Tema 83: El control de la actividad financiera: concepto y clases. Órganos competentes. El control interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de aplicación. La función interventora. El control financiero. El control de eficiencia, eficacia y economía. La supervisión continua. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El control externo. La Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas. El control parlamentario. Régimen de responsabilidad en la gestión financiera pública.
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- Constitución Española
- Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas
- Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas
- Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía
- Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas
- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
- Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía
- Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía
Constitución Española · Art. 136
1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. 2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. 3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. 4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.
Datos clave
- ¿De quién depende el Tribunal de Cuentas? → Directamente de las Cortes Generales, y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
- ¿Qué remite el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales? → Un informe anual comunicando, cuando proceda, las infracciones o responsabilidades en que se hubiere incurrido.
- ¿Qué estatuto tienen los miembros del Tribunal de Cuentas? → La misma independencia e inamovilidad y las mismas incompatibilidades que los Jueces.
- Tres palabras que fijan su posición: supremo, fiscalizador y dependiente de las Cortes Generales.
- Estatuto de sus miembros, calcado del judicial: independencia, inamovilidad e incompatibilidades de los Jueces.
- Periodicidad única en el artículo: el informe es anual.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal de Cuentas: supremo fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público, dependiente de las Cortes Generales, con informe anual y miembros con estatuto de Juez.
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Constitución Española · Art. 153
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias. d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.
Datos clave
- ¿Quién controla la constitucionalidad de las normas autonómicas con fuerza de ley? → El Tribunal Constitucional.
- ¿Qué necesita el Gobierno antes de controlar el ejercicio de funciones delegadas? → El dictamen previo del Consejo de Estado.
- ¿Quién controla lo económico y presupuestario de las Comunidades Autónomas? → El Tribunal de Cuentas.
- Cuatro controles, cuatro órganos: Constitucional (leyes), Gobierno con dictamen del Consejo de Estado (delegadas), contencioso-administrativo (reglamentos y actos), Tribunal de Cuentas (dinero).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuatro controles sobre los órganos autonómicos, cada uno con su órgano: Tribunal Constitucional, Gobierno con dictamen del Consejo de Estado, jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal de Cuentas.
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Artículo 22
Además de los sistemas e instituciones de control que pudieran adoptar en sus respectivos Estatutos, y en su caso las que por la Ley se autorizaran en el territorio comunitario, al Tribunal de Cuentas corresponde realizar el control económico y presupuestario de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio del control que compete al Estado en el caso de transferencias de medios financieros con arreglo al apartado dos del artículo ciento cincuenta de la Constitución.
Datos clave
- Al Tribunal de Cuentas corresponde el control económico y presupuestario de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas.
- Ese control se entiende además de los sistemas e instituciones de control que las Comunidades Autónomas adopten en sus Estatutos.
- Se deja a salvo el control que compete al Estado en las transferencias de medios financieros.
- La referencia constitucional es el apartado dos del artículo 150 de la Constitución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal de Cuentas controla la actividad financiera de las Comunidades, además de sus propios sistemas de control, y sin perjuicio del control del Estado sobre las transferencias del apartado dos del artículo ciento cincuenta de la Constitución.
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Artículo primero. Naturaleza del Tribunal de Cuentas
El artículo primero de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, define la naturaleza y el ámbito de este órgano.
Naturaleza: el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución y esta Ley Orgánica.
Partidos políticos: corresponde asimismo al Tribunal de Cuentas la fiscalización de la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, así como la de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos.
Ámbito y dependencia: es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las Comunidades Autónomas puedan prever sus Estatutos. Depende directamente de las Cortes Generales.
Datos clave
- Supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público.
- Tiene jurisdicción propia.
- Fiscaliza a los partidos políticos inscritos en el Registro del Ministerio del Interior y a sus fundaciones y entidades vinculadas.
- Es único en su orden y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional.
- Sin perjuicio de los órganos fiscalizadores previstos en los Estatutos de Autonomía.
- Depende directamente de las Cortes Generales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador del Estado y del sector público, con jurisdicción propia, único en su orden, competente en todo el territorio y dependiente de las Cortes Generales.
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Artículo segundo. Funciones del Tribunal de Cuentas
El artículo segundo de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, enumera las funciones propias de este órgano.
Son funciones propias del Tribunal de Cuentas:
a) La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público.
b) El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
Se distinguen así la función fiscalizadora y la función jurisdiccional (enjuiciamiento contable).
Datos clave
- Función fiscalizadora: externa, permanente y consuntiva.
- Objeto de la fiscalización: la actividad económico-financiera del sector público.
- Función jurisdiccional: enjuiciamiento de la responsabilidad contable.
- Sujetos: quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos funciones propias: fiscalizar de forma externa, permanente y consuntiva la actividad económico-financiera del sector público, y enjuiciar la responsabilidad contable de quien maneja caudales públicos.
Esquema
| Fiscalizadora | Jurisdiccional | |
|---|---|---|
| Contenido | Fiscalización externa, permanente y consuntiva | Enjuiciamiento de la responsabilidad contable |
| Sobre qué | Actividad económico-financiera del sector público | Quienes manejan caudales o efectos públicos |
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Artículo 9
El artículo 9 (artículo noveno) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, define el contenido de la función fiscalizadora del Tribunal.
La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se refiere al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género.
El Tribunal de Cuentas ejerce esta función en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos.
Datos clave
- La función fiscalizadora recae sobre la actividad económico-financiera del sector público.
- Principios: legalidad, eficiencia, economía y transparencia.
- Incluye también la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género.
- Se ejerce en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La fiscalización mide la actividad económico-financiera del sector público con legalidad, eficiencia, economía y transparencia, y además con sostenibilidad ambiental e igualdad de género.
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Artículo 15
El artículo 15 (artículo quince) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, delimita el enjuiciamiento contable.
El enjuiciamiento contable es la jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas. Se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos.
La jurisdicción contable se extiende a los alcances de caudales o efectos públicos, así como a las obligaciones accesorias constituidas en garantía de su gestión.
Datos clave
- El enjuiciamiento contable es la jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas.
- Se ejerce sobre las cuentas de quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos.
- Se extiende a los alcances de caudales o efectos públicos.
- Alcanza también a las obligaciones accesorias constituidas en garantía de su gestión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El enjuiciamiento contable es la jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas: recae sobre las cuentas de quienes manejan bienes, caudales o efectos públicos y alcanza a los alcances y a las obligaciones accesorias de garantía.
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Artículo 38
El artículo 38 (artículo treinta y ocho) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, establece el régimen de la responsabilidad contable.
Obligación de indemnizar. Quien por acción u omisión contraria a la Ley origine el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados.
Clases. La responsabilidad podrá ser directa o subsidiaria:
- La responsabilidad directa será siempre solidaria y comprenderá todos los perjuicios causados.
- Respecto a los responsables subsidiarios, la cuantía de su responsabilidad se limitará a los perjuicios que sean consecuencia de sus actos y podrá moderarse en forma prudencial y equitativa.
Transmisión. Las responsabilidades, tanto directas como subsidiarias, se transmiten a los causahabientes de los responsables por la aceptación expresa o tácita de la herencia, pero solo en la cuantía a que ascienda el importe líquido de la misma.
Datos clave
- Quien origine el menoscabo de caudales o efectos públicos por acción u omisión contraria a la Ley debe indemnizar los daños y perjuicios.
- La responsabilidad puede ser directa o subsidiaria.
- La responsabilidad directa es siempre solidaria y comprende todos los perjuicios causados.
- La subsidiaria se limita a los perjuicios derivados de los propios actos y puede moderarse en forma prudencial y equitativa.
- Se transmite a los causahabientes por la aceptación expresa o tácita de la herencia, solo hasta el importe líquido de esta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien por acción u omisión contraria a la Ley causa menoscabo a los fondos públicos debe indemnizar. La responsabilidad directa es solidaria y total; la subsidiaria, limitada y moderable; ambas pasan a los herederos hasta el líquido de la herencia.
Esquema
| Directa | Subsidiaria | |
|---|---|---|
| Carácter | Siempre solidaria | Limitada a los perjuicios de sus actos |
| Alcance | Todos los perjuicios causados | Puede moderarse en forma prudencial y equitativa |
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Artículo 1. Creación y naturaleza de la Cámara de Cuentas
El artículo 1 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, crea la Cámara de Cuentas de Andalucía como órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía, al que, sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas, corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Datos clave
- Naturaleza: órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía.
- Función: fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma.
- Sin perjuicio de las competencias constitucionales del Tribunal de Cuentas.
- Creada por la Ley 1/1988, de 17 de marzo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Cámara de Cuentas de Andalucía es un órgano técnico dependiente del Parlamento andaluz que hace la fiscalización externa de los fondos públicos autonómicos, sin perjuicio del Tribunal de Cuentas.
