Tema 54: El procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo común. Los principios generales del procedimiento administrativo. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Fases del procedimiento. Formas de terminación. Ejecución.
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- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Artículo 31. Buena administración.
Se garantiza el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca.
Datos clave
- Se garantiza el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley.
- La actuación de las Administraciones Públicas será proporcionada a sus fines.
- Derecho a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo una información veraz.
- Los asuntos se tratarán de manera objetiva e imparcial y serán resueltos en un plazo razonable.
- Derecho a acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho a una buena administración: actuación proporcionada, participación en decisiones, información veraz, trato objetivo e imparcial, resolución en plazo razonable y acceso a archivos y registros.
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Artículo 5. Principio de buena administración.
1. En su relación con la ciudadanía, la Administración de la Junta de Andalucía actúa de acuerdo con el principio de buena administración, que comprende el derecho de la ciudadanía a:
a) Que los actos de la Administración sean proporcionados a sus fines.
b) Que se traten sus asuntos de manera equitativa, imparcial y objetiva.
c) Participar en las decisiones que le afecten, de acuerdo con el procedimiento establecido.
d) Que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable, siguiendo el principio de proximidad a la ciudadanía.
e) Participar en los asuntos públicos.
f) Acceder a la documentación e información de la Administración de la Junta de Andalucía en los términos establecidos en esta Ley y en la normativa que le sea de aplicación.
g) Obtener información veraz.
h) Acceder a los archivos y registros de la Administración de la Junta de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca.
2. En la organización y gestión de los servicios públicos se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.
Datos clave
- El principio de buena administración rige la relación de la Administración de la Junta de Andalucía con la ciudadanía.
- Comprende ocho derechos de la ciudadanía, enumerados en las letras a) a h).
- Actos proporcionados a sus fines y trato de los asuntos de manera equitativa, imparcial y objetiva.
- Resolución de los asuntos en un plazo razonable, siguiendo el principio de proximidad a la ciudadanía.
- Participar en las decisiones que le afecten y en los asuntos públicos; obtener información veraz.
- Acceso a archivos y registros, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca.
- En la organización y gestión de los servicios públicos se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La buena administración se concreta en ocho derechos de la ciudadanía, desde la proporcionalidad de los actos hasta el acceso a archivos y registros; y se atiende a la discapacidad.
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Artículo 97. Competencia para la resolución.
Los procedimientos de abstención y de recusación de autoridades y del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía serán resueltos por la persona titular del órgano jerárquico inmediatamente superior. Cuando el procedimiento afecte a los titulares de las Consejerías, la resolución corresponderá al Consejo de Gobierno, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
Datos clave
- Los procedimientos de abstención y recusación de autoridades y personal de la Administración de la Junta de Andalucía los resuelve la persona titular del órgano jerárquico inmediatamente superior.
- Si afectan a los titulares de las Consejerías, resuelve el Consejo de Gobierno.
- En ese caso se requiere informe previo del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La abstención y recusación de autoridades y personal la resuelve el superior jerárquico inmediato; si afecta a un Consejero, el Consejo de Gobierno con informe del Gabinete Jurídico.
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Artículo 111. Tramitación de los procedimientos administrativos.
1. Cada procedimiento administrativo integrará un único expediente, aunque en su tramitación intervengan diversos órganos o entidades de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. Con independencia del órgano ante el que se haya presentado la solicitud o que lo haya iniciado de oficio, el procedimiento será impulsado por el órgano competente para resolverlo.
La función de impulso conlleva la capacidad de coordinar a los órganos implicados en la tramitación, formular requerimientos y efectuar cuantas actuaciones tiendan a asegurar la resolución del procedimiento en el plazo legalmente establecido.
Reglamentariamente podrá designarse como órgano competente para la tramitación e impulso de los procedimientos a un órgano o entidad distintos de quien tenga la competencia para resolver, siempre que se den razones de índole técnica o de servicio que así lo justifiquen.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 del artículo 7 de esta Ley, los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos o informáticos por los órganos o agencias de la Administración de la Junta de Andalucía serán válidos siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y se cumplan las demás garantías y requisitos exigidos por la normativa aplicable.
