Tema 16: Funcionamiento de los entes locales. Potestades. Los bienes de las entidades locales. Las haciendas locales. Normas básicas sobre contratación y personal al servicio de las entidades locales. Las relaciones de control y conflicto de las entidades locales con la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. La impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones.
Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
Regístrate gratisTextos consolidados oficiales:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (RDLeg)
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF)
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
- Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
- Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 4
1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. b) Las potestades tributaria y financiera. c) La potestad de programación o planificación. d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. 2. Lo dispuesto en el número precedente podrá ser de aplicación a las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal y, asimismo, a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las leyes de las comunidades autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el apartado siguiente. 3. Corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades señaladas en el apartado 1 de este artículo que determinen sus Estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos casos.
Datos clave
- ¿Qué potestad permite al ente local recuperar de oficio sus bienes? → La expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio (art. 4.1.d)
- ¿Qué régimen sigue una Mancomunidad si sus Estatutos no dicen nada sobre potestades? → Se le aplican todas las del art. 4.1 que precise para su finalidad (art. 4.3)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Potestades de municipios, provincias e islas como Administraciones territoriales, su posible extensión a otras entidades locales según las leyes autonómicas y el régimen propio de las mancomunidades.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 46
1. Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes.
2. En todo caso, el funcionamiento del Pleno de las Corporaciones Locales se ajusta a las siguientes reglas:
a) El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes. Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. En este último caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria.
Si el Presidente no convocase el Pleno extraordinario solicitado por el número de concejales indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente. En ausencia del Presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido siempre que concurra el quórum requerido en la letra c) de este precepto, en cuyo caso será presidido por el miembro de la Corporación de mayor edad entre los presentes.
b) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales o Diputados, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación.
c) El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres. En los municipios de hasta 100 residentes, que no funcionen en régimen de Concejo Abierto, el Pleno se constituirá válidamente con la asistencia del número legal de miembros del mismo, que nunca deberá ser inferior a dos. Estos quórums deberán mantenerse durante toda la sesión.
En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan.
d) La adopción de acuerdos se produce mediante votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde, para un caso concreto, la votación nominal. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de las Corporaciones abstenerse de votar.
La ausencia de uno o varios Concejales o Diputados, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale, a efectos de la votación correspondiente, a la abstención.
En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente.
e) En los plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás órganos de la Corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la participación de todos los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones.
3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten.
Se añade el apartado 3 por la disposición final 2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Ref. BOE-A-2020-4208#df-2
Se modifica el apartado 2.c) por la disposición final 1.2 de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2011-1639 .
Se modifica el apartado 2.a) y se añade el apartado 2.e) por el art. 1.10 y 11 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932
Redactado el apartado 2.a) y .e) conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 184, de 3 de agosto de 1999. Ref. BOE-A-1999-16744
Datos clave
- Sesión ordinaria del Pleno: mensual en municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; bimestral entre 5.001 y 20.000 habitantes; trimestral hasta 5.000 habitantes.
- Sesión extraordinaria a petición de la cuarta parte de los miembros; ningún concejal puede solicitar más de tres al año, y debe celebrarse en un plazo no superior a quince días hábiles.
- Si el Presidente no convoca la extraordinaria solicitada, queda convocada automáticamente para el décimo día hábil siguiente, a las doce horas.
- Convocatoria de sesiones plenarias: al menos con dos días hábiles de antelación.
- Quórum de constitución del Pleno: un tercio del mínimo legal de miembros, nunca inferior a tres (nunca inferior a dos en municipios de hasta 100 residentes sin Concejo Abierto).
- En empate se repite la votación y, si persiste, decide el voto de calidad del Presidente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reglas de funcionamiento del Pleno local: periodicidad de las sesiones ordinarias según población, extraordinarias a petición de la cuarta parte, convocatoria con dos días hábiles, quórum de un tercio, votaciones y sesiones a distancia.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 47
1. Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos.
2. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:
a) Creación y supresión de municipios y alteración de términos municipales.
b) Creación, modificación y supresión de las entidades a que se refiere el artículo 45 de esta ley.
c) Aprobación de la delimitación del término municipal.
d) Alteración del nombre y de la capitalidad del municipio.
e) Adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.
f) Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación.
g) Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos.
h) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.
i) Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales.
j) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.
k) Municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio y aprobación de la forma concreta de gestión del servicio correspondiente.
l) Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, cuando su importe supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
ll) Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.
m) Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto.
n) Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales.
ñ) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas.
o) Las restantes determinadas por la ley.
3. Las normas relativas a adopción de acuerdos en los municipios señalados en el artículo 121 de esta ley, son las contenidas en el apartado 2 del artículo 123.
Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Se modifica el apartado 3 por el art. 1.12 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932
Redactado el apartado 3.g) conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 184, de 3 de agosto de 1999. Ref. BOE-A-1999-16744
Se modifica el apartado 3.i) por el art. 4.4 de la Ley 7/1997, de 14 de abril. Ref. BOE-A-1997-7879
Se modifica el apartado 3.i) por el art. 4.4 del Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio. Ref. BOE-A-1996-13000
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 147, de 18 de junio de 1996. Ref. BOE-A-1996-13887
Datos clave
- Regla general: mayoría simple (más votos afirmativos que negativos).
- La concesión de bienes o servicios por más de cinco años exige mayoría absoluta si su cuantía supera el 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.
- La enajenación de bienes exige mayoría absoluta cuando su cuantía supera el 20 por ciento de los recursos ordinarios.
- Las operaciones financieras o de crédito exigen mayoría absoluta cuando su importe supera el 10 por ciento de los recursos ordinarios.
- También exigen mayoría absoluta, entre otras materias: creación/supresión de municipios, adopción de bandera o escudo, reglamento orgánico, mancomunidades, cesión de bienes comunales y transferencia de funciones a otras Administraciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los acuerdos locales se toman por mayoría simple de los presentes, salvo una lista cerrada de materias que exigen mayoría absoluta del número legal de miembros: territorio, símbolos, reglamento orgánico, bienes, crédito, planeamiento…
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 49
La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: a) Aprobación inicial por el Pleno. b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo mínimo de información pública y audiencia en la aprobación de ordenanzas locales? → Treinta días.
- ¿Qué ocurre si no se presenta ninguna reclamación o sugerencia? → Se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
- ¿Qué órgano aprueba inicial y definitivamente las ordenanzas locales? → El Pleno.
- Tres letras y dos plenos: inicial (a) → exposición (b) → definitiva (c). El Pleno aparece en la primera y en la última.