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Artículo 2. Sector público y fondos públicos
El artículo 2 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, delimita el ámbito subjetivo y objetivo de la fiscalización.
1. A efectos de la Ley, componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
a) La Junta de Andalucía, sus Organismos Autónomos, sus Instituciones y empresas.
b) Las Corporaciones Locales que forman parte del territorio de la Comunidad Autónoma, así como los Organismos Autónomos y Empresas Públicas de ellas dependientes.
c) Las Universidades Públicas de Andalucía.
d) Cuantos Organismos y Entidades sean incluidos por norma legal.
2. Son fondos públicos todos los gestionados por el Sector Público Andaluz, así como las subvenciones, créditos, avales y todas las ayudas, cualquiera que sea su naturaleza, concedidas por los órganos del Sector Público a cualquier persona física o jurídica.
Datos clave
- Sector público: Junta de Andalucía, sus Organismos Autónomos, Instituciones y empresas.
- Incluye las Corporaciones Locales y sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas.
- Incluye las Universidades Públicas de Andalucía y los entes incluidos por norma legal.
- Fondos públicos: los gestionados por el Sector Público Andaluz y las subvenciones, créditos, avales y ayudas que conceda a personas físicas o jurídicas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué entes forman el sector público andaluz a efectos de la Cámara de Cuentas y qué se entiende por fondos públicos, incluidas las ayudas concedidas a particulares.
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Artículo 4. Funciones de la Cámara de Cuentas
El artículo 4 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, enumera las funciones propias de la Cámara.
1. Son funciones propias de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que ejercerá con total independencia:
a) Fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de Andalucía, velando por la legalidad y eficiencia de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven y, en general, de la recaudación, inversión o aplicación de los fondos públicos. En todo caso, le corresponde la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas de los órganos del sector público andaluz percibidas por personas físicas o jurídicas.
b) Fiscalizar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los programas presupuestarios y en las memorias de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas.
c) Asesorar al Parlamento de Andalucía en la materia propia de sus competencias.
d) Fiscalizar especialmente los contratos administrativos celebrados por los componentes del sector público.
2. Desarrolla además las funciones de fiscalización que, por delegación, le encomiende el Tribunal de Cuentas.
3. La Consejería de Hacienda trasladará a la Cámara de Cuentas todos los contratos que celebre la Junta de Andalucía cuyo importe inicial exceda de 25.000.000 de pesetas, para su examen y toma de razón. Los órganos de contratación deben enviarlos a la Consejería de Hacienda. Sin perjuicio de la facultad de la Cámara para recabar los antecedentes que estime necesarios, dichos órganos deberán acompañar a los contratos originales, dentro de los tres meses siguientes a su adjudicación, copia o fotocopia certificada de las actuaciones especificadas en el artículo 18 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Si la Cámara apreciase una manifiesta infracción de Ley con grave perjuicio para el interés público, dará inmediato conocimiento al Parlamento y al Consejo de Gobierno por medio de un informe extraordinario.
Datos clave
- Funciones ejercidas con total independencia.
- Fiscaliza la actividad económico-financiera del sector público andaluz (legalidad y eficiencia) y, en todo caso, subvenciones, créditos, avales y ayudas.
- Fiscaliza el cumplimiento de objetivos de los programas presupuestarios.
- Asesora al Parlamento y fiscaliza especialmente los contratos administrativos.
- Puede ejercer funciones fiscalizadoras delegadas por el Tribunal de Cuentas.
- Contratos de la Junta de importe inicial superior a 25.000.000 de pesetas: traslado por la Consejería de Hacienda para examen y toma de razón.
- Documentación: dentro de los tres meses siguientes a la adjudicación.
- Manifiesta infracción de Ley con grave perjuicio: informe extraordinario al Parlamento y al Consejo de Gobierno.
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Funciones de la Cámara, ejercidas con total independencia: fiscalizar la actividad económico-financiera y las ayudas, el cumplimiento de objetivos y los contratos, y asesorar al Parlamento.
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Artículo 12. Informes y responsabilidad contable
El artículo 12 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, regula el resultado de la actividad fiscalizadora.
1. El resultado de la actividad fiscalizadora se expone por medio de informes anuales o especiales, que se elevan al Parlamento de Andalucía, se remiten al Tribunal de Cuentas y se publican en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
2. Cuando los informes se refieran a la gestión económica y financiera de las Corporaciones Locales, se da traslado, además de al Parlamento y al Tribunal de Cuentas, a las propias Corporaciones, a fin de que sus respectivos Plenos los conozcan y, en su caso, adopten las medidas que procedan.
3. Si en el ejercicio de su función fiscalizadora la Cámara advirtiera indicios de responsabilidad contable, lo trasladará sin dilación al Tribunal de Cuentas a efectos de su posible enjuiciamiento. La instrucción de los procedimientos jurisdiccionales correspondientes podrá ser efectuada por la Cámara de Cuentas de acuerdo con la legislación específica del Tribunal de Cuentas.
Datos clave
- Informes anuales o especiales.
- Se elevan al Parlamento, se remiten al Tribunal de Cuentas y se publican en el BOJA.
- Informes sobre Corporaciones Locales: también a las Corporaciones para conocimiento de sus Plenos.
- Indicios de responsabilidad contable: traslado sin dilación al Tribunal de Cuentas.
- La Cámara puede instruir los procedimientos jurisdiccionales según la legislación del Tribunal de Cuentas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El resultado de la fiscalización se recoge en informes anuales o especiales que van al Parlamento, al Tribunal de Cuentas y al BOJA; los indicios de responsabilidad contable se pasan al Tribunal de Cuentas.
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Artículo 15
El artículo 15 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, regula el contenido del informe anual que la Cámara remite al Parlamento.
El informe anual que la Cámara de Cuentas debe remitir al Parlamento de Andalucía, en el plazo que indica el artículo 11 de la Ley, contendrá:
- el análisis de la Cuenta General de la Junta de Andalucía;
- el análisis de la gestión económico-financiera de cuantas Entidades, Organismos u órganos sin personalidad jurídica hayan sido controlados en el ejercicio a que se refiera;
- las medidas que, en su caso, hubiesen adoptado los órganos competentes.
Datos clave
- El informe anual de la Cámara de Cuentas se remite al Parlamento de Andalucía.
- El plazo de remisión es el indicado en el artículo 11 de la Ley 1/1988.
- Contiene el análisis de la Cuenta General de la Junta de Andalucía.
- Incluye el análisis de la gestión económico-financiera de las entidades, organismos u órganos sin personalidad jurídica controlados.
- Recoge las medidas adoptadas, en su caso, por los órganos competentes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El informe anual que la Cámara remite al Parlamento analiza la Cuenta General de la Junta, la gestión de los entes controlados en el ejercicio y las medidas adoptadas.
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Artículo 16. Órganos de la Cámara de Cuentas
El artículo 16 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, enumera los órganos que integran la Cámara de Cuentas:
a) El Pleno.
b) La Comisión de Gobierno.
c) La persona titular de la Presidencia.
d) La persona titular de la Vicepresidencia.
e) Los Consejeros.
f) La Secretaría General.
Datos clave
- Seis órganos: Pleno, Comisión de Gobierno, Presidencia, Vicepresidencia, Consejeros y Secretaría General.
- El Pleno es el órgano colegiado de la Cámara (artículo 17).
- La Presidencia y la Vicepresidencia son órganos unipersonales diferenciados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Cámara de Cuentas de Andalucía tiene seis órganos: Pleno, Comisión de Gobierno, Presidencia, Vicepresidencia, Consejeros y Secretaría General.
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Artículo 29
El artículo 29 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, regula la coordinación entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.
Coordinación. Los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas coordinarán su actividad con la del Tribunal de Cuentas mediante el establecimiento de criterios y técnicas comunes de fiscalización que garanticen la mayor eficacia en los resultados y eviten la duplicidad en las actuaciones fiscalizadoras.
Remisión de resultados. A los mismos efectos, estos órganos remitirán al Tribunal de Cuentas, tan pronto los tengan aprobados o, en su caso, dentro de los plazos legalmente establecidos:
- los resultados individualizados del examen, comprobación y censura de las Cuentas de todas las entidades del sector público autonómico;
- los Informes o Memorias anuales acerca de sus respectivas cuentas generales;
- los Informes o Memorias, Mociones o Notas en que se concrete el análisis de la gestión económico-financiera de las entidades del sector público autonómico o de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas de dicho sector percibidas por personas físicas o jurídicas.
Los Informes o Memorias se remiten con los antecedentes y el detalle necesarios para que el Tribunal de Cuentas pueda examinarlos, practicar las ampliaciones y comprobaciones que estime necesarias e incorporar sus propias conclusiones, si procede, a la Memoria anual a remitir a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o a las Memorias extraordinarias del artículo 28.2 de la Ley.
