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Tema 60: El servicio público. Las diferentes formas de gestión de los servicios públicos. Las concesiones y su régimen jurídico: modificación, novación, transmisión y extinción de las concesiones.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 85

1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias.

2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:

A) Gestión directa:

a) Gestión por la propia Entidad Local.

b) Organismo autónomo local.

c) Entidad pública empresarial local.

d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos.

Se modifica el apartado 2 y se suprime el 3 por el art. 1.21 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .

Se modifica el apartado 2 por la disposición final 1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. Ref. BOE-A-2007-18874

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103

Datos clave

  • Formas de gestión directa: por la propia Entidad Local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local, y sociedad mercantil local de capital de titularidad pública.
  • Las formas de entidad pública empresarial y sociedad mercantil solo proceden si una memoria justificativa acredita que son más sostenibles y eficientes que la gestión por la propia Entidad Local o el organismo autónomo local.
  • Se requiere informe del interventor local sobre la sostenibilidad financiera de la propuesta, conforme a la Ley Orgánica 2/2012.
  • La gestión indirecta se realiza mediante las formas del contrato de gestión de servicios públicos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2011).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios públicos locales se gestionan de la forma más sostenible y eficiente, directa o indirecta. La entidad pública empresarial y la sociedad mercantil solo caben si una memoria acredita que superan a las otras formas directas.

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 85 bis

1. La gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos autónomos locales y de entidades públicas empresariales locales se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en cuanto les resultase de aplicación, con las siguientes especialidades:

a) Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al Pleno de la entidad local, quien aprobará sus estatutos. Deberán quedar adscritas a una Concejalía, Área u órgano equivalente de la entidad local, si bien, en el caso de las entidades públicas empresariales, también podrán estarlo a un organismo autónomo local. Excepcionalmente, podrán existir entidades públicas empresariales cuyos estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la misma o distinta naturaleza.

b) El titular del máximo órgano de dirección de los mismos deberá ser un funcionario de carrera o laboral de las Administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo. En los municipios señalados en el título X, tendrá la consideración de órgano directivo.

c) En los organismos autónomos locales deberá existir un consejo rector, cuya composición se determinará en sus estatutos.

d) En las entidades públicas empresariales locales deberá existir un consejo de administración, cuya composición se determinará en sus Estatutos. El secretario del Consejo de Administración, que debe ser un funcionario público al que se exija para su ingreso titulación superior, ejercerá las funciones de fe pública y asesoramiento legal de los órganos unipersonales y colegiados de estas entidades.

e) La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, deberán ajustarse en todo caso a las normas que al respecto apruebe el Pleno o la Junta de Gobierno, según corresponda.

f) Estarán sometidos a controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos por las correspondientes concejalías, áreas u órganos equivalentes de la entidad local.

g) Su inventario de bienes y derechos se remitirá anualmente a la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local.

h) Será necesaria la autorización de la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local a la que se encuentren adscritos, para celebrar contratos de cuantía superior a las cantidades previamente fijadas por aquélla.

i) Estarán sometidos a un control de eficacia por la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local a la que estén adscritos.

j) Cualquier otra referencia a órganos estatales efectuada en la Ley 6/1997, de 14 de abril, y demás normativa estatal aplicable, se entenderá realizada a los órganos competentes de la entidad local.

Las referencias efectuadas en el presente artículo a la Junta de Gobierno, se entenderán efectuadas al Pleno en los municipios en que no exista aquélla.

2. Los estatutos de los organismos autónomos locales y de las entidades públicas empresariales locales comprenderán los siguientes extremos:

a) La determinación de los máximos órganos de dirección del organismo, ya sean unipersonales o colegiados, así como su forma de designación, con respeto en todo caso a lo dispuesto en el apartado anterior, con indicación de aquellos actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.

b) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas generales que éste puede ejercitar.

c) En el caso de las entidades públicas empresariales, los estatutos también determinarán los órganos a los que se confiera el ejercicio de las potestades administrativas.

d) El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos que hayan de financiar el organismo.

e) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación.

f) El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de intervención, control financiero y control de eficacia, que serán, en todo caso, conformes con la legislación sobre las Haciendas Locales y con lo dispuesto en el capítulo III del título X de esta ley.

3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público correspondiente.

Se añade por el art. 1.3 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103

Datos clave

  • La creación, modificación, refundición y supresión de estos organismos corresponde al Pleno de la entidad local, que aprueba sus estatutos.
  • El titular del máximo órgano de dirección debe ser funcionario de carrera o laboral, o profesional del sector privado, titulado superior, con más de cinco años de ejercicio profesional en este último caso.
  • Los organismos autónomos locales deben tener consejo rector; las entidades públicas empresariales locales, consejo de administración.
  • El secretario del Consejo de Administración debe ser funcionario público con titulación superior de ingreso, y ejerce las funciones de fe pública y asesoramiento legal.
  • Los estatutos deben aprobarse y publicarse antes de la entrada en funcionamiento efectivo del organismo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Organismos autónomos y entidades públicas empresariales locales: los crea el Pleno, que aprueba sus estatutos; los dirige un titulado superior; tienen consejo rector o de administración y quedan sometidos a controles de la concejalía de adscripción.

Esquema

Organismo autónomo local frente a entidad pública empresarial local
Organismo autónomo localEntidad pública empresarial local
Régimen (Ley 6/1997)Arts. 45 a 52Arts. 53 a 60
Órgano colegiadoConsejo rectorConsejo de administración
AdscripciónConcejalía, Área u órgano equivalenteConcejalía, Área u órgano equivalente, o un organismo autónomo local

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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 85 ter

1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo.

2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad.

3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas.

Se modifica el apartado 2 por el art. 1.22 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .

Se añade por el art. 1.3 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103

Datos clave

  • Las sociedades mercantiles locales se rigen íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo en materia presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y de contratación.
  • Deben adoptar una de las formas del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010).
  • El capital debe ser aportado por Administraciones Públicas o por entidades del sector público dependientes de ellas.
  • Los estatutos determinan la designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las sociedades mercantiles locales se rigen por el Derecho privado salvo en lo presupuestario, contable, de control financiero y de eficacia y en contratación; adoptan una forma de la Ley de Sociedades de Capital y sus estatutos regulan sus órganos.

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Artículo 26. Servicios locales de interés general.

1. Son servicios locales de interés general los que prestan o regulan y garantizan las entidades locales en el ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad, así como las actividades y prestaciones que realizan a favor de la ciudadanía orientadas a hacer efectivos los principios rectores de las políticas públicas contenidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

2. Las entidades locales, actuando de forma individual o asociada, tienen plena libertad para constituir, regular, modificar y suprimir los servicios locales de interés general de su competencia, de acuerdo con la ley y el Derecho europeo.

Datos clave

  • Servicios locales de interés general: los que prestan o regulan y garantizan las entidades locales en el ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad.
  • Incluyen las actividades orientadas a hacer efectivos los principios rectores de las políticas públicas del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
  • Las entidades locales, de forma individual o asociada, tienen plena libertad para constituir, regular, modificar y suprimir estos servicios, de acuerdo con la ley y el Derecho europeo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define los servicios locales de interés general y reconoce a las entidades locales plena libertad para crearlos, regularlos, modificarlos y suprimirlos conforme a la ley y al Derecho europeo.

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Artículo 27. Principios informadores de los servicios locales de interés general.

El régimen de los servicios locales de interés general de la Comunidad Autónoma de Andalucía se inspira y fundamenta en los siguientes principios:

1. Universalidad.

2. Igualdad y no discriminación.

3. Continuidad y regularidad.

4. Precio adecuado a los costes del servicio.

5. Economía, suficiencia y adecuación de medios.

6. Objetividad y transparencia en la actuación administrativa.

7. Prevención y responsabilidad por la gestión pública.

8. Transparencia financiera y en la gestión.

9. Calidad en la prestación de actividades y servicios.

10. Calidad medioambiental y desarrollo sostenible.

11. Adecuación entre la forma jurídica y el fin de la actividad encomendada como límite de la discrecionalidad administrativa.

