Tema 9: El Tribunal Constitucional: composición y funciones. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. Conflictos constitucionales.
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Constitución Española · Art. 53
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Datos clave
- ¿Qué procedimiento protege los derechos del art. 14 y la Sección 1ª del Capítulo II? → Uno basado en la preferencia y sumariedad ante tribunales ordinarios, más el recurso de amparo ante el TC.
- ¿Puede alegarse directamente un principio rector del Capítulo III ante un tribunal? → No, solo según lo que dispongan las leyes que lo desarrollen.
- ¿Qué debe respetar siempre una ley que regule el ejercicio de un derecho del Capítulo II? → Su contenido esencial.
- El recurso de amparo del art. 53.2 también cubre la objeción de conciencia del art. 30, aunque esté fuera de la sección 1ª.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija tres niveles de protección de los derechos del Título I: vinculación directa y contenido esencial, recurso de amparo reforzado, y mera orientación para los principios rectores.
Esquema
| Cap. II (general) | Art. 14 + Sección 1ª | Cap. III (principios) | |
|---|---|---|---|
| Protección | Reserva de ley + contenido esencial | Preferencia y sumariedad + amparo ante el TC | Solo orientan la legislación |
| Alegación ante tribunales | Conforme al art. 161.1.a) | Directa, por procedimiento especial y amparo | Solo según las leyes que los desarrollen |
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Constitución Española · Art. 95
1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.
Datos clave
- ¿Qué exige la Constitución antes de firmar un tratado con estipulaciones contrarias a ella? → La previa revisión constitucional.
- ¿Quién puede requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre esa contradicción? → El Gobierno o cualquiera de las Cámaras.
- Legitimados solo tres: Gobierno, Congreso o Senado. Ni las Comunidades Autónomas ni los ciudadanos pueden requerir al Tribunal Constitucional por esta vía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si un tratado choca con la Constitución, hay que reformarla antes de poder firmarlo. Para saber si hay contradicción, solo el Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueden preguntárselo al Tribunal Constitucional.
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Constitución Española · Art. 159
1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. 3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. 4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. 5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
Datos clave
- ¿Cómo se reparten las propuestas de los 12 miembros del Tribunal Constitucional? → Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro del Senado con idéntica mayoría, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial.
- ¿Cuánto dura el mandato de un miembro del Tribunal Constitucional y cómo se renueva el Tribunal? → Nueve años de mandato, con renovación por terceras partes cada tres años.
- ¿Entre quiénes se nombran los miembros del Tribunal Constitucional? → Entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
- 4 + 4 + 2 + 2 = 12: cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, ambos por mayoría de tres quintos; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- Los números del artículo en fila: 12 miembros, 3/5 de mayoría, más de 15 años de ejercicio, 9 años de mandato, renovación por tercios cada 3.
- Ni el nombramiento es del Congreso ni la propuesta es del Rey: todos los nombra el Rey, todos son propuestos por otros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Composición y estatuto de los miembros del Tribunal Constitucional: quién los propone, qué requisitos reúnen, cuánto duran y con qué son incompatibles.
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Constitución Española · 160
El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.
Datos clave
- El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por el Rey.
- Se elige entre los propios miembros del Tribunal.
- La propuesta corresponde al Tribunal en pleno.
- El mandato dura tres años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Presidente del Tribunal Constitucional lo nombra el Rey entre los miembros del Tribunal, a propuesta del Tribunal en pleno, por tres años.
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Constitución Española · Art. 161
1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. 2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
Datos clave
- ¿Qué plazo tiene el Tribunal Constitucional para ratificar o levantar la suspensión del artículo 161.2? → Un plazo no superior a cinco meses.
- ¿Qué contiene la letra c) del artículo 161.1? → Los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o los de estas entre sí.
- ¿Qué pasa con las sentencias ya dictadas cuando se declara inconstitucional una norma interpretada por la jurisprudencia? → La declaración afecta a esa jurisprudencia, pero las sentencias recaídas no pierden el valor de cosa juzgada.
- Cuatro letras, de la a) a la d): inconstitucionalidad, amparo, conflictos, cajón de sastre. La d) remite a la Constitución y a las leyes orgánicas, no a cualquier ley.
- Cinco meses es el único plazo del artículo, y va con la impugnación del Gobierno del 161.2.
- El amparo del 161.1.b) va atado al artículo 53.2: si no está ahí el derecho, no hay amparo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Competencias del Tribunal Constitucional (inconstitucionalidad, amparo, conflictos de competencia y demás materias) y la impugnación por el Gobierno de disposiciones autonómicas, con suspensión que el Tribunal ratifica o levanta en cinco meses como máximo.
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Constitución Española · Art. 162
1. Están legitimados: a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.
Datos clave
- ¿Quiénes están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad? → El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, sus Asambleas.
- ¿Quiénes están legitimados para interponer el recurso de amparo? → Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
- Cincuenta y cincuenta: 50 Diputados o 50 Senadores. Mismo número en las dos Cámaras.
- Quien repite en las dos letras es el Defensor del Pueblo. Memoriza esa única intersección y el resto sale por descarte.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién puede interponer el recurso de inconstitucionalidad y el de amparo; en los demás casos decide la ley orgánica. El Defensor del Pueblo es el único que aparece en ambas listas.
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Constitución Española · Art. 163
Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
Datos clave
- ¿Qué condiciones debe reunir la norma para plantear una cuestión de inconstitucionalidad? → Ser una norma con rango de ley, aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, y que el órgano judicial la considere posiblemente contraria a la Constitución.
- ¿Qué efectos tiene el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad? → Los que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
- Tres filtros que caen siempre juntos: rango de ley, aplicable al caso y de su validez depende el fallo. Si falla uno, no hay cuestión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuestión de inconstitucionalidad: el órgano judicial la plantea ante el Tribunal Constitucional si una norma con rango de ley, aplicable al caso y decisiva para el fallo, puede ser contraria a la Constitución. Sin efectos suspensivos.
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Constitución Española · Art. 164
1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. 2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.
Datos clave
- ¿Desde cuándo tienen valor de cosa juzgada las sentencias del Tribunal Constitucional? → A partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y no cabe recurso alguno contra ellas.
- ¿Qué sentencias del Tribunal Constitucional tienen plenos efectos frente a todos? → Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho.
- ¿Qué ocurre con la parte de la ley no afectada por la inconstitucionalidad? → Subsiste su vigencia, salvo que en el fallo se disponga otra cosa.
- Tres datos seguidos: BOE con votos particulares, cosa juzgada al día siguiente, sin recurso alguno.
- La frase que decide el efecto general es «que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho». Subráyala: es la que separa el erga omnes del efecto entre partes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sentencias del TC se publican en el BOE con los votos particulares, son cosa juzgada desde el día siguiente y sin recurso; algunas valen frente a todos, y la parte de ley no afectada sigue vigente salvo que el fallo diga otra cosa.