Encargo de funciones. El Tribunal de Cuentas, mediante acuerdo plenario, podrá solicitar de los órganos de fiscalización externa de las Comunidades Autónomas la práctica de concretas funciones fiscalizadoras, tanto del sector público autonómico como del estatal.
Secciones territoriales. En las Comunidades Autónomas que no tengan establecido órgano de control externo, el Tribunal de Cuentas podrá establecer secciones territoriales para el cumplimiento de sus funciones.
Datos clave
- La coordinación se basa en criterios y técnicas comunes de fiscalización que eviten la duplicidad.
- Los órganos autonómicos remiten al Tribunal de Cuentas los resultados de la censura de las cuentas del sector público autonómico.
- El Tribunal de Cuentas puede incorporar sus conclusiones a la Memoria anual a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas.
- Mediante acuerdo plenario puede encargar concretas funciones fiscalizadoras a los órganos autonómicos, sobre el sector público autonómico o estatal.
- Donde no haya órgano de control externo autonómico, puede establecer secciones territoriales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los órganos de control externo autonómicos se coordinan con el Tribunal de Cuentas con criterios comunes, le remiten sus resultados e informes y pueden recibir encargos; donde no existan, el Tribunal puede crear secciones territoriales.
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Artículo 106. Funciones
Corresponde al Parlamento de Andalucía:
1.º El ejercicio de la potestad legislativa propia de la Comunidad Autónoma, así como la que le corresponda de acuerdo con el artículo 150.1 y 2 de la Constitución.
2.º La orientación y el impulso de la acción del Consejo de Gobierno.
3.º El control sobre la acción del Consejo de Gobierno y sobre la acción de la Administración situada bajo su autoridad. Con esta finalidad se podrán crear, en su caso, comisiones de investigación, o atribuir esta facultad a las comisiones permanentes.
4.º El examen, la enmienda y la aprobación de los presupuestos.
5.º La potestad de establecer y exigir tributos, así como la autorización de emisión de deuda pública y del recurso al crédito, en los términos que establezca la Ley Orgánica a que se refiere el artículo 157.3 de la Constitución Española.
6.º La elección del Presidente de la Junta.
7.º La exigencia de responsabilidad política al Consejo de Gobierno.
8.º La apreciación, en su caso, de la incapacidad del Presidente de la Junta.
9.º La presentación de proposiciones de ley al Congreso de los Diputados en los términos del artículo 87.2 de la Constitución.
10.º La autorización al Consejo de Gobierno para obligarse en los convenios y acuerdos de colaboración con otras Comunidades Autónomas, de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto.
11.º La aprobación de los planes económicos.
12.º El examen y aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del control atribuido a la Cámara de Cuentas.
13.º La ordenación básica de los órganos y servicios de la Comunidad Autónoma.
14.º El control de las empresas públicas andaluzas.
15.º El control de los medios de comunicación social dependientes de la Comunidad Autónoma.
16.º La interposición de recursos de inconstitucionalidad y la personación en los procesos constitucionales de acuerdo con lo que establezca la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
17.º La designación, en su caso, de los Senadores y Senadoras que correspondan a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. La designación podrá recaer en cualquier ciudadano que ostente la condición política de andaluz.
18.º La solicitud al Estado de la atribución, transferencia o delegación de facultades en el marco de lo dispuesto en el artículo 150. 1 y 2 de la Constitución.
19.º Las demás atribuciones que se deriven de la Constitución, de este Estatuto y del resto del ordenamiento jurídico.
Datos clave
- El Parlamento de Andalucía controla la acción del Consejo de Gobierno y de la Administración bajo su autoridad.
- Para ese control puede crear comisiones de investigación o atribuir esta facultad a las comisiones permanentes.
- Examina, enmienda y aprueba los presupuestos.
- Examina y aprueba la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del control atribuido a la Cámara de Cuentas.
- Autoriza la emisión de deuda pública y el recurso al crédito.
- Controla las empresas públicas andaluzas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Diecinueve funciones del Parlamento andaluz: legislar, impulsar y controlar al Gobierno, aprobar presupuestos y tributos, elegir al Presidente, exigir responsabilidad, designar senadores y recurrir ante el Constitucional, entre otras.
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Artículo 130. Cámara de Cuentas.
1. La Cámara de Cuentas es el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía.
2. La Cámara de Cuentas depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía. Su composición, organización y funciones se regulará mediante ley.
Datos clave
- Órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria.
- Ámbito: Junta de Andalucía, entes locales y resto del sector público de Andalucía.
- Depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía.
- Composición, organización y funciones: se regulan mediante ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Cámara de Cuentas es el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta, los entes locales y el resto del sector público andaluz, y depende orgánicamente del Parlamento.
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Artículo 107 bis. Información al Parlamento de Andalucía
El artículo 107 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, regula la información que se remite al Parlamento de Andalucía.
Información trimestral. En el ámbito de aplicación de la ley, la Consejería con competencia en materia de Hacienda remitirá a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía, con carácter trimestral, la siguiente información:
- a) La relación de los expedientes de modificaciones presupuestarias aprobados conforme a la ley, acompañada de la documentación que permita conocer, con el mayor nivel de desagregación orgánica, funcional y económica, los créditos de alta y baja, así como la justificación detallada de los motivos por los que se adoptan y la repercusión sobre objetivos e indicadores afectados.
- b) Las operaciones de ejecución del Presupuesto.
- c) La situación y movimiento de la Tesorería General, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.
- d) La relación de avales que haya autorizado el Consejo de Gobierno en el período, indicando singularmente la entidad avalada, el importe del aval y sus condiciones.
Deuda Pública. Igualmente, se dará traslado a dicha Comisión de los acuerdos de emisión de Deuda Pública que se adopten en el ejercicio, especificando la cuantía de la deuda y las condiciones de amortización.
Datos clave
- La información la remite la Consejería con competencia en materia de Hacienda.
- El destinatario es la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía.
- La remisión tiene carácter trimestral.
- Comprende modificaciones presupuestarias, ejecución del Presupuesto, Tesorería General y avales autorizados por el Consejo de Gobierno.
- También se trasladan los acuerdos de emisión de Deuda Pública, con su cuantía y condiciones de amortización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hacienda informa cada trimestre a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento sobre modificaciones, ejecución, Tesorería y avales, y le traslada los acuerdos de emisión de Deuda Pública.
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Artículo 108. Responsabilidad por los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía
El artículo 108 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, regula la responsabilidad por los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Sujetos y supuesto. Las autoridades y demás personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias, instituciones, consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, así como el de las restantes entidades del artículo 5, que, por dolo, culpa o negligencia graves, ocasionen menoscabo en los fondos públicos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a la ley o a las leyes reguladoras del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control aplicables, estarán obligados a la indemnización de daños y perjuicios, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.
Carácter. La responsabilidad de quienes hayan participado en la resolución o en el acto será mancomunada, excepto en los casos de dolo, en que será solidaria.
Tasas. Para determinar esta responsabilidad en materia de tasas se estará a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Datos clave
- El título de imputación es el dolo, la culpa o la negligencia graves.
- Se exige por el menoscabo de los fondos públicos causado por acciones u omisiones contrarias a la normativa presupuestaria, económico-financiera, contable y de control.
- La obligación es indemnizar los daños y perjuicios.
- Es independiente de la responsabilidad penal o disciplinaria.
- Es mancomunada, salvo en caso de dolo, en que es solidaria.
- En materia de tasas se remite al artículo 11 de la Ley 4/1988, de 5 de julio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien, por dolo, culpa o negligencia graves, causa un menoscabo en los fondos públicos infringiendo la normativa presupuestaria, contable o de control, debe indemnizar los daños; mancomunadamente, salvo dolo.
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Artículo 109. Infracciones
Constituyen infracciones, según determina el artículo anterior:
a) Incurrir en alcance o malversación en la administración de los fondos de la Junta de Andalucía.
b) Administrar los recursos y demás derechos de la Hacienda de la Junta de Andalucía sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación e ingreso en la Tesorería.
c) Comprometer gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlo o con infracción de lo dispuesto en la presente Ley o en la del Presupuesto que sea aplicable.
d) Dar lugar a pagos indebidos al liquidar las obligaciones o al expedir documentos en virtud de funciones encomendadas.
e) No rendir las cuentas reglamentarias exigidas, rendirlas con notable retraso o presentarlas con graves defectos.
f) No justificar la inversión de los fondos a que se refiere el artículo 56.
Datos clave
- Es infracción incurrir en alcance o malversación en la administración de los fondos de la Junta de Andalucía.
- Es infracción comprometer gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente.