Datos clave

  • El artículo enumera 11 principios informadores de los servicios locales de interés general.
  • Los tres primeros: universalidad; igualdad y no discriminación; continuidad y regularidad.
  • Precio adecuado a los costes del servicio y economía, suficiencia y adecuación de medios.
  • Calidad en la prestación y calidad medioambiental y desarrollo sostenible.
  • Último principio: adecuación entre la forma jurídica y el fin de la actividad como límite de la discrecionalidad administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista los 11 principios que inspiran y fundamentan el régimen de los servicios locales de interés general en Andalucía, desde la universalidad hasta la adecuación entre forma jurídica y fin.

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Artículo 28. Clasificación de los servicios locales de interés general.

1. Las entidades locales pueden configurar los servicios locales de interés general como servicio público y servicio reglamentado.

2. Los servicios locales de interés general se prestan en régimen de servicio público cuando la propia entidad local realiza, de forma directa o mediante contrato administrativo, la actividad objeto de la prestación.

3. Los servicios locales de interés general se prestan en régimen de servicio reglamentado cuando la actividad que es objeto de la prestación se realiza por particulares conforme a una ordenanza local del servicio que les impone obligaciones específicas de servicio público en virtud de un criterio de interés general.

Datos clave

  • Dos configuraciones posibles: servicio público y servicio reglamentado.
  • Servicio público: la propia entidad local realiza la actividad, de forma directa o mediante contrato administrativo.
  • Servicio reglamentado: la actividad la realizan particulares conforme a una ordenanza local que les impone obligaciones específicas de servicio público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios locales de interés general se configuran como servicio público, si lo presta la entidad local directamente o por contrato, o como servicio reglamentado, si lo prestan particulares bajo ordenanza.

Esquema

Servicio público y servicio reglamentado
Servicio públicoServicio reglamentado
Quién realiza la actividadLa propia entidad localParticulares
InstrumentoForma directa o contrato administrativoOrdenanza local con obligaciones de servicio público

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Artículo 30. Creación de servicios públicos.

1. Las entidades locales acordarán, por medio de ordenanza, la creación y el régimen de funcionamiento de cada servicio público local. La prestación del servicio se iniciará a la entrada en vigor de la ordenanza correspondiente.

2. Solo se excluyen de lo dispuesto en el apartado anterior las actuaciones esporádicas o discontinuas en el tiempo, tales como talleres, cursos, jornadas o actividades públicas de carácter singular en los ámbitos de la cultura, el deporte, la enseñanza, el turismo y similares, que tengan carácter de servicio público, en cuyo caso, si procediera exigir precios públicos por su prestación, serán preceptivos los correspondientes acuerdos para la imposición y ordenación.

3. La ordenanza reguladora de la prestación del servicio público determinará al menos lo siguiente:

a) Alcance, carácter, contenido y regularidad de las prestaciones que incluya.

b) Forma de financiación del servicio, especificando, cuando estén previstas aportaciones de los usuarios, si se establecen o no diferencias económicas en beneficio de las personas o los grupos sociales de menor capacidad económica o merecedoras de especial protección.

c) Modalidades de gestión y sanciones que se puedan imponer al prestador.

d) Estándares de calidad del servicio.

e) Derechos y deberes de los usuarios.

f) Régimen de inspección y de valoración de calidad de cada servicio.

4. Todo ciudadano o ciudadana podrá exigir en la vía administrativa, o en el orden jurisdiccional correspondiente, la prestación del servicio público en los estrictos términos regulados en la correspondiente ordenanza.

Datos clave

  • La creación y el régimen de funcionamiento de cada servicio público local se acuerdan por medio de ordenanza.
  • La prestación se inicia a la entrada en vigor de la ordenanza correspondiente.
  • Se excluyen las actuaciones esporádicas o discontinuas (talleres, cursos, jornadas o actividades singulares).
  • La ordenanza fija al menos: alcance y contenido de las prestaciones, financiación, modalidades de gestión y sanciones, estándares de calidad, derechos y deberes de los usuarios e inspección.
  • Todo ciudadano puede exigir, en vía administrativa o jurisdiccional, la prestación en los estrictos términos de la ordenanza.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada servicio público local se crea por ordenanza y empieza con su entrada en vigor; se excluyen las actividades esporádicas, y la ordenanza tiene un contenido mínimo exigible por el ciudadano.

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Artículo 31. Servicios públicos básicos.

1. Son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad. Su prestación es obligatoria en todos los municipios de Andalucía.

2. Tienen en todo caso la consideración de servicios públicos básicos los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Datos clave

  • Servicios públicos básicos: los esenciales para la comunidad.
  • Su prestación es obligatoria en todos los municipios de Andalucía.
  • Lo son en todo caso los enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios públicos básicos son los esenciales para la comunidad y se prestan obligatoriamente en todos los municipios andaluces; incluyen en todo caso los del art. 92.2.d) del Estatuto.

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Artículo 32. Servicios públicos reservados.

1. Se declara la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Mediante ley se podrá efectuar la reserva para otras actividades y servicios.

2. La reserva habilita para la prestación efectiva en régimen de monopolio de los servicios públicos referidos en el apartado anterior.

3. La prestación en régimen de monopolio de un servicio público será acordada por el pleno del ayuntamiento correspondiente, adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, previa la tramitación de un expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, que incluirá, en todo caso:

a) Una memoria justificativa, que recogerá, entre otros extremos, la estructura del mercado sobre el que actúa la reserva, los posibles intereses empresariales afectados y las posibles compensaciones derivadas de la reserva; el concreto interés general que motiva la reserva y el cumplimiento de los criterios del Derecho europeo y nacional sobre la competencia relativos a la creación de los derechos especiales o exclusivos.

b) Un trámite de información pública y de audiencia a todos los sujetos directamente afectados por el proyecto de reserva.

c) Un informe provincial sobre cada concreto proyecto de reserva. El informe será obstativo cuando la reserva proyectada afecte de forma relevante al interés económico supramunicipal.

4. La recepción y uso de los servicios públicos reservados a las entidades locales podrá ser declarada obligatoria para los ciudadanos mediante ordenanza, cuando lo requiera la seguridad, salubridad o circunstancias de interés general.

Datos clave

  • Se reservan a los municipios los servicios públicos básicos del artículo 92.2.d) del Estatuto; por ley puede reservarse otras actividades.
  • La reserva habilita para la prestación en régimen de monopolio.
  • El monopolio lo acuerda el pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros.
  • El expediente incluye memoria justificativa, información pública y audiencia, e informe provincial.
  • El informe provincial es obstativo si la reserva afecta de forma relevante al interés económico supramunicipal.
  • Por ordenanza puede declararse obligatoria la recepción y uso del servicio reservado por seguridad, salubridad o interés general.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios básicos del art. 92.2.d) del Estatuto quedan reservados a los municipios, lo que permite prestarlos en monopolio; el monopolio lo acuerda el pleno por mayoría absoluta tras un expediente con tres trámites.

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Artículo 33. Modalidades de prestación en régimen de servicio público.

1. Los servicios públicos locales pueden gestionarse de forma directa, por la propia entidad, o de forma indirecta, mediante modalidades contractuales de colaboración.

2. Tiene la consideración de gestión propia o directa la prestación de los servicios públicos que las entidades locales desarrollen por sí o a través de sus entes vinculados o dependientes.

3. La gestión propia o directa por la entidad local puede revestir las siguientes modalidades:

a) Prestación por la propia entidad local.

b) Agencia pública administrativa local.

c) Agencia pública empresarial local.

d) Agencia especial local.

e) Sociedad mercantil local.

f) Sociedad interlocal.

g) Fundación pública local.

4. Son modalidades contractuales de colaboración las previstas con este carácter en la legislación básica sobre contratos del sector público para el contrato de gestión de servicios públicos.