- Cifra única del artículo: treinta días como mínimo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Procedimiento de aprobación de las Ordenanzas locales: aprobación inicial por el Pleno, información pública de al menos treinta días y aprobación definitiva; sin reclamaciones, el acuerdo provisional se entiende definitivo.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 50
1. Los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y entidades dependientes de una misma Corporación local se resolverán:
a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados, miembros de éstos o entidades locales de las previstas en el artículo 45.
b) Por el Alcalde o Presidente de la Corporación, en el resto de los supuestos.
2. Los conflictos de competencias planteados entre diferentes entidades locales serán resueltos por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, previa audiencia de las Comunidades Autónomas afectadas, según se trate de entidades pertenecientes a la misma o a distinta Comunidad, y sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
3. Las cuestiones que se susciten entre municipios pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas sobre deslinde de sus términos municipales se resolverán por la Administración del Estado, previo informe del Instituto Geográfico Nacional, audiencia de los municipios afectados y de las respectivas Comunidades Autónomas y dictamen del Consejo de Estado.
Se añade el apartado 3 por el art. 1.15 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932
Datos clave
- Conflictos entre órganos o entidades de una misma Corporación: los resuelve el Pleno (si afectan a órganos colegiados o entidades del artículo 45) o el Alcalde/Presidente (resto de supuestos).
- Conflictos entre distintas entidades locales: los resuelve la Comunidad Autónoma o el Estado, previa audiencia de las Comunidades Autónomas afectadas, con posible impugnación ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
- Deslinde de términos municipales entre municipios de distintas Comunidades Autónomas: lo resuelve la Administración del Estado, previo informe del Instituto Geográfico Nacional, audiencia de municipios y Comunidades Autónomas afectadas, y dictamen del Consejo de Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién resuelve los conflictos de atribuciones dentro de una Corporación, los de competencias entre entidades locales y los deslindes entre municipios de distintas Comunidades Autónomas.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 52
1. Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición. 2. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades: a) Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2. b) Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa. c) Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal.
Datos clave
- ¿Es obligatorio el recurso de reposición contra actos locales? → No, es potestativo (art. 52.1).
- ¿Qué órganos agotan la vía administrativa por regla general? → El Pleno, el Alcalde/Presidente y la Junta de Gobierno (art. 52.2.a).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contra los actos locales que ponen fin a la vía administrativa cabe acudir a la jurisdicción, con reposición potestativa previa; el artículo fija qué resoluciones ponen fin a esa vía.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 55
Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración General del Estado, así como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas:
a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias.
b) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otras Administraciones.
c) Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia presupuestaria y financiera, pudieran provocar en el resto de Administraciones Públicas.
d) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos.
e) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.
Se modifica por el art. 1.15 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .
Datos clave
- El principio que rige las relaciones recíprocas entre Estado, Comunidades Autónomas y Administración local es el de lealtad institucional
- Deber de respetar el ejercicio legítimo de las competencias de otras Administraciones
- Deber de ponderar la totalidad de los intereses públicos implicados y valorar el impacto presupuestario y financiero
- Deber de facilitar información de gestión y de prestar cooperación y asistencia activas
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Estado, Comunidades Autónomas y entes locales se deben lealtad institucional: respetar competencias ajenas, ponderar todos los intereses públicos, valorar el impacto financiero, informar y cooperar.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 56
1. Las entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios de las Corporaciones serán responsables del cumplimiento de este deber.
2. En todo caso, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas estarán facultadas, con el fin de comprobar la efectividad, en su aplicación y, respectivamente, de la legislación estatal y la autonómica, para recabar y obtener información concreta sobre la actividad municipal, pudiendo solicitar incluso la exhibición de expedientes y la emisión de informes.
3. La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas deberán facilitar el acceso de los representantes legales de las entidades locales a los instrumentos de planificación, programación y gestión de obras y servicios que les afecten directamente.
Datos clave
- Las entidades locales deben remitir al Estado y a las Comunidades Autónomas copia o extracto de sus actos y acuerdos
- Responsables del cumplimiento: los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios de las Corporaciones
- El Estado y las Comunidades Autónomas pueden recabar información concreta, exhibición de expedientes y emisión de informes
- Deben facilitar el acceso de los representantes legales de las entidades locales a los instrumentos de planificación, programación y gestión que les afecten
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Deber de las entidades locales de remitir copia o extracto de sus actos al Estado y a la Comunidad Autónoma, facultad de estos para recabar información y su deber de facilitar acceso a sus planes.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 59
1. A fin de asegurar la coherencia de la actuación de las Administraciones Públicas, en los supuestos previstos en el número 2 del artículo 10 y para el caso de que dicho fin no pueda alcanzarse por los procedimientos contemplados en los artículos anteriores o éstos resultaran manifiestamente inadecuados por razón de las características de la tarea pública de que se trate, las leyes del Estado y las de las Comunidades Autónomas, reguladoras de los distintos sectores de la acción pública, podrán atribuir al Gobierno de la Nación, o al Consejo de Gobierno, la facultad de coordinar la actividad de la Administración Local y, en especial, de las Diputaciones Provinciales en el ejercicio de sus competencias.
La coordinación se realizará mediante la definición concreta y en relación con una materia, servicio o competencia determinados de los intereses generales o comunitarios, a través de planes sectoriales para la fijación de los objetivos y la determinación de las prioridades de la acción pública en la materia correspondiente. En la tramitación de los mismos se observará lo dispuesto en el número 2 del artículo anterior.
Las entidades locales ejercerán sus facultades de programación, planificación u ordenación de los servicios o actividades de su competencia en el marco de las previsiones de los planes a que se refiere el párrafo anterior.
2. En todo caso, la Ley deberá precisar, con el suficiente grado de detalle, las condiciones y los límites de la coordinación, así como las modalidades de control que se reserven las Cortes Generales o las correspondientes Asambleas Legislativas.
Datos clave
- La facultad de coordinación de la actividad de la Administración Local puede atribuirse por ley al Gobierno de la Nación o al Consejo de Gobierno
- Se ejerce en especial sobre las Diputaciones Provinciales, mediante planes sectoriales que fijan objetivos y prioridades
- La Ley debe precisar con detalle las condiciones y límites de la coordinación
- También debe fijar las modalidades de control que se reserven las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas correspondientes
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las leyes sectoriales pueden atribuir al Gobierno de la Nación o al Consejo de Gobierno la coordinación de la Administración Local, mediante planes sectoriales, con condiciones y límites fijados en la propia Ley.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 60
Cuando una entidad local incumpliera las obligaciones impuestas directamente por la Ley de forma que tal incumplimiento afectará al ejercicio de competencias de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, y cuya cobertura económica estuviere legalmente o presupuestariamente garantizada, una u otra, según su respectivo ámbito competencial, deberá recordarle su cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si, transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un mes, el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local.
