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Tema 37: La Administración electrónica. La información y los derechos de las personas.

Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

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Artículo 7. Administración electrónica.

1. La aplicación de las tecnologías de la información a la Administración estará orientada a mejorar su eficacia, aproximarla a la ciudadanía y agilizar la gestión administrativa.

2. Los principios que rigen las relaciones que mantenga la Administración de la Junta de Andalucía con la ciudadanía y con otras Administraciones Públicas a través de redes abiertas de telecomunicación son los de simplificación y agilización de trámites, libre acceso, accesibilidad universal y confidencialidad en el tratamiento de la información, y de seguridad y autenticidad en orden a la identificación de las partes y el objeto de la comunicación.

3. La prestación de servicios administrativos y las relaciones entre la Administración de la Junta de Andalucía y la ciudadanía a través de redes abiertas de comunicación se desarrollarán de conformidad con la normativa que regula el tratamiento electrónico de la información y, en particular, con respeto a las normas sobre intimidad y confidencialidad de las relaciones, en los términos establecidos por la normativa sobre protección de datos y derechos de autoría, así como la relativa a los servicios de la sociedad de la información.

4. La transmisión y recepción de información en red o de documentos electrónicos entre la Administración de la Junta de Andalucía y la ciudadanía, entre los órganos o entidades de la Junta de Andalucía entre sí, o entre estos y otras Administraciones Públicas podrá realizarse a través de los medios y soportes electrónicos o telemáticos siempre que se garantice el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) la garantía de la disponibilidad y acceso de los referidos medios y soportes y de las aplicaciones informáticas en las condiciones que en cada caso se establezcan;

b) la compatibilidad técnica de los medios, aplicaciones y soportes utilizados por los sujetos emisor y destinatario; y

c) la existencia de medidas de seguridad que eviten la interceptación y alteración de las comunicaciones, así como los accesos no autorizados.

5. A fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos expresados en el apartado anterior, la Administración de la Junta de Andalucía facilitará a la ciudadanía que así lo solicite el acceso y obtención de un dispositivo de firma electrónica.

Datos clave

  • Las TIC se orientan a mejorar la eficacia, aproximar la Administración a la ciudadanía y agilizar la gestión.
  • Principios en redes abiertas: simplificación y agilización de trámites, libre acceso, accesibilidad universal, confidencialidad, seguridad y autenticidad.
  • Tres requisitos para la transmisión electrónica: disponibilidad y acceso, compatibilidad técnica y medidas de seguridad.
  • La Administración facilitará a la ciudadanía que lo solicite un dispositivo de firma electrónica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las tecnologías buscan eficacia, cercanía y agilidad; las comunicaciones electrónicas exigen disponibilidad, compatibilidad técnica y seguridad, y la Junta facilita firma electrónica a quien la pida.

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Artículo 79. Publicidad y transparencia de la actuación administrativa

El artículo 79 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, regula la publicidad y transparencia de la actuación administrativa.

La actuación de la Administración de la Junta de Andalucía se desarrollará con el máximo respeto a los principios de publicidad y transparencia, sin perjuicio de las limitaciones derivadas del derecho a la intimidad o de otros derechos constitucionales que gozan de una protección específica.

Para hacer efectivo estos principios, se reconoce el derecho a la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública en los términos previstos en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

Datos clave

  • La actuación de la Administración de la Junta se rige por el máximo respeto a los principios de publicidad y transparencia.
  • Límites: el derecho a la intimidad y otros derechos constitucionales con protección específica.
  • Se reconocen el derecho a la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública.
  • Ambos derechos se ejercen en los términos de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta debe actuar con el máximo respeto a la publicidad y la transparencia, con el límite de la intimidad y otros derechos constitucionales; se reconocen la publicidad activa y el acceso a la información pública.

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Artículo 80. Derecho a la información

El artículo 80 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, regula el derecho a la información.

Toda la ciudadanía tiene derecho a ser informada, en general, sobre los servicios de la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular, sobre los asuntos que le afecten. Reglamentariamente se determinarán los medios a través de los cuales se prestarán servicios de interpretación en lengua de signos española para las personas que los necesiten.

