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Tema 49: Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Principios constitucionales rectores de la organización y actuación de las Administraciones Públicas. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.

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Artículo 1

El artículo 1 del Código Civil regula el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español.

1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.

3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada.

Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre.

4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.

5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».

6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.

Datos clave

  • Fuentes del ordenamiento jurídico español: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
  • Principio de jerarquía: carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.
  • La costumbre rige solo en defecto de ley aplicable, si no es contraria a la moral o al orden público y resulta probada.
  • Los usos jurídicos no meramente interpretativos de una declaración de voluntad tienen la consideración de costumbre.
  • Los principios generales del derecho se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento.
  • Los tratados internacionales solo son de aplicación directa tras su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».
  • La jurisprudencia (doctrina reiterada del Tribunal Supremo) complementa el ordenamiento jurídico.
  • Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso, ateniéndose al sistema de fuentes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres fuentes en orden (ley, costumbre y principios generales), jerarquía normativa, tratados aplicables tras su publicación en el BOE, jurisprudencia que complementa y jueces obligados a resolver siempre.

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Artículo 2

1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa.

2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.

3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.

Se modifica por el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo. Ref. BOE-A-1974-1083 .

Datos clave

  • Vacatio legis general: las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que dispongan otra cosa.
  • Las leyes sólo se derogan por otras posteriores.
  • La derogación tiene el alcance que expresamente se disponga y se extiende siempre a lo que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior.
  • Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.
  • Las leyes no tienen efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.
  • Redacción dada por el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cuándo entran en vigor las leyes, cómo se derogan (solo por otra ley posterior) y que, salvo que se diga lo contrario, no tienen efecto retroactivo.

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Artículo 4

El artículo 4 del Código Civil regula la aplicación analógica de las normas, sus límites y el carácter supletorio del propio Código.

1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes.

Datos clave

  • La analogía procede cuando la norma no contempla un supuesto específico pero regula otro semejante con identidad de razón.
  • Excluidas de aplicación analógica: las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal.
  • Estas leyes no se aplican a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
  • Las disposiciones del Código Civil se aplican como supletorias en las materias regidas por otras leyes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La analogía cubre lagunas con identidad de razón, pero no se aplica a leyes penales, excepcionales ni temporales; y el Código Civil es supletorio de las demás leyes.

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Constitución Española · Art. 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Datos clave

  • Enumera los principios que garantiza el art. 9.3 → Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
  • ¿Qué tres verbos usa el art. 9.2 para el mandato a los poderes públicos? → Promover las condiciones, remover los obstáculos y facilitar la participación.
  • Cuenta siete garantías en el 9.3 y memoriza los extremos: abre 'legalidad' y cierra 'interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos'.
  • 9.1 sujeción · 9.2 igualdad real (promover, remover, facilitar) · 9.3 los siete principios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todos sujetos a la Constitución y al ordenamiento; mandato a los poderes públicos de hacer real la libertad y la igualdad (promover, remover, facilitar) y siete principios garantizados en el art. 9.3.

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Constitución Española · Art. 93

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Datos clave

  • ¿Qué tipo de ley exige el artículo 93 para atribuir a un organismo internacional el ejercicio de competencias constitucionales? → Ley orgánica.
  • ¿A quién corresponde garantizar el cumplimiento de esos tratados? → A las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos.
  • No se cede la competencia entera: se cede su ejercicio, y siempre necesita ley orgánica, nunca ley ordinaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ceder el ejercicio de competencias constitucionales a una organización internacional (la vía que permitió entrar en la UE) exige siempre ley orgánica. Vigilar que se cumplan esos tratados es cosa de las Cortes o del Gobierno, según el caso.