4. La regulación de la tramitación telemática de procedimientos administrativos contemplará las garantías necesarias para salvaguardar los derechos de la ciudadanía. Dichas condiciones serán objetivas, razonables y no discriminatorias, y no obstaculizarán la prestación de servicios a la ciudadanía cuando en dicha prestación intervengan distintas Administraciones Públicas. Para entablar relaciones jurídicas por vía telemática las partes intervinientes tendrán que disponer de un certificado reconocido de usuario que les habilite para utilizar una firma electrónica en los casos y con las condiciones establecidas reglamentariamente.
Datos clave
- Cada procedimiento administrativo integrará un único expediente, aunque intervengan diversos órganos o entidades de la Administración de la Junta de Andalucía.
- El procedimiento será impulsado por el órgano competente para resolverlo, con independencia del órgano ante el que se presentó la solicitud o que lo inició de oficio.
- La función de impulso conlleva coordinar a los órganos implicados, formular requerimientos y asegurar la resolución en el plazo legalmente establecido.
- Reglamentariamente podrá designarse para la tramitación e impulso un órgano o entidad distintos del competente para resolver, por razones de índole técnica o de servicio.
- Los documentos emitidos por medios electrónicos o informáticos son válidos si queda garantizada su autenticidad, integridad y conservación.
- Las condiciones de la tramitación telemática serán objetivas, razonables y no discriminatorias.
- Para relacionarse por vía telemática se requiere un certificado reconocido de usuario que habilite para utilizar una firma electrónica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada procedimiento forma un único expediente impulsado por el órgano que resuelve; los documentos electrónicos valen si se garantizan autenticidad, integridad y conservación.
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Artículo 114. Ejecución de los actos administrativos.
1. La ejecución de los actos administrativos dictados por los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía corresponderá al órgano que los hubiese adoptado, con excepción de aquellos que correspondan a diversas Consejerías, cuya ejecución se ordenará por la persona titular de la Consejería competente en materia de Gobernación.
2. La ejecución de los actos administrativos dictados por las agencias dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía será ordenada por la persona titular del órgano directivo de la entidad.
3. La ejecución de los actos que traten de hacer efectivos ingresos de Derecho Público se regirá por la normativa específica en materia de Hacienda Pública.
4. Los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos son el apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, las multas coercitivas y la compulsión sobre las personas.
Datos clave
- La ejecución corresponde al órgano que hubiese adoptado el acto.
- Excepción: los actos que correspondan a diversas Consejerías los ordena ejecutar la persona titular de la Consejería competente en materia de Gobernación.
- Actos de las agencias: ejecución ordenada por la persona titular del órgano directivo de la entidad.
- Los actos que traten de hacer efectivos ingresos de Derecho Público se rigen por la normativa específica en materia de Hacienda Pública.
- Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multas coercitivas y compulsión sobre las personas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién ordena ejecutar los actos de la Junta de Andalucía: el órgano que los dictó, Gobernación si afectan a varias Consejerías y el titular del órgano directivo en las agencias; y los cuatro medios de ejecución forzosa.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 1
Objeto de la Ley. 1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. 2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.
Datos clave
- ¿Qué dos procedimientos incluye expresamente el art. 1.1 dentro del procedimiento común? → El sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
- ¿Qué especialidades pueden establecerse reglamentariamente? → Órganos competentes, plazos propios por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.
- Las especialidades reglamentarias son cinco: Órganos, Plazos, Iniciación y terminación, Publicación, Informes. Nemotecnia: OPIPI.
- Triple requisito para que una ley meta trámites nuevos: eficaz, proporcionado y necesario (y motivado). Si falta uno, no vale.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley regula la validez y eficacia de los actos, el procedimiento común (con el sancionador y el de responsabilidad) y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Solo una ley puede añadir trámites; el reglamento, especialidades.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 2
Ámbito subjetivo de aplicación. 1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional. 2. El sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley. 3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 anterior. 4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.
Datos clave
- ¿Qué integra el sector público institucional? → Organismos públicos y entidades de derecho público, entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, y Universidades públicas.
- ¿Tienen las Universidades públicas la consideración de Administración Pública? → No. Se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley.
- ¿Cuándo se aplica esta Ley a las entidades de derecho privado vinculadas? → En las normas que se refieran específicamente a ellas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
- Regla de tres letras: en el apartado 3 solo entra la letra a) del apartado 2. Las letras b) y c) se quedan fuera de «Administración Pública».