5. Los servicios que impliquen ejercicio de autoridad en ningún caso podrán prestarse mediante modalidades contractuales de colaboración ni mediante sociedad mercantil local o interlocal, ni fundación pública local.

6. En el expediente que se tramite para la constitución de las entidades previstas en las letras b a g del apartado 3 de este artículo deberá incorporarse una memoria acreditativa de las ventajas que tendría la modalidad de prestación respecto a la prestación por la propia entidad local, que incluirá un estudio económico financiero del coste previsible de su implantación.

Datos clave

  • Gestión directa (por la propia entidad o sus entes vinculados o dependientes) o indirecta (modalidades contractuales de colaboración).
  • Siete modalidades de gestión directa: propia entidad, agencia pública administrativa, agencia pública empresarial, agencia especial, sociedad mercantil local, sociedad interlocal y fundación pública local.
  • Los servicios que impliquen ejercicio de autoridad no pueden prestarse por modalidades contractuales, sociedad mercantil local o interlocal ni fundación pública local.
  • Para constituir las entidades de las letras b a g se exige memoria de ventajas con estudio económico financiero del coste previsible.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios públicos locales se gestionan de forma directa (siete modalidades) o indirecta por modalidades contractuales; lo que implique ejercicio de autoridad tiene vetadas varias fórmulas.

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Artículo 34. Agencia pública administrativa local.

1. Las agencias administrativas locales son entidades públicas que se rigen por el Derecho Administrativo, a las que se atribuye la realización de actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas de competencia de las entidades locales, salvo las potestades expropiatorias.

Las entidades locales no podrán crear agencias públicas administrativas para el ejercicio de actividades económicas en régimen de mercado.

2. Las agencias públicas administrativas locales se rigen por el mismo régimen jurídico de personal, presupuestario, económico-financiero, patrimonial, de control y contabilidad que el establecido para las entidades locales.

Para el desarrollo de sus funciones dispondrán de las potestades que tengan atribuidas de manera expresa por sus estatutos.

3. En las agencias públicas administrativas locales existirá un consejo rector, cuya composición y atribuciones se determinarán en los estatutos de la entidad.

Datos clave

  • Entidades públicas que se rigen por el Derecho Administrativo.
  • Realizan actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras administrativas, salvo las potestades expropiatorias.
  • No pueden crearse para actividades económicas en régimen de mercado.
  • Mismo régimen de personal, presupuestario, económico-financiero, patrimonial, de control y contabilidad que las entidades locales.
  • Existirá un consejo rector, con composición y atribuciones fijadas en los estatutos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La agencia pública administrativa local es una entidad pública regida por el Derecho Administrativo, con el mismo régimen que la entidad local y un consejo rector; no puede expropiar ni actuar en el mercado.

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Artículo 35. Agencia pública empresarial local.

1. Las agencias empresariales locales son entidades públicas a las que se atribuye la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.

Las entidades locales no podrán crear agencias públicas empresariales para el ejercicio de actividades administrativas.

2. Las agencias públicas empresariales locales se rigen por el Derecho Privado, excepto en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que expresamente tengan atribuidas en sus estatutos y en los aspectos específicamente regulados en la legislación de haciendas locales, en sus estatutos y demás disposiciones de general aplicación.

Las agencias públicas empresariales locales ejercerán únicamente las potestades administrativas que expresamente se les atribuyan y solo pueden ser ejercidas por aquellos órganos a los que en los estatutos se les asigne expresamente esta facultad.

No podrá atribuirse a las agencias públicas empresariales locales cuyo objeto sea exclusivamente la producción de bienes de interés público en régimen de mercado potestades que impliquen ejercicio de autoridad.

3. Las agencias públicas empresariales locales estarán regidas por un consejo de administración cuya composición y atribuciones se determinarán en los estatutos de la entidad.

Datos clave

  • Realizan actividades prestacionales, gestión de servicios o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.
  • No pueden crearse para el ejercicio de actividades administrativas.
  • Se rigen por el Derecho Privado, salvo la formación de la voluntad de sus órganos y el ejercicio de potestades administrativas atribuidas.
  • Si su objeto es exclusivamente producir bienes en régimen de mercado, no pueden tener potestades que impliquen ejercicio de autoridad.
  • Están regidas por un consejo de administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La agencia pública empresarial local presta actividades o produce bienes susceptibles de contraprestación, se rige por el Derecho Privado con excepciones y la gobierna un consejo de administración.

Esquema

Agencia administrativa y agencia empresarial
AdministrativaEmpresarial
Derecho aplicableDerecho AdministrativoDerecho Privado, con excepciones
ÓrganoConsejo rectorConsejo de administración
ProhibiciónActividades económicas en régimen de mercadoActividades administrativas

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Artículo 36. Agencia local en régimen especial.

1. Las agencias locales en régimen especial son entidades públicas a las que se atribuye cualquiera de las actividades propias de las agencias públicas administrativas locales y agencias públicas empresariales locales, siempre que se den las siguientes circunstancias:

a) Que se les asignen funciones que impliquen ejercicio de autoridad.

b) Que requieran especialidades en su régimen jurídico.

2. Las agencias locales en régimen especial se rigen por el Derecho Privado, excepto en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en esta ley, en sus estatutos y demás disposiciones de general aplicación.

3. La actuación de las agencias locales en régimen especial se ajustarán a un plan de acción anual, bajo la vigencia y con arreglo a un pertinente contrato plurianual de gestión, que definirá los objetivos a perseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar, así como los siguientes extremos:

a) Los recursos personales, materiales y presupuestarios a aportar para la consecución de los objetivos.

b) La repercusión sobre el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos sobre la exigencia de responsabilidad por la gestión de los órganos ejecutivos y el personal directivo, así como sobre el montante de masa salarial destinada al complemento de productividad o concepto equivalente del personal laboral.

4. Corresponderá al pleno de la entidad local la aprobación del contrato de gestión de las agencias de régimen especial. En el seno de las agencias locales en régimen especial se creará una comisión de control, cuyas funciones y composición se determinarán en los estatutos, a la que corresponderá informar sobre la ejecución del contrato de gestión.

Datos clave

  • Pueden asumir cualquier actividad de las agencias administrativas y empresariales locales.
  • Requisitos: funciones que impliquen ejercicio de autoridad y especialidades en su régimen jurídico.
  • Se rigen por el Derecho Privado, con las excepciones de formación de la voluntad y ejercicio de potestades administrativas.
  • Actúan con un plan de acción anual y un contrato plurianual de gestión.
  • El pleno aprueba el contrato de gestión; una comisión de control informa sobre su ejecución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La agencia local en régimen especial asume actividades de las otras agencias si tiene funciones de autoridad y necesita especialidades; actúa por plan anual y contrato plurianual de gestión aprobado por el pleno.

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Artículo 38. Sociedad mercantil local.

1. Las sociedades mercantiles locales tendrán por objeto la realización de actividades o la gestión de servicios de competencia de la entidad local.

2. Las sociedades mercantiles locales se regirán, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en las que sea de aplicación la normativa patrimonial, presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, sin perjuicio de lo señalado en la legislación que resulte expresamente aplicable como garantía de los intereses públicos afectados.

3. La sociedad mercantil local deberá adoptar alguna de las formas de sociedad mercantil con responsabilidad limitada y su capital social será íntegramente de titularidad directa o indirecta de una entidad local.

4. Los estatutos deberán ser aprobados por el pleno de la entidad local, que se constituirá como junta general de la sociedad, y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la sociedad. En ellos se determinará la forma de designación y funcionamiento del consejo de administración, los demás órganos de dirección de la misma y los mecanismos de control que, en su caso, correspondan a los órganos de la entidad local.

