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Tema 58: Los contratos del sector público II: Actuaciones preparatorias de los contratos. Fases del procedimiento de contratación. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Normas especiales para las distintas clases de contratos. Organización administrativa para la gestión de la contratación. Órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. Registros oficiales.

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Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido.

Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido.

1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.

En aquellos contratos cuya ejecución requiera de la cesión de datos por parte de entidades del sector público al contratista, el órgano de contratación en todo caso deberá especificar en el expediente de contratación cuál será la finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos.

2. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 7 del artículo 99 para los contratos adjudicados por lotes.

3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la subsección 5.ª, de la Sección 2.ª, del Capítulo I, del Título I, del Libro II, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el apartado 1 del artículo 174. En el caso de procedimientos para adjudicar los contratos basados en acuerdos marco invitando a una nueva licitación a las empresas parte del mismo, regulados en el artículo 221.4, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento de licitación a que hace referencia el artículo 221.5 último párrafo.

Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

4. En el expediente se justificará adecuadamente:

a) La elección del procedimiento de licitación.

b) La clasificación que se exija a los participantes.

c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.

d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.

e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.

f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.

g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.

5. Si la financiación del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta procedencia, aunque se trate de órganos de una misma Administración pública, se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato, debiendo acreditarse en aquel la plena disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusión de una garantía para su efectividad.

Datos clave

  • La celebración de contratos por las Administraciones Públicas requiere la previa tramitación del expediente, que inicia el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que se publica en el perfil de contratante.
  • El expediente se refiere a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de los lotes del artículo 99.7.
  • Se incorporan el pliego de cláusulas administrativas particulares, el de prescripciones técnicas, el certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la intervención, en su caso.
  • Debe justificarse: elección del procedimiento, clasificación exigida, criterios de solvencia y de adjudicación, valor estimado, necesidad de la Administración, informe de insuficiencia de medios en servicios y la decisión de no dividir en lotes.
  • Con financiación de distinta procedencia se tramita un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Antes de contratar, la Administración tramita un expediente: lo inicia el órgano de contratación motivando la necesidad, incorpora pliegos y crédito y justifica siete extremos.

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Artículo 117. Aprobación del expediente.

1. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido previamente, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la aprobación del órgano competente. Esta resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante.

2. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley.

Datos clave

  • Completado el expediente, el órgano de contratación dicta resolución motivada que lo aprueba y dispone la apertura del procedimiento de adjudicación.
  • Dicha resolución implica también la aprobación del gasto, salvo supuestos excepcionales.
  • La resolución se publica en el perfil de contratante.
  • Los expedientes pueden ultimarse incluso con la adjudicación y formalización aunque la ejecución deba iniciarse en el ejercicio siguiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Una vez completo el expediente, el órgano de contratación dicta una resolución motivada que lo aprueba, abre la adjudicación y, salvo excepciones, aprueba también el gasto; debe publicarse en el perfil de contratante.

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Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores.

El artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula el expediente de contratación en los contratos menores.

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior.

3. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

5. Lo dispuesto en el apartado 2.º de este artículo no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.

6. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Datos clave

  • Son contratos menores los de valor estimado inferior a 40.000 euros en obras y a 15.000 euros en suministros o servicios.
  • Se exige un informe del órgano de contratación que justifique la necesidad del contrato y que no se altera su objeto para eludir los umbrales.
  • Se requiere la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente.
  • En el contrato menor de obras se añade el presupuesto de las obras y, si afecta a la estabilidad, seguridad o estanqueidad, el informe de supervisión del artículo 235.
  • El informe del apartado 2 no se exige en pagos por anticipos de caja fija cuando el valor estimado no exceda de 5.000 euros.
  • Los contratos menores se publican en la forma prevista en el artículo 63.4.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contratos menores: obras por debajo de 40.000 euros y suministros o servicios por debajo de 15.000; expediente ligero con informe motivado, aprobación del gasto y factura.

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Artículo 119. Tramitación urgente del expediente.

1. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.

2. Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con las siguientes especialidades:

a) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes.

Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada impida cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo pondrán en conocimiento del órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta diez días.

b) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad, salvo los siguientes:

1.º El plazo de quince días hábiles establecido en el apartado 3 del artículo 153, como período de espera antes de la formalización del contrato.

2.º El plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, que se podrá reducir de conformidad con lo indicado en la letra b) del apartado 3) del artículo 156.

3.º Los plazos de presentación de solicitudes y de proposiciones en los procedimientos restringido y de licitación con negociación en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, que se podrán reducir según lo establecido en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 161 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 164, según el caso.

4.º Los plazos de presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo competitivo y de asociación para la innovación en contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, no serán susceptibles de reducirse.

5.º El plazo de 6 días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, para que los servicios dependientes del órgano de contratación faciliten al candidato o licitador la información adicional solicitada, será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido.

La reducción anterior no se aplicará a los citados contratos cuando el procedimiento de adjudicación sea uno distinto del abierto o del restringido.

6.º Los plazos establecidos en el artículo 159 respecto a la tramitación del procedimiento abierto simplificado, de conformidad con lo señalado en el apartado 5 de dicho artículo.

Las reducciones de plazo establecidas en los puntos 2.º, 3.º y 5.º anteriores no se aplicarán en la adjudicación de los contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios sujetos a regulación armonizada cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación utilizado, no siendo los plazos a que se refieren dichos puntos, en estos contratos, susceptibles de reducción alguna.

c) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización.

Datos clave

  • Procede ante una necesidad inaplazable o para acelerar la adjudicación por razones de interés público, con declaración de urgencia motivada.
  • Informes y trámites: cinco días, prorrogables hasta diez días.
  • Los plazos de licitación, adjudicación y formalización se reducen a la mitad, con excepciones.
  • No se reduce el plazo de espera de quince días hábiles del artículo 153.3.
  • Información adicional: de 6 días pasa a 4 días en SARA por procedimiento abierto y restringido.
  • Inicio de la ejecución: no más de un mes desde la formalización.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Permite tramitar con plazos acortados los expedientes de necesidad inaplazable o urgencia de interés público: los informes internos se emiten en 5 días (prorrogables a 10) y los plazos de licitación se reducen a la mitad, con excepciones tasadas que no se acortan.

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Artículo 120. Tramitación de emergencia.

1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días.

c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.

d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.

En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.

2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley.

Datos clave

  • Supuestos: acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro o necesidades de la defensa nacional.
  • El órgano de contratación puede actuar sin expediente y sin los requisitos formales, incluso sin crédito suficiente.
  • En el ámbito estatal se da cuenta al Consejo de Ministros en un plazo máximo de treinta días.
  • La ejecución debe empezar en un mes como máximo desde el acuerdo; si se excede, se tramita un procedimiento ordinario.
  • Las prestaciones que no tengan carácter de emergencia se contratan por la tramitación ordinaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Régimen excepcional para actuar de inmediato ante catástrofes, grave peligro o necesidades de defensa nacional: se puede contratar sin expediente ni requisitos formales, dando cuenta al Consejo de Ministros y sin superar un mes para iniciar la ejecución.

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Artículo 122. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.

1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.

2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios de solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma no sea posible de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 214.1; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. En el caso de contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos.

Los pliegos podrán también especificar si va a exigirse la transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 308 respecto de los contratos de servicios.

Los pliegos deberán mencionar expresamente la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, adicionalmente en el pliego se hará constar:

a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos.

b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202.

c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) anterior.

e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

En los pliegos correspondientes a los contratos a que se refiere el párrafo anterior las obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores en todo caso deberán ser calificadas como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

3. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán establecer penalidades, conforme a lo prevenido en el apartado 1 del artículo 192, para los casos de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a características de la misma, en especial cuando se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación, o atribuir a la puntual observancia de estas características el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del apartado 1 del artículo 211. Asimismo, para los casos de incumplimiento de lo prevenido en los artículos 130 y 201.

3 bis. Las Administraciones públicas incorporarán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares condiciones especiales de ejecución o criterios de adjudicación dirigidos a la promoción de la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, siempre que exista vinculación con el objeto del contrato.

4. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos.

5. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponderá al órgano de contratación, que podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga.

6. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado deberá informar con carácter previo todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares en que se proponga la inclusión de estipulaciones contrarias a los correspondientes pliegos generales.

7. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, la aprobación de los pliegos y de los modelos requerirá el informe previo del Servicio Jurídico respectivo. Este informe no será necesario cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares se ajuste a un modelo de pliego que haya sido previamente objeto de este informe.

