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Tema 59: La actividad subvencionadora de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Agencias. Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. Órganos competentes. El procedimiento de concesión y pago de las subvenciones. Justificación. Reintegro. Control financiero de las subvenciones. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones. La Base de Datos de Subvenciones y Ayudas Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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Artículo 2. Concepto de subvención.

Artículo 2. Concepto de subvención.

1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

2. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública.

3. Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

4. No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos:

a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social.

b) Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora.

c) También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España, así como las prestaciones a favor de los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos.

d) Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio.

e) Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo.

f) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial.

g) Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social.

h) El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito.

i) Las ayudas económicas a las víctimas de violencia de género concedidas según lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a las víctimas de violencias sexuales concedidas según lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual y en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

j) Las ayudas económicas de emergencia o urgencia social gestionadas por las administraciones competentes a través de los servicios sociales, destinadas a cubrir necesidades básicas de la ciudadanía.

Datos clave

  • Subvención es toda disposición dineraria realizada por los sujetos del artículo 3 a favor de personas públicas o privadas, sin contraprestación directa de los beneficiarios.
  • La entrega debe estar sujeta al cumplimiento de un objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular o la concurrencia de una situación.
  • Lo financiado debe tener por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
  • Quedan fuera de la ley las aportaciones dinerarias entre Administraciones públicas para financiar globalmente su actividad, siempre que no resulten de una convocatoria pública.
  • No tienen carácter de subvención, entre otros, las prestaciones de la Seguridad Social, las del Fondo de Garantía Salarial, los beneficios fiscales y el crédito oficial, salvo que se subvencionen sus intereses.
  • Tampoco son subvenciones las ayudas económicas de emergencia o urgencia social gestionadas a través de los servicios sociales, destinadas a cubrir necesidades básicas de la ciudadanía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Una subvención es una entrega de dinero sin contraprestación directa, ligada a un objetivo y destinada a fomentar una actividad de utilidad pública o interés social. El artículo excluye además ciertas aportaciones y prestaciones.

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Artículo 9. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones.

1. En aquellos casos en los que, de acuerdo con los artículos 87 a 89 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, deban comunicarse los proyectos para el establecimiento, la concesión o la modificación de una subvención, las Administraciones públicas o cualesquiera entes deberán comunicar a la Comisión de la Unión Europea los oportunos proyectos de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los términos que se establezcan reglamentariamente, al objeto que se declare la compatibilidad de las mismas. En estos casos, no se podrá hacer efectiva una subvención en tanto no sea considerada compatible con el mercado común.

2. Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta ley.

3. Las bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado" o en el diario oficial correspondiente.

4. Adicionalmente, el otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes requisitos:

a) La competencia del órgano administrativo concedente.

b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención.

c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que resulten de aplicación.

d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los términos previstos en las leyes.

e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.

Datos clave

  • Los proyectos de subvención que deban comunicarse según los artículos 87 a 89 del Tratado se comunican a la Comisión Europea.
  • No se puede hacer efectiva la subvención mientras no sea considerada compatible con el mercado común.
  • Antes del otorgamiento deben aprobarse las bases reguladoras de concesión, que se publican en el «Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial correspondiente.
  • Requisitos del otorgamiento: competencia del órgano concedente y crédito adecuado y suficiente.
  • También: tramitación conforme a las normas aplicables, fiscalización previa de los actos de contenido económico y aprobación del gasto por el órgano competente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Antes de otorgar una subvención hay que aprobar y publicar sus bases reguladoras, comunicarla a la Comisión cuando el Tratado lo exige y cumplir cinco requisitos: competencia, crédito, procedimiento, fiscalización previa y aprobación del gasto.

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Artículo 10. Órganos competentes para la concesión de subvenciones.

1. Los Ministros y los Secretarios de Estado en la Administración General del Estado y los presidentes o directores de los organismos y las entidades públicas vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, cualquiera que sea el régimen jurídico a que hayan de sujetar su actuación, son los órganos competentes para conceder subvenciones, en sus respectivos ámbitos, previa consignación presupuestaria para este fin.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros requerirá la previa autorización del Consejo de Ministros o, en el caso de que así lo establezca la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

En el caso de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, la autorización a que se refiere el párrafo anterior deberá obtenerse antes de la aprobación de la convocatoria cuya cuantía supere el citado límite.

En el caso de convocatorias que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23.2 b) de esta Ley y 58.2 de su Reglamento, fijen, además de la cuantía total máxima, una cuantía adicional, el importe indicado en el primer párrafo de este apartado debe entenderse por referencia al global que resulte de la cuantía máxima y la cuantía adicional prevista. Este importe global se reflejará en la propuesta de acuerdo que se someta a autorización, de forma que, una vez adoptado el acuerdo, la autorización se entenderá efectuada hasta ese importe. De no reflejarse en la propuesta de acuerdo la cuantía adicional será necesario recabar nueva autorización del Consejo de Ministros.

La referida autorización no implicará la aprobación del gasto, que, en todo caso, corresponderá al órgano competente.

3. Las facultades para conceder subvenciones, a que se refiere este artículo, podrán ser objeto de desconcentración mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.

4. La competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales corresponde a los órganos que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local.

Se modifica el apartado 2 por la disposición final 16.1 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2020-17339#df-17

Se modifica por la disposición final 7.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10566#dfseptima .

Datos clave

  • En la Administración General del Estado conceden subvenciones los Ministros y los Secretarios de Estado, previa consignación presupuestaria.
  • También los presidentes o directores de los organismos y entidades públicas vinculados o dependientes de la Administración General del Estado.
  • Las subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros requieren autorización previa del Consejo de Ministros o, si así se establece, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
  • En concurrencia competitiva la autorización se obtiene antes de aprobar la convocatoria que supere ese límite.
  • La autorización no implica la aprobación del gasto, que corresponde al órgano competente.
  • Las facultades de concesión pueden desconcentrarse mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.
  • En las corporaciones locales concede el órgano que designe la legislación de régimen local.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Conceden subvenciones los Ministros, Secretarios de Estado y presidentes/directores de organismos públicos de la AGE; las de más de 12 millones de euros requieren autorización previa del Consejo de Ministros o de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

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Artículo 22. Procedimientos de concesión.

1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. A efectos de esta ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse de la capacidad de autoorganización de las Administraciones públicas, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor. La composición del órgano colegiado será la que establezcan las correspondientes bases reguladoras.

Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.

2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

3. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.

Se modifica el apartado 2.a) por la disposición final 12 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-15651 .

Datos clave

  • El procedimiento ordinario de concesión se tramita en régimen de concurrencia competitiva.
  • En concurrencia competitiva la propuesta de concesión la formula un órgano colegiado a través del órgano instructor.
  • Excepcionalmente, si lo prevén las bases reguladoras, cabe el prorrateo del importe global máximo entre los beneficiarios.
  • Concesión directa: subvenciones nominativas en los Presupuestos, las impuestas por norma de rango legal y, con carácter excepcional, las de interés público, social, económico o humanitario.
  • Nominativa en los Presupuestos Generales del Estado: al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparecen en los estados de gasto.
  • No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija la concurrencia competitiva como procedimiento ordinario de concesión y enumera los tres supuestos tasados en que cabe la concesión directa.

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Artículo 23. Iniciación.

El artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, regula la iniciación del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio.

2. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según lo establecido en este capítulo y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La convocatoria deberá publicarse en la BDNS y un extracto de la misma, en el "Boletín Oficial del Estado" de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8. La convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido:

a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.

d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones contenidas en el apartado 3 de este artículo.

h) Plazo de resolución y notificación.

i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.

j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de esta ley.

k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada.

l) Criterios de valoración de las solicitudes.

m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones determinados en la norma o convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

La presentación telemática de solicitudes y documentación complementaria se realizará en los términos previstos en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A efectos de lo previsto en el apartado 3 de la citada disposición adicional decimoctava, la presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social.

4. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, la normativa reguladora de la subvención podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.

5. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Datos clave

  • El procedimiento de concesión se inicia siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
  • La convocatoria se publica en la BDNS y un extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
  • La convocatoria incluye, entre otros: bases reguladoras, créditos y cuantía total máxima, requisitos, órganos competentes, plazos y criterios de valoración.
  • No se exigen documentos ya en poder de la Administración actuante si no han transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
  • La presentación de la solicitud autoriza al órgano gestor a recabar los certificados de la AEAT y de la TGSS.
  • Si se admite declaración responsable, la documentación acreditativa se requiere antes de la propuesta de resolución en un plazo no superior a 15 días.
  • Subsanación de solicitudes: plazo máximo e improrrogable de 10 días, con apercibimiento de desistimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La concesión en concurrencia competitiva arranca siempre de oficio por convocatoria, que tiene un contenido mínimo tasado; además fija reglas sobre documentos ya aportados, declaración responsable y subsanación en 10 días.

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Artículo 25. Resolución.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, en la correspondiente norma o convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento.

2. La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras de la subvención debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

3. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

En el supuesto de subvenciones tramitadas por otras Administraciones públicas en las que corresponda la resolución a la Administración General del Estado o a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ésta, este plazo se computará a partir del momento en que el órgano otorgante disponga de la propuesta o de la documentación que la norma reguladora de la subvención determine.

5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Datos clave

  • El órgano competente resuelve una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva.
  • La resolución se motiva según las bases reguladoras y hace constar, en su caso, la desestimación expresa del resto de solicitudes.
  • Plazo máximo para resolver y notificar: seis meses, salvo norma con rango de ley o normativa de la Unión Europea que prevea un plazo mayor.
  • El plazo se computa desde la publicación de la convocatoria, salvo que esta posponga sus efectos a una fecha posterior.
  • El vencimiento del plazo sin notificación permite entender desestimada la solicitud por silencio administrativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija el plazo máximo de 6 meses para resolver y notificar, contado desde la publicación de la convocatoria, y el efecto desestimatorio del silencio administrativo.

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Artículo 30. Justificación de las subvenciones públicas.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará de la manera que se determine reglamentariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la presentación de estados contables, según se disponga en la normativa reguladora.

2. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública. La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición de la misma vendrán determinados por las correspondientes bases reguladoras de las subvenciones públicas.

A falta de previsión de las bases reguladoras, la cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, y su presentación se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.

3. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente.

La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

Reglamentariamente, se establecerá un sistema de validación y estampillado de justificantes de gasto que permita el control de la concurrencia de subvenciones.

4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

5. En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de los justificantes establecidos en el apartado 3 de este artículo, debe aportarse certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.

6. Los miembros de las entidades previstas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley vendrán obligados a cumplir los requisitos de justificación respecto de las actividades realizadas en nombre y por cuenta del beneficiario, del modo en que se determina en los apartados anteriores. Esta documentación formará parte de la justificación que viene obligado a rendir el beneficiario que solicitó la subvención.

7. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.

8. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos establecidos en este capítulo o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro en las condiciones previstas en el artículo 37 de esta ley.

Datos clave

  • La justificación puede revestir la forma de cuenta justificativa del gasto, módulos o presentación de estados contables.
  • La rendición de la cuenta justificativa es un acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora.
  • A falta de previsión en las bases, la cuenta se presenta como máximo en tres meses desde la finalización del plazo para realizar la actividad.
  • Los gastos se acreditan con facturas y documentos de valor probatorio equivalente, también facturas electrónicas.
  • En la adquisición de inmuebles se aporta certificado de tasador independiente inscrito en el registro oficial.
  • Las subvenciones por concurrencia de una situación en el perceptor solo requieren acreditar dicha situación antes de la concesión.
  • El incumplimiento de la justificación o su insuficiencia conlleva el reintegro conforme al artículo 37.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cómo se justifica el cumplimiento de la subvención (cuenta justificativa, módulos o estados contables) y las consecuencias de no hacerlo.

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Artículo 31. Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en esta ley, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. Cuando no se haya establecido un plazo concreto, los gastos deberán realizarse antes de que finalice el año natural en que se haya concedido la subvención.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2. Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.

Cuando el beneficiario de la subvención sea una empresa, los gastos subvencionables en los que haya incurrido en sus operaciones comerciales deberán haber sido abonados en los plazos de pago previstos en la normativa sectorial que le sea de aplicación o, en su defecto, en los establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

4. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán las siguientes reglas:

a) Las bases reguladoras fijarán el período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes.

En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.

b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los términos establecidos en el capítulo II del título II de esta ley, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

5. No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado 4 cuando:

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por la Administración concedente.

b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino, enajenación o gravamen sea autorizado por la Administración concedente. En este supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención.

6. Las bases reguladoras de las subvenciones establecerán, en su caso, las reglas especiales que se consideren oportunas en materia de amortización de los bienes inventariables. No obstante, el carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto a las siguientes condiciones:

a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.

b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.

7. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras. Con carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la normativa reguladora de la subvención.

En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

8. Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

9. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

Se modifica el apartado 2 por el art. 11.3 de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre. Ref. BOE-A-2022-15818#a1-3

Se modifica el apartado 1 por la disposición final 11.2 de la Ley 3/2017, de 27 de junio. Ref. BOE-A-2017-7387

Se modifica el apartado 3 por la disposición final 5 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. Ref. BOE-A-2011-9617 .

Se modifica el apartado 1, con efectos de 1 de enero de 2011, por la disposición final 8.2 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-19703 .

Datos clave

  • Gasto subvencionable: responde a la naturaleza de la actividad, es estrictamente necesario y se realiza en el plazo de las bases.
  • Sin plazo concreto, los gastos deben realizarse antes de que finalice el año natural de concesión; su coste no puede superar el valor de mercado.
  • Gasto realizado: el efectivamente pagado antes de finalizar el período de justificación, salvo disposición en contrario.
  • Si el gasto supera la cuantía del contrato menor, deben solicitarse como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores.
  • Destino de bienes inventariables: no inferior a cinco años si son inscribibles en registro público ni a dos años para el resto.
  • Nunca son subvencionables los intereses deudores de cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones, ni los gastos de procedimientos judiciales.
  • No son subvencionables los impuestos indirectos recuperables o compensables ni los impuestos personales sobre la renta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija qué gastos son subvencionables, sus límites de tiempo y precio, y las reglas especiales para bienes inventariables y gastos excluidos.

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Artículo 32. Comprobación de subvenciones.

1. El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

2. La entidad colaboradora, en su caso, realizará, en nombre y por cuenta del órgano concedente, las comprobaciones previstas en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.

Datos clave

  • El órgano concedente comprueba la adecuada justificación de la subvención.
  • También comprueba la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute.
  • La entidad colaboradora realiza, en nombre y por cuenta del órgano concedente, las comprobaciones del artículo 15.1.b).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Comprueba la subvención el órgano concedente (justificación, actividad y finalidad); si hay entidad colaboradora, esta hace en su nombre las comprobaciones del párrafo b) del apartado 1 del artículo 15.

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Artículo 34. Procedimiento de aprobación del gasto y pago.

1. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones públicas.

2. La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso del gasto correspondiente.

3. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de esta ley.

4. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada.

También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención.

En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

La realización de pagos a cuenta o pagos anticipados, así como el régimen de garantías, deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención.

5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Se modifica el párrafo tercero del apartado 4 por el art. 5.2 del Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril. Ref. BOE-A-2010-5879 .

Datos clave

  • La aprobación del gasto se efectúa con carácter previo a la convocatoria o a la concesión directa.
  • La resolución de concesión conlleva el compromiso del gasto correspondiente.
  • El pago se realiza previa justificación por el beneficiario de la actividad, proyecto, objetivo o comportamiento subvencionado.
  • Pagos a cuenta: pagos fraccionados al ritmo de ejecución, por cuantía equivalente a la justificación presentada.
  • Pagos anticipados: entregas de fondos previas a la justificación; su posibilidad y el régimen de garantías deben preverse expresamente.
  • No caben pagos anticipados a beneficiarios en concurso, declarados insolventes, sujetos a intervención judicial o inhabilitados.
  • No se paga mientras el beneficiario no esté al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula la aprobación previa del gasto, el pago tras justificación de la actividad y los requisitos para pagos a cuenta y anticipados.