Datos clave

  • Objeto: realizar actividades o gestionar servicios de competencia de la entidad local.
  • Se rigen por el ordenamiento jurídico privado, salvo en materia patrimonial, presupuestaria, contable, de control financiero, de eficacia y contratación.
  • Forma de sociedad mercantil de responsabilidad limitada, con capital íntegramente de titularidad directa o indirecta de una entidad local.
  • Los estatutos los aprueba el pleno, que se constituye como junta general de la sociedad, y se publican antes de su entrada en funcionamiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La sociedad mercantil local gestiona servicios de la entidad local, se rige por el Derecho privado con excepciones, es de responsabilidad limitada con capital íntegramente local y el pleno actúa como junta general.

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Artículo 40. Fundación pública local.

Tendrán la consideración de fundaciones públicas locales las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la entidad local, sus entidades vinculadas o dependientes o empresas, así como aquellas en las que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por dichas entidades.

2. Aquellas en las que la entidad local tenga una representación mayoritaria. Se entenderá que existe esta cuando más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia de la fundación sean nombrados por la entidad local directamente o a través de cualquiera de sus entidades, vinculadas o dependientes, o empresas.

Datos clave

  • Es fundación pública local la constituida con aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la entidad local, sus entidades o empresas.
  • También lo es aquella cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por dichas entidades.
  • Lo es, asimismo, aquella en la que la entidad local tenga representación mayoritaria.
  • Hay representación mayoritaria cuando más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia son nombrados por la entidad local.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Una fundación es pública local si la entidad local aporta la mayoría o más del 50 % del patrimonio permanente, o si tiene representación mayoritaria en sus órganos.

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Artículo 43. La empresa mixta de colaboración pública-privada.

1. Los entes locales pueden gestionar los servicios locales de interés económico general mediante la constitución o participación en empresas mixtas. La empresa mixta es una sociedad mercantil con limitación de responsabilidad cuyo capital sólo parcialmente pertenece, directa o indirectamente, a la entidad local.

2. En todo caso, el proceso de constitución de estas sociedades tiene que asegurar la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades del capital privado, por lo que la selección del socio privado estará sujeta a los procedimientos de concurrencia que resulten de aplicación según la legislación de contratos del sector público.

Datos clave

  • Los entes locales pueden gestionar los servicios locales de interés económico general mediante empresas mixtas.
  • La empresa mixta es una sociedad mercantil con limitación de responsabilidad cuyo capital solo parcialmente pertenece a la entidad local.
  • Su constitución debe asegurar la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades del capital privado.
  • La selección del socio privado se sujeta a los procedimientos de concurrencia de la legislación de contratos del sector público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La empresa mixta es una sociedad de responsabilidad limitada con capital solo parcialmente local, para gestionar servicios de interés económico general; el socio privado se elige por concurrencia.

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Artículo 14. Contrato de concesión de obras.

1. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

2. El contrato podrá comprender, además, el siguiente contenido:

a) La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material.

b) Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquellas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales.

3. El contrato de concesión de obras podrá también prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que esta cumpla la finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, estos corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos.

4. El derecho de explotación de las obras, a que se refiere el apartado primero de este artículo, deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda.

Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Datos clave

  • La concesión de obras tiene por objeto la realización por el concesionario de prestaciones de obra, incluidas restauración, reparación, conservación y mantenimiento.
  • La contraprestación consiste únicamente en el derecho a explotar la obra o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
  • El derecho de explotación implica la transferencia al concesionario de un riesgo operacional, que abarca el riesgo de demanda, el de suministro o ambos.
  • Hay riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el concesionario vaya a recuperar las inversiones ni a cubrir los costes.
  • La pérdida potencial estimada del concesionario no puede ser meramente nominal o desdeñable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define la concesión de obras: el concesionario ejecuta la obra y su contraprestación es el derecho a explotarla (solo o con precio), asumiendo un riesgo operacional real de demanda o de suministro.

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Artículo 15. Contrato de concesión de servicios.

1. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

2. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior.

Datos clave

  • En la concesión de servicios uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso la gestión de un servicio de su titularidad o competencia.
  • La contrapartida es el derecho a explotar los servicios o dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
  • El derecho de explotación implica la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los términos del apartado cuarto del artículo 14.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El concesionario gestiona un servicio ajeno a cambio de explotarlo (y a veces de cobrar un precio), pero solo hay concesión si asume el riesgo operacional.

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Artículo 203. Potestad de modificación del contrato.

1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.

2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.

3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63.

Datos clave

  • Los contratos administrativos solo pueden modificarse por razones de interés público.
  • Procedimiento del artículo 191, con las particularidades del artículo 207.
  • Supuestos: modificación prevista en el pliego (artículo 204) o, excepcionalmente, no prevista (artículo 205).
  • En otros supuestos procede resolver el contrato y celebrar otro, en su caso con nueva licitación.
  • Las modificaciones se formalizan conforme al artículo 153 y se publican según los artículos 207 y 63.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los contratos administrativos solo se modifican por interés público, si lo prevé el pliego o, excepcionalmente, por modificaciones no previstas del artículo 205; en otro caso, resolución y nuevo contrato.

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Artículo 204. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes:

a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca.

b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos.

2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.

Datos clave

  • Modificación prevista en el pliego: hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial.
  • La cláusula debe ser clara, precisa e inequívoca y precisar alcance, límites, naturaleza, condiciones y procedimiento.
  • La modificación no puede suponer nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
  • No pueden preverse modificaciones que alteren la naturaleza global del contrato inicial.
  • No se altera la naturaleza global al sustituir alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si el pliego lo prevé expresamente y con claridad, el contrato puede modificarse hasta un máximo del 20% del precio inicial, sin alterar su naturaleza global ni crear precios unitarios nuevos.

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Artículo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales.

1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este artículo.

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes:

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.

2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23.

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación.

Datos clave

  • Requisitos: justificarse en un supuesto del apartado 2 y limitarse a las variaciones estrictamente indispensables.
  • Supuestos: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales.
  • En prestaciones adicionales e imprevisibles, la alteración de cuantía no puede exceder del 50 por ciento del precio inicial, IVA excluido.
  • Es sustancial si se introducen unidades de obra nuevas por más del 50 por ciento del presupuesto inicial.
  • Amplía de forma importante el ámbito si excede del 15 por ciento en obras o del 10 por ciento en los demás contratos, IVA excluido.
  • Celebrar una nueva licitación nunca se considera inconveniente significativo para cambiar de contratista.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si la modificación no estaba prevista en el pliego, solo cabe por prestaciones adicionales imprescindibles, circunstancias imprevisibles, o cambios no sustanciales, y siempre con tope del 50% del precio inicial.

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Artículo 207. Especialidades procedimentales.

1. En el caso previsto en el artículo 204 las modificaciones contractuales se acordarán en la forma que se hubiese especificado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

2. Antes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205, deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

3. Los órganos de contratación que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a regulación armonizada, a excepción de los contratos de servicios y de concesión de servicios enumerados en el anexo IV, en los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 205 deberán publicar en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el correspondiente anuncio de modificación conforme a lo establecido en esta Ley.

Asimismo los órganos de contratación que hubieren modificado un contrato durante su vigencia, con independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de contratación.

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 191.

Datos clave

  • En el caso del artículo 204, la modificación se acuerda en la forma especificada en los pliegos.
  • En el caso del artículo 205, audiencia al redactor del proyecto ajeno al órgano de contratación en plazo no inferior a tres días.
  • Contratos SARA modificados por las letras a) y b) del artículo 205.2: anuncio en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
  • Todo contrato modificado: anuncio en el perfil de contratante en el plazo de 5 días desde la aprobación.
  • El anuncio va acompañado de las alegaciones del contratista y de los informes recabados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija cómo se tramitan las modificaciones: forma de los pliegos (art. 204), audiencia previa al redactor externo del proyecto (art. 205), anuncio en el DOUE en ciertos casos armonizados y anuncio siempre en el perfil de contratante en 5 días.

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Artículo 214. Cesión de los contratos.

1. Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 y sin perjuicio de la subrogación que pudiera producirse a favor del acreedor hipotecario conforme al artículo 274.2 o del adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria en virtud del artículo 275, la modificación subjetiva de los contratos solamente será posible por cesión contractual, cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos, dentro de los límites establecidos en el párrafo siguiente.

A tales efectos, los pliegos establecerán necesariamente que los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b), no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

Cuando los pliegos prevean que los licitadores que resulten adjudicatarios constituyan una sociedad específicamente para la ejecución del contrato, establecerán la posibilidad de cesión de las participaciones de esa sociedad; así como el supuesto en que, por implicar un cambio de control sobre el contratista, esa cesión de participaciones deba ser equiparada a una cesión contractual a los efectos de su autorización de acuerdo con lo previsto en el presente artículo. Los pliegos podrán prever mecanismos de control de la cesión de participaciones que no impliquen un cambio de control en supuestos que estén suficientemente justificados.

2. Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.

No obstante lo anterior, el acreedor pignoraticio o el acreedor hipotecario podrá solicitar la cesión en aquellos supuestos en que los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios los pliegos prevean, mediante cláusulas claras e inequívocas, la posibilidad de subrogación de un tercero en todos los derechos y obligaciones del concesionario en caso de concurrencia de algún indicio claro y predeterminado de la inviabilidad, presente o futura, de la concesión, con la finalidad de evitar su resolución anticipada.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

Datos clave

  • La modificación subjetiva solo es posible por cesión contractual cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos.
  • No cabe si las cualidades técnicas o personales del cedente fueron razón determinante de la adjudicación o si restringe la competencia.
  • Autorización previa y expresa del órgano de contratación; plazo de dos meses, con silencio positivo.
  • El cedente debe haber ejecutado al menos un 20 por 100 del importe o explotado una quinta parte del plazo en concesiones.
  • El cesionario necesita capacidad, solvencia, clasificación si se exigió y no estar incurso en prohibición de contratar.
  • La cesión se formaliza en escritura pública y el cesionario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El contratista puede ceder sus derechos y obligaciones a un tercero solo si el pliego lo permite expresamente, requiere autorización previa del órgano y exige que haya ejecutado al menos el 20% del contrato.

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Artículo 215. Subcontratación.

1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2.º de este artículo, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero.

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley respecto a los contratos de carácter secreto o reservado, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

c) Si los pliegos hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de comunicar las circunstancias señaladas en la letra a) del presente apartado, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

d) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del órgano de contratación.

e) De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 75, en los contratos de obras, los contratos de servicios o los servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro, los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación.

3. La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los pliegos:

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201, así como de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

5. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.

6. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

7. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán en todo caso naturaleza privada.

8. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

Datos clave

  • El contratista puede subcontratar la realización parcial de la prestación con sujeción a los pliegos.
  • Debe comunicar por escrito la intención de subcontratar tras la adjudicación y, a más tardar, al iniciar la ejecución.
  • Subcontratos distintos de lo indicado en la oferta: no pueden celebrarse hasta que transcurran veinte días desde la notificación.
  • En contratos secretos o reservados, la subcontratación exige siempre autorización expresa.
  • La infracción puede dar lugar a una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato o a la resolución.
  • Los subcontratistas solo se obligan ante el contratista principal, y los subcontratos tienen naturaleza privada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cuándo y cómo el contratista puede subcontratar parte de la prestación, los requisitos de comunicación al órgano de contratación y las consecuencias de subcontratar sin cumplirlos.

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Artículo 257. Derechos del concesionario.

Los concesionarios tendrán los siguientes derechos:

a) El derecho a explotar las obras y percibir la tarifa por uso prevista en el contrato durante el tiempo de la concesión como contraprestación económica.

b) El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en la forma y con la extensión prevista en el artículo 270.

c) El derecho a utilizar los bienes de dominio público de la Administración concedente necesarios para la construcción, modificación, conservación y explotación de las obras. Dicho derecho incluirá el de utilizar, exclusivamente para la construcción de las obras, las aguas que afloren o los materiales que aparezcan durante su ejecución, previa autorización de la Administración competente, en cada caso, para la gestión del dominio público correspondiente.

d) El derecho a recabar de la Administración la tramitación de los procedimientos de expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio administrativo que resulten necesarios para la construcción, modificación y explotación de las obras, así como la realización de cuantas acciones sean necesarias para hacer viable el ejercicio de los derechos del concesionario.

En todo caso, los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión se incorporarán al dominio público.

e) El derecho a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 y a hipotecar la misma en las condiciones establecidas en la Ley, previa autorización del órgano de contratación en ambos casos.

f) La facultad de titulizar sus derechos de crédito, en los términos previstos en la Ley.

g) Cualesquiera otros que le sean reconocidos por esta u otras Leyes o por los pliegos de condiciones.

Datos clave

  • Derecho a explotar las obras y percibir la tarifa por uso durante el tiempo de la concesión.
  • Derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión conforme al artículo 270.
  • Derecho a utilizar los bienes de dominio público de la Administración concedente necesarios para las obras.
  • Los bienes y derechos expropiados afectos a la concesión se incorporan al dominio público.
  • Ceder la concesión (artículo 214) e hipotecarla exige autorización previa del órgano de contratación.
  • Facultad de titulizar sus derechos de crédito.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera los derechos básicos del concesionario: explotar la obra y cobrar tarifa, mantener el equilibrio económico, usar bienes de dominio público necesarios, pedir a la Administración expropiaciones y servidumbres, ceder o hipotecar la concesión y titulizar sus créditos.

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Artículo 258. Obligaciones del concesionario.

Serán obligaciones generales del concesionario:

a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato.

b) Explotar las obras, asumiendo el riesgo operacional de su gestión con la continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el órgano de contratación.

c) Admitir la utilización de las obras por todo usuario, en las condiciones que hayan sido establecidas de acuerdo con los principios de igualdad, universalidad y no discriminación, mediante el abono, en su caso, de la correspondiente tarifa.

d) Cuidar del buen orden y de la calidad de las obras, y de su uso, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que correspondan al órgano de contratación.

e) Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la ejecución de las obras o de su explotación, cuando le sean imputables de acuerdo con el artículo 196 de la presente Ley.

f) Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en especial, preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo.

g) Cualesquiera otras previstas en esta u otra Ley o en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Datos clave

  • Ejecutar las obras con arreglo al contrato.
  • Explotar las obras asumiendo el riesgo operacional de su gestión.
  • Admitir su utilización por todo usuario conforme a los principios de igualdad, universalidad y no discriminación.
  • Indemnizar los daños a terceros imputables conforme al artículo 196.
  • Proteger el dominio público vinculado a la concesión, preservando sus valores ecológicos y ambientales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija las obligaciones generales del concesionario: ejecutar la obra conforme al contrato, explotarla asumiendo el riesgo operacional, admitir a todo usuario en igualdad, cuidar su calidad, indemnizar daños a terceros y proteger el dominio público vinculado.

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Artículo 261. Prerrogativas y derechos de la Administración.

1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y con los efectos señalados en esta Ley, el órgano de contratación o, en su caso, el órgano que se determine en la legislación específica, ostentará las siguientes prerrogativas y derechos en relación con los contratos de concesión de obras:

a) Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

b) Modificar unilateralmente los contratos por razones de interés público debidamente justificadas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

c) Decidir el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión a favor del interés público, en la forma y con la extensión prevista en el artículo 270.

d) Acordar la resolución de los contratos en los casos y en las condiciones que se establecen en los artículos 279 y 280.

e) Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de las obras.

f) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así como la documentación, relacionados con el objeto de la concesión.

g) Asumir la explotación de las obras en los supuestos en que se produzca el secuestro o intervención de la concesión.

h) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los incumplimientos en que incurra.

i) Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de las obras en los términos que se establezcan en la legislación sectorial específica.

j) Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de las obras que sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general, abonando la indemnización que en su caso proceda.

k) Cualesquiera otros derechos reconocidos en esta o en otras leyes.