Datos clave

  • Se aprueban antes o junto a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación o de la adjudicación.
  • Solo se modifican por error material, de hecho o aritmético; si no, hay retroacción de actuaciones.
  • Deben mencionar la obligación de respetar la normativa de protección de datos.
  • Si hay tratamiento de datos: finalidad, sometimiento a la normativa, declaración sobre ubicación de servidores, comunicación de cambios y subcontratación; son obligaciones esenciales.
  • Pueden fijar penalidades conforme al artículo 192.1.
  • Las Administraciones incorporan condiciones o criterios de igualdad y no discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales.
  • Los aprueba el órgano de contratación; la Junta Consultiva informa los que contradigan los pliegos generales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares fijan las reglas del contrato: se aprueban antes de licitar, solo se corrigen por error y deben recoger criterios, cláusulas sociales y protección de datos.

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Artículo 124. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.

Datos clave

  • Los aprueba el órgano de contratación.
  • Se aprueban antes o junto a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación o de la adjudicación.
  • Definen las calidades y las condiciones sociales y ambientales de la prestación.
  • Solo se modifican por error material, de hecho o aritmético; si no, hay retroacción de actuaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El pliego de prescripciones técnicas particulares lo aprueba el órgano de contratación antes de licitar, y una vez aprobado solo se toca por error material, de hecho o aritmético.

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Artículo 131. Procedimiento de adjudicación.

1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las normas de la presente sección.

2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.

En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de asociación para la innovación.

3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118.

4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato.

Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse la urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y se designe por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución.

5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección 7.ª de esta sección.

Datos clave

  • La adjudicación se realiza ordinariamente con una pluralidad de criterios basados en la mejor relación calidad-precio, mediante procedimiento abierto o restringido.
  • Las concesiones de servicios especiales del Anexo IV se adjudican mediante procedimiento restringido.
  • Procedimiento negociado sin publicidad en los supuestos del artículo 168; diálogo competitivo o licitación con negociación en los del 167; asociación para la innovación en los del 177.
  • Los contratos menores pueden adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria.
  • La asistencia sanitaria urgente de valor estimado inferior a 30.000 euros queda excluida de las normas de preparación y adjudicación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Marca el procedimiento por defecto (abierto o restringido, con pluralidad de criterios) y remite a los procedimientos especiales (negociado, diálogo competitivo, licitación con negociación, asociación para la innovación) y a los contratos menores y a la asistencia sanitaria urgente de escasa cuantía.

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Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato.

1. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 148.

2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contrato en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, que podrán ser, entre otros, los siguientes:

1.º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones;

Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato; y al mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades: al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.

2.º La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución.

3.º El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha en que esta última debe producirse, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecución y los compromisos relativos a recambios y seguridad del suministro.

Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los costes el cual, a elección del órgano de contratación, podrá ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.

3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la adjudicación de los siguientes contratos:

a) Aquellos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos previamente y deban ser presentados por los candidatos o licitadores.

b) Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecución.

c) Aquellos para cuya ejecución facilite el órgano, organismo o entidad contratante materiales o medios auxiliares cuya buena utilización exija garantías especiales por parte de los contratistas.

d) Aquellos que requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o cuya ejecución sea particularmente compleja.

e) Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios.

f) Contratos de suministros, salvo que los productos a adquirir estén perfectamente definidos y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.

g) Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.

En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, y en los contratos de prestación de servicios sociales si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, promueven el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o cuando se trate de los contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima octava, o de servicios intensivos en mano de obra, el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación. Igualmente, en el caso de los contratos de servicios de seguridad privada deberá aplicarse más de un criterio de adjudicación.

h) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente, en cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales mensurables, tales como el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados o de materiales ecológicos.

4. Los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades; y, en especial, en los procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura.

En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146.

5. Los criterios a que se refiere el apartado 1 que han de servir de base para la adjudicación del contrato se establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo, y deberá figurar en el anuncio que sirva de convocatoria de la licitación, debiendo cumplir los siguientes requisitos:

a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado en el apartado siguiente de este artículo.

b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.

c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá comprobarse de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los licitadores.

6. Se considerará que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato cuando se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en los siguientes procesos:

a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso, las obras, los suministros o los servicios, con especial referencia a formas de producción, prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y justas;

b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de su sustancia material.

7. En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, estas deberán estar suficientemente especificadas. Se considerará que se cumple esta exigencia cuando se fijen, de manera ponderada, con concreción: los requisitos, límites, modalidades y características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato.

En todo caso, en los supuestos en que su valoración se efectúe de conformidad con lo establecido en el apartado segundo, letra a) del artículo siguiente, no podrá asignársele una valoración superior al 2,5 por ciento.

Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que figuraban definidas en el proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, sin que aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato.

Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato y no podrán ser objeto de modificación.

Datos clave

  • La adjudicación se realiza con una pluralidad de criterios en base a la mejor relación calidad-precio, evaluada con criterios económicos y cualitativos.
  • Los criterios cualitativos deben ir acompañados de un criterio relacionado con los costes (precio o coste del ciclo de vida del artículo 148).
  • En los contratos de servicios del Anexo IV y en los de prestaciones de carácter intelectual, los criterios de calidad representan al menos el 51 por ciento de la puntuación.
  • Los criterios se establecen en los pliegos o documento descriptivo, figuran en el anuncio y deben estar vinculados al objeto del contrato.
  • Las mejoras valoradas mediante juicio de valor no pueden superar el 2,5 por ciento y pasan a formar parte del contrato.
  • En servicios de seguridad privada debe aplicarse más de un criterio de adjudicación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Impone adjudicar por la mejor relación calidad-precio con criterios económicos y cualitativos (calidad, organización del personal, servicio posventa...) vinculados al objeto del contrato, exige más de un criterio en los supuestos que lista (proyectos no definidos, tecnología avanzada, concesiones, servicios intelectuales...) y limita el peso de las 'mejoras' como criterio.

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Artículo 150. Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato.

1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.

Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.

En los contratos sujetos a regulación armonizada que celebren cualquiera de las entidades sujetas a la presente ley, si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación en tramitación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, el órgano de contratación, de oficio o a instancia de la mesa de contratación, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente con el fin de que, en el plazo de 20 días hábiles, emita un informe sobre el carácter fundado o no de tales indicios.

El traslado a que alude el párrafo anterior deberá incluir una explicación detallada sobre los indicios detectados y sobre las razones para considerar su carácter presuntamente colusorio e irá acompañado del expediente de contratación, incluida la totalidad de las ofertas presentadas por todos los licitadores, sin perjuicio del deber de confidencialidad previsto en el art. 133 LCSP. La autoridad de defensa de la competencia podrá solicitar documentación adicional al órgano de contratación siempre que guarde relación con los indicios mencionados en la remisión. En este supuesto, deberá ponerse la documentación requerida a disposición de la autoridad de competencia en un plazo máximo de 3 días hábiles.

La remisión de esta documentación a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente supondrá la inmediata suspensión de la licitación, la cual no será notificada a los licitadores ni tampoco será objeto de publicación. El órgano de contratación deberá mantener en todo momento la debida confidencialidad de estas actuaciones.

Una vez recibido el informe de la autoridad de competencia, si el mismo no concluye que existen tales indicios fundados de conductas colusorias, el órgano de contratación dictará resolución alzando la suspensión, que tampoco será objeto de notificación ni publicación, y continuará con la tramitación del procedimiento de contratación sin la exclusión de ningún licitador por este motivo.

En caso de que el informe concluyese que existen indicios fundados de conducta colusoria, el órgano de contratación notificará y publicará la suspensión y remitirá a los licitadores afectados la documentación necesaria para que en un plazo de diez días hábiles aleguen cuanto tengan por conveniente en defensa de sus derechos. El órgano de contratación cuidará de que los licitadores afectados reciban toda la documentación necesaria para el ejercicio de su derecho, pero sin revelar aspectos de las ofertas del resto de licitadores, si ya se hubiesen presentado, y con respeto al deber de confidencialidad previsto en el artículo 133 de esta ley. Una vez evacuado este trámite, el órgano de contratación podrá recabar de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, de la autoridad de competencia autonómica correspondiente los informes que juzgue necesarios para resolver, que deberán ser emitidos en el plazo improrrogable de 3 días hábiles. A la vista de los informes obrantes en el procedimiento, de las alegaciones y pruebas de los licitadores afectados y de las medidas que en su caso estos acrediten haber adoptado para evitar futuras infracciones, el órgano de contratación resolverá de forma motivada lo que proceda en el plazo de 10 días hábiles.

Si el órgano de contratación resuelve que existen indicios fundados de conductas colusorias excluirá del procedimiento de contratación a los licitadores responsables de dicha conducta y lo notificará a todos los licitadores, alzando la suspensión y continuando el procedimiento de contratación con los licitadores restantes, si los hubiere. Si resuelve que no existen indicios fundados de conducta colusoria, alzará la suspensión y continuará la tramitación del procedimiento de contratación sin la exclusión de ningún licitador por este motivo.