- Es infracción dar lugar a pagos indebidos al liquidar obligaciones o expedir documentos.
- Es infracción no rendir las cuentas, rendirlas con notable retraso o presentarlas con graves defectos.
- Es infracción no justificar la inversión de los fondos del artículo 56.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Son infracciones el alcance o malversación, gestión irregular de recursos, gasto sin crédito, pagos indebidos, defectos graves de rendición y falta de justificación.
Artículo 110. Diligencias previas
1. Conocida la existencia de las infracciones enumeradas en el artículo anterior, los órganos superiores de las personas presuntamente responsables y los órganos competentes para la ordenación de los pagos instruirán las diligencias previas y adoptarán, con igual carácter, las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Junta de Andalucía, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda y, en su caso, del Tribunal de Cuentas, para que procedan según sus competencias y conforme a los procedimientos establecidos.
2. La persona titular de la Intervención que en el ejercicio de sus funciones advierta la existencia de infracciones lo pondrá en conocimiento de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda a los efectos previstos en el apartado anterior.
Datos clave
- Las diligencias previas las instruyen los órganos superiores de los presuntos responsables y los órganos competentes para la ordenación de los pagos.
- Esos órganos adoptan también las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Junta de Andalucía.
- Deben ponerlo inmediatamente en conocimiento de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda y, en su caso, del Tribunal de Cuentas.
- La persona titular de la Intervención que advierta infracciones lo comunica a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Conocida una posible infracción, superiores y ordenadores de pagos instruyen diligencias y aseguran los derechos públicos, informando inmediatamente a Hacienda y, si procede, al Tribunal.
Artículo 111. Órganos competentes y procedimiento
1. Sin perjuicio de las competencias de la Cámara de Cuentas, en los supuestos de los apartados a) y e) del artículo 109, la responsabilidad será exigida por el Tribunal de Cuentas de conformidad con lo establecido en su legislación específica.
En los demás supuestos del artículo 109, la responsabilidad será exigida mediante procedimiento administrativo instruido a la persona interesada, en la forma que reglamentariamente se determine, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas a los efectos prevenidos en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
2. El acuerdo de iniciación, el nombramiento de instructor o instructora y la resolución del procedimiento corresponderán al Consejo de Gobierno cuando tenga la condición de autoridad de la Junta de Andalucía, y a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda en los demás casos.
3. La resolución que ponga fin al procedimiento, tramitado con audiencia de la persona interesada, deberá pronunciarse sobre los daños y perjuicios causados a los derechos económicos de la Hacienda de la Junta de Andalucía, y las personas responsables tendrán la obligación de indemnizar en la cuantía y el plazo que se señalen.
Datos clave
- En los supuestos a) y e) del artículo 109 la responsabilidad la exige el Tribunal de Cuentas.
- En los demás supuestos se exige mediante procedimiento administrativo instruido a la persona interesada.
- Si el responsable es autoridad de la Junta de Andalucía, inicia, nombra instructor y resuelve el Consejo de Gobierno.
- En los demás casos esas competencias corresponden a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
- El procedimiento se tramita con audiencia de la persona interesada y la resolución fija la cuantía y el plazo de la indemnización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal de Cuentas exige ciertas responsabilidades y las restantes se depuran administrativamente; la autoridad del responsable determina quién inicia, instruye y resuelve.
Artículo 2. Carácter y autonomía de la Intervención General
El artículo 2 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, fija el carácter y la autonomía de la Intervención General.
Carácter. Conforme al artículo 86 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la Intervención General tiene la condición de:
- órgano superior de control interno, en su doble modalidad de control previo y control financiero;
- órgano directivo y gestor de la contabilidad pública de la gestión económico-financiera;
- órgano directivo responsable de la planificación y ejecución de las actuaciones de supervisión continua.
Autonomía. La Intervención General ejerce sus funciones de control interno, contabilidad pública y supervisión continua con plena autonomía respecto de los órganos y entidades sujetos a sus potestades contables y de control. La autonomía respecto de las personas titulares de los órganos y entidades cuya gestión controle la ostentan la persona titular de la Intervención General y quienes realizan funciones de su ámbito competencial, sin perjuicio de las potestades de dirección y coordinación que corresponden a aquella.
Datos clave
- El carácter de la Intervención General deriva del artículo 86 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
- Es órgano superior de control interno, en su doble modalidad de control previo y control financiero.
- Es órgano directivo y gestor de la contabilidad pública.
- Es el órgano directivo responsable de la planificación y ejecución de la supervisión continua.
- Ejerce sus funciones con plena autonomía respecto de los órganos y entidades controlados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Intervención General tiene una triple condición: control interno (previo y financiero), contabilidad pública y supervisión continua; y las ejerce con plena autonomía frente a los órganos y entidades que controla.
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Artículo 3. El control interno de la Junta de Andalucía
El artículo 3 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, delimita el ámbito, el objeto y las modalidades del control interno.
Ámbito. Conforme a lo dispuesto en el artículo 85.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se encuentra sometida al control interno de la Intervención General de la Junta de Andalucía y al régimen de contabilidad la actividad financiera de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales, de los consorcios contemplados en el artículo 4 de esa ley y demás entidades incluidas en su artículo 5. También la de las entidades públicas vinculadas que tienen la consideración de Administración institucional y la de los órganos e instituciones a los que les resulte de aplicación el régimen jurídico de esta, conforme a la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, salvo disposición distinta establecida en su normativa específica.
Objeto. La función de control interno que se atribuye a la Intervención General tiene por objeto comprobar que el funcionamiento del sector público de la Junta de Andalucía, en el aspecto económico-financiero, se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera, con sujeción al Texto Refundido, al Reglamento y a las normas que lo desarrollen.
Modalidades. El control interno comprende dos modalidades: el control previo y el control financiero. El control de los gastos de personal al que se refiere el Capítulo IV, así como aquellos otros que decida la Intervención General en cumplimiento de las facultades que la ley y el Reglamento le atribuyen, se realizarán empleando de forma complementaria ambas modalidades de control.
Datos clave
- El sometimiento al control interno y al régimen de contabilidad lo establece el artículo 85.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
- El control interno lo ejerce la Intervención General de la Junta de Andalucía.
- Principios comprobados: legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera.
- Dos modalidades: control previo y control financiero.
- Los gastos de personal del Capítulo IV se controlan empleando de forma complementaria ambas modalidades.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El control interno de la Intervención General alcanza a la actividad financiera de la Junta y su sector público; comprueba legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera; y tiene dos modalidades: previo y financiero.
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Artículo 5. La supervisión continua
El artículo 5 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, define la supervisión continua.
Finalidad. La supervisión continua tiene como finalidad comprobar, respecto de las entidades y fondos contemplados en el artículo 96 bis.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía sometidos por la ley a este sistema:
- la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación;
- su sostenibilidad financiera;
- la concurrencia de las causas que justifiquen su permanencia como el medio más idóneo para lograr los fines que tengan asignados.
Órgano. La Intervención General desarrollará la planificación y ejecución de las actuaciones de supervisión continua que le atribuye el artículo 96 ter del Texto Refundido, en los términos de este y del Reglamento.
Datos clave
- La supervisión continua se aplica a las entidades y fondos del artículo 96 bis.1 del Texto Refundido.
- Comprueba la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación.
- Comprueba su sostenibilidad financiera.
- Comprueba que su permanencia sigue siendo el medio más idóneo para lograr sus fines.
- La planificación y ejecución corresponde a la Intervención General (artículo 96 ter del Texto Refundido).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La supervisión continua comprueba si las entidades y fondos del artículo 96 bis.1 siguen justificados, son sostenibles y siguen siendo el medio más idóneo para sus fines; la planifica y ejecuta la Intervención General.
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Artículo 6. Principios de actuación
El artículo 6 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, enumera los principios de actuación de la Intervención General.
En el control interno, la Intervención General está sometida a los siguientes principios:
- a) Plena autonomía, en los términos del artículo 2.
- b) Suficiencia de medios: dispondrá de los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de control que tiene atribuidas.
- c) Desconcentración: distribución de competencias del órgano directivo entre las diferentes Intervenciones, en función de los gastos controlados.
- d) Procedimiento contradictorio, materializado a través de los trámites del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y del Reglamento.
- e) Alcance delimitado de sus actuaciones de control, conforme al artículo 13.
En la contabilidad pública se sujeta, además de a los principios de plena autonomía y ejercicio desconcentrado, a los siguientes:
- a) Transparencia, en los términos de la legislación sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y de la de transparencia pública.
- b) Claridad, para hacer comprensibles las actividades del sector público de la Junta de Andalucía y del entorno en el que opera.
- c) Relevancia: información útil para la evaluación de la actividad del sector público, que comprenda toda la que posea importancia relativa.