- Universidades y Corporaciones de Derecho Público: normativa específica primero, esta Ley como supletoria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley se aplica al sector público: AGE, comunidades autónomas, entidades locales y sector público institucional. Solo son Administraciones Públicas las tres territoriales y los organismos y entidades de derecho público; universidades y corporaciones se rigen por su normativa.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 3
Capacidad de obrar. A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
Datos clave
- ¿Cuántos supuestos de capacidad de obrar enumera el artículo 3? → Tres.
- ¿Qué menores quedan exceptuados? → Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos de que se trate.
- Son TRES letras, no dos ni cuatro: civil, menores y entes sin personalidad.
- La letra c) siempre depende de que una Ley lo declare expresamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones tres grupos: quienes la tienen según las normas civiles, los menores para lo que el ordenamiento les deja hacer solos (salvo incapacitación que les afecte) y, si una Ley lo declara, entes sin personalidad.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 4
Concepto de interesado. 1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
Datos clave
- ¿Hasta cuándo puede personarse el titular de intereses legítimos afectados? → En tanto no haya recaído resolución definitiva.
- ¿De qué son titulares las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales? → De intereses legítimos colectivos, en los términos que la Ley reconozca.
- Regla de dos palabras: derechos = automático (b); intereses legítimos = hay que personarse (c).
- En la sucesión del apartado 3 no hay plazo ni trámite: entra «cualquiera que sea el estado del procedimiento».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres vías para ser interesado: promover el procedimiento, tener derechos afectados o tener intereses legítimos afectados y personarse antes de la resolución definitiva; además, asociaciones representativas y sucesores.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 5
Representación. 1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. 2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas. 3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. 4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. 5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos. 6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 7. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento.
Datos clave
- Según el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, ¿para cuál de estas actuaciones debe acreditarse la representación? → Para renunciar a derechos en nombre de otra persona.
- ¿Qué efecto tiene inicialmente la falta de acreditación suficiente de la representación, según el artículo 5.6 de la Ley 39/2015? → Permite aportar o subsanar la acreditación en el plazo concedido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los interesados pueden actuar por representante; para los actos importantes (solicitudes, declaraciones, comunicaciones, recursos, desistimientos, renuncias) hay que acreditarla, para el mero trámite se presume, y el defecto se subsana en diez días.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 7
Pluralidad de interesados. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.
Datos clave
- ¿Con quién se entienden las actuaciones si varios interesados figuran en una solicitud? → Con el representante o interesado que hayan señalado expresamente y, en su defecto, con el que figure en primer término.
- Dos escalones y en este orden: designación expresa primero, primer término después.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si en una solicitud figuran varios interesados, la Administración actúa con el representante o interesado que hayan señalado expresamente y, si no señalaron a nadie, con el que figure en primer término.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 8
Nuevos interesados en el procedimiento. Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.
Datos clave
- ¿Qué se hace con los nuevos interesados advertidos durante la instrucción? → Se les comunica la tramitación del procedimiento.
- ¿De dónde debe resultar su identificación? → Del expediente.
- Tres filtros: sin publicidad + interés legítimo y directo + identificable desde el expediente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si en un procedimiento sin publicidad aparecen titulares de derechos o intereses legítimos y directos, identificables por el expediente y que puedan verse afectados por la resolución, se les comunica la tramitación.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 13
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.
Datos clave
- ¿Qué canal de comunicación reconoce expresamente el artículo 13.a de la Ley 39/2015? → El Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
- ¿Qué derecho recoge el artículo 13.g de la Ley 39/2015 en materia de identificación y firma? → Obtener y utilizar los medios de identificación y firma previstos en la ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quienes tienen capacidad de obrar según el artículo 3 disfrutan de nueve derechos en sus relaciones con las Administraciones, del Punto de Acceso General electrónico a la protección de datos, sin perjuicio de los del artículo 53 para los interesados.
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Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.
2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Datos clave
- Las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones por medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas, y pueden cambiar el medio elegido.
- Obligados en todo caso: personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales de colegiación obligatoria en su actividad (incluidos notarios y registradores), representantes de obligados y empleados públicos por razón de su condición.
- Reglamentariamente puede extenderse la obligación a colectivos de personas físicas con acceso y disponibilidad acreditados de medios electrónicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las personas físicas eligen libremente el medio de relación (electrónico o no) salvo que estén obligadas; enumera 5 colectivos siempre obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 21
Obligación de resolver. 1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. 2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. 4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. 5. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. 6. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.
Datos clave
- ¿Qué plazo máximo se aplica si la norma reguladora no fija ninguno? → Tres meses.