En caso de no recibir el informe de la autoridad de competencia en el plazo de 20 días hábiles, el órgano de contratación podrá acordar continuar con la tramitación del procedimiento o iniciar el procedimiento contradictorio establecido en este apartado. En este último caso, si el órgano de contratación recibiera el informe de la autoridad de competencia antes de haber dictado su resolución, no procederá acordar la exclusión de ningún licitador cuando dicho informe no concluya que existen indicios fundados de conducta colusoria. Igualmente, si el órgano de contratación recibiera el informe en el mencionado sentido una vez dictada la resolución que acuerde la exclusión de algún licitador, podrá revocar dicha resolución si así lo considera procedente siempre que aún no se hubiera adjudicado el contrato.

El órgano de contratación comunicará la resolución de adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, por medios electrónicos el mismo día en que se acuerde. Esta comunicación hará decaer cualquier solicitud de informe que no hubiera sido atendida hasta esa fecha, no pudiendo las autoridades de competencia emitir el informe a partir de ese momento.

2. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

3. El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados, de diálogo competitivo y de asociación para la innovación, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

4. Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del artículo 44 fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a este un plazo de diez días hábiles para que cumplimente los trámites que resulten oportunos.

Datos clave

  • La mesa o el órgano de contratación clasifica las proposiciones por orden decreciente; si el único criterio es el precio, la mejor oferta es la de precio más bajo.
  • Ante indicios de conductas colusorias en contratos armonizados se traslada a la CNMC, que informa en 20 días hábiles; la remisión suspende la licitación.
  • El licitador con la mejor oferta debe presentar la documentación en el plazo de diez días hábiles desde el requerimiento.
  • Si no cumplimenta el requerimiento, se entiende retirada la oferta y se exige una penalidad del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido.
  • El órgano de contratación adjudica dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
  • No puede declararse desierta una licitación si existe alguna oferta admisible.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se clasifican las ofertas, qué ocurre ante indicios de colusión (traslado a la autoridad de competencia y suspensión secreta) y los plazos para aportar documentación y adjudicar.

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Artículo 151. Resolución y notificación de la adjudicación.

1. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155, la notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente:

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el artículo 126, apartados 7 y 8, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el diálogo con los licitadores.

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato conforme al apartado 3 del artículo 153 de la presente Ley.

3. La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta.

Datos clave

  • La resolución de adjudicación será motivada, se notificará a candidatos y licitadores y se publicará en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
  • Debe contener la información que permita interponer recurso suficientemente fundado, incluido el nombre del adjudicatario y las ventajas de su proposición.
  • En la notificación se indica el plazo de formalización conforme al artículo 153.3.
  • La notificación se realiza por medios electrónicos (disposición adicional decimoquinta).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La adjudicación se motiva, se notifica y se publica en el perfil de contratante en 15 días, con toda la información necesaria para que los descartados puedan recurrir con fundamento.

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Artículo 153. Formalización de los contratos.

1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición, no resultará necesaria la formalización del contrato.

2. En el caso de los contratos menores definidos en el artículo 118 se acreditará su existencia con los documentos a los que se refiere dicho artículo.

3. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes.

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.

4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la presente Ley, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior.

5. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

6. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36.1 y 131.3 para los contratos menores, y en el artículo 36.3 para los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, y salvo que la tramitación del expediente de contratación sea por emergencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 120, no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.

Datos clave

  • Las Administraciones formalizan en documento administrativo, título suficiente para acceder a cualquier registro público.
  • El contratista puede pedir escritura pública a su costa.
  • No se formalizan los contratos basados en acuerdo marco ni los específicos de un sistema dinámico.
  • Si cabe recurso especial: no antes de quince días hábiles desde la notificación de la adjudicación (las CCAA pueden ampliarlo hasta un mes).
  • Requerimiento al adjudicatario para formalizar en no más de cinco días; en los demás casos, no más tarde de quince días hábiles.
  • Penalidad del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, si no se formaliza por causa del adjudicatario.
  • No puede ejecutarse el contrato antes de formalizarlo, salvo emergencia y las excepciones previstas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija cómo y cuándo se formaliza el contrato: en documento administrativo (o escritura pública si lo pide el contratista, a su costa), respetando un plazo de espera de 15 días hábiles si cabe recurso especial, y con penalidad del 3 % del presupuesto si la falta de formalización es imputable al adjudicatario.

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Artículo 156. Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitación.

1. En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

2. En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y a treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

3. En los contratos de obras, suministros y servicios, el plazo general previsto en el apartado anterior podrá reducirse en los siguientes casos:

a) Si el órgano de contratación hubiese enviado un anuncio de información previa, el plazo general de presentación de proposiciones podrá reducirse a quince días. Esta reducción del plazo solo será admisible cuando el anuncio voluntario de información previa se hubiese enviado para su publicación con una antelación máxima de doce meses y mínima de treinta y cinco días antes de la fecha de envío del anuncio de licitación, siempre que en él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la información exigida para este.

b) Cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea impracticable por tratarse de una situación de urgencia, en los términos descritos en el artículo 119, el órgano de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a quince días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación.

c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en cinco días.

4. En las concesiones de obras y de servicios solo se podrá reducir el plazo general cuando se dé la circunstancia establecida en la letra c) del apartado anterior.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 135 respecto de la obligación de publicar previamente en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en los procedimientos abiertos la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante deberá hacerse, en todo caso, con una antelación mínima equivalente al plazo fijado para la presentación de las proposiciones en el apartado siguiente.

6. En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. En los contratos de obras y de concesión de obras y concesión de servicios, el plazo será, como mínimo, de veintiséis días.

Datos clave

  • En el procedimiento abierto todo empresario interesado puede presentar una proposición, sin negociación de los términos del contrato.
  • Contratos armonizados: plazo no inferior a treinta y cinco días (obras, suministros y servicios) y treinta días (concesiones) desde el envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
  • Con anuncio de información previa el plazo puede reducirse a quince días; por urgencia, no inferior a quince días; con ofertas electrónicas, se reduce en cinco días.
  • Contratos no armonizados: plazo no inferior a quince días desde el día siguiente a la publicación en el perfil de contratante.
  • En obras, concesión de obras y concesión de servicios no armonizados el plazo es, como mínimo, de veintiséis días.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el procedimiento abierto (sin negociación) y fija los plazos mínimos de presentación de proposiciones según el contrato esté o no sujeto a regulación armonizada, con varios supuestos de reducción.

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Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado.

El artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula el procedimiento abierto simplificado.

1. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a las cantidades establecidas en los artículos 21.1, letra a), y 22.1, letra a), de esta Ley, respectivamente, o a sus correspondientes actualizaciones.

b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.

2. El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación. Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta tiene que estar disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil de contratante.

3. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días.

4. La tramitación del procedimiento se ajustará a las siguientes especialidades:

a) Todos los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda conforme al apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. También se admite la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción, con la documentación preceptiva, en fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas, mediante el acuse de recibo del Registro y una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

b) No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores.

c) Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación.

La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del firmante respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar alguna; y se pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2. A tales efectos, el modelo de oferta que figure como anexo al pliego recogerá esa declaración responsable.

Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración responsable incluirá el sometimiento al fuero español.

En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios, deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión.

d) La oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres o archivos electrónicos.

La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley.

e) En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a siete días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración.

f) En todo caso, la valoración a la que se refiere la letra anterior deberá estar efectuada con anterioridad a la apertura del sobre o archivo electrónico que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

Tras la apertura del sobre o archivo electrónico y en la misma sesión la mesa procederá a:

1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas.

2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.

3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 de este artículo, la mesa requerirá al licitador para que justifique documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en este número.

4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de siete días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los cinco días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.

Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en un plazo no superior a cinco días se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de siete días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.

g) En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva.

h) En lo no previsto en este artículo se observarán las normas generales aplicables al procedimiento abierto.

5. En los casos de declaración de urgencia del expediente de contratación en el que el procedimiento de adjudicación utilizado sea el procedimiento abierto simplificado regulado en el presente artículo, no se producirá la reducción de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 119.

6. En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación este apartado, el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la siguiente tramitación:

a) El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. No obstante lo anterior, cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles.

b) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

c) La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.

d) La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación.

Se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura de las mismas.

e) Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato.

f) No se requerirá la constitución de garantía definitiva.

g) La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

En todo lo no previsto en este apartado se aplicará la regulación general del procedimiento abierto simplificado prevista en este artículo.