En orden a facilitar el derecho a la información de la ciudadanía, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, la Administración de la Junta de Andalucía está obligada a:

a) Informar de manera actualizada sobre la organización propia y sobre los principales servicios y prestaciones públicos, así como facilitar toda aquella información relativa a la identificación y la localización de los órganos y unidades administrativas, especialmente a través de páginas web claras, completas, accesibles y actualizadas.

b) Ofrecer información general sobre los procedimientos vigentes de la competencia de la Administración de la Junta de Andalucía, utilizando especialmente para ello las vías electrónicas que permitan un acceso rápido y eficaz a dicha información.

c) Adoptar las estrategias multicanales de atención a la ciudadanía al objeto de ampliar e integrar las vías de información entre la Administración y la ciudadanía.

d) Informar sobre los medios de impugnación y de reclamación al alcance del ciudadano.

La Administración de la Junta de Andalucía informará a las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía sobre los servicios y prestaciones públicos de los que puedan ser beneficiarias.

Datos clave

  • Derecho a ser informado sobre los servicios de la Junta en general y sobre los asuntos que afecten a cada persona en particular.
  • Reglamentariamente se determinan los medios de interpretación en lengua de signos española.
  • Información sobre la organización y los servicios, especialmente mediante páginas web claras, completas, accesibles y actualizadas.
  • Información general sobre los procedimientos vigentes, especialmente por vías electrónicas.
  • Estrategias multicanales de atención a la ciudadanía.
  • Información sobre los medios de impugnación y de reclamación.
  • También se informa a las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Toda la ciudadanía tiene derecho a que la Junta le informe de sus servicios y de sus asuntos; la Junta queda obligada a cuatro deberes concretos de información y debe informar también a las comunidades andaluzas de fuera.

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Artículo 81. Derecho de petición

Cualquier ciudadano podrá ejercer el derecho de petición ante la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la Constitución y con la Ley Orgánica que regule el ejercicio de este derecho. Las peticiones pueden expresar también sugerencias relativas al funcionamiento de los servicios públicos que, en defecto de procedimiento específico para su atención y respuesta, se deberán tramitar conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica reguladora del derecho de petición.

Datos clave

  • Cualquier ciudadano puede ejercer el derecho de petición ante la Administración de la Junta de Andalucía.
  • Se ejerce de acuerdo con la Constitución y con la Ley Orgánica reguladora de este derecho.
  • Las peticiones pueden expresar sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos.
  • A falta de procedimiento específico, esas sugerencias se tramitan por el procedimiento de la Ley Orgánica reguladora del derecho de petición.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cualquier ciudadano puede ejercer el derecho de petición ante la Junta, también para hacer sugerencias sobre los servicios, que a falta de procedimiento propio siguen la Ley Orgánica del derecho de petición.

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Artículo 85. Sugerencias y reclamaciones

El artículo 85 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, regula las sugerencias y reclamaciones.

En todas las Consejerías, Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, Delegaciones Provinciales de las Consejerías, en las Delegaciones Territoriales y agencias, estará a disposición de la ciudadanía un libro en el que podrán formularse sugerencias o reclamaciones, sin que estas últimas tengan el carácter de recurso administrativo.

Datos clave

  • Existe un libro de sugerencias y reclamaciones a disposición de la ciudadanía.
  • Está en todas las Consejerías, Delegaciones del Gobierno de la Junta, Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Delegaciones Territoriales y agencias.
  • En él pueden formularse sugerencias o reclamaciones.
  • Las reclamaciones no tienen el carácter de recurso administrativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En Consejerías, Delegaciones y agencias hay un libro a disposición de la ciudadanía para sugerencias o reclamaciones, que no son recurso administrativo.

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Artículo 86. Derecho de acceso a la información pública

El artículo 86 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, regula el derecho de acceso a la información pública.

La ciudadanía tiene derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía y demás que resulten de aplicación.

Datos clave

  • La ciudadanía tiene derecho a acceder a la información pública, archivos y registros.
  • Marco aplicable: la Constitución y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
  • También la Ley de Transparencia Pública de Andalucía y demás normas que resulten de aplicación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ciudadanía puede acceder a la información pública, archivos y registros según la Constitución, la ley estatal de transparencia, la ley andaluza de transparencia y demás normas aplicables.

