Tema 8: El Poder Judicial. La regulación constitucional de la Justicia. La organización judicial. El Consejo General del Poder Judicial: organización y competencias.
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Constitución Española · Art. 24
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
Datos clave
- ¿Qué no puede producirse nunca según el art. 24.1? → Indefensión.
- ¿Qué juez garantiza el art. 24.2? → El juez ordinario predeterminado por la ley.
- ¿Por qué dos razones puede la ley eximir de declarar sobre hechos delictivos? → Por razón de parentesco o de secreto profesional.
- Diferencia el apdo. 1 (tutela judicial general, para cualquiera) del apdo. 2 (garantías específicas del proceso): son dos planos distintos.
- La excepción al deber de declarar por parentesco o secreto profesional está en el propio apdo. 2, al final.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 24 garantiza la tutela judicial efectiva sin indefensión (apdo. 1) y, en el proceso, un catálogo de garantías: juez predeterminado, defensa letrada, proceso público sin dilaciones y presunción de inocencia (apdo. 2).
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Artículo 1. Origen y administración de la justicia
La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley.
Datos clave
- La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey.
- La administran Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial.
- Notas de Jueces y Magistrados: independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley.
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Artículo 2. Potestad jurisdiccional
Artículo 2.
1. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los jueces, a las juezas y a los Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales.
2. Los jueces, las juezas y los Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior, y las demás que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.
Se modifica por el art. 1.1 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica el apartado 2 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2011-12627 .
Redactado el apartado 1 conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 264, de 4 de noviembre de 1985. Ref. BOE-A-1985-22752
Datos clave
- La potestad jurisdiccional consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
- Corresponde exclusivamente a los jueces, juezas y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales.
- No ejercerán más funciones que la jurisdiccional y las que expresamente les atribuya la ley en garantía de cualquier derecho.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los jueces, juezas y Tribunales fijados por las leyes y los tratados, que solo ejercen esa función y las que la ley les atribuya expresamente en garantía de cualquier derecho.
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Artículo 3. Unidad jurisdiccional y jurisdicción militar
El artículo 3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, consagra el principio de unidad jurisdiccional.
1. La jurisdicción es única y se ejerce por los jueces, las juezas y los Tribunales previstos en esta ley orgánica, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos.
2. Los órganos de la jurisdicción militar, integrante del Poder Judicial del Estado, basan su organización y funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional y administran Justicia en el ámbito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaración del estado de sitio, de acuerdo con la Constitución y lo dispuesto en las leyes penales, procesales y disciplinarias militares.
Datos clave
- La jurisdicción es única.
- Se ejerce por los jueces, juezas y Tribunales previstos en la LOPJ, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos.
- La jurisdicción militar es integrante del Poder Judicial del Estado y se rige por el principio de unidad jurisdiccional.
- Ámbito de la jurisdicción militar: estrictamente castrense y, en su caso, las materias que establezca la declaración del estado de sitio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La jurisdicción es única y la ejercen los jueces y Tribunales de la Ley; la militar forma parte del Poder Judicial y se limita a lo estrictamente castrense y, en su caso, al estado de sitio.
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Artículo 9. Órdenes jurisdiccionales
1. Los jueces y juezas, así como los Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra ley.
2. Los jueces y juezas, así como los Tribunales del orden civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.
En este orden civil, corresponderá a la Jurisdicción Militar la prevención de los juicios de testamentaría y de abintestato de los miembros de las Fuerzas Armadas que, en situación de conflicto armado, fallecieren en campaña o navegación, limitándose a la práctica de la asistencia imprescindible para disponer el sepelio del difunto y la formación del inventario y aseguramiento provisorio de sus bienes, dando siempre cuenta a la Autoridad judicial civil competente.
3. Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar.
4. Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.
Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva.
También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas.
5. Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.
6. La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada y se efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente.
Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. 1.4 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Véase sobre la constitucionalidad del apartado 4, en la redacción dada por el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, la Sentencia del TC 118/2016, de 23 de junio, Ref. BOE-A-2016-7295 que declara que no es inconstitucional interpretado en los términos del fundamento jurídico 3 d).
Se modifica el apartado 4 por el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, en la redacción dada por la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo. Ref. BOE-A-2011-4551 .
Se modifica el apartado 4 por el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero. Ref. BOE-A-2010-2739 .
Se modifica el apartado 4 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Se modifica el apartado 4 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio. Ref. BOE-A-1998-16712
Datos clave
- Los órganos judiciales ejercen su jurisdicción exclusivamente en los casos en que se la atribuya la LOPJ u otra ley.
- Orden civil: materias propias y todas las no atribuidas a otro orden (carácter residual).
- Orden penal: causas y juicios criminales, salvo los de la jurisdicción militar.
- Orden contencioso-administrativo: actuación administrativa sujeta a derecho administrativo, disposiciones generales de rango inferior a la ley, reales decretos legislativos (art. 82.6 CE), inactividad y vía de hecho, y responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
- Las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya quedan excluidas y corresponden en exclusiva al Tribunal Constitucional.
- Orden social: rama social del derecho, conflictos individuales y colectivos, Seguridad Social y reclamaciones contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.
- La jurisdicción es improrrogable: la falta de jurisdicción se aprecia de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, mediante resolución fundada que indique el orden competente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Distribuye la jurisdicción en cuatro órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social) y declara que la jurisdicción es improrrogable: los órganos judiciales aprecian de oficio su falta de jurisdicción.
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Artículo 12. Independencia judicial
1. En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial.
2. No podrán los Jueces y Tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan.
3. Tampoco podrán los Jueces y Tribunales, órganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del Poder Judicial dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Datos clave
- En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial.
- Solo puede corregirse la aplicación o interpretación del ordenamiento hecha por los inferiores cuando se administra justicia en virtud de los recursos legales.
- Ni Jueces y Tribunales, ni sus órganos de gobierno, ni el Consejo General del Poder Judicial pueden dictar instrucciones, generales o particulares, a sus inferiores sobre aplicación o interpretación del ordenamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Jueces y Magistrados son independientes incluso frente a otros órganos judiciales y de gobierno; los superiores solo corrigen vía recursos y nadie puede darles instrucciones sobre cómo interpretar la ley.
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Artículo 14. Amparo de la independencia judicial
1. Los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico.
2. El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquéllos, promoverá las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial.
Datos clave
- El Juez o Magistrado inquietado o perturbado en su independencia lo pondrá en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial.
- Dará cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado.
- Puede practicar por sí mismo las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico.
- El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquellos, promoverá las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El juez perturbado en su independencia lo comunica al CGPJ y da cuenta al juez competente, pudiendo practicar las diligencias indispensables; el Ministerio Fiscal promueve las acciones de defensa.
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Artículo 15. Inamovilidad judicial
Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en esta Ley.
Datos clave
- Garantía de inamovilidad de Jueces y Magistrados.
- No pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por las causas y con las garantías previstas en la LOPJ.