Datos clave

  • Procede en obras de valor estimado igual o inferior a 2.000.000 de euros y en suministros y servicios por debajo de los umbrales de los artículos 21.1.a) y 22.1.a).
  • Los criterios de juicio de valor no pueden superar el veinticinco por ciento (cuarenta y cinco por ciento en prestaciones de carácter intelectual).
  • El anuncio solo se publica en el perfil de contratante; plazo de proposiciones no inferior a quince días, y de veinte días como mínimo en obras.
  • Los licitadores deben estar inscritos en el ROLECE o registro autonómico y no se constituye garantía provisional.
  • La valoración técnica se hace en un plazo no superior a siete días; la garantía definitiva se constituye en siete días hábiles y se adjudica en un plazo no superior a cinco días.
  • Tramitación sumaria: obras de menos de 80.000 euros y suministros y servicios de menos de 60.000 euros, con plazo no inferior a diez días hábiles (5 días hábiles en compras corrientes).
  • En la tramitación sumaria se exime de acreditar la solvencia y no se requiere garantía definitiva.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Procedimiento abierto simplificado: contratos de cuantía moderada con poco peso del juicio de valor, anuncio solo en el perfil, plazos cortos y sin garantía provisional; y una variante sumaria para importes bajos.

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Artículo 188. Régimen jurídico.

Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 25 y por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares, o documento descriptivo que sustituya a éstos.

Datos clave

  • Los efectos de los contratos administrativos se rigen por las normas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 25.
  • También se rigen por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares.
  • Los pliegos pueden ser sustituidos por el documento descriptivo que haga sus veces.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los efectos de los contratos administrativos se rigen por las normas del apartado 2 del artículo 25 y por los pliegos, generales y particulares, o el documento descriptivo que los sustituya.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 190. Enumeración.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Datos clave

  • Prerrogativas del órgano de contratación: interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
  • Puede modificarlos por razones de interés público.
  • Puede declarar la responsabilidad imputable al contratista, suspender la ejecución, acordar la resolución y determinar sus efectos.
  • Ostenta facultades de inspección de las actividades del contratista durante la ejecución del contrato.
  • La inspección no implica un derecho general a inspeccionar instalaciones, oficinas y demás emplazamientos del contratista, salvo que sean determinantes; debe justificarse de forma expresa y detallada en el expediente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera las prerrogativas de la Administración: interpretar el contrato, resolver dudas, modificarlo por interés público, declarar responsabilidad del contratista, suspenderlo, resolverlo y fijar sus efectos; también puede inspeccionar la ejecución.

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Artículo 193. Demora en la ejecución.

1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

2. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente.

4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

5. La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

Datos clave

  • El contratista debe cumplir el plazo total y los plazos parciales señalados para la ejecución sucesiva.
  • La constitución en mora del contratista no precisa intimación previa de la Administración.
  • Demora en el plazo total por causa imputable al contratista: resolución o penalidades diarias de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
  • El pliego de cláusulas administrativas particulares puede prever penalidades distintas si se justifica en el expediente.
  • Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio, IVA excluido, cabe resolver o continuar con nuevas penalidades.
  • Las mismas facultades rigen para los plazos parciales si lo prevé el pliego o la demora hace presumir la imposibilidad de cumplir el plazo total.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si el contratista se retrasa por su culpa, la Administración puede resolver el contrato o imponer penalidades diarias de 0,60 € por cada 1.000 € del precio; al llegar al 5% del precio puede optar de nuevo por resolver o seguir.

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Artículo 203. Potestad de modificación del contrato.

1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.

2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.

3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63.

Datos clave

  • Los contratos administrativos solo pueden modificarse por razones de interés público.
  • Procedimiento del artículo 191, con las particularidades del artículo 207.
  • Supuestos: modificación prevista en el pliego (artículo 204) o, excepcionalmente, no prevista (artículo 205).
  • En otros supuestos procede resolver el contrato y celebrar otro, en su caso con nueva licitación.
  • Las modificaciones se formalizan conforme al artículo 153 y se publican según los artículos 207 y 63.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los contratos administrativos solo se modifican por interés público, si lo prevé el pliego o, excepcionalmente, por modificaciones no previstas del artículo 205; en otro caso, resolución y nuevo contrato.

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Artículo 209. Extinción de los contratos.

Los contratos se extinguirán por su cumplimiento o por resolución, acordada de acuerdo con lo regulado en esta Subsección 5.ª

Datos clave

  • Los contratos se extinguen por su cumplimiento o por resolución.
  • La resolución se acuerda de acuerdo con lo regulado en la Subsección 5.ª.
  • Cumplimiento y resolución son las dos únicas formas de extinción que enumera el precepto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los contratos se extinguen por cumplimiento o por resolución acordada conforme a la Subsección 5.ª

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Artículo 210. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación.

1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

2. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.

3. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o características no resulte necesario, lo que deberá justificarse debidamente en el expediente de contratación, consignándolo expresamente en el pliego.

4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 243, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si la Administración Pública recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Datos clave

  • El contrato se entiende cumplido cuando el contratista realiza la totalidad de la prestación, de acuerdo con sus términos y a satisfacción de la Administración.
  • Se exige un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto, o en el plazo del pliego.
  • A la Intervención se le comunica, cuando sea preceptivo, la fecha y lugar del acto para su eventual asistencia.
  • Plazo de garantía desde la recepción o conformidad; transcurrido sin objeciones, se extingue la responsabilidad del contratista.
  • Salvo en obras (artículo 243), la liquidación se acuerda y notifica en treinta días desde el acta de recepción o desde la correcta presentación de la factura.
  • La demora en el pago del saldo da derecho a intereses de demora e indemnización por costes de cobro según la Ley 3/2004.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El contrato se cumple cuando se realiza toda la prestación a satisfacción de la Administración, constatada con un acto formal de recepción; luego corre el plazo de garantía y, en su caso, se liquida en treinta días.

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Artículo 211. Causas de resolución.

1. Son causas de resolución del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista.

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los dos requisitos siguientes:

1.º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establece para la libertad de pactos.

2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley.

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.

2. En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

Datos clave

  • Muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
  • Declaración de concurso o de insolvencia en cualquier otro procedimiento, y mutuo acuerdo.
  • Retraso injustificado sobre el plan de trabajos superior a un tercio del plazo de duración inicial, incluidas las posibles prórrogas.
  • Demora en el pago de la Administración superior al plazo del apartado 6 del artículo 198.
  • Incumplimiento de la obligación principal o de obligaciones esenciales calificadas como tales en los pliegos.
  • Modificaciones que alteren el precio en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial, IVA excluido.
  • Impago de salarios a los trabajadores o incumplimiento de los convenios colectivos durante la ejecución.
  • Si concurren varias causas se atiende a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera las causas tasadas de resolución del contrato: muerte o insolvencia del contratista, mutuo acuerdo, demora de cualquiera de las partes, incumplimiento de obligaciones esenciales, imposibilidad de modificar dentro de límites, e impago de salarios.

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Artículo 213. Efectos de la resolución.

1. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.

2. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.

3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

4. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del artículo 211, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este rechace la modificación contractual propuesta por la Administración al amparo del artículo 205.

5. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

6. Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

Datos clave

  • Resolución por mutuo acuerdo: los derechos de las partes se acomodan a lo válidamente estipulado.
  • Incumplimiento de la Administración: pago de los daños y perjuicios irrogados al contratista.
  • Incumplimiento culpable del contratista: incautación de la garantía e indemnización de los daños que excedan de su importe.
  • Resolución por la letra g) del artículo 211: indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar.
  • Causas b), d), f) y g) del artículo 211.1: puede iniciarse la adjudicación del nuevo contrato, con tramitación de urgencia en ambos procedimientos.
  • La retribución fijada al contratista puede impugnarse ante el órgano de contratación, que resuelve en quince días hábiles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Efectos de la resolución según la causa: mutuo acuerdo, incumplimiento de la Administración o culpable del contratista, indemnización del 3 % en la letra g) y posibilidad de licitar el nuevo contrato a la vez.

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Artículo 231. Proyecto de obras.

1. En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.

2. En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución de esta quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de contratación.

Datos clave

  • La adjudicación de un contrato de obras requiere la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto.
  • La aprobación del proyecto corresponde al órgano de contratación, salvo atribución específica a otro órgano por norma jurídica.
  • En la adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución queda condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de contratación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sin proyecto no hay adjudicación de obras: antes hay que elaborarlo, supervisarlo, aprobarlo y replantearlo; lo aprueba el órgano de contratación salvo atribución a otro órgano por norma jurídica.

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Artículo 238. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista.

1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de este diere al contratista la Dirección facultativa de las obras.

2. Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse.

