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Tema 47: La Administración Pública: concepto y caracteres. Pluralidad de Administraciones Públicas. La Administración y el Derecho: el principio de legalidad. Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración, límites y control: la desviación de poder.

Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

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Constitución Española · Art. 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Datos clave

  • Enumera los principios que garantiza el art. 9.3 → Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
  • ¿Qué tres verbos usa el art. 9.2 para el mandato a los poderes públicos? → Promover las condiciones, remover los obstáculos y facilitar la participación.
  • Cuenta siete garantías en el 9.3 y memoriza los extremos: abre 'legalidad' y cierra 'interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos'.
  • 9.1 sujeción · 9.2 igualdad real (promover, remover, facilitar) · 9.3 los siete principios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todos sujetos a la Constitución y al ordenamiento; mandato a los poderes públicos de hacer real la libertad y la igualdad (promover, remover, facilitar) y siete principios garantizados en el art. 9.3.

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Constitución Española · Art. 97

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Datos clave

  • ¿Qué dos potestades ejerce el Gobierno según el artículo 97? → La función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
  • ¿A qué está sometida la potestad reglamentaria del Gobierno? → A la Constitución y las leyes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria conforme a la Constitución y las leyes.

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Constitución Española · Art. 103

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Datos clave

  • ¿Qué dos principios rigen el acceso a la función pública según el art. 103.3? → Mérito y capacidad.
  • Cita los cinco principios de actuación de la Administración del art. 103.1. → Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
  • Los cinco principios del apartado 1 se recuerdan con la sigla EJEDECO: Eficacia, Jerarquía, Descentralización, Desconcentración, Coordinación.
  • El acceso a la función pública va siempre unido a dos palabras: mérito y capacidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Principios de la Administración Pública (objetividad, cinco principios de actuación y sometimiento pleno a la ley y al Derecho) y contenido de la ley del estatuto de los funcionarios, con acceso por mérito y capacidad.

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Constitución Española · Art. 106

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Datos clave

  • ¿Qué órganos controlan la potestad reglamentaria según el art. 106.1? → Los Tribunales.
  • ¿Qué es lo único que excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración en el art. 106.2? → La fuerza mayor.
  • Dos bloques, dos poderes: el apartado 1 es control judicial (Tribunales); el apartado 2 es responsabilidad patrimonial (indemnización).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Control judicial de la Administración (potestad reglamentaria, legalidad y fines) y derecho de los particulares a indemnización por lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.

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Constitución Española · Art. 137

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Datos clave

  • ¿En qué tres entidades se organiza territorialmente el Estado según el art. 137? → Municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
  • Los tres niveles territoriales, de menor a mayor: municipio, provincia, Comunidad Autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, y todas gozan de autonomía para gestionar sus respectivos intereses.

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Artículo 1

1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

2. Se entenderá a estos efectos por Administraciones públicas:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración local.

d) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.

3. Conocerán también de las pretensiones que se deduzcan en relación con:

a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.

b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

c) La actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Datos clave

  • El orden contencioso-administrativo conoce de la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo.
  • También de las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y de los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
  • Son Administraciones públicas a estos efectos: la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración local y las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas a ellas.
  • Incluye actos de personal, administración y gestión patrimonial del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y órganos autonómicos análogos.
  • Incluye los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actuación de la Administración electoral.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija qué es Administración pública a efectos de este orden (AGE, CCAA, entes locales y sus entidades vinculadas) y añade ciertos actos de órganos constitucionales y de la Administración electoral.

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Artículo 70

1. La sentencia desestimará el recurso cuando se ajusten a Derecho la disposición, acto o actuación impugnados.

2. La sentencia estimará el recurso contencioso-administrativo cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.

Datos clave

  • La sentencia desestima el recurso cuando la disposición, acto o actuación impugnados se ajustan a Derecho.
  • La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo cuando hay cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
  • Desviación de poder: ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Desestimación si lo impugnado se ajusta a Derecho; estimación si incurre en cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder, que la Ley define como usar potestades para fines distintos de los fijados.