2. El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este artículo se ajustará a lo dispuesto en esta Ley y en la legislación específica que resulte de aplicación.

Datos clave

  • Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
  • Modificar unilateralmente los contratos por razones de interés público debidamente justificadas.
  • Decidir el restablecimiento del equilibrio económico a favor del interés público (artículo 270).
  • Acordar la resolución en los casos de los artículos 279 y 280.
  • Establecer las tarifas máximas, vigilar e inspeccionar, asumir la explotación en caso de secuestro e imponer penalidades.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la concesión de obras, el órgano de contratación (o el que fije la legislación específica) tiene once prerrogativas y derechos, de interpretar y modificar el contrato a asumir la explotación en caso de secuestro, siempre dentro de los límites de la Ley.

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Artículo 262. Modificación de las obras.

1. El órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija y si concurren las circunstancias previstas en esta Ley, la modificación de las obras, así como su ampliación, procediéndose, en su caso, a la revisión del plan económico-financiero al objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias.

2. Toda modificación que afecte el equilibrio económico de la concesión se regirá por las normas generales de modificación y por lo dispuesto en el artículo 270 de la presente Ley.

Datos clave

  • El órgano de contratación puede acordar la modificación y ampliación de las obras cuando el interés público lo exija.
  • En su caso, se revisa el plan económico-financiero para acomodarlo a las nuevas circunstancias.
  • Las modificaciones que afecten al equilibrio económico se rigen por las normas generales de modificación y por el artículo 270.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la concesión de obras, el órgano de contratación puede modificar o ampliar las obras por interés público y en los casos legales, revisando en su caso el plan económico-financiero; si se toca el equilibrio, rige el artículo 270.

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Artículo 263. Secuestro o intervención de la concesión.

1. El órgano de contratación, previa audiencia del concesionario, podrá acordar el secuestro o intervención de la concesión en los casos en que el concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la explotación de la obra por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación. El acuerdo del órgano de contratación será notificado al concesionario y si este, dentro del plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera la deficiencia se ejecutará el secuestro o intervención. Asimismo, se podrá acordar el secuestro o intervención en los demás casos recogidos en esta Ley con los efectos previstos en la misma.

2. Efectuado el secuestro o intervención, corresponderá al órgano de contratación la explotación directa de la obra pública y la percepción de la contraprestación establecida, pudiendo utilizar el mismo personal y material del concesionario. El órgano de contratación designará uno o varios interventores que sustituirán plena o parcialmente al personal directivo de la empresa concesionaria. La explotación de la obra objeto de secuestro o intervención se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, a quien se devolverá, al finalizar aquel, con el saldo que resulte después de satisfacer todos los gastos, incluidos los honorarios de los interventores, y deducir, en su caso la cuantía de las penalidades impuestas.

3. El secuestro o intervención tendrá carácter temporal y su duración será la que determine el órgano de contratación sin que pueda exceder, incluidas las posibles prórrogas, de tres años. El órgano de contratación acordará de oficio o a petición del concesionario el cese del secuestro o intervención cuando resultara acreditada la desaparición de las causas que lo hubieran motivado y el concesionario justificase estar en condiciones de proseguir la normal explotación de la obra. Transcurrido el plazo fijado para el secuestro o intervención sin que el concesionario haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones, el órgano de contratación resolverá el contrato de concesión.

Datos clave

  • Se acuerda previa audiencia del concesionario.
  • Procede cuando el concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la explotación o incumpla gravemente.
  • El órgano de contratación explota directamente la obra y designa uno o varios interventores.
  • La explotación se efectúa por cuenta y riesgo del concesionario.
  • Duración máxima, incluidas prórrogas, de tres años.
  • Si transcurre el plazo sin garantías del concesionario, se resuelve el contrato.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el secuestro o intervención de la concesión: cuándo puede acordarlo el órgano de contratación, cómo se explota la obra durante ese periodo y cuál es su duración máxima y su cese.

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Artículo 270. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato.

1. El contrato de concesión de obras deberá mantener su equilibrio económico en los términos que fueron considerados para su adjudicación, teniendo en cuenta el interés general y el interés del concesionario, de conformidad con lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Se deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la Administración realice una modificación de las señaladas en el artículo 262.

b) Cuando actuaciones de la Administración Pública concedente, por su carácter obligatorio para el concesionario determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato.

Fuera de los casos previstos en las letras anteriores, únicamente procederá el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 239.

En todo caso, no existirá derecho al restablecimiento del equilibrio económico financiero por incumplimiento de las previsiones de la demanda recogidas en el estudio de la Administración o en el estudio que haya podido realizar el concesionario.

3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas establecidas por la utilización de las obras, la modificación en la retribución a abonar por la Administración concedente, la reducción del plazo concesional, y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Asimismo, en los casos previstos en la letra b) y en el último párrafo del apartado 2 anterior, y siempre que la retribución del concesionario proviniere en más de un 50 por ciento de tarifas abonadas por los usuarios, podrá prorrogarse el plazo de la concesión por un período que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial.

4. El contratista tendrá derecho a desistir del contrato cuando este resulte extraordinariamente oneroso para él, como consecuencia de una de las siguientes circunstancias:

a) La aprobación de una disposición general por una Administración distinta de la concedente con posterioridad a la formalización del contrato.

b) Cuando el concesionario deba incorporar, por venir obligado a ello legal o contractualmente, a las obras o a su explotación avances técnicos que las mejoren notoriamente y cuya disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la formalización del contrato.

Se entenderá que el cumplimiento del contrato deviene extraordinariamente oneroso para el concesionario cuando la incidencia de las disposiciones de las Administraciones o el importe de las mejoras técnicas que deban incorporarse supongan un incremento neto anualizado de los costes de, al menos, el 5 por ciento del importe neto de la cifra de negocios de la concesión por el período que reste hasta la conclusión de la misma. Para el cálculo del incremento se deducirán, en su caso, los posibles ingresos adicionales que la medida pudiera generar.

Cuando el contratista desistiera del contrato como consecuencia de lo establecido en este apartado la resolución no dará derecho a indemnización alguna para ninguna de las partes.

5. En el caso de que los acuerdos que dicte el órgano de contratación respecto al desarrollo de la explotación de la concesión de obras carezcan de trascendencia económica el concesionario no tendrá derecho a indemnización o compensación por razón de los mismos.

Datos clave

  • Se restablece el equilibrio por modificaciones del artículo 262, por actuaciones obligatorias de la Administración concedente o por fuerza mayor (artículo 239).
  • No hay derecho al restablecimiento por incumplimiento de las previsiones de la demanda.
  • Medidas: modificación de tarifas o de la retribución, reducción del plazo y otras cláusulas económicas.
  • Si la retribución procede en más de un 50 por ciento de tarifas de usuarios, prórroga de hasta un 15 por ciento de la duración inicial.
  • Desistimiento por onerosidad extraordinaria: incremento neto anualizado de costes de, al menos, el 5 por ciento de la cifra de negocios.
  • El desistimiento no da derecho a indemnización para ninguna de las partes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el reequilibrio económico del contrato de concesión: en qué supuestos procede (modificación administrativa, actuación obligatoria de la Administración o fuerza mayor), qué medidas caben y cuándo el concesionario puede desistir por onerosidad extraordinaria.

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Artículo 278. Prórroga del plazo de las concesiones y extinción de la concesión por transcurso del plazo.

1. Los plazos fijados en los pliegos de condiciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29, solo podrán ser prorrogados de acuerdo con lo establecido en el último inciso del apartado 3 del artículo 270.

2. Las concesiones relativas a obras hidráulicas se regirán, en cuanto a su duración, por el artículo 134.a) del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

3. La concesión se entenderá extinguida por cumplimiento cuando transcurra el plazo inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de las prórrogas acordadas conforme al apartado 3 del artículo 270, o de las reducciones que se hubiesen decidido.

4. Quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la concesión y a la explotación de sus zonas comerciales.

Datos clave

  • Los plazos del artículo 29 solo se prorrogan conforme al último inciso del apartado 3 del artículo 270.
  • Las concesiones de obras hidráulicas se rigen en su duración por el artículo 134.a) del texto refundido de la Ley de Aguas.
  • La concesión se extingue por cumplimiento al transcurrir el plazo inicial o el resultante de prórrogas o reducciones.
  • Se extinguen también los contratos vinculados a la concesión y a la explotación de sus zonas comerciales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los plazos de la concesión (art. 29) solo se prorrogan según el último inciso del apartado 3 del art. 270; las obras hidráulicas siguen la Ley de Aguas. La concesión se extingue al cumplirse el plazo y con ella los contratos vinculados.

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Artículo 279. Causas de resolución.

Son causas de resolución del contrato de concesión de obras, además de las señaladas en el artículo 211, con la excepción de las contempladas en sus letras d) y e), las siguientes:

a) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en que así procediera, de acuerdo con lo establecido en la Ley.

b) La demora superior a seis meses por parte del órgano de contratación en la entrega al concesionario de la contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.

c) El rescate de la explotación de las obras por el órgano de contratación. Se entenderá por rescate la declaración unilateral del órgano contratante, adoptada por razones de interés público, por la que dé por terminada la concesión, no obstante la buena gestión de su titular, para su gestión directa por la Administración. El rescate de la concesión requerirá además la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional.

d) La supresión de la explotación de las obras por razones de interés público.

e) La imposibilidad de la explotación de las obras como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración concedente con posterioridad al contrato.

f) El secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al establecido de conformidad con el apartado 3 del artículo 263, sin que el contratista haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones.

Datos clave

  • Son causas, además de las del artículo 211 salvo sus letras d) y e), las propias de la concesión de obras.
  • Ejecución hipotecaria declarada desierta o imposibilidad de iniciarla.
  • Demora superior a seis meses del órgano de contratación en la entrega de la contraprestación, terrenos o medios auxiliares.
  • Rescate: exige acreditar que la gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional.
  • Supresión de la explotación, imposibilidad de explotación o secuestro por plazo superior al del artículo 263.3.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera las causas específicas de resolución del contrato de concesión de obras, además de las generales del art. 211: ejecución hipotecaria desierta, demora administrativa superior a seis meses, rescate, supresión o imposibilidad de explotación por interés público y secuestro prolongado más allá de su plazo.

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Artículo 280. Efectos de la resolución.

1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta abonará en todo caso al concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicará un criterio de amortización lineal. La cantidad resultante se fijará dentro del plazo de tres meses, salvo que se estableciera otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

En los casos en que la resolución se produzca por causas no imputables a la Administración, el importe a abonar al concesionario por cualquiera de las causas posibles será el que resulte de la valoración de la concesión, determinado conforme lo dispuesto en el artículo 281.

En todo caso, se entenderá que la resolución de la concesión no es imputable a la Administración cuando obedezca a alguna de las causas previstas en las letras a), b) y f) del artículo 211, así como en las letras a) y f) del artículo 279.

2. Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario, le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía incautada.

3. En los supuestos de las letras b), c), d) y e) del artículo 279, y en general en los casos en que la resolución del contrato se produjera por causas imputables a la Administración y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración concedente indemnizará al concesionario por los daños y perjuicios que se le irroguen.

Para determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta:

a) Los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir, cuantificándolos en la media aritmética de los beneficios antes de impuestos obtenidos durante un período de tiempo equivalente a los años que restan hasta la terminación de la concesión. En caso de que el tiempo restante fuese superior al transcurrido, se tomará como referencia este último. La tasa de descuento aplicable será la que resulte del coste de capital medio ponderado correspondiente a las últimas cuentas anuales del concesionario.

b) La pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser entregadas a aquella, considerando su grado de amortización.

4. El órgano de contratación podrá acordar también la resolución de los contratos otorgados por el concesionario para el aprovechamiento de las zonas complementarias. El órgano de contratación podrá acordar también, como consecuencia de la resolución de la concesión, la resolución de los contratos otorgados de explotación comercial, abonando la indemnización que en su caso correspondiera. Esta indemnización será abonada con cargo al concesionario cuando la resolución se produjera como consecuencia de causa imputable a este. Cuando no se acuerde la resolución de los citados contratos, los titulares de los derechos de aprovechamiento seguirán ejerciéndolos, quedando obligados frente al órgano de contratación en los mismos términos en que lo estuvieran frente al concesionario, salvo que se llegara, de mutuo acuerdo, a la revisión del correspondiente contrato.

5. Si el concesionario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las expropiaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la Administración concedente tuviera que hacerse cargo de abonar las indemnizaciones a los expropiados, esta quedará subrogada en el crédito del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo de la Administración concedente, las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de este artículo.

6. En el supuesto de la letra b) del artículo 279, el contratista tendrá derecho al abono del interés de demora previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales de las cantidades debidas o valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto para su entrega y hasta la liquidación de la indemnización resultante de la resolución, así como de los daños y perjuicios sufridos.

Datos clave

  • Por causa imputable a la Administración, se abonan las inversiones según su grado de amortización, con criterio de amortización lineal.
  • La cantidad se fija en el plazo de tres meses, salvo otro previsto en el pliego.
  • Por causas no imputables a la Administración, el importe resulta de la valoración del artículo 281.
  • Por causa imputable al concesionario, se incauta la garantía y debe indemnizar lo que exceda de ella.
  • La indemnización por beneficios futuros se calcula con la media aritmética de beneficios antes de impuestos.
  • En la demora del artículo 279.b), interés de demora de la Ley 3/2004.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Determina las consecuencias económicas de la resolución: si es imputable a la Administración, abona la inversión no amortizada y, en ciertos supuestos, también indemniza daños y beneficios futuros; si es imputable al concesionario, se le incauta la garantía y debe indemnizar el exceso.

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Artículo 283. Destino de las obras a la extinción de la concesión.

1. El concesionario quedará obligado a hacer entrega a la Administración concedente, en buen estado de conservación y uso, de las obras incluidas en la concesión, así como de los bienes e instalaciones necesarios para su explotación y de los bienes e instalaciones incluidos en la zona de explotación comercial, si la hubiera, de acuerdo con lo establecido en el contrato, todo lo cual quedará reflejado en el acta de recepción.

Cuando se proceda al término de la concesión a la entrega de bienes e instalaciones al órgano de contratación, se levantará un acta de recepción formal. El levantamiento de este acta y su contenido se ajustarán a lo establecido en el artículo 243 de esta Ley.

2. No obstante, los pliegos podrán prever que, a la extinción de la concesión, estas obras, bienes e instalaciones, o algunos de ellos, deban ser demolidos por el concesionario, reponiendo los bienes sobre los que se asientan al estado en que se encontraban antes de su construcción.

3. Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir a la Administración no podrán ser objeto de embargo.

Datos clave

  • El concesionario entrega las obras, bienes e instalaciones en buen estado de conservación y uso.
  • La entrega se refleja en un acta de recepción formal conforme al artículo 243.
  • Los pliegos pueden prever la demolición por el concesionario y la reposición de los bienes a su estado anterior.
  • Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir no pueden ser objeto de embargo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Al extinguirse la concesión, el concesionario entrega en buen estado las obras, los bienes e instalaciones de explotación y los de la zona comercial, con acta de recepción (art. 243). Los pliegos pueden exigir demolición, y los bienes que revierten son inembargables.

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Artículo 284. Ámbito del contrato de concesión de servicios.

1. La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. En ningún caso podrán prestarse mediante concesión de servicios los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

2. Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los casos en que se trate de servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.

3. El contrato expresará con claridad, en todo caso, el ámbito de la concesión, tanto en el orden funcional, como en el territorial.