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Artículo 87. Protección de datos

La ciudadanía tiene derecho al acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder de la Administración de la Junta de Andalucía.

Datos clave

  • Artículo 87 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
  • Titular del derecho: la ciudadanía.
  • Contenido: acceso, corrección y cancelación de sus datos personales.
  • Ámbito: los datos personales en poder de la Administración de la Junta de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ciudadanía tiene derecho al acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder de la Administración de la Junta.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 9

Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento. 1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes: a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c). 3. En relación con los sistemas de identificación previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. 4. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.

Datos clave

  • ¿Cuánto debe transcurrir desde la comunicación para que un sistema de la letra c) tenga eficacia jurídica? → Dos meses, durante los cuales el órgano estatal competente por seguridad pública puede acudir a la vía jurisdiccional.
  • ¿En qué plazo emite su informe vinculante la Secretaría de Estado de Seguridad? → En diez días desde su solicitud.
  • ¿Dónde deben situarse los recursos técnicos de los sistemas de la letra c)? → En territorio de la Unión Europea y, si hay categorías especiales de datos del art. 9 del RGPD, en territorio español.
  • Letra a) firma, letra b) sello, letra c) el cajón de sastre con condiciones. Los certificados de a) y b) son siempre cualificados y de la Lista de confianza.
  • Dos cifras de la letra c): dos meses para que el sistema sea eficaz, diez días para el informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad.
  • Geografía de los datos: UE como regla, España si son categorías especiales del art. 9 del RGPD.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración debe verificar la identidad del interesado. Electrónicamente valen tres sistemas: certificado cualificado de firma, certificado cualificado de sello y otros que la Administración admita previa comunicación, con dos meses de espera y datos alojados en la UE.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 10

Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas. 1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. 2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c). 3. En relación con los sistemas de firma previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. 4. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. 5. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.

Datos clave

  • ¿Qué debe permitir acreditar el medio de firma elegido? → La autenticidad de la voluntad y el consentimiento del firmante, y la integridad e inalterabilidad del documento.
  • ¿Cuánto ha de transcurrir desde la comunicación de un sistema de la letra c) hasta su eficacia jurídica? → Dos meses.
  • Cuando lo disponga expresamente la normativa reguladora, las Administraciones Públicas pueden admitir los sistemas de identificación como sistema de firma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Firmar sirve para acreditar voluntad e integridad. Si el interesado va por vía electrónica, la ley tasa qué sistemas valen.

Esquema

Identificar (art. 9) frente a firmar (art. 10)
Identificación (art. 9)Firma (art. 10)
Certificados cualificados de firmaSíSí
Certificados cualificados de selloSíSí
Otros sistemas con registro previoSíSí
Plazo previo a la eficacia jurídicaDos mesesDos meses

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 12

Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. 1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. 2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. 3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones. En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

Datos clave

  • Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, ¿a quién deben asistir las Administraciones en el uso de medios electrónicos? → A los interesados no obligados que lo soliciten, en los términos del artículo.
  • Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, si un interesado no obligado carece de medios electrónicos, ¿cómo puede realizarse válidamente su identificación o firma? → Por un funcionario habilitado, previa identificación y consentimiento expreso del interesado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 12.2 prevé asistencia a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que la soliciten, especialmente en identificación y firma, solicitudes y copias auténticas.

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Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.

Datos clave

  • Titulares: quienes, conforme al artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas.
  • Incluye el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con la Ley 19/2013 y el resto del ordenamiento (letra d).
  • Incluye comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico y ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
  • Se entienden sin perjuicio de los derechos del artículo 53, referidos a los interesados en el procedimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Catálogo de derechos de quien se relaciona con la Administración sin ser todavía parte de un procedimiento. No confundir con los derechos del interesado del artículo 53.