- Cuatro supuestos protegidos: separación, suspensión, traslado y jubilación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Jueces y Magistrados solo pueden ser separados, suspendidos, trasladados o jubilados por las causas y con las garantías de la LOPJ.
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Artículo 17. Deber de colaboración y cumplimiento de resoluciones
El artículo 17 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula el deber general de colaboración con la Administración de Justicia y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
1. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la ley.
2. Las Administraciones Públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes.
Datos clave
- Obligados a colaborar: todas las personas y entidades públicas y privadas.
- La colaboración se presta en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, en la forma que la ley establezca.
- Excepciones: las que establezcan la Constitución y las leyes.
- Se resarcen los gastos y se abonan las remuneraciones debidas que procedan conforme a la ley.
- Deben respetarse y cumplirse las sentencias y resoluciones firmes o ejecutables de acuerdo con las leyes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos, públicos y privados, deben colaborar con Jueces y Tribunales durante el proceso y la ejecución, y respetar y cumplir las resoluciones firmes o ejecutables.
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Artículo 19. Acción popular, Jurado y Tribunales consuetudinarios
1. Los ciudadanos de nacionalidad española podrán ejercer la acción popular, en los casos y formas establecidos en la ley.
2. Asimismo, podrán participar en la Administración de Justicia: mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Ley determine; en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales y en los demás casos previstos en esta Ley.
3. Tiene el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana.
4. Se reconoce el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional al denominado Consejo de Hombres Buenos de Murcia.
5. Se reconoce el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al denominado Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco.
6. Se reconoce el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al denominado Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia.
Se añaden los apartados 5 y 6 por el art. único de la Ley Orgánica 10/2021, de 14 de diciembre. Ref. BOE-A-2021-20629#au
Se añade el apartado 4 por el art. 1 de la Ley Orgánica 13/1999, de 14 de mayo. Ref. BOE-A-1999-10902
Datos clave
- La acción popular la pueden ejercer los ciudadanos de nacionalidad española, en los casos y formas establecidos en la ley.
- Participación ciudadana en la Administración de Justicia: Jurado (en los procesos penales que la ley determine), Tribunales consuetudinarios y tradicionales y demás casos previstos en la LOPJ.
- Tribunales consuetudinarios y tradicionales: Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana y Consejo de Hombres Buenos de Murcia.
- También: Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco y Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia (añadidos por la LO 10/2021).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los ciudadanos españoles pueden ejercer la acción popular y participar en la Justicia mediante el Jurado y los tribunales consuetudinarios y tradicionales, entre los que la ley reconoce expresamente al Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana, el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia.
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Artículo 20. Justicia gratuita
1. La justicia será gratuita en los supuestos que establezca la ley.
2. Se regulará por ley un sistema de justicia gratuita que de efectividad al derecho declarado en los artículos 24 y 119 de la Constitución, en los casos de insuficiencia de recursos para litigar.
3. No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita.
Datos clave
- La justicia será gratuita en los supuestos que establezca la ley.
- Una ley regulará el sistema de justicia gratuita que dé efectividad a los artículos 24 y 119 de la Constitución.
- Presupuesto: insuficiencia de recursos para litigar.
- No pueden exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La justicia es gratuita en los supuestos legales, con un sistema de justicia gratuita para quien carezca de recursos; y la acción popular es siempre gratuita, sin fianzas que la impidan.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 26
Artículo 26.
Los Tribunales a los que se atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional son los siguientes:
a) Jueces y juezas de paz.
b) Tribunales de Instancia.
c) Audiencias Provinciales.
d) Tribunales Superiores de Justicia.
e) Tribunal Central de Instancia.
f) Audiencia Nacional.
g) Tribunal Supremo.
Se modifica por el art. 1.9 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica el párrafo segundo por la disposición adicional 10.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2004-21760 .
Se modifica por el art. 2.1 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13812
Se modifica el inciso segundo por el art. 1.1 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Datos clave
- ¿Qué órgano ocupa la letra e) del artículo 26 LOPJ? → El Tribunal Central de Instancia.
- ¿Cuántos tipos de tribunales enumera el artículo 26 LOPJ y cuál abre la lista? → Siete, de la a) a la g); abre la lista los jueces y juezas de paz y la cierra el Tribunal Supremo.
- Son siete letras, de la a) a la g): abren los jueces de paz, cierran el Tribunal Supremo y en medio van dos «de instancia» (b y e), dos territoriales (c y d) y la Audiencia Nacional.
- La letra e) es la trampa del artículo: el Tribunal Central de Instancia va antes que la Audiencia Nacional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La potestad jurisdiccional se atribuye a siete Tribunales, de la a) a la g): jueces de paz, Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, TSJ, Tribunal Central de Instancia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 30
El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas.
Datos clave
- La organización judicial territorial del Estado tiene 4 niveles.
- Municipios.
- Partidos.
- Provincias.
- Comunidades Autónomas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A efectos judiciales, el Estado se organiza territorialmente en Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas: cuatro demarcaciones que hay que saber nombrar en ese orden.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 32 · 1. El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provin
Artículo 32.
1. El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia.
2. La modificación de partidos se realizará, en su caso, en función del número de asuntos, de las características de la población, medios de comunicación y comarcas naturales.
3. El partido podrá coincidir con la demarcación provincial.
Datos clave
- ¿Qué es el partido judicial según el art. 32 LOPJ? → La unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes pertenecientes a una misma provincia.
- ¿En función de qué se modifican los partidos judiciales? → Del número de asuntos, las características de la población, los medios de comunicación y las comarcas naturales.
- Cuatro criterios de modificación, dos «humanos» y dos «geográficos»: asuntos y población, comunicaciones y comarcas.
- Un solo municipio ya puede ser partido: el artículo dice «uno o más».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El partido es la unidad territorial de uno o más municipios limítrofes de una misma provincia; se modifica según asuntos, población, comunicaciones y comarcas naturales, y puede coincidir con la provincia.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 53
El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías Constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo.
Datos clave
- ¿Cuál es la sede y el ámbito territorial del Tribunal Supremo? → Sede en la villa de Madrid y jurisdicción en toda España.
- ¿Qué salvedad establece el art. 53 LOPJ a la superioridad del Tribunal Supremo? → Lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
- Cuatro datos en dos líneas: Madrid, superior en todos los órdenes, toda España y título exclusivo.
- Memoriza el inciso literal de la excepción: «salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales; tiene jurisdicción en toda España y el título de Supremo es exclusivo.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 62
La Audiencia Nacional, con sede en la villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España.
Datos clave
- La Audiencia Nacional tiene su sede en la villa de Madrid.
- Su jurisdicción se extiende a toda España.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos datos de la Audiencia Nacional: su sede está en la villa de Madrid y tiene jurisdicción en toda España.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 70
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquélla, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
Datos clave
- El Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el ámbito territorial de su Comunidad Autónoma.
- Esta culminación se entiende sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El TSJ es la cúspide de la organización judicial en su Comunidad Autónoma, pero sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 72
1. El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por las siguientes Salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
2. Se compondrá de un Presidente, que lo será también de su Sala de lo Civil y Penal, y tendrá la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo; de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, de las Secciones que puedan dentro de ellas crearse.