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Artículo 36. Invalidez de la resolución de concesión.

1. Son causas de nulidad de la resolución de concesión:

a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General Presupuestaria y las demás normas de igual carácter de las Administraciones públicas sujetas a esta ley.

2. Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones del ordenamiento jurídico, y, en especial, de las reglas contenidas en esta ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos mencionados en los apartados anteriores, el órgano concedente procederá a su revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación, de conformidad con lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

5. No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra alguna de las causas de reintegro contempladas en el artículo siguiente.

Datos clave

  • Son causas de nulidad las del artículo 62.1 de la Ley 30/1992 y la carencia o insuficiencia de crédito.
  • Son causas de anulabilidad las demás infracciones del ordenamiento jurídico, en especial de esta ley.
  • El órgano concedente procede a la revisión de oficio o a la declaración de lesividad y ulterior impugnación.
  • La declaración de nulidad o anulación obliga a devolver las cantidades percibidas.
  • No procede la revisión de oficio cuando concurra alguna de las causas de reintegro del artículo 37.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Distingue la nulidad de la anulabilidad de la resolución de concesión y ordena que, si concurre una causa de reintegro, no proceda la revisión de oficio.

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Artículo 37. Causas de reintegro.

1. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de esta ley o, en su caso, las establecidas en la normativa autonómica reguladora de la subvención.

3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de esta ley procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

Se modifica el primer párrafo del apartado 1 por la disposición final 11.3 de la Ley 3/2017, de 27 de junio. Ref. BOE-A-2017-7387

Datos clave

  • El reintegro incluye el interés de demora desde el pago hasta que se acuerde la procedencia del reintegro o el deudor ingrese, si es anterior.
  • Causas: obtención falseando u ocultando condiciones e incumplimiento total o parcial del objetivo, actividad o proyecto.
  • También el incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
  • También el incumplimiento de las medidas de difusión del artículo 18.4 y la resistencia u obstrucción al control.
  • También una decisión derivada de los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea que exija el reintegro.
  • Con cumplimiento próximo al total y actuación inequívocamente tendente a satisfacer los compromisos, se aplican criterios de graduación.
  • Procede el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada (art. 19.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera las causas tasadas que obligan a reintegrar una subvención ya cobrada, con el interés de demora desde el pago hasta que se acuerda o se ingresa el reintegro.

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Artículo 38. Naturaleza de los créditos a reintegrar y de los procedimientos para su exigencia.

El artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece la naturaleza de los créditos a reintegrar y de los procedimientos para su exigencia.

1. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

2. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.

3. El destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea tendrá el tratamiento que en su caso determine la normativa comunitaria.

4. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo.

Datos clave

  • Las cantidades a reintegrar son ingresos de derecho público y se cobran conforme a la Ley General Presupuestaria.
  • Interés de demora: el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro.
  • El destino de los reintegros de fondos de la Unión Europea es el que determine la normativa comunitaria.
  • Los procedimientos para exigir el reintegro tienen siempre carácter administrativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lo que se reintegra de una subvención es ingreso de derecho público, devenga un interés de demora reforzado sobre el legal y se exige siempre por procedimiento administrativo.

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Artículo 42. Procedimiento de reintegro.

1. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo.

2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención General de la Administración del Estado.

3. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

5. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

Datos clave

  • Se rige por las disposiciones generales del procedimiento administrativo, con las especialidades de la ley.
  • Se inicia de oficio: por propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.
  • También se inicia a consecuencia del informe de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado.
  • Se garantiza en todo caso el derecho del interesado a la audiencia.
  • Plazo máximo para resolver y notificar: 12 meses desde el acuerdo de iniciación; su transcurso produce la caducidad.
  • La resolución del procedimiento de reintegro pone fin a la vía administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula la tramitación del procedimiento de reintegro: inicio de oficio, audiencia garantizada, plazo máximo de 12 meses y su caducidad si se excede.

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Artículo 44. Objeto y competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones.

1. El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras por razón de las subvenciones de la Administración General del Estado y organismos y entidades vinculados o dependientes de aquélla, otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a los fondos de la Unión Europea.

2. El control financiero de subvenciones tendrá como objeto verificar:

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.

b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.

c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.

d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.

e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de este ley.

f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.

3. La competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio de las funciones que la Constitución y las leyes atribuyan al Tribunal de Cuentas y de lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley.

4. El control financiero de subvenciones podrá consistir en:

a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la documentación que los soporte, de beneficiarios y entidades colaboradoras.

b) El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.

c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.

d) La comprobación material de las inversiones financiadas.

e) Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso establezca la normativa reguladora de la subvención y, en su caso, la resolución de concesión.

f) Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención a las características especiales de las actividades subvencionadas.

5. El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios, así como a cualquier otra persona susceptible de presentar un interés en la consecución de los objetivos, en la realización de las actividades, en la ejecución de los proyectos o en la adopción de los comportamientos.

Datos clave

  • El control financiero se ejerce sobre beneficiarios y entidades colaboradoras por subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a fondos de la Unión Europea.
  • Verifica la correcta obtención, el cumplimiento de obligaciones, la justificación y la realidad y regularidad de las operaciones financiadas.
  • Compete a la Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio de las funciones del Tribunal de Cuentas.
  • Puede consistir en el examen de registros contables, de operaciones individualizadas y la comprobación material de inversiones.
  • Puede extenderse a las personas asociadas a los beneficiarios y a cualquier persona con interés en la consecución de los objetivos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ámbito, objeto, órgano competente y formas del control financiero de subvenciones estatales: lo ejerce la IGAE sobre beneficiarios y entidades colaboradoras y puede alcanzar a terceros relacionados.

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Artículo 46. Obligación de colaboración.

1. Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden, dentro del ámbito de la Administración concedente, a la Intervención General de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes informáticos.

b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.

d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.

2. La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 37 de esta ley, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.

Datos clave

  • Están obligados a colaborar los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con la subvención.
  • Facultades: libre acceso a la documentación, incluidos programas y archivos informáticos, y a los locales de negocio.
  • Obtención de copia o retención de facturas y documentos con indicios de incorrecta obtención, disfrute o destino.
  • Libre acceso a la información de las cuentas bancarias relacionadas con la subvención.
  • La negativa se considera resistencia, excusa, obstrucción o negativa a efectos del artículo 37.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Impone a beneficiarios, entidades colaboradoras y terceros el deber de colaborar con el control financiero, con facultades de acceso a documentos, locales y cuentas bancarias.

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Artículo 49. Del procedimiento de control financiero.

1. El ejercicio del control financiero de subvenciones se adecuará al plan anual de auditorías y sus modificaciones que apruebe anualmente la Intervención General de la Administración del Estado. Reglamentariamente se determinarán los supuestos en que, como consecuencia de la realización de un control, se pueda extender el ámbito más allá de lo previsto inicialmente en el plan.

No obstante, no será necesario incluir en el plan de auditorías y actuaciones de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado, las comprobaciones precisas que soliciten otros Estados miembros en aplicación de reglamentos comunitarios sobre beneficiarios perceptores de fondos comunitarios.

2. La iniciación de las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras se efectuará mediante su notificación a éstos, en la que se indicará la naturaleza y alcance de las actuaciones a desarrollar, la fecha de personación del equipo de control que va a realizarlas, la documentación que en un principio debe ponerse a disposición del mismo y demás elementos que se consideren necesarios. Los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras deberán ser informados, al inicio de las actuaciones, de sus derechos y obligaciones en el curso de las mismas. Estas actuaciones serán comunicadas, igualmente, a los órganos gestores de las subvenciones.

Si durante el control las entidades colaboradoras o los beneficiarios cambian de domicilio deberán comunicarlo a la Intervención General de la Administración del Estado; las actuaciones de control realizadas en el domicilio anterior serán válidas en tanto no se comunique el cambio.

3. Cuando en el desarrollo del control financiero se determine la existencia de circunstancias que pudieran dar origen a la devolución de las cantidades percibidas por causas distintas a las previstas en el artículo 37, se pondrán los hechos en conocimiento del órgano concedente de la subvención, que deberá informar sobre las medidas adoptadas, pudiendo acordarse la suspensión del procedimiento de control financiero.