Esquema

Artículo 13 frente a artículo 53
Art. 13 · derechos de las personasArt. 53 · derechos del interesado
TitularQuien tiene capacidad de obrarQuien es interesado en un procedimiento
MomentoAntes o al margen del procedimientoDentro del procedimiento
Ejemplo típicoAcceso a información públicaConocer el estado de la tramitación

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Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Datos clave

  • Las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones por medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas, y pueden cambiar el medio elegido.
  • Obligados en todo caso: personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales de colegiación obligatoria en su actividad (incluidos notarios y registradores), representantes de obligados y empleados públicos por razón de su condición.
  • Reglamentariamente puede extenderse la obligación a colectivos de personas físicas con acceso y disponibilidad acreditados de medios electrónicos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las personas físicas eligen libremente el medio de relación (electrónico o no) salvo que estén obligadas; enumera 5 colectivos siempre obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración.

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Artículo 16. Registros.

1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles. En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.

2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.

4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios.

7. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos.

8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.

Datos clave

  • Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General.
  • Lugares de presentación: registros electrónicos, oficinas de Correos, representaciones diplomáticas u oficinas consulares, oficinas de asistencia en materia de registros y cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
  • Los documentos presentados presencialmente se digitalizan y se devuelven los originales, salvo excepciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada Administración tiene un Registro Electrónico General que funciona como portal; los organismos pueden tener el suyo, siempre interoperable e interconectado.

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Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.

1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones.

2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:

a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración. Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

Datos clave

  • Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos.
  • Nunca por medios electrónicos: actos con elementos no convertibles a formato electrónico o que contengan medios de pago como cheques.
  • Si se notifica por distintos cauces, cuenta la fecha de la que se produjo en primer lugar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Notificación electrónica preferente y obligatoria para quien deba recibirla así. Solo dos puertas de salida al papel, y una lista de cinco constancias que debe cumplir siempre.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.

1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.

2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única.

4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.

Datos clave

  • Se practican por comparecencia en la sede electrónica, por la dirección electrónica habilitada única o por ambos sistemas.
  • Se entienden rechazadas a los diez días naturales de la puesta a disposición sin acceso al contenido.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La notificación electrónica se practica al acceder. Si es obligatoria o elegida y no se accede en diez días naturales, se entiende rechazada.

¿Me lo sé? Flashcards

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 53

Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. 1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan. b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas. e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2. i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

Datos clave

  • ¿Qué no está obligado a presentar el interesado si ya obra en la Administración? → Datos y documentos ya en poder de las Administraciones Públicas (art. 53.1.d).
  • ¿Qué derecho añade el art. 53.2 en sancionadores? → Ser notificado de hechos, infracciones y sanciones, y la presunción de no responsabilidad (art. 53.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Catálogo de derechos de cualquier interesado en el procedimiento (conocer su estado, copias, identificar responsables, no aportar originales ni lo ya aportado, alegar, asesor, pago electrónico…) y dos derechos más del presunto responsable en los sancionadores.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 38

La sede electrónica. 1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. 3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. 5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

Datos clave

  • ¿Quién responde de la integridad, veracidad y actualización de una sede electrónica? → El titular de la sede.
  • ¿Qué debe garantizarse siempre en una sede electrónica según el art. 38.3? → La identificación del órgano titular y los medios para formular sugerencias y quejas.
  • Los nueve principios no hay que memorizarlos en orden, pero sí saber que empiezan por transparencia y publicidad y acaban en neutralidad e interoperabilidad: en test suele preguntarse 'cuál NO está'.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La sede electrónica es la 'oficina digital' oficial de una Administración. Su titular responde de que todo lo que hay dentro sea veraz, esté actualizado y se sepa quién manda ahí.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 41

Actuación administrativa automatizada. 1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

Datos clave

  • ¿Qué debe determinarse antes de implantar una actuación administrativa automatizada? → El órgano competente para especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión, control de calidad y auditoría, y el órgano responsable a efectos de impugnación.
  • El artículo exige fijar dos órganos (pueden coincidir o no): el que diseña/audita el sistema y el que responde si alguien recurre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Una actuación es 'automatizada' solo si la hace la máquina de principio a fin, sin que intervenga directamente ningún empleado público. Antes de activarla hay que fijar quién responde de ella.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 46

Archivo electrónico de documentos. 1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. 2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. 3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.