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Constitución Española · Art. 94

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: a) Tratados de carácter político. b) Tratados o convenios de carácter militar. c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I. d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. 2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

Datos clave

  • ¿Cuántos supuestos exigen autorización previa de las Cortes para un tratado? → Cinco, tasados en el artículo 94.1 (a-e).
  • ¿Qué exige el artículo 94.2 para el resto de tratados? → Que el Congreso y el Senado sean inmediatamente informados de su conclusión.
  • Son cinco letras, de la a) a la e): político, militar, territorial/derechos fundamentales, financiero y legislativo. Si no encaja en ninguna, solo hace falta informar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Solo cinco tipos de tratados exigen que las Cortes autoricen antes de firmar: políticos, militares, los que tocan la integridad territorial o los derechos fundamentales, los que cuestan dinero público y los que exigen cambiar una ley. El resto, solo hay que informarlos después.

Esquema

Tratados: autorización previa vs. solo información
Los 5 supuestos del art. 94.1El resto de tratados (art. 94.2)
Trámite en CortesAutorización previa de las Cortes GeneralesNinguno; no hace falta autorizarlos
MomentoAntes de prestar el consentimiento del EstadoInmediatamente después de su conclusión

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Constitución Española · Art. 95

1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Datos clave

  • ¿Qué exige la Constitución antes de firmar un tratado con estipulaciones contrarias a ella? → La previa revisión constitucional.
  • ¿Quién puede requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre esa contradicción? → El Gobierno o cualquiera de las Cámaras.
  • Legitimados solo tres: Gobierno, Congreso o Senado. Ni las Comunidades Autónomas ni los ciudadanos pueden requerir al Tribunal Constitucional por esta vía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si un tratado choca con la Constitución, hay que reformarla antes de poder firmarlo. Para saber si hay contradicción, solo el Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueden preguntárselo al Tribunal Constitucional.

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Artículo 96

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Datos clave

  • Los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España.
  • Sus disposiciones solo pueden derogarse, modificarse o suspenderse en la forma prevista en los propios tratados o según las normas generales del Derecho internacional.
  • La denuncia de tratados y convenios internacionales sigue el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los tratados válidamente celebrados y publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno; solo se derogan, modifican o suspenden según el propio tratado o el Derecho internacional. La denuncia sigue el procedimiento del art. 94.

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Constitución Española · Art. 97

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Datos clave

  • ¿Qué dos potestades ejerce el Gobierno según el artículo 97? → La función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
  • ¿A qué está sometida la potestad reglamentaria del Gobierno? → A la Constitución y las leyes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria conforme a la Constitución y las leyes.

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Artículo 103

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Datos clave

  • La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales (art. 103.1 CE).
  • Principios de actuación: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación (art. 103.1 CE).
  • Actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE).
  • Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley (art. 103.2 CE).
  • Acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, según regule la ley (art. 103.3 CE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Principios de la Administración Pública (objetividad, cinco principios de actuación y sometimiento pleno a la ley y al Derecho) y contenido de la ley del estatuto de los funcionarios, con acceso por mérito y capacidad.

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Artículo 105

La ley regulará:

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Datos clave

  • Audiencia de los ciudadanos en la elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, directamente o a través de organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley (art. 105.a CE).
  • Acceso a archivos y registros administrativos, salvo lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas (art. 105.b CE).
  • La ley regula el procedimiento de producción de los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado (art. 105.c CE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres mandatos al legislador: audiencia ciudadana en la elaboración de disposiciones administrativas, acceso a archivos y registros con tres límites, y procedimiento de los actos con audiencia del interesado cuando proceda.

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Artículo 106

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Datos clave

  • Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y su sometimiento a los fines que la justifican (art. 106.1 CE).
  • Derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión en sus bienes y derechos consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (art. 106.2 CE).
  • Excepción: los casos de fuerza mayor (art. 106.2 CE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Control judicial de la Administración (potestad reglamentaria, legalidad y fines) y derecho de los particulares a indemnización por lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.

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Constitución Española · Art. 137

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Datos clave

  • ¿En qué tres entidades se organiza territorialmente el Estado según el art. 137? → Municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
  • Los tres niveles territoriales, de menor a mayor: municipio, provincia, Comunidad Autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, y todas gozan de autonomía para gestionar sus respectivos intereses.

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Artículo 133. Principios de actuación y gestión de competencias.