Datos clave

  • Las obras se ejecutan con estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto.
  • Se siguen las instrucciones que en interpretación técnica dé la Dirección facultativa de las obras.
  • Las instrucciones verbales deben ratificarse por escrito en el más breve plazo posible para ser vinculantes.
  • El contratista responde de los defectos de construcción durante las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La obra se ejecuta ajustada al pliego, al proyecto y a las instrucciones de la Dirección facultativa; las instrucciones verbales se ratifican por escrito y el contratista responde de defectos hasta el fin del plazo de garantía.

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Artículo 243. Recepción y plazo de garantía.

1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en esta Ley, concurrirá un facultativo designado por la Administración representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos podrán prever que el plazo de tres meses para la aprobación de la certificación final al que se refiere el párrafo anterior, podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso los cinco meses.

2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

4. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía.

5. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.

6. Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

Datos clave

  • Concurren a la recepción un facultativo designado por la Administración, el facultativo director de las obras y el contratista, asistido si lo estima oportuno de su facultativo.
  • La certificación final se aprueba dentro de los tres meses siguientes a la recepción.
  • Obras de valor estimado superior a doce millones de euros con liquidación compleja: plazo ampliable sin superar los cinco meses.
  • El plazo de garantía no puede ser inferior a un año salvo casos especiales.
  • Informe del director facultativo dentro de los quince días anteriores al fin del plazo de garantía; pago de obligaciones pendientes en sesenta días.
  • No se exige plazo de garantía en sondeos y prospecciones infructuosos ni en dragados.
  • Cabe la recepción parcial de partes de obra ejecutables por fases que puedan entregarse al uso público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el acto de recepción de la obra y el plazo de garantía posterior, mínimo de un año, durante el cual el contratista sigue respondiendo de los defectos.

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Artículo 284. Ámbito del contrato de concesión de servicios.

1. La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. En ningún caso podrán prestarse mediante concesión de servicios los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

2. Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los casos en que se trate de servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.

3. El contrato expresará con claridad, en todo caso, el ámbito de la concesión, tanto en el orden funcional, como en el territorial.

Datos clave

  • La Administración puede gestionar indirectamente, mediante concesión de servicios, los servicios susceptibles de explotación económica por particulares.
  • Nunca pueden prestarse por concesión los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
  • En servicios públicos, antes de contratar debe establecerse su régimen jurídico, que declare la actividad asumida por la Administración como propia.
  • El contrato expresará el ámbito de la concesión en el orden funcional y en el territorial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración puede gestionar indirectamente por concesión los servicios de su titularidad o competencia explotables económicamente por particulares, nunca los que impliquen ejercicio de autoridad. En servicios públicos, antes debe fijarse su régimen jurídico.

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Artículo 300. Entrega y recepción.

1. El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.

2. Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que esta hubiere incurrido en mora al recibirlos.

3. Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.

4. Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos perecederos, será esta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos.

Datos clave

  • El contratista entrega los bienes en el tiempo y lugar fijados en el contrato y conforme a las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
  • No hay indemnización por pérdidas, averías o perjuicios anteriores a la entrega, salvo mora de la Administración al recibirlos.
  • Si la recepción formal es posterior a la entrega, la Administración responde de la custodia entre una y otra.
  • Recibidos de conformidad bienes perecederos, la Administración responde de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de los vicios ocultos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El contratista entrega los bienes en tiempo, lugar y forma. Las pérdidas antes de la entrega no se indemnizan salvo mora de la Administración; entre entrega y recepción formal custodia la Administración, y tras recibir perecederos responde de su gestión.

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Artículo 308. Contenido y límites.

1. Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de este a la Administración contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.

2. En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores.

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista.

3. En los contratos de servicios que impliquen el desarrollo o mantenimiento de aplicaciones informáticas el objeto del contrato podrá definirse por referencia a componentes de prestación del servicio. A estos efectos, en el pliego de cláusulas administrativas particulares se establecerá el precio referido a cada componente de la prestación en términos de unidades de actividad, definidas en términos de categorías profesionales o coste, homogéneas para cualquier desarrollo, de unidades de tiempo o en una combinación de ambas modalidades.

Esta definición deberá completarse con referencia a las funcionalidades a desarrollar, cuyo marco deberá quedar determinado inicialmente, sin perjuicio de que puedan concretarse dichas funcionalidades por la Administración atendiendo a consideraciones técnicas, económicas o necesidades del usuario durante el período de ejecución, en los términos en que se prevean en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

La financiación y pago de estos contratos se ajustará al ritmo requerido en la ejecución de los componentes de prestación requeridos, debiendo adoptarse a este fin por el responsable del contrato, las medidas que sean necesarias para la programación de las anualidades y durante el período de ejecución.

4. Podrá contratarse de forma conjunta la redacción de proyectos y la dirección de obra cuando la contratación separada conllevase una merma en la calidad de las prestaciones objeto del contrato, dificultando la coordinación y continuidad entre la fase de redacción del proyecto y su ejecución en obra. El órgano de contratación motivará debidamente en el expediente que concurren estas circunstancias.

Datos clave

  • Los servicios que desarrollan productos protegidos por propiedad intelectual o industrial llevan aparejada su cesión a la Administración, salvo que se disponga otra cosa.
  • El órgano de contratación puede siempre autorizar el uso del producto a los entes del sector público.
  • Prohibido instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los contratos menores.
  • A la extinción no puede producirse la consolidación del personal del contratista como personal de la entidad contratante.
  • En aplicaciones informáticas el objeto puede definirse por componentes de prestación, con precio en unidades de actividad, de tiempo o combinación de ambas.
  • Puede contratarse conjuntamente la redacción de proyectos y la dirección de obra si la contratación separada merma la calidad, motivándolo en el expediente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija que los productos con propiedad intelectual o industrial desarrollados se ceden a la Administración salvo pacto en contrario, prohíbe usar el contrato de servicios para contratar personal o consolidar plantilla, permite definir por componentes los contratos informáticos, y autoriza contratar juntos la redacción de proyectos y la dirección de obra si separarlos perjudica la calidad.

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Artículo 323. Órganos de contratación estatales.

1. Los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la Administración General del Estado y, en consecuencia, están facultados para celebrar en su nombre los contratos en el ámbito de su competencia.

En los departamentos ministeriales en los que existan varios órganos de contratación, la competencia para celebrar los contratos de suministro y de servicios que afecten al ámbito de más de uno de ellos corresponderá al Ministro, salvo en los casos en que la misma se atribuya a la Junta de Contratación.

2. Los Presidentes o Directores de los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y demás entidades públicas integrantes del sector público estatal y los Directores generales de las distintas Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, son los órganos de contratación de unos y otros, a falta de disposición específica sobre el particular, recogida en las correspondientes normas de creación o reguladoras del funcionamiento de esas entidades.

3. Corresponden al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Junta de Contratación Centralizada, las funciones de órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada regulado en los artículos 229 y 230 de la presente Ley.

4. En los departamentos ministeriales y en los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y demás entidades públicas integrantes del sector público estatal, así como en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, podrán constituirse Juntas de Contratación, que actuarán como órganos de contratación, con los límites cuantitativos o referentes a las características de los contratos que determine el titular del departamento, en los siguientes contratos:

a) Contratos de obras comprendidas en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 232, salvo que las mismas hayan sido declaradas de contratación centralizada.

b) Contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, salvo los relativos a bienes declarados de adquisición centralizada.

c) Contratos de servicios no declarados de contratación centralizada.

d) Contratos de suministro y de servicios, distintos de los atribuidos a la competencia de la Junta con arreglo a las dos letras anteriores que afecten a más de un órgano de contratación, exceptuando los que tengan por objeto bienes o servicios de contratación centralizada.

La composición de las Juntas de Contratación se fijará reglamentariamente, debiendo figurar entre sus vocales un funcionario que tenga atribuido, legal o reglamentariamente, el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor. En ningún caso podrán formar parte de las Juntas de Contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos, los altos cargos, el personal de elección o designación política ni el personal eventual. Podrá formar parte de las Juntas de Contratación personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. Tampoco podrá formar parte de las Juntas de Contratación el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate.

En el supuesto de contratos en que el procedimiento de adjudicación utilizado sea el procedimiento abierto simplificado, la Junta de Contratación en todo caso se entenderá válidamente constituida cuando asistan el Presidente, el Secretario, el funcionario que tenga atribuido, legal o reglamentariamente, el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y el interventor, salvo en el supuesto del artículo 159.6, en el que no será obligatoria la constitución de la Mesa conforme a lo dispuesto en el artículo 326.1.

Las Juntas de Contratación podrán solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. Dicha asistencia deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional.

5. Cuando el contrato resulte de interés para varias entidades o departamentos ministeriales y la tramitación del expediente deba efectuarse por un único órgano de contratación, las demás entidades o departamentos interesados podrán contribuir a su financiación, en los términos que se establezcan reglamentariamente y con respeto a la normativa presupuestaria, en la forma que se determine en convenios o protocolos de actuación.