Datos clave

  • ¿Qué esquema regula las medidas de seguridad del archivo electrónico de documentos? → El Esquema Nacional de Seguridad.
  • ¿Cuál es la única excepción a almacenar los documentos por medios electrónicos? → Que no sea posible hacerlo.
  • 'Esquema Nacional de Seguridad' es la etiqueta que conecta este artículo con las preguntas de seguridad: apréndetela como palabra clave del art. 46.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo se archiva en electrónico salvo que sea imposible, y con medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad que aseguren que el documento se pueda leer y verificar durante años.

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Artículo 2. Principios generales

Principios generales. El sector público deberá respetar los siguientes principios en sus actuaciones y relaciones electrónicas: a) Los principios de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías y sistemas de comunicaciones electrónicas, para garantizar tanto la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas necesarias para relacionarse con las Administraciones Públicas por parte de las personas interesadas y por el propio sector público, como la libertad para desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos, el sector público utilizará estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado. Las herramientas y dispositivos que deban utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así como sus características técnicas, serán no discriminatorios, estarán disponibles de forma general y serán compatibles con los productos informáticos de uso general. b) El principio de accesibilidad, entendido como el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los servicios electrónicos para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores. c) El principio de facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio.

d) El principio de interoperabilidad, entendido como la capacidad de los sistemas de información y, por ende, de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos. e) El principio de proporcionalidad, en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones electrónicos. f) El principio de personalización y proactividad, entendido como la capacidad de las Administraciones Públicas para que, partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, proporcione servicios precumplimentados y se anticipe a las posibles necesidades de los mismos.

Datos clave

  • El sector público respeta seis grupos de principios en sus actuaciones y relaciones electrónicas.
  • Neutralidad tecnológica y adaptabilidad: estándares abiertos y, de forma complementaria, estándares de uso generalizado.
  • Accesibilidad: igualdad y no discriminación en el acceso, en particular de personas con discapacidad y personas mayores.
  • Facilidad de uso: diseño centrado en las personas usuarias para minimizar el conocimiento necesario.
  • Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de compartir datos e intercambiar información.
  • Proporcionalidad: solo se exigen las garantías y medidas de seguridad adecuadas a cada trámite.
  • Personalización y proactividad: servicios precumplimentados y anticipación a las necesidades del usuario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Rigen neutralidad tecnológica y adaptabilidad, accesibilidad, facilidad de uso, interoperabilidad, proporcionalidad y personalización y proactividad. Se emplean estándares abiertos y herramientas no discriminatorias, disponibles y compatibles.

Esquema

Principios
PrincipioFinalidad
AccesibilidadIgualdadEspecial atención a discapacidad y mayores
InteroperabilidadCompartir datosIntercambiar información
ProporcionalidadSeguridad adecuadaSegún trámite y circunstancias

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Artículo 4. Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos

Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos. Las Administraciones Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito competencial a través de alguno o algunos de los siguientes canales: a) Presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen. b) Portales de internet y sedes electrónicas. c) Redes sociales. d) Telefónico. e) Correo electrónico. f) Cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Datos clave

  • Las Administraciones Públicas prestan asistencia para facilitar el acceso a los servicios electrónicos de su ámbito competencial.
  • Canal presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen.
  • Portales de internet y sedes electrónicas.
  • Redes sociales, canal telefónico y correo electrónico.
  • Cualquier otro canal que pueda establecerse conforme al artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones deben ofrecer asistencia a través de seis canales para que los ciudadanos accedan a los servicios electrónicos, y la lista queda abierta a cualquier otro que se sume.

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Artículo 14. Régimen general de los puntos de acceso electrónico

El artículo 14 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, regula el régimen general de los puntos de acceso electrónico.

A efectos de este decreto, se define como punto de acceso electrónico el conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía, de forma fácil e integrada, el acceso a la información y los recursos y servicios disponibles.

Los puntos de acceso electrónico responderán a los principios de veracidad, transparencia, publicidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad, interoperabilidad y actualización de la información y de los servicios a los que den acceso. Además, atenderán a lo establecido en materia de identidad corporativa de la Administración de la Junta de Andalucía, así como a las normas que regulen la presencia de la Junta de Andalucía en Internet.

