesos electorales.

Datos clave

  • Órgano consultivo adscrito a la Consejería competente.
  • Presidencia: titular de la Consejería con competencias sobre las policías locales.
  • Vocalías: cuatro de la Junta, seis de la Administración municipal, tres sindicales, una de jefaturas y mandos y tres de sindicatos con más representación en la Policía Local.
  • La Secretaría tiene voz y sin voto y desempeña, al menos, una jefatura de servicio.
  • Se respeta la representación equilibrada de mujeres y hombres.
  • Los nombramientos y ceses los efectúa la Presidencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Composición de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales: presidencia, dos vicepresidencias, diecisiete vocalías de Junta, municipios, sindicatos y mandos, y secretaría sin voto.

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Artículo 6. Competencias y funcionamiento de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

1. Corresponde a la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía:

a) Informar las normas sobre las policías locales.

b) Informar los programas y criterios docentes básicos de los cursos preceptivos de ingreso y capacitación que se impartan por los centros de formación de policía local de Andalucía.

c) Asesorar a la Consejería con competencias sobre las policías locales en las materias objeto de esta ley, con los informes técnicos que considere pertinentes sobre estructura, organización, funcionamiento y medios técnicos de la Policía Local.

d) De acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable, ejercer las funciones de mediación y arbitraje en los conflictos colectivos del Cuerpo de la Policía Local, de carácter profesional, cuando lo soliciten de común acuerdo el municipio afectado y la junta o delegados y delegadas de personal.

e) Conocer los proyectos de creación y extinción de los cuerpos de Policía Local de las entidades locales de Andalucía.

f) Cualesquiera otras funciones que le atribuyan esta ley u otras disposiciones vigentes en relación con las materias objeto de regulación.

2. El régimen de organización y funcionamiento de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía se ajustará a lo dispuesto en la presente ley, en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen y en sus normas de funcionamiento, así como a lo establecido para los órganos colegiados en las normas básicas sobre régimen jurídico del sector público y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Datos clave

  • Informar las normas sobre las policías locales.
  • Informar los programas y criterios docentes de los cursos de ingreso y capacitación.
  • Asesorar a la Consejería sobre estructura, organización, funcionamiento y medios técnicos.
  • Mediación y arbitraje en conflictos colectivos cuando lo soliciten de común acuerdo el municipio y la representación del personal.
  • Conocer los proyectos de creación y extinción de cuerpos de Policía Local.

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La Comisión de Coordinación informa normas y programas docentes, asesora a la Consejería, media y arbitra conflictos colectivos y conoce la creación y extinción de cuerpos.

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Artículo 8. Registros de policías locales y de personal vigilante municipal.

1. Los registros de policías locales y de personal vigilante municipal de Andalucía son instrumentos a disposición de la Consejería con competencia sobre las policías locales para garantizar el cumplimiento de las funciones de coordinación desarrolladas en la presente ley, en los que preceptivamente se inscribirá a todo el personal indicado.

2. Se determinará reglamentariamente la información que habrá de figurar en los registros, que estará desagregada por sexo, y las cautelas necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos personales en los términos establecidos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

3. Las entidades locales estarán obligadas, al objeto de mantener los registros actualizados, a comunicar los datos que han de figurar en los mismos.

Datos clave

  • Los registros de policías locales y de personal vigilante municipal están a disposición de la Consejería.
  • En ellos se inscribe preceptivamente a todo el personal indicado.
  • Su contenido se determina reglamentariamente y estará desagregado por sexo.
  • Las entidades locales están obligadas a comunicar los datos para mantenerlos actualizados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Registros de policías locales y vigilantes municipales: inscripción preceptiva de todo el personal, datos desagregados por sexo y deber de comunicación de las entidades locales.

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Artículo 9. Naturaleza jurídica.

De conformidad con lo establecido en el artículo cincuenta y dos de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, así como en el artículo 21.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los cuerpos de la Policía Local son institutos armados, de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, bajo la superior autoridad de la persona titular de la alcaldía.