6. La capacidad para contratar de los representantes legales de las sociedades y fundaciones del sector público estatal se regirá por lo dispuesto en los estatutos de estas entidades y por las normas de derecho privado que sean en cada caso de aplicación.

Datos clave

  • Los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la Administración General del Estado.
  • Suministros y servicios que afecten a varios órganos del departamento: el Ministro, salvo atribución a la Junta de Contratación.
  • En organismos y entidades del sector público estatal, sus Presidentes o Directores; en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, los Directores generales.
  • La contratación centralizada estatal corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Junta de Contratación Centralizada.
  • Entre los vocales de las Juntas de Contratación figuran un funcionario con asesoramiento jurídico y un interventor.
  • No forman parte de ellas cargos públicos representativos, altos cargos, personal de designación política ni personal eventual; interinos solo si faltan funcionarios de carrera cualificados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Detalla quiénes son los órganos de contratación estatales: Ministros y Secretarios de Estado en la AGE, Presidentes/Directores en organismos autónomos y entes públicos, la Junta de Contratación Centralizada, y las Juntas de Contratación que pueden sustituir al órgano de contratación en ciertos contratos.

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Artículo 326. Mesas de contratación.

1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación. En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la mesa será potestativa para el órgano de contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1.º del artículo 168, en el que será obligatoria la constitución de la mesa. En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será igualmente potestativa la constitución de la mesa.

2. La mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica especializada, ejercerá las siguientes funciones, entre otras que se le atribuyan en esta Ley y en su desarrollo reglamentario:

a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se refieren los artículos 140 y 141, y, en su caso, acordar la exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento, previo trámite de subsanación.

b) La valoración de las proposiciones de los licitadores.

c) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja, previa tramitación del procedimiento a que se refiere el artículo 149 de la presente Ley.

d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, según proceda de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rija la licitación.

e) En el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación con negociación y en el de asociación para la innovación, la selección de los candidatos cuando así se delegue por el órgano de contratación, haciéndolo constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. La mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario.

La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente.

4. Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación.

5. El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de personal dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, o, a falta de éstos, una persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su control económico-presupuestario.

Por resolución del titular de la Intervención General correspondiente podrá acordarse los supuestos en que, en sustitución del Interventor, podrán formar parte de las mesas de contratación funcionarios del citado Centro específicamente habilitados para ello.

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate, salvo en los supuestos a que se refiere la Disposición adicional segunda.

Las Mesas de contratación podrán, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional.

6. Salvo lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, la mesa de contratación que intervenga en el procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159 de la presente Ley se considerará válidamente constituida si lo está por el Presidente, el Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario.

7. Las Leyes de las Comunidades Autónomas y la legislación de desarrollo podrán establecer que las mesas de contratación puedan ejercer también aquellas competencias relativas a la adjudicación que esta Ley atribuye a los órganos de contratación.

Datos clave

  • Mesa obligatoria en los procedimientos abierto, abierto simplificado, restringido, diálogo competitivo, licitación con negociación y asociación para la innovación.
  • Potestativa en los negociados sin publicidad, salvo imperiosa urgencia del artículo 168.b).1.º, y en los del artículo 159.6.
  • Funciones: calificar la documentación, valorar proposiciones, proponer la calificación de ofertas anormalmente bajas y proponer la adjudicación.
  • Composición: Presidente, vocales determinados reglamentariamente y Secretario; se publica en el perfil de contratante.
  • Entre los vocales, necesariamente un funcionario con asesoramiento jurídico y un interventor.
  • No pueden formar parte los cargos públicos representativos ni el personal eventual.
  • En el abierto simplificado es válida con Presidente, Secretario, asesor jurídico y funcionario de control económico-presupuestario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define cuándo es obligatoria la Mesa de contratación, sus funciones (calificar documentación, valorar ofertas, proponer adjudicación) y su composición mínima (Presidente, vocales con asesor jurídico e interventor, Secretario).

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Artículo 328. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

1. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es el órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación pública del sector público estatal, con independencia de que las entidades contratantes operen en los sectores a que se refiere la disposición adicional octava.

2. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es un órgano colegiado con composición abierta a la participación del sector privado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que serán de aplicación las disposiciones relativas a órganos colegiados de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Su composición y régimen jurídico se establecerán reglamentariamente, teniendo en cuenta que el Presidente de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y un representante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formarán parte de la misma como vocales natos, con voz pero sin voto.

3. La Junta Consultiva de la Contratación Pública del Estado tiene las funciones que le atribuyen esta Ley y su desarrollo reglamentario, y, en todo caso, las que se señalan a continuación:

a) Promover la adopción de las normas o medidas de carácter general que considere procedentes para la mejora del sistema de contratación en sus aspectos administrativos, técnicos y económicos.

b) Aprobar recomendaciones generales o particulares a los órganos de contratación que serán publicadas, si de los estudios sobre contratación administrativa o de un contrato particular se dedujeran conclusiones de interés para la Administración.

c) Informar sobre las cuestiones que se sometan a su consideración y, con carácter preceptivo, sobre todas las disposiciones normativas de rango legal y reglamentario en materia de contratación pública de competencia estatal.

d) Coordinar el cumplimiento de las obligaciones de información que imponen las Directivas de Contratación.

4. Igualmente, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado elaborará y remitirá a la Comisión Europea cada tres años un informe referido a todos los poderes adjudicadores estatales, autonómicos y locales que, respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que estén sujetos a regulación armonizada, comprenda, entre otras, si procede, las siguientes cuestiones:

a) La información contenida en el informe de supervisión a que se refiere el apartado 8 del artículo 332 que remita la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

b) Información sobre el nivel de participación de las PYME en la contratación pública.

c) Un informe estadístico sobre los contratos públicos de obras, suministros y servicios no sujetos a regulación armonizada por no superar los umbrales establecidos en los artículos 20, 21 y 22, haciendo una estimación del valor agregado total de dichos contratos durante el periodo de que se trate. Esa estimación podrá basarse, en particular, en los datos disponibles en virtud de los requisitos de publicación, o bien en estimaciones realizadas a partir de muestras.

d) Información sobre cuáles son los órganos encargados de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en virtud del derecho de la Unión Europea en materia de la contratación pública.

e) Información sobre las iniciativas adoptadas para proporcionar orientación o ayuda gratuita en la aplicación de la normativa de la Unión Europea en materia de contratación pública o para dar respuesta a las dificultades que plantee su aplicación, así como para planificar y llevar a cabo procedimientos de contratación.

f) Información requerida por otras normas comunitarias que deba incluirse en estos informes.

Los informes serán remitidos a la Comisión Europea en los quince días que siguen a su adopción. La Junta Consultiva hará público el contenido de los informes nacionales en el plazo de un mes a contar desde su remisión a la Comisión Europea, publicándolos en los correspondientes portales de transparencia y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

5. A todos los efectos, se designa a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado como punto de referencia para la cooperación con la Comisión Europea en lo que se refiere a la aplicación de la legislación relativa a la contratación pública. Asimismo, se encargará de prestar asistencia recíproca y de cooperar con el resto de Estados miembros de la Unión Europea, con el fin de garantizar el intercambio de información sobre las cuestiones que se establecen en la normativa comunitaria, garantizando su confidencialidad.

6. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado dispondrá de los recursos económicos y humanos suficientes y adecuados para el cumplimiento de sus funciones.

Se añade la letra f) al apartado 4 por la disposición final 5.1 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre. Ref. BOE-A-2021-17910#df-5

Datos clave

  • Órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación pública del sector público estatal.
  • Órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, con composición abierta al sector privado.
  • Vocales natos con voz pero sin voto: el Presidente de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y un representante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
  • Informa con carácter preceptivo las disposiciones normativas legales y reglamentarias de contratación pública de competencia estatal.
  • Remite a la Comisión Europea cada tres años un informe, en los quince días siguientes a su adopción, y lo publica en el plazo de un mes.
  • Es el punto de referencia para la cooperación con la Comisión Europea en la aplicación de la legislación de contratación pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es el órgano estatal de regulación y consulta en contratación pública, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que informa preceptivamente toda norma estatal de rango legal o reglamentario en la materia y remite cada tres años un informe a la Comisión Europea.