Datos clave
- El Tribunal Superior de Justicia se integra por tres Salas: Civil y Penal, Contencioso-Administrativo y Social.
- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo es también de la Sala de lo Civil y Penal.
- Mientras ejerce el cargo, el Presidente tiene la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.
- Se completa con los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley, y con las Secciones que puedan crearse dentro de las Salas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El TSJ tiene tres Salas (Civil y Penal, Contencioso-Administrativo y Social). Su Presidente preside también la Sala de lo Civil y Penal y, mientras ejerce, tiene la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 80
1. Las Audiencias Provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre, extenderán su jurisdicción a toda ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 82.
2. Podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales.
3. En todo caso, y previo informe de la correspondiente Sala de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar que el conocimiento de determinadas clases de asuntos se atribuya en exclusiva a una sección de la Audiencia Provincial, que extenderá siempre su competencia a todo su ámbito territorial aun cuando existieren secciones desplazadas. Este acuerdo se publicará en el "Boletín Oficial del Estado".
Se modifica por el art. único.9 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Se modifica el apartado 1 por el art. 2.3 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13812
Datos clave
- La Audiencia Provincial tiene su sede en la capital de la provincia y toma de ella su nombre.
- Su jurisdicción se extiende a toda la provincia, salvo lo dispuesto en el art. 82.4.
- Pueden crearse Secciones fuera de la capital, con uno o varios partidos judiciales adscritos.
- El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de la Sala de Gobierno, puede atribuir en exclusiva determinados asuntos a una sección.
- Esa sección extiende siempre su competencia a todo el ámbito territorial, aunque existan secciones desplazadas.
- El acuerdo de atribución se publica en el Boletín Oficial del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Audiencia Provincial tiene sede en la capital y jurisdicción en toda la provincia; puede haber Secciones fuera de la capital, y el CGPJ puede atribuir en exclusiva ciertos asuntos a una sección para todo el territorio.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 84
1. Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital, de la que tomará su nombre.
2. Los Tribunales de Instancia estarán integrados por una Sección Única, de Civil y de Instrucción. En los supuestos determinados por la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, el Tribunal de Instancia se integrará por una Sección Civil y otra Sección de Instrucción.
Además de las anteriores, los Tribunales de Instancia podrán estar integrados por alguna o varias de las siguientes Secciones:
a) De Familia, Infancia y Capacidad.
b) De lo Mercantil.
c) De Violencia sobre la Mujer.
d) De Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
e) De lo Penal.
f) De Menores.
g) De Vigilancia Penitenciaria.
h) De lo Contencioso-Administrativo.
i) De lo Social.
3. Cada Tribunal de Instancia contará con una Presidencia. Las Secciones del Tribunal de Instancia contarán con una Presidencia de Sección cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que en el Tribunal de Instancia hubiere dos o más Secciones.
b) Que en la Sección de que se trate existan ocho o más plazas judiciales.
c) Que el número total de plazas judiciales del Tribunal de Instancia sea igual o superior a doce.
4. El ejercicio de la función jurisdiccional corresponde a los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas destinados o destinadas en las diferentes Secciones que integren los Tribunales de Instancia. Su adscripción a las referidas Secciones será funcional. Conforme a criterios de racionalización del trabajo, los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas destinados o destinadas en una Sección del Tribunal de Instancia podrán conocer de los asuntos de nuevo ingreso de otras Secciones que lo integren, siempre que se trate de asuntos del mismo orden jurisdiccional. Esta asignación se realizará mediante acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Presidencia del Tribunal y oída la Junta de Jueces y Juezas del orden jurisdiccional al que se refiera. Cuando la asignación se acuerde para cubrir ausencias provocadas por la concesión de comisiones de servicio o licencias de larga duración, podrá afectar a los asuntos de nuevo ingreso o a aquellos de los que esté conociendo el juez, la jueza, el magistrado o la magistrada que se encuentre en alguna de tales situaciones. Dichos acuerdos deberán publicarse en el "Boletín Oficial del Estado".
5. Se podrá establecer que algunas de las Secciones que integren los Tribunales de Instancia extiendan su jurisdicción a uno o varios partidos judiciales de la misma provincia, o de varias provincias limítrofes dentro del ámbito de un mismo Tribunal Superior de Justicia.
6. En el Tribunal de Instancia se podrá nombrar a dos de sus jueces, juezas, magistrados o magistradas, conforme a un turno anual preestablecido y público, para que, junto con aquel o aquella a quien le hubiere sido turnado el asunto inicialmente, se encarguen de la instrucción de un determinado proceso penal o conozcan en primera instancia de un procedimiento de cualquier orden jurisdiccional cuando, en atención al volumen, la especial complejidad o el número de intervinientes de un procedimiento, tal nombramiento favorezca el ejercicio de la función jurisdiccional. En estos casos, para la adopción de cuantas resoluciones se dictaren en el curso del proceso, actuará como ponente aquel o aquella a quien le hubiere sido turnado el asunto inicialmente. Estos jueces, juezas, magistrados o magistradas conocerán de dicho procedimiento hasta su completa terminación, sin perjuicio de que se les puedan seguir repartiendo otros asuntos.
Se modifica por el art. 1.21 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Datos clave
- Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital.
- Los Tribunales de Instancia se integran, con carácter general, por una Sección Única de Civil y de Instrucción, o por una Sección Civil y otra de Instrucción.
- Pueden integrarse también por Secciones de Familia, Infancia y Capacidad, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
- Cada Tribunal de Instancia cuenta con una Presidencia; las Secciones tienen Presidencia propia cuando hay dos o más Secciones, ocho o más plazas judiciales en la Sección y doce o más plazas en el conjunto del Tribunal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hay un Tribunal de Instancia por partido judicial, con Sección Única de Civil y de Instrucción (o dos Secciones en los supuestos de la Ley de Planta) y posibles Secciones especializadas; regula también sus Presidencias y la asignación de asuntos entre Secciones.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 95
En la Villa de Madrid y con jurisdicción en todo el territorio nacional existirá un Tribunal Central de Instancia, que contará con las siguientes Secciones:
a) Sección de Instrucción, que instruirá las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a la Sección de lo Penal del propio Tribunal Central de Instancia y tramitará los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, los procedimientos de extradición pasiva, los relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la ley.
En la Sección de Instrucción, los jueces y juezas de garantías conocerán de las peticiones de la Fiscalía Europea relativas a la adopción de medidas cautelares personales, la autorización de los actos que supongan limitación de los derechos fundamentales cuya adopción esté reservada a la autoridad judicial y demás supuestos que expresamente determine la ley.
Igualmente, conocerán de las impugnaciones que establezca la ley contra los decretos de los Fiscales europeos delegados.
b) Sección de lo Penal, que conocerá, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el artículo 65 y de los demás asuntos que señalen las leyes. Corresponde asimismo a la Sección de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por la Sección de Instrucción del propio Tribunal Central de Instancia, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
c) Sección de Menores, que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que le atribuya la ley.
d) Sección de Vigilancia Penitenciaria, que tendrá las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, descritas en el apartado 1 del artículo 92 de esta ley, la competencia para la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley y demás funciones que señale la ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de esta Sección será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional.
e) Sección de lo Contencioso-Administrativo, que conocerá, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional, en los términos que la ley establezca.