La suspensión del procedimiento deberá notificarse al beneficiario o entidad colaboradora.

4. La finalización de la suspensión, que en todo caso deberá notificarse al beneficiario o entidad colaboradora, se producirá cuando:

a) Una vez adoptadas por el órgano concedente las medidas que, a su juicio, resulten oportunas, las mismas serán comunicadas al órgano de control.

b) Si, transcurridos tres meses desde el acuerdo de suspensión, no se hubiera comunicado la adopción de medidas por parte del órgano gestor.

5. Cuando en el ejercicio de las funciones de control financiero se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, destino o justificación de la subvención percibida, la Intervención General de la Administración del Estado podrá acordar la adopción de las medidas cautelares que se estimen precisas al objeto de impedir la desaparición, destrucción o alteración de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en que tales indicios se manifiesten.

Las medidas habrán de ser proporcionadas al fin que se persiga. En ningún caso se adoptarán aquéllas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.

6. Las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras finalizarán con la emisión de los correspondientes informes comprensivos de los hechos puestos de manifiesto y de las conclusiones que de ellos se deriven.

Cuando el órgano concedente, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 anterior, comunicara el inicio de actuaciones que pudieran afectar a la validez del acto de concesión, la finalización del procedimiento de control financiero de subvenciones se producirá mediante resolución de la Intervención General de la Administración del Estado en la que se declarará la improcedencia de continuar las actuaciones de control, sin perjuicio de que, una vez recaída en resolución declarando la validez total o parcial del acto de concesión, pudieran volver a iniciarse las actuaciones.

7. Las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras, deberán concluir en el plazo máximo de 12 meses a contar desde la fecha de notificación a aquéllos del inicio de las mismas. Dicho plazo podrá ampliarse hasta en 12 meses más, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad.

b) Cuando en el transcurso de las actuaciones se descubra que el beneficiario o entidad colaboradora han ocultado información o documentación esencial para un adecuado desarrollo del control.

8. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán las dilaciones imputables al beneficiario o entidad colaboradora, en su caso, ni los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente.

9. Con el fin de impulsar adecuadamente las actuaciones de control financiero de subvenciones, los órganos de control podrán exigir la comparecencia del beneficiario, de la entidad colaboradora o de cuantos estén sometidos al deber de colaboración, en su domicilio o en las oficinas públicas que se designen al efecto.

Se modifica el apartado 7 por la disposición final 12.1 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2021-21653

Se modifica el apartado 2 y se añade el apartado 9, con efectos de 1 de enero de 2011, por la disposición final 8.3 y 4 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-19703 .

Datos clave

  • El control se adecua al plan anual de auditorías aprobado por la Intervención General de la Administración del Estado.
  • Se inicia por notificación al beneficiario con la naturaleza y alcance de las actuaciones y la fecha de personación del equipo de control.
  • La suspensión finaliza al comunicarse las medidas del órgano concedente o si transcurren tres meses sin comunicarlas.
  • Las medidas cautelares deben ser proporcionadas y nunca causar perjuicio de difícil o imposible reparación.
  • El control finaliza con la emisión de informes con los hechos y conclusiones.
  • Plazo máximo: 12 meses desde la notificación del inicio, ampliable hasta en 12 meses más por especial complejidad u ocultación.
  • Los órganos de control pueden exigir la comparecencia del beneficiario o de la entidad colaboradora.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el procedimiento del control financiero: notificación de inicio, posible suspensión si aparecen causas de devolución ajenas al art. 37, medidas cautelares y el plazo máximo de duración.

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Artículo 52. Concepto de infracción.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en esta ley y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

Datos clave

  • Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
  • Son sancionables incluso a título de simple negligencia.
  • Se trata de infracciones administrativas en materia de subvenciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Son infracciones en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley, sancionables incluso por simple negligencia.

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Artículo 56. Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en esta ley y en las bases reguladoras de subvenciones cuando no constituyan infracciones graves o muy graves y no operen como elemento de graduación de la sanción. En particular, constituyen infracciones leves las siguientes conductas:

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos.

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.

c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa en el resto de párrafos de este artículo, sean asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención, en los términos establecidos reglamentariamente.

d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular:

1.º La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos.

2.º El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los registros legalmente establecidos, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados.

3.º La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la entidad.

4.º La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas.

e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes.

f) El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de las obligaciones establecidas en el artículo 15 de esta ley que no se prevean de forma expresa en el resto de apartados de este artículo.

g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero.

Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable de las infracciones administrativas en materia de subvenciones, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado o de las comunidades autónomas en el ejercicio de las funciones de control financiero.

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conductas:

1.ª No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, justificantes, asientos de contabilidad, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato objeto de comprobación.

2.ª No atender algún requerimiento.

3.ª La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalado.

4.ª Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que existan indicios probatorios para la correcta justificación de los fondos recibidos por el beneficiario o la entidad colaboradora o de la realidad y regularidad de la actividad subvencionada.

5.ª Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero.

h) El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o entidades a que se refiere el artículo 46 de esta ley, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la entidad colaboradora.

i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.

Datos clave

  • Son leves los incumplimientos que no constituyan infracciones graves o muy graves ni operen como elemento de graduación.
  • Leves: presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas y presentación de cuentas inexactas o incompletas.
  • Leves: incumplimiento de obligaciones contables o registrales y de conservación de justificantes.
  • Leve: la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero.
  • Constituyen obstrucción, entre otras, no atender algún requerimiento, la incomparecencia y las coacciones al personal controlador.
  • Leve: incumplir la obligación de colaboración del artículo 46 cuando impida contrastar la información.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tipifica las infracciones leves: incumplimientos que no llegan a graves ni muy graves, como presentar cuentas fuera de plazo, inexactas, incumplir obligaciones contables o resistirse al control financiero.

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Artículo 57. Infracciones graves.

El artículo 57 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tipifica las infracciones graves en materia de subvenciones.

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad, a que se refiere el párrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de esta ley.

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida.

c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación.

d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.

e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de reintegro.

f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y demás entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

g) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.

Datos clave

  • Grave: no comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.
  • Grave: incumplir las condiciones alterando sustancialmente los fines de la subvención.
  • Grave: la falta de justificación del empleo de los fondos una vez transcurrido el plazo establecido.
  • Grave: obtener la condición de entidad colaboradora falseando u ocultando requisitos.
  • Grave: la falta de suministro de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista de siete conductas que son infracción grave en subvenciones: no comunicar otras ayudas, desviar los fines, no justificar en plazo, fallos de la entidad colaboradora, falta de información a la BDNS y las que tipifique la UE.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 58. Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control previstas, respectivamente, en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 14 y en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, o el cumplimiento de la finalidad y de la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

d) La falta de entrega, por parte de las entidades colaboradoras, cuando así se establezca, a los beneficiarios de los fondos recibidos de acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención.

e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.

Datos clave

  • Muy grave: obtener una subvención falseando las condiciones u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.
  • Muy grave: no aplicar, en todo o en parte, las cantidades recibidas a los fines de la subvención.
  • Muy grave: la resistencia u obstrucción al control cuando impida verificar el empleo de los fondos.
  • Muy grave: la falta de entrega por las entidades colaboradoras de los fondos recibidos a los beneficiarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cinco conductas son infracciones muy graves en subvenciones: obtenerla falseando, no aplicar los fondos a sus fines, obstruir el control si impide verificar, que la colaboradora no entregue los fondos y las muy graves según la UE.

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Artículo 59. Clases de sanciones.

1. Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias.

2. Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o proporcional. La sanción pecuniaria proporcional se aplicará sobre la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

La multa fija estará comprendida entre 75 y 6.000 euros y la multa proporcional puede ir del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados.

La multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro contemplada en el artículo 40 de esta ley y para su cobro resultará igualmente de aplicación el régimen jurídico previsto para los ingresos de derecho público en la Ley General Presupuestaria o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones públicas.

3. Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en caso de infracciones graves o muy graves, podrán consistir en:

a) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones públicas u otros entes públicos.

b) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en esta ley.

c) Prohibición durante un plazo de hasta cinco años para contratar con las Administraciones públicas.

