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Tema 76: La vivienda: competencias de la Comunidad Autónoma. La vivienda protegida. Los planes de vivienda y suelo: principales actuaciones protegidas. Policía de la vivienda. Régimen jurídico.

Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

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Artículo 25. Vivienda

Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten.

Datos clave

  • Finalidad: favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
  • Los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda.
  • La ley regulará el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad.
  • La ley regulará también las ayudas que faciliten dicho acceso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos andaluces están obligados a la promoción pública de vivienda; la ley regula el acceso en igualdad y las ayudas.

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Artículo 56. Vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y obras públicas.

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda, que incluye en todo caso:

a) La planificación, la ordenación, la gestión, la inspección y el control de la vivienda; el establecimiento de prioridades y objetivos de la actividad de fomento de las Administraciones Públicas de Andalucía en materia de vivienda y la adopción de las medidas necesarias para su alcance; la promoción pública de viviendas; las normas técnicas, la inspección y el control sobre la calidad de la construcción; el control de condiciones de infraestructuras y de normas técnicas de habitabilidad de las viviendas; la innovación tecnológica y la sostenibilidad aplicable a las viviendas; y la normativa sobre conservación y mantenimiento de las viviendas y su aplicación.

b) La regulación administrativa del comercio referido a viviendas y el establecimiento de medidas de protección y disciplinarias en este ámbito.

2. Asimismo, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia sobre las condiciones de los edificios para la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, radiodifusión, telefonía básica y otros servicios por cable, respetando la legislación del Estado en materia de telecomunicaciones.

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de urbanismo, que incluye, en todo caso, la regulación del régimen urbanístico del suelo; la regulación del régimen jurídico de la propiedad del suelo, respetando las condiciones básicas que el Estado establece para garantizar la igualdad del ejercicio del derecho a la propiedad; el establecimiento y la regulación de los instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística; la política de suelo y vivienda, la regulación de los patrimonios públicos de suelo y vivienda y el régimen de la intervención administrativa en la edificación, la urbanización y el uso del suelo y el subsuelo; y la protección de la legalidad urbanística, que incluye en todo caso la inspección urbanística, las órdenes de suspensión de obras y licencias, las medidas de restauración de la legalidad física alterada, así como la disciplina urbanística.

4. Asimismo, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de derecho de reversión en las expropiaciones urbanísticas, en el marco de la legislación estatal.

5. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, que incluye en todo caso el establecimiento y regulación de las directrices y figuras de planeamiento territorial, las previsiones sobre emplazamientos de infraestructuras y equipamientos, la promoción del equilibrio territorial y la adecuada protección ambiental.

6. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, la competencia exclusiva, que incluye en todo caso: el establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas, así como la regulación del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos y planes; la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, respetando las excepciones que puedan establecerse por motivos medioambientales en las aguas costeras interiores y de transición; la regulación y la gestión del régimen económico-financiero del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos por la legislación general; la ejecución de obras y actuaciones en el litoral andaluz cuando no sean de interés general. Corresponde también a la Comunidad Autónoma la ejecución y la gestión de las obras de interés general situadas en el litoral andaluz, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del presente artículo.

7. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de planificación, construcción y financiación de las obras públicas en el ámbito de la Comunidad, siempre que no estén declaradas de interés general por el Estado.

8. La Comunidad Autónoma de Andalucía participará en la planificación y programación de las obras públicas de interés general competencia del Estado a través de los órganos y procedimientos multilaterales a que se refiere el apartado 1 del artículo 221 de este Estatuto. La Comunidad Autónoma emitirá informe previo sobre la calificación de obra de interés general del Estado. En el supuesto de las obras calificadas de interés general o que afecten a otra Comunidad Autónoma, podrán suscribirse convenios de colaboración para su gestión, de conformidad con lo dispuesto en la legislación del Estado y según lo establecido en el Título IX.

9. La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado emitirá informe previo sobre la determinación de la ubicación de infraestructuras y equipamientos de titularidad estatal en Andalucía.

10. La calificación de interés general del Estado respecto de obras públicas titularidad de la Comunidad Autónoma requerirá informe previo de la misma y se ejecutarán, en todo caso, mediante convenio de colaboración.

Datos clave

  • Competencia exclusiva en vivienda, incluida la promoción pública de viviendas y la regulación administrativa del comercio referido a viviendas.
  • Competencia exclusiva en urbanismo, incluida la disciplina urbanística.
  • Competencia compartida sobre el derecho de reversión en las expropiaciones urbanísticas.
  • Competencia exclusiva en ordenación del territorio y en ordenación del litoral.
  • Exclusiva en obras públicas en el ámbito de la Comunidad no declaradas de interés general por el Estado.
  • La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado emite informe previo sobre la ubicación de infraestructuras estatales en Andalucía.
  • La calificación de interés general del Estado de obras autonómicas requiere informe previo y se ejecuta mediante convenio de colaboración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y del litoral y obras públicas no declaradas de interés general son exclusivas; la reversión en expropiaciones urbanísticas es compartida; y en obras estatales Andalucía participa e informa.

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Artículo 1. Objeto de la ley

El artículo 1 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, define el objeto de esta norma estatal.

La ley regula, en el ámbito de competencias del Estado, las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con la vivienda y, en particular, el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y a disfrutarla en condiciones asequibles, atendiendo a los instrumentos internacionales ratificados por España y respetando en todo caso las competencias de las comunidades autónomas, específicamente las que tienen en materia de vivienda.

Para asegurar el ejercicio del derecho a la vivienda, regula también el contenido básico del derecho de propiedad de la vivienda en relación con su función social, que incluye el deber de destinarla al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico, en el marco de la ordenación territorial y urbanística, y de mantenerla, conservarla y rehabilitarla, atribuyendo a los poderes públicos la función de asegurar su cumplimiento.

La ley tiene asimismo por objeto reforzar la protección del acceso a información completa, objetiva, veraz, clara, comprensible y accesible en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda.

Datos clave

  • Regula las condiciones básicas de igualdad en los derechos y deberes constitucionales sobre la vivienda.
  • Derecho a una vivienda digna y adecuada en condiciones asequibles.
  • Respeta las competencias autonómicas en materia de vivienda.
  • Función social de la propiedad: deber de uso habitacional y de mantener, conservar y rehabilitar.
  • Refuerza la información en la compra y el arrendamiento de vivienda.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley fija las condiciones básicas de igualdad en el derecho a una vivienda digna y adecuada y asequible, define la función social de la propiedad de la vivienda y refuerza la información en compras y alquileres, respetando las competencias autonómicas.

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Artículo 8. Derechos del ciudadano en relación con la vivienda

El artículo 8 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, enumera los derechos del ciudadano en relación con la vivienda.

Todos los ciudadanos tienen derecho a:

a) Disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los términos de la ley, ya sea en régimen de propiedad, de arrendamiento, de cesión de uso o de cualquier otro régimen legal de tenencia.

b) Acceder a la información de las Administraciones públicas sobre los programas públicos de vivienda y sus condiciones de acceso, en formatos accesibles para personas con discapacidad, así como sobre las prestaciones, ayudas y recursos públicos para garantizar el acceso a la vivienda de las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

c) Solicitar la inscripción en los registros de demandantes de vivienda protegida de las Administraciones competentes y en los programas, prestaciones, ayudas y recursos públicos para el acceso a la vivienda, en función de su situación social y económica y sus circunstancias personales y familiares.

d) Participar en los programas públicos de vivienda y acceder a las prestaciones, ayudas y recursos públicos en los términos de su normativa reguladora.

Datos clave

  • Cuatro derechos, de la letra a) a la d).
  • Vivienda digna en propiedad, arrendamiento, cesión de uso u otro régimen legal de tenencia.
  • Información en formatos accesibles para personas con discapacidad.
  • Derecho a solicitar la inscripción en los registros de demandantes de vivienda protegida.
  • Derecho a participar en los programas públicos de vivienda.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuatro derechos del ciudadano: disfrutar de una vivienda digna en cualquier régimen legal de tenencia, informarse sobre programas y ayudas, inscribirse en los registros de demandantes y participar en los programas públicos.

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Artículo 12. Acción del Estado en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana

El artículo 12 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, regula la acción del Estado en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

Con el objetivo de promover el ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos al disfrute de una vivienda digna y adecuada, y en el ámbito de sus competencias, el Estado llevará a cabo la planificación necesaria con su correspondiente financiación, para facilitar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda y favorecer la conservación y mejora del parque residencial y de su entorno construido. Prestará especial atención a los colectivos, personas y familias con mayores dificultades de acceso o en riesgo de exclusión residencial, y a las familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo.

En aplicación del principio de cooperación, el Estado podrá colaborar, de acuerdo con su propia planificación, en la financiación de los planes que aprueben las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y propondrá, en el seno de la Conferencia Sectorial, sus propias líneas estratégicas, planes y medidas que promuevan la igualdad y fortalezcan el equilibrio territorial, con los oportunos indicadores de seguimiento y evaluación.

La acción estatal deberá priorizar la atención y los programas de ayuda a las personas, familias y unidades de convivencia en situación de mayor vulnerabilidad social y económica identificadas por los servicios sociales, y en emergencia habitacional por estar afectadas por procedimientos de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, promoviendo su adecuado realojo y el acceso a una vivienda digna y adecuada, y reforzando los mecanismos de cooperación con las administraciones territoriales competentes.

La colaboración del Estado deberá considerar el enfoque territorial de las políticas de vivienda, atendiendo las necesidades tanto en los entornos urbanos y metropolitanos como en el medio rural y en municipios afectados por la despoblación, con programas específicos de viviendas de alquiler social, asequibles y adecuadas a cada contexto social, económico y territorial.

Datos clave

  • El Estado planifica con su correspondiente financiación para facilitar el derecho a la vivienda.
  • Especial atención a familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo.
  • Por el principio de cooperación puede cofinanciar los planes autonómicos y de Ceuta y Melilla.
  • Propone sus líneas estratégicas en el seno de la Conferencia Sectorial.
  • Prioriza a quienes estén en emergencia habitacional por desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual.
  • Enfoque territorial: entornos urbanos, metropolitanos, medio rural y municipios afectados por la despoblación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estado planifica y financia para hacer efectivo el derecho a la vivienda, coopera con los planes autonómicos y de Ceuta y Melilla y prioriza a los más vulnerables y a quienes sufren desahucio, con enfoque territorial.

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Artículo 24. Planes estatales en materia de vivienda y rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural

El artículo 24 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, regula los planes estatales en materia de vivienda y de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural.

Estos planes son los instrumentos principales de actuación del Estado en política de vivienda. En coordinación con las demás estrategias estatales y políticas sectoriales, incluirán una planificación plurianual que podrá vincularse a medidas de financiación, fiscalidad, regulatorias o de apoyo a la puesta a disposición de vivienda a precios asequibles mediante colaboración público-privada que permita crear un fondo de vivienda asequible, o de cualquier otro tipo.

Están formados por programas que apoyarán de manera prioritaria:

a) La ocupación racional y eficiente del patrimonio residencial.

b) La conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejora de las viviendas de residencia habitual y la regeneración y renovación de su entorno, con enfoques integrales que garanticen la accesibilidad universal.

c) La creación, ampliación y gestión de parques públicos de vivienda, orientados prioritariamente a las personas, familias y unidades de convivencia en mayor vulnerabilidad social y económica.

d) La construcción y rehabilitación de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

e) Nuevas modalidades de vivienda y desarrollo urbano y rural y el acceso a vivienda protegida, incluidos instrumentos financieros público-privados.

f) El acceso a la vivienda de jóvenes y la vivienda digna para personas en mayor vulnerabilidad, chabolismo, infravivienda o emergencia habitacional.