Corresponde también a la Sección de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, la cesión de los datos que permitan la identificación a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, la ejecución material de las resoluciones adoptadas por el órgano competente para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneran la propiedad intelectual, en aplicación de la citada Ley 34/2002, de 11 de julio, así como la limitación al acceso de los destinatarios al servicio intermediario prevista en el artículo 51.2 b) del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE. Igualmente conocerá la Sección de lo Contencioso-Administrativo del procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.
Corresponde a la Sección de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y otras autoridades administrativas independientes de ámbito estatal a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica.
Se modifica por el art. 1.35 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Datos clave
- El Tribunal Central de Instancia tiene su sede en Madrid, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
- Cuenta con cinco Secciones: Instrucción, lo Penal, Menores, Vigilancia Penitenciaria y lo Contencioso-Administrativo.
- La Sección de Instrucción tramita los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega y los procedimientos de extradición pasiva.
- La Sección de Menores conoce de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
- La competencia de la Sección de Vigilancia Penitenciaria es preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas no impuestas por la Audiencia Nacional.
- La Sección de lo Contencioso-Administrativo conoce en primera o única instancia de los recursos contra actos de autoridades y organismos con competencia en todo el territorio nacional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal Central de Instancia, con sede en Madrid y jurisdicción nacional, tiene cinco Secciones: Instrucción, lo Penal, Menores, Vigilancia Penitenciaria y lo Contencioso-Administrativo, cada una con sus competencias propias.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 99
Artículo 99.
En cada municipio donde no exista Tribunal de Instancia, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un juez o una jueza de paz.
Se modifica por el art. 1.39 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica por el art. único.13 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Datos clave
- En cada municipio donde no exista Tribunal de Instancia habrá un juez o una jueza de paz.
- Su jurisdicción se extiende al término correspondiente al municipio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Donde no hay Tribunal de Instancia, cada municipio tiene un juez o una jueza de paz con jurisdicción en su término.
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Artículo 104. Principios de organización y gobierno del Poder Judicial
1. El Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los principios de unidad e independencia.
2. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución y lo previsto en la presente ley. Con subordinación a él, las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia ejercerán las funciones que esta ley les atribuye, sin perjuicio de las que correspondan a los Presidentes de dichos Tribunales y a los titulares de los restantes órganos jurisdiccionales.
Datos clave
- El Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los principios de unidad e independencia.
- El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, con competencias en todo el territorio nacional.
- Con subordinación al Consejo actúan las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia.
- Todo ello sin perjuicio de las funciones de los Presidentes de dichos Tribunales y de los titulares de los restantes órganos jurisdiccionales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Unidad e independencia son los principios del Poder Judicial; su gobierno es del CGPJ en todo el territorio nacional, y por debajo, subordinadas, las Salas de Gobierno del TS, la AN y los TSJ.
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Artículo 229. Oralidad, inmediación y videoconferencia
El artículo 229 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece los principios de oralidad e inmediación de las actuaciones judiciales y admite su realización por videoconferencia.
1. Las actuaciones judiciales serán predominantemente orales, sobre todo en materia criminal, sin perjuicio de su documentación.
2. Las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los periciales y vistas, se llevarán a efecto ante juez o tribunal con presencia o intervención, en su caso, de las partes y en audiencia pública, salvo lo dispuesto en la ley.
3. Estas actuaciones podrán realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, de conformidad con lo que dispongan las leyes procesales y la ley que regule el uso de las tecnologías en la Administración de Justicia.
En estos casos, la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia podrá acreditarse por los medios de identificación y firma electrónica que se determinen por la ley que regule el uso de las tecnologías en la Administración de Justicia, respetándose lo establecido en las leyes procesales.
Datos clave
- Las actuaciones judiciales serán predominantemente orales, sobre todo en materia criminal, sin perjuicio de su documentación.
- Declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de periciales y vistas: ante juez o tribunal, con presencia o intervención de las partes y en audiencia pública, salvo lo dispuesto en la ley.
- Pueden realizarse por videoconferencia u otro sistema que permita la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido.
- Garantías: posibilidad de contradicción de las partes y salvaguarda del derecho de defensa.
- La identidad de quienes intervengan por videoconferencia puede acreditarse con los medios de identificación y firma electrónica que determine la ley sobre tecnologías en la Administración de Justicia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las actuaciones judiciales son predominantemente orales y se hacen ante el juez, con las partes y en audiencia pública; pueden celebrarse por videoconferencia si se garantizan contradicción y defensa.
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Artículo 232. Publicidad de las actuaciones judiciales
El artículo 232 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula la publicidad de las actuaciones judiciales y sus excepciones.
1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
2. La relación de señalamientos del órgano judicial deberá hacerse pública. Los Letrados de la Administración de Justicia velarán por que los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al público, el primer día hábil de cada semana, la relación de señalamientos correspondientes a su respectivo órgano judicial, con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y número de procedimiento.
3. Excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones.
Datos clave
- Regla general: las actuaciones judiciales son públicas, con las excepciones de las leyes de procedimiento.
- La relación de señalamientos debe hacerse pública; velan por ello los Letrados de la Administración de Justicia.
- Se publica en lugar visible al público el primer día hábil de cada semana.
- Contenido: fecha y hora de celebración, tipo de actuación y número de procedimiento.
- Excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de derechos y libertades, mediante resolución motivada, puede limitarse la publicidad y acordarse el secreto de todas o parte de las actuaciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las actuaciones judiciales son públicas, los señalamientos se publican cada semana y, excepcionalmente, el juez puede limitar la publicidad o declarar secretas las actuaciones por resolución motivada.
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Artículo 292. Responsabilidad del Estado por error judicial y funcionamiento anormal
El artículo 292 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, reconoce el derecho a indemnización por los daños derivados de error judicial o del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
1. Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Título.
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
3. La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a indemnización.
Datos clave
- Títulos de imputación: error judicial y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
- La indemnización corre a cargo del Estado.
- Excepción: los casos de fuerza mayor.
- El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- La mera revocación o anulación de resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a indemnización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estado indemniza los daños por error judicial o funcionamiento anormal de la Justicia, salvo fuerza mayor, si el daño es efectivo, evaluable e individualizado; revocar una resolución no basta.
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Artículo 558. Gobierno del Poder Judicial y sede del Consejo
El artículo 558 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, abre la regulación del Consejo General del Poder Judicial atribuyéndole el gobierno del Poder Judicial.
1. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y la presente Ley Orgánica.
2. El Consejo General del Poder Judicial tiene su sede en la villa de Madrid.
Datos clave
- El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial.
- Ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución y la LOPJ.
- Sede: la villa de Madrid.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que actúa en todo el territorio nacional y tiene su sede en la villa de Madrid.
