Tema 61: La responsabilidad patrimonial de la Administración. Regulación y competencias de la Junta de Andalucía. El procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. La responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.
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- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
- Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía
Artículo 47. Administraciones Públicas andaluzas.
1. Son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma:
1.ª El procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma, la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía y de sus organismos autónomos.
2.ª Los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma, así como las servidumbres públicas en materia de su competencia, en el marco del régimen general del dominio público.
3.ª Las potestades de control, inspección y sanción en los ámbitos materiales de competencia de la Comunidad Autónoma, en lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
4.ª Organización a efectos contractuales de la Administración propia.
2. Son competencias compartidas de la Comunidad Autónoma:
1.ª El régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y régimen estatutario de su personal funcionario y estatutario, así como de su personal laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76 de este Estatuto.
2.ª El procedimiento administrativo común.
3.ª Los contratos y concesiones administrativas.
3. Corresponde a la Comunidad Autónoma, en materia de expropiación forzosa, la competencia ejecutiva que incluye, en todo caso:
a) Determinar los supuestos, las causas y las condiciones en que las Administraciones andaluzas pueden ejercer la potestad expropiatoria.
b) Establecer criterios de valoración de los bienes expropiados según la naturaleza y la función social que tengan que cumplir, de acuerdo con la legislación estatal.
c) Crear y regular un órgano propio para la determinación del justiprecio y fijar su procedimiento.
4. Corresponde a la Junta de Andalucía, en materia de responsabilidad patrimonial, la competencia compartida para determinar el procedimiento y establecer los supuestos que pueden originar responsabilidad con relación a las reclamaciones dirigidas a ella, de acuerdo con el sistema general de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.
5. La Comunidad Autónoma ostenta facultades para incorporar a su legislación aquellas figuras jurídico-privadas que fueran necesarias para el ejercicio de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.
Datos clave
- Exclusivas: procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia y estructura de sus órganos y organismos autónomos.
- Exclusivas: bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad y organización a efectos contractuales de la Administración propia.
- Compartidas: régimen jurídico de su Administración y régimen estatutario de su personal funcionario, estatutario y laboral.
- Compartidas: el procedimiento administrativo común y los contratos y concesiones administrativas.
- Expropiación forzosa: competencia ejecutiva, incluido crear un órgano propio para la determinación del justiprecio.
- Responsabilidad patrimonial: competencia compartida para determinar el procedimiento y los supuestos.
- Puede incorporar figuras jurídico-privadas, sin perjuicio del artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Administraciones andaluzas: procedimiento propio, bienes y potestad sancionadora como exclusivas; régimen jurídico, procedimiento común y contratos como compartidas; expropiación ejecutiva y responsabilidad patrimonial compartida.
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Artículo 118. Terminación convencional en procedimientos de responsabilidad patrimonial
El artículo 118 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, regula la terminación convencional en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
1. Para determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración de la Junta de Andalucía, se podrán celebrar acuerdos, pactos o convenios conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, con las especialidades derivadas de la organización de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. Sin perjuicio de otras que pudieran proceder por aplicación de las disposiciones legales en materia presupuestaria, se requerirá autorización por el Parlamento de Andalucía siempre que la terminación convencional del procedimiento de responsabilidad patrimonial suponga el reconocimiento por parte de la Administración de la obligación de indemnizar:
- por cuantía superior a ocho millones de euros, o
- por una cuantía inferior, siempre que se acredite de forma motivada que el reconocimiento de tal obligación puede incidir en los principios de estabilidad presupuestaria o de afectación de los ingresos, o que para atenderla concurren los requisitos legales para la concesión de crédito extraordinario o la tramitación de un suplemento de crédito.
Datos clave
- Instrumentos: acuerdos, pactos o convenios para determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Remisión al artículo 86 de la Ley 39/2015, con las especialidades derivadas de la organización de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Requiere autorización del Parlamento de Andalucía si la indemnización reconocida supera ocho millones de euros.
- También con cuantía inferior si se acredita motivadamente incidencia en los principios de estabilidad presupuestaria o de afectación de los ingresos.
- O si para atenderla concurren los requisitos legales para crédito extraordinario o suplemento de crédito.
- Todo ello sin perjuicio de otras autorizaciones derivadas de la legislación presupuestaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La responsabilidad patrimonial de la Junta puede cerrarse por acuerdo, pacto o convenio, pero el Parlamento de Andalucía debe autorizarlo si la indemnización pasa de ocho millones o, siendo menor, compromete el presupuesto.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 61
Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos. 1. Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. 2. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación. 3. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron. 4. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo.