Datos clave
- Ante el incumplimiento de obligaciones legales de una entidad local, se le concede un plazo para cumplir, nunca inferior a un mes
- Si persiste el incumplimiento, se adoptan las medidas necesarias a costa y en sustitución de la entidad local
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si una entidad local incumple obligaciones legales que afectan a competencias del Estado o de la Comunidad y con cobertura económica garantizada, se le recuerda con un plazo de al menos un mes y, si persiste, se actúa en su sustitución.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 61
1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.
3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.
Se modifica por el art. 6 de la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo. Ref. BOE-A-2003-4923
Datos clave
- La disolución de los órganos de las corporaciones locales se acuerda mediante real decreto del Consejo de Ministros
- Requiere previo acuerdo favorable del Senado
- Causa: gestión gravemente dañosa para los intereses generales que incumpla obligaciones constitucionales
- Se considera dañoso, en todo caso, el apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y el menosprecio o humillación a las víctimas o sus familiares.
- Tras la disolución se aplica la legislación electoral general y la normativa de administración ordinaria provisional
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Consejo de Ministros puede disolver por real decreto los órganos de una corporación local por gestión gravemente dañosa que incumpla obligaciones constitucionales, siempre con acuerdo favorable previo del Senado.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 63
1. Junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso- administrativo podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico: a) La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas, en los casos y términos previstos en este Capítulo. b) Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos. 2. Están igualmente legitimadas en todo caso las entidades locales territoriales para la impugnación de las disposiciones y actos de la Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas que lesionen su autonomía, tal como ésta resulta garantizada por la Constitución y esta Ley. 3. Asimismo, las entidades locales territoriales estarán legitimadas para promover, en los términos del artículo 119 de esta Ley, la impugnación ante el Tribunal Constitucional de leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas cuando se estime que son éstas las que lesionan la autonomía constitucionalmente garantizada.
Datos clave
- ¿Quién, además del Estado y la CCAA, puede impugnar un acuerdo local ilegal? → Los miembros de la Corporación que votaron en contra (art. 63.1.b).
- ¿Ante qué órgano pueden las entidades locales impugnar una ley que lesione su autonomía? → Ante el Tribunal Constitucional, conforme al art. 119 (art. 63.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Además de los legitimados del régimen general, pueden impugnar actos locales ilegales el Estado, la Comunidad Autónoma y los miembros que votaron en contra; y los entes locales territoriales pueden defender su autonomía.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 65
1. Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. 2. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. 3. La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, podrá impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del plazo señalado para la interposición del recurso de tal naturaleza señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, contado desde el día siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido a la Entidad local, o al de la recepción de la comunicación de la misma rechazando el requerimiento, si se produce dentro del plazo señalado para ello. 4. La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, podrá también impugnar directamente el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso- administrativa, sin necesidad de formular requerimiento, en el plazo señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.
Datos clave
- ¿En qué plazo debe formularse el requerimiento del art. 65? → 15 días hábiles desde la recepción de la comunicación del acuerdo (art. 65.2).
- ¿Es obligatorio requerir antes de impugnar un acto local ante lo contencioso? → No, cabe impugnar directamente sin requerimiento previo (art. 65.4).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estado o la Comunidad Autónoma pueden requerir a la entidad local para que anule un acto ilegal en un mes y, después, impugnarlo; o impugnarlo directamente sin requerimiento.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 66
Los actos o acuerdos de las Entidades locales que menoscaben competencias del Estado o de las Comunidades Autónomas, interfieran su ejercicio o excedan de la competencia de dichas Entidades, podrán ser impugnados por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo anterior. La impugnación deberá precisar la lesión o, en su caso, extralimitación competencial que la motiva y las normas legales vulneradas en que se funda. En el caso de que, además, contuviera petición expresa de suspensión del acto o acuerdo impugnado, razonada en la integridad y efectividad del interés general o comunitario afectado, el Tribunal, si la estima fundada, acordará dicha suspensión en el primer trámite subsiguiente a la presentación de la impugnación. No obstante, a instancia de la entidad local y oyendo a la Administración demandante, podrá alzar en cualquier momento, en todo o en parte, la suspensión decretada, en caso de que de ella hubiera de derivarse perjuicio al interés local no justificado por las exigencias del interés general o comunitario hecho valer en la impugnación.
Datos clave
- ¿Qué debe precisar la impugnación del art. 66 LBRL? → La lesión o, en su caso, la extralimitación competencial que la motiva y las normas legales vulneradas en que se funda.
- ¿Cuándo acuerda el Tribunal la suspensión del acto impugnado? → Cuando se ha pedido expresamente, razonada en la integridad y efectividad del interés general o comunitario afectado, y el Tribunal la estima fundada: en el primer trámite subsiguiente a la presentación de la impugnación.
- ¿Puede alzarse la suspensión acordada? → Sí, a instancia de la entidad local y oyendo a la Administración demandante, en cualquier momento y en todo o en parte, si de ella se derivara perjuicio al interés local no justificado.
- Tres verbos de la impugnación: menoscaben, interfieran, excedan.
- Dos requisitos del escrito: precisar la lesión o extralimitación + las normas legales vulneradas.
- El alzamiento pide dos cosas: instancia de la entidad local y audiencia a la Administración demandante.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Impugnación de actos locales que invaden competencias del Estado o de la Comunidad Autónoma: qué debe precisar el escrito y cómo se suspende el acto y se alza la suspensión.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 67
1. Si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los diez días siguientes al de la recepción de aquéllos, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés. 2. El plazo concedido al Presidente de la Corporación en el requerimiento de anulación no podrá ser superior a cinco días. El del ejercicio de la facultad de suspensión será de diez días, contados a partir del siguiente al de la finalización del plazo del requerimiento o al de la respuesta del Presidente de la Corporación, si fuese anterior. 3. Acordada la suspensión de un acto o acuerdo, el Delegado del Gobierno deberá impugnarlo en el plazo de diez días desde la suspensión ante la Jurisdicción Contencioso- administrativa.
Datos clave
- ¿Qué plazo máximo puede concederse al Presidente de la Corporación en el requerimiento de anulación del art. 67? → No podrá ser superior a cinco días.
- Acordada la suspensión, ¿qué debe hacer el Delegado del Gobierno y en qué plazo? → Impugnar el acto o acuerdo en el plazo de diez días desde la suspensión ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- ¿Desde cuándo se cuentan los diez días para ejercer la facultad de suspensión? → Desde el día siguiente al de la finalización del plazo del requerimiento o al de la respuesta del Presidente de la Corporación, si fuese anterior.
- Regla del 10-5-10-10: diez días para requerir, cinco como máximo para que el Presidente conteste, diez para suspender y diez para impugnar. Solo uno de los cuatro números es distinto.