- ¿Desde cuándo se cuenta el plazo en los procedimientos iniciados de oficio? → Desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- ¿Qué supuestos se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa? → La terminación por pacto o convenio y los procedimientos de ejercicio de derechos sometidos únicamente a declaración responsable o comunicación.
- Seis meses es el techo que solo rompe una norma con rango de ley o el Derecho de la UE; tres meses es el plazo supletorio cuando la norma reguladora no fija ninguno.
- Dos excepciones a la obligación de resolver: pacto o convenio, y derechos sujetos solo a declaración responsable o comunicación. La caducidad o el desistimiento NO son excepción: obligan a resolver declarando la circunstancia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración debe resolver y notificar siempre, salvo pacto o convenio y derechos sujetos solo a declaración responsable o comunicación. Plazo: el de la norma, sin pasar de seis meses salvo ley o Derecho de la UE; si nada dice, tres meses.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 53
Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. 1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan. b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas. e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2. i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
Datos clave
- ¿Qué no está obligado a presentar el interesado si ya obra en la Administración? → Datos y documentos ya en poder de las Administraciones Públicas (art. 53.1.d).
- ¿Qué derecho añade el art. 53.2 en sancionadores? → Ser notificado de hechos, infracciones y sanciones, y la presunción de no responsabilidad (art. 53.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de derechos de cualquier interesado en el procedimiento (conocer su estado, copias, identificar responsables, no aportar originales ni lo ya aportado, alegar, asesor, pago electrónico…) y dos derechos más del presunto responsable en los sancionadores.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 54
Clases de iniciación. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.
Datos clave
- Existen dos clases de iniciación del procedimiento administrativo.
- Iniciación de oficio, por la propia Administración.
- Iniciación a solicitud del interesado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los procedimientos administrativos pueden iniciarse de dos formas: de oficio o a solicitud del interesado.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 56
Medidas provisionales. 1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. 2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 3. De acuerdo con lo previsto en los dos apartados anteriores, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: a) Suspensión temporal de actividades. b) Prestación de fianzas. c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable. d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos. e) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble. f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda. g) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. h) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas. i) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. 4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. 5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
Datos clave
- ¿Qué plazo hay para confirmar medidas provisionales previas? → 15 días desde su adopción (art. 56.2).
- ¿Qué límite tienen las medidas provisionales? → No pueden causar perjuicio de difícil o imposible reparación ni violar derechos amparados por ley (art. 56.4).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución: durante el procedimiento las adopta el órgano competente para resolver; antes de iniciarlo, por urgencia inaplazable, el competente para iniciar o instruir, con confirmación en el acuerdo de iniciación en quince días.
Esquema
| Iniciado el procedimiento | Antes de iniciarlo | |
|---|---|---|
| Órgano | Competente para resolver | Competente para iniciar o instruir |
| Presupuesto | Elementos de juicio suficientes | Urgencia inaplazable |
| Plazo | No fija | Acuerdo de iniciación en quince días |
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 58
Iniciación de oficio. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
Datos clave
- ¿Cuáles son las formas de iniciación de oficio del art. 58? → Acuerdo del órgano competente por propia iniciativa, por orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
- Cuenta cuatro y ordénalas de dentro a fuera: propia iniciativa → orden superior → petición razonada de otro órgano → denuncia (la única que puede venir de un particular).
- La petición de otros órganos tiene un adjetivo que cae: debe ser «razonada».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los procedimientos de oficio se inician siempre por acuerdo del órgano competente, y ese acuerdo puede venir de cuatro vías: propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 66
Solicitudes de iniciación. 1. Las solicitudes que se formulen deberán contener: a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. d) Lugar y fecha. e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación. Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes. 2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. 3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación. 4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas. Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan. 5. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete. 6. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados.
Datos clave
- ¿Qué debe expresar con claridad una solicitud de iniciación, según el artículo 66.1.c de la Ley 39/2015? → Los hechos, razones y petición en que se concrete.
- ¿Qué datos del destinatario exige el artículo 66.1.f de la Ley 39/2015 en una solicitud? → El órgano, centro o unidad y su correspondiente código de identificación.
- Si se establece expresamente un modelo específico para un procedimiento, ¿qué dispone el artículo 66.6 de la Ley 39/2015? → Su uso es obligatorio para los interesados.