Datos clave

  • Las infracciones se sancionan con sanciones pecuniarias y, cuando proceda, no pecuniarias.
  • La multa fija está comprendida entre 75 y 6.000 euros.
  • La multa proporcional va del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.
  • La multa es independiente de la obligación de reintegro.
  • Las no pecuniarias se imponen por infracciones graves o muy graves, durante un plazo de hasta cinco años.
  • Consisten en perder la posibilidad de obtener subvenciones o de actuar como entidad colaboradora y en la prohibición de contratar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Distingue sanciones pecuniarias (multa fija o proporcional) de las no pecuniarias, con sus horquillas de importe y plazos máximos.

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Artículo 45. Fomento.

1. En las materias de su competencia, corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión.

2. En el caso de las competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma especificará los objetivos a los que se destinen las subvenciones territorializables de la Administración central y las de la Unión Europea, así como la regulación de las condiciones de otorgamiento y la gestión de su tramitación y concesión. En las competencias compartidas, la Comunidad Autónoma precisará los objetivos de las subvenciones territorializables de la Administración central y de la Unión Europea, completando las condiciones de otorgamiento, y asumiendo toda la gestión incluyendo la tramitación y la concesión. En las competencias ejecutivas, corresponderá a la Comunidad Autónoma la gestión de las subvenciones territorializables, que incluye su tramitación y concesión.

3. La Comunidad Autónoma participa, en los términos que fije el Estado, en la determinación del carácter no territorializable de las subvenciones estatales y comunitarias y en su gestión y tramitación.

Datos clave

  • En las materias de su competencia, la Comunidad Autónoma ejerce la actividad de fomento y puede otorgar subvenciones con fondos propios.
  • Competencias exclusivas: especifica objetivos, regula condiciones de otorgamiento y gestiona las subvenciones territorializables estatales y de la UE.
  • Competencias compartidas: precisa objetivos, completa las condiciones de otorgamiento y asume toda la gestión.
  • Competencias ejecutivas: le corresponde la gestión de las subvenciones territorializables, incluida su tramitación y concesión.
  • Participa, en los términos que fije el Estado, en la determinación del carácter no territorializable de las subvenciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Actividad de fomento: la Comunidad otorga subvenciones con fondos propios y, sobre las territorializables del Estado y la UE, su papel varía según la competencia sea exclusiva, compartida o ejecutiva.

Esquema

Subvenciones territorializables
ExclusivasCompartidasEjecutivas
ObjetivosLos especificaLos precisaNo
CondicionesLas regulaLas completaNo
GestiónSíToda, con tramitación y concesiónTramitación y concesión

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Artículo 113. Régimen jurídico.

El artículo 113 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, establece el régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias.

1. Las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa básica estatal, así como por lo establecido en este Título y en sus normas de desarrollo, incluidas las bases reguladoras.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las subvenciones financiadas con cargo a los fondos de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplicables y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas, siendo de aplicación supletoria las disposiciones que sobre procedimientos de concesión y control rijan para la Administración de la Junta de Andalucía.

3. Las subvenciones y transferencias por operaciones de capital financiadas con fondos comunitarios a favor de agencias públicas empresariales, agencias de régimen especial y sociedades mercantiles del sector público andaluz y otros entes públicos o privados, destinadas a la ejecución de acciones cuyos gastos elegibles han de ser certificados por los citados entes receptores, se adecuarán, en su régimen de pagos, al previsto en cada caso para el pago de las ayudas financiadas por la Unión Europea.

4. Las subvenciones que la Comunidad Autónoma de Andalucía conceda a las entidades locales en el marco de planes y programas destinados a la financiación de inversiones para el fomento del empleo se regirán por su normativa específica, resultando de aplicación supletoria las disposiciones establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Datos clave

  • Rigen la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y demás normativa básica estatal, el Título del Texto Refundido y sus normas de desarrollo, incluidas las bases reguladoras.
  • Las subvenciones financiadas con fondos de la Unión Europea se rigen por las normas comunitarias y las nacionales de desarrollo o transposición (art. 6 de la Ley 38/2003).
  • Para las subvenciones con fondos europeos son supletorias las disposiciones sobre procedimientos de concesión y control de la Junta de Andalucía.
  • Las subvenciones a entidades locales en planes de inversiones para el fomento del empleo se rigen por su normativa específica.
  • En ese caso son supletorias la Ley 38/2003 y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (Reglamento de la Ley).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué normas rigen las subvenciones de la Junta y sus agencias: la Ley General de Subvenciones y la normativa básica estatal, este Título y las bases; con reglas propias para fondos europeos y para el fomento del empleo local.

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Artículo 114. Principios generales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las subvenciones a que se refiere el presente Título se otorgarán y se gestionarán con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los fondos públicos.

Se respetarán, en todo caso, las normas que les afecten del Derecho de la Unión Europea, reguladoras de la supresión de barreras comerciales entre los Estados miembros y de la libre competencia entre las empresas.

Datos clave

  • Principios de otorgamiento y gestión: publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
  • También eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los fondos públicos.
  • La remisión se hace al artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
  • Se respetarán las normas de la Unión Europea sobre supresión de barreras comerciales y libre competencia entre empresas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las subvenciones de la Junta se otorgan y gestionan según los principios del artículo 8.3 de la Ley 38/2003 y respetando siempre las normas europeas sobre barreras comerciales y libre competencia.

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Artículo 115. Órganos competentes.

El artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, determina los órganos competentes para conceder subvenciones en la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias.

1. Son órganos competentes para conceder subvenciones, previa consignación presupuestaria para este fin, las personas titulares de las Consejerías y de la presidencia o dirección de sus agencias, en sus respectivos ámbitos.

2. No obstante, será necesario el Acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar la concesión de subvenciones que conlleven la aprobación de un gasto superior a 3.000.000 de euros.

3. Todos los acuerdos de concesión de subvenciones deberán ser motivados, razonándose el otorgamiento en función del mejor cumplimiento de la finalidad que lo justifique.

Datos clave

  • Conceden subvenciones, previa consignación presupuestaria, las personas titulares de las Consejerías y de la presidencia o dirección de sus agencias.
  • Se requiere Acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar subvenciones que conlleven un gasto superior a 3.000.000 de euros.
  • Todos los acuerdos de concesión deberán ser motivados.
  • La motivación razona el otorgamiento en función del mejor cumplimiento de la finalidad que lo justifique.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Conceden subvenciones los titulares de Consejerías y de la presidencia o dirección de las agencias, con consignación previa; por encima de 3.000.000 de euros de gasto hace falta Acuerdo del Consejo de Gobierno.

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Artículo 120. Procedimiento de concesión.

El artículo 120 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, regula el procedimiento de concesión de subvenciones en el ámbito de la Junta de Andalucía.

1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones, que se iniciará siempre de oficio, se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

A solicitud de la persona o entidad interesada, podrán concederse subvenciones en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en el perceptor, sin que sea necesario establecer, en tales casos, la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas. También podrán concederse subvenciones de forma directa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. La presentación de la solicitud por parte de la persona o entidad interesada conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Agencia Tributaria de Andalucía, que las bases reguladoras requieran aportar.

3. Las solicitudes serán evaluadas por el órgano instructor, que formulará la propuesta de concesión al órgano competente para resolver. Las bases reguladoras podrán prever que la evaluación de solicitudes y la propuesta de resolución se lleven a cabo por un órgano colegiado.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes, salvo para las subvenciones a las que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del presente artículo, en las que se computará desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las personas o entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención, cualquiera que sea su naturaleza o el procedimiento de concesión de que se trate.