- d) Fiabilidad: evitar errores materiales y sesgos y ofrecer información completa y objetiva, en la que el fondo económico de las operaciones prevalezca sobre su forma.
- e) Comparabilidad con otras Administraciones o entidades y con la información de la propia Junta de Andalucía de diferentes periodos.
- f) Prudencia en las estimaciones y valoraciones.
Datos clave
- Control interno: plena autonomía, suficiencia de medios, desconcentración, procedimiento contradictorio y alcance delimitado.
- La desconcentración distribuye competencias entre las Intervenciones en función de los gastos controlados.
- Contabilidad pública: plena autonomía y ejercicio desconcentrado, más seis principios propios.
- Principios contables: transparencia, claridad, relevancia, fiabilidad, comparabilidad y prudencia.
- Por la fiabilidad, el fondo económico de las operaciones prevalece sobre su forma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En el control interno rigen los principios de las letras a) a e) (autonomía, suficiencia de medios, desconcentración, contradicción y alcance delimitado); en la contabilidad, autonomía y desconcentración más seis propios.
Esquema
| Control interno | Contabilidad pública | |
|---|---|---|
| Comunes | Plena autonomía y desconcentración | Plena autonomía y ejercicio desconcentrado |
| Propios | Suficiencia de medios, procedimiento contradictorio, alcance delimitado | Transparencia, claridad, relevancia, fiabilidad, comparabilidad, prudencia |
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Artículo 13. Alcance del control interno
El artículo 13 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, regula el alcance de las actuaciones de control interno.
Regla general. Todas las actuaciones de control desarrolladas por la Intervención General, sin excepción alguna, deben tener previamente definido un alcance determinado. Ese alcance delimita las obligaciones profesionales del personal de la Intervención actuante y los resultados de las actuaciones de control que se desarrollen en cada caso.
Alcance en el control previo. Se establece en la ley, en el Reglamento y en las resoluciones de la Intervención General dictadas conforme al artículo 90.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y al artículo 28.2 del Reglamento. Su desarrollo se realiza conforme a las instrucciones y órdenes de servicio que pueda dictar la Intervención General (artículo 7), de aplicación obligatoria por todo el personal de la Intervención.
Alcance en el control financiero. Se determina en la ley, en el Reglamento, en los acuerdos del Consejo de Gobierno, en su caso, y en el Plan Anual de Control Financiero del artículo 93.6 del Texto Refundido, o en los documentos de planificación cuando proceda. Estos controles se desarrollan conforme a las instrucciones y órdenes de servicio de la Intervención General y a los programas de trabajo que se elaboren (artículo 66.3 del Reglamento).
Dictado informe definitivo en una actuación de control financiero, la Intervención no podrá incluir en informes posteriores incumplimientos relacionados con el alcance comprobado, salvo que con posterioridad se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicho alcance.
Modificación. Si durante una actuación de control, por razones justificadas, hubiera de alterarse el alcance previamente establecido, deberá modificarse el instrumento en el que estuviera plasmado, con las mismas formalidades cumplidas para su aprobación inicial.
Datos clave
- Todas las actuaciones de control, sin excepción alguna, deben tener previamente definido un alcance determinado.
- El alcance delimita las obligaciones profesionales del personal de la Intervención actuante y los resultados del control.
- En el control financiero el alcance se fija, entre otros, en el Plan Anual de Control Financiero (artículo 93.6 del Texto Refundido).
- Tras el informe definitivo no pueden incluirse en informes posteriores incumplimientos del alcance comprobado, salvo nuevos hechos o circunstancias.
- La alteración del alcance exige modificar el instrumento con las mismas formalidades de su aprobación inicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Toda actuación de control debe tener, sin excepción, un alcance definido de antemano, que fija obligaciones y resultados; tras el informe definitivo no se reabre lo comprobado salvo hechos nuevos, y cambiarlo exige las mismas formalidades.
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Artículo 15. Estructura
El artículo 15 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, establece la estructura de la Intervención General.
La Intervención General se estructura del modo siguiente:
- a) Las Divisiones del artículo 18, en torno a las que se organizan los servicios centrales de la Intervención General. Llevan a cabo las tareas generales y horizontales de dirección y coordinación de las funciones de control interno, contabilidad y supervisión continua y auxilio judicial, cuyo desarrollo se realiza a través de todo el personal dependiente de la Intervención General.
- b) Las Intervenciones, contempladas en el artículo 86.3.b) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y reguladas en el artículo 19 del Reglamento. Realizan de forma descentralizada el ejercicio de esas funciones que, según los criterios materiales, orgánicos o funcionales que se estimen más adecuados, les encomiende la persona titular de la Intervención General. Las Intervenciones podrán contar con Intervenciones adjuntas.
Atribución de cometidos no habituales. Conforme al artículo 86.3 del Texto Refundido, por razón de las necesidades del servicio y para el más eficiente desarrollo de las funciones de control, la persona titular de la Intervención General podrá atribuir a esas unidades, con independencia de la asignación general de funciones, cometidos concretos y no habituales correspondientes a ámbitos distintos de aquella distribución.
Datos clave
- La Intervención General se estructura en Divisiones (servicios centrales) e Intervenciones.
- Las Divisiones realizan las tareas generales y horizontales de dirección y coordinación.
- Las Intervenciones ejercen las funciones de forma descentralizada.
- Las Intervenciones podrán contar con Intervenciones adjuntas.
- La persona titular puede atribuir cometidos concretos y no habituales por necesidades del servicio (artículo 86.3 del Texto Refundido).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Intervención General se organiza en Divisiones (servicios centrales que dirigen y coordinan) e Intervenciones (que ejercen las funciones de forma descentralizada); su titular puede atribuirles cometidos concretos y no habituales.
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Artículo 17. La persona titular de la Intervención General y sus funciones
El artículo 17 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, regula la persona titular de la Intervención General y sus funciones.
Rango y nombramiento. Tiene rango de titular de Viceconsejería y es nombrada y separada por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, entre personas que reúnan los requisitos del artículo 17.5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
Dirección. Ostenta la dirección orgánica y funcional de todos los servicios, dependencias y personal funcionario adscrito a la Intervención General.
Funciones exclusivas. Además de las competencias que le atribuyan las leyes y demás disposiciones, se le atribuyen de forma exclusiva, entre otras:
- las funciones del artículo 25.1.a) en los informes de fiscalización previa;
- la resolución de las discrepancias frente a los informes de fiscalización previa (artículo 35.1.a);
- el informe con el que se remiten a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras o al Consejo de Gobierno los expedientes de convalidación de gastos por omisión de la fiscalización previa (artículo 36.9);
- el informe previo de las modificaciones presupuestarias cuya autorización competa al Consejo de Gobierno (artículo 37.1);
- los informes de control previo de las operaciones de entidades, órganos, servicios y gastos sujetos a control financiero que deba autorizar el Consejo de Gobierno (artículo 41);
- la designación de representante para la comprobación material de gastos (artículo 44);
- la aprobación del Plan Anual de Control Financiero (artículo 62) y la presentación de los Informes Generales de Control (artículo 63);
- la remisión de los informes de control financiero del sector público (artículo 71.3), el informe de actuación (artículo 74) y las comunicaciones especiales (artículo 75);
- la resolución de las discrepancias frente a los informes de control financiero de subvenciones (artículo 91.2);
- el dictamen sobre gastos cofinanciados con fondos de la Unión Europea (artículo 99) y el relativo a la auditoría del organismo pagador de los fondos europeos agrícolas (artículo 100);
- la facultad del artículo 123 sobre suministro de información en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera;
- la designación del personal para el auxilio judicial, a la fiscalía o a la fiscalía europea (artículo 128.1);
- los informes de las bases reguladoras de subvenciones (artículo 132.1).
Le corresponde asimismo disponer los medios y dictar las instrucciones para establecer el alcance, modalidad y actuaciones de control específicos que, de forma particular y en virtud de normativa autonómica, nacional o europea, resulte necesario realizar.
Datos clave
- La persona titular de la Intervención General tiene rango de titular de Viceconsejería.
- Es nombrada y separada por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
- Ostenta la dirección orgánica y funcional de todos los servicios y del personal funcionario adscrito.
- Aprueba de forma exclusiva el Plan Anual de Control Financiero.
- Resuelve de forma exclusiva las discrepancias frente a los informes de fiscalización previa.
- Designa al personal para el auxilio judicial, a la fiscalía o a la fiscalía europea.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La persona titular de la Intervención General tiene rango de Viceconsejería, la nombra el Consejo de Gobierno a propuesta de Hacienda, dirige todos los servicios y tiene funciones exclusivas en fiscalización, control financiero y otros.
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Artículo 19. Las personas titulares de las Intervenciones
El artículo 19 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, regula las personas titulares de las Intervenciones.