- ¿Qué caracteriza a una solicitud de iniciación del artículo 66 de la Ley 39/2015? → Expresa claramente hechos, razones y la petición que se formula.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contenido obligatorio de toda solicitud (seis letras), solicitud única para varias personas con pretensiones iguales, derecho a recibo, modelos de presentación masiva voluntarios y modelos específicos obligatorios cuando la Administración los establece expresamente.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 68
Subsanación y mejora de la solicitud. 1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. 2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. 3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento. 4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo ordinario de subsanación de una solicitud previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015? → Diez días.
- ¿Qué debe advertir el requerimiento de subsanación del artículo 68.1 de la Ley 39/2015? → Que no subsanar dará lugar al desistimiento, previa resolución.
- Si una persona obligada presenta presencialmente su solicitud y luego subsana electrónicamente, ¿qué fecha cuenta según el artículo 68.4 de la Ley 39/2015? → La fecha en que se realizó la subsanación electrónica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Una solicitud incompleta se subsana en diez días, con aviso de desistimiento previa resolución; ampliables hasta cinco días salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Cabe mejora voluntaria y, si un obligado presenta en papel, cuenta la fecha de la subsanación.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 71
Impulso. 1. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. 2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo. 3. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos.
Datos clave
- ¿Qué orden se guarda en el despacho de los expedientes? → El riguroso orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo orden motivada en contrario del titular de la unidad.
- ¿Qué consecuencia tiene incumplirlo? → Responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, causa de remoción del puesto de trabajo.
- Tres ideas: celeridad e impulso de oficio, orden riguroso de incoación y responsabilidad del instructor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Celeridad e impulso de oficio por medios electrónicos; despacho por riguroso orden de incoación en asuntos homogéneos salvo orden motivada del titular de la unidad; y el instructor o titular de la unidad responde directamente de la tramitación y de los plazos.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 72
Concentración de trámites. 1. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. 2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto.
Datos clave
- ¿Qué debe consignarse al solicitar trámites a otros órganos? → El plazo legal establecido al efecto.
- Dos ideas: acumular lo simultáneo y avisar del plazo a quien tiene que cumplirlo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Por simplificación administrativa, se acuerdan en un solo acto los trámites que admitan impulso simultáneo y no deban cumplirse sucesivamente; y al pedir trámites a otros órganos se indica el plazo legal.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 75
Actos de instrucción. 1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. 2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos. 3. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. 4. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.
Datos clave
- ¿Qué dos principios debe garantizar el órgano instructor? → Contradicción e igualdad de los interesados en el procedimiento.
- ¿Cómo se practican los actos de instrucción que requieren la intervención del interesado? → En la forma más conveniente para él y compatible, en lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
- Cuatro apartados, cuatro ideas: de oficio, sistemas que controlan plazos, comodidad del interesado, contradicción e igualdad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los actos de instrucción los hace de oficio y por medios electrónicos el órgano que tramita; los sistemas controlan plazos y responsables; si interviene el interesado, de la forma más conveniente para él; y siempre con contradicción e igualdad.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 77
Medios y período de prueba. 1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días. 3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. 3 bis. Cuando el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la persona a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano administrativo podrá recabar informe de los organismos públicos competentes en materia de igualdad. 4. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. 5. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario. 6. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo. 7. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.
Datos clave
- ¿Cuál es la horquilla del período ordinario de prueba? → No superior a treinta días ni inferior a diez.
- ¿Cuándo puede el instructor rechazar las pruebas propuestas? → Solo cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
- ¿Qué ocurre en el sancionador con los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes? → Vinculan a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien.
- Tres cifras en escalera: mínimo 10, máximo 30 para el ordinario; máximo 10 para el extraordinario.
- El extraordinario solo va a petición de los interesados; el ordinario lo acuerda el instructor por sí mismo.
- Para rechazar prueba hacen falta las dos cosas: que sea manifiestamente improcedente o innecesaria y resolución motivada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los hechos se prueban por cualquier medio admisible en Derecho. Período ordinario de prueba entre diez y treinta días, extraordinario de hasta diez; rechazo de pruebas solo si son manifiestamente improcedentes o innecesarias, con resolución motivada; y reglas especiales de valor probatorio.
Esquema
| Ordinario | Extraordinario | |
|---|---|---|
| Cuándo | Hechos no tenidos por ciertos o lo exige la naturaleza del procedimiento | Cuando el instructor lo considere necesario |
| Iniciativa | Lo acuerda el instructor | El instructor, a petición de los interesados |
| Plazo | Entre diez y treinta días | No superior a diez días |
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 78
Práctica de prueba. 1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. 2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan. 3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
Datos clave
- ¿Qué debe consignar la notificación de la práctica de la prueba? → El lugar, la fecha y la hora, con advertencia en su caso de que el interesado puede nombrar técnicos que le asistan.