Datos clave
- ¿Vincula la petición razonada al órgano competente? → No, pero deberá comunicar al órgano que la formuló los motivos por los que no procede la iniciación.
- ¿Qué debe individualizar la petición en responsabilidad patrimonial? → La lesión producida, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible y el momento en que se produjo.
- Lo que más cae: no vincula, pero obliga a comunicar los motivos de no iniciar.
- Los cuatro datos de responsabilidad patrimonial: lesión, causalidad, evaluación económica y momento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La petición razonada es la propuesta de iniciar un procedimiento que hace un órgano sin competencia para ello. No vincula al competente, que debe comunicar los motivos si no inicia.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 65
Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 1. Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el artículo 67. 2. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.
Datos clave
- ¿Qué requisito exige iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial? → Que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado del artículo 67.
- ¿Qué plazo se concede a los presuntamente lesionados? → Diez días para alegaciones, documentos, información y proposición de prueba.
- Tres datos: no prescrito, diez días, y la instrucción sigue sin personación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración solo puede iniciar de oficio la responsabilidad patrimonial si no ha prescrito el derecho a reclamar (art. 67). Notifica a los presuntos lesionados, les da diez días para alegar y proponer prueba, y el procedimiento se instruye aunque no se personen.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 67
Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea. 2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.
Datos clave
- ¿En qué plazo prescribe el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial? → Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
- ¿Desde cuándo prescribe en los casos del art. 32.4 y 32.5 de la LRJSP? → Al año de la publicación en el BOE o en el DOUE, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.
- ¿Qué debe especificar la solicitud además de lo previsto en el art. 66? → Las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica si fuera posible y el momento en que la lesión se produjo.
- Un año, cuatro días iniciales: hecho o efecto lesivo, curación o secuelas, notificación de la anulación, publicación de la sentencia de inconstitucionalidad o de contrariedad al Derecho de la UE.
- En los daños personales el reloj no arranca con el accidente, sino con la curación o la determinación de las secuelas.
- Ojo al par de diarios oficiales: BOE para la inconstitucionalidad, DOUE para el Derecho de la Unión, «según el caso».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo se puede pedir el inicio de la responsabilidad patrimonial si no ha prescrito el derecho, que prescribe al año contado desde momentos distintos según el caso. La solicitud añade a lo del art. 66 las lesiones, la causalidad, la evaluación económica y el momento de la lesión.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 81
Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 1. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. 2. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el artículo 91, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley. 3. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.
Datos clave
- ¿A partir de qué cuantía es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado? → Cuando la indemnización reclamada sea igual o superior a 50.000 euros, o a la cuantía que establezca la legislación autonómica.
- ¿Sobre qué debe pronunciarse ese dictamen? → Sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión y, en su caso, sobre la valoración del daño.
- Tres cifras que caen: diez días el informe del servicio, 50.000 euros el umbral del dictamen y dos meses su emisión.
- El dictamen debe pronunciarse sobre la relación de causalidad y, en su caso, sobre la valoración del daño, la cuantía y el modo de la indemnización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En responsabilidad patrimonial hay dos informes clave: el del servicio causante, siempre, y el del Consejo de Estado a partir de 50.000 euros.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 86
Terminación convencional. 1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados. 3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano. 4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos. 5. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Datos clave
- ¿Cuál es el contenido mínimo de los instrumentos de terminación convencional? → La identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia.
- ¿Qué acuerdos requieren aprobación expresa del Consejo de Ministros? → Los que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.
- Tres límites: no contrario al ordenamiento, materia transigible e interés público.
- Contenido mínimo en tres bloques: partes, ámbito (personal, funcional y territorial) y vigencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones pueden terminar o preparar la resolución de un procedimiento mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos, con tres límites, un contenido mínimo y aprobación del Consejo de Ministros u órgano autonómico equivalente en sus materias de competencia directa.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 91
Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial. 1. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81.2 o, cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente. 2. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
Datos clave
- ¿Sobre qué debe pronunciarse la resolución en responsabilidad patrimonial? → Sobre la existencia o no de relación de causalidad y, en su caso, sobre la valoración del daño, la cuantía y el modo de la indemnización.
- ¿Qué ocurre a los seis meses sin resolución? → Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
- Tres cosas en la resolución: nexo causal, valoración y cuantía y modo de pago. Y seis meses de silencio negativo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En responsabilidad patrimonial, tras el dictamen o la audiencia se resuelve o se propone un acuerdo; la resolución se pronuncia sobre la causalidad y, en su caso, el daño y la indemnización; y a los seis meses sin resolución podrá entenderse desestimada.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 92
Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga. En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local. En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo.