Condición y funciones. Los interventores o interventoras son personas funcionarias responsables de las Intervenciones que tienen asignada la realización de las funciones del artículo 15.1.b). En su respectivo ámbito, les corresponde la suscripción de los informes o el dictado de los actos en desarrollo de estas funciones que no estén reservados a la competencia de la persona titular de la Intervención General.
Asignación y coordinación. La persona titular de la Intervención General establece la asignación de funciones de cada Intervención y encomendará, cuando sea necesario, a la persona que tenga asignada una Intervención la coordinación de otras Intervenciones dentro de los ámbitos funcionales que tenga asignados.
Intervenciones adjuntas. Dependen de las respectivas personas titulares de las Intervenciones y actúan bajo sus directrices; a estas corresponde también establecer el reparto de tareas entre ellas si tuvieran adscritas más de una.
Personal. Las Intervenciones contarán, además, con la estructura de personal que establezcan las relaciones de puestos de trabajo, sin perjuicio de que los puestos de jefatura de sección, o puesto análogo, conforme al artículo 16, estén adscritos a la relación de puestos de trabajo de la Intervención General.
Datos clave
- Los interventores e interventoras son personas funcionarias responsables de las Intervenciones.
- Suscriben los informes y dictan los actos no reservados a la persona titular de la Intervención General.
- La asignación de funciones de cada Intervención la establece la persona titular de la Intervención General.
- Las Intervenciones adjuntas actúan bajo las directrices de la persona titular de la Intervención de la que dependen.
- Los puestos de jefatura de sección se adscriben a la relación de puestos de trabajo de la Intervención General.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los interventores son funcionarios responsables de cada Intervención y firman lo no reservado a la titular; esta asigna funciones y coordinaciones, y las Intervenciones adjuntas actúan bajo las directrices de su Intervención.
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Artículo 21. Concepto y naturaleza
El artículo 21 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, define el concepto y la naturaleza del control previo.
Objeto. El control previo tiene por objeto, en los términos del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y del Reglamento, el control de la legalidad en el aspecto económico-financiero del conjunto de los actos, expedientes y operaciones, cualquiera que sea la forma jurídica mediante la que se instrumenten, de los que se deriven gastos u obligaciones de contenido económico.
Momento. Se ejerce con anterioridad a la adopción de los actos o acuerdos sometidos a esta modalidad de control, sin perjuicio de los mecanismos complementarios de control posterior o financiero que, conforme al artículo 89.4 del Texto Refundido, considere necesario realizar la persona titular de la Intervención General.
Efectos. Cuando el resultado del control previo se plasme en un informe desfavorable o nota de reparos, tendrá efectos suspensivos para la tramitación del expediente, en los términos previstos en el Reglamento.
Ámbito. Las actuaciones del control previo se aplican, sin perjuicio del artículo 94.2 del Texto Refundido, a las Consejerías y agencias administrativas, así como a las operaciones de las entidades sometidas a control financiero a que se refiere la sección 4.ª del capítulo.
Datos clave
- El control previo es un control de legalidad en el aspecto económico-financiero.
- Recae sobre actos, expedientes y operaciones de los que se deriven gastos u obligaciones de contenido económico, cualquiera que sea su forma jurídica.
- Se ejerce con anterioridad a la adopción de los actos o acuerdos.
- El informe desfavorable o la nota de reparos tienen efectos suspensivos.
- Se aplica a las Consejerías y agencias administrativas y a las operaciones de las entidades de la sección 4.ª.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El control previo es un control de legalidad económico-financiera de actos y operaciones que generan gastos, ejercido antes de adoptarlos; el informe desfavorable o la nota de reparos suspenden la tramitación.
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Artículo 23. Concepto y objeto de la fiscalización previa
El artículo 23 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, define la fiscalización previa.
Concepto. La fiscalización previa consiste en el examen, antes de que se dicte la correspondiente resolución, de los expedientes de gasto que contienen actos o documentos susceptibles de producir gastos y obligaciones económicas, con el fin de verificar que su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad económico-financiera aplicable, en los términos de la ley y del Reglamento.
Expediente de gasto. A estos efectos, es el que contiene una propuesta que tiene por objeto la ejecución de un crédito presupuestario a través de las fases de autorización y disposición de los gastos públicos y de contracción y pago de las obligaciones consecuentes, hasta la justificación de las mismas.
No obstante, serán objeto de fiscalización las modificaciones de contratos, de encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados y de subvenciones, aunque no tengan repercusión presupuestaria.
Datos clave
- La fiscalización previa se realiza antes de que se dicte la correspondiente resolución.
- Verifica que el contenido y la tramitación se ajustan a la legalidad económico-financiera.
- El expediente de gasto ejecuta un crédito presupuestario a través de las fases de autorización, disposición, contracción y pago, hasta su justificación.
- Se fiscalizan las modificaciones de contratos, de encargos a medios propios personificados y de subvenciones aunque no tengan repercusión presupuestaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La fiscalización previa examina los expedientes de gasto antes de la resolución para verificar su legalidad económico-financiera; se fiscalizan también las modificaciones de contratos, encargos y subvenciones aunque no tengan repercusión presupuestaria.
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Artículo 34. Los reparos y observaciones
El artículo 34 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, regula los reparos y las observaciones en la fiscalización.
Reparo. Si la Intervención, al fiscalizar, se manifiesta en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos de forma motivada. El reparo suspenderá la tramitación del procedimiento hasta que sea solventado.
- Si el órgano al que se dirige el reparo lo acepta, deberá subsanar las deficiencias advertidas y remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención, para su fiscalización.
- Si no lo acepta, podrá iniciar el procedimiento de discrepancia del artículo siguiente.
Fiscalización limitada. Cuando la función interventora se desarrolle en el régimen de fiscalización del artículo 28.2, solo procederá el reparo cuando no se cumpla alguno de los extremos a que debe limitarse la comprobación establecidos para los respectivos gastos.
Ámbito no delimitado previamente. Si el ámbito de comprobación de los aspectos de legalidad no está previamente delimitado, únicamente procederá el reparo:
- a) Cuando no exista crédito presupuestario suficiente y adecuado a la naturaleza del gasto que se proponga autorizar.
- b) En caso de falta de competencia del órgano al que se propone la aprobación del gasto o del que deba ostentarla en la relación jurídica subyacente.
- c) Si no queda acreditada la legitimidad de la persona o entidad en cuyo favor se contrae el compromiso de gasto.
- d) Si no se acredita documentalmente la efectiva realización de la prestación y el derecho de la persona acreedora.
- e) Cuando, siendo preceptiva la fiscalización previa, se haya omitido este trámite.
Observaciones complementarias. En ese régimen, las Intervenciones podrán formular las observaciones complementarias que consideren procedentes respecto de los demás requisitos y trámites de cada expediente, que en ningún caso tendrán efectos suspensivos.
Datos clave
- El reparo debe formularse de forma motivada.
- El reparo suspende la tramitación del procedimiento hasta que sea solventado.
- Si el órgano no acepta el reparo, puede iniciar el procedimiento de discrepancia.
- Sin ámbito previamente delimitado, el reparo solo procede en cinco supuestos tasados (crédito, competencia, legitimidad, prestación y omisión de fiscalización).
- Las observaciones complementarias en ningún caso tienen efectos suspensivos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ante un desacuerdo, la Intervención formula reparo motivado, que suspende la tramitación hasta solventarse; aceptado, se subsana; no aceptado, cabe discrepancia. Sin ámbito delimitado, solo hay reparo en cinco casos.
Esquema
| Reparo | Observación complementaria | |
|---|---|---|
| Efecto | Suspende la tramitación hasta que sea solventado | En ningún caso tiene efectos suspensivos |
| Cuándo | Desacuerdo con los actos o el procedimiento (tasado si no hay ámbito delimitado) | Sobre los demás requisitos y trámites del expediente |
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Artículo 35. Las discrepancias
El artículo 35 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, regula las discrepancias frente a los reparos.
Si el órgano al que afecta el reparo no está conforme con él, podrá formular discrepancia motivadamente y con expresión de las normas en las que se fundamenta. Se procede así:
- a) Reparo formulado por una Intervención: conoce de la discrepancia la persona titular de la Intervención General, y su resolución es obligatoria para aquella. La persona titular de la Viceconsejería correspondiente, en el plazo de veinte días desde que se formuló el reparo, expondrá ante la Intervención General las razones de la discrepancia en escrito motivado, con el expediente y los documentos, antecedentes e informes que considere oportunos. La Intervención resolverá en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la fecha de recepción del expediente. Si la documentación está incompleta, el plazo no se inicia hasta la recepción del último documento, justificante e informe que deba aportarse.