- ¿Cuándo puede exigirse anticipo de gastos de prueba? → Cuando la prueba se practique a petición del interesado e implique gastos que no deba soportar la Administración.
- Tres datos: antelación suficiente; lugar, fecha y hora más técnicos; y anticipo de gastos con liquidación posterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las pruebas admitidas se comunican con antelación suficiente, indicando lugar, fecha y hora y, en su caso, que se pueden nombrar técnicos. Si una prueba pedida por el interesado genera gastos que no debe soportar la Administración, esta puede exigir un anticipo.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 79
Petición. 1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. 2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita.
Datos clave
- ¿Qué debe hacerse al pedir un informe no preceptivo? → Fundamentar la conveniencia de reclamarlo y concretar los extremos sobre los que se solicita.
- Dos exigencias formales: citar el precepto o fundamentar, y concretar el objeto del informe.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Se piden los informes preceptivos y los que se juzguen necesarios para resolver, citando el precepto que los exige o fundamentando la conveniencia de reclamarlos, y concretando siempre los extremos sobre los que se solicitan.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 82
Trámite de audiencia. 1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento. 2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. 4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 5. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios.
Datos clave
- ¿Cuándo se practica la audiencia? → Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución (art. 82.1).
- ¿Plazo de la audiencia? → Entre 10 y 15 días (art. 82.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Instruido el procedimiento y justo antes de la propuesta de resolución, se da audiencia a los interesados durante diez a quince días. Puede omitirse si solo cuentan los hechos y pruebas del propio interesado, y en los casos del art. 32.9 de la LRJSP hay que oír siempre al contratista.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 83
Información pública. 1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. 2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días. 3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. 4. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos.
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo mínimo para formular alegaciones en información pública? → Veinte días.
- ¿Otorga la comparecencia la condición de interesado? → No, pero quien presente alegaciones tiene derecho a obtener una respuesta razonada.
- Tres datos: mínimo veinte días, comparecer no da condición de interesado, y respuesta razonada que puede ser común.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El órgano que resuelve puede abrir información pública para que cualquiera examine el expediente y alegue en un plazo de al menos veinte días. Comparecer no hace interesado, pero quien alega tiene derecho a respuesta razonada.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 84
Terminación. 1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. 2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.
Datos clave
- ¿Qué formas de terminación recoge el artículo 84? → Resolución, desistimiento, renuncia al derecho, declaración de caducidad e imposibilidad material sobrevenida.
- ¿Debe motivarse la resolución por imposibilidad material? → Sí, en todo caso.
- Cuatro del apartado 1 más la imposibilidad material del apartado 2: cinco en total.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El procedimiento termina por resolución, desistimiento, renuncia (si no está prohibida), declaración de caducidad y, también, por imposibilidad material sobrevenida, cuya resolución debe motivarse en todo caso.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 86
Terminación convencional. 1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados. 3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano. 4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos. 5. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Datos clave
- ¿Cuál es el contenido mínimo de los instrumentos de terminación convencional? → La identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia.
- ¿Qué acuerdos requieren aprobación expresa del Consejo de Ministros? → Los que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.
- Tres límites: no contrario al ordenamiento, materia transigible e interés público.
- Contenido mínimo en tres bloques: partes, ámbito (personal, funcional y territorial) y vigencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones pueden terminar o preparar la resolución de un procedimiento mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos, con tres límites, un contenido mínimo y aprobación del Consejo de Ministros u órgano autonómico equivalente en sus materias de competencia directa.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 88
Contenido. 1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. 2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. 3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 4. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley. 5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución. 6. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. 7. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución. En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo siguiente.
Datos clave
- ¿Qué exige el artículo 88.3 de la Ley 39/2015 sobre la motivación de la resolución? → Que sea motivada en los casos a que se refiere el artículo 35.
- En procedimientos tramitados a solicitud del interesado, ¿qué impide el artículo 88.2 de la Ley 39/2015? → Que la resolución agrave su situación inicial en ese procedimiento.