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Artículo 71

1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo:

a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada.

b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma.

c) Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.

d) Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período de ejecución de sentencia.

2. Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.

Datos clave

  • La sentencia estimatoria declara no ser conforme a Derecho y, en su caso, anula total o parcialmente la disposición o acto, o dispone que cese o se modifique la actuación impugnada.
  • Si se pretendió el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la sentencia la reconoce y adopta las medidas necesarias para su pleno restablecimiento.
  • Si la medida consiste en emitir un acto o practicar una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.
  • Estimada una pretensión de resarcimiento, se declara en todo caso el derecho a la reparación y quién viene obligado a indemnizar.
  • La sentencia fija la cuantía si lo pide expresamente el demandante y constan probados en autos elementos suficientes; en otro caso, fija las bases y la concreción se difiere al período de ejecución de sentencia.
  • Los órganos jurisdiccionales no pueden determinar la redacción de los preceptos de una disposición general en sustitución de los anulados ni el contenido discrecional de los actos anulados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Detalla el contenido de la sentencia estimatoria: anulación del acto, restablecimiento de la situación jurídica, plazo para actuaciones obligatorias e indemnización; los jueces no redactan los preceptos sustitutorios ni el contenido discrecional.

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Artículo 133. Principios de actuación y gestión de competencias.

1. La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

2. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará la gestión ordinaria de sus actividades a través de sus servicios centrales y periféricos.

3. Todos los órganos encargados de la prestación de servicios o de la gestión de competencias y atribuciones de la Comunidad Autónoma dependen de ésta y se integran en su Administración.

Datos clave

  • La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general.
  • Principios de actuación: eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos.
  • Actúa con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.
  • La gestión ordinaria de sus actividades se desarrolla a través de sus servicios centrales y periféricos.
  • Todos los órganos que prestan servicios o gestionan competencias y atribuciones de la Comunidad Autónoma dependen de ésta y se integran en su Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración de la Junta sirve con objetividad al interés general bajo quince principios, gestiona mediante servicios centrales y periféricos e integra a todos los órganos que gestionan sus competencias.

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Artículo 2. Personalidad jurídica y potestades.

1. La Administración de la Junta de Andalucía, bajo la dirección del Consejo de Gobierno, desarrolla funciones ejecutivas de carácter administrativo.

2. La Administración de la Junta de Andalucía, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única, sin perjuicio de la que tengan atribuida las entidades instrumentales de ella dependientes.

3. La Administración de la Junta de Andalucía gozará, en el ejercicio de sus competencias, de las potestades y prerrogativas que le atribuya o reconozca el ordenamiento jurídico, así como las que éste confiere a la Administración del Estado, en cuanto le sean de aplicación.

Dichas potestades y prerrogativas corresponderán también a las agencias integradas en su Administración instrumental, en tanto les sean expresamente reconocidas por las leyes y sus estatutos.

Datos clave

  • La Administración de la Junta de Andalucía desarrolla funciones ejecutivas de carácter administrativo bajo la dirección del Consejo de Gobierno.
  • Está constituida por órganos jerárquicamente ordenados y actúa con personalidad jurídica única.
  • La personalidad jurídica única se entiende sin perjuicio de la que tengan atribuida las entidades instrumentales dependientes.
  • Goza de las potestades y prerrogativas que le atribuya o reconozca el ordenamiento jurídico y de las que éste confiere a la Administración del Estado, en cuanto le sean de aplicación.
  • Las agencias de la Administración instrumental tienen esas potestades y prerrogativas solo en tanto les sean expresamente reconocidas por las leyes y sus estatutos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración andaluza ejerce funciones ejecutivas bajo la dirección del Consejo de Gobierno, con personalidad jurídica única y las potestades que el ordenamiento le da.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 2

Ámbito subjetivo de aplicación. 1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional. 2. El sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley. 3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 anterior. 4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.