- Aquí el protagonista es el Delegado del Gobierno, no el Subdelegado ni el Ministerio: si la pregunta cambia el órgano, es falsa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ante actos locales que atenten gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno requiere su anulación (10 días), da al Presidente hasta 5 días, puede suspender (10 días) y, suspendido, debe impugnar en 10 días.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 68
1. Las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. 2. Cualquier vecino que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá requerir su ejercicio a la entidad interesada. Este requerimiento, del que se dará conocimiento a quienes pudiesen resultar afectados por las correspondientes acciones, suspenderá el plazo para el ejercicio de las mismas por un término de treinta días hábiles. 3. Si en el plazo de esos treinta días la entidad no acordara el ejercicio de las acciones solicitadas, los vecinos podrán ejercitar dicha acción en nombre e interés de la entidad local. 4. De prosperar la acción, el actor tendrá derecho a ser reembolsado por la entidad de las costas procesales y a la indemnización de cuantos daños y perjuicios se le hubieran seguido.
Datos clave
- ¿Qué efecto produce el requerimiento del vecino sobre el plazo para ejercitar las acciones? → Lo suspende por un término de treinta días hábiles.
- Si la acción vecinal prospera, ¿a qué tiene derecho el actor? → A ser reembolsado por la entidad de las costas procesales y a la indemnización de cuantos daños y perjuicios se le hubieran seguido.
- ¿Qué requisito debe cumplir el vecino para requerir el ejercicio de las acciones? → Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- Un solo número que recordar: treinta días hábiles, y sirve para las dos cosas —lo que se suspende el plazo y lo que tiene la entidad para acordar—.
- Requisito del vecino: pleno goce de derechos civiles y políticos. Son los dos, no solo los políticos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades locales deben defender sus bienes y derechos; si no lo hacen, cualquier vecino puede requerirlas y, pasados treinta días hábiles sin acuerdo, ejercer la acción en nombre de la entidad.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 79
1. El patrimonio de las entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan.
2. Los bienes de las entidades locales son de dominio público o patrimoniales.
3. Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público. Tienen la consideración de comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.
Datos clave
- El patrimonio de las entidades locales lo integran el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenecen
- Los bienes de las entidades locales son de dominio público o patrimoniales
- Los bienes de dominio público son los destinados a un uso o servicio público; los comunales son de aprovechamiento del común de los vecinos
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El patrimonio local es el conjunto de bienes, derechos y acciones de la entidad. Sus bienes son de dominio público (destinados a uso o servicio público) o patrimoniales; son comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 80
1. Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.
2. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado.
Datos clave
- Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles
- No están sujetos a tributo alguno
- Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por el Derecho privado
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables, imprescriptibles y no sujetos a tributo; los patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por el Derecho privado.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 81
1. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad.
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los siguientes supuestos:
a) Aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios.
b) Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio públicos.
Datos clave
- La alteración de la calificación jurídica de los bienes requiere expediente que acredite su oportunidad y legalidad
- Se produce automáticamente con la aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y de proyectos de obras y servicios
- También se produce automáticamente por adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio público
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cambiar la calificación jurídica de un bien local exige expediente que acredite oportunidad y legalidad, salvo dos casos automáticos: aprobación definitiva de planes urbanísticos o proyectos de obras y servicios, y adscripción de más de veinticinco años.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 82
Las entidades locales gozan, respecto de sus bienes, de las siguientes prerrogativas:
a) La de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se trate de los de dominio público, y en el plazo de un año, los patrimoniales.
b) La de deslinde, que se ajustará a lo dispuesto en la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, en la legislación de los montes.
Datos clave
- Prerrogativa de recuperar por sí mismas la posesión: en cualquier momento para los bienes de dominio público
- Para los bienes patrimoniales, el plazo de recuperación de la posesión es de un año
- Prerrogativa de deslinde, conforme a la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, de montes
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prerrogativas locales sobre sus bienes: recuperar la posesión por sí mismas (en cualquier momento los de dominio público y en un año los patrimoniales) y el deslinde, conforme a la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, de montes.
¿Me lo sé? Flashcards
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 126
1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios.
2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:
a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables.
b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales.
Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes especiales o coyunturales.
3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél.
4. Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Datos clave
- Las plantillas se aprueban anualmente junto con el Presupuesto y comprenden todos los puestos de trabajo clasificados de funcionarios, personal laboral y eventual.
- Pueden ampliarse si el incremento de gasto se compensa reduciendo otras partidas, o si deriva de un servicio obligatorio impuesto por disposición legal.
- La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto exige los mismos trámites que la modificación de este.
- Las relaciones de puestos de trabajo se confeccionan conforme al artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las plantillas recogen todos los puestos de funcionarios, laborales y eventuales y se aprueban cada año con el Presupuesto; solo se amplían en dos supuestos y, durante su vigencia, se modifican con los trámites del Presupuesto.
¿Me lo sé? Flashcards
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 130
1. Son funcionarios de la Administración Local las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo.
2. Son funcionarios de carrera de la Administración Local los que, en virtud de nombramiento legal, desempeñen servicios de carácter permanente en una Entidad local, figuren en las correspondientes plantillas y perciban sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones de personal del presupuesto de las Corporaciones.
Datos clave
- Son funcionarios de la Administración Local quienes están vinculados a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por Derecho Administrativo.
- Los funcionarios de carrera desempeñan servicios de carácter permanente en virtud de nombramiento legal.
- Deben figurar en las plantillas correspondientes.
- Perciben sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones de personal del presupuesto de la Corporación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Funcionario local es quien está vinculado a la Administración Local por una relación de servicios profesionales y retribuidos regulada por el Derecho Administrativo; el de carrera suma nombramiento legal, permanencia, plantilla y retribución fija.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 177
1. La selección del personal laboral se rige por lo establecido en el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
2. La contratación laboral puede ser por tiempo indefinido, de duración determinada, a tiempo parcial, y demás modalidades previstas en la legislación laboral.
El régimen de tales relaciones será, en su integridad, el establecido en las normas de Derecho Laboral.
3. Será nulo el contrato laboral por tiempo indefinido celebrado por una Entidad local con persona incursa en alguna de las causas de incapacidad específica que sean de aplicación a los funcionarios y al personal interino.
Datos clave
- La selección del personal laboral se rige por el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
- La contratación laboral puede ser indefinida, de duración determinada, a tiempo parcial y demás modalidades laborales.
- El régimen de estas relaciones es, en su integridad, el del Derecho Laboral.
- Es nulo el contrato indefinido celebrado con persona incursa en causa de incapacidad específica de funcionarios e interinos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal laboral local se selecciona según el art. 103 de la Ley 7/1985, se contrata en cualquier modalidad laboral con régimen íntegramente laboral, y es nulo el contrato indefinido con persona incursa en incapacidad específica.