Datos clave

  • Los cuerpos de la Policía Local son institutos armados de naturaleza civil.
  • Tienen estructura y organización jerarquizada.
  • Están bajo la superior autoridad de la persona titular de la alcaldía.
  • Fundamento: artículo cincuenta y dos de la Ley Orgánica 2/1986 y artículo 21.1.i) de la Ley 7/1985.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los cuerpos de Policía Local son institutos armados, de naturaleza civil, jerarquizados y bajo la superior autoridad de la alcaldía.

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Artículo 10. Creación de cuerpos de la Policía Local.

1. En los municipios con población igual o superior a cinco mil habitantes existirá un cuerpo de la Policía Local, que como mínimo será de cinco personas funcionarias, y que deberá contar con dependencias específicas y adecuadas, medios técnicos idóneos, suficiente dotación presupuestaria y medios humanos necesarios para garantizar una prestación eficaz de sus funciones.

2. Los municipios de menos de cinco mil habitantes podrán crear un cuerpo de Policía Local con autorización de la Consejería competente en materia de policías locales, previo acuerdo municipal acompañado de una memoria en la que se justifique que en el plazo de dos años se cumplirán los requisitos establecidos en el apartado anterior, sin perjuicio de la posibilidad de asociarse en los términos previstos en el artículo 17.

La autorización deberá otorgarse en el plazo de seis meses desde la recepción del referido acuerdo municipal, oída la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. Al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, el silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio.

Datos clave

  • Municipios con población igual o superior a cinco mil habitantes: existirá cuerpo de la Policía Local.
  • El cuerpo tendrá como mínimo cinco personas funcionarias.
  • Los municipios de menos de cinco mil habitantes pueden crearlo con autorización de la Consejería competente.
  • La memoria debe justificar que en el plazo de dos años se cumplirán los requisitos.
  • La autorización se otorga en el plazo de seis meses, oída la Comisión de Coordinación.
  • El silencio administrativo tiene efecto desestimatorio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los municipios de cinco mil o más habitantes deben tener cuerpo de Policía Local de al menos cinco funcionarios; los menores pueden crearlo con autorización autonómica.

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Artículo 12. Funciones.

1. Los cuerpos de la Policía Local ejercerán las funciones previstas en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y demás normativa aplicable.

2. También podrán ejercer en su término municipal y previa delegación competencial, o encomienda de gestión, según los casos, efectuada mediante decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de policías locales, las siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma.

b) La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de las personas usuarias de sus servicios.

c) La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita.

d) El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma.

Datos clave

  • Ejercen las funciones de la Ley Orgánica 2/1986 y demás normativa aplicable.
  • Otras funciones requieren delegación o encomienda por decreto del Consejo de Gobierno.
  • Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes de los órganos de la Comunidad Autónoma.
  • Vigilancia y protección de personas, órganos, edificios y dependencias de la Comunidad Autónoma.
  • Inspección de actividades sometidas a su ordenación y uso de la coacción para la ejecución forzosa de sus actos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Además de las funciones de la LO 2/1986, la Policía Local puede asumir en su término, por delegación o encomienda aprobada por decreto del Consejo de Gobierno, cuatro funciones autonómicas.

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Artículo 13. Ámbito territorial de actuación.

Los cuerpos de la Policía Local actuarán en el ámbito territorial de sus respectivos municipios, sin perjuicio de que puedan actuar fuera de su término municipal en cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Ministerio Fiscal o la Autoridad Judicial y demás supuestos legalmente previstos, con el conocimiento de la alcaldía correspondiente.

Datos clave

  • Actúan en el ámbito territorial de sus respectivos municipios.
  • Pueden actuar fuera de su término en cumplimiento de decisiones del Ministerio Fiscal o de la Autoridad Judicial.
  • También en los demás supuestos legalmente previstos.
  • Fuera del término, con el conocimiento de la alcaldía correspondiente.

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La Policía Local actúa en su municipio y, excepcionalmente, fuera por decisiones del Ministerio Fiscal o la Autoridad Judicial y demás supuestos legales, con conocimiento de la alcaldía.

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Artículo 18. Principios de actuación.

1. En el ejercicio de sus funciones, las personas integrantes de los cuerpos de la Policía Local tendrán, a todos los efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad.