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Constitución Española · 165
Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.
Datos clave
- Una ley orgánica regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional.
- Esa ley fija el estatuto de sus miembros.
- También regula el procedimiento ante el Tribunal.
- Y las condiciones para el ejercicio de las acciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Una ley orgánica regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante él y las condiciones para ejercer las acciones.
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Artículo 1. Naturaleza y jurisdicción del Tribunal Constitucional
El artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), define la posición institucional del Tribunal.
El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la propia Ley Orgánica.
Además, es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional.
Datos clave
- El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución.
- Es independiente de los demás órganos constitucionales.
- Está sometido sólo a la Constitución y a la LOTC.
- Es único en su orden y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales, sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica, único en su orden y con jurisdicción en todo el territorio.
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Artículo 2. Competencias y potestad reglamentaria del Tribunal Constitucional
El artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, enumera los asuntos de los que conoce el Tribunal, en los casos y en la forma que la Ley determina:
a) Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.
b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en el artículo 53.2 de la Constitución.
c) De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
d) De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.
d bis) De los conflictos en defensa de la autonomía local.
e) De la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales.
e bis) Del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo 79 de la Ley.
f) De las impugnaciones previstas en el artículo 161.2 de la Constitución.
g) De la verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la Ley.
h) De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las Leyes orgánicas.
Potestad reglamentaria. El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios, dentro del ámbito de la Ley. Estos reglamentos deberán ser aprobados por el Tribunal en Pleno y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», autorizados por su Presidente.
Datos clave
- Conoce del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.
- El recurso de amparo protege los derechos y libertades del artículo 53.2 CE.
- Conoce de conflictos de competencia, entre órganos constitucionales y en defensa de la autonomía local.
- Control previo de inconstitucionalidad del artículo 79 LOTC e impugnaciones del artículo 161.2 CE.
- Verifica los nombramientos de sus propios Magistrados.
- Sus reglamentos se aprueban por el Pleno y se publican en el BOE autorizados por el Presidente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de lo que conoce el Tribunal Constitucional (inconstitucionalidad, amparo, conflictos, tratados, control previo, impugnaciones del 161.2 CE, verificación de nombramientos) y su potestad para dictar sus propios reglamentos.
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Artículo 5. Composición del Tribunal Constitucional
El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, fija la composición del Tribunal.
El Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros, que ostentan el título de Magistrados del Tribunal Constitucional.
Datos clave
- El Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros.
- Sus miembros tienen el título de Magistrados del Tribunal Constitucional.
- Es un precepto de composición: el número de miembros lo fija directamente la LOTC.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros, que llevan el título de Magistrados del Tribunal Constitucional.
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Artículo 6. Formas de actuación y composición del Pleno
El artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, establece cómo actúa el Tribunal y quién integra y preside el Pleno.
El Tribunal Constitucional actúa en Pleno, en Sala o en Sección.
El Pleno está integrado por todos los Magistrados del Tribunal. Lo preside el Presidente del Tribunal; en su defecto, el Vicepresidente; y, a falta de ambos, el Magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.
Datos clave
- El Tribunal actúa en Pleno, en Sala o en Sección.
- El Pleno lo integran todos los Magistrados.
- Preside el Pleno el Presidente; en su defecto, el Vicepresidente.
- A falta de ambos, el Magistrado más antiguo en el cargo y, a igual antigüedad, el de mayor edad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal actúa en Pleno, en Sala o en Sección. El Pleno lo forman todos los Magistrados y lo preside el Presidente, luego el Vicepresidente y, a falta de ambos, el más antiguo en el cargo o, a igualdad, el de más edad.
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Artículo 7. Las Salas del Tribunal Constitucional
El artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula las Salas del Tribunal.
El Tribunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala está compuesta por seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno.
El Presidente del Tribunal lo es también de la Sala Primera, que presidirá, en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.
El Vicepresidente del Tribunal presidirá la Sala Segunda y, en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.
Datos clave
- El Tribunal consta de dos Salas.
- Cada Sala tiene seis Magistrados nombrados por el Pleno.
- El Presidente del Tribunal preside la Sala Primera.
- El Vicepresidente preside la Sala Segunda.
- En defecto de ambos, el Magistrado más antiguo y, a igual antigüedad, el de mayor edad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos Salas de seis Magistrados nombrados por el Pleno: la Primera la preside el Presidente del Tribunal y la Segunda el Vicepresidente; en su defecto, el más antiguo y, a igualdad, el de más edad.
Esquema
| Sala Primera | Sala Segunda | |
|---|---|---|
| Preside | El Presidente del Tribunal | El Vicepresidente del Tribunal |
| En su defecto | El Magistrado más antiguo; a igual antigüedad, el de mayor edad | El Magistrado más antiguo; a igual antigüedad, el de mayor edad |
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Artículo 9. Elección del Presidente y del Vicepresidente
El artículo 9 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula la elección del Presidente y del Vicepresidente.
El Tribunal en Pleno elige de entre sus miembros, por votación secreta, a su Presidente y propone al Rey su nombramiento.
Sistema de votación:
- En primera votación se requiere la mayoría absoluta.
- Si no se alcanza, se procede a una segunda votación, en la que resulta elegido quien obtenga mayor número de votos.
- En caso de empate se efectúa una última votación y, si el empate se repite, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y, en caso de igualdad, el de mayor edad.
El nombre del elegido se eleva al Rey para su nombramiento por un período de tres años, expirado el cual podrá ser reelegido por una sola vez.
El Pleno elegirá entre sus miembros, por el mismo procedimiento y por el mismo período de tres años, un Vicepresidente, al que incumbe sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal y presidir la Sala Segunda.
Datos clave
- El Presidente lo elige el Pleno entre sus miembros por votación secreta y lo nombra el Rey.
- Primera votación: mayoría absoluta; segunda: mayor número de votos.
- Empate repetido: el de mayor antigüedad en el cargo y, a igualdad, el de mayor edad.
- Mandato de tres años, con posibilidad de reelección por una sola vez.
- El Vicepresidente se elige igual, por tres años; sustituye al Presidente y preside la Sala Segunda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Pleno elige al Presidente entre sus miembros por votación secreta y lo propone al Rey: mayoría absoluta en primera vuelta, mayor número de votos en la segunda; mandato de tres años, reelegible una sola vez.