¿Me lo sé? Flashcards
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviemb · 78
1. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad esta preestablecida. Dicha periodicidad será fijada por acuerdo del propio Pleno adoptado en sesión extraordinaria, que habrá de convocar el Alcalde o Presidente dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación y no podrá exceder del límite trimestral a que se refiere el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
2. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. Tal solicitud habrá de hacerse por escrito en el que se razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado personalmente por todos los que la suscriben.
La relación de asuntos incluidos en el escrito no enerva la facultad del Alcalde o Presidente para determinar los puntos del Orden del día, si bien la exclusión de éste de alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada.
3. La convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de miembros de la Corporación deberá efectuarse dentro de los cuatro días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de dos meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro General.
4. Contra la denegación expresa o presunta de la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, podrán interponerse por los interesados los correspondientes recursos, sin perjuicio de que la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma respectiva pueda hacer uso de las facultades a que se refiere el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Datos clave
- La periodicidad de las sesiones ordinarias la fija el propio Pleno en sesión extraordinaria, convocada dentro de los 30 días siguientes a la constitutiva.
- El límite trimestral del artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985 no puede excederse.
- Las sesiones extraordinarias pueden pedirlas la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros, por escrito razonado y firmado por todos.
- La convocatoria de la extraordinaria a instancia de miembros debe hacerse dentro de los cuatro días siguientes a la petición.
- Su celebración no puede demorarse más de dos meses desde la entrada en el Registro General.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sesiones ordinarias (periodicidad fijada por el Pleno, máximo trimestral) y extraordinarias (por el Alcalde, de oficio o a petición de una cuarta parte de miembros), con plazos de cuatro días y dos meses.
¿Me lo sé? Flashcards
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviemb · 90
1. Para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan.
2. Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario según lo dispuesto en el número anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria.
Datos clave
- El quórum de constitución del Pleno es un tercio del número legal de miembros, nunca menos de tres.
- Ese quórum debe mantenerse durante toda la sesión.
- Es imprescindible la asistencia del Presidente y del Secretario, o de quienes les sustituyan.
- Sin quórum en primera convocatoria, la sesión se entiende convocada automáticamente a la misma hora dos días después.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quórum del Pleno: un tercio del número legal, nunca menos de tres, durante toda la sesión y con Presidente y Secretario; sin quórum, se reúne a la misma hora dos días después y, si tampoco, se pospone.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 220
1. Las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.
2. Cualquier vecino que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá requerir su ejercicio a la entidad interesada. Este requerimiento, del que se dará conocimiento a quienes pudiesen resultar afectados por las correspondientes acciones, suspenderá el plazo para el ejercicio de las mismas por un término de treinta días hábiles.
3. Si en el plazo de esos treinta días, la entidad no acordara el ejercicio de las acciones solicitadas, los vecinos podrán ejercitar dicha acción en nombre e interés de la entidad local, facilitándoles ésta los antecedentes, documentos y elementos de prueba necesarios y que al efecto soliciten.
4. De prosperar la acción, el actor tendrá derecho a ser reembolsado por la entidad de las costas procesales y a la indemnización de cuantos daños y perjuicios se le hubieran seguido.
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 12, de 14 de enero. Ref. BOE-A-1987-772
Datos clave
- Las entidades locales están obligadas a ejercer las acciones necesarias para defender sus bienes y derechos.
- Cualquier vecino en pleno goce de sus derechos civiles y políticos puede requerir su ejercicio.
- El requerimiento suspende el plazo para ejercer las acciones durante treinta días hábiles.
- Si la entidad no acuerda ejercerlas, los vecinos pueden ejercitarlas en nombre e interés de la entidad local.
- Si prospera la acción, el actor tiene derecho al reembolso de costas y a la indemnización de daños y perjuicios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades locales deben defender sus bienes y derechos; cualquier vecino en pleno goce de derechos puede requerirlo y, si en treinta días hábiles no actúan, ejercer la acción en nombre de la entidad.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 19
1. Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.
c) La Administración del Estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los actos y disposiciones de la Administración de las Comunidades Autónomas y de los Organismos públicos vinculados a éstas, así como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local, y los de cualquier otra entidad pública no sometida a su fiscalización.
d) La Administración de las Comunidades Autónomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de la Administración del Estado y de cualquier otra Administración u Organismo público, así como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local.
e) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como los de Organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a una y otras o los de otras Entidades locales.
f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley.
g) Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al ámbito de sus fines.
h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes.
i) Para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación e intolerancia, además de las personas afectadas y siempre con su autorización, estará también legitimada la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, así como, en relación con las personas afiliadas o asociadas a los mismos, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para instar acciones judiciales en defensa de derechos o intereses difusos corresponderá a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, a los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos más representativos, así como a las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de ámbito estatal, y a las organizaciones, de ámbito estatal o del ámbito territorial en el que se produce la situación de discriminación, que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, sin perjuicio en todo caso de la legitimación individual de aquellas personas afectadas que estuviesen determinadas.
La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso discriminatorio.
j) Para la defensa de los derechos e intereses de las personas víctimas de discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, además de las personas afectadas y siempre que cuenten con su autorización expresa, estarán también legitimados los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales o de sus familias, de acuerdo con lo establecido en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con competencia en la materia, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales o de sus familias.
La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso discriminatorio por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.
k) Los sindicatos estarán también legitimados para actuar, en nombre interés del personal funcionario y estatutario afiliado a ellos que así lo autorice, en defensa de sus derechos individuales, recayendo sobre dichos afiliados los efectos de aquella actuación.
2. La Administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos establecidos por la Ley.
3. El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e interés de las Entidades locales se rige por lo dispuesto en la legislación de régimen local.
4. Las Administraciones públicas y los particulares podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público sin necesidad, en el primer caso, de declaración de lesividad.
5. Tendrán legitimación para recurrir ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que se dicten en asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, todas las personas mencionadas en el artículo 40.4 de la Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva.
Datos clave
- Están legitimadas las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
- Las entidades locales territoriales pueden impugnar actos y disposiciones del Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten a su autonomía.
- Cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular en los casos expresamente previstos por las leyes.
- La Administración autora de un acto puede impugnarlo previa declaración de lesividad.
- El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre de las entidades locales se rige por la legislación de régimen local.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera quién está legitimado para recurrir: quien tenga derecho o interés legítimo, entes colectivos, Administraciones entre sí, el Ministerio Fiscal y, en casos tasados, cualquier ciudadano por acción popular.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 16. Enajenación de bienes.
El artículo 16 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, establece las reglas que rigen la enajenación, el gravamen y la permuta de bienes.