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Artículo 560. Atribuciones del Consejo General del Poder Judicial
1. El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones:
1.ª Proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
2.ª Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo.
3.ª Proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, de dos Magistrados del Tribunal Constitucional.
4.ª Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.
5.ª Interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
6.ª Participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces y Magistrados.
7.ª Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados.
8.ª Ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales.
9.ª Impartir instrucciones a los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales en materias de la competencia de éstos, así como resolver los recursos de alzada que se interpongan contra cualesquiera acuerdos de los mismos.
10.ª Cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales.
A tal efecto el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Administraciones competentes, establecerá reglamentariamente el modo en que se realizará la recopilación de las sentencias, su tratamiento, difusión y certificación, para velar por su integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales.
11.ª Regular la estructura y funcionamiento de la Escuela Judicial, así como nombrar a su Director y a sus profesores.
12.ª Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Documentación Judicial, así como nombrar a su Director y al resto de su personal.
13.ª Nombrar al Vicepresidente del Tribunal Supremo, al Promotor de la Acción Disciplinaria y al Jefe de la Inspección de Tribunales.
14.ª Nombrar al Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial.
15.ª Regular y convocar el concurso-oposición de ingreso en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial.
16.ª Ejercer la potestad reglamentaria, en el marco estricto de desarrollo de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las siguientes materias:
a) Organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.
b) Personal del Consejo General del Poder Judicial en el marco de la legislación sobre la función pública.
c) Órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales.
d) Publicidad de las actuaciones judiciales.
e) Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales.
f) Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública.
g) Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.
h) Especialización de órganos judiciales.
i) Reparto de asuntos y ponencias.
j) Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales.
k) Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional.
l) (Suprimida)
m) Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las Asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la regulación legal.
En ningún caso, las disposiciones reglamentarias del Consejo General del Poder Judicial podrán afectar o regular directa o indirectamente los derechos y deberes de personas ajenas al mismo.
17.ª Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente Ley Orgánica.
18.ª Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio.
19ª En materia de protección de datos personales, ejercerá las funciones definidas en el artículo 236 octies.
20.ª Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia.
21.ª Elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas las Comunidades Autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional.
La determinación de la carga de trabajo que cabe exigir, a efectos disciplinarios, al Juez o Magistrado corresponderá en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial.
22.ª Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales.
23.ª Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.
24.ª La recopilación y actualización de los Principios de Ética Judicial y su divulgación, así como su promoción con otras entidades y organizaciones judiciales, nacionales o internacionales.
El asesoramiento especializado a los jueces y magistrados en materia de conflictos de intereses, así como en las demás materias relacionadas con la integridad.
El Consejo General del Poder Judicial se asegurará de que la Comisión de Ética Judicial, que a tal efecto se constituya, esté dotada de los recursos y medios adecuados para el cumplimiento de sus objetivos.
25.ª Aquellas otras que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. Los proyectos de reglamentos de desarrollo se someterán a informe de las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados y de las corporaciones profesionales o asociaciones de otra naturaleza que tengan reconocida legalmente representación de intereses a los que puedan afectar. Se dará intervención a la Administración del Estado, por medio del Ministerio de Justicia, y a las de las Comunidades Autónomas siempre que una y otras tengan competencias relacionadas con el contenido del reglamento o sea necesario coordinar éstas con las del Consejo General. Se recabarán las consultas y los estudios previos que se consideren pertinentes y un dictamen de legalidad sobre el proyecto.
En todo caso, se elaborará un informe previo de impacto de género.
El Ministerio Fiscal será oído cuando le afecte la materia sobre la que verse el proyecto y especialmente en los supuestos contemplados en las letras d) y f) a j) del apartado 1.16.ª de este artículo.
3. (Suprimido)
4. Cuando en el ejercicio de las atribuciones legalmente previstas en este artículo el Consejo General del Poder Judicial adopte medidas que comporten un incremento de gasto, será preciso informe favorable de la Administración competente que deba soportar dicho gasto.
Se modifica el apartado 1.19ª por la disposición final 3.14 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo. Ref. BOE-A-2021-8806#df-3
Se modifica el apartado 1 y se suprime el 3 por el art. único.44 de la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17987
Se añade por el art. único.1 de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio. Ref. BOE-A-2013-7061 .
Datos clave
- Propone el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, de Jueces y Magistrados y de dos Magistrados del Tribunal Constitucional.
- Es oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.
- Nombra al Vicepresidente del Tribunal Supremo, al Promotor de la Acción Disciplinaria, al Jefe de la Inspección de Tribunales y al Director del Gabinete Técnico.
- Regula la Escuela Judicial y el Centro de Documentación Judicial y nombra a sus Directores.
- Potestad reglamentaria en el marco estricto de desarrollo de la LOPJ; nunca puede afectar a derechos y deberes de personas ajenas al Consejo.
- Los proyectos de reglamento requieren informe de asociaciones profesionales, dictamen de legalidad e informe previo de impacto de género.
- La determinación de la carga de trabajo exigible a efectos disciplinarios corresponde en exclusiva al CGPJ.
- Las medidas que incrementen el gasto requieren informe favorable de la Administración que deba soportarlo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera las atribuciones del CGPJ: propuestas de nombramiento (Presidente del TS y del CGPJ, jueces y magistrados, dos magistrados del TC), ser oído antes del nombramiento del Fiscal General del Estado, régimen de jueces y magistrados, inspección de tribunales, potestad reglamentaria de desarrollo en materias tasadas, elaboración de su propio presupuesto y aprobación de su RPT, entre otras atribuciones.
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Artículo 566. Composición del Consejo General del Poder Judicial
El artículo 566 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece la composición del Consejo General del Poder Judicial.
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales, de los cuales doce serán Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia.
La composición combina, así, un turno judicial (doce Vocales) y un turno de juristas de reconocida competencia (ocho Vocales), bajo la presidencia del Presidente del Tribunal Supremo.
Datos clave
- Preside el Consejo el Presidente del Tribunal Supremo.
- Integran el Consejo veinte Vocales.
- Doce Vocales son Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial.
- Ocho Vocales son juristas de reconocida competencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El CGPJ lo forman el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte Vocales: doce Jueces o Magistrados en activo y ocho juristas de reconocida competencia.
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Artículo 567. Designación de los Vocales
El artículo 567 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula la designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial.
1. Las veinte personas Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designadas por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica, atendiendo al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.
2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales: cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto en el Capítulo II del Título. En dicha elección, cada una de las Cámaras garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres de forma que entre las diez personas vocales se incluya como mínimo un cuarenta por ciento de cada uno de los sexos. Antes de su elección, los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de nombramientos de la correspondiente Cámara, a los efectos de que se evalúen los méritos que acrediten su reconocido prestigio y su idoneidad. Los candidatos acompañarán una memoria de méritos y objetivos. Dichas comparecencias se efectuarán en términos que garanticen la igualdad y tendrán lugar en audiencia pública.