Los puntos de acceso electrónico implementados por la Administración de la Junta de Andalucía pueden ser de los siguientes tipos:

a) Portal de la Junta de Andalucía.

b) Portales de Internet específicos.

c) Sedes electrónicas.

Datos clave

  • Punto de acceso electrónico: conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet.
  • Su objetivo es ofrecer a la ciudadanía, de forma fácil e integrada, el acceso a la información, recursos y servicios disponibles.
  • Principios: veracidad, transparencia, publicidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad, interoperabilidad y actualización.
  • Deben atender a la identidad corporativa de la Junta y a las normas sobre su presencia en Internet.
  • Tres tipos: Portal de la Junta de Andalucía, portales de Internet específicos y sedes electrónicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Un punto de acceso electrónico es un conjunto de páginas web en un dominio de Internet para dar acceso fácil e integrado a información y servicios. Hay tres tipos: Portal, portales específicos y sedes electrónicas.

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Artículo 26. Registro Electrónico Único

El artículo 26 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, regula el Registro Electrónico Único.

La Administración de la Junta de Andalucía dispone de un registro electrónico, que será único para los órganos y entidades contemplados en el artículo 2.1, en el que quedará constancia de la entrada y salida de documentos.

La Consejería competente en materia de administración pública es responsable de la gestión del Registro Electrónico Único, correspondiendo el soporte tecnológico a la Consejería competente en materia de transformación digital.

El Registro Electrónico Único será accesible en las sedes electrónicas, rigiéndose por su fecha y hora oficial y donde constará el calendario de días inhábiles. En las sedes electrónicas de acceso al Registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden realizarse en el mismo, articulada mediante el Catálogo de Procedimientos y Servicios.

El Registro funcionará conforme establece el artículo 28, producirá la recepción automática de los documentos y emitirá automáticamente un justificante de dicha recepción, que se hará llegar inmediatamente a la persona interesada a la dirección electrónica que ésta haya indicado.

La presentación de documentos dirigidos a las entidades de los apartados c) y d) del artículo 2.1 podrá llevarse a cabo siempre que se trate de prestación de servicios o de procedimientos en los que se ejerzan potestades administrativas y así esté dispuesto en el instrumento jurídico que regule dicho procedimiento.

Las dudas o discrepancias acerca de la emisión o recepción de documentos electrónicos en el registro serán gestionadas por el órgano o entidad competente para la tramitación del documento de que se trate.

El Registro Electrónico Único será interoperable con los registros del resto de Administraciones Públicas, en los términos de la legislación del procedimiento administrativo común, garantizándose su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros electrónicos.

Datos clave

  • Registro único para los órganos y entidades del artículo 2.1; deja constancia de la entrada y salida de documentos.
  • Gestión: Consejería competente en materia de administración pública; soporte tecnológico: Consejería competente en transformación digital.
  • Accesible en las sedes electrónicas, con su fecha y hora oficial y el calendario de días inhábiles.
  • Los trámites disponibles se articulan mediante el Catálogo de Procedimientos y Servicios.
  • Recepción automática y justificante automático, enviado inmediatamente a la dirección electrónica indicada.
  • Las dudas o discrepancias las gestiona el órgano o entidad competente para tramitar el documento.
  • Es interoperable con los registros del resto de Administraciones Públicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta tiene un único registro electrónico para entradas y salidas, gestionado por la Consejería de administración pública con soporte de la de transformación digital, accesible en las sedes, con justificante automático e interoperable.

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Artículo 31. Sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía

El artículo 31 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, regula el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía.

El sistema para la práctica de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía es el que se establece en el Anexo IV.

La ciudadanía puede darse de alta en cualquier momento accediendo al sistema empleando los medios de identificación de los artículos 21 y 22.

Se podrá proceder de oficio al alta en el sistema de las personas que no lo hayan hecho voluntariamente en dos supuestos:

  • cuando estén obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades del artículo 2.1, en los términos del artículo 33;
  • cuando, sin estar obligadas, tengan la condición de interesadas en un procedimiento administrativo, en los términos del artículo 34.