1. La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

2. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará la gestión ordinaria de sus actividades a través de sus servicios centrales y periféricos.

3. Todos los órganos encargados de la prestación de servicios o de la gestión de competencias y atribuciones de la Comunidad Autónoma dependen de ésta y se integran en su Administración.

Datos clave

  • La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.
  • Principios de actuación: eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación y cooperación.
  • Otros principios: imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos.
  • La gestión ordinaria de sus actividades se desarrolla a través de sus servicios centrales y periféricos.
  • Todos los órganos que prestan servicios o gestionan competencias de la Comunidad Autónoma dependen de ésta y se integran en su Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración de la Junta sirve con objetividad al interés general bajo quince principios, gestiona mediante servicios centrales y periféricos e integra a todos los órganos que gestionan sus competencias.

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Artículo 3. Principios generales de organización y funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general a través de sus órganos y entidades instrumentales, con sujeción a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico. Se organiza y actúa de acuerdo con los principios de:

a) Eficacia.

b) Jerarquía.

c) Descentralización funcional.

d) Desconcentración funcional y territorial.

e) Coordinación.

f) Lealtad institucional.

g) Buena fe.

h) Confianza legítima.

i) Transparencia.

j) Colaboración y cooperación en su relación con otras Administraciones Públicas.

k) Eficiencia en su actuación y control de los resultados.

l) Programación de sus objetivos.

m) Coordinación y planificación de la actividad.

n) Racionalidad organizativa mediante simplificación y racionalización de su estructura organizativa.

ñ) Racionalización, simplificación y agilidad de los procedimientos.

o) Imparcialidad.

p) Igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres.

q) No discriminación.

r) Proximidad a la ciudadanía.

s) Responsabilidad por la gestión pública.

t) Buena administración y calidad de los servicios.

Datos clave

  • La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general a través de sus órganos y entidades instrumentales.
  • Actúa con sujeción a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico.
  • El artículo enumera 21 principios, de la letra a) Eficacia a la letra t) Buena administración y calidad de los servicios.
  • Incluye descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial.
  • Incluye colaboración y cooperación en su relación con otras Administraciones Públicas.
  • Incluye igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres, no discriminación y proximidad a la ciudadanía.
  • Incluye responsabilidad por la gestión pública y eficiencia en su actuación y control de los resultados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración andaluza sirve con objetividad al interés general sometida a Constitución, Estatuto y ordenamiento, y se rige por una lista de veintiún principios.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 128

Potestad reglamentaria. 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Datos clave

  • ¿Quiénes ejercen la potestad reglamentaria según el art. 128? → El Gobierno de la Nación, los órganos de Gobierno de las CCAA y los órganos de gobierno local.
  • ¿Qué tres materias no puede regular nunca un reglamento? → Delitos/faltas/infracciones administrativas, penas o sanciones, y tributos u otras cargas patrimoniales o personales de carácter público.
  • Tres cosas que un reglamento JAMÁS puede crear: delitos/infracciones, sanciones y tributos. Son la reserva de ley por excelencia.
  • La jerarquía es piramidal: cada disposición se ajusta a la de rango superior, nunca al revés.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La potestad reglamentaria es del Gobierno de la Nación, de los gobiernos autonómicos y de los órganos de gobierno locales. Los reglamentos no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes ni invadir la reserva de ley.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 3

Principios generales. 1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: a) Servicio efectivo a los ciudadanos. b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. f) Responsabilidad por la gestión pública. g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. 3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

Datos clave

  • ¿Cómo deben relacionarse las Administraciones entre sí? → Por medios electrónicos, con interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2)
  • ¿Cuántas personalidades jurídicas tiene cada Administración del art. 2? → Una sola, personalidad jurídica única (art. 3.4)
  • Relación entre Administraciones: siempre por medios electrónicos, garantizando interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Constitución, la Ley y el Derecho, y deben respetar una lista de principios de actuación. Se relacionan entre sí por medios electrónicos y cada una tiene personalidad jurídica única.

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