Deberá incorporarse una perspectiva territorial, con atención a los pequeños municipios afectados por envejecimiento o despoblación. Las actuaciones de las letras c) y f) podrán atender los trámites de intermediación y conciliación previos a la demanda y a los hogares vulnerables en los procedimientos de los artículos 439, 655 bis y 685 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Para evitar la especulación, los planes podrán establecer medidas para redistribuir socialmente el beneficio obtenido por la enajenación, dentro del límite temporal que fijen, de viviendas que hayan obtenido ayudas para rehabilitación, regeneración y renovación, mediante la devolución de las ayudas u otras medidas.

Corresponde al Gobierno, oídas las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, aprobar estos planes, que podrán contribuir de manera complementaria a financiar los planes autonómicos y de Ceuta y Melilla. Los planes establecerán programas para dar solución de emergencia habitacional por pérdida, amenaza de pérdida, vivienda inadecuada o ausencia de vivienda, y programas específicos de oferta en las zonas de mercado residencial tensionado.

Datos clave

  • Son los instrumentos principales de actuación del Estado en política de vivienda.
  • Planificación plurianual; posible fondo de vivienda asequible mediante colaboración público-privada.
  • Seis actuaciones prioritarias, de la letra a) a la f).
  • Aprobación por el Gobierno, oídas las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo.
  • Medidas contra la especulación: redistribuir el beneficio de la enajenación, por ejemplo con devolución de ayudas.
  • Programas específicos para las zonas de mercado residencial tensionado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los planes estatales de vivienda son el instrumento principal del Estado: plurianuales, con seis líneas prioritarias, medidas contra la especulación y aprobados por el Gobierno oídas las CCAA en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo.

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Artículo 1. Objeto y fines de la ley

El artículo 1 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, establece su objeto y sus fines.

La ley tiene por objeto establecer la regulación en materia de vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía para favorecer el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada a la situación personal, familiar, económica, social y de capacidad funcional de las personas físicas con vecindad administrativa en dicha comunidad, al amparo de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, en el marco de las condiciones básicas de la legislación estatal, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Sus finalidades son:

a) Definir las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía y sus instrumentos de planificación y programación. La Junta impulsará programas de ayudas al alquiler, la rehabilitación y la promoción de viviendas, en el marco del Plan de Vivienda y Suelo vigente, para facilitar el acceso a quienes tengan dificultades en función de sus ingresos, situación o vulnerabilidad.

b) Establecer las actuaciones, derechos y obligaciones de los agentes públicos y privados del sector y asignar competencias a las Administraciones.

c) Establecer los principios básicos de calidad y accesibilidad de las viviendas y las medidas para garantizar su habitabilidad, funcionalidad, buen uso, conservación y rehabilitación.

d) Proteger a las personas titulares y usuarias de vivienda frente a situaciones que comprometan su derecho.

e) Definir los derechos, deberes y criterios en la promoción, construcción, transmisión y administración de viviendas.

f) Establecer el régimen jurídico y las condiciones de adjudicación, gestión y control de las viviendas protegidas.

g) Establecer medidas de fomento para mejorar e incrementar el parque de viviendas.

h) Favorecer tipologías de vivienda adecuadas a las diferentes formas de convivencia.

i) Tipificar las infracciones y sanciones en materia de vivienda en general y de vivienda protegida.

La Junta y las Administraciones locales, en el marco del principio de subsidiariedad, promoverán el acceso a una vivienda digna y adecuada mediante una política de vivienda protegida y suelo y de apoyo a la conservación, mantenimiento, rehabilitación y calidad del parque existente.

Datos clave

  • Beneficiarios del derecho: personas físicas con vecindad administrativa en Andalucía.
  • Marco: Constitución, Estatuto de Autonomía y condiciones básicas de la legislación estatal.
  • Referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
  • Nueve finalidades, de la letra a) a la i).
  • Incluye tipificar infracciones y sanciones en vivienda en general y protegida.
  • Las Administraciones actúan en el marco del principio de subsidiariedad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley regula la vivienda en Andalucía para favorecer el derecho a una vivienda digna de quienes tienen vecindad administrativa allí, y enumera nueve finalidades, de las políticas de vivienda a las sanciones.

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Artículo 2. Ámbito de aplicación de la ley

El artículo 2 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, delimita su ámbito de aplicación.

La ley se aplica a toda edificación situada en la Comunidad Autónoma de Andalucía cuyo destino, total o parcial, sea de uso residencial, con independencia de su régimen jurídico. Se aplica tanto a las viviendas existentes como a las de nueva construcción o procedentes de actuaciones de rehabilitación, renovación o reforma, con independencia de su carácter libre o protegido o de su promoción pública o privada. No obstante, la Administración garantizará un tratamiento diferenciado y reforzado para el parque de vivienda protegida, al objeto de blindar su carácter social.

Se incluyen en su ámbito, con las especificidades que les son propias, los alojamientos protegidos destinados a colectivos específicos que, para atender necesidades habitacionales transitorias, sean calificados por la normativa autonómica.

El ámbito territorial de aplicación de la ley es la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Datos clave

  • Se aplica a toda edificación de uso residencial total o parcial en Andalucía.
  • Comprende viviendas existentes, nuevas y rehabilitadas, libres o protegidas, de promoción pública o privada.
  • Tratamiento diferenciado y reforzado del parque de vivienda protegida para blindar su carácter social.
  • Incluye los alojamientos protegidos para necesidades habitacionales transitorias.
  • Ámbito territorial: la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley alcanza toda edificación residencial en Andalucía, total o parcial, nueva o existente, libre o protegida, pública o privada; con trato reforzado para la vivienda protegida y con los alojamientos protegidos transitorios.

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Artículo 3. Principios rectores de la política de vivienda

El artículo 3 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, enumera los principios a los que se sujetan las políticas de vivienda de las Administraciones públicas de Andalucía:

a) La colaboración y coordinación entre todos los poderes públicos para facilitar el acceso a una vivienda con condiciones adecuadas de habitabilidad y calidad, en condiciones de igualdad, con atención preferente a los colectivos vulnerables y corrigiendo los desequilibrios territoriales.

b) Establecer y proteger los derechos y obligaciones de propietarios, adquirentes y arrendatarios, con especial énfasis en el deber de mantener la calidad de las viviendas y el correcto régimen de uso.

c) Impulsar políticas activas de fomento del alquiler mediante incentivos para poner viviendas en el mercado del alquiler.

d) Promover la construcción de viviendas que cumplan la normativa de accesibilidad universal, calidad, sostenibilidad, eficiencia energética y conectividad, impulsando la descarbonización y el autoconsumo energético, y promover el mantenimiento, rehabilitación y regeneración del parque, eliminando las situaciones de infravivienda.

e) Promover una oferta significativa y estable de viviendas para los sectores con mayores dificultades de acceso al mercado libre, impulsando la colaboración público-privada y una infraestructura residencial que integre viviendas públicas y privadas que hayan recibido ayudas de los planes de vivienda.

f) Promover una oferta de viviendas para los sectores socioeconómicamente desfavorecidos, para evitar la exclusión social y erradicar los asentamientos chabolistas, respetando el principio de igualdad de género.

g) Fomentar la transparencia y garantizar la participación en la política de vivienda.

h) Simplificar los procedimientos administrativos, con todas las garantías de control e inspección.

i) Garantizar el cumplimiento de la normativa mediante la planificación y el ejercicio de la función inspectora y la potestad sancionadora.

j) Impulsar la investigación y la innovación, procurando la sostenibilidad ambiental y energética, las energías renovables y la economía circular.

k) Establecer mecanismos de acceso a la información sobre las necesidades de vivienda, especialmente protegida, y sobre su disponibilidad.

l) Promover la industrialización del sector de la edificación residencial basada en la construcción sostenible, con una transición ecológica y digital.

m) Tener en cuenta las necesidades de la población joven, promoviendo su emancipación, conforme a la edad máxima de cada programa, que en todo caso incluirá como beneficiarios a personas de hasta 35 años.

Datos clave

  • Trece principios rectores, de la letra a) a la m).
  • Atención preferente a colectivos vulnerables y corrección de desequilibrios territoriales.
  • Fomento del alquiler mediante incentivos.
  • Erradicar los asentamientos chabolistas y eliminar la infravivienda.
  • Simplificación de procedimientos con garantías de control e inspección.
  • Los programas para jóvenes incluirán en todo caso a personas de hasta 35 años.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Trece principios rectores guían las políticas de vivienda andaluzas: coordinación, alquiler, calidad y rehabilitación, oferta para desfavorecidos, transparencia, inspección, innovación y jóvenes de hasta 35 años.

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Artículo 4. Definiciones

El artículo 4 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, establece las definiciones aplicables, salvo que la legislación específica contenga otra más pormenorizada.

a) Vivienda: edificio o parte de un edificio de uso residencial que reúne las condiciones mínimas de habitabilidad y accesibilidad exigidas legalmente y atiende las necesidades de residencia de una persona, unidad familiar o de convivencia.

b) Vivienda protegida: aquella cuyo régimen está constituido por el conjunto de limitaciones y requisitos que han de cumplirse mientras persista su protección, calificada así por el ayuntamiento, conforme a: 1.º su destino a uso residencial habitual y permanente; 2.º precio limitado para la venta y para el alquiler o cesión del uso; 3.º sujetos destinatarios; 4.º condiciones específicas de calidad y diseño, en su caso. La protección se extiende a los garajes y trasteros vinculados en el Registro de la Propiedad y a otros elementos que prevea el plan, como anejos.

c) Alojamiento protegido: vivienda comunitaria para colectivos prioritarios en régimen de alquiler o cesión de uso, con una parte privativa que permita todas las funciones propias de la vivienda y servicios comunitarios de apoyo.

d) Vivienda o alojamiento dotacional: el protegido construido en suelo dotacional público, destinado exclusivamente al alquiler, cesión u otra fórmula de uso temporal y carácter rotatorio, para necesidades temporales de colectivos con especiales dificultades.

e) Vivienda concertada: de titularidad privada, objeto de medidas de fomento, ayudas o beneficios para vincularla a residencia habitual propia o a alquiler u otra tenencia temporal para quienes no pueden acceder al mercado libre.

f) Vivienda asequible: aquella cuyos costes de compra o alquiler suponen menos del 30% de los ingresos de la unidad familiar o de convivencia cuyos ingresos máximos no superen siete veces el IPREM.

g) Vivienda principal: la residencia habitual y permanente donde se fija la vecindad administrativa. h) Vivienda secundaria: la usada por temporadas o estancias cortas.

i) Unidad habitacional: espacio de uso exclusivamente residencial privativo.

j) Uso residencial comunitario: tipología residencial para la convivencia en comunidad, con tres modalidades. Cohousing: unidades que son vivienda completa, con servicios comunes, caracterizada por la propiedad colectiva del inmueble y la autogestión. Coliving: unidades privativas que no son viviendas completas, para residencia temporal, gestionadas por operador único profesional o empresarial. Flexliving: unidades privativas que pueden o no ser viviendas completas, para residencia temporal, con gestión por operador único profesional o empresarial.

k) Colaboración público-privada: convenios de construcción, incentivos al promotor, modelos concesionales o derecho de superficie con reversión de las viviendas a la Administración al terminar la concesión; también para vivienda en venta mediante el ofrecimiento de suelo público.