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Artículo 10. Competencias del Tribunal en Pleno
El artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, enumera los asuntos de los que conoce el Tribunal en Pleno:
a) La constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacionales.
b) Los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y demás disposiciones con valor de ley, excepto los de mera aplicación de doctrina, cuyo conocimiento podrá atribuirse a las Salas en el trámite de admisión. Al atribuir a la Sala el conocimiento del recurso, el Pleno deberá señalar la doctrina constitucional de aplicación.
c) Las cuestiones de constitucionalidad que reserve para sí; las demás deberán deferirse a las Salas según un turno objetivo.
d) Los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí.
d bis) Los recursos previos de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de los Estatutos de Autonomía.
e) Las impugnaciones previstas en el artículo 161.2 de la Constitución.
f) Los conflictos en defensa de la autonomía local.
g) Los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.
h) Las anulaciones en defensa de la jurisdicción del Tribunal previstas en el artículo 4.3.
i) La verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de Magistrado del Tribunal Constitucional.
j) El nombramiento de los Magistrados que han de integrar cada una de las Salas.
k) La recusación de los Magistrados del Tribunal Constitucional.
l) El cese de los Magistrados en los casos previstos en el artículo 23.
m) La aprobación y modificación de los reglamentos del Tribunal.
n) Cualquier otro asunto que sea competencia del Tribunal pero recabe para sí el Pleno, a propuesta del Presidente o de tres Magistrados, así como los demás asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una ley orgánica.
En los casos de los párrafos d), e) y f), en el trámite de admisión la decisión de fondo podrá atribuirse a la Sala que corresponda según un turno objetivo, lo que se comunicará a las partes.
El Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
Datos clave
- Los recursos de inconstitucionalidad de mera aplicación de doctrina pueden atribuirse a las Salas en el trámite de admisión, señalando el Pleno la doctrina aplicable.
- Las cuestiones de constitucionalidad no reservadas por el Pleno se defieren a las Salas por turno objetivo.
- El Pleno conoce de los recursos previos contra Proyectos y Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía.
- El Pleno nombra a los Magistrados de las Salas y resuelve su recusación y su cese (artículo 23).
- Puede recabar cualquier asunto a propuesta del Presidente o de tres Magistrados.
- En conflictos de competencia, impugnaciones del 161.2 CE y conflictos en defensa de la autonomía local, el fondo puede atribuirse a la Sala por turno objetivo.
- Su presupuesto es una sección independiente de los Presupuestos Generales del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista de los asuntos del Pleno (tratados, recursos de inconstitucionalidad, conflictos, recusación y cese de Magistrados, reglamentos…), con las vías para pasar asuntos a las Salas por doctrina o por turno objetivo.
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Artículo 16. Nombramiento y mandato de los Magistrados
El artículo 16 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula la designación de los Magistrados.
Nombramiento. Los Magistrados y Magistradas del Tribunal Constitucional son nombrados por el Rey, a propuesta de las Cámaras, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, en las condiciones que establece el artículo 159.1 de la Constitución.
Cada uno de los órganos proponentes garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma que las propuestas incluyan como mínimo un cuarenta por ciento de cada uno de los sexos.
Los Magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre las candidaturas presentadas por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, en los términos que determine el Reglamento de la Cámara.
Los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado deberán comparecer previamente ante las correspondientes Comisiones, en los términos de los respectivos Reglamentos.
Mandato y renovación. La designación se hace por nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres. A partir de ese momento se produce la elección del Presidente y Vicepresidente conforme al artículo 9. Si el mandato de tres años de Presidente y Vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal, quedará prorrogado hasta que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos Magistrados.
Ningún Magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro período inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años.
Vacantes. Las vacantes producidas por causas distintas a la expiración del periodo se cubren con arreglo al mismo procedimiento utilizado para designar al Magistrado que causó la vacante y por el tiempo que a éste restase. Si hubiese retraso en la renovación por tercios, a los nuevos Magistrados designados se les restará del mandato el tiempo de retraso.
Datos clave
- Nombra el Rey, a propuesta de las Cámaras, del Gobierno y del CGPJ (artículo 159.1 CE).
- Las propuestas deben incluir como mínimo un cuarenta por ciento de cada sexo.
- Los propuestos por el Senado se eligen entre candidaturas de las Asambleas Legislativas autonómicas.
- Los candidatos del Congreso y del Senado comparecen previamente ante las Comisiones.
- Mandato de nueve años; renovación por terceras partes cada tres.
- No cabe propuesta para un período inmediato salvo ejercicio no superior a tres años.
- Las vacantes anticipadas se cubren por el tiempo que restase al sustituido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Magistrados los nombra el Rey a propuesta de las Cámaras, el Gobierno y el CGPJ, con presencia equilibrada de sexos, por nueve años y con renovación por tercios cada tres; las vacantes se cubren por el tiempo que restase.
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Artículo 18. Requisitos para ser Magistrado del Tribunal Constitucional
El artículo 18 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, fija los requisitos de los miembros del Tribunal.
Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.
Datos clave
- Deben ser ciudadanos españoles.
- Procedencia: Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados.
- Han de ser juristas de reconocida competencia.
- Más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para ser Magistrado del Tribunal Constitucional hay que ser español, venir de una de cinco procedencias jurídicas y ser jurista de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio o en activo.
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Artículo 27. Objeto de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
El artículo 27 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, abre la regulación de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad.
Mediante estos procedimientos el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados.
Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad:
a) Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes orgánicas.
b) Las demás Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley. En el caso de los Decretos legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artículo 82.6 de la Constitución.
c) Los Tratados Internacionales.
d) Los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.
e) Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas, con la misma salvedad formulada en el apartado b) respecto a los casos de delegación legislativa.
f) Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- Finalidad: garantizar la primacía de la Constitución.
- Objeto: Estatutos de Autonomía y demás Leyes orgánicas.
- Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley; Decretos legislativos sin perjuicio del artículo 82.6 CE.
- Tratados Internacionales.
- Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.
- Leyes y normas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas y Reglamentos de sus Asambleas legislativas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Por los procedimientos de inconstitucionalidad el Tribunal garantiza la primacía de la Constitución. Pueden ser controlados Estatutos y leyes orgánicas, leyes y normas con fuerza de ley estatales y autonómicas, tratados y reglamentos parlamentarios.
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Artículo 29. Vías para promover la declaración de inconstitucionalidad
El artículo 29 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, establece las vías para promover la declaración de inconstitucionalidad:
a) El recurso de inconstitucionalidad.
b) La cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales.
La desestimación, por razones de forma, de un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley no será obstáculo para que la misma Ley, disposición o acto puedan ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad con ocasión de su aplicación en otro proceso.
Datos clave
- Dos vías: recurso de inconstitucionalidad y cuestión de inconstitucionalidad.
- La cuestión la promueven Jueces o Tribunales.
- La desestimación por razones de forma de un recurso no impide plantear después una cuestión sobre la misma norma.
- La cuestión se plantea con ocasión de su aplicación en otro proceso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hay dos vías para promover la inconstitucionalidad: el recurso y la cuestión que plantean Jueces o Tribunales. Si el recurso se desestima por razones de forma, la misma norma puede llegar luego por vía de cuestión.