Datos clave
- ¿Quién resuelve los procedimientos de responsabilidad patrimonial en la AGE? → El Ministro respectivo o el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley 40/2015 o cuando una ley lo disponga.
- Tres escalones: Ministro o Consejo de Ministros, órganos autonómicos y locales, y entidades de derecho público con norma propia o supletoriedad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién resuelve la responsabilidad patrimonial: en el Estado, el Ministro respectivo o el Consejo de Ministros en ciertos casos; en el ámbito autonómico y local, sus órganos; y en las Entidades de Derecho Público, quien digan sus normas o, en su defecto, este artículo.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 96
Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. 1. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. 2. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. 3. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud. 4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. 5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2. 6. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguientes trámites: a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso. c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días. d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado. e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo. g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver. El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente. En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. h) Resolución. 7. En el caso que un procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto en el apartado anterior, deberá ser tramitado de manera ordinaria.
Datos clave
- ¿Quién puede acordar la tramitación simplificada (art. 96.1)? → La Administración, de oficio o a solicitud del interesado
- ¿En qué plazo deben resolverse los procedimientos simplificados? → 30 días desde que se notifica el acuerdo (art. 96.6)
- ¿Puede volverse a la tramitación ordinaria durante la simplificada? → Sí, en cualquier momento anterior a la resolución (art. 96.1)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La tramitación simplificada se usa por interés público o poca complejidad; se resuelve en treinta días con una lista cerrada de trámites, y cualquier trámite extra obliga a la vía ordinaria.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 32
Principios de la responsabilidad. 1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores: a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. 4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. 5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. 6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. 7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. 9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Datos clave
- ¿Qué dos supuestos excluyen la indemnización pese al funcionamiento del servicio público? → La fuerza mayor y los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- ¿Cómo debe ser el daño alegado? → Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- ¿Qué requisito procesal común piden los apartados 4 y 5? → Sentencia firme desestimatoria, en cualquier instancia, de un recurso contra la actuación que causó el daño, habiendo alegado la inconstitucionalidad o la infracción del Derecho de la Unión posteriormente declarada.
- ¿Quién fija el importe de la indemnización por funcionamiento anormal declarado por el Tribunal Constitucional? → El Consejo de Ministros; tramita el Ministerio de Justicia con audiencia al Consejo de Estado.
- Las dos excepciones del apartado 1 son solo dos: fuerza mayor y deber jurídico de soportar. Caso fortuito no aparece.
- El daño: Efectivo, Evaluable económicamente e Individualizado. Tres adjetivos, ni uno más.
- Amparo y cuestión de inconstitucionalidad: fija el Consejo de Ministros, tramita Justicia, oye el Consejo de Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Principios de la responsabilidad patrimonial: derecho a indemnización por funcionamiento normal o anormal salvo fuerza mayor o deber de soportar, requisitos del daño, responsabilidad del Estado legislador y supuestos especiales.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 33
Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. 1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. 2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. 3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. 4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.
Datos clave
- ¿Cómo responden las Administraciones cuando el daño viene de una fórmula conjunta de actuación? → Solidariamente frente al particular, en todo caso.
- En defecto de estatutos, ¿qué Administración es competente para instruir el expediente de responsabilidad concurrente? → La que tenga mayor participación en la financiación del servicio.
- ¿Cuántos días tienen las demás Administraciones para pronunciarse en un expediente de responsabilidad patrimonial concurrente? → Quince días.
- Dos supuestos, dos lógicas: fórmula conjunta = solidaria siempre; concurrencia suelta = solidaria solo si no hay forma de repartir.
- Quince días para que las demás Administraciones se pronuncien en responsabilidad patrimonial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responsabilidad cuando varias Administraciones causan un daño: en fórmulas conjuntas, solidaria siempre frente al particular; en otras concurrencias, reparto por criterios y solidaria solo si no puede repartirse. Quién tramita y consulta de quince días.
Esquema
| Fórmula conjunta | Otra concurrencia | |
|---|---|---|
| Frente al particular | Solidaria en todo caso | Por competencia, interés público e intensidad |
| Solidaridad | Siempre | Solo si no es posible determinar el reparto |
| Distribución | Podrá fijarla el instrumento regulador | La fijan los criterios legales |
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 34
Indemnización. 1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. 4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
Datos clave
- ¿Qué daños no son indemnizables aunque exista lesión? → Los que no se pudieron prever ni evitar según el estado de la ciencia o la técnica en el momento en que se produjeron.