Datos clave

  • El procedimiento ordinario se inicia siempre de oficio y se tramita en concurrencia competitiva (art. 22.1 de la Ley 38/2003).
  • A solicitud del interesado pueden concederse subvenciones por la mera concurrencia de una situación en el perceptor, sin comparación ni prelación.
  • La solicitud autoriza a recabar certificaciones de la AEAT, de la TGSS y de la Agencia Tributaria de Andalucía.
  • Evalúa el órgano instructor, que formula la propuesta; las bases pueden atribuir la evaluación y propuesta a un órgano colegiado.
  • Plazo máximo para resolver y notificar: seis meses, desde el día siguiente al fin del plazo de presentación de solicitudes.
  • En las concedidas a solicitud del interesado, el plazo se computa desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente.
  • El vencimiento del plazo sin resolución notificada supone desestimación por silencio administrativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El procedimiento ordinario de concesión es de oficio y en concurrencia competitiva; caben también subvenciones a solicitud por mera situación del perceptor y directas. Plazo de resolución de seis meses y silencio desestimatorio.

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Artículo 123. Publicidad y Base de Datos de Subvenciones.

El artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, regula la publicidad de las subvenciones y la Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía.

1. La Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía tiene como fin promover la transparencia, mejorar la gestión, ayudar a la planificación estratégica y luchar contra el fraude, y será el instrumento de publicidad activa de las subvenciones a los efectos contemplados en el artículo 15 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, sin perjuicio de la consideración que deba tener la Base de Datos Nacional de Subvenciones como sistema nacional de publicidad de subvenciones y ayudas públicas.

2. La Intervención General de la Junta de Andalucía es el órgano responsable de la administración y custodia de la Base de Datos de Subvenciones, y competente para suministrar la información, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que las Consejerías y las agencias registren en la Base de Datos de la Junta de Andalucía sobre las convocatorias, resoluciones de concesión, reintegros, devoluciones, sanciones e inhabilitaciones recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La Intervención General de la Junta de Andalucía dictará las instrucciones para concretar los elementos de información y documentos integrantes de la Base de Datos de Subvenciones, los plazos y procedimientos de remisión de la información, incluidos los electrónicos, así como la información que sea objeto de publicación para conocimiento general.

3. Las convocatorias, las subvenciones concedidas y la demás información de las mismas que se determine de conformidad con el apartado anterior, deberán ser comunicadas a la Base de Datos de Subvenciones por parte de las consejerías y agencias competentes para su concesión. Para el acceso a la información contenida en la misma, se estará a lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y demás normativa que le sea de aplicación.

4. Las subvenciones concedidas deberán ser publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. A tal efecto, las Consejerías y agencias concedentes publicarán trimestralmente las subvenciones concedidas en cada periodo, con expresión del programa y crédito presupuestario al que se imputen, persona o entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

No será necesaria la publicación de las subvenciones concedidas en los supuestos contemplados en el apartado 8 del artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención en los términos establecidos en el artículo 116.3 de esta ley.

Datos clave

  • Fines de la Base de Datos: promover la transparencia, mejorar la gestión, ayudar a la planificación estratégica y luchar contra el fraude.
  • Es el instrumento de publicidad activa de las subvenciones (art. 15 de la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía).
  • La Intervención General de la Junta de Andalucía administra y custodia la Base de Datos y suministra la información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
  • Las consejerías y agencias concedentes comunican las convocatorias y subvenciones concedidas a la Base de Datos.
  • Las subvenciones concedidas se publican trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
  • Los beneficiarios deben dar publicidad del carácter público de la financiación (art. 116.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Base de Datos de Subvenciones de la Junta, custodiada por la Intervención General, es el instrumento de publicidad activa; las concedidas se publican cada trimestre en el BOJA y los beneficiarios deben anunciar la financiación pública.

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Artículo 124. Pago y justificación.

El artículo 124 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, regula el pago y la justificación de las subvenciones de la Junta de Andalucía.

1. No podrá proponerse el pago de las subvenciones mientras no se compruebe formalmente la justificación. La falta de comprobación de la documentación justificativa en los términos establecidos en las bases reguladoras, una vez transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el artículo 124 bis, podrá dar lugar a la solicitud de intereses de demora desde dicho momento y hasta el pago de la subvención si el mismo, finalmente, procede.

En el cómputo del plazo de seis meses no se tendrán en cuenta los periodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable al órgano concedente.

2. La falta de justificación en los términos establecidos en las bases reguladoras por causas imputables a las personas o entidades beneficiarias de subvenciones impedirá a las Consejerías y a las agencias proponer el pago a dichas beneficiarias de las concedidas con posterioridad con cargo al mismo programa presupuestario.

El órgano que, a tenor del artículo 115, sea titular de la competencia para la concesión de subvenciones, así como el competente para proponer el pago, podrán, mediante resolución motivada, exceptuar la limitación contenida en el párrafo anterior cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso pueda delegarse esta competencia.

3. La norma reguladora de cada subvención podrá establecer, de manera justificada, la obligación de acreditar, antes de proponerse el pago, que las personas o entidades beneficiarias se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de Derecho Público.

No obstante, iniciados los procedimientos de reintegro, o las actuaciones con sucesores o responsables, el órgano concedente, como medida cautelar, podrá solicitar a la Consejería competente en materia de Hacienda la suspensión de los libramientos de pago de las cantidades pendientes de abonar a la persona beneficiaria, sin superar, en ningún caso, el importe que fije la propuesta o resolución de inicio de los referidos procedimientos. El régimen jurídico de esta medida cautelar es el previsto para la retención de pagos en los apartados 2 a 4 del artículo 35 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. En las subvenciones cuya justificación se efectúe con posterioridad al cobro de la misma, no podrá abonarse a la persona o entidad beneficiaria un importe superior al 50% de la subvención, sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores, excepto en los supuestos en que el importe de aquéllas sea igual o inferior a 6.000 euros.

Las normas reguladoras de la concesión de subvenciones establecerán la limitación contenida en el párrafo anterior.

5. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada, cuando en este último supuesto así se haya establecido en las bases reguladoras.

En caso de que las bases reguladoras así lo establezcan, los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe se imputa total o parcialmente a la subvención, indicando en este último caso la cuantía que resulte afectada por la subvención. Cuando las bases reguladoras establezcan la justificación telemática de subvenciones, no será exigible el estampillado.

Cuando se haya previsto la justificación telemática de las subvenciones en las bases reguladoras, estas podrán establecer que se presenten tanto copias auténticas como copias digitalizadas por los propios interesados de los justificantes del gasto y de los documentos acreditativos del pago, sin perjuicio de la obligación del beneficiario de conservar las facturas o documentos justificativos originales, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, conforme a lo dispuesto en el párrafo g) del artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Las copias digitalizadas por los propios interesados habrán de cumplir los requisitos electrónicos que se establezcan en las bases reguladoras, sin perjuicio de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la relevancia del justificante en el procedimiento de concesión o de justificación lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se pueda solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que se podrá requerir la exhibición de la factura o documento original.

6. Las agencias sujetas a control previo o financiero permanente, beneficiarias de subvenciones concedidas por la Administración de la Junta de Andalucía, podrán justificarlas mediante cuenta justificativa simplificada.

Datos clave

  • No puede proponerse el pago mientras no se compruebe formalmente la justificación.
  • Superado el plazo de seis meses de comprobación del artículo 124 bis, puede solicitarse interés de demora hasta el pago.
  • La falta de justificación imputable al beneficiario impide proponerle el pago de subvenciones posteriores con cargo al mismo programa presupuestario.
  • Esa limitación puede exceptuarse por resolución motivada ante circunstancias de especial interés social, sin que pueda delegarse esta competencia.
  • Iniciado el reintegro, el órgano concedente puede pedir a la Consejería de Hacienda la suspensión cautelar de los libramientos de pago.
  • Con justificación posterior al cobro no puede abonarse más del 50 % sin justificar los pagos anteriores, salvo importes iguales o inferiores a 6.000 euros.
  • Los gastos se justifican con facturas y documentos de valor probatorio equivalente; con justificación telemática no se exige estampillado.
  • Las agencias sujetas a control previo o financiero permanente pueden justificar mediante cuenta justificativa simplificada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sin justificación comprobada no hay pago; quien no justifica por su culpa no cobra las siguientes del mismo programa; con justificación posterior, tope del 50 % antes de justificar, salvo importes de hasta 6.000 euros.

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Artículo 124 bis. Comprobación de la adecuada justificación y de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la subvención.

El artículo 124 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, regula la comprobación de la justificación, de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad de las subvenciones.