l) Colectivos prioritarios en el acceso a la vivienda: personas que necesitan medidas positivas de la Administración por motivos sociales, económicos o de discapacidad. Son: 1.º jóvenes y personas que accedan a su primera vivienda; 2.º personas en edad ordinaria de jubilación o situación asimilada; 3.º personas con discapacidad igual o superior al 33 % o en dependencia reconocida; 4.º personas con dependientes a su cargo; 5.º mujeres embarazadas sin recursos; 6.º víctimas de violencia de género acreditada; 7.º menores de 18 años; 8.º jóvenes extutelados por la Junta de Andalucía sin vivienda ni recursos (artículo 132.5 de la Ley 4/2021, de Infancia y Adolescencia de Andalucía); 9.º personas sin hogar o en emergencia habitacional y desposeídas de su vivienda habitual por impago de hipoteca o alquiler por circunstancias imprevistas; 10.º personas en situación o riesgo de exclusión social acreditada por los servicios sociales comunitarios; 11.º víctimas de terrorismo (artículo 3.a de la Ley 10/2010); 12.º personas con la tutela de sus hijos suspendida en proceso de reintegración familiar; 13.º familias monoparentales, numerosas y con menores o personas con discapacidad a cargo; 14.º personas procedentes de ruptura de la unidad familiar o de convivencia; 15.º emigrantes retornados; 16.º familias con ingresos por debajo del umbral de pobreza; 17.º otros colectivos definidos reglamentariamente o por los planes.

m) Promotor: persona física o jurídica, pública o privada, que impulsa, programa y financia las obras de viviendas, rehabilitación o regeneración urbana.

n) Gestor de viviendas: persona jurídica que gestiona alquileres del parque privado, público-privado o público. ñ) Entidades del tercer sector de acción social: organizaciones privadas sin ánimo de lucro que actúan como proveedoras de viviendas para colectivos vulnerables.

o) Infravivienda: edificación con graves deficiencias de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. p) Chabolismo: forma específica de infravivienda de autoconstrucción semitemporal con materiales de desecho, sin saneamiento ni suministros básicos y con segregación espacial. q) Habitabilidad: requisitos mínimos de calidad, funcionalidad y asequibilidad universal que garantizan la dignidad y la salud de las personas, con atención a los menores.

Datos clave

  • Vivienda protegida: la califica el ayuntamiento; la protección se extiende a garajes y trasteros vinculados como anejos.
  • Vivienda asequible: costes inferiores al 30% de ingresos, con ingresos máximos de siete veces el IPREM.
  • Vivienda o alojamiento dotacional: en suelo dotacional público, uso temporal y carácter rotatorio.
  • Cohousing: propiedad colectiva y autogestión; coliving y flexliving: operador único profesional o empresarial.
  • Diecisiete colectivos prioritarios; discapacidad igual o superior al 33 %.
  • Chabolismo: forma específica de infravivienda.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Glosario de la ley: vivienda, protegida (la califica el ayuntamiento), alojamientos, asequible (menos del 30 % de ingresos), formas de convivencia comunitaria, diecisiete colectivos prioritarios, infravivienda y chabolismo.

Esquema

Uso residencial comunitario
CohousingColivingFlexliving
¿Vivienda completa?SíNoPuede serlo o no
RasgoPropiedad colectiva y autogestiónResidencia temporalResidencia temporal
GestiónAutogestiónOperador único profesional o empresarialOperador único profesional o empresarial

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Artículo 5. Derecho a la vivienda. Uso adecuado de la vivienda

El artículo 5 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, regula el derecho a la vivienda y su uso adecuado.

Las personas físicas con vecindad administrativa en cualquier municipio de Andalucía tienen derecho a que los poderes públicos promuevan las condiciones necesarias para favorecer el ejercicio del derecho a una vivienda digna, sostenible, accesible, asequible, de calidad y adecuada a su situación personal, familiar, económica, social y de capacidad funcional. El derecho debe garantizarse sin discriminación de ningún tipo y en condiciones de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Para hacerlo efectivo, las Administraciones públicas desarrollarán políticas destinadas a:

a) Facilitar el acceso a la vivienda para toda la ciudadanía: asequible al nivel de renta, habitable (espacio acorde, higiene y salubridad, temperatura adecuada, agua corriente, luz natural, mobiliario básico), con accesibilidad inclusiva, buenas condiciones medioambientales y de convivencia, servicios públicos de cercanía, seguridad y estabilidad, en sus distintas tipologías (libres, protegidas, concertadas, en propiedad o alquiler, incluidos cohousing, coliving y alojamientos dotacionales).

b) Impulsar medidas de fomento para incrementar la oferta de suelo y la construcción de viviendas, en particular para alcanzar un precio asequible.

c) Velar por el cumplimiento del adecuado uso habitacional.

d) El mantenimiento, la conservación y la rehabilitación de la vivienda, con los límites del planeamiento y la legislación urbanística, y los instrumentos de colaboración público-privada.

El derecho atenderá a las circunstancias personales, familiares, sociales y económicas, y las políticas para satisfacerlo se configuran como un servicio de interés general, mediante la creación y gestión de parques públicos de vivienda y las actuaciones públicas y privadas de provisión de viviendas con algún régimen de protección pública.

Datos clave

  • Titulares: personas físicas con vecindad administrativa en un municipio de Andalucía.
  • Vivienda digna, sostenible, accesible, asequible, de calidad y adecuada.
  • Sin discriminación e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
  • Cuatro líneas de políticas públicas, de la letra a) a la d).
  • Las políticas de vivienda se configuran como un servicio de interés general.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien tiene vecindad administrativa en Andalucía puede exigir que los poderes públicos favorezcan una vivienda digna; para ello hay cuatro líneas de políticas, configuradas como servicio de interés general.

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Artículo 6. Derechos y deberes de la ciudadanía en materia de vivienda

El artículo 6 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, recoge los derechos y deberes de la ciudadanía en materia de vivienda.

Todas las personas físicas con vecindad administrativa en cualquier municipio de Andalucía tienen derecho a:

a) Acceder, en condiciones de igualdad y no discriminación, a una vivienda adecuada y a las ayudas públicas destinadas a su disfrute o mantenimiento.

b) Recibir información veraz, accesible y actualizada sobre la oferta de vivienda protegida, los programas públicos y las políticas de rehabilitación, regeneración y alquiler asequible.

c) Participar, directamente o a través de las organizaciones representativas, en la elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de vivienda.

Las personas titulares del derecho de propiedad o de uso de una vivienda deberán hacer un uso responsable de la misma, ajustado a su función social, y mantenerla en condiciones de habitabilidad, accesibilidad y seguridad.

Reglamentariamente se establecerán los cauces de participación ciudadana y las garantías del derecho de acceso a la información en materia de vivienda y suelo.

Datos clave

  • Tres derechos: acceso en igualdad, información veraz y actualizada y participación.
  • La participación puede ser directa o a través de organizaciones representativas.
  • Deber de uso responsable ajustado a la función social de la vivienda.
  • Deber de mantenerla en condiciones de habitabilidad, accesibilidad y seguridad.
  • Los cauces de participación y acceso a la información se fijan reglamentariamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres derechos de la ciudadanía (acceso en igualdad, información veraz y participación) y un deber para titulares y usuarios: uso responsable ajustado a la función social y mantenimiento de la vivienda.

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Artículo 7. Competencias en materia de vivienda

El artículo 7 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, establece el reparto general de las competencias en materia de vivienda.

Las competencias en materia de vivienda en Andalucía corresponden a la Comunidad Autónoma y a los municipios, que las ejercerán de forma coordinada, de conformidad con lo previsto en esta ley, en las normas que regulan el régimen local y en el marco de la legislación estatal de aplicación.

El ejercicio de estas competencias se basará en los principios de cooperación y colaboración mutua, eficiencia y racionalidad en la gestión. Asimismo, la Administración de la Junta de Andalucía y las Administraciones locales procurarán la colaboración de la iniciativa privada en materia de vivienda.

Datos clave

  • Titulares de las competencias: la Comunidad Autónoma y los municipios, que las ejercen de forma coordinada.
  • Marco: la propia ley, las normas de régimen local y la legislación estatal de aplicación.
  • Principios: cooperación y colaboración mutua, eficiencia y racionalidad en la gestión.
  • La Junta y las Administraciones locales procurarán la colaboración de la iniciativa privada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La vivienda es competencia de la Comunidad Autónoma y de los municipios, que la ejercen coordinadamente, con cooperación, eficiencia y racionalidad, y buscando la colaboración de la iniciativa privada.

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Artículo 8. Competencias de la Comunidad Autónoma

El artículo 8 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva en materia de vivienda, que comprende en todo caso:

a) Dirección, coordinación y control de las políticas de vivienda, rehabilitación y arquitectura, así como su planificación, análisis y seguimiento.

b) Planificación, desarrollo y gestión de las medidas de fomento del derecho de acceso a la vivienda en Andalucía, en coordinación con la planificación estatal de vivienda y con la planificación territorial y urbanística. Le corresponde asegurar la coherencia y coordinación de la planificación municipal de vivienda con la autonómica, estableciendo instrumentos de cooperación, seguimiento y evaluación y, en su caso, mecanismos de cumplimiento vinculantes para garantizar el efectivo cumplimiento de los planes municipales de vivienda.

c) Promoción directa y prioritaria de viviendas protegidas, en propiedad y en alquiler asequible, y de alojamientos protegidos, pudiendo recurrir, cuando resulte necesario para el interés público, a fórmulas de colaboración público-privada, con garantía de transparencia, concurrencia y sujeción a los precios y estándares aplicables.

d) Mantenimiento y administración del Parque de Titularidad Autonómica.

e) Programación del gasto público en materia de vivienda y su integración en la política económica y presupuestaria, garantizando la suficiencia financiera mediante una programación plurianual y dotaciones específicas, orientadas prioritariamente a incrementar y conservar el parque público de vivienda.

f) Potestad reglamentaria en materia de vivienda en Andalucía.

g) Regular los procedimientos de adjudicación, compraventa, arrendamiento, cesión de uso u otro régimen de tenencia de las viviendas y alojamientos protegidos y, en su caso, tramitar los procedimientos que tenga asignados.

h) El ejercicio de la función inspectora y la potestad sancionadora en materia de vivienda, que se desarrollará en colaboración con los ayuntamientos.

La Administración de la Comunidad Autónoma desarrolla estas competencias a través de la Consejería competente en materia de vivienda, a la que corresponde ejercer las funciones propias de este ámbito y el diseño de las políticas para garantizar, fomentar y promocionar el acceso a la vivienda, en cooperación y colaboración con el resto de consejerías y Administraciones públicas implicadas. La Consejería podrá recurrir a fórmulas de colaboración público-privada cuando resulte necesario para el interés público, garantizando la transparencia, la concurrencia y el cumplimiento de los precios y estándares aplicables.

A la Agencia pública empresarial en materia de vivienda, como ente instrumental de las políticas de vivienda, rehabilitación y suelo, le corresponden las competencias que definan sus estatutos y las que le atribuya la Consejería y, en particular, la promoción de viviendas protegidas, el desarrollo de suelo para la promoción de viviendas que incorporen reserva de viviendas protegidas cuando dicho suelo sea de su titularidad y la administración y gestión del parque público de viviendas de titularidad autonómica y de la infraestructura residencial de gestión pública.

Estas competencias se concretarán en los instrumentos de planificación y programación previstos en el artículo 16 de la ley, y corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería competente en materia de vivienda, la planificación, desarrollo, ejecución y gestión del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, sin perjuicio de los mecanismos de cooperación con otras Administraciones.

Datos clave

  • La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de vivienda.
  • Incluye la potestad reglamentaria y el mantenimiento y administración del Parque de Titularidad Autonómica.
  • La función inspectora y la potestad sancionadora se ejercen en colaboración con los ayuntamientos.
  • La programación del gasto es plurianual y orientada prioritariamente a incrementar y conservar el parque público.
  • Órgano: la Consejería competente en materia de vivienda; ente instrumental: la Agencia pública empresarial en materia de vivienda.
  • El Plan Andaluz de Vivienda y Suelo corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma; los instrumentos de planificación están en el artículo 16.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en vivienda, con ocho facultades; la ejerce la Consejería, con la Agencia pública empresarial como ente instrumental, y el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo es solo suyo.