La Consejería competente en materia de transformación digital es responsable del mantenimiento y funcionamiento del sistema de notificaciones electrónicas, y coordinará la articulación de sus contenidos y servicios. Los distintos órganos y entidades del artículo 2.1 aportarán la información necesaria para su funcionamiento y gestionarán la puesta a disposición de las notificaciones electrónicas en el sistema.

Datos clave

  • El sistema de notificaciones electrónicas es el establecido en el Anexo IV.
  • El alta voluntaria puede hacerse en cualquier momento con los medios de identificación de los artículos 21 y 22.
  • Alta de oficio de los obligados a relacionarse electrónicamente (artículo 33).
  • Alta de oficio de quienes, sin estar obligados, sean interesados en un procedimiento (artículo 34).
  • Responsable del mantenimiento y funcionamiento: Consejería competente en materia de transformación digital.
  • Los órganos y entidades del artículo 2.1 gestionan la puesta a disposición de las notificaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El sistema de notificaciones electrónicas de la Junta es el del Anexo IV. El alta puede ser voluntaria en cualquier momento o de oficio en dos supuestos; lo mantiene la Consejería de transformación digital.

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Artículo 38. Carpeta Ciudadana

El artículo 38 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, regula la Carpeta Ciudadana.

A fin de facilitar el ejercicio de los derechos de las personas interesadas en sus relaciones con la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y consorcios adscritos, se pondrá a disposición de la ciudadanía un servicio de administración electrónica, denominado Carpeta Ciudadana, mediante el que podrá tener acceso a su información de carácter personal en poder de las Administraciones Públicas así como sobre los procedimientos en los que tenga condición de persona interesada.

Se podrá acceder a la Carpeta Ciudadana desde el punto de acceso general electrónico y sedes electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía, así como desde las aplicaciones móviles específicas, empleando los medios de identificación de los artículos 21 y 22. Previa identificación de la persona interesada, dispondrá al menos de la siguiente información administrativa particular:

a) Consulta al estado de tramitación y, en su caso, acceso al contenido de los expedientes de los procedimientos administrativos y servicios.

b) Consulta de solicitudes o escritos presentados en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía.

c) Acceso a las notificaciones electrónicas.

d) Consulta de la información personal existente en las Administraciones Públicas previa autorización de la persona interesada.

e) Acceso a certificados, tarjetas y carnés expedidos por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos, que tendrán la consideración de copia electrónica auténtica.

f) Cualquier otra que se estime de utilidad para mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía.

La exhibición presencial ante un tercero de un documento disponible en la Carpeta Ciudadana en el cual se exprese que tiene la consideración de copia electrónica auténtica, en los términos del artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, surtirá los mismos efectos que la exhibición presencial del correspondiente documento original.

La Consejería competente en materia de administración pública será responsable de la gestión y supervisión del contenido de la Carpeta Ciudadana, correspondiendo el soporte tecnológico a la Consejería competente en materia de transformación digital. Los distintos órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias y, en su caso, consorcios adscritos garantizarán la permanente actualización de su información y contenidos.

Datos clave

  • Servicio de administración electrónica que da acceso a la información personal en poder de las Administraciones Públicas y a los procedimientos en que se es interesado.
  • Acceso desde el punto de acceso general electrónico, las sedes electrónicas y las aplicaciones móviles específicas.
  • Identificación con los medios de los artículos 21 y 22.
  • Incluye, al menos, estado de expedientes, escritos del Registro Electrónico Único, notificaciones, información personal y certificados, tarjetas y carnés.
  • Los certificados, tarjetas y carnés tienen la consideración de copia electrónica auténtica.
  • Su exhibición presencial surte los mismos efectos que la del documento original (artículo 27 de la Ley 39/2015).
  • Gestión y supervisión: Consejería de administración pública; soporte tecnológico: Consejería de transformación digital.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Carpeta Ciudadana permite al interesado ver su información personal y sus procedimientos con la Junta: expedientes, escritos, notificaciones y certificados, que valen como copia electrónica auténtica.

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