1. El órgano concedente deberá efectuar la comprobación formal de la documentación justificativa de subvenciones en el plazo de seis meses a partir de su presentación. Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable al órgano concedente no se incluirán en el cómputo del plazo de comprobación.

Para ello, llevará a cabo la comprobación de la justificación documental de la subvención, a cuyo fin revisará la documentación que obligatoriamente deba aportar la persona beneficiaria o la entidad colaboradora.

El pronunciamiento, en su caso, del órgano concedente en la comprobación formal se entenderá sin perjuicio de lo que resulte de las actuaciones de comprobación material y de control financiero.

2. El órgano concedente de la subvención tendrá la obligación de elaborar anualmente un plan anual de actuación para comprobar materialmente la realización por las personas beneficiarias de las actividades subvencionadas, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero.

El citado plan deberá indicar si la obligación de comprobación alcanza a la totalidad de las subvenciones o bien a una muestra de las concedidas y, en este último caso, su forma de selección. También deberá contener los principales aspectos a comprobar y el momento de su realización.

3. Se considerarán períodos de interrupción justificada los originados en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurra alguna causa de fuerza mayor que obligue al órgano concedente a interrumpir sus actuaciones de comprobación, por el tiempo de duración de dicha causa.

b) Cuando, por cualquier medio, se soliciten datos o informes a otros órganos o unidades administrativas de la misma o de otras Administraciones, por el tiempo que transcurra desde la remisión de la petición hasta la recepción de aquellos por el órgano concedente, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones, de seis meses.

4. Se considerarán dilaciones no imputables al órgano concedente, entre otras, las siguientes:

a) Los retrasos por parte de la persona beneficiaria en el cumplimiento de requerimientos de aportación de documentos justificativos para la subsanación de defectos respecto a la justificación presentada. La dilación se computará desde el día siguiente al del fin del plazo concedido para la atención del requerimiento hasta el íntegro cumplimiento de lo solicitado.

b) La aportación de nuevos documentos justificativos para la subsanación de defectos sin requerimiento previo. En este supuesto el plazo de seis meses se entenderá incrementado en un mes a contar desde la última aportación.

c) La concesión por el órgano concedente de la ampliación del plazo de justificación, por el tiempo que medie desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de la documentación justificativa hasta la fecha fijada en su lugar.

5. A efectos de lo dispuesto en el artículo 124.2, se considera imputable a las personas o entidades beneficiarias de subvenciones la falta de presentación en plazo de la documentación justificativa.

6. En los supuestos en los que las subvenciones se justifiquen con posterioridad al cobro de las mismas, transcurrido el plazo establecido para la presentación de la documentación justificativa sin que esta haya tenido lugar, los órganos o unidades responsables de la comprobación requerirán a la persona beneficiaria, para que aporte la documentación justificativa en el plazo máximo de quince días.

Transcurrido dicho plazo sin que se atienda el requerimiento, se iniciará el procedimiento de reintegro conforme a lo previsto en el apartado 8.

La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá a la persona beneficiaria de las sanciones que, conforme al artículo 129, correspondan.

7. A efectos de reintegro, se entenderá, además, incumplida la obligación de justificación cuando, junto con la documentación justificativa, no se devolviera voluntariamente la cantidad no utilizada en los términos dispuestos en el artículos 124 quáter, o se detectara que en la justificación realizada por la persona beneficiaria se hubieran incluido gastos que no respondieran a la actividad subvencionada, que no hubieran supuesto un coste susceptible de subvención, que hubieran sido ya financiados por otras subvenciones o recursos, o que se hubieran justificado mediante documentos que no reflejaran la realidad de las operaciones.

8. En el supuesto de que de la comprobación resulte que concurre causa de reintegro, el órgano o unidad responsable de la comprobación lo pondrá, en su caso, en conocimiento del órgano responsable del inicio del procedimiento de reintegro, a fin de que se acuerde y se notifique la resolución de inicio en el plazo máximo de quince días.

9. Cuando la persona beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución conforme a lo establecido en el artículo 121, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la subvención podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros.

La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación no exime a la persona beneficiaria de las sanciones que puedan corresponder con arreglo al artículo 129.

Datos clave

  • Comprobación formal de la documentación justificativa: plazo de seis meses desde su presentación.
  • No computan los periodos de interrupción justificada ni las dilaciones no imputables al órgano concedente.
  • El órgano concedente elabora anualmente un plan anual de actuación de comprobación material, sobre la totalidad o una muestra.
  • La interrupción por petición de datos o informes no puede exceder, para todas las peticiones, de seis meses.
  • La aportación de documentos sin requerimiento previo incrementa el plazo de seis meses en un mes desde la última aportación.
  • Si no se justifica en plazo, se requiere al beneficiario para que aporte la documentación en el plazo máximo de quince días.
  • Si concurre causa de reintegro, la resolución de inicio se acuerda y notifica en el plazo máximo de quince días.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El órgano concedente comprueba formalmente la justificación en seis meses, con interrupciones y dilaciones que no computan, hace un plan anual de comprobación material y, si no se justifica, requiere y luego inicia el reintegro.

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Artículo 125. Reintegro.

El artículo 125 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, regula el reintegro de las subvenciones concedidas en el ámbito de la Junta de Andalucía.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Asimismo, procederá el reintegro en el supuesto de incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención. En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte del beneficiario de las medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligado.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobro lo previsto en el artículo 22 de la presente Ley.

2. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente.

3. En cuanto a la prescripción, regirá lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y lo previsto en el párrafo siguiente, sin perjuicio de lo establecido en la normativa comunitaria.

En los supuestos de subvenciones de justificación previa, el plazo de prescripción se computará desde la fecha en la que se materialice el pago de la subvención.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

Datos clave

  • Procede el reintegro y el interés de demora en los casos del artículo 37 de la Ley 38/2003.
  • También procede por incumplimiento de las normas medioambientales, previa resolución administrativa o judicial firme.
  • Las cantidades a reintegrar son ingresos de derecho público.
  • Interés de demora: interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo otra previsión presupuestaria estatal o comunitaria.
  • En subvenciones de justificación previa, la prescripción se computa desde la fecha en que se materialice el pago.
  • Plazo máximo para resolver y notificar el reintegro: doce meses desde el acuerdo de iniciación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuándo procede el reintegro de subvenciones y con qué interés, incluido el incumplimiento medioambiental acreditado en resolución firme, cómo prescribe y en qué plazo se resuelve: doce meses.

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Artículo 127. Competencia para la resolución del procedimiento de reintegro.

El artículo 127 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, atribuye la competencia para la resolución del procedimiento de reintegro.

1. Será competente para resolver el reintegro el órgano o entidad concedente de la subvención.

La resolución de reintegro será notificada por el órgano que la hubiese dictado a la persona o entidad interesada, con indicación de la forma y plazo en que deba efectuarse el pago.

2. Corresponderá a la Agencia Tributaria de Andalucía la resolución, o inadmisión en su caso, de las solicitudes de compensación, así como de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento a que se refiere el artículo 124 ter.

La derivación de responsabilidad a que se refiere el artículo 40.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se realice en período voluntario de pago, corresponderá al órgano competente para acordar el reintegro.

3. No obstante lo anterior, en el caso de subvenciones gestionadas por el Organismo Pagador de Andalucía de los Fondos Europeos Agrarios, corresponderán al mismo:

a) La resolución o inadmisión de solicitudes de compensación en las que el crédito y la deuda deriven de procedimientos cuya competencia corresponda al organismo pagador.

b) La resolución o inadmisión de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario de pago de reintegros de subvenciones acordadas por el organismo pagador.

Datos clave

  • Resuelve el reintegro el órgano o entidad concedente de la subvención.
  • La resolución se notifica indicando la forma y plazo en que deba efectuarse el pago.
  • La Agencia Tributaria de Andalucía resuelve las solicitudes de compensación, aplazamiento y fraccionamiento del artículo 124 ter.
  • La derivación de responsabilidad en período voluntario corresponde al órgano competente para acordar el reintegro.
  • En las subvenciones del Organismo Pagador de Andalucía de los Fondos Europeos Agrarios, este resuelve la compensación y el aplazamiento o fraccionamiento en voluntaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Resuelve el reintegro quien concedió la subvención; la Agencia Tributaria de Andalucía resuelve compensaciones, aplazamientos y fraccionamientos, salvo en las subvenciones del Organismo Pagador de los Fondos Europeos Agrarios.