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Artículo 9. Competencias de los ayuntamientos

El artículo 9 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, atribuye a los ayuntamientos, de conformidad con el principio de autonomía local y de acuerdo con los principios de descentralización y eficacia, las competencias siguientes, que pueden ejercer directamente o a través de sus entes instrumentales, de acuerdo con la legislación de régimen local, la legislación urbanística, la propia ley y la demás normativa aplicable:

a) La elaboración, aprobación y ejecución de los planes municipales de vivienda, así como la participación en la elaboración y la gestión del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. Las medidas de los planes municipales se establecerán siempre en coordinación con los objetivos de la política de vivienda de la Comunidad Autónoma.

b) La delimitación de áreas para la regeneración y renovación urbana.

c) La calificación de viviendas protegidas, de conformidad con la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la propia ley y su normativa de desarrollo.

d) La promoción de viviendas y alojamientos del parque público municipal.

e) Mantener, gestionar y actualizar el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, participando de manera activa en los procedimientos de selección de demandantes.

f) Elaborar la propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social o de alojamiento transitorio y de medidas de atención inmediata, en función de las posibilidades del municipio, e informar de las ayudas económicas y subvenciones de las que puedan beneficiarse las personas vulnerables que vayan a ser objeto de desahucio en los términos del artículo 441.5 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

g) La potestad sancionadora en materia de vivienda en los términos establecidos en la ley.

Todo ello sin perjuicio de las competencias que asuman las diputaciones provinciales en el ejercicio de sus funciones y, en especial, la asistencia a los municipios en la elaboración de sus planes municipales de vivienda.

Datos clave

  • Principios: autonomía local, descentralización y eficacia.
  • Los ayuntamientos califican las viviendas protegidas conforme a la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía.
  • Gestionan el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
  • Elaboran, aprueban y ejecutan los planes municipales de vivienda y participan en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.
  • Proponen alternativa habitacional ante desahucios del artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  • Las diputaciones provinciales asisten a los municipios en la elaboración de sus planes municipales de vivienda.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los ayuntamientos, por autonomía local, descentralización y eficacia, hacen sus planes de vivienda, califican las protegidas, llevan el registro de demandantes, actúan ante desahucios y sancionan.

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Artículo 16. Instrumentos de planificación

El artículo 16 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, enumera los instrumentos de planificación y programación en materia de vivienda:

a) Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

b) Los planes municipales de vivienda y suelo.

c) Los planes supramunicipales de vivienda y suelo.

d) Las áreas prioritarias de vivienda.

e) El Plan de Inspección de la Vivienda.

Para su elaboración se partirá de un diagnóstico ajustado a la realidad territorial y socioeconómica de la población, que incorpore la perspectiva de familia y la perspectiva demográfica y esté basado en indicadores objetivos, verificables y de acceso público. Se utilizará, como mínimo, la información de la Distribución Espacial de la Población en Andalucía, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, sin perjuicio de otras fuentes públicas pertinentes.

Se fomentará la participación de los agentes sociales y empresariales más representativos y la colaboración con las asociaciones profesionales, vecinales, de consumidores y de demandantes de vivienda protegida durante la elaboración de los planes.

Datos clave

  • Cinco instrumentos: Plan Andaluz, planes municipales, planes supramunicipales, áreas prioritarias de vivienda y Plan de Inspección.
  • El diagnóstico incorpora la perspectiva de familia y la perspectiva demográfica.
  • Indicadores objetivos, verificables y de acceso público.
  • Fuente mínima: la Distribución Espacial de la Población en Andalucía, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
  • Participación de agentes sociales y empresariales y de asociaciones de demandantes de vivienda protegida.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cinco instrumentos de planificación de vivienda, que parten de un diagnóstico con perspectiva de familia y demográfica, indicadores públicos y, como mínimo, los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

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Artículo 17. El Plan Andaluz de Vivienda y Suelo

El artículo 17 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, regula el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

La Administración de la Junta de Andalucía elaborará el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, instrumento encargado de concretar las políticas de vivienda y suelo de la Comunidad Autónoma, en coordinación con las demás estrategias autonómicas y políticas sectoriales, para su período de vigencia. Pondrá especial énfasis en el incremento sostenido del parque público de viviendas, con objetivos cuantificados plurianuales y su financiación, y planificará las inversiones mediante acciones, medidas, ejes de actuación y programas, cada uno con su previsión de financiación. Estará disponible para consulta en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía y en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de vivienda.

Contenidos mínimos:

a) Análisis y evolución del sector de la vivienda en Andalucía, con los resultados de los planes precedentes.

b) Objetivos y prioridades de la política de vivienda, suelo residencial, rehabilitación y regeneración urbana.

c) Definición de las actuaciones públicas en esas materias.

d) Cuantificación de las necesidades de vivienda protegida a nivel regional, que podrá desagregarse por municipios y ámbitos territoriales y será tenida en cuenta en la ordenación territorial y urbanística.

e) Programación de las actuaciones protegidas en vivienda, suelo y rehabilitación y requisitos de acceso a los programas.

f) Programación de objetivos del parque público de titularidad autonómica.

g) Previsión de financiación y modalidades de ayudas autonómicas, y gestión de las ayudas estatales.

h) Medidas complementarias necesarias.

i) Medidas de análisis, seguimiento y aplicación, en concreto la creación de la comisión de seguimiento.

j) Programación de su revisión e hitos.

El plan lo elabora la Consejería competente en materia de vivienda y lo aprueba por decreto el Consejo de Gobierno. En su elaboración se abrirá un trámite de consulta pública y serán oídos, entre otros, la asociación de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación, asociaciones de colectivos prioritarios, colectivos profesionales del sector, organizaciones de consumidores y usuarios y otros representantes de intereses del sector.

El plan fija su vigencia y posible prórroga, pero deberá revisarse al menos cada cinco años. Los módulos básicos y ponderados y el precio máximo de las viviendas protegidas pueden modificarse en cualquier momento por Orden de la persona titular de la Consejería. Excepcionalmente, el Consejo de Gobierno podrá aprobar por acuerdo otros programas de fomento no previstos en el plan, justificando que no contradicen sus objetivos.

Datos clave

  • Elabora la Consejería competente en materia de vivienda; aprueba el Consejo de Gobierno por decreto.
  • Énfasis en el incremento sostenido del parque público con objetivos plurianuales.
  • Diez contenidos mínimos, entre ellos la creación de la comisión de seguimiento.
  • Trámite de consulta pública obligatorio.
  • Revisión al menos cada cinco años.
  • Módulos y precio máximo modificables por Orden de la persona titular de la Consejería.
  • Programas excepcionales no previstos: por acuerdo del Consejo de Gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Plan Andaluz de Vivienda y Suelo concreta la política autonómica de vivienda: lo elabora la Consejería, lo aprueba el Consejo de Gobierno por decreto, tiene diez contenidos mínimos y se revisa al menos cada cinco años.

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Artículo 19. Planes municipales de vivienda y suelo

El artículo 19 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, regula los planes municipales de vivienda y suelo.

Obligación de elaborarlos. Todos los ayuntamientos de Andalucía, con independencia de su población, podrán elaborar y aprobar sus planes municipales cuando su problemática residencial lo requiera. Están obligados los municipios con una población igual o mayor a 10.000 habitantes, los municipios costeros del litoral andaluz y los que formen parte de la aglomeración urbana de un centro regional. Las diputaciones provinciales prestarán asistencia técnica, jurídica y financiera a los municipios obligados, con carácter prioritario para los de menos de 20.000 habitantes.

Elaboración. Se realizan de forma coordinada con los instrumentos de ordenación urbanística y en coherencia con el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. Durante su elaboración se requiere un informe preceptivo previo del servicio municipal competente en asuntos sociales y de movilidad. El plan analizará los suelos disponibles (reservas de vivienda protegida, dotacionales y, en su caso, terciarios), los recursos de la cuenta del patrimonio público de suelo y la oferta y demanda de viviendas libres y protegidas, secundarias y de uso turístico, y establecerá las bases para una oferta adecuada a la proyección de población.

Contenido mínimo, objeto de desarrollo reglamentario: a) necesidades de vivienda de los residentes; b) suelo residencial necesario; c) suelo reservado para vivienda protegida, suelo libre, dotacional o terciario vacante; d) cuantificación y localización de viviendas protegidas, concertadas y asequibles; e) propuesta, en su caso, de reducción de la reserva para vivienda protegida en supuestos de regresión demográfica o cuando el precio de la vivienda libre sea igual o inferior al de la protegida; f) alojamiento con servicios comunes para colectivos de especial atención; g) medidas y programas de protección o ayuda municipal; h) conservación y rehabilitación del parque; i) eliminación progresiva de la infravivienda y de los asentamientos chabolistas; j) fomento del alquiler; k) seguimiento y aplicación; l) otras medidas para el derecho a la vivienda; m) precios medios de la vivienda por segmentos de renta y precios reales de suelo y construcción; n) medidas de convergencia entre precio real y asequible; ñ) modificaciones de planeamiento y redistribución de los porcentajes de reserva de edificabilidad para vivienda protegida.

Vigencia y efectos. Deben programar temporalmente todas sus propuestas; el planeamiento iniciado tras su aprobación justificará su coherencia con ellos. Se revisarán, en caso necesario, dentro del año siguiente a la revisión del Plan Andaluz, y su prórroga debe ser expresa y justificada. Su vigencia se tiene en cuenta en las convocatorias de ayudas del Plan Andaluz, y prevalecen las previsiones del Plan Andaluz sobre las de los planes municipales no adaptados. Incorporan estudios justificativos y una memoria económica. Las necesidades se determinan con datos del Registro Público Municipal de Demandantes, el diagnóstico del plan, la planificación urbanística y territorial e informes técnicos.

Una vez aprobado, el ayuntamiento remitirá el plan y sus revisiones a la Consejería con una ficha resumen-ejecutiva, y estarán disponibles en la sede electrónica del ayuntamiento. Por Orden de la Consejería podrán convocarse ayudas a los ayuntamientos para elaborar, revisar y adaptar estos planes.

Datos clave

  • Obligatorios en municipios con 10.000 habitantes o más, costeros del litoral o de la aglomeración urbana de un centro regional.
  • Asistencia de las diputaciones, prioritaria para municipios de menos de 20.000 habitantes.
  • Informe preceptivo previo del servicio municipal de asuntos sociales y de movilidad.
  • Revisión dentro del año siguiente a la revisión del Plan Andaluz; prórroga expresa y justificada.
  • Prevalece el Plan Andaluz sobre los planes municipales no adaptados.
  • Remisión a la Consejería con ficha resumen-ejecutiva y publicación en la sede electrónica municipal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cualquier ayuntamiento puede tener plan municipal de vivienda; es obligatorio desde 10.000 habitantes, en la costa y en las aglomeraciones de un centro regional, con apoyo de la diputación y revisión tras la del Plan Andaluz.

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Artículo 55. Objeto y destino de las viviendas protegidas

El artículo 55 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, define el objeto y el destino de las viviendas protegidas.

Las viviendas protegidas tienen como objeto garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas y familias con recursos limitados, asegurando que puedan satisfacer sus necesidades habitacionales en condiciones de calidad y accesibilidad. Su finalidad es promover la equidad social mediante soluciones habitacionales para los sectores más vulnerables, contribuyendo al bienestar general y a la integración social y favoreciendo el desarrollo sostenible y equilibrado del territorio.

Su régimen jurídico está constituido por el conjunto de ayudas, beneficios fiscales, limitaciones y requisitos que han de cumplirse mientras persista su protección. Las prohibiciones y limitaciones derivadas de la calificación como vivienda protegida deberán constar en la correspondiente escritura pública y en el Registro de la Propiedad.