- Según el artículo 88.1 de la Ley 39/2015, ¿qué debe decidir la resolución que pone fin al procedimiento? → Las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del procedimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La resolución decide todo lo planteado y lo derivado, es congruente con lo pedido sin agravar al solicitante, se motiva en los casos del art. 35, indica los recursos, se dicta electrónicamente y no puede omitirse por oscuridad o insuficiencia de la norma.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 93
Desistimiento por la Administración. En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.
Datos clave
- El desistimiento de la Administración solo cabe en los procedimientos iniciados de oficio.
- Debe ser motivado.
- Solo procede en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración puede desistir en los procedimientos iniciados de oficio, de forma motivada y solo en los supuestos y con los requisitos que prevean las Leyes.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 94
Desistimiento y renuncia por los interesados. 1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.
Datos clave
- ¿De cuánto tiempo disponen los terceros personados para instar la continuación? → De diez días desde que fueron notificados del desistimiento o la renuncia.
- ¿Qué condición añade la ley a la renuncia y no al desistimiento? → Que no esté prohibida por el ordenamiento jurídico.
- Desistimiento = la solicitud; renuncia = el derecho. Solo la renuncia lleva la cláusula «cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico».
- Diez días para que el tercero personado inste la continuación, contados desde que se le notificó el desistimiento o la renuncia.
- Si hay varios solicitantes, el abandono es a la carta: solo afecta a quien lo formula.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todo interesado puede desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos si no está prohibido. Solo afecta a quien lo formula, la Administración lo acepta de plano y cierra el procedimiento, salvo que terceros personados pidan seguir en diez días o haya interés general.
Esquema
| Desistimiento | Renuncia | |
|---|---|---|
| Objeto | La solicitud | Los derechos |
| Límite | El texto no fija ninguno | Que no esté prohibida por el ordenamiento jurídico |
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 95
Requisitos y efectos. 1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. 2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. 3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado. 4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
Datos clave
- ¿Qué plazo debe transcurrir para que se produzca la caducidad del art. 95? → Tres meses desde la advertencia, en procedimientos iniciados a solicitud del interesado paralizados por causa imputable al mismo.
- ¿Qué trámites deben cumplimentarse en todo caso en el nuevo procedimiento? → Los de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.
- ¿Cuándo puede no aplicarse la caducidad? → Cuando la cuestión suscitada afecte al interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
- Tres meses y advertencia previa: sin aviso no hay caducidad.
- Frase que cae textual: «los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción».
- Los tres trámites que hay que repetir sí o sí en el nuevo procedimiento: alegaciones, proposición de prueba y audiencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En procedimientos a solicitud del interesado paralizados por causa imputable a él, tras advertirle, a los tres meses se acuerda el archivo por caducidad. La simple inactividad en trámites no indispensables no la produce, y los procedimientos caducados no interrumpen la prescripción.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 96
Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. 1. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. 2. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. 3. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud. 4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. 5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2. 6. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguientes trámites: a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso. c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días. d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado. e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo. g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver. El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente. En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. h) Resolución. 7. En el caso que un procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto en el apartado anterior, deberá ser tramitado de manera ordinaria.
Datos clave
- ¿Quién puede acordar la tramitación simplificada (art. 96.1)? → La Administración, de oficio o a solicitud del interesado
- ¿En qué plazo deben resolverse los procedimientos simplificados? → 30 días desde que se notifica el acuerdo (art. 96.6)
- ¿Puede volverse a la tramitación ordinaria durante la simplificada? → Sí, en cualquier momento anterior a la resolución (art. 96.1)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La tramitación simplificada se usa por interés público o poca complejidad; se resuelve en treinta días con una lista cerrada de trámites, y cualquier trámite extra obliga a la vía ordinaria.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 97
Título. 1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. 2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa.
Datos clave
- ¿Qué se exige antes de una actuación material de ejecución que limite derechos? → Que se haya adoptado previamente la resolución que le sirva de fundamento jurídico.
- Dos exigencias: resolución previa y notificación de esa resolución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ninguna actuación material de ejecución que limite derechos puede iniciarse sin la resolución previa que le sirva de fundamento, y quien ordena la ejecución debe notificar esa resolución al interesado.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 98
Ejecutoriedad. 1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. c) Una disposición establezca lo contrario. d) Se necesite aprobación o autorización superior. 2. Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes: a) Tarjeta de crédito y débito. b) Transferencia bancaria. c) Domiciliación bancaria. d) Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública.