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Artículo 31. Momento de interposición del recurso de inconstitucionalidad
El artículo 31 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, fija el momento a partir del cual puede interponerse el recurso de inconstitucionalidad.
El recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley podrá promoverse a partir de su publicación oficial.
Datos clave
- Objeto: Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.
- Dies a quo: el recurso puede promoverse a partir de la publicación oficial de la norma.
- No se exige ningún otro presupuesto temporal que la publicación oficial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El recurso de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley puede interponerse desde su publicación oficial.
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Artículo 32. Legitimación para el recurso de inconstitucionalidad
El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, determina quién puede interponer el recurso de inconstitucionalidad.
Legitimación general. Contra Estatutos de Autonomía y demás Leyes del Estado, orgánicas o en cualesquiera de sus formas, disposiciones normativas y actos del Estado o de las Comunidades Autónomas con fuerza de ley, Tratados Internacionales y Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales, están legitimados:
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Defensor del Pueblo.
c) Cincuenta Diputados.
d) Cincuenta Senadores.
Legitimación autonómica. Contra las Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía, están también legitimados los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas, previo acuerdo adoptado al efecto.
Datos clave
- Legitimados: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados y cincuenta Senadores.
- Los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden recurrir normas del Estado.
- Requisito autonómico: que la norma estatal pueda afectar a su propio ámbito de autonomía.
- Las Comunidades Autónomas necesitan previo acuerdo adoptado al efecto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Pueden interponer el recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados y cincuenta Senadores; los ejecutivos y Asambleas autonómicas, solo contra normas estatales que afecten a su autonomía.
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Artículo 33. Plazo y forma del recurso de inconstitucionalidad
El artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula el plazo y la forma de interposición del recurso de inconstitucionalidad.
Plazo general. El recurso se formulará dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado, mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional. En ella se expresarán las circunstancias de identidad de las personas u órganos que ejercitan la acción y, en su caso, de sus comisionados, se concretará la Ley, disposición o acto impugnado, en todo o en parte, y se precisará el precepto constitucional que se entiende infringido.
Plazo ampliado de nueve meses. El Presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas podrán interponer el recurso en el plazo de nueve meses cuando, con la finalidad de evitar la interposición del recurso, se cumplan estos requisitos:
a) Que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma, pudiendo solicitar su convocatoria cualquiera de las dos Administraciones.
b) Que en el seno de dicha Comisión Bilateral se haya adoptado un acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias, pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo. Este acuerdo podrá referirse a la invocación o no de la suspensión de la norma si se presenta el recurso en este plazo.
c) Que el acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional por dichos órganos dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la norma, y se inserte en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial» de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de interposición del recurso por los demás órganos y personas a que se refiere el artículo 32.
Datos clave
- Plazo general: tres meses desde la publicación de la norma impugnada.
- Se interpone mediante demanda que identifica a los recurrentes, la norma impugnada y el precepto constitucional infringido.
- Plazo de nueve meses solo para el Presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos autonómicos.
- Requiere reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación y acuerdo de iniciación de negociaciones.
- El acuerdo se comunica al Tribunal dentro de los tres meses siguientes a la publicación y se publica en el BOE y en el Diario Oficial autonómico.
- No afecta a la legitimación de los demás sujetos del artículo 32.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El recurso de inconstitucionalidad se interpone en tres meses desde la publicación, por demanda; el Presidente del Gobierno y los ejecutivos autonómicos tienen nueve meses si negocian en la Comisión Bilateral y lo comunican en plazo.
Esquema
| Plazo general | Plazo ampliado | |
|---|---|---|
| Duración | Tres meses desde la publicación | Nueve meses |
| Quién | Todos los legitimados del artículo 32 | Presidente del Gobierno y órganos colegiados ejecutivos autonómicos |
| Condición | Demanda con los requisitos de identificación, norma y precepto | Comisión Bilateral, acuerdo de negociación y comunicación en tres meses |
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Artículo 35. Planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad
El artículo 35 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por los órganos judiciales.
Presupuesto. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional.
Momento y contenido. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia o la resolución jurisdiccional que procediese. Deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuestionada, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma.
Audiencia y auto. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que, en el plazo común e improrrogable de 10 días, aleguen sobre la pertinencia de plantear la cuestión o sobre su fondo; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión podrá intentarse de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme.
Efectos. El planteamiento de la cuestión origina la suspensión provisional de las actuaciones hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta, el proceso judicial permanece suspendido hasta que el Tribunal resuelva definitivamente.
Datos clave
- La plantea el Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte.
- Norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo.
- Solo una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia.
- Audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal: plazo común e improrrogable de 10 días.
- El juez resuelve por auto en tres días; el auto no es recurrible.
- Puede reintentarse en sucesivas instancias mientras no haya sentencia firme.
- Suspensión provisional hasta la admisión; tras ella, suspensión hasta la resolución definitiva.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El juez plantea la cuestión de inconstitucionalidad si duda de una norma con rango de ley aplicable y decisiva para el fallo, una vez concluso el procedimiento, tras oír a partes y Fiscal en diez días; el proceso queda suspendido.
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Artículo 38. Efectos de las sentencias en procedimientos de inconstitucionalidad
El artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula los efectos de las sentencias dictadas en procedimientos de inconstitucionalidad.
Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad y en conflictos en defensa de la autonomía local impedirán cualquier planteamiento ulterior de la cuestión por cualquiera de las dos vías, fundado en la misma infracción de idéntico precepto constitucional.
En las cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional comunicará inmediatamente la sentencia al órgano judicial competente para la decisión del proceso, que la notificará a las partes. El Juez o Tribunal quedará vinculado desde que tenga conocimiento de la sentencia y las partes desde que sean notificadas.
Datos clave
- Valor de cosa juzgada y vinculación a todos los Poderes Públicos.
- Efectos generales desde su publicación en el BOE.
- Las desestimatorias en recursos y en conflictos en defensa de la autonomía local impiden replantear la cuestión por la misma infracción del mismo precepto.
- En cuestiones, el órgano judicial queda vinculado desde que conoce la sentencia; las partes, desde su notificación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sentencias de inconstitucionalidad son cosa juzgada, vinculan a todos los Poderes Públicos y tienen efectos generales desde su publicación en el BOE; las desestimatorias impiden replantear la misma infracción.
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Artículo 39. Declaración de nulidad y fundamento de la inconstitucionalidad
El artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula el contenido de la sentencia que declara la inconstitucionalidad.
Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, disposición o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia.
El Tribunal Constitucional podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso del proceso.
Datos clave
- La declaración de inconstitucionalidad conlleva la nulidad de los preceptos impugnados.