Durante el período de protección, las viviendas protegidas han de destinarse a residencia habitual y permanente de la persona titular adjudicataria, arrendataria o cesionaria autorizada, sin que bajo ningún concepto puedan destinarse a segunda residencia o a cualquier otro uso no autorizado. Se entiende por residencia habitual y permanente la que no permanezca deshabitada más de tres meses en un año natural. No hay incumplimiento cuando se acrediten motivos laborales, enfermedad u otra justa causa determinada reglamentariamente, que deberán comunicarse a la Delegación Territorial competente mediante declaración responsable acompañada de documentación justificativa, en el plazo de diez días hábiles desde que se cumplan tres meses de no habitación.

Se incluyen en la regulación de la ley, con sus especificidades, los alojamientos protegidos destinados a colectivos prioritarios en el acceso a la vivienda que, para atender necesidades habitacionales transitorias, sean calificados conforme a la normativa autonómica. Pueden incluir modalidades de uso residencial comunitario en régimen de alquiler o cesión de uso temporal.

Datos clave

  • Régimen jurídico: ayudas, beneficios fiscales, limitaciones y requisitos mientras persista la protección.
  • Las prohibiciones y limitaciones constan en escritura pública y en el Registro de la Propiedad.
  • Destino obligatorio: residencia habitual y permanente; prohibida la segunda residencia.
  • Residencia habitual: no deshabitada más de tres meses en un año natural.
  • Justa causa: declaración responsable ante la Delegación Territorial en diez días hábiles desde los tres meses de no habitación.
  • Los alojamientos protegidos atienden necesidades habitacionales transitorias de colectivos prioritarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La vivienda protegida garantiza vivienda digna a quien tiene recursos limitados; debe ser residencia habitual y permanente, nunca segunda residencia, y no puede estar deshabitada más de tres meses al año sin justa causa.

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Artículo 56. Sujetos destinatarios de las viviendas protegidas durante el período de protección

El artículo 56 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, regula a quién se destinan las viviendas protegidas durante el período de protección.

Se destinarán a las personas físicas y unidades familiares o de convivencia que reúnan los requisitos de cada programa del plan de vivienda y demás normativa de aplicación y constituyan en ella su residencia habitual o permanente. Los programas atenderán de manera prioritaria a los colectivos prioritarios de acceso a la vivienda definidos en el artículo 4, y se promoverá la cohesión social con promociones de viviendas calificadas con distintos regímenes.

Requisitos de las personas destinatarias, objeto de desarrollo reglamentario y de concreción en cada programa:

a) Disponer de unos ingresos familiares que dificulten el acceso a una vivienda en el mercado libre y que no superen los límites máximos del programa correspondiente del Plan de Vivienda y Suelo, salvo excepciones reglamentarias.

b) Acreditar la suficiencia de recursos para llevar una vida independiente con suficiente grado de autonomía; el importe destinado al pago de la vivienda no debería superar el 30% de todos los ingresos de la unidad familiar.

c) Estar empadronadas en un municipio de Andalucía, salvo excepciones reglamentarias.

d) Estar inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del municipio en el que se pretenda obtener vecindad, salvo los casos exentos de selección mediante listado del registro.

e) No ser titulares en pleno dominio de otra vivienda protegida o libre, ni poseerla en virtud de derecho real de goce o disfrute, lo que se acreditará mediante certificación del Registro de la Propiedad, salvo excepciones reglamentarias.

f) En promociones en régimen de venta, aportar certificado de no haber sido condenadas en los últimos cinco años por sentencia firme por allanamiento de morada con mantenimiento en la misma contra la voluntad de su morador o por usurpación de vivienda. El ayuntamiento comprobará además que no haya recaído resolución administrativa firme en expedientes de recuperación o desahucio por ocupación sin título en el municipio de la vivienda.

Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda podrán acordarse actuaciones singulares sobre promociones de viviendas protegidas de titularidad de la Comunidad Autónoma o de sus entes, completas o parciales, para necesidades específicas de grupos o colectivos, de interés social singular, o para transmitir viviendas a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con fines sociales o de interés público. La Orden contendrá las normas especiales de adjudicación y los requisitos de las personas destinatarias. Sobre viviendas de entes públicos o instrumentales de la Junta o de los municipios, se acordarán por resolución de la persona titular de la Secretaría General de Vivienda u órgano equivalente o del pleno de la corporación municipal, conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Datos clave

  • Prioridad para los colectivos prioritarios definidos en el artículo 4.
  • El pago de la vivienda no debería superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
  • Requisitos: empadronamiento en Andalucía e inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes.
  • No ser titular de otra vivienda protegida o libre, acreditado con certificación del Registro de la Propiedad.
  • En venta: no condena firme en los últimos cinco años por allanamiento de morada o usurpación de vivienda.
  • Actuaciones singulares: por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las viviendas protegidas son para quien cumple los requisitos de cada programa y vive en ellas, con prioridad para los colectivos prioritarios; seis requisitos: renta, solvencia, padrón, registro, no tener vivienda y no condena.

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Artículo 57. Duración del régimen de protección

El artículo 57 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, regula la duración del régimen de protección de las viviendas protegidas.

La duración se establecerá para cada programa, bien en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo que lo establezca, bien en el acuerdo del Consejo de Gobierno en el caso del apartado 6 del artículo 17 de la ley. Este plazo no se verá condicionado por el destino urbanístico del suelo, salvo en el caso de viviendas o alojamientos protegidos construidos en suelos dotacionales, y se hará constar en la calificación de vivienda protegida.

Las viviendas protegidas promovidas por las Administraciones públicas financiadas con ayudas públicas y cuyo destino sea el parque público de viviendas tendrán una duración del régimen de protección permanente.

La caducidad de la nota marginal que refleje el carácter de vivienda protegida se producirá por el transcurso del plazo de duración del régimen legal de protección. Las prohibiciones y limitaciones temporales con un plazo de vigencia inferior al del régimen legal de protección podrán cancelarse por caducidad cuando transcurra aquel.

Datos clave

  • La duración se fija para cada programa en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo o en acuerdo del Consejo de Gobierno (artículo 17.6).
  • El plazo no depende del destino urbanístico del suelo, salvo en suelos dotacionales.
  • El plazo consta en la calificación de vivienda protegida.
  • Protección permanente: viviendas promovidas por las Administraciones con ayudas públicas destinadas al parque público.
  • La nota marginal caduca al transcurrir el plazo del régimen legal de protección.

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La duración de la protección la fija cada programa en el Plan Andaluz o en acuerdo del Consejo de Gobierno; es permanente en las viviendas públicas con ayudas destinadas al parque público.

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Artículo 58. Precio máximo de venta o alquiler de la vivienda protegida

El artículo 58 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, limita el precio de venta o alquiler de la vivienda protegida.

Durante el período legal de protección, cualquier acto de disposición, arrendamiento o adquisición de las viviendas protegidas estará sujeto a un precio o renta máximos, que serán fijados, en su caso, para cada ámbito territorial en los correspondientes planes de vivienda y suelo.

Queda prohibida la percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer a quien compre o sea arrendatario de una vivienda protegida, sin que pueda justificarse por mejoras u obras complementarias al proyecto aprobado.

Sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, serán nulas las cláusulas o estipulaciones que establezcan precios superiores a los máximos autorizados, y se entenderán hechas al precio o renta máximos legales que resulten de aplicación.

Datos clave

  • Precio o renta máximos durante todo el período legal de protección.
  • Se fijan para cada ámbito territorial en los planes de vivienda y suelo.
  • Prohibido cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta, aunque se alegue mejoras u obras complementarias.
  • Las cláusulas con precios superiores son nulas y se entienden hechas al precio o renta máximos legales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Mientras dure la protección, venta y alquiler tienen precio o renta máximos; se prohíbe todo sobreprecio y las cláusulas por encima son nulas y se entienden hechas al máximo legal.

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Artículo 61. Selección de adjudicatarios de vivienda protegida

El artículo 61 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, regula la selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida.

De conformidad con los principios de publicidad, igualdad y pública concurrencia, la selección de los adjudicatarios de las viviendas protegidas de nueva construcción se podrá realizar mediante listado priorizado obtenido del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida o por convocatoria específica municipal.

Las segundas o posteriores adjudicaciones en promociones en alquiler o en alquiler con opción a compra pueden hacerse con la lista de suplentes no adjudicatarios de la convocatoria, si así lo preveían sus bases, o con listado del Registro. Agotada la lista de suplentes, deberá solicitarse listado del Registro.

Cuando personas que no cumplan los requisitos adquieran la propiedad u otro derecho de uso como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, daciones en pago u otros procedimientos de ejecución de deudas con entrega de la vivienda protegida, la transmisión se realizará mediante ofrecimiento al Registro Público Municipal de Demandantes y a través del listado facilitado por él.

Se exceptúan de la adjudicación a través del Registro, por atender situaciones extraordinarias debidamente motivadas:

a) El realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de rehabilitación o renovación urbana, de promociones completas o viviendas concretas.

b) La adjudicación de viviendas y alojamientos en alquiler de titularidad pública a unidades familiares en riesgo de exclusión social, cuando los servicios sociales del ayuntamiento justifiquen su urgencia.

c) La adjudicación de viviendas de programas de alquiler o alojamientos a entidades sin ánimo de lucro para alojar a personas sin recursos o en riesgo de exclusión social, con criterios de viabilidad económica y social.

d) Otros supuestos que determinen el Plan de Vivienda y Suelo o las ordenanzas municipales.

Estas excepciones las autoriza en cada caso la persona titular del Registro y se comunican a la Delegación Territorial de la Consejería competente; la del párrafo c), si se trata de viviendas del parque público autonómico, la autoriza la agencia pública empresarial gestora y se comunica a la Dirección General competente en materia de vivienda.

Los ayuntamientos regularán la selección y adjudicación mediante ordenanza municipal, con este contenido mínimo: a) órgano competente para el procedimiento de selección, las convocatorias y el Registro; b) sistema de selección y sistemas de acceso (baremación, sorteo, antigüedad y otros que respeten igualdad, publicidad, concurrencia y transparencia), adjudicación diferenciada (familias numerosas, personas con discapacidad o dependencia), cupos para colectivos prioritarios y supuestos de prioridad; c) regulación del Registro.

Datos clave

  • Principios: publicidad, igualdad y pública concurrencia.
  • Primera adjudicación: listado priorizado del Registro o convocatoria específica municipal.
  • Agotada la lista de suplentes, se pide listado del Registro.
  • Cuatro excepciones a la adjudicación por el Registro, autorizadas por su titular y comunicadas a la Delegación Territorial.
  • Ordenanza municipal obligatoria con órgano competente, sistemas de acceso y regulación del Registro.
  • Sistemas de acceso: baremación, sorteo, antigüedad y otros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las protegidas nuevas se adjudican por listado del Registro de Demandantes o convocatoria municipal, con publicidad, igualdad y concurrencia; hay cuatro excepciones motivadas y una ordenanza municipal regula el proceso.

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Artículo 62. Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida

El artículo 62 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, regula los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida.

Estos registros son el instrumento básico de gestión de los procesos selectivos para la inscripción de quienes soliciten viviendas protegidas y para la certificación de que cumplen los requisitos necesarios para acceder a ellas.

Los ayuntamientos están obligados a crear y mantener el Registro de su municipio, actualizado de manera permanente, y a aprobar las ordenanzas municipales reguladoras de su funcionamiento. La inscripción se realiza en base a una declaración responsable.