3. Podrán ser elegidos por el turno de juristas de reconocida competencia quienes tengan más de quince años de experiencia en cualquiera de las profesiones jurídicas y acrediten méritos destacados en su ejercicio. No podrán ser elegidos por este turno quienes sean miembros de la carrera judicial, salvo que se encuentren en situación administrativa distinta a la del servicio activo al menos durante el año anterior a su elección. Tampoco podrán ser elegidos por este turno quienes, en los cinco años anteriores:
a) hayan sido nombrados titulares de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico, o elegidos titulares de una Presidencia de Corporación local; o
b) hayan tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma.
4. Las Cámaras designarán un suplente por cada uno de los vocales titulares.
5. En ningún caso podrá recaer la designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial en Vocales del Consejo saliente.
6. El cómputo de los plazos en los procedimientos de designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial y de elección del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, se realizará por días hábiles cuando el plazo se señale por días, empezando a computarse desde el día siguiente, y de fecha a fecha cuando se fije en meses o años. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo se entenderá que el plazo expira el último del mes.
Datos clave
- Los veinte Vocales los designan las Cortes Generales, atendiendo a la presencia equilibrada de mujeres y hombres.
- Cada Cámara elige por mayoría de tres quintos a diez Vocales: cuatro juristas (más de quince años de ejercicio) y seis del turno judicial.
- Entre los diez Vocales de cada Cámara, como mínimo un cuarenta por ciento de cada sexo.
- Comparecencia previa ante la Comisión de nombramientos, con memoria de méritos y objetivos, en audiencia pública.
- Turno de juristas: excluidos los miembros de la carrera judicial salvo situación distinta del servicio activo al menos el año anterior, y quienes en los cinco años anteriores hayan sido Ministros, Secretarios de Estado, Consejeros autonómicos, Presidentes de Corporación local o parlamentarios.
- Un suplente por cada vocal titular.
- No pueden ser designados Vocales del Consejo saliente.
- Cómputo de plazos: por días hábiles si se señalan por días; de fecha a fecha si se fijan en meses o años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Cortes designan a los veinte Vocales: cada Cámara elige diez por tres quintos (cuatro juristas y seis jueces), con al menos un cuarenta por ciento de cada sexo y comparecencia pública previa.
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Artículo 568. Renovación del Consejo General del Poder Judicial
1. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.
2. A tal efecto, y a fin de que las Cámaras puedan dar comienzo al proceso de renovación del Consejo, cuatro meses antes de la expiración del mencionado plazo, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dispondrá:
a) la remisión a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado de los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales obrantes en dicha fecha en el Consejo.
b) la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los Vocales correspondientes al turno judicial.
El Presidente del Tribunal Supremo dará cuenta al Pleno del Consejo General del Poder Judicial de los referidos actos en la primera sesión ordinaria que se celebre tras su realización.
Se añade por el art. único.1 de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio. Ref. BOE-A-2013-7061 .
Datos clave
- El Consejo se renueva en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución.
- Los Presidentes del Congreso y del Senado deben adoptar las medidas para que la renovación se produzca en plazo.
- Cuatro meses antes de la expiración del plazo, el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ dispone la remisión de los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales a los Presidentes de las Cámaras.
- Dispone también la apertura del plazo de presentación de candidaturas de los Vocales del turno judicial.
- Da cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre tras su realización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El CGPJ se renueva entero cada cinco años desde su constitución; los Presidentes del Congreso y del Senado velan por el plazo y, cuatro meses antes, el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ dispone la remisión de datos y la apertura de candidaturas judiciales.
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Artículo 585. Naturaleza del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
El artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, define la posición institucional del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial de la Nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo, correspondiéndole el tratamiento y los honores inherentes a tal condición.
Datos clave
- Un mismo cargo: Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
- Es la primera autoridad judicial de la Nación.
- Ostenta la representación del Poder Judicial y de su órgano de gobierno.
- Le corresponden el tratamiento y los honores inherentes a tal condición.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ es un único cargo: primera autoridad judicial de la Nación y representante del Poder Judicial y de su órgano de gobierno.
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Artículo 586. Elección y nombramiento del Presidente
El artículo 586 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula los requisitos, la elección y el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
1. Para ser elegido Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
2. En la sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial, que será presidida por el Vocal de más edad, deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas, sin que cada Vocal pueda proponer más de un nombre.
3. La elección tendrá lugar en una sesión a celebrar entre tres y siete días más tarde, siendo elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de tres quintos de los miembros del Pleno.
4. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno.
5. El Presidente del Tribunal Supremo prestará juramento o promesa ante el Rey y tomará posesión de su cargo ante el Pleno de dicho Alto Tribunal.
Datos clave
- Requisitos: Magistrado del Tribunal Supremo con las condiciones para ser Presidente de Sala, o jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad.
- La sesión constitutiva la preside el Vocal de más edad; cada Vocal puede proponer un solo nombre.
- La elección se celebra entre tres y siete días más tarde, en votación nominal, por mayoría de tres quintos del Pleno.
- Nombramiento por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno.
- Juramento o promesa ante el Rey y toma de posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Presidente lo elige el Pleno del CGPJ por tres quintos en votación nominal entre magistrados del Supremo o juristas con más de veinticinco años; lo nombra el Rey con refrendo del Presidente del Gobierno.
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Artículo 595. Órganos del Consejo y Comisiones
El artículo 595 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece la forma de actuación del Consejo General del Poder Judicial y enumera sus Comisiones.
1. Además de las funciones encomendadas a la Presidencia, el Consejo General del Poder Judicial ejerce sus atribuciones en Pleno o a través de las Comisiones previstas en esta Ley Orgánica.
2. En el Consejo General del Poder Judicial existirán las siguientes Comisiones:
a) Permanente.
b) De Calificación.
c) Disciplinaria.
d) De Asuntos Económicos.
e) De Igualdad.
f) De Supervisión y Control de Protección de Datos.
Datos clave
- El CGPJ ejerce sus atribuciones en Pleno o a través de Comisiones, además de las funciones de la Presidencia.
- Seis Comisiones legales: Permanente, de Calificación, Disciplinaria, de Asuntos Económicos, de Igualdad y de Supervisión y Control de Protección de Datos.
- La Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos figura junto a las cinco restantes en el apartado 2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El CGPJ actúa en Pleno o a través de Comisiones, además de lo que hace la Presidencia. La ley crea seis Comisiones: Permanente, Calificación, Disciplinaria, Asuntos Económicos, Igualdad y Protección de Datos.
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Artículo 599. Competencias del Pleno
El artículo 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, enumera las competencias del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
1. El Pleno conocerá de las siguientes materias:
1.ª La propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior.
2.ª La propuesta de nombramiento, en los términos previstos por esta Ley Orgánica, del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como la emisión del informe previo sobre el nombramiento del Fiscal General del Estado.
3.ª El nombramiento, en los términos previstos por esta Ley Orgánica, del Vicepresidente del Tribunal Supremo, del Secretario General y del Vicesecretario General del Consejo General del Poder Judicial.
4.ª Todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos. En estos nombramientos se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
5.ª La interposición del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado.
6.ª La elección y nombramiento de los Vocales componentes de las diferentes Comisiones.