- La nulidad puede extenderse por conexión o consecuencia a otros preceptos de la misma norma.
- El Tribunal puede fundarla en cualquier precepto constitucional, haya sido invocado o no.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Declarar la inconstitucionalidad implica declarar la nulidad de los preceptos impugnados y, por conexión o consecuencia, de otros de la misma norma; el Tribunal puede apoyarse en cualquier precepto constitucional, invocado o no.
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Artículo 40. Efectos sobre procesos fenecidos y jurisprudencia
El artículo 40 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, delimita los efectos de las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad sobre situaciones ya resueltas.
Regla general. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las normas inconstitucionales.
Excepción. Sí cabe en los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad.
En todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales.
Datos clave
- No permiten revisar procesos fenecidos con sentencia con fuerza de cosa juzgada.
- Excepción: procesos penales o contencioso-administrativos sancionadores.
- La excepción opera si resulta reducción de la pena o sanción o exclusión, exención o limitación de la responsabilidad.
- La jurisprudencia ordinaria se entiende corregida por la doctrina del Tribunal Constitucional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Declarar inconstitucional una ley no reabre los procesos ya cerrados con cosa juzgada, salvo en los penales y contencioso-sancionadores si la nulidad beneficia al afectado; la jurisprudencia queda corregida por la doctrina del Tribunal.
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Artículo 41. Objeto del recurso de amparo
El artículo 41 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, delimita el ámbito del recurso de amparo.
Derechos protegidos. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución son susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que la Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual protección se aplica a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución.
Origen de la vulneración. El recurso protege frente a las violaciones de esos derechos y libertades originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.
Pretensiones. En el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso.
Datos clave
- Protege los derechos y libertades de los artículos 14 a 29 CE.
- También protege la objeción de conciencia del artículo 30 CE.
- Sin perjuicio de la tutela general de los Tribunales de Justicia.
- Frente a disposiciones, actos jurídicos, omisiones o vía de hecho de los poderes públicos y sus funcionarios o agentes.
- Solo cabe pretender restablecer o preservar el derecho o libertad vulnerado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El amparo protege los derechos de los artículos 14 a 29 CE y la objeción de conciencia del 30 frente a cualquier actuación u omisión de los poderes públicos, y solo sirve para restablecer o preservar esos derechos.
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Artículo 42. Amparo frente a actos parlamentarios
El artículo 42 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula el amparo frente a actos de los órganos legislativos.
Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o de sus órganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean firmes.
Datos clave
- Objeto: decisiones o actos sin valor de Ley de las Cortes, de las Asambleas legislativas autonómicas o de sus órganos.
- Plazo: tres meses.
- El plazo se cuenta desde que los actos sean firmes según las normas internas de las Cámaras o Asambleas.
- Protege frente a violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las decisiones o actos sin valor de Ley de las Cortes, las Asambleas autonómicas o sus órganos que violen derechos amparables se recurren en amparo en tres meses desde que sean firmes según sus normas internas.
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Artículo 43. Amparo frente a actos del Gobierno y de la Administración
El artículo 43 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula el amparo frente a actuaciones del poder ejecutivo.
Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o de sus autoridades, funcionarios o agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente.
El plazo para interponer el recurso de amparo será el de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
El recurso sólo podrá fundarse en la infracción por una resolución firme de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades susceptibles de amparo.
Datos clave
- Origen: Gobierno, órganos ejecutivos colegiados autonómicos y sus autoridades, funcionarios o agentes.
- Requisito: haber agotado la vía judicial procedente.
- Plazo: veinte días siguientes a la notificación de la resolución judicial previa.
- Debe fundarse en la infracción por una resolución firme de derechos susceptibles de amparo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las lesiones de derechos amparables causadas por el Gobierno, los ejecutivos autonómicos o sus autoridades y funcionarios llegan en amparo tras agotar la vía judicial, en veinte días desde la notificación de la resolución judicial.
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Artículo 44. Amparo frente a actos u omisiones judiciales
El artículo 44 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula el amparo frente a vulneraciones de origen judicial.
Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo que tengan su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.
b) Que la violación sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.
c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello.
El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.
Datos clave
- Origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial.
- Agotamiento de todos los medios de impugnación de la vía judicial.
- El Tribunal Constitucional no entra a conocer de los hechos que dieron lugar al proceso.
- Denuncia formal de la vulneración en el proceso tan pronto como hubiera lugar.
- Plazo: 30 días desde la notificación de la resolución judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Amparo contra actos u omisiones judiciales: agotar todos los recursos, que la lesión sea imputable directamente al órgano judicial y haberla denunciado en el proceso; plazo de 30 días desde la notificación.
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Artículo 46. Legitimación para el recurso de amparo
El artículo 46 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, determina quién puede interponer el recurso de amparo.
Están legitimados:
a) En los casos de los artículos 42 y 45, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
b) En los casos de los artículos 43 y 44, quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
Si el recurso lo promueve el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal, la Sala competente lo comunicará a los posibles agraviados que fueran conocidos y ordenará anunciar la interposición en el «Boletín Oficial del Estado» a efectos de comparecencia de otros posibles interesados. Dicha publicación tendrá carácter preferente.
Datos clave
- Artículos 42 y 45: la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
- Artículos 43 y 44: quienes hayan sido parte en el proceso judicial, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
- Si recurren el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal, se comunica a los agraviados conocidos.
- La interposición se anuncia en el BOE con carácter preferente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Legitimados en amparo: el directamente afectado (actos parlamentarios y del artículo 45) o quien fue parte en el proceso (artículos 43 y 44), y siempre el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
Esquema
| Artículos 42 y 45 | Artículos 43 y 44 | |
|---|---|---|
| Particular | La persona directamente afectada | Quienes hayan sido parte en el proceso judicial |
| Institucional | Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal | Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal |
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Artículo 49. Demanda de amparo
El artículo 49 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula la demanda que inicia el recurso de amparo.
Contenido. El recurso se inicia mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad vulnerado. En todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso.
Documentos que se acompañan:
a) El documento que acredite la representación del solicitante del amparo.
b) En su caso, la copia, traslado o certificación de la resolución recaída en el procedimiento judicial o administrativo.
También se acompañarán tantas copias literales de la demanda y de los documentos como partes en el previo proceso, si lo hubiere, y una más para el Ministerio Fiscal.
Subsanación. Si se incumple cualquiera de estos requisitos, las Secretarías de Justicia lo pondrán de manifiesto al interesado en el plazo de 10 días, con el apercibimiento de que, de no subsanarse el defecto, se acordará la inadmisión del recurso.
Datos clave
- La demanda expone hechos, preceptos constitucionales infringidos y el amparo que se solicita.
- Debe justificar en todo caso la especial trascendencia constitucional del recurso.