- b) Reparo de la persona titular de la Intervención General, o confirmación por esta del reparo de una Intervención tras la discrepancia planteada por la Viceconsejería: si subsiste la discrepancia, la resolución definitiva corresponde a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, cuando el importe del gasto propuesto no exceda de 150.000 euros, y al Consejo de Gobierno en los demás casos.
Comunicación previa. Si la persona titular de la Consejería a la que pertenece el órgano afectado acuerda, a propuesta de la Viceconsejería, someter el expediente a la decisión del Consejo de Gobierno o de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, lo comunicará con al menos cinco días de antelación a la sesión a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, por conducto de la persona titular de la Intervención General, junto con los informes y antecedentes de la discrepancia.
Datos clave
- La discrepancia debe ser motivada y expresar las normas en que se fundamenta.
- Contra el reparo de una Intervención resuelve la persona titular de la Intervención General, con carácter obligatorio.
- La Viceconsejería tiene veinte días desde el reparo para exponer la discrepancia; la Intervención General resuelve en diez días.
- Resolución definitiva: Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras si el gasto no excede de 150.000 euros; Consejo de Gobierno en los demás casos.
- La elevación se comunica a Hacienda con al menos cinco días de antelación a la sesión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contra un reparo cabe discrepancia motivada: si reparó una Intervención, resuelve con carácter obligatorio la titular de la Intervención General; si reparó o confirmó esta, decide la Comisión General de Viceconsejeros (hasta 150.000 euros) o el Consejo de Gobierno.
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Artículo 36. La omisión de fiscalización y convalidación del gasto
El artículo 36 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, regula la omisión de la fiscalización y la convalidación del gasto.
Efecto de la omisión. Cuando, siendo preceptivas, se hayan omitido la fiscalización previa o la comprobación material del gasto, no se podrá continuar la tramitación del gasto ni, por tanto, reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva la omisión.
Requisitos de la convalidación. Procede instruir un procedimiento de convalidación de gastos cuando concurran:
- a) Que el acto o expediente contenga un gasto realmente realizado. El gasto se ha realizado cuando su autorización ha surtido efectos frente a terceros mediante la notificación o publicación oportuna o cuando de la actividad material de la Administración resulte la asunción del correspondiente compromiso de gasto.
- b) Que el gasto no esté excluido de fiscalización previa.
- c) Que se haya omitido el trámite de fiscalización previa regulado en el artículo 24 del Reglamento.
Efecto de la convalidación. Tiene como único efecto subsanar la omisión del trámite de fiscalización previa. Por ello no pueden convalidarse los actos o expedientes que, además, incurran en otros defectos sin que estos se hayan subsanado previamente.
Informe de la Intervención. Cuando la Intervención actuante conozca la omisión, lo manifestará a la autoridad que inició el expediente y emitirá un informe que recoja, como mínimo: a) las razones por las que estima omitida la fiscalización previa; b) las infracciones de la legalidad económica, presupuestaria y contable producidas y el juicio, favorable o desfavorable, que le hubiera merecido el expediente de haberse fiscalizado en el momento oportuno; c) las prestaciones o gastos realizados como consecuencia del acto.
Actuación del órgano gestor:
- a) Si el juicio hubiera sido favorable, propondrá a la persona titular de la Consejería su sometimiento al Consejo de Gobierno o a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, según que el gasto u obligación sea o no superior a 150.000 euros.
- b) Si el informe revela errores materiales o aritméticos u otras deficiencias fácilmente subsanables con las que esté conforme, actuará igual, previo cumplimiento de las indicaciones del informe.
- c) Si revela infracciones sustantivas o formales que pudieran viciar el acto de nulidad o anulabilidad, solicitará informe de la asesoría jurídica.
Asesoría jurídica. En el plazo de diez días desde que se le remitan las actuaciones, informará sobre esas infracciones, valorando en caso de anulabilidad las posibilidades de subsanación. Si considera imposible promover la convalidación, se pronunciará sobre la posibilidad de resarcimiento al particular por la prestación efectuada, por la vía que considere procedente, o sobre la improcedencia de resarcimiento. El órgano gestor llevará a efecto sus indicaciones o expondrá motivadamente las razones para apartarse, sometiendo el expediente a convalidación, si procede, u ordenando la incoación del procedimiento de resarcimiento.
Tramitación ante el órgano colegiado. La persona titular de la Consejería que acuerde someter el asunto al Consejo de Gobierno o a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras lo comunicará a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, por conducto de la persona titular de la Intervención General, con cinco días de antelación a la reunión. Se unirá una memoria que explique la omisión, con las observaciones al informe de la Intervención y el documento acreditativo de la reserva de crédito. La persona titular de la Intervención General informará, en ese plazo, para constatar que el expediente es susceptible de ser convalidado.
Seguimiento. La persona titular de la Intervención General o las personas a cargo de las Intervenciones darán cuenta a la persona titular de la Viceconsejería de cada departamento y, en su caso, de la Presidencia o Dirección de cada agencia, de todos los informes que pongan de manifiesto la omisión de la fiscalización previa. Estas adoptarán las medidas para impedir la reiteración de los hechos y corregir los comportamientos que los han ocasionado.
Datos clave
- Sin fiscalización previa preceptiva no se puede reconocer la obligación ni tramitar el pago hasta resolver la omisión.
- La convalidación tiene como único efecto subsanar la omisión de la fiscalización previa.
- Requisitos: gasto realmente realizado, no excluido de fiscalización previa y omisión del trámite del artículo 24.
- Convalida el Consejo de Gobierno o la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras según que el gasto sea o no superior a 150.000 euros.
- La asesoría jurídica informa en el plazo de diez días.
- La comunicación a Hacienda se hace con cinco días de antelación a la reunión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si se omitió la fiscalización previa o la comprobación material preceptiva, el gasto se paraliza hasta resolverlo; la convalidación solo subsana esa omisión y la acuerda el Consejo de Gobierno o la Comisión General según los 150.000 euros.
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Artículo 59. Concepto y naturaleza
El artículo 59 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, define el control financiero.
Concepto. El control financiero es una de las dos modalidades mediante las que se desarrolla la función de control interno de la Intervención General. Tiene por objeto comprobar el correcto y eficiente funcionamiento de la actividad económico-financiera de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales, de los consorcios del artículo 4 y de las entidades del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como de las entidades públicas vinculadas con consideración de Administración institucional y de los órganos e instituciones a los que les resulte de aplicación su régimen jurídico (disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre), salvo disposición distinta en su normativa específica.
Además, el control financiero verificará la adecuada obtención y empleo de las subvenciones públicas y de los ingresos del Presupuesto de la Junta de Andalucía y el control de los gastos cofinanciados con fondos procedentes de la Unión Europea.
Naturaleza. Se caracteriza por llevarse a cabo con posterioridad a la realización de la actividad objeto de control y por la utilización de técnicas de auditoría. Sus resultados se contienen en informes de control financiero, que tienen carácter no suspensivo y, sin perjuicio de otro contenido propio de cada tipo de control, darán lugar a recomendaciones destinadas al órgano o entidad controlada.
Lo previsto en este capítulo es de aplicación a los Capítulos VI y VII del Reglamento.
Datos clave
- El control financiero es una de las dos modalidades del control interno de la Intervención General.
- Comprueba el correcto y eficiente funcionamiento de la actividad económico-financiera.
- Verifica también la obtención y empleo de subvenciones, los ingresos del Presupuesto y los gastos cofinanciados con fondos de la Unión Europea.
- Se realiza con posterioridad a la actividad y mediante técnicas de auditoría.
- Sus informes tienen carácter no suspensivo y dan lugar a recomendaciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El control financiero es la segunda modalidad del control interno: posterior, con técnicas de auditoría, sobre el funcionamiento económico-financiero, subvenciones, ingresos y fondos europeos; sus informes no suspenden y dan recomendaciones.
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Artículo 64. Órganos competentes
El artículo 64 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, determina los órganos competentes para el control financiero.
El control financiero se realizará por la Intervención General a través de las respectivas Intervenciones a las que correspondan las actuaciones. Estas Intervenciones dirigirán los trabajos y tendrán a su cargo la planificación, ordenación y revisión de los mismos y la coordinación del equipo de trabajo.
Conforme al artículo 15.1.b), las actuaciones se encomendarán a las Intervenciones por la persona titular de la Intervención General en relación con los órganos o entidades, gastos o servicios en los que procedan, con los criterios orgánicos o funcionales que garanticen la mayor eficacia en su realización.
Datos clave
- El control financiero lo realiza la Intervención General a través de las respectivas Intervenciones.
- Las Intervenciones dirigen los trabajos y se encargan de su planificación, ordenación y revisión.
- También coordinan el equipo de trabajo.
- Las actuaciones las encomienda la persona titular de la Intervención General.