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Artículo 330. Órganos consultivos en materia de contratación pública de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Los órganos consultivos en materia de contratación pública que creen las Comunidades Autónomas ejercerán su competencia en su respectivo ámbito territorial, en relación con la contratación de las Entidades que integren el sector público autonómico, y, de establecerse así en sus normas reguladoras, de las Entidades Locales incluidas en el mismo, sin perjuicio de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

Datos clave

  • Los órganos consultivos autonómicos en contratación pública ejercen su competencia en su respectivo ámbito territorial.
  • Su competencia alcanza la contratación de las Entidades que integran el sector público autonómico.
  • Y, si así lo establecen sus normas reguladoras, la de las Entidades Locales incluidas en él.
  • Todo ello sin perjuicio de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los órganos consultivos de contratación que creen las Comunidades Autónomas actúan en su territorio sobre el sector público autonómico y, si sus normas lo prevén, sobre sus Entidades Locales, sin perjuicio de la Junta Consultiva estatal.

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Artículo 337. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

1. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público tiene por objeto la inscripción de los datos y circunstancias que resulten relevantes para acreditar las condiciones de aptitud de los empresarios para contratar con las Administraciones Públicas y demás organismos y entidades del sector público, incluidas las facultades de sus representantes y apoderados, así como la acreditación de todo ello ante cualquier órgano de contratación del sector público.

2. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público dependerá del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y su llevanza corresponderá a los órganos de apoyo técnico de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

3. Las Comunidades Autónomas que opten por no llevar el registro al que se refiere el artículo 341 podrán practicar inscripciones en el registro al que se refiere el presente artículo, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 340.

4. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público estará interconectado y será interoperable con el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

Los órganos de contratación consultarán el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público para verificar la inscripción de los poderes. Si los poderes no estuvieran inscritos, consultarán subsidiariamente los registros generales de apoderamientos de las Administraciones Públicas. La consulta a dichos registros se realizará a través del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

En caso de discrepancia entre los poderes inscritos, prevalecerá el inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público frente a los inscritos en cualquier otro registro de apoderamientos.

Datos clave

  • Objeto: inscribir los datos que acreditan las condiciones de aptitud de los empresarios, incluidas las facultades de sus representantes y apoderados.
  • Depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública; su llevanza corresponde a los órganos de apoyo técnico de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
  • Las Comunidades Autónomas que no lleven el registro del artículo 341 pueden practicar inscripciones en él.
  • Está interconectado y es interoperable con el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.
  • En caso de discrepancia prevalece el poder inscrito en este Registro frente a otros registros de apoderamientos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas acredita la aptitud de los empresarios ante cualquier órgano de contratación; depende de Hacienda, lo lleva la Junta Consultiva y en poderes prevalece sobre otros registros.

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Artículo 346. Registro de Contratos del Sector Público.

1. El Ministerio de Hacienda y Función Pública mantendrá un Registro de Contratos, en el que se inscribirán los datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas y demás entidades del sector público sujetas a esta Ley.

2. El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial central de información sobre la contratación pública en España. La información sobre la contratación pública deberá estar sistematizada siguiendo formatos y estándares abiertos adoptados a nivel internacional.

3. Los poderes adjudicadores comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público, para su inscripción, los datos básicos de los contratos por ellos adjudicados, entre los que figurará la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación de los mismos, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Igualmente comunicarán, en su caso, las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, importe final y extinción de aquellos. El contenido y el formato de dichas comunicaciones, así como el plazo para efectuarlas, se establecerán reglamentariamente.

Se exceptuarán de la comunicación señalada en este apartado los contratos excluidos por la presente Ley y aquellos cuyo precio fuera inferior a cinco mil euros, IVA incluido, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. En el resto de contratos inferiores a cinco mil euros, deberá comunicarse el órgano de contratación, denominación u objeto del contrato, adjudicatario, número o código identificativo del contrato e importe final.

4. Las comunicaciones de datos de contratos al Registro de Contratos del Sector Público se efectuarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en la forma que determine el Ministro de Hacienda y Función Pública.

5. El Registro de Contratos del Sector Público facilitará de modo telemático el acceso a sus datos a los órganos de las Administraciones Públicas que los precisen para el ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y con las limitaciones que imponen las normas sobre protección de datos de carácter personal, facilitará el acceso público a los datos que no tengan el carácter de confidenciales y que no hayan sido previamente publicados de modo telemático y a través de Internet.

6. En los casos de Administraciones Públicas que dispongan de Registros de Contratos análogos en su ámbito de competencias, la comunicación de datos a que se refiere el apartado 3 del presente artículo podrá ser sustituida por comunicaciones entre los respectivos Registros de Contratos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública determinará las especificaciones y requisitos para el intercambio de datos entre el Registro de Contratos del Sector Público y los demás Registros de Contratos.

7. Al objeto de garantizar la identificación única y precisa de cada contrato, las Administraciones y entidades comunicantes asignarán a cada uno de ellos un código identificador, que será único en su ámbito de competencias. El Ministerio de Hacienda y Función Pública determinará las reglas de asignación de dichos identificadores únicos que resulten necesarios para asegurar la identificación unívoca de cada contrato dentro del Registro de Contratos del Sector Público, así como para su coordinación con los demás Registros de Contratos.

8. El Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales un informe sobre la contratación pública en España, a partir de los datos y análisis proporcionados por el Registro de Contratos del Sector Público.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el informe al que se refiere el párrafo anterior, tras su elevación por el Gobierno a las Cortes Generales.

Datos clave

  • El Ministerio de Hacienda y Función Pública mantiene el Registro de Contratos del Sector Público.
  • Es el sistema oficial central de información sobre la contratación pública en España.
  • Se comunican la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación con desglose del IVA y las modificaciones, prórrogas, importe final y extinción.
  • Exceptuados: contratos de precio inferior a cinco mil euros, IVA incluido, pagados mediante anticipo de caja fija u otro sistema similar.
  • Las comunicaciones se efectúan por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
  • El Gobierno eleva anualmente a las Cortes Generales un informe sobre la contratación pública, que se pone en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Registro de Contratos del Sector Público, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, es el sistema oficial central de información sobre contratación pública: recibe los datos básicos de los contratos y sirve de base al informe anual a las Cortes Generales.

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Artículo 2. Órganos de contratación

El artículo 2 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, determina quiénes son los órganos de contratación en la Administración de la Junta de Andalucía y en su sector público.

1. Consejerías. De acuerdo con el artículo 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las personas titulares de las Consejerías son los órganos de contratación de las mismas. Están facultadas para celebrar en su nombre los contratos relativos a asuntos propios de su Consejería, salvo en los casos en que, con arreglo a la ley, la competencia para celebrar o autorizar los contratos corresponda al Consejo de Gobierno.

2. Agencias. Sus órganos de contratación son los que se determinen en sus estatutos, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

3. Entidades vinculadas con régimen de independencia funcional o de especial autonomía (disposición adicional segunda de la Ley 9/2007): sus órganos de contratación son los que determine su normativa específica.

4. Sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz. La capacidad para contratar de las personas que ostenten su representación se rige por lo establecido en sus estatutos y por las normas de derecho privado que les resulten de aplicación.

5. Consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007: sus órganos de contratación son los establecidos en sus estatutos.

Datos clave

  • Las personas titulares de las Consejerías son los órganos de contratación de las mismas (artículo 26.2.i) de la Ley 9/2007).
  • Se exceptúan los casos en que la ley atribuya al Consejo de Gobierno la competencia para celebrar o autorizar los contratos.
  • Agencias: los órganos que determinen sus estatutos, conforme al artículo 62 de la Ley 9/2007.
  • Entidades con independencia funcional o especial autonomía: lo que determine su normativa específica.
  • Sociedades mercantiles y fundaciones: sus estatutos y las normas de derecho privado aplicables.
  • Consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007: los órganos establecidos en sus estatutos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién contrata en la Junta depende del tipo de ente: los titulares de las Consejerías (salvo competencia del Consejo de Gobierno), y en agencias, entidades vinculadas, sociedades, fundaciones y consorcios, lo que digan sus estatutos o normas.

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Artículo 3. Competencias del Consejo de Gobierno

El artículo 3 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, regula las competencias del Consejo de Gobierno en materia de contratación.

1. Se requiere autorización del Consejo de Gobierno para la celebración de contratos, en los casos previstos legalmente, por las personas titulares de las Consejerías y los órganos de contratación de las agencias, las entidades referidas en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz y los consorcios mencionados en el artículo 12.3 de dicha Ley.

2. La autorización debe obtenerse antes de la aprobación del expediente de contratación y lleva implícita la aprobación del gasto correspondiente.

3. En esos mismos supuestos, el Consejo de Gobierno debe autorizar igualmente la modificación del contrato, cuando sea causa de resolución, y la resolución del contrato, en su caso.

4. Excepcionalmente, cuando sea conveniente para los intereses públicos, corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la celebración de contratos con empresas o profesionales no clasificados, cuando este requisito sea exigible, previo informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, de acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre.