- Se acompaña el documento de representación y, en su caso, la resolución judicial o administrativa.
- Copias para cada parte del previo proceso y una más para el Ministerio Fiscal.
- Defectos: las Secretarías de Justicia conceden 10 días para subsanar, con apercibimiento de inadmisión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La demanda de amparo expone hechos, preceptos infringidos y el amparo pedido, justifica siempre la especial trascendencia constitucional y va con representación, resolución previa y copias; los defectos se subsanan en 10 días.
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Artículo 50. Admisión a trámite del recurso de amparo
El artículo 50 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula la admisión a trámite del recurso de amparo.
El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trámite. La Sección, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante providencia la admisión, en todo o en parte, solamente cuando concurran todos los requisitos siguientes:
a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 y 49.
b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.
Cuando la admisión, aun habiendo obtenido la mayoría, no alcance la unanimidad, la Sección trasladará la decisión a la Sala respectiva para su resolución.
Inadmisión. Las providencias de inadmisión, adoptadas por las Secciones o las Salas, especificarán el requisito incumplido y se notificarán al demandante y al Ministerio Fiscal. Solamente podrán ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal en el plazo de tres días. Este recurso se resolverá mediante auto, que no será susceptible de impugnación alguna.
Defectos subsanables. Si la demanda presenta uno o varios defectos subsanables, se procederá conforme al artículo 49.4; de no subsanarse en el plazo fijado, la Sección acordará la inadmisión mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno.
Datos clave
- La Sección admite por unanimidad mediante providencia.
- Requisitos: cumplir los artículos 41 a 46 y 49 y la especial trascendencia constitucional.
- Si hay mayoría sin unanimidad, decide la Sala.
- La inadmisión especifica el requisito incumplido y se notifica al demandante y al Ministerio Fiscal.
- Solo el Ministerio Fiscal puede recurrir en súplica, en tres días; se resuelve por auto inimpugnable.
- Defectos no subsanados: inadmisión por providencia sin recurso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sección admite el amparo por unanimidad y providencia si se cumplen los requisitos formales y hay especial trascendencia constitucional; sin unanimidad decide la Sala, y la inadmisión solo la recurre el Fiscal en súplica.
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Artículo 55. Contenido de la sentencia que otorga el amparo
El artículo 55 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, fija el contenido de la sentencia estimatoria de amparo.
La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes:
a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos.
b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado.
c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.
Autocuestión de inconstitucionalidad. Si el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la Sala o, en su caso, la Sección, la ley aplicada lesiona derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia, de conformidad con los artículos 35 y siguientes.
Datos clave
- Pronunciamientos posibles: nulidad, reconocimiento del derecho y restablecimiento en su integridad.
- La nulidad puede ir acompañada de la determinación de la extensión de sus efectos.
- Si la lesión procede de la ley aplicada, la Sala o la Sección eleva la cuestión al Pleno.
- La elevación suspende el plazo para dictar sentencia y se rige por los artículos 35 y siguientes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La sentencia que otorga el amparo puede declarar la nulidad, reconocer el derecho y restablecer al recurrente; si la lesión viene de la propia ley aplicada, la Sala o la Sección eleva la cuestión al Pleno.
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Artículo 56. Suspensión y medidas cautelares en el amparo
El artículo 56 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula la suspensión y las medidas cautelares en el recurso de amparo.
Regla general. La interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados.
Suspensión. Cuando la ejecución produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, la Sala, o la Sección en el supuesto del artículo 52.2, de oficio o a instancia del recurrente, podrá disponer la suspensión, total o parcial, de sus efectos, siempre que no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona.
Otras medidas. La Sala o la Sección podrá adoptar cualesquiera medidas cautelares y resoluciones provisionales previstas en el ordenamiento que, por su naturaleza, puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso pierda su finalidad.
Tramitación. La suspensión u otra medida cautelar podrá pedirse en cualquier tiempo, antes de la sentencia o de decidirse el amparo de otro modo. El incidente se sustanciará con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, por un plazo común que no excederá de tres días, y con el informe de las autoridades responsables de la ejecución si la Sala o la Sección lo creyera necesario. La Sala o la Sección podrá condicionar la denegación de la suspensión, cuando pudiera seguirse perturbación grave de los derechos de un tercero, a la constitución de caución suficiente para responder de los daños o perjuicios.
Fianza. La Sala o la Sección podrá condicionar la suspensión y las medidas cautelares a la prestación por el interesado de fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios; su fijación y determinación podrá delegarse en el órgano jurisdiccional de instancia.
Urgencia excepcional. La suspensión y las medidas cautelares y provisionales podrán adoptarse en la resolución de admisión a trámite. Dicha adopción podrá impugnarse en el plazo de cinco días desde su notificación por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas; la Sala o la Sección resolverá mediante auto no susceptible de recurso alguno.
Datos clave
- La interposición del amparo no suspende los efectos del acto o sentencia impugnados.
- Cabe suspensión total o parcial si la ejecución hiciera perder al amparo su finalidad.
- Límite: que no cause perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido ni a derechos de terceros.
- Puede pedirse en cualquier tiempo antes de la sentencia; audiencia por plazo común máximo de tres días.
- Puede exigirse caución o fianza, cuya fijación puede delegarse en el órgano de instancia.
- Urgencia excepcional: medidas en la admisión a trámite, impugnables en cinco días; se resuelve por auto irrecurrible.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Recurrir en amparo no suspende el acto, pero la Sala o la Sección pueden suspenderlo o adoptar medidas cautelares si la ejecución haría perder su finalidad al amparo, siempre sin perturbar gravemente otros intereses o derechos.
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Artículo 59. Ámbito de los conflictos constitucionales
El artículo 59 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, delimita los conflictos de los que conoce el Tribunal.
El Tribunal Constitucional entenderá de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las leyes orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del Estado y las Comunidades Autónomas y que opongan:
a) Al Estado con una o más Comunidades Autónomas.
b) A dos o más Comunidades Autónomas entre sí.
c) Al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial; o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí.
El Tribunal entenderá también de los conflictos en defensa de la autonomía local que planteen los municipios y provincias frente al Estado o a una Comunidad Autónoma.
Datos clave
- Conflictos sobre competencias o atribuciones asignadas por la Constitución, los Estatutos o las leyes de delimitación.
- Estado frente a una o más Comunidades Autónomas.
- Dos o más Comunidades Autónomas entre sí.
- Conflictos entre órganos constitucionales: Gobierno, Congreso, Senado y CGPJ.
- Conflictos en defensa de la autonomía local planteados por municipios y provincias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Mapa de los conflictos que resuelve el Tribunal Constitucional: competencias entre Estado y Comunidades, atribuciones entre órganos constitucionales y defensa de la autonomía local por municipios y provincias.