2. Los integrantes de los cuerpos de la Policía Local ejercerán sus funciones en los términos previstos en la presente ley y en el resto de la normativa de aplicación. En todo caso, deberán respetar los principios básicos de actuación previstos por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo.

3. Corresponde a los ayuntamientos organizar la forma de prestación de los servicios de policía local, considerando las necesidades y características de cada caso, así como la estructura y capacidad efectiva de plantilla. La jefatura operativa organizará la intervención policial atendiendo a los criterios anteriores y otros profesionales que procedieran, siendo obligatoria la prestación del servicio por un mínimo dos personas funcionarias, siempre que la disponibilidad en plantilla lo permita.

Datos clave

  • En el ejercicio de sus funciones tienen, a todos los efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad.
  • Deben respetar los principios básicos de actuación de la Ley Orgánica 2/1986.
  • Los ayuntamientos organizan la forma de prestación de los servicios de policía local.
  • Es obligatoria la prestación del servicio por un mínimo de dos personas funcionarias, si la plantilla lo permite.

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Los policías locales son agentes de la autoridad; respetan los principios básicos de la LO 2/1986; el ayuntamiento organiza el servicio y se presta por un mínimo de dos agentes si la plantilla lo permite.

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Artículo 23. Grupos, subgrupos, escalas y categorías.

1. Los cuerpos de la Policía Local de Andalucía se estructuran en los siguientes grupos, subgrupos, escalas y categorías:

a) Grupo A, subgrupo A1, escala técnica. Comprende, por orden jerárquico, las siguientes categorías:

1.º Intendente principal.

2.º Intendente.

b) Grupo A, subgrupo A2, escala ejecutiva. Comprende, por orden jerárquico, las siguientes categorías:

1.º Inspector o inspectora.

2.º Subinspector o subinspectora.

c) Grupo C, subgrupo C1, escala básica. Comprende, por orden jerárquico, las siguientes categorías:

1.º Oficial.

2.º Policía.

2. Las plazas de categoría de intendente principal solo podrán crearse en municipios capitales de provincia o en municipios que tengan más de cien mil habitantes. Excepcionalmente, podrán crearse plazas de intendente principal en municipios con población inferior a cien mil habitantes si el número de personas integrantes del cuerpo es superior a cien.

3. No se podrá crear una plaza de una categoría superior sin que existan plazas cubiertas en todas las categorías inferiores.

Datos clave

  • Escala técnica (A1): intendente principal e intendente.
  • Escala ejecutiva (A2): inspector y subinspector.
  • Escala básica (C1): oficial y policía.
  • Intendente principal: solo en capitales de provincia o municipios de más de cien mil habitantes.
  • Excepción: municipios menores si el cuerpo tiene más de cien integrantes.
  • No puede crearse una plaza superior sin plazas cubiertas en todas las categorías inferiores.

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Tres escalas con dos categorías cada una: técnica (A1), ejecutiva (A2) y básica (C1). El intendente principal solo en capitales o municipios de más de cien mil habitantes, salvo cuerpos de más de cien agentes.

Esquema

Escalas de la Policía Local
EscalaGrupo/subgrupoCategorías
TécnicaTécnicaA / A1Intendente principal, intendente
EjecutivaEjecutivaA / A2Inspector, subinspector
BásicaBásicaC / C1Oficial, policía

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Artículo 25. Funciones por escalas.

Sin perjuicio de las demás funciones que se les atribuyan con arreglo a las disposiciones en vigor, corresponderán al personal de cada escala, con carácter general, las siguientes:

a) Escala técnica: la organización, dirección, coordinación y supervisión de las distintas unidades y servicios del cuerpo.

b) Escala ejecutiva: la responsabilidad inmediata en la planificación y ejecución de los servicios.

c) Escala básica: el cumplimiento de las funciones propias del servicio y la realización de las funciones planificadas por las escalas técnica y ejecutiva o, en su caso, jefatura del cuerpo si dichas escalas no existieran.

Datos clave

  • Escala técnica: organización, dirección, coordinación y supervisión de unidades y servicios.
  • Escala ejecutiva: responsabilidad inmediata en la planificación y ejecución de los servicios.
  • Escala básica: funciones propias del servicio y las planificadas por las escalas técnica y ejecutiva o la jefatura.