- La encomienda sigue criterios orgánicos o funcionales que garanticen la mayor eficacia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El control financiero lo hace la Intervención General a través de las Intervenciones, que dirigen, planifican, ordenan y revisan los trabajos y coordinan el equipo; la titular les encomienda las actuaciones según criterios de eficacia.
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Artículo 68. Objeto y finalidad
El artículo 68 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, fija el objeto y la finalidad del control financiero del sector público.
Objeto. El control financiero del sector público es un control posterior que tiene por objeto comprobar que su funcionamiento, en el aspecto económico-financiero, se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y de buena gestión financiera.
Finalidad. Promover la mejora de las técnicas y procedimientos de la gestión económico-financiera, a través de recomendaciones en los aspectos económicos, financieros, patrimoniales, presupuestarios y procedimentales para corregir las actuaciones que lo requieran.
Modalidades. Se desarrolla en la modalidad de control financiero permanente o en la de control financiero no permanente, reguladas en las secciones 2.ª y 3.ª del capítulo.
Datos clave
- El control financiero del sector público es un control posterior.
- Comprueba la sujeción a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera.
- Su finalidad es promover la mejora de las técnicas y procedimientos de la gestión económico-financiera.
- Actúa mediante recomendaciones en aspectos económicos, financieros, patrimoniales, presupuestarios y procedimentales.
- Modalidades: control financiero permanente y control financiero no permanente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El control financiero del sector público es posterior, comprueba legalidad y buena gestión económico-financiera y busca mejorarla mediante recomendaciones; puede ser permanente o no permanente.
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Artículo 69. Tipos de control financiero del sector público
El artículo 69 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, enumera los tipos de control financiero del sector público.
En función de los objetivos particulares, el control financiero podrá consistir en:
- a) Auditoría de cumplimiento: verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que les sean de aplicación.
- b) Auditoría financiera: verificar que la contabilidad, en general, y las cuentas anuales, estados y demás informes de gestión, en particular, expresan fielmente la situación patrimonial y el resultado de la gestión de acuerdo con las normas y principios contables aplicables.
- c) Auditoría operativa: verificar que los procedimientos aplicados aseguran de manera razonable el cumplimiento de la normativa aplicable y la consecución de la eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos.
- d) Auditoría de programas: verificar que los sistemas y procedimientos de seguimiento de objetivos aseguran una adecuada calidad en los informes sobre consecución de objetivos, y verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto.
- e) Revisión de los sistemas informáticos de gestión económico-financiera: examen de las funciones y operaciones efectuadas en ellos para verificar que la información responde a los principios de fiabilidad, integridad, precisión y disponibilidad, así como el correcto desarrollo de los procedimientos electrónicos que sustentan.
La Intervención General, en atención a las características especiales de las entidades controladas, podrá decidir que se realicen otros tipos de auditoría.
Además, en las Consejerías, agencias administrativas y de régimen especial y demás entidades sometidas a contabilidad presupuestaria, la Intervención General verificará mediante técnicas de auditoría que los datos e información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la información contable reflejan razonablemente las operaciones derivadas de su actividad.
Datos clave
- Tipos: auditoría de cumplimiento, financiera, operativa, de programas y revisión de los sistemas informáticos.
- La auditoría operativa verifica la consecución de la eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos.
- La auditoría financiera verifica que las cuentas expresan fielmente la situación patrimonial y el resultado de la gestión.
- La revisión de sistemas informáticos atiende a la fiabilidad, integridad, precisión y disponibilidad de la información.
- La Intervención General puede decidir que se realicen otros tipos de auditoría.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El control financiero puede ser auditoría de cumplimiento, financiera, operativa, de programas o revisión de sistemas informáticos, y la Intervención General puede decidir otros tipos según la entidad.
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Artículo 77. Concepto
El artículo 77 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, define el control financiero permanente.
El control financiero permanente es una modalidad del control financiero del sector público. Su objeto y su finalidad son los previstos en el artículo 68 del Reglamento, y se caracteriza porque se aplica sobre el órgano, servicio o ente sometido a este tipo de control de forma regular.
Datos clave
- El control financiero permanente es una modalidad del control financiero del sector público.
- Su objeto y finalidad son los del artículo 68 del Reglamento.
- Se aplica de forma regular sobre el órgano, servicio o ente sometido a él.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El control financiero permanente es una modalidad del control financiero del sector público, con el objeto y la finalidad del artículo 68, que se aplica de forma regular sobre el órgano, servicio o ente controlado.
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Artículo 81. Entidades no sujetas a control financiero permanente
El artículo 81 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, regula el control de las entidades no sujetas a control financiero permanente.
Inclusión en el Plan. La Intervención General incluirá en el Plan Anual de Control Financiero los controles a realizar sobre las agencias públicas empresariales, las sociedades mercantiles del sector público, las fundaciones, los consorcios y los fondos carentes de personalidad jurídica que no se encuentren sujetos a control financiero permanente, en función de los medios disponibles en cada momento.
Selección. Para seleccionar las entidades se tendrán en cuenta razones de importancia cuantitativa y cualitativa, así como cualquier otra circunstancia que haga conveniente su inclusión. La periodicidad, de acuerdo con los medios disponibles, tendrá en cuenta asimismo dichas circunstancias.
Controles sobre órganos sometidos a control previo. En cumplimiento del artículo 89.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la Intervención General podrá acordar la realización de controles financieros a órganos o servicios sometidos a control previo en los supuestos que considere necesario.
Datos clave
- Los controles sobre entidades no sujetas a control financiero permanente se incluyen en el Plan Anual de Control Financiero.
- Afecta a agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público, fundaciones, consorcios y fondos sin personalidad jurídica.
- La inclusión depende de los medios disponibles en cada momento.
- La selección atiende a razones de importancia cuantitativa y cualitativa.
- Pueden acordarse controles financieros sobre órganos sometidos a control previo (artículo 89.4 del Texto Refundido).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades sin control financiero permanente se controlan mediante su inclusión en el Plan Anual de Control Financiero, según medios e importancia; y la Intervención General puede controlar financieramente órganos sometidos a control previo.
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Artículo 101. Competencias, ámbito subjetivo de aplicación y finalidad
El artículo 101 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, regula las competencias, el ámbito y la finalidad de la supervisión continua.
Competencia y ámbito. Corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía la planificación y ejecución de las actuaciones de supervisión continua, cuyo ámbito subjetivo de aplicación es el previsto en el apartado 1 del artículo 96 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Finalidad. Verificar la subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación de esas entidades y fondos, su sostenibilidad financiera y la concurrencia de las causas que justifiquen su permanencia como el medio más idóneo para lograr los fines asignados.
Planificación. Las actuaciones se programan anualmente en un plan de supervisión continua, que se aprueba simultáneamente a la aprobación del plan anual de control financiero. Mediante resolución de la Intervención General, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se establecen las condiciones para su planificación y ejecución.
Resultados. Se plasman en los informes de control en los que, conforme a la planificación, se hayan llevado a cabo estas actuaciones. Además, la Intervención General pondrá en conocimiento de la Consejería competente en materia de Hacienda y de la competente en materia de Administración Pública un informe de evaluación con las conclusiones, recomendaciones y propuestas que se formulen.
Datos clave
- La supervisión continua la planifica y ejecuta la Intervención General de la Junta de Andalucía.
- Su ámbito subjetivo es el del artículo 96 bis.1 del Texto Refundido.
- Se programa anualmente en un plan de supervisión continua, aprobado simultáneamente al plan anual de control financiero.
- Las condiciones se fijan por resolución de la Intervención General publicada en el BOJA.
- El informe de evaluación se remite a las Consejerías competentes en Hacienda y en Administración Pública.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Intervención General planifica y ejecuta la supervisión continua sobre los entes del artículo 96 bis.1, con un plan anual aprobado a la vez que el de control financiero, e informa de su evaluación a Hacienda y Administración Pública.
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Artículo 119. Información al Parlamento de Andalucía
El artículo 119 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, concreta qué órgano elabora la información contable que se rinde al Parlamento.
En relación con el artículo 107 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía la formación de los estados contables que deban rendirse periódicamente al Parlamento de Andalucía. Estos estados comprenderán en todo caso:
- los estados de ejecución del Presupuesto;
- las operaciones de endeudamiento;
- el movimiento y situación de la Tesorería General.
Datos clave
- La formación de los estados contables para el Parlamento corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía.
- Se rinden periódicamente al Parlamento de Andalucía.
- Desarrolla el artículo 107 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública.
- Comprenden en todo caso la ejecución del Presupuesto, el endeudamiento y la Tesorería General.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Intervención General forma los estados contables que se rinden periódicamente al Parlamento de Andalucía, que comprenden en todo caso la ejecución del Presupuesto, el endeudamiento y la Tesorería General.