Datos clave

  • ¿Qué integra el sector público institucional? → Organismos públicos y entidades de derecho público, entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, y Universidades públicas.
  • ¿Tienen las Universidades públicas la consideración de Administración Pública? → No. Se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley.
  • ¿Cuándo se aplica esta Ley a las entidades de derecho privado vinculadas? → En las normas que se refieran específicamente a ellas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
  • Regla de tres letras: en el apartado 3 solo entra la letra a) del apartado 2. Las letras b) y c) se quedan fuera de «Administración Pública».
  • Universidades y Corporaciones de Derecho Público: normativa específica primero, esta Ley como supletoria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Ley se aplica al sector público: AGE, comunidades autónomas, entidades locales y sector público institucional. Solo son Administraciones Públicas las tres territoriales y los organismos y entidades de derecho público; universidades y corporaciones se rigen por su normativa.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 35

Motivación. 1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

Datos clave

  • ¿Debe motivarse un acto que se aparta del criterio de actuaciones anteriores? → Sí (art. 35.1.c).
  • ¿Deben motivarse los actos dictados en potestades discrecionales? → Sí, siempre (art. 35.1.i).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Nueve grupos de actos que deben motivarse con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho; y la motivación de los actos que ponen fin a procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva sigue sus convocatorias.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 48

Anulabilidad. 1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Datos clave

  • ¿Cuándo anula un defecto de forma el acto? → Solo si le falta un requisito indispensable para su fin o causa indefensión (art. 48.2).
  • ¿La desviación de poder es causa de nulidad o de anulabilidad? → De anulabilidad (art. 48.1).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Anulabilidad: cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder; el defecto de forma solo si falta un requisito indispensable o hay indefensión; la actuación fuera de plazo solo si lo impone la naturaleza del plazo.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 2

Ámbito Subjetivo. 1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional. 2. El sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. 3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2.

Datos clave

  • ¿Qué cuatro bloques integran el sector público según el art. 2.1? → La AGE, las Administraciones de las CCAA, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
  • ¿Tienen las Universidades públicas la consideración de Administración Pública en el art. 2.3? → No. Están en el sector público institucional (letra c) y se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley.
  • ¿Cuándo quedan sujetas a esta Ley las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes? → Cuando la norma se refiera específicamente a ellas, en particular a los principios del artículo 3, y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas.
  • El apartado 2 tiene tres letras y solo la a) asciende a Administración Pública en el apartado 3: a) de «Administración», b) y c) se quedan fuera.
  • Las Universidades públicas van al revés de lo normal: primero su normativa específica, esta Ley solo en defecto de aquella.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dibuja los círculos concéntricos del sector público: quién está dentro, qué es el sector público institucional y, sobre todo, quién merece el nombre de Administración Pública. Lo que cae es la lista y la diferencia entre los dos conceptos.

Esquema

Sector público frente a Administración Pública (art. 2)
¿Sector público?¿Administración Pública?
AGE, CCAA y Entidades LocalesSíSí
Organismos públicos y entidades de derecho público (letra a)SíSí
Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes (letra b)SíNo
Universidades públicas (letra c)SíNo

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 3

Principios generales. 1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: a) Servicio efectivo a los ciudadanos. b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. f) Responsabilidad por la gestión pública. g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. 3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

Datos clave

  • ¿Cómo deben relacionarse las Administraciones entre sí? → Por medios electrónicos, con interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2)
  • ¿Cuántas personalidades jurídicas tiene cada Administración del art. 2? → Una sola, personalidad jurídica única (art. 3.4)
  • Relación entre Administraciones: siempre por medios electrónicos, garantizando interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Constitución, la Ley y el Derecho, y deben respetar una lista de principios de actuación. Se relacionan entre sí por medios electrónicos y cada una tiene personalidad jurídica única.

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