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Funciones generales por escala: la técnica organiza y dirige, la ejecutiva planifica y ejecuta con responsabilidad inmediata, y la básica cumple las funciones del servicio y lo planificado.

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Artículo 26. Jefatura del cuerpo.

1. La persona titular de la alcaldía, en el ejercicio de la jefatura de la Policía Local, nombrará a quien desempeñará la jefatura inmediata del Cuerpo de la Policía Local. El procedimiento para la provisión del puesto será el de libre designación, con respeto a los principios de mérito, capacidad, objetividad, igualdad y publicidad.

2. El nombramiento se habrá de efectuar entre personal funcionario de carrera perteneciente a la máxima categoría del Cuerpo de la Policía Local del municipio o, si así lo acuerda el Ayuntamiento, de otros cuerpos de la Policía Local de municipios de Andalucía, siempre que pertenezca a categoría igual o superior a la plaza de máxima categoría de la plantilla del Cuerpo de la Policía Local del municipio y cumpla los requisitos de la convocatoria. No obstante, si no se pudiera proveer el puesto, por falta de personas solicitantes, por no cumplir los requisitos de la convocatoria o fuese declarado desierto por razones debidamente justificadas, se iniciará un nuevo procedimiento de provisión en el que podrá participar personal funcionario de otros cuerpos de seguridad con categoría igual o superior a la de la plaza de máxima categoría de la plantilla del Cuerpo de la Policía Local del municipio, que deberá estar en posesión de la titulación académica de acceso a la categoría y realizar, tras el nombramiento, un curso de adaptación a la jefatura en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía. Reglamentariamente, se establecerán las exenciones a dicho curso, así como la equivalencia entre categorías de los distintos cuerpos de seguridad.

3. A la persona titular de la jefatura inmediata del Cuerpo le corresponderán, en todo caso, las funciones atribuidas a la escala técnica, adecuándolas a las especificidades de la plantilla.

4. La persona titular de la alcaldía podrá remover discrecionalmente del puesto a la persona nombrada.

5. En caso de ausencia temporal por enfermedad u otra causa de la persona titular de la jefatura, o bien por encontrarse vacante dicho puesto, mientras el mismo se cubre conforme a lo dispuesto en el apartado 2, sus funciones serán desempeñadas por persona funcionaria de la misma categoría o, en caso de no existir, de la categoría inmediatamente inferior, designada por la persona titular de la alcaldía.

Datos clave

  • La persona titular de la alcaldía nombra a la jefatura inmediata del Cuerpo.
  • Provisión por libre designación, con respeto a mérito, capacidad, objetividad, igualdad y publicidad.
  • Se nombra entre personal funcionario de carrera de la máxima categoría del Cuerpo o, si lo acuerda el Ayuntamiento, de otros cuerpos andaluces.
  • Si no se provee, pueden participar funcionarios de otros cuerpos de seguridad, con curso de adaptación en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.
  • La alcaldía puede remover discrecionalmente a la persona nombrada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La alcaldía nombra por libre designación la jefatura inmediata del cuerpo, entre funcionarios de la máxima categoría; puede removerla discrecionalmente, y hay reglas para el suplente y para abrir el puesto a otros cuerpos.

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Artículo 27. Personal funcionario de carrera.

1. Los cuerpos de la Policía Local estarán integrados solamente por personal funcionario de carrera de los municipios respectivos, quedando prohibida cualquiera otra relación de prestación de servicios con la Administración y, en particular, las contrataciones de naturaleza laboral o administrativa.

2. La condición de personal funcionario de carrera de los cuerpos de Policía Local se adquirirá una vez superado el proceso selectivo, con el nombramiento por la autoridad competente y la toma de posesión.

Datos clave

  • Los cuerpos se integran solo por personal funcionario de carrera de los municipios respectivos.
  • Se prohíbe cualquier otra relación de servicios, en particular las contrataciones laborales o administrativas.
  • La condición se adquiere tras superar el proceso selectivo, con nombramiento y toma de posesión.

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Los cuerpos de Policía Local solo pueden integrarse por funcionarios de carrera del municipio; se prohíbe cualquier otra relación, en particular la contratación laboral o administrativa.

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