Datos clave
- ¿Cuáles son las cuatro excepciones a la ejecutividad inmediata? → Suspensión de la ejecución, resolución sancionadora recurrible en vía administrativa, disposición que establezca lo contrario y necesidad de aprobación o autorización superior.
- ¿Cómo se abonan preferentemente las obligaciones de pago a la Hacienda pública? → Por medios electrónicos: tarjeta de crédito y débito, transferencia, domiciliación u otros autorizados.
- Cuatro excepciones: suspensión, sanción recurrible, disposición en contra y aprobación superior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos salvo en cuatro casos, y los pagos a la Hacienda pública que nazcan de una resolución se hacen preferentemente por medios electrónicos, salvo imposibilidad justificada.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 99
Ejecución forzosa. Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.
Datos clave
- ¿Qué requisito previo exige la ejecución forzosa? → El apercibimiento.
- ¿En qué casos no cabe la ejecución forzosa administrativa? → Cuando se suspenda la ejecución conforme a la Ley o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.
- Palabra clave: apercibimiento previo. Y dos límites: suspensión y reserva judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones, por sus órganos competentes, pueden ejecutar forzosamente sus actos previo apercibimiento, salvo que la ejecución esté suspendida conforme a la Ley o que la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 100
Medios de ejecución forzosa. 1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: a) Apremio sobre el patrimonio. b) Ejecución subsidiaria. c) Multa coercitiva. d) Compulsión sobre las personas. 2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. 3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
Datos clave
- ¿Cuáles son los medios de ejecución forzosa? → Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas.
- ¿Qué criterio se sigue si caben varios medios? → Elegir el menos restrictivo de la libertad individual.
- Orden del artículo: apremio, subsidiaria, coercitiva, compulsión. De lo patrimonial a lo personal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuatro medios de ejecución forzosa, siempre con proporcionalidad: apremio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión. Si caben varios, el menos restrictivo de la libertad; y para entrar en un domicilio, consentimiento del titular o autorización judicial.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 3
Principios generales. 1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: a) Servicio efectivo a los ciudadanos. b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. f) Responsabilidad por la gestión pública. g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. 3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.
Datos clave
- ¿Cómo deben relacionarse las Administraciones entre sí? → Por medios electrónicos, con interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2)
- ¿Cuántas personalidades jurídicas tiene cada Administración del art. 2? → Una sola, personalidad jurídica única (art. 3.4)
- Relación entre Administraciones: siempre por medios electrónicos, garantizando interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Constitución, la Ley y el Derecho, y deben respetar una lista de principios de actuación. Se relacionan entre sí por medios electrónicos y cada una tiene personalidad jurídica única.
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Artículo 23. Abstención.
Abstención. 1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 2. Son motivos de abstención los siguientes: a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente. 4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda.
Datos clave
- Quien incurra en causa de abstención se abstendrá de intervenir y lo comunicará a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
- Parentesco: consanguinidad dentro del cuarto grado o afinidad dentro del segundo, además del vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable.
- Relación de servicio o prestación de servicios profesionales en los dos últimos años con persona interesada directamente en el asunto.
- Otros motivos: interés personal, ser administrador de entidad interesada, cuestión litigiosa pendiente, amistad íntima o enemistad manifiesta, haber intervenido como perito o testigo.
- Los órganos jerárquicamente superiores podrán ordenar la abstención de toda intervención en el expediente.
- La actuación con motivo de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos.
- La no abstención dará lugar a la responsabilidad que proceda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Obliga a abstenerse de intervenir en un procedimiento a quien tenga interés personal, parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta, o haya sido perito o testigo, y aclara que no abstenerse no invalida por sí solo el acto pero sí genera responsabilidad.
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Artículo 24. Recusación.
Recusación. 1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido. 4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.
Datos clave
- La recusación la promueven los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, en los casos de abstención del artículo 23.
- Se plantea por escrito, expresando la causa o causas en que se funda.
- En el día siguiente el recusado manifiesta a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada.
- Si el superior aprecia la causa, acordará su sustitución acto seguido.
- Si el recusado niega la causa, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones oportunos.
- Contra las resoluciones en esta materia no cabe recurso, sin perjuicio de alegar la recusación al recurrir el acto que ponga fin al procedimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Permite a los interesados recusar, por escrito y motivadamente, a quien debiera abstenerse; si el recusado niega la causa, resuelve el superior en un plazo fijo, y contra esa resolución no cabe recurso directo.