7.ª El ejercicio de la potestad reglamentaria en los términos previstos en esta Ley.
8.ª La aprobación del Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial y la recepción de la rendición de cuentas de su ejecución.
9.ª La aprobación de la Memoria anual.
10.ª La resolución de aquellos expedientes disciplinarios en los que la propuesta de sanción consista en la separación de la carrera judicial.
11.ª La resolución de los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria y los que se interpongan contra los de la Comisión Permanente.
12.ª La aprobación de los informes sobre los anteproyectos de ley o de disposiciones generales que se sometan a su dictamen por el Gobierno o las Cámaras legislativas y las Comunidades Autónomas.
13.ª Las demás que le atribuye esta Ley, las que no estén conferidas a otros órganos del Consejo y aquellos asuntos que, por razones excepcionales, acuerde recabar para sí.
2. El Pleno designará un máximo de dos Vocales por cada Comunidad Autónoma para que, sin perjuicio de las competencias de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, sirvan de cauce de interlocución entre las instituciones y autoridades del territorio y el Consejo General del Poder Judicial.
3. El Pleno podrá crear otras Comisiones, además de las enumeradas en el artículo 595.2, por una mayoría de tres quintos de los vocales. Estarán formadas por cinco Vocales, de los cuales tres serán del turno judicial y dos del turno de juristas de reconocida competencia.
Datos clave
- Propuesta de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional por mayoría de tres quintos, en el plazo máximo de tres meses desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior.
- Propuesta del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ e informe previo sobre el nombramiento del Fiscal General del Estado.
- Nombramiento del Vicepresidente del Tribunal Supremo y del Secretario General y Vicesecretario General del CGPJ.
- Nombramientos discrecionales: cada sexo no superará el sesenta por ciento ni será menos del cuarenta por ciento.
- Resuelve expedientes con propuesta de separación de la carrera judicial y alzadas contra acuerdos de la Comisión Disciplinaria y de la Comisión Permanente.
- Aprueba el Presupuesto del Consejo y la Memoria anual.
- Designa un máximo de dos Vocales por cada Comunidad Autónoma como cauce de interlocución.
- Puede crear otras Comisiones por mayoría de tres quintos, formadas por cinco Vocales (tres del turno judicial y dos juristas).
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El Pleno del CGPJ concentra los nombramientos discrecionales, la propuesta de dos Magistrados del Constitucional por tres quintos, la potestad reglamentaria, el Presupuesto y las sanciones de separación; además puede crear Comisiones.
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Artículo 601. Comisión Permanente: composición
El artículo 601 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula la elección y composición de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los Vocales de la Comisión Permanente.
2. La Comisión Permanente estará compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá, y otros siete Vocales: cuatro de los nombrados por el turno judicial y tres de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Los Vocales de ambos turnos se renovarán anualmente a fin de que, salvo renuncia expresa, todos los Vocales formen parte de aquella, al menos durante un año, a lo largo del mandato del Consejo.
3. El Consejo General del Poder Judicial determinará, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, los casos y la forma en que, por razones de transitoria imposibilidad o ausencia justificada a las sesiones de la Comisión Permanente, deba procederse a la sustitución de los Vocales titulares por otros Vocales, a fin de garantizar la correcta composición y el adecuado funcionamiento de dicha Comisión.
Datos clave
- El Pleno elige anualmente a los Vocales de la Comisión Permanente.
- La preside el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.
- Otros siete Vocales: cuatro del turno judicial y tres del turno de juristas de reconocida competencia.
- Renovación anual para que, salvo renuncia expresa, todos los Vocales formen parte de ella al menos un año durante el mandato.
- La sustitución de titulares por imposibilidad transitoria o ausencia justificada se regula en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
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La Comisión Permanente la preside el Presidente del TS y del CGPJ y la forman otros siete Vocales (cuatro judiciales y tres juristas), elegidos y renovados cada año para que todos pasen por ella.
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Artículo 602. Comisión Permanente: competencias
El artículo 602 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, enumera las competencias de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
1. A la Comisión Permanente compete:
a) Preparar las sesiones del Pleno de conformidad con el plan de trabajo y las directrices que este establezca.
b) Velar por la exacta ejecución de los acuerdos del Pleno del Consejo.
c) Decidir aquellos nombramientos de jueces y magistrados que, por tener carácter íntegramente reglado, no sean de la competencia del Pleno, acordar la jubilación forzosa por edad de los mismos y resolver sobre su situación administrativa.
d) Informar, en todo caso, sobre los nombramientos de jueces y magistrados de la competencia del Pleno, que deberá fundarse en criterios objetivos y suficientemente valorados y detallados, y tener en cuenta el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. Para la adecuada formación de los criterios de calificación de los jueces y magistrados, la Comisión podrá recabar información de los distintos órganos del Poder Judicial.
e) Resolver sobre la concesión de licencias a los jueces y magistrados, en los casos previstos por la ley.
f) Preparar los informes sobre los anteproyectos de ley o disposiciones generales que se hayan de someter a la aprobación del Pleno.
g) Autorizar el escalafón de la Carrera Judicial.
h) Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Pleno o le fueren atribuidas por la ley.
2. Los acuerdos de la Comisión Permanente son recurribles en alzada ante el Pleno.
Datos clave
- Prepara las sesiones del Pleno y vela por la exacta ejecución de sus acuerdos.
- Decide los nombramientos íntegramente reglados, la jubilación forzosa por edad y la situación administrativa de jueces y magistrados.
- Informa en todo caso sobre los nombramientos de la competencia del Pleno, con criterios objetivos y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
- Resuelve sobre licencias y autoriza el escalafón de la Carrera Judicial.
- Prepara los informes sobre anteproyectos de ley o disposiciones generales que haya de aprobar el Pleno.
- Sus acuerdos son recurribles en alzada ante el Pleno.
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La Comisión Permanente prepara el Pleno y ejecuta sus acuerdos, decide los nombramientos reglados, jubilaciones por edad, licencias y escalafón, e informa los nombramientos del Pleno; sus acuerdos van en alzada al Pleno.
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Artículo 611. Órganos técnicos del Consejo
El artículo 611 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial.
1. El Consejo General del Poder Judicial dispondrá de los órganos técnicos que sean necesarios para el correcto ejercicio de sus atribuciones, con el cometido de tramitar y preparar los asuntos de que hayan de conocer el Pleno y las Comisiones.
2. En lo no previsto en la presente Ley Orgánica, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial determinará el número de órganos técnicos, así como la estructura, funciones y forma de nombramiento de sus integrantes.
3. La composición y, en su caso, el número de integrantes de los distintos órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial se determinará en el Reglamento de Personal del Consejo General del Poder Judicial.
4. En particular, serán órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial la Secretaría General, el Servicio de Inspección, el Gabinete Técnico, la Escuela Judicial, el Centro de Documentación Judicial y la Oficina de Comunicación.
5. El Interventor al servicio del Consejo General del Poder Judicial quedará adscrito a la Comisión Permanente.
6. En ningún caso se podrán crear órganos técnicos con funciones ajenas a las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial.