Datos clave

  • La autorización del Consejo de Gobierno se exige en los casos previstos legalmente.
  • Debe obtenerse antes de la aprobación del expediente de contratación.
  • Lleva implícita la aprobación del gasto correspondiente.
  • El Consejo de Gobierno autoriza también la modificación, cuando sea causa de resolución, y la resolución del contrato.
  • Contratos con empresas o profesionales no clasificados: autorización excepcional del Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En los casos legales, el Consejo de Gobierno autoriza los contratos antes de aprobar el expediente, con aprobación implícita del gasto; también su modificación cuando sea causa de resolución, su resolución y, excepcionalmente, la contratación con no clasificados.

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Artículo 5. Órganos colegiados de asistencia a los órganos de contratación

El artículo 5 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, regula las mesas de contratación y los demás órganos colegiados de asistencia.

Órganos de asistencia (apartado 1)

Las mesas de contratación y los comités de expertos son órganos colegiados de asistencia a los órganos de contratación, con las funciones previstas en la normativa reguladora de la contratación del sector público. Cuando no proceda designar un comité de expertos, se podrá designar a una persona con formación técnica adecuada o a una Comisión Técnica formada por al menos dos personas con conocimiento en la materia, de apoyo a la Mesa, que elaborarán los informes técnicos sobre la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.

Cuándo es obligatoria la mesa (apartado 2)

En los procedimientos abiertos, abiertos simplificados, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades que tengan la consideración de Administración Pública a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, estarán asistidos por una mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas y para proponer la adjudicación. La constitución de la mesa es potestativa en los procedimientos negociados sin publicación de anuncios de licitación, salvo cuando se fundamenten en la imperiosa urgencia del párrafo b) 1.º del artículo 168 de la Ley 9/2017, en que es obligatoria. También es potestativa en los procedimientos del artículo 159.6 de dicha Ley.

Composición (apartado 3)

a) La Presidencia, desempeñada por una persona designada por el órgano de contratación, con nivel al menos de Jefatura de Servicio. En las agencias y demás entidades con consideración de Administración Pública, corresponde a una persona de nivel o funciones equivalentes.

b) Al menos cuatro vocales designados por el órgano de contratación, entre los que figurarán obligatoriamente:

1.º Un letrado o una letrada del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía o persona a la que se asignen sus funciones, o una persona que tenga atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de contratación.

2.º Una persona en representación de la Intervención General de la Junta de Andalucía, cuando el órgano de contratación forme parte de la Administración de la Junta, de sus agencias administrativas o de régimen especial y de sus consorcios adscritos. En el resto de entidades con consideración de Administración Pública, una persona integrada en la unidad de control interno, siempre que esta actúe bajo la dependencia funcional exclusiva de la Intervención General en sus labores de control interno y auditoría (artículo 86.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía). En los servicios periféricos o territoriales podrá formar parte una persona de la entidad con funciones de control económico-presupuestario.

c) La Secretaría, con voz y voto, desempeñada por una persona funcionaria que preste servicios en el órgano de contratación, designada por su titular; si no es posible, por personal laboral del órgano de contratación.

d) En función del objeto del contrato, las personas cuya participación sea obligatoria según la normativa sectorial, con voz y voto.

Suplencias, designación y publicidad (apartados 4 a 7)

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros se sustituyen por suplentes designados por quien designó a los titulares. En la designación se observan las normas de representación equilibrada de mujeres y hombres de los artículos 18.2 y 19 de la Ley 9/2007 y del artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. La designación puede ser permanente o específica para cada contrato; las mesas permanentes o con funciones para una pluralidad de contratos publican su composición en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Haber participado en la redacción de la documentación técnica no impide por sí mismo formar parte de la mesa. La composición se publica en el perfil de contratante con una antelación mínima de siete días respecto de la reunión para la calificación de la documentación acreditativa de los requisitos previos.

Asistencia técnica, incompatibilidades y sesiones a distancia (apartados 8 a 10)

Puede asistir personal técnico especializado, con voz y sin voto. Los cargos públicos representativos y el personal eventual no pueden formar parte de estos órganos colegiados, y los altos cargos (artículo 2 de la Ley 3/2005, de 8 de abril) no pueden formar parte de las comisiones técnicas ni de los comités de expertos ni elaborar informes técnicos sobre criterios valorados mediante juicio de valor. La asistencia puede ser presencial o a distancia, siempre que se asegure por medios electrónicos la identidad de los miembros, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que se producen y la interactividad en tiempo real; se consideran válidos los medios telefónicos y audiovisuales, como el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.

Datos clave

  • Mesas de contratación y comités de expertos son órganos colegiados de asistencia; la Comisión Técnica la forman al menos dos personas.
  • La mesa es el órgano competente para valorar las ofertas y proponer la adjudicación.
  • Presidencia con nivel al menos de Jefatura de Servicio.
  • Al menos cuatro vocales, entre ellos un letrado del Gabinete Jurídico y una persona de la Intervención General.
  • Secretaría con voz y voto, desempeñada por una persona funcionaria (o personal laboral si no es posible).
  • Mesas permanentes: composición publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
  • Composición en el perfil de contratante con antelación mínima de siete días.
  • No pueden formar parte los cargos públicos representativos ni el personal eventual.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Mesas y comités de expertos asisten al órgano de contratación; la mesa valora ofertas y propone la adjudicación, es obligatoria en los procedimientos principales y tiene Presidencia, al menos cuatro vocales y Secretaría con voz y voto.

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Artículo 11. Ámbito subjetivo, objetivo y adscripción

El artículo 11 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, define el ámbito y la adscripción del Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1. Objeto. El Registro de Licitadores tiene por objeto la inscripción y la acreditación, ante todos los órganos de contratación del sector público de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades locales andaluzas, y de los restantes entes, organismos o entidades dependientes de una y otras, a tenor de lo reflejado en él y salvo prueba en contrario, de:

  • las condiciones de aptitud para contratar de las personas físicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y de las personas jurídicas nacionales o extranjeras que soliciten su inscripción;
  • la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar que deban constar en él.

Las circunstancias relativas a la aptitud para contratar que se inscriben son: personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, técnica o profesional y clasificación.

2. Sector público de la Junta. A estos efectos, comprende, además de la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales, las entidades vinculadas de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y los consorcios del artículo 12.3 de dicha Ley.

3. Adscripción. El Registro de Licitadores es único y está adscrito a la Dirección General competente en materia de Patrimonio.

4. Prueba. La prueba de su contenido se efectúa mediante certificación del Servicio de esa Dirección General al que corresponda su gestión.

Datos clave

  • Acredita ante los órganos de contratación de la Junta y de las entidades locales andaluzas las condiciones de aptitud, salvo prueba en contrario.
  • Inscribe también la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar.
  • Circunstancias inscribibles: personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación, solvencia económica y financiera, técnica o profesional y clasificación.
  • Es único y está adscrito a la Dirección General competente en materia de Patrimonio.
  • Su contenido se prueba mediante certificación del Servicio de esa Dirección General que lo gestione.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Registro de Licitadores, único y adscrito a la Dirección General de Patrimonio, inscribe y acredita la aptitud para contratar y las prohibiciones de contratar ante la Junta y las entidades locales andaluzas, salvo prueba en contrario.

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Artículo 28. Ámbito subjetivo, objetivo y adscripción

El artículo 28 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, define el ámbito y la adscripción del Registro de Contratos de la Junta de Andalucía.

1. Objeto. El Registro de Contratos tiene por objeto la inscripción de los datos básicos de los contratos adjudicados por los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales públicas y privadas, los consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y las entidades vinculadas de su disposición adicional segunda, en los términos del Capítulo y del Anexo VIII del Decreto. Se inscriben también, en su caso, las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, el importe final y la extinción de esos contratos.

2. Inscripción obligatoria. Son de obligatoria inscripción los datos de los contratos de carácter administrativo o privado, según la definición y clasificación de los artículos 18 a 20 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, incluidos aquellos en los que no medie el pago de un precio.

3. Contratos patrimoniales. Se inscriben obligatoriamente los contratos patrimoniales a que se refiere la legislación patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Adscripción. El Registro de Contratos es único y está adscrito a la Dirección General competente en materia de Patrimonio.

Datos clave

  • Inscribe los datos básicos de los contratos adjudicados por la Administración de la Junta, sus entidades instrumentales, consorcios y entidades vinculadas.
  • También las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, importe final y extinción.
  • Inscripción obligatoria de contratos administrativos o privados, incluso sin pago de un precio.
  • Se inscriben obligatoriamente los contratos patrimoniales de la legislación patrimonial andaluza.
  • Es único y está adscrito a la Dirección General competente en materia de Patrimonio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Registro de Contratos, único y adscrito a la Dirección General de Patrimonio, recoge los datos básicos de los contratos de la Junta y su sector público, con sus modificaciones, prórrogas, importe final y extinción.

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