1. La enajenación, gravamen o permuta de bienes inmuebles patrimoniales se atendrá a las siguientes reglas:
a) Se determinarán las situaciones física y jurídica de los bienes, se practicará el deslinde si es necesario y se inscribirán en el Registro de la Propiedad si no lo están.
b) Se valorará el bien por técnico competente.
c) La letra c) está derogada.
d) En ningún caso el importe de la enajenación de bienes patrimoniales se podrá destinar a financiar gastos corrientes, con la excepción de las parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de los bienes no utilizables en servicios locales.
e) No podrán enajenarse bienes que se hallaren en litigio, salvo que el adquirente asuma expresamente el riesgo del resultado del mismo. Si llega el caso, deberán suspenderse los procedimientos de adjudicación en trámite.
2. Cuando se enajenen valores mobiliarios o participaciones en sociedades o empresas, será necesario el informe de la Consejería de Economía y Hacienda, que deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose favorable de no emitirse en dicho plazo.
3. Cuando se trate de bienes declarados de interés cultural y demás que formen parte del patrimonio histórico español o andaluz, deben cumplirse los requisitos y trámites de su normativa específica.
4. En la enajenación, permuta o gravamen de montes de propiedad de los entes locales, será necesario el cumplimiento de la normativa forestal.
Datos clave
- Antes de enajenar inmuebles patrimoniales se determina su situación física y jurídica, se deslindan si es necesario y se inscriben en el Registro de la Propiedad.
- El bien se valora por técnico competente.
- El importe de la enajenación no puede financiar gastos corrientes, salvo parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o bienes no utilizables en servicios locales.
- Los bienes en litigio no se enajenan salvo que el adquirente asuma expresamente el riesgo.
- Valores mobiliarios o participaciones: informe de la Consejería de Economía y Hacienda en un mes, favorable si no se emite.
- Montes: debe cumplirse la normativa forestal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reglas para enajenar, gravar o permutar inmuebles patrimoniales locales: depuración física y jurídica, valoración técnica, destino del dinero y bienes en litigio; y requisitos para valores, bienes culturales y montes.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 29. Utilización de los bienes de dominio público.
El artículo 29 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, regula las modalidades de utilización de los bienes de dominio público.
1. La utilización de los bienes de dominio público puede adoptar las modalidades siguientes:
a) Uso común, general o especial.
b) Uso privativo.
2. El uso común general es aquel que corresponde por igual a todas las personas, cuando no concurren especiales circunstancias, sin que la utilización por parte de unos impida la de otros.
3. El uso común especial es aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras similares.
4. El uso privativo es el constituido por la ocupación de una porción del dominio público de modo que limite o excluya la utilización por los demás.
Datos clave
- Modalidades de utilización del dominio público: uso común (general o especial) y uso privativo.
- Uso común general: corresponde por igual a todas las personas y la utilización de unos no impide la de otros.
- Uso común especial: concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras similares.
- Uso privativo: ocupación de una porción del dominio público que limita o excluye la utilización por los demás.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El dominio público local se usa de tres formas: común general, común especial y privativo. Lo que las distingue es si el uso es igual para todos, si hay circunstancias singulares o si se excluye a los demás.
Esquema
| Común general | Común especial | Privativo | |
|---|---|---|---|
| Rasgo | Corresponde por igual a todas las personas | Concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras similares | Ocupación de una porción del dominio público |
| Efecto sobre los demás | La utilización de unos no impide la de otros | El texto no lo precisa | Limita o excluye la utilización por los demás |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 63. Enumeración de potestades.
El artículo 63 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, enumera las potestades de las entidades locales para la defensa de sus bienes.
1. Las entidades locales tendrán las siguientes potestades:
a) La de investigación.
b) La de deslinde.
c) La de recuperación de oficio.
d) La de desahucio administrativo.
2. Las entidades locales también podrán establecer e imponer sanciones de acuerdo con la normativa sectorial aplicable o con las ordenanzas locales, para la defensa de su patrimonio y para asegurar su adecuada utilización.
3. El ejercicio de estas potestades será sin perjuicio de la normativa específica para cualquier tipo de bien.
4. Con carácter general, la competencia para los actos de iniciación, impulso y tramitación de estas potestades corresponde al Presidente de la Entidad, y los actos administrativos resolutorios al Pleno de la Corporación.
Datos clave
- Potestades: investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo.
- Pueden imponer sanciones según la normativa sectorial o las ordenanzas locales para defender su patrimonio.
- La iniciación, impulso y tramitación corresponden, con carácter general, al Presidente de la Entidad.
- Los actos administrativos resolutorios corresponden al Pleno de la Corporación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades locales tienen cuatro potestades para defender sus bienes y pueden sancionar; con carácter general inicia y tramita el Presidente y resuelve el Pleno.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 2. Enumeración de los recursos de las entidades locales.
1. La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos:
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.
c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.
d) Las subvenciones.
e) Los percibidos en concepto de precios públicos.
f) El producto de las operaciones de crédito.
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
h) Las demás prestaciones de derecho público.
2. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la hacienda de las entidades locales de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.
Datos clave
- La hacienda local se integra por ocho clases de recursos, letras a) a h).
- Los tributos propios se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos.
- Incluye recargos sobre impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.
- Incluye participaciones en tributos del Estado y de las comunidades autónomas, subvenciones, precios públicos y operaciones de crédito.
- También multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y demás prestaciones de derecho público.
- Para la cobranza de sus ingresos de derecho público, la hacienda local ostenta las prerrogativas legales de la hacienda del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista cerrada de los ocho recursos de la hacienda local, de los ingresos patrimoniales a las demás prestaciones de derecho público, y prerrogativas de la hacienda del Estado para cobrar tributos y demás ingresos de derecho público.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 56. Recursos de los municipios.
Recursos de los municipios. La hacienda de los municipios estará constituida por los recursos enumerados en el artículo 2 de esta ley en los términos y con las especialidades que se recogen en este título.
Datos clave
- La hacienda municipal está constituida por los recursos enumerados en el artículo 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Se aplican con las especialidades que recoge el título dedicado a los recursos de los municipios.
- El texto refundido se aprobó por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La hacienda municipal se compone de los recursos del artículo 2 de la ley, con los términos y especialidades que este título establece para los municipios.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 162. Definición.
Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.
Datos clave
- El presupuesto general es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de obligaciones y derechos.
- Recoge las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos.
- Recoge los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio.
- Incluye las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles de capital íntegramente local.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El presupuesto general local es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones máximas, los derechos previstos y las previsiones de las sociedades mercantiles íntegramente locales.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 168. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial.
El artículo 168 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales regula la elaboración y la aprobación inicial del presupuesto general.
1. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación:
a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.
b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.
c) Anexo de personal de la Entidad Local.
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
g) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.
3. Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.
4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.
5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.
Datos clave
- El presupuesto de la entidad local lo forma su Presidente.