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Artículo 60. Legitimación en los conflictos de competencia
El artículo 60 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, determina quién puede suscitar los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Los conflictos de competencia que opongan al Estado con una Comunidad Autónoma o a éstas entre sí podrán ser suscitados por el Gobierno o por los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas, en la forma que determinan los artículos siguientes.
Los conflictos negativos podrán ser instados también por las personas físicas o jurídicas interesadas.
Datos clave
- Legitimados: el Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
- Ámbito: conflictos entre el Estado y una Comunidad Autónoma o entre Comunidades Autónomas.
- En los conflictos negativos también están legitimadas las personas físicas o jurídicas interesadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién puede abrir un conflicto de competencia entre Estado y Comunidades: el Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos autonómicos; en los negativos, también los particulares interesados.
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Artículo 61. Objeto y efectos de los conflictos de competencia
El artículo 61 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, fija el objeto de los conflictos de competencia y sus efectos.
Pueden dar lugar al planteamiento de conflictos de competencia las disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos del Estado o de los órganos de las Comunidades Autónomas, o la omisión de tales disposiciones, resoluciones o actos.
Cuando se plantee un conflicto con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier Tribunal, éste suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto constitucional.
La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos efectos frente a todos.
Datos clave
- Objeto: disposiciones, resoluciones y actos del Estado o de las Comunidades Autónomas, o su omisión.
- Si hay impugnación pendiente ante cualquier Tribunal, éste suspende el proceso hasta que se decida el conflicto.
- La decisión vincula a todos los poderes públicos.
- Tiene plenos efectos frente a todos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué puede originar un conflicto de competencia (disposiciones, resoluciones, actos o su omisión), qué pasa con los pleitos pendientes y qué alcance tiene la decisión del Tribunal.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 62. Conflicto positivo planteado por el Gobierno
El artículo 62 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno.
Cuando el Gobierno considere que una disposición o resolución de una Comunidad Autónoma no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes orgánicas correspondientes, podrá:
- Formalizar directamente el conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional en el plazo de dos meses, o
- Hacer uso del previo requerimiento regulado en el artículo 63.
Todo ello sin perjuicio de que el Gobierno pueda invocar el artículo 161.2 de la Constitución, con los efectos correspondientes.
Datos clave
- El Gobierno puede plantear el conflicto directamente, sin requerimiento previo.
- Plazo para formalizarlo directamente: dos meses.
- Alternativamente, puede acudir al requerimiento previo del artículo 63.
- Puede invocar el artículo 161.2 de la Constitución con sus efectos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando el Gobierno ve que una Comunidad invade competencias, puede elegir: ir directo al TC en dos meses o pasar antes por el requerimiento; y además puede invocar el artículo 161.2 de la Constitución.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 63. Requerimiento de incompetencia y planteamiento del conflicto positivo
El artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula el requerimiento de incompetencia previo al conflicto positivo.
Cuando el órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma considere que una disposición, resolución o acto de otra Comunidad o del Estado no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes correspondientes, y siempre que afecte a su propio ámbito, requerirá a aquélla o a éste para que sea derogada la disposición o anulados la resolución o el acto.
Plazo y destinatario. El requerimiento podrá formularse dentro de los dos meses siguientes al día de la publicación o comunicación de la disposición, resolución o acto, o con motivo de un acto concreto de aplicación, y se dirigirá directamente al Gobierno o al órgano ejecutivo superior de la otra Comunidad Autónoma, dando cuenta igualmente al Gobierno en este caso.
Contenido. Se especificarán con claridad los preceptos o puntos concretos viciados de incompetencia y las disposiciones legales o constitucionales de las que el vicio resulte.
Respuesta. El órgano requerido, si lo estima fundado, deberá atenderlo en el plazo máximo de un mes desde su recepción, comunicándolo al requirente y al Gobierno, si éste no actuara como tal. Si no lo estima fundado, deberá rechazarlo en el mismo plazo, a cuyo término se entenderán en todo caso rechazados los requerimientos no atendidos.
Planteamiento del conflicto. Dentro del mes siguiente a la notificación del rechazo o al término del plazo anterior, el órgano requirente, si no ha obtenido satisfacción, podrá plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, certificando el cumplimiento infructuoso del requerimiento y alegando sus fundamentos jurídicos.
Datos clave
- Lo formula el órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma, siempre que afecte a su propio ámbito.
- Plazo del requerimiento: dos meses desde la publicación o comunicación.
- Si se dirige a otra Comunidad, se da cuenta igualmente al Gobierno.
- El requerido responde en el plazo máximo de un mes; el silencio equivale a rechazo.
- Conflicto ante el Tribunal dentro del mes siguiente al rechazo o al término del plazo.
- Debe certificarse el cumplimiento infructuoso del requerimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Pasos del conflicto positivo iniciado por una Comunidad: requerimiento en dos meses, respuesta en un mes (si no, rechazo), y conflicto ante el TC en el mes siguiente certificando el requerimiento infructuoso.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 66. Sentencia en los conflictos positivos de competencia
El artículo 66 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, fija el contenido de la sentencia que resuelve un conflicto positivo de competencia.
La sentencia declarará la titularidad de la competencia controvertida y acordará, en su caso, la anulación de la disposición, resolución o actos que originaron el conflicto en cuanto estuvieren viciados de incompetencia, pudiendo disponer lo que fuera procedente respecto de las situaciones de hecho o de derecho creadas a su amparo.
Datos clave
- La sentencia declara la titularidad de la competencia controvertida.
- Puede anular la disposición, resolución o actos viciados de incompetencia.
- Puede disponer lo procedente sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas a su amparo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La sentencia del conflicto positivo dice de quién es la competencia y, si procede, anula lo viciado de incompetencia y ordena qué hacer con las situaciones creadas a su amparo.
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Artículo 71. Conflicto negativo planteado por el Gobierno
El artículo 71 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula el conflicto negativo de competencia promovido por el Gobierno.
El Gobierno podrá plantear conflicto de competencias negativo cuando, habiendo requerido al órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma para que ejercite las atribuciones propias de la competencia que le confieran sus propios estatutos o una Ley orgánica de delegación o transferencia, sea desatendido su requerimiento por declararse incompetente el órgano requerido.
La declaración de incompetencia se entenderá implícita por la simple inactividad del órgano ejecutivo requerido dentro del plazo que el Gobierno le hubiere fijado para el ejercicio de sus atribuciones, que en ningún caso será inferior a un mes.
Datos clave
- Lo plantea el Gobierno frente al órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma.
- Presupuesto: requerimiento previo para ejercer competencias estatutarias o delegadas o transferidas por Ley orgánica.
- El requerido se declara incompetente.
- La inactividad en el plazo fijado equivale a declaración implícita de incompetencia.