Cada dos años, las personas inscritas realizarán una nueva declaración responsable en la que manifestarán su intención de permanecer inscritas y actualizarán la información sobre ellas y sobre su unidad de convivencia. Si no hay alteraciones, se hará una declaración responsable afirmándolo. Las inscripciones no actualizadas serán canceladas.

El Registro, de acuerdo con los planes municipales de vivienda y las características de la demanda, determinará para cada promoción el porcentaje de viviendas asignado a cada cupo, atendiendo a los grupos de inscripción y, en su caso, al orden de prioridad entre ellos. La persona promotora podrá proponer de forma justificada al Registro, para su autorización, el porcentaje de cada cupo en una promoción específica, respetando los grupos de inscripción y su orden de prioridad.

Las personas inscritas autorizan el acceso a sus datos por las Administraciones con competencia en materia de vivienda y, en su caso, por los promotores privados. Debe garantizarse el acceso telemático a los Registros en la sede electrónica del ayuntamiento responsable, con confidencialidad de los datos personales y seguridad de las comunicaciones.

Datos clave

  • Instrumento básico de gestión de los procesos selectivos y de certificación de requisitos.
  • Los ayuntamientos están obligados a crearlo, mantenerlo actualizado y aprobar su ordenanza.
  • La inscripción se hace mediante declaración responsable.
  • Renovación cada dos años; las inscripciones no actualizadas se cancelan.
  • El Registro fija el porcentaje de viviendas de cada cupo por promoción.
  • Acceso telemático en la sede electrónica del ayuntamiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Registro Público Municipal de Demandantes es el instrumento básico de selección: cada ayuntamiento debe tenerlo, la inscripción va por declaración responsable y se renueva cada dos años o se cancela.

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Artículo 66. Procedimiento para la calificación de viviendas protegidas

El artículo 66 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, regula el procedimiento para calificar las viviendas protegidas.

Corresponde a los ayuntamientos la calificación de vivienda o alojamiento protegido, conforme al artículo 9.2.d) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, y de acuerdo con los criterios que establezca la Comunidad Autónoma.

Calificación provisional. Se integra en el procedimiento de otorgamiento de la licencia de obras o declaración responsable, o en su modificación si la promoción ya tenía licencia. Se emite a solicitud de la persona promotora, con el proyecto de obras, tras verificar la adecuación de las viviendas a la normativa. La solicitud especifica el régimen y, en su caso, el uso, y se presenta ante el ayuntamiento con la documentación que se determine reglamentariamente. El plazo para obtenerla es de tres meses desde la entrada de la solicitud o declaración responsable en el registro del ayuntamiento, y se entiende estimada si no hay pronunciamiento expreso, conforme al artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; en ningún caso pueden adquirirse por silencio facultades o derechos contrarios a la normativa de vivienda y urbanística. En el plazo de un mes desde su emisión, el promotor remitirá la calificación provisional, con la licencia o declaración responsable, a la Consejería competente en materia de vivienda y al Registro de la Propiedad para su constancia por nota marginal.

Calificación definitiva. Concluidas las obras, el promotor presentará la solicitud de licencia o la declaración responsable de ocupación, con un anexo en el que declare bajo su responsabilidad la adecuación a la calificación provisional y el cumplimiento de los requisitos de la calificación definitiva. En el plazo de un mes, si se detectan insuficiencias o incumplimientos, se requerirá la subsanación; si no se subsanan, se denegará la licencia o se dejará sin efecto la declaración responsable por resolución motivada, previa audiencia, que se comunicará a la Consejería y al Registro de la Propiedad. Nunca se entiende concedida la calificación definitiva por declaración responsable presentada con omisión o falsedad o cuando lo ejecutado contravenga la normativa, lo que dará lugar a responsabilidades sancionadoras y medidas accesorias.

Constancia registral. El anexo de la declaración responsable de ocupación incorporado al título de declaración de obra nueva terminada o rehabilitación, cuya copia se remitirá al ayuntamiento en diez días desde su suscripción, basta para su constancia en el Registro de la Propiedad. El Registro remitirá a la Consejería y al ayuntamiento certificación del asiento en diez días hábiles y practicará nota marginal. No puede otorgarse escritura pública de obra nueva terminada o rehabilitación hasta que transcurra el plazo de un mes del apartado 6. La resolución municipal firme que deje sin efecto una declaración responsable se remitirá al Registro para cancelar la inscripción, quedando sin efecto la calificación definitiva; el registrador lo certificará a la Consejería en diez días hábiles.

Datos clave

  • Califican los ayuntamientos (artículo 9.2.d de la Ley 5/2010) con criterios de la Comunidad Autónoma.
  • La calificación provisional se integra en la licencia de obras o declaración responsable.
  • Plazo de tres meses; silencio estimatorio conforme al artículo 24 de la Ley 39/2015.
  • La calificación provisional se remite en un mes a la Consejería y al Registro de la Propiedad.
  • Un mes para requerir subsanación tras la licencia o declaración responsable de ocupación.
  • Copia del anexo al ayuntamiento en diez días; certificación registral en diez días hábiles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Califica el ayuntamiento: la provisional va con la licencia o declaración responsable de obras, en tres meses y con silencio estimatorio; la definitiva, tras la de ocupación, con un mes para requerir subsanación.

Esquema

Calificación provisional y definitiva
ProvisionalDefinitiva
MomentoCon la licencia de obras o declaración responsableConcluidas las obras, con la licencia o declaración de ocupación
Plazo claveTres meses; silencio estimatorioUn mes para requerir subsanación
RemisiónPromotor, en un mes, a Consejería y RegistroAnexo al ayuntamiento en diez días

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Artículo 83. Derechos de tanteo y retracto

El artículo 83 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, regula los derechos de tanteo y retracto sobre viviendas protegidas.

Son titulares de estos derechos la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de vivienda o sus entes instrumentales, los ayuntamientos o las entidades públicas que dependan de ellos. Podrán ejercerlos en las segundas y sucesivas transmisiones o en cualquier acto de disposición inter vivos de las viviendas protegidas, en los términos de la ley y su desarrollo reglamentario.

Además, procede el derecho de retracto por parte de esas mismas Administraciones cuando la persona adquirente haya incurrido en falsedad o inexactitud sobre los datos facilitados, determinantes para la adquisición, por carecer de las condiciones necesarias para ser destinataria de vivienda protegida, sin perjuicio de las sanciones que procedan.

Si tanto el ayuntamiento como la Junta de Andalucía o sus entes dependientes quieren ejercitar estos derechos, deberán comunicarlo a la otra Administración con una anterioridad de diez días hábiles a su ejercicio, y prevalece el derecho del ayuntamiento o sus entes dependientes.

Datos clave

  • Titulares: la Junta de Andalucía (Consejería o entes instrumentales), los ayuntamientos y sus entidades públicas dependientes.
  • Se ejercen en segundas y sucesivas transmisiones o actos de disposición inter vivos.
  • Retracto adicional por falsedad o inexactitud determinante del adquirente.
  • Concurrencia: comunicación a la otra Administración diez días hábiles antes.
  • Prevalece el derecho del ayuntamiento o sus entes dependientes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Junta y ayuntamientos tienen tanteo y retracto en las segundas y sucesivas transmisiones de vivienda protegida, más un retracto por falsedad del adquirente; si concurren, prevalece el ayuntamiento.

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Artículo 85. Descalificación

El artículo 85 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, regula la descalificación de las viviendas protegidas.

La descalificación, a solicitud del titular de una vivienda protegida en venta, es el procedimiento por el que una vivienda protegida deja de serlo tras la devolución de las ayudas públicas que hubiera recibido su titular.

En ningún caso procede la descalificación de las viviendas protegidas promovidas directamente por la Administración y financiadas con fondos públicos.

Tampoco procede la descalificación de las viviendas protegidas promovidas por promotores privados, hayan obtenido o no inversión pública, que deben agotar el período de protección fijado en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para los distintos regímenes.

Con carácter excepcional, y de manera justificada, el correspondiente plan de vivienda determinará los programas para los que, si procede y en caso de haber recibido ayudas públicas, se podrán descalificar las viviendas antes de que transcurra el plazo legal de protección, estableciendo los requisitos del titular y de la vivienda y el plazo mínimo para la descalificación, conforme al procedimiento reglamentario.

Datos clave

  • Se tramita a solicitud del titular de una vivienda protegida en venta.
  • Requiere la devolución de las ayudas públicas recibidas.
  • Nunca procede en viviendas promovidas directamente por la Administración con fondos públicos.
  • No procede en viviendas de promotores privados, que agotan el período de protección del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.
  • Excepcionalmente, el plan de vivienda puede prever descalificación anticipada, con requisitos y plazo mínimo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La descalificación convierte una protegida en venta en vivienda libre si su titular devuelve las ayudas; no cabe en las promovidas por la Administración ni en las de promotores privados, salvo excepción del plan.

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Artículo 99. Naturaleza y funciones de la inspección en materia de vivienda

El artículo 99 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, define la naturaleza de la inspección en materia de vivienda, que forma parte de la policía de la vivienda.

La inspección en materia de vivienda constituye el ejercicio de una potestad dirigida a comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y su normativa de desarrollo.

Los municipios y la Consejería competente en materia de vivienda deben desarrollar las funciones inspectoras y sancionadoras en el ámbito de sus respectivas competencias.

Datos clave

  • La inspección es el ejercicio de una potestad.
  • Su fin es comprobar el cumplimiento de la ley y su normativa de desarrollo.
  • La ejercen los municipios y la Consejería competente en materia de vivienda.
  • Cada uno desarrolla funciones inspectoras y sancionadoras en el ámbito de sus competencias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La inspección de vivienda es una potestad para comprobar el cumplimiento de la ley; la ejercen municipios y Consejería, cada uno en sus competencias, junto con la sancionadora.

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Artículo 100. Inspección autonómica en materia de vivienda

El artículo 100 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, regula la inspección autonómica en materia de vivienda.

Sin perjuicio de las competencias de otros órganos, las funciones inspectoras de competencia de la Junta de Andalucía corresponden al personal funcionario del Cuerpo Superior de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda y del Cuerpo de Subinspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, cuya organización y funciones se regulan en su normativa específica. Las funciones de apoyo al personal inspector las desarrollan los puestos de asistencia técnica o el personal funcionario asignado. La Consejería competente en materia de vivienda podrá requerir la colaboración de los ayuntamientos para remitir información sobre incumplimientos que hayan dado lugar a una actuación de investigación.

En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector goza de plena autonomía y tiene, a todos los efectos, la condición de agente de la autoridad. Puede requerir y examinar toda clase de documentos e información necesarios, incluida la contenida en registros públicos. Podrá requerirse información reservada con trascendencia tributaria previa autorización de los obligados tributarios, conforme al artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El personal inspector ejerce sus funciones provisto de un documento oficial que acredite su condición, y tanto las Administraciones públicas como los particulares están obligados a prestarle la colaboración que precise.

Datos clave

  • Inspectores: Cuerpo Superior de Inspección y Cuerpo de Subinspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.
  • Plena autonomía y condición de agente de la autoridad.
  • Información tributaria reservada: previa autorización del obligado, artículo 95.1.k) de la Ley General Tributaria.
  • Actúan provistos de documento oficial acreditativo.
  • Administraciones y particulares están obligados a colaborar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La inspección autonómica la ejercen los cuerpos de Inspección y Subinspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, con plena autonomía, condición de agente de la autoridad y deber general de colaborar con ellos.

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Artículo 103. Plan de Inspección en materia de vivienda

El artículo 103 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, regula el Plan de Inspección en materia de vivienda.

Las actuaciones inspectoras se adecuarán al Plan de Inspección, que se aprueba mediante Orden de la persona titular de la Consejería con competencia en materia de vivienda y se elabora a partir de las propuestas de los órganos directivos, centrales y periféricos y entidades instrumentales con incidencia en este ámbito. Las actuaciones están sujetas al principio de la confidencialidad de la documentación.