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Artículo 128. Actuaciones de control.

Cuando los hechos y circunstancias que motiven el reintegro se conozcan como consecuencia de actuaciones de control de la Intervención General de la Junta de Andalucía, ésta dará traslado al órgano o entidad concedente de la subvención de que se trate, de las actas e informes de comprobación en que se plasmen los resultados de los controles realizados, para la instrucción y resolución del procedimiento de reintegro.

Datos clave

  • Se refiere a hechos que motiven el reintegro conocidos por actuaciones de control de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
  • La Intervención General da traslado de las actas e informes de comprobación al órgano o entidad concedente.
  • El traslado sirve para la instrucción y resolución del procedimiento de reintegro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si la causa de reintegro aflora en un control de la Intervención General, esta envía las actas e informes al órgano concedente para que instruya y resuelva el reintegro.

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Artículo 129. Régimen sancionador.

El artículo 129 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, establece el régimen sancionador en materia de subvenciones aplicable en el ámbito de la Junta de Andalucía.

1. El régimen sancionador en materia de subvenciones aplicable en el ámbito de la Junta de Andalucía será el previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siendo competentes para acordar e imponer las sanciones las personas titulares de las respectivas Consejerías.

2. Los administradores o administradoras de las personas jurídicas serán responsables subsidiariamente de la sanción en los mismos casos previstos en el artículo 126 de la presente Ley.

3. Los auditores de cuentas incurrirán en infracción administrativa leve, sancionable de conformidad con lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, cuando el informe que incorporen a la cuenta justificativa, de conformidad con el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, no se ajuste al alcance que se determine en las bases reguladoras de las subvenciones y no se cumpla lo dispuesto en la normativa general que sea de aplicación para la correcta justificación de aquellas.

4. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá establecer directrices generales para la aplicación del régimen sancionador.

Datos clave

  • Se aplica el régimen sancionador del Título IV de la Ley 38/2003.
  • Acuerdan e imponen las sanciones las personas titulares de las respectivas Consejerías.
  • Los administradores de las personas jurídicas responden subsidiariamente en los casos del artículo 126.
  • Los auditores de cuentas incurren en infracción leve si su informe no se ajusta al alcance de las bases reguladoras.
  • La Consejería competente en materia de Hacienda puede establecer directrices generales para aplicar el régimen sancionador.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En subvenciones de la Junta se aplica el régimen sancionador de la Ley General de Subvenciones; sancionan los titulares de las Consejerías y hay reglas para administradores y auditores.

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Artículo 2. Clasificación de las subvenciones

El artículo 2 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, clasifica las subvenciones atendiendo al procedimiento de concesión, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 38/2003 y el artículo 120.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

1. Atendiendo al procedimiento de concesión y de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 120.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, a efectos de este Reglamento las subvenciones se clasifican en regladas y de concesión directa.

2. Las subvenciones regladas se clasifican a su vez en:

a) Subvenciones cuyo procedimiento de concesión es iniciado de oficio. Son aquellas que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, entendiendo por tal el procedimiento de concesión de subvenciones que se desarrolla mediante la comparación de las solicitudes presentadas en un único procedimiento, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras, y de adjudicar, con el límite del crédito disponible fijado en la convocatoria, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios que habrán de tramitarse, valorarse y resolverse de forma conjunta.

b) Subvenciones cuyo procedimiento de concesión es iniciado a solicitud de la persona interesada. Son aquellas que se conceden en régimen de concurrencia no competitiva, en atención a la existencia de una determinada situación en la persona beneficiaria, sin que sea necesario establecer en tales casos la comparación de las solicitudes, ni la prelación entre las mismas, tramitándose y resolviéndose de forma independiente.

3. Las subvenciones de concesión directa se clasifican a su vez en:

a) Nominativas. Son aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y persona beneficiaria aparecen determinados expresamente en los créditos iniciales de las leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) De imposición legal. Son aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango de Ley.

c) Excepcionales. Son aquellas en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

Datos clave

  • Por el procedimiento de concesión, las subvenciones se clasifican en regladas y de concesión directa.
  • Regladas iniciadas de oficio: se conceden en régimen de concurrencia competitiva, con prelación según los criterios de valoración de las bases reguladoras.
  • En concurrencia competitiva se adjudica con el límite del crédito disponible fijado en la convocatoria y las solicitudes se tramitan, valoran y resuelven de forma conjunta.
  • Regladas iniciadas a solicitud de la persona interesada: concurrencia no competitiva, sin comparación ni prelación, tramitándose y resolviéndose de forma independiente.
  • Concesión directa nominativa: objeto, dotación presupuestaria y persona beneficiaria determinados en los créditos iniciales de las leyes del Presupuesto.
  • Concesión directa de imposición legal: su otorgamiento o cuantía viene impuesto por una norma de rango de Ley.
  • Concesión directa excepcional: razones de interés público, social, económico o humanitario u otras que dificulten su convocatoria pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Por el procedimiento de concesión, las subvenciones son regladas (de oficio en concurrencia competitiva o a solicitud en concurrencia no competitiva) o de concesión directa (nominativas, de imposición legal o excepcionales).

Esquema

Subvenciones regladas
Iniciadas de oficioA solicitud del interesado
RégimenConcurrencia competitivaConcurrencia no competitiva
Comparación y prelaciónSí, según los criterios de las bases reguladorasNo
TramitaciónConjuntaIndependiente

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Artículo 21. Justificación de la subvención

El artículo 21 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, determina el contenido de las bases reguladoras en materia de justificación de la subvención.

1. Las bases reguladoras deberán contener el plazo y forma de justificación por parte de la persona beneficiaria o de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de fondos percibidos bien mediante cuenta justificativa, por módulos o presentación de estados contables en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Capítulo II del Título II del Reglamento de dicha Ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Las subvenciones a las corporaciones locales se justificarán mediante un certificado de la intervención de la entidad correspondiente, acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron concedidas.

2. Asimismo, las citadas bases indicarán que la justificación deberá comprender el gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de la subvención sea inferior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.4.

Datos clave

  • Las bases reguladoras fijan el plazo y la forma de justificación del cumplimiento de la finalidad y de la aplicación de los fondos.
  • Modalidades: cuenta justificativa, módulos o presentación de estados contables (art. 30 de la Ley 38/2003 y Real Decreto 887/2006).
  • Las subvenciones a las corporaciones locales se justifican mediante certificado de la intervención de la entidad correspondiente.
  • La justificación comprende el gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de la subvención sea inferior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las bases reguladoras fijan plazo y forma de justificar la finalidad y el uso de los fondos; las corporaciones locales justifican con certificado de su intervención, y siempre se justifica el gasto total de la actividad.

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Artículo 31. Publicación trimestral de las subvenciones concedidas

El artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, regula la publicación trimestral de las subvenciones concedidas.

1. A efectos de general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las subvenciones concedidas se publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, la persona o entidad beneficiaria, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la subvención.

2. Se exceptúan de dicha publicación las subvenciones en el supuesto previsto en el artículo 18.3.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre cuando, conforme a las bases reguladoras, la publicidad se efectúe a través de la correspondiente sede electrónica, así como en el supuesto previsto en el artículo 18.3.d) de dicha Ley.

Datos clave

  • Las subvenciones concedidas se publican trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
  • Se publican con la convocatoria, programa y crédito presupuestario, persona o entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad.
  • Fundamento: artículos 18.1 de la Ley 38/2003 y 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
  • Excepción: supuesto del artículo 18.3.c) de la Ley 38/2003 cuando la publicidad se haga por la sede electrónica, según las bases reguladoras.
  • Excepción: supuesto del artículo 18.3.d) de la Ley 38/2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las subvenciones concedidas se publican cada trimestre en el BOJA con sus datos básicos, salvo dos supuestos del artículo 18.3 de la Ley 38/2003, uno de ellos condicionado a la publicidad en sede electrónica.

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