- ¿Con qué índice se actualiza la cuantía de la indemnización? → Con el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), fijado por el INE.
- Si la responsabilidad deriva de una ley declarada inconstitucional, ¿qué daños son indemnizables? → Los producidos en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia, salvo que esta disponga otra cosa.
- Riesgos del progreso: si la ciencia o la técnica de entonces no podía preverlo, no se indemniza.
- Se actualiza con el IGC (Índice de Garantía de la Competitividad), no con el IPC: trampa clásica de examen.
- Plazo especial de 5 años cuando la responsabilidad nace de una ley inconstitucional o contraria al Derecho de la UE.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué daños se indemnizan y cómo se calcula la indemnización: excluidos los riesgos imprevisibles según la ciencia o la técnica, cinco años para leyes inconstitucionales o contrarias a la UE, valoración, IGC e indemnización en especie.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 35
Responsabilidad de Derecho Privado. Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.
Datos clave
- ¿Qué régimen de responsabilidad se aplica cuando la Administración actúa en relaciones de derecho privado? → El mismo de los artículos 32 y siguientes, aunque actúe directamente o mediante una entidad de derecho privado.
- El régimen de derecho privado en la actuación NO cambia el régimen de responsabilidad: sigue siendo el de los arts. 32 y siguientes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Aunque la Administración actúe en relaciones de derecho privado, directamente o mediante una entidad de derecho privado, su responsabilidad se exige conforme a los artículos 32 y siguientes.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 36
Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. 2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. 3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. 4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: a) Alegaciones durante un plazo de quince días. b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días. c) Audiencia durante un plazo de diez días. d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. 5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.
Datos clave
- ¿Con qué grado de culpa exige la Administración responsabilidad a su personal? → Por dolo, o culpa o negligencia graves.
- ¿Cuáles son los plazos de alegaciones, prueba, audiencia, propuesta y resolución del art. 36.4? → Quince días, quince días, diez días, cinco días y cinco días, respectivamente.
- ¿Qué criterios se ponderan para exigir y cuantificar la responsabilidad? → El resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal y su relación con la producción del resultado dañoso.
- Los plazos, en cascada: 15 - 15 - 10 - 5 - 5. Dos quincenas, una decena y dos manos.
- Grados de culpa: solo dolo o culpa o negligencia GRAVES. La negligencia leve nunca genera acción de regreso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El particular reclama siempre a la Administración; esta, tras indemnizar, exige de oficio a su personal la responsabilidad por dolo, culpa o negligencia graves mediante un procedimiento con plazos tasados.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 37
Responsabilidad penal. 1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. 2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
Datos clave
- ¿Suspende la exigencia de responsabilidad penal el procedimiento de responsabilidad patrimonial? → No, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
- ¿Conforme a qué se exige la responsabilidad civil derivada del delito? → De acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.
- La regla es NO suspender; la excepción es una y está tasada: que el penal deba determinar los hechos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La responsabilidad penal del personal público y la civil derivada del delito se rigen por su legislación; el proceso penal no suspende los procedimientos de responsabilidad patrimonial, salvo que haga falta que el penal determine los hechos.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 196. Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros
1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será esta responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315, o en el contrato de suministro de fabricación.
3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que este, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
4. La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.
Datos clave
- Regla general: el contratista indemniza todos los daños y perjuicios causados a terceros por las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
- Responde la Administración, dentro de los límites legales, si el daño es consecuencia inmediata y directa de una orden suya.
- También responde la Administración por vicios del proyecto en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación, pudiendo repetir contra el redactor del proyecto (artículo 315).
- Los terceros pueden requerir al órgano de contratación dentro del año siguiente a la producción del hecho para que, oído el contratista, informe sobre a quién corresponde la responsabilidad.
- Ese requerimiento interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
- La reclamación se formula conforme al procedimiento de la legislación aplicable a cada supuesto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El contratista indemniza los daños a terceros causados por la ejecución del contrato; responde la Administración si derivan inmediata y directamente de una orden suya o de vicios del proyecto. El tercero puede pedir, dentro del año, que se le informe de quién responde.
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Artículo 17. Consultas preceptivas
El artículo 17 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, enumera los asuntos en los que el Consejo Consultivo de Andalucía será consultado preceptivamente:
1. Anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía.
2. Anteproyectos de leyes.
3. Proyectos de reglamentos que se dicten en ejecución de las leyes, o del derecho de la UE y sus modificaciones.
4. Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional.