- Se acompaña de memoria, liquidación del ejercicio anterior y avance del corriente (al menos seis meses), anexos de personal, inversiones, beneficios fiscales y convenios de gasto social, e informe económico-financiero.
- Los organismos autónomos remiten su presupuesto a la entidad local antes del 15 de septiembre de cada año.
- Las sociedades mercantiles remiten sus previsiones de gastos e ingresos y programas anuales antes del 15 de septiembre.
- El presidente remite el presupuesto general, informado por la Intervención, al Pleno antes del 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.
- El acuerdo de aprobación es único y ningún presupuesto integrante puede aprobarse separadamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Presidente forma el presupuesto con su documentación; organismos autónomos y sociedades mercantiles envían lo suyo antes del 15 de septiembre y el general va al Pleno antes del 15 de octubre, con un único acuerdo.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 50. Concepto del patrimonio local.
1. El patrimonio de las entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que, por cualquier título, les pertenezcan, y está orientado en su totalidad a la consecución de sus fines. Corresponde su gestión a la propia entidad o entidades de ella dependientes, que la ejercerán bajo su responsabilidad directa, salvo la de los elementos del patrimonio que se hallen adscritos a los fines de las entidades de cooperación en que estén integradas.
2. Los elementos del patrimonio de las entidades locales, en atención al uso o servicio destinado, se clasifican en demaniales y patrimoniales. Los bienes comunales, que son aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos, tienen la consideración de dominio público.
Datos clave
- El patrimonio local es el conjunto de bienes, derechos y acciones que pertenecen a la entidad por cualquier título.
- Su gestión corresponde a la propia entidad o a entidades dependientes, bajo su responsabilidad directa.
- Los bienes se clasifican en demaniales y patrimoniales según el uso o servicio destinado.
- Los bienes comunales, cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos, tienen la consideración de dominio público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El patrimonio local es el conjunto de bienes, derechos y acciones de la entidad, orientado a sus fines; se clasifica en demanial y patrimonial, y los comunales son dominio público.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 56. Impugnación de disposiciones y actos.
1. Conforme a lo previsto en la legislación básica del Estado, la Junta de Andalucía podrá someter a control jurisdiccional los actos y disposiciones de las entidades locales cuando se considere que vulneran el ordenamiento jurídico, menoscaben sus competencias, interfieran su ejercicio o excedan las mismas. Con carácter previo al ejercicio de la acción procesal, la Junta de Andalucía podrá requerir a la entidad local que modifique o anule la disposición o acto objeto de controversia y, en su caso, suspenda su eficacia.
2. Conforme a lo previsto en la legislación básica del Estado, las entidades locales podrán impugnar las actuaciones autonómicas que invadan sus competencias y las normas que vulneren la autonomía local.
Datos clave
- La Junta puede someter a control jurisdiccional actos y disposiciones locales que vulneren el ordenamiento jurídico o menoscaben, interfieran o excedan sus competencias.
- Con carácter previo, puede requerir a la entidad local que modifique o anule la disposición o acto y, en su caso, suspenda su eficacia.
- Las entidades locales pueden impugnar las actuaciones autonómicas que invadan sus competencias y las normas que vulneren la autonomía local.
- Todo ello conforme a lo previsto en la legislación básica del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Junta puede llevar a los tribunales los actos locales ilegales o invasores de sus competencias, previo requerimiento potestativo; y las entidades locales pueden impugnar actuaciones autonómicas que invadan las suyas.
¿Me lo sé? Flashcards
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 d · 3
Personal funcionario de las Entidades Locales. 1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. 2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Datos clave
- El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal (de la que forma parte el TREBEP) y por la legislación autonómica, con respeto a la autonomía local.
- Los Cuerpos de Policía Local también se rigen por el TREBEP y por la legislación autonómica.
- Excepción: lo establecido para la Policía Local en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios locales se rigen por la legislación estatal (incluido el Estatuto) y la autonómica, respetando la autonomía local; la Policía Local, igual, salvo lo que le reserva la LO 2/1986.
¿Me lo sé? Flashcards
Disposición adicional segunda. Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales.
Disposición adicional segunda
Disposición adicional segunda. Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales.
1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley.
3. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes es igualmente competencia del Pleno autorizar la redacción y licitación de proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra cuyo periodo de ejecución exceda al de un presupuesto anual, siempre que estas sean susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas.
4. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias del órgano de contratación que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo, siendo el Pleno el competente para aprobar los pliegos de cláusulas administrativas generales.
5. En las Entidades Locales será potestativa la constitución de Juntas de Contratación que actuarán como órganos de contratación en los contratos de obras que tengan por objeto trabajos de reparación simple, de conservación y de mantenimiento, en los contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los contratos de servicios cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de la Entidad, o cuando superen este importe las acciones estén previstas en el presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución de este.
Corresponde al Pleno acordar la constitución de las Juntas de Contratación y determinar su composición, debiendo formar parte de las mismas necesariamente el Secretario o el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y el Interventor de la misma. Los límites cuantitativos, que podrán ser inferiores a los señalados en el párrafo anterior, o los referentes a las características de los contratos en los que intervendrá la Junta de Contratación como órgano de contratación, se determinarán, en los municipios de gran población por la Junta de Gobierno Local y en las restantes entidades locales, por el Pleno, a propuesta del Alcalde o del Presidente cuando sea, el órgano que tenga atribuida la competencia sobre dichos contratos, de acuerdo con el apartado 2.
En los casos de actuación de las Juntas de Contratación se prescindirá de la intervención de la Mesa de contratación.
6. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes las competencias en materia de contratación podrán ser ejercidas por los órganos que, con carácter de centrales de contratación, se constituyan en la forma prevista en el artículo 228 de la presente Ley, mediante acuerdos al efecto.
Asimismo podrán concertarse convenios en virtud de los cuales se encomiende la gestión del procedimiento de contratación a las Diputaciones provinciales o a las Comunidades Autónomas de carácter uniprovincial.
7. La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
En las Entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán integrarse en la Mesa personal al servicio de las correspondientes Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas uniprovinciales.
En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente.
La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente. Se podrán constituir Mesas de Contratación permanentes.
8. El comité de expertos a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 146 de la presente Ley, para la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor, podrá estar integrado en las Entidades locales por cualquier personal funcionario de carrera o laboral fijo con cualificación apropiada que no haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate. En todo caso, entre este personal deberá formar parte un técnico jurista especializado en contratación pública.
9. En las entidades locales corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la competencia para la celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los términos definidos en el artículo 100.1, no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
10. Corresponde al Pleno la competencia para celebrar contratos privados, la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.
11. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo.
12. Las referencias a las Diputaciones provinciales contenidas en esta Ley también se entenderán efectuadas a los entes locales supramunicipales previstos en los correspondientes Estatutos de Autonomía con competencias en materia de asistencia y de cooperación a los municipios, y de prestación de servicios públicos locales.