El plan y su evaluación tienen carácter reservado, sin perjuicio de la publicidad de los criterios en que se inspire y de las líneas genéricas de la actuación inspectora. Contendrá los criterios sectoriales, territoriales, cuantitativos o de otro tipo y el orden de prioridades para seleccionar ámbitos, objetivos, inmuebles y viviendas, así como la determinación, aproximada o concreta, del tipo y número de actuaciones.

El plan tendrá una vigencia máxima de dos años, prorrogable por una anualidad.

Se compondrá, al menos, de:

a) Una memoria justificativa de las necesidades de actuación y del diagnóstico de necesidades habitacionales.

b) Las directrices generales y estratégicas, con las áreas de atención prioritaria y criterios básicos de desarrollo.

c) Los criterios que prioricen la actuación de la Administración.

d) La delimitación de los ámbitos geográficos y materiales de actuación.

e) Los objetivos en el período de vigencia.

f) La descripción de los programas que instrumentarán la planificación.

g) La afección de los medios materiales y económicos.

h) Los puntos de control y seguimiento y los indicadores de cumplimiento.

i) La especificación de su período de vigencia.

j) Las posibles actuaciones preparatorias o previas.

Datos clave

  • Aprobación por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda.
  • Principio de confidencialidad de la documentación.
  • El plan y su evaluación tienen carácter reservado; se publican sus criterios y líneas genéricas.
  • Vigencia máxima de dos años, prorrogable por una anualidad.
  • Contenido mínimo de diez elementos, de la letra a) a la j).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Plan de Inspección de vivienda se aprueba por Orden del titular de la Consejería, es reservado salvo sus criterios, dura como máximo dos años prorrogables uno y tiene diez contenidos mínimos.

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Artículo 106. Sujetos responsables

El artículo 106 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, determina los sujetos responsables de las infracciones en materia de vivienda.

Podrán ser sancionadas, cuando resulten responsables a título de dolo o culpa, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, sin personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado. En concreto, pueden incurrir en responsabilidad las personas propietarias de viviendas y alojamientos, los usuarios legítimos o no de los mismos, los agentes inmobiliarios, las compañías suministradoras y las Administraciones públicas o entidades públicas dependientes.

Si la infracción se imputa a una persona jurídica, pueden ser responsables quienes ejerzan la administración de hecho o de derecho y las personas físicas que integran sus órganos rectores o de dirección. Las personas jurídicas responden en todo caso de las infracciones cometidas en su nombre, por su cuenta y en su provecho por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.

No hay responsabilidad:

a) Cuando concurra fuerza mayor.

b) En decisiones colectivas, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión.

c) Cuando actúen quienes carezcan de capacidad de obrar, sin perjuicio de la obligación de restauración o indemnización de su representante legal.

Las sanciones impuestas a sociedades, entidades con personalidad jurídica, comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades sin personalidad se transmiten a quienes las sucedan o continúen su actividad.

Datos clave

  • Responsabilidad a título de dolo o culpa.
  • Incluye herencias yacentes y comunidades de bienes.
  • Pueden responder propietarios, usuarios, agentes inmobiliarios, compañías suministradoras y Administraciones públicas.
  • Exención por fuerza mayor, voto salvado o inasistencia y falta de capacidad de obrar.
  • Las sanciones se transmiten a los sucesores o continuadores de la actividad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Responden por dolo o culpa personas físicas, jurídicas y entes sin personalidad, incluidas Administraciones y suministradoras; hay tres exenciones y las sanciones pasan a los sucesores.

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Artículo 109. Administraciones competentes

El artículo 109 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, reparte la potestad sancionadora en materia de vivienda.

Corresponden a la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de vivienda, las atribuciones para iniciar, tramitar y resolver, con carácter general, las sanciones de la ley, salvo las del apartado 2, que corresponden a los ayuntamientos, y las de los artículos 113, apartados 2.a), 3.d) y 4.b), y 115, apartados 2.d) y 3.u), que son compartidas entre la Administración autonómica y la local.

Corresponde a los ayuntamientos iniciar, tramitar y resolver las sanciones en materia de vivienda en general del artículo 113, apartados 3.a), b) y c) y 4.a) y c), y en materia de vivienda protegida del artículo 115, apartados 3.a), c), d), e), h) e i).

Dentro de la Consejería, la competencia sancionadora se atribuye a la Secretaría General de Vivienda u órgano que determine la normativa de organización. Dentro del ayuntamiento, al órgano que disponga la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Si los ayuntamientos no ejercen la potestad sancionadora que les corresponde, la Secretaría General de Vivienda podrá subrogarse en ella, previo requerimiento al ayuntamiento para que adopte las medidas necesarias en el plazo de un mes, conforme al artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Datos clave

  • Competencia general: la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de vivienda.
  • Órgano autonómico: la Secretaría General de Vivienda.
  • Ayuntamientos: infracciones del artículo 113.3.a), b), c) y 4.a), c) y del artículo 115.3.a), c), d), e), h), i).
  • Competencias compartidas: artículos 113.2.a), 3.d), 4.b) y 115.2.d), 3.u).
  • Subrogación autonómica previo requerimiento con plazo de un mes (artículo 60 de la Ley 7/1985).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta sanciona con carácter general a través de la Consejería; los ayuntamientos, las infracciones que se les asignan; algunas son compartidas, y si el ayuntamiento no actúa, la Secretaría General de Vivienda puede subrogarse.

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Artículo 113. Clasificación de las infracciones en materia de vivienda en general

El artículo 113 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, tipifica las infracciones en materia de vivienda en general.

Infracciones leves:

a) El incumplimiento del deber de información a la Administración y la obstrucción de las funciones de control o inspección, tanto por otras Administraciones y sus entes como por personas privadas. Es también obstrucción remitir información o aportar datos o documentos inexactos o fuera de plazo si incide en la inspección o en la constatación, calificación o graduación de la infracción.

b) El incumplimiento de cualesquiera requisitos, obligaciones y prohibiciones de la ley o de su normativa de desarrollo no calificado como grave o muy grave.

Infracciones graves:

a) Arrendar, transmitir o ceder el uso, para vivienda, de inmuebles sin uso residencial asignado por la licencia u ordenación urbanística, incumpliendo las condiciones de habitabilidad o salubridad.

b) El uso inadecuado de la vivienda que implique sobreocupación, y arrendarla, subarrendarla o cederla posibilitando la sobreocupación, cuando el arrendador o propietario lo haya consentido o facilitado por acción u omisión dolosa o negligente. No responde quien, habiendo impuesto contractualmente límites de ocupación y actuado con diligencia, desconozca la conducta del arrendatario.

c) El incumplimiento de las normas técnicas de calidad específicas para edificaciones de uso vivienda, si no es muy grave.

d) La reiteración ante la negativa a suministrar datos o ante la obstrucción a las funciones de información, control o inspección.

e) No comunicar hechos sobrevenidos que modifiquen la situación económica u otras circunstancias tenidas en cuenta para ser beneficiaria de las medidas de fomento.

f) El incumplimiento del fin de las medidas de fomento, con independencia del reintegro.

g) El incumplimiento por un ayuntamiento de su deber de adaptar el Plan Municipal de Vivienda al Plan Andaluz de Vivienda dentro del año siguiente a su entrada en vigor, o no prorrogarlo expresamente cuando proceda.

h) No atender un ayuntamiento los requerimientos de información de la Consejería, salvo que sea leve.

Infracciones muy graves:

a) Arrendar, transmitir o ceder para vivienda inmuebles sin uso residencial asignado, incumpliendo las condiciones de habitabilidad o salubridad y generando un riesgo cierto de seguridad para las personas usuarias.

b) La reiteración de dos faltas graves en el plazo de cuatro años, a contar desde la imposición de la sanción por la primera, eleva la infracción a muy grave.

c) El incumplimiento de las normas técnicas de calidad que afecten a requisitos esenciales de seguridad, solidez estructural, salubridad y protección contra incendios.

Datos clave

  • Leves: incumplir el deber de información u obstruir la inspección, y la cláusula residual.
  • Graves: sobreocupación consentida o facilitada por el propietario o arrendador.
  • Grave: no adaptar el Plan Municipal al Plan Andaluz dentro del año siguiente a su entrada en vigor.
  • Muy grave: destinar a vivienda inmuebles sin uso residencial con riesgo cierto de seguridad.
  • Dos faltas graves en cuatro años elevan la infracción a muy grave.
  • Muy grave: normas técnicas sobre seguridad, solidez estructural, salubridad y protección contra incendios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Infracciones de vivienda en general: leves por información y la cláusula residual; graves como la sobreocupación o no adaptar el plan municipal; muy graves con riesgo cierto de seguridad o por reiteración.

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Artículo 114. Sanciones en materia de vivienda en general

El artículo 114 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, fija las sanciones por las infracciones en materia de vivienda en general.

Las infracciones tipificadas en esta sección se sancionan con multas en las siguientes cuantías:

a) Las infracciones leves, hasta 6.000 euros.

b) Las infracciones graves, desde 6.001 hasta 20.000 euros.

c) Las infracciones muy graves, con multa desde 20.001 hasta 60.000 euros.

A falta de un criterio de graduación específico en la ley o en su normativa de desarrollo, las sanciones se aplicarán conforme a lo establecido en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Datos clave

  • Leves: multa de hasta 6.000 euros.
  • Graves: multa de 6.001 a 20.000 euros.
  • Muy graves: multa de 20.001 a 60.000 euros.
  • Graduación supletoria: Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Multas por infracciones de vivienda en general: leves hasta 6.000 euros, graves de 6.001 a 20.000 y muy graves de 20.001 a 60.000; graduación supletoria por la Ley 40/2015.

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Artículo 117. Sanciones en materia de vivienda protegida

El artículo 117 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, fija las sanciones por las infracciones en materia de vivienda protegida.

Las infracciones tipificadas en esta sección se sancionan con multas en las siguientes cuantías:

a) Las infracciones leves, hasta 3.000 euros.

b) Las infracciones graves, desde 3.001 hasta 25.000 euros.

c) Las infracciones muy graves, con multa desde 25.001 hasta 120.000 euros.

Cuando las infracciones afecten a varias viviendas, aunque pertenezcan a la misma promoción, podrán imponerse tantas sanciones como infracciones se hayan cometido respecto de cada vivienda, cuando la conducta infractora sea individualizada en relación con viviendas concretas.

Se consideran especialmente graves, a efectos de imponer la sanción en su grado medio o superior:

  • Las infracciones relativas al incumplimiento de los deberes de autorización previa o de comunicación en las segundas y sucesivas transmisiones cuando el adquirente no reúna los requisitos para ser destinatario de la vivienda.
  • El alquiler de la vivienda protegida o perteneciente al parque público de vivienda de Andalucía para un uso turístico.

Datos clave

  • Leves: multa de hasta 3.000 euros.
  • Graves: multa de 3.001 a 25.000 euros.
  • Muy graves: multa de 25.001 a 120.000 euros.
  • Puede imponerse una sanción por cada vivienda afectada si la conducta está individualizada.
  • Grado medio o superior: transmisiones sin autorización o comunicación a adquirentes sin requisitos.
  • Grado medio o superior: alquilar la vivienda protegida o del parque público para uso turístico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Multas en vivienda protegida: leves hasta 3.000 euros, graves de 3.001 a 25.000 y muy graves de 25.001 a 120.000; una sanción por vivienda si la conducta es individualizada, y dos supuestos especialmente graves.

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Artículo 1. Objeto, régimen jurídico y ámbito territorial de aplicación

El artículo 1 del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, define su objeto, régimen jurídico y ámbito territorial.