5. Convenios o acuerdos de cooperación con otra comunidad autónoma, contemplados en el título IX del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
6. Conflictos de atribuciones que se susciten entre consejerías o entre alguna de ellas y entidades del sector público andaluz no adscritas a la misma, o entre varias entidades adscritas a distintas consejerías.
7. Proyectos de decretos de aprobación o modificación de estatutos de las universidades públicas de Andalucía.
8. Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de contenido económico de la Administración de la comunidad autónoma, así como el sometimiento a arbitraje de las cuestiones que se susciten respecto de los mismos, cuando, en ambos casos, la cuantía litigiosa exceda de 300.000 euros.
9. Revocación de actos de naturaleza tributaria cuando la deuda supere los 30.000 euros y conflictos en la aplicación de la norma tributaria.
10. Expedientes tramitados por la Administración de la comunidad autónoma en que la consulta venga exigida por ley, en los supuestos contenidos en la misma, que se refieran, entre otras, a las materias siguientes:
a) Reclamaciones administrativas de indemnización por daños y perjuicios de cuantía superior a 70.000 euros.
b) Anulación de oficio de los actos administrativos.
c) Recurso extraordinario de revisión.
d) Interpretación, nulidad y resolución de los contratos cuando se formule oposición por parte del contratista; las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un veinte por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 600.000 euros, así como de los pliegos de cláusulas administrativas generales; las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 30.000 euros.
e) La modificación de los instrumentos de ordenación urbanística que prevean una diferente localización de dotaciones públicas de espacios libres y zonas verdes que afecten a su funcionalidad o disminuyan su superficie, así como en los supuestos de suspensión de los instrumentos de ordenación urbanística general que competen al Consejo de Gobierno.
f) Suspensión de los instrumentos de ordenación urbanística por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para salvaguardar la eficacia de las competencias autonómicas.
g) Creación y supresión de municipios o alteración de términos municipales, constitución y disolución de entidades locales autónomas y creación de áreas metropolitanas y demás asuntos en que la consulta venga exigida por la legislación de régimen local.
11. Expedientes tramitados por instituciones, entidades, organismos, universidades y empresas en que, por precepto expreso de una ley, deba pedirse dictamen al Consejo Consultivo.
12. Conflictos en defensa de la autonomía local.
13. Transacciones judiciales y extrajudiciales sobre los derechos de la Hacienda Pública de las entidades locales y sometimiento o arbitraje de las contiendas que se susciten respecto de los mismos y que superen el cinco por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto.
14. Tratándose de solicitudes de dictamen que versen sobre reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial frente a administraciones públicas no pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Consejo Consultivo será competente para dictaminar cuando la cuantía de la reclamación sea superior a 50.000 euros.
Datos clave
- Reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios ante la Administración autonómica: dictamen preceptivo si la cuantía es superior a 70.000 euros.
- Responsabilidad patrimonial frente a administraciones no pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma: competente si la reclamación es superior a 50.000 euros.
- Transacciones y arbitraje sobre derechos económicos de la Administración autonómica: cuantía litigiosa superior a 300.000 euros.
- Revocación de actos tributarios: deuda superior a 30.000 euros.
- Modificación de contratos no prevista en el pliego: superior al 20 % del precio inicial (IVA excluido) y precio igual o superior a 600.000 euros.
- Responsabilidad contractual: indemnizaciones reclamadas iguales o superiores a 30.000 euros.
- Transacciones y arbitraje de entidades locales: superiores al cinco por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto.
- También preceptivo en anulación de oficio, recurso extraordinario de revisión y conflictos en defensa de la autonomía local.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista de los catorce supuestos de consulta preceptiva al Consejo Consultivo: desde la reforma del Estatuto y los anteproyectos de ley hasta varios umbrales económicos que conviene memorizar con su «superior» o «igual o superior».
Esquema
| Umbral | Matiz | |
|---|---|---|
| Transacciones y arbitraje (Junta) | Exceda de 300.000 euros | Cuantía litigiosa |
| Revocación tributaria | Supere los 30.000 euros | Deuda |
| Indemnización por daños (Junta) | Superior a 70.000 euros | Reclamación administrativa |
| Modificación de contratos | Más del veinte por ciento y precio igual o superior a 600.000 euros | No prevista en el pliego; IVA excluido |
| Responsabilidad contractual | Igual o superior a 30.000 euros | Indemnizaciones reclamadas |
| Transacciones de entidades locales | Superen el cinco por ciento | De los recursos ordinarios de su presupuesto |
| Responsabilidad patrimonial de otras administraciones | Superior a 50.000 euros | Administraciones no pertenecientes a la de la Junta |