Datos clave
- Alcalde o Presidente: contratos cuyo valor estimado no supere el 10 % de los recursos ordinarios ni seis millones de euros, y plurianuales de hasta cuatro años.
- Pleno: los contratos que no correspondan al Alcalde y la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales.
- En municipios de gran población las competencias las ejerce la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe.
- Mesa de contratación: al menos tres miembros; los electos no más de un tercio; nunca personal eventual.
- Contratos privados, concesiones sobre bienes y adquisición de inmuebles: Alcalde hasta el 10 % de recursos ordinarios y tres millones de euros.
- Bienes declarados de valor histórico o artístico: competencia del Pleno cualquiera que sea su valor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reparte la contratación local: Alcalde o Presidente hasta el 10 % de los recursos ordinarios y seis millones; el Pleno, lo demás; la Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población. Regula también Juntas y Mesas de contratación.
¿Me lo sé? Flashcards
Disposición adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales.
Disposición adicional tercera
Disposición adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales.
1. Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en esta Ley, con las especialidades que se recogen en la disposición adicional anterior y en la presente.
2. Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.
3. Los actos de fiscalización se ejercen por el órgano Interventor de la Entidad local. Esta fiscalización recaerá también sobre la valoración que se incorpore al expediente de contratación sobre las repercusiones de cada nuevo contrato, excepto los contratos menores, en el cumplimiento por la Entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El órgano interventor realizará la comprobación material de la inversión en el ejercicio de la función señalada en el artículo 214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los términos desarrollados en el artículo 20 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. A efectos de la designación de representante en aquellas inversiones cuyo objeto sea susceptible de comprobación, el órgano interventor podrá aplicar técnicas de muestreo. Podrá estar asistido en la recepción por un técnico especializado en el objeto del contrato, que deberá ser diferente del director de obra y del responsable del contrato. Los servicios de asistencia de las Diputaciones Provinciales asistirán a los pequeños Municipios a estos efectos y los demás previstos en la Ley.
4. En los contratos celebrados en los municipios de menos de 5.000 habitantes, la aprobación del gasto podrá ser sustituida por una certificación de existencia de crédito que se expedirá por el Secretario Interventor o, en su caso, por el Interventor de la Corporación.
5. En los contratos de concesión de obras y de servicios, el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida que exige el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el contenido reglamentariamente determinado, se tramitará conjuntamente con el estudio de viabilidad regulado en esta Ley.
6. Serán de aplicación a los contratos de obras las normas sobre supervisión de proyectos establecidas en el artículo 235. La supervisión podrá efectuarse por las oficinas o unidades competentes de la propia entidad contratante o, en el caso de municipios que carezcan de ellas, por las de la correspondiente Diputación provincial o Administración autonómica uniprovincial. En el acuerdo de aprobación de los proyectos se recogerá expresamente la referencia a la supervisión favorable del mismo.
7. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, en los contratos de obras cuya financiación exceda de un presupuesto anual, podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de las partes de la obra, siempre que estas sean susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas. La ejecución de cada uno de los proyectos podrá ser objeto de un contrato diferente, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 99 y 101.
8. Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el Secretario. Será también preceptivo el informe jurídico del Secretario en la aprobación de expedientes de contratación, modificación de contratos, revisión de precios, prórrogas, mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución de los contratos. Corresponderá también al Secretario la coordinación de las obligaciones de publicidad e información que se establecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Conforme a lo dispuesto en la letra e) de la disposición adicional octava de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladoras de las Bases del Régimen Local, en los municipios acogidos al régimen regulado en su Título X, corresponderá al titular de la asesoría jurídica la emisión de los informes atribuidos al Secretario en el presente apartado. La coordinación de las obligaciones de publicidad e información antedichas corresponderá al titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno.
9. En los contratos que tengan por objeto la adquisición de bienes inmuebles, el importe de la adquisición podrá ser objeto de un aplazamiento de hasta cuatro años, con sujeción a los trámites previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales para los compromisos de gastos futuros. Este aplazamiento también podrá ser utilizado para la adquisición de títulos representativos de la titularidad del capital de entidades que formen parte del sector público de la Entidad local para su reestructuración.
10. Las Entidades Locales, sin perjuicio de la posibilidad de adherirse al sistema estatal de contratación centralizada y a las centrales de contratación de las Comunidades Autónomas y de otras Entidades Locales, tal y como prevé el apartado 3 del artículo 228, podrán adherirse también a las centrales de contratación que creen conforme a esta Ley las asociaciones de entidades locales a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como a las creadas por la Administración General del Estado.
11. Los Municipios de población inferior a 20.000 habitantes podrán licitar contratos no sujetos a regulación armonizada de concesión de servicios que se refieran a la gestión de dos o más servicios públicos diferentes siempre y cuando la anualidad media del contrato no supere los 200.000 euros, y el órgano de contratación justifique en el expediente de contratación esta decisión en base a la necesidad objetiva de proceder a la gestión unificada de dichos servicios. En todo caso, el pliego de cláusulas administrativas particulares precisará el ámbito funcional y territorial del contrato de concesión de servicios.
Datos clave
- Cabe la tramitación anticipada sometiendo la adjudicación a condición suspensiva de consolidación de los recursos.
- La fiscalización corresponde al órgano Interventor, que realiza la comprobación material de la inversión.
- En municipios de menos de 5.000 habitantes la aprobación del gasto puede sustituirse por certificación de existencia de crédito.
- Los informes jurídicos se evacuan por el Secretario, preceptivos en aprobación, modificación, prórrogas y resolución de contratos.
- La adquisición de inmuebles admite un aplazamiento de hasta cuatro años.
- Municipios de menos de 20.000 habitantes: concesión conjunta de servicios si la anualidad media no supera 200.000 euros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Especialidades de contratación de las Entidades Locales: tramitación anticipada, fiscalización por el Interventor, informes del Secretario, supervisión de proyectos y reglas propias para municipios de menos de 5.000 y de 20.000 habitantes.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 2. Clasificación de los bienes
El artículo 2 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, establece la clasificación básica de los bienes locales.
Conforme a este precepto, los bienes de las Entidades Locales de Andalucía se clasifican en dos categorías: bienes de dominio público y bienes patrimoniales. Se trata de una clasificación dual, que no contempla una tercera categoría independiente.
Datos clave
- Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía se clasifican en bienes de dominio público y bienes patrimoniales.
- La clasificación figura en el artículo 2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
- El Reglamento se aprobó por el Decreto 18/2006, de 24 de enero.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía se reparten solo en dos categorías: dominio público y patrimoniales. La clasificación es dual, sin una tercera categoría independiente.