- El plazo fijado por el Gobierno no puede ser inferior a un mes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno plantea conflicto negativo cuando requiere a una Comunidad para que ejerza su competencia y esta se declara incompetente; la mera inactividad en el plazo fijado (mínimo un mes) cuenta como declaración.
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Artículo 73. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado
El artículo 73 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula el procedimiento de los conflictos entre órganos constitucionales del Estado (los del artículo 59.1.c), conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril).
Requerimiento previo. Cuando alguno de esos órganos, por acuerdo de su respectivo Pleno, estime que otro adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las Leyes orgánicas le confieren, se lo hará saber dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y solicitará que la revoque.
Planteamiento del conflicto. Si el órgano requerido afirma que actúa en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones o, dentro del plazo de un mes desde la recepción, no rectifica en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones planteará el conflicto ante el Tribunal Constitucional dentro del mes siguiente. Presentará un escrito especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones oportunas, acompañado de certificación de los antecedentes necesarios y de la comunicación previa cursada.
Datos clave
- Órganos: los constitucionales a que se refiere el artículo 59.1.c) (antes 59.3).
- El requerimiento exige acuerdo del Pleno del órgano.
- Requerimiento dentro del mes siguiente a conocer la decisión controvertida.
- El requerido tiene un mes para rectificar.
- Conflicto ante el Tribunal dentro del mes siguiente, con escrito y certificación de antecedentes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales: acuerdo del Pleno, aviso en un mes pidiendo revocar, un mes para rectificar y otro mes para acudir al TC con escrito y certificación.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 75 bis. Objeto y efectos de los conflictos en defensa de la autonomía local
El artículo 75 bis de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, fija el objeto de los conflictos en defensa de la autonomía local.
Podrán dar lugar al planteamiento de estos conflictos las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos efectos frente a todos.
Datos clave
- Objeto: normas del Estado con rango de ley y disposiciones autonómicas con rango de ley.
- Presupuesto: que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
- La decisión vincula a todos los poderes públicos.
- Tiene plenos efectos frente a todos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El conflicto en defensa de la autonomía local se dirige solo contra normas con rango de ley, estatales o autonómicas, que lesionen la autonomía local garantizada por la Constitución.
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Artículo 76. Impugnación por el Gobierno de disposiciones y resoluciones autonómicas
El artículo 76 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula la impugnación por el Gobierno de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones autonómicas.
Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde que llegare a su conocimiento, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de Ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- Legitimado: el Gobierno.
- Objeto: disposiciones normativas sin fuerza de Ley y resoluciones de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas.
- Plazo: dos meses desde la publicación o, a falta de ella, desde que llegue a su conocimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno puede impugnar ante el TC disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de cualquier órgano autonómico en dos meses desde su publicación o, si no se publicaron, desde que las conoce.
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Artículo 78. Control previo de los tratados internacionales
El artículo 78 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales.
El Gobierno o cualquiera de ambas Cámaras podrán requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere prestado aún el consentimiento del Estado.
Recibido el requerimiento, el Tribunal emplazará al solicitante y a los restantes órganos legitimados para que, en el término de un mes, expresen su opinión fundada. Dentro del mes siguiente al transcurso de este plazo, el Tribunal emitirá su declaración, que, de acuerdo con el artículo 95 de la Constitución, tendrá carácter vinculante.
En cualquier momento el Tribunal podrá solicitar de dichos órganos o de otras personas físicas o jurídicas u otros órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas cuantas aclaraciones, ampliaciones o precisiones estime necesarias, alargando el plazo de un mes en el mismo tiempo concedido para responder, que no podrá exceder de treinta días.
Datos clave
- Legitimados: el Gobierno o cualquiera de ambas Cámaras.
- Objeto: tratado con texto definitivamente fijado sin consentimiento del Estado aún prestado.
- Alegaciones de los órganos legitimados en el término de un mes.
- Declaración dentro del mes siguiente, con carácter vinculante (artículo 95 CE).
- Las aclaraciones solicitadas amplían el plazo, con un máximo de treinta días.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Control previo de tratados: el Gobierno o cualquiera de las Cámaras piden al TC que diga si un tratado ya fijado pero aún no consentido choca con la Constitución; su declaración es vinculante.
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Artículo 79. Recurso previo de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonomía
El artículo 79 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula el recurso previo de inconstitucionalidad.
Objeto. Son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, con carácter previo, los Proyectos de Estatutos de Autonomía y las propuestas de reforma de los mismos. El recurso tiene por objeto la impugnación del texto definitivo del Proyecto de Estatuto o de la Propuesta de Reforma, una vez aprobado por las Cortes Generales.
Legitimación. Están legitimados quienes, de acuerdo con la Constitución y la LOTC, lo están para interponer recursos de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonomía.
Plazo y efectos. El plazo de interposición es de tres días desde la publicación del texto aprobado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales». La interposición suspende automáticamente todos los trámites subsiguientes.
Referéndum. Cuando la aprobación deba someterse a referéndum en el territorio de la Comunidad Autónoma, no podrá convocarse hasta que haya resuelto el Tribunal y, en su caso, se hayan suprimido o modificado por las Cortes Generales los preceptos declarados inconstitucionales.
Tramitación. Se sustancia en la forma prevista en el capítulo II del título II de la LOTC y debe resolverse en el plazo improrrogable de seis meses desde su interposición. El Tribunal reducirá los plazos ordinarios y dará en todo caso preferencia a estos recursos sobre el resto de asuntos.
Sentencia.
- Si declara la inexistencia de la inconstitucionalidad, siguen su curso los trámites para su entrada en vigor, incluido, en su caso, el referéndum.
- Si declara la inconstitucionalidad, deberá concretar los preceptos afectados, los que lo estén por conexión o consecuencia y los preceptos constitucionales infringidos; la tramitación no podrá proseguir sin que tales preceptos hayan sido suprimidos o modificados por las Cortes Generales.
El pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del Tribunal en los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad que pudieren interponerse tras la entrada en vigor del texto.
Datos clave
- Objeto: Proyectos de Estatutos de Autonomía y propuestas de reforma, una vez aprobados por las Cortes Generales.
- Legitimados: los mismos que para recurrir Estatutos de Autonomía.
- Plazo: tres días desde la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
- La interposición suspende automáticamente los trámites subsiguientes.
- No puede convocarse referéndum hasta la resolución del Tribunal.
- Resolución en el plazo improrrogable de seis meses, con preferencia sobre otros asuntos.
- No prejuzga recursos o cuestiones posteriores a la entrada en vigor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Recurso previo contra Proyectos de Estatuto y sus reformas ya aprobados por las Cortes: tres días para interponerlo, suspensión automática, nada de referéndum hasta que resuelva el TC y seis meses improrrogables para sentencia.