El real decreto regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en cuanto a los instrumentos de financiación y ayudas que implementarán las administraciones autonómicas y las ciudades de Ceuta y Melilla para favorecer el acceso a la vivienda, como desarrollo de los artículos 23 y 24 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Las aportaciones del Plan se destinan al fomento del incremento de la oferta de vivienda social, protegida y asequible, al fomento de la rehabilitación edificatoria y de la regeneración y renovación urbana y rural y a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente de las personas jóvenes, para reducir su esfuerzo financiero y la edad de emancipación. En concreto, se articulan ayudas para:

a) El incremento de la oferta de vivienda pública, de vivienda protegida de forma permanente, de vivienda cooperativa en cesión de uso, de alojamientos, de edificios o complejos intergeneracionales y de soluciones residenciales basadas en la interrelación de las personas.

b) Garantizar la seguridad y la accesibilidad y mejorar la habitabilidad, sostenibilidad, circularidad y eficiencia energética del parque de viviendas, y la regeneración y renovación urbana y rural.

c) El alquiler de vivienda habitual de las personas con menos recursos, víctimas de violencia de género, de violencia sexual, de trata o explotación, familias monoparentales y monomarentales, familias vulnerables con menores a cargo, personas objeto de desahucio, en chabolismo, infravivienda o emergencia habitacional, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables.

d) Los jóvenes, con ayudas al alquiler para su emancipación, a la compra en municipios y núcleos de 10.000 habitantes o menos y al alquiler con opción a compra de vivienda con protección permanente.

La concesión de las subvenciones se rige por el real decreto y sus disposiciones de desarrollo, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su reglamento, y por la normativa autonómica aplicable. Los convenios se ajustarán al título preliminar, capítulo VI, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Plan se aplica en las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla que lo deseen, formalizando el convenio del artículo 4 y, en su caso, la conformidad a la resolución del artículo 6.4, con excepción del País Vasco y Navarra.

Datos clave

  • Regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en desarrollo de los artículos 23 y 24 de la Ley 12/2023.
  • Prioriza a las personas jóvenes para reducir su esfuerzo financiero y la edad de emancipación.
  • Ayuda a la compra para jóvenes en municipios y núcleos de 10.000 habitantes o menos.
  • Subvenciones: Ley 38/2003, General de Subvenciones, y normativa autonómica.
  • Convenios: título preliminar, capítulo VI, de la Ley 40/2015.
  • Se aplica mediante convenio, salvo en el País Vasco y Navarra.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que aplican las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, con prioridad para los jóvenes; no se aplica en el País Vasco ni en Navarra.

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Artículo 2. Objetivos del Plan

El artículo 2 del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, fija los objetivos del Plan.

De conformidad con el artículo 24.1 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, el Plan se concibe como uno de los instrumentos principales del Estado en política de vivienda. Conforme al apartado 2 de ese artículo, bajo la premisa de la permanente consideración de la función social de la vivienda, apoya de manera prioritaria:

a) Las actuaciones que fomenten la ocupación racional y eficiente del patrimonio residencial y del suelo.

b) La conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejora de las viviendas destinadas a residencia habitual y la regeneración y renovación de su entorno, con enfoques integrales que garanticen la accesibilidad universal.

c) La creación, ampliación y gestión de los parques públicos de vivienda, orientados prioritariamente a la mayoría social, con especial atención a las zonas declaradas de mercado residencial tensionado, con el objetivo adicional de acercar el porcentaje de parque público de vivienda en España a la media europea.

d) La construcción y rehabilitación de viviendas con algún régimen de protección pública, fomentando que la protección sea permanente.

e) Nuevas modalidades de vivienda y de desarrollo urbano y rural adaptadas a las necesidades sociales y el acceso a vivienda con protección permanente, incluidos mecanismos público-privados.

f) El acceso a la vivienda de las personas jóvenes, facilitando su emancipación y reduciendo su edad y la tasa de esfuerzo, incluidas las cooperativas de viviendas en cesión de uso, y la vivienda digna para personas en mayor vulnerabilidad, chabolismo, infravivienda o emergencia habitacional, considerando los ingresos de las unidades familiares.

g) La igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a la vivienda, con medidas para familias monoparentales y monomarentales y víctimas de violencia de género y sexual.

h) El fomento de la oferta de vivienda suficiente y adecuada, especialmente en las zonas de mercado residencial tensionado.

Son objetivos del Plan el incremento de la oferta de vivienda pública y protegida con protección permanente, el fomento de la rehabilitación y la regeneración y renovación urbana y rural y la ayuda a los demandantes, especialmente a quienes tienen menos recursos, con perspectiva de género transversal e igualdad de trato. También lo son solventar la problemática de las zonas tensionadas, garantizar la protección permanente de las viviendas protegidas financiadas con fondos estatales, impulsar la industrialización avanzada en la edificación, colaborar con el Reto Demográfico con atención al ámbito rural, atender el acceso de los jóvenes y prevenir la segregación residencial por origen racial o étnico.

Datos clave

  • Es uno de los instrumentos principales del Estado en política de vivienda (artículo 24.1 de la Ley 12/2023).
  • Premisa: la permanente consideración de la función social de la vivienda.
  • Ocho actuaciones prioritarias, de la letra a) a la h).
  • Objetivo de acercar el parque público de vivienda en España a la media europea.
  • Protección permanente de las viviendas protegidas financiadas con fondos estatales.
  • Atención a las zonas de mercado residencial tensionado y a la industrialización avanzada de la edificación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Plan es uno de los instrumentos principales del Estado en política de vivienda y, desde la función social de la vivienda, apoya ocho líneas prioritarias, con foco en la protección permanente y las zonas tensionadas.

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Artículo 1. Objeto

El artículo 1 del Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, define el objeto de esta norma.

El decreto tiene por objeto regular el Plan Vive en Andalucía, de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030, como documento en el que se concretan las políticas de vivienda y rehabilitación en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El plan incorpora acciones y medidas destinadas a hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, base fundamental para el ejercicio del resto de derechos constitucional y estatutariamente consagrados.

En cumplimiento del artículo 12.4 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, las determinaciones del plan serán objeto de revisión, al menos, cada cinco años desde la fecha de su publicación, sin perjuicio de su posible prórroga, en función del desarrollo de las actuaciones previstas.

Datos clave

  • Regula el Plan Vive en Andalucía, de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030.
  • Concreta las políticas de vivienda y rehabilitación de la Comunidad Autónoma.
  • Finalidad: hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada.
  • Revisión al menos cada cinco años desde su publicación, conforme al artículo 12.4 de la Ley 1/2010.
  • Cabe su prórroga en función del desarrollo de las actuaciones.

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El Decreto 91/2020 regula el Plan Vive en Andalucía 2020-2030, el documento que concreta las políticas de vivienda y rehabilitación para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, revisable al menos cada cinco años.

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Artículo 2. Objetivos

El artículo 2 del Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, fija los objetivos del plan para lograr el derecho a una vivienda digna y adecuada:

a) Intervenir desde lo público para asegurar el acceso a una vivienda digna y adecuada, evitando los desahucios de familias sin alternativa residencial, favoreciendo un urbanismo amable y sostenible, contribuyendo a las políticas contra el vaciado rural y apostando por el empleo en la construcción centrado en la rehabilitación y regeneración.

b) Conocer la relación entre oferta y demanda de vivienda en los distintos ámbitos territoriales, identificando los que tengan déficit y generando mecanismos para corregirlo.

c) Garantizar el acceso a un alquiler asequible, incrementando la oferta del parque de viviendas en alquiler y recuperando viviendas desocupadas.

d) Fomentar la construcción de viviendas para familias con menor índice de renta mediante la edificación de los patrimonios públicos del suelo.

e) Fomentar la edificación de viviendas protegidas en los suelos reservados para tal fin por el planeamiento urbanístico.

f) Fomentar la rehabilitación del parque residencial, promoviendo la accesibilidad universal, la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios obsoletos.

g) Impulsar la regeneración urbana con programas de iniciativa pública y participación de propietarios públicos y privados en áreas especialmente degradadas de la ciudad consolidada.

h) Incidir en la calidad del espacio público, mejorando sus condiciones ambientales, paisajísticas, de accesibilidad y de confort, para que actúen como islas ambientales.

i) Intervenir sobre los edificios de interés arquitectónico mediante su rehabilitación, adecuación y puesta en valor.

j) Establecer medidas en favor de los colectivos más vulnerables por vulnerabilidad residencial y socioeconómica.

k) Fomentar la coordinación, cooperación y seguimiento de las actuaciones de poderes públicos y agentes sociales y económicos, evitando duplicidades y fomentando la corresponsabilidad en la financiación y la gestión.

l) Mejorar permanentemente el conocimiento de la realidad del acceso a la vivienda, con una actividad investigadora de calidad y difusión a la ciudadanía.

m) Fomentar un incremento progresivo y consolidado del parque público de viviendas como medida para frenar el aumento de los precios y como garantía del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.

Es también objetivo del plan mejorar el acceso a los servicios de administración electrónica y otros servicios públicos electrónicos interoperables, de forma que la digitalización beneficie a ciudadanos y empresas en el acceso a las actuaciones del plan.

Datos clave

  • Trece objetivos, de la letra a) a la m).
  • Evitar desahucios de familias sin alternativa residencial y contribuir a las políticas contra el vaciado rural.
  • Alquiler asequible: más oferta de alquiler y recuperación de viviendas desocupadas.
  • Edificar viviendas protegidas en suelos reservados y en patrimonios públicos del suelo.
  • Rehabilitación: accesibilidad universal y eficiencia energética.
  • Incremento del parque público para frenar el aumento de los precios.
  • Objetivo adicional: mejorar el acceso a la administración electrónica y a servicios interoperables.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Trece objetivos, de la a) a la m), para garantizar una vivienda digna: acceso público, alquiler asequible, vivienda protegida, rehabilitación, regeneración urbana, colectivos vulnerables y más parque público; y uno más sobre administración electrónica.

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Artículo 25. Objeto

El artículo 25 del Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, define el objeto del programa de fomento del parque de viviendas en alquiler a precios limitados.

El objeto de este programa es fomentar la disponibilidad de un parque de viviendas en alquiler a precios limitados, especialmente en los suelos en los que exista la vinculación a dicho uso, como los suelos correspondientes al 10 por ciento del aprovechamiento medio de suelo urbanizado en el desarrollo de los sectores urbanísticos con destino a la construcción de viviendas protegidas.

Podrán acogerse a la financiación prevista para este programa las promociones de alojamientos y, entre ellas, aquellas a las que se refiere el artículo 20.2 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda.

Datos clave

  • Finalidad: un parque de viviendas en alquiler a precios limitados.
  • Especialmente en suelos vinculados a ese uso.
  • Ejemplo: suelos del 10 por ciento del aprovechamiento medio de suelo urbanizado destinados a vivienda protegida.
  • Pueden acogerse las promociones de alojamientos, incluidas las del artículo 20.2 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Programa para crear un parque de viviendas en alquiler a precios limitados, sobre todo en suelos vinculados a ese uso, como los del 10 por ciento del aprovechamiento medio destinados a vivienda protegida.

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Artículo 27. Objeto

El artículo 27 del Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, define el objeto del programa de fomento de viviendas y alojamientos protegidos en suelos reservados.

El objeto de este programa es fomentar la construcción de viviendas y alojamientos protegidos en los terrenos que urbanísticamente estén reservados a la ejecución de dichas viviendas, conforme a lo previsto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Datos clave

  • Fomenta la construcción de viviendas y alojamientos protegidos.
  • Se dirige a terrenos urbanísticamente reservados a ese fin.
  • Base legal de la reserva: artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Programa que fomenta construir viviendas y alojamientos protegidos en terrenos reservados urbanísticamente a ese fin, según el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002.

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