Datos clave
- Función de los órganos técnicos: tramitar y preparar los asuntos del Pleno y de las Comisiones.
- El Reglamento de Organización y Funcionamiento determina su número, estructura, funciones y forma de nombramiento.
- Su composición y número de integrantes los fija el Reglamento de Personal del CGPJ.
- Órganos técnicos: Secretaría General, Servicio de Inspección, Gabinete Técnico, Escuela Judicial, Centro de Documentación Judicial y Oficina de Comunicación.
- El Interventor queda adscrito a la Comisión Permanente.
- No pueden crearse órganos técnicos con funciones ajenas a las atribuciones del CGPJ.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El CGPJ cuenta con órganos técnicos que tramitan y preparan los asuntos del Pleno y las Comisiones; la ley nombra seis y prohíbe crearlos con funciones ajenas al Consejo.
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Artículo 1. Órganos con jurisdicción en toda España
El artículo 1 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, determina los órganos judiciales cuya jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional.
El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Central de Instancia tienen jurisdicción en toda España.
Son, por tanto, los órganos cuya jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional, frente a los de ámbito provincial o de partido judicial que regulan los artículos siguientes de la ley.
Datos clave
- Tienen jurisdicción en toda España: el Tribunal Supremo.
- También la Audiencia Nacional.
- Y el Tribunal Central de Instancia.
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Solo tres órganos tienen jurisdicción en toda España: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Central de Instancia. El resto son de ámbito autonómico, provincial o de partido.
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Artículo 3. Órganos con jurisdicción provincial
El artículo 3 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, regula los órganos judiciales con jurisdicción en el ámbito provincial y diversas reglas especiales.
1. Tienen jurisdicción en el ámbito de su respectiva provincia:
a) Las Audiencias Provinciales.
b) Las Secciones de los Tribunales de Instancia de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de lo Mercantil, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores.
2. Las Secciones que integren los Tribunales de Instancia podrán extender su jurisdicción a uno o varios partidos judiciales de la misma provincia o de varias provincias limítrofes, dentro del ámbito de un mismo Tribunal Superior de Justicia, en los casos previstos en la ley.
3. A efectos de la demarcación judicial, las Ciudades de Ceuta y Melilla quedan integradas en la circunscripción territorial de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta y de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, respectivamente.
4. Los Tribunales de Instancia que tienen su sede en Ceuta y Melilla tienen la jurisdicción limitada al respectivo partido judicial.
5. En los casos en que el Anexo V de esta ley prevea la existencia de Secciones de una Audiencia Provincial fuera de la capital de provincia, la jurisdicción de dichas Secciones se ejercerá en los partidos judiciales que, según el citado anexo, estén adscritos a la misma.
6. Los magistrados y las magistradas destinados en las plazas especializadas de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos los litigios que se promuevan al amparo del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y del Reglamento (CE) núm. 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, integrándose en el que, únicamente a estos solos efectos, se denominará Tribunal de Marca de la Unión Europea.
7. La Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen conocerán, además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos los recursos a los que se refiere el artículo 133 del Reglamento (UE) 2017/1001 y el Reglamento (CE) núm. 6/2002. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional y, a estos solos efectos, se denominarán Secciones de Marca de la Unión Europea.
Datos clave
- Jurisdicción provincial: Audiencias Provinciales y Secciones de los Tribunales de Instancia de lo Penal, Contencioso-Administrativo, Social, Mercantil, Vigilancia Penitenciaria y Menores.
- Las Secciones de los Tribunales de Instancia pueden extender su jurisdicción a uno o varios partidos de la misma provincia o de provincias limítrofes, dentro de un mismo Tribunal Superior de Justicia.
- Ceuta: Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz; Melilla: Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga.
- Los Tribunales de Instancia de Ceuta y Melilla limitan su jurisdicción al respectivo partido judicial.
- Secciones de Audiencia Provincial fuera de la capital: partidos adscritos según el Anexo V.
- Tribunal de Marca de la Unión Europea: Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante, primera instancia y jurisdicción en todo el territorio nacional.
- Secciones de Marca de la Unión Europea: Audiencia Provincial de Alicante, segunda instancia (artículo 133 del Reglamento (UE) 2017/1001).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Órganos de ámbito provincial: Audiencias Provinciales y seis tipos de Secciones de los Tribunales de Instancia. Reglas especiales para Ceuta y Melilla, Secciones fuera de la capital y la especialidad de marca de la Unión Europea en Alicante.
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Artículo 4. Tribunales de Instancia y partidos judiciales
El artículo 4 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, regula los Tribunales de Instancia de ámbito de partido judicial y las reglas de adaptación de la demarcación.
1. Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital, de la que tomará su nombre.
2. Con carácter general, extienden su jurisdicción a un partido judicial:
a) Las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia.
b) Las Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia.
c) Las Secciones Civiles y de Instrucción de los Tribunales de Instancia que constituyan una Sección Única.
d) Las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad, las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia.
3. La modificación de los límites de los municipios actuales comporta la adaptación automática de la demarcación judicial a la nueva delimitación geográfica, conforme a estas reglas:
a) Cuando se constituya un nuevo municipio por segregación de otro, continuará perteneciendo al mismo partido judicial.
b) Cuando se incorporen o fusionen dos o más municipios pertenecientes al mismo partido judicial, continuarán perteneciendo a éste.
c) Cuando se incorporen o fusionen dos o más municipios pertenecientes a distintos partidos judiciales, el municipio resultante se integrará en el partido judicial al que correspondía el municipio que tuviera mayor población de derecho entre los afectados.
d) Cuando se constituya un nuevo municipio por segregación de parte del territorio de municipios pertenecientes a partidos diferentes, el nuevo municipio se integrará en el partido judicial al que correspondía la parte segregada con mayor población de derecho.
e) Cuando se incorpore a un municipio parte del territorio de otro municipio limítrofe por segregación, el territorio segregado se integrará en el partido del municipio al que ha sido agregado.
4. Las Comunidades Autónomas determinan, por Ley, la capitalidad de los partidos judiciales, que corresponde a un solo municipio.
5. Los partidos judiciales se identifican por el nombre del municipio al que corresponde su capitalidad.
Datos clave
- Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital, de la que toma su nombre.
- Jurisdicción de partido: Secciones Civiles, de Instrucción, Secciones Únicas, de Familia, Infancia y Capacidad, de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y de Violencia sobre la Mujer.
- La modificación de límites municipales comporta la adaptación automática de la demarcación judicial.
- Fusión de municipios de distintos partidos: partido del municipio con mayor población de derecho.
- Segregación de partes de municipios de partidos diferentes: partido de la parte segregada con mayor población de derecho.
- Las Comunidades Autónomas determinan por Ley la capitalidad de los partidos judiciales, que corresponde a un solo municipio.
- Los partidos se identifican por el nombre del municipio capital.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Un Tribunal de Instancia por partido judicial, con sede y nombre de su capital. Qué Secciones tienen ámbito de partido y cómo se adapta la demarcación cuando cambian los límites municipales.