Datos clave

  • La Administración puede gestionar indirectamente, mediante concesión de servicios, los servicios susceptibles de explotación económica por particulares.
  • Nunca pueden prestarse por concesión los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
  • En servicios públicos, antes de contratar debe establecerse su régimen jurídico, que declare la actividad asumida por la Administración como propia.
  • El contrato expresará el ámbito de la concesión en el orden funcional y en el territorial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración puede gestionar indirectamente por concesión los servicios de su titularidad o competencia explotables económicamente por particulares, nunca los que impliquen ejercicio de autoridad. En servicios públicos, antes debe fijarse su régimen jurídico.

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Artículo 287. Ejecución del contrato de concesión de servicios.

1. El concesionario está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación.

2. En el caso de que la concesión recaiga sobre un servicio público, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate.

3. Las concesiones de servicios únicamente podrán ser objeto de hipoteca en los casos en que conlleven la realización de obras o instalaciones fijas necesarias para la prestación del servicio, y exclusivamente en garantía de deudas que guarden relación con la concesión.

Datos clave

  • El concesionario organiza y presta el servicio con estricta sujeción al contrato y dentro de sus plazos.
  • En servicios públicos, la Administración conserva los poderes de policía necesarios.
  • La concesión de servicios solo puede hipotecarse si conlleva obras o instalaciones fijas necesarias para el servicio.
  • La hipoteca solo puede garantizar deudas relacionadas con la concesión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El concesionario presta el servicio según el contrato y sus plazos; en servicios públicos la Administración conserva los poderes de policía, y la concesión solo puede hipotecarse si conlleva obras o instalaciones fijas y por deudas relacionadas con ella.

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Artículo 288. Obligaciones generales.

El concesionario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas. En caso de extinción del contrato por cumplimiento del mismo, el contratista deberá seguir prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo contrato.

b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el artículo anterior.

c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración.

d) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de concesión de servicios.

e) Cualesquiera otras previstas en la legislación, en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el resto de la documentación contractual.

Datos clave

  • Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar su utilización mediante el abono de las tarifas aprobadas.
  • Extinguido el contrato por cumplimiento, debe seguir prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo contrato.
  • Cuidar del buen orden del servicio, sin perjuicio de los poderes de policía.
  • Indemnizar los daños a terceros, salvo los producidos por causas imputables a la Administración.
  • Respetar la no discriminación por nacionalidad en los contratos de suministro derivados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Obligaciones del concesionario de servicios: prestar el servicio con continuidad (incluso tras extinguirse hasta el nuevo contrato), cuidar su buen orden, indemnizar a terceros, no discriminar por nacionalidad en los suministros y las demás previstas.

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Artículo 289. Prestaciones económicas.

1. El concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración.

2. Las contraprestaciones económicas pactadas, que se denominarán tarifas y tendrán la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario, serán revisadas, en su caso, en la forma establecida en el contrato, que se ajustará, en todo caso, a lo previsto en el Capítulo II del Título III del Libro Primero de la presente Ley, relativo a la revisión de precios en los contratos de las entidades del sector público.

En la contabilidad diferenciada que el concesionario debe llevar respecto de todos los ingresos y gastos de la concesión, y que deberá estar a disposición de la entidad contratante, quedarán debidamente reflejados todos los ingresos derivados de las contraprestaciones pactadas en la forma prevista en el apartado 6 del artículo 267.

3. Si así lo hubiera establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares, el concesionario abonará a la Administración concedente un canon o participación, que se determinará y abonará en la forma y condiciones previstas en el citado pliego y en la restante documentación contractual.

Datos clave

  • La retribución se fija en función de la utilización y se percibe de los usuarios o de la propia Administración.
  • Las contraprestaciones se denominan tarifas y tienen naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario.
  • Su revisión se ajusta al régimen de revisión de precios de la Ley.
  • Los ingresos se reflejan en la contabilidad diferenciada del apartado 6 del artículo 267.
  • Si lo establece el pliego, el concesionario abona un canon o participación a la Administración concedente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El concesionario de servicios cobra las contraprestaciones pactadas (tarifas), con una retribución según la utilización que pagan los usuarios o la Administración; y, si lo prevé el pliego, abona un canon.

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Artículo 290. Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico.

Artículo 290. Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico.

1. La Administración podrá modificar las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios, únicamente por razones de interés público y si concurren las circunstancias previstas en la Subsección 4.ª de la Sección 3.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley.

2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, se deberá compensar a la parte correspondiente de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato.

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica, el concesionario no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos.

4. Se deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la Administración realice una modificación de las señaladas en el apartado 1 del presente artículo concurriendo las circunstancias allí establecidas.

b) Cuando actuaciones de la Administración Pública concedente, por su carácter obligatorio para el concesionario determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato.

Fuera de los casos previstos en las letras anteriores, únicamente procederá el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 239 de la presente Ley.

En todo caso, no existirá derecho al restablecimiento del equilibrio económico financiero por incumplimiento de las previsiones de la demanda recogidas en el estudio de la Administración o en el estudio que haya podido realizar el concesionario.

5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas a abonar por los usuarios, la modificación de la retribución a abonar por la Administración concedente, la reducción del plazo de la concesión y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Asimismo, en los casos previstos en la letra b) y en el último párrafo del apartado anterior, podrá ampliarse el plazo del contrato por un período que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente.

6. El contratista tendrá derecho a desistir del contrato cuando este resulte extraordinariamente oneroso para él, como consecuencia de una de las siguientes circunstancias:

a) La aprobación de una disposición general por una Administración distinta de la concedente con posterioridad a la formalización del contrato.

b) Cuando el concesionario deba incorporar, por venir obligado a ello legal o contractualmente, a las obras o a su explotación avances técnicos que las mejoren notoriamente y cuya disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la formalización del contrato.

Se entenderá que el cumplimiento del contrato deviene extraordinariamente oneroso para el concesionario cuando la incidencia de las disposiciones de las Administraciones o el importe de las mejoras técnicas que deban incorporarse supongan un incremento neto anualizado de los costes de, al menos, el 5 por ciento del importe neto de la cifra de negocios de la concesión por el período que reste hasta la conclusión de la misma. Para el cálculo del incremento se deducirán, en su caso, los posibles ingresos adicionales que la medida pudiera generar.

Cuando el contratista desistiera del contrato como consecuencia de lo establecido en este apartado la resolución no dará derecho a indemnización alguna para ninguna de las partes.

Datos clave

  • La Administración solo puede modificar las características del servicio y las tarifas por razones de interés público.
  • Si la modificación afecta al régimen financiero, se compensa para mantener el equilibrio económico.
  • Los acuerdos sin trascendencia económica no dan derecho a indemnización.
  • Se restablece el equilibrio por modificación, actuaciones obligatorias de la Administración o fuerza mayor (artículo 239).
  • En algunos casos puede ampliarse el plazo hasta un 15 por ciento de la duración inicial.
  • Desistimiento por onerosidad: incremento neto anualizado de costes de al menos el 5 por ciento de la cifra de negocios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula la modificación de las características y tarifas del servicio por interés público, y el reequilibrio económico del contrato en los mismos supuestos que la concesión de obras, incluyendo el derecho del concesionario a desistir si el contrato deviene extraordinariamente oneroso.

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Artículo 291. Reversión.

1. Finalizado el plazo de la concesión, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.

2. Durante un período prudencial anterior a la reversión, que deberá fijarse en el pliego, el órgano competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas.

3. Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir a la Administración en virtud de lo establecido en el presente artículo, no podrán ser objeto de embargo.

Datos clave

  • Finalizado el plazo, el servicio revierte a la Administración.
  • El contratista entrega las obras e instalaciones en estado de conservación y funcionamiento adecuados.
  • El pliego fija un período prudencial anterior a la reversión para preparar la entrega.
  • Los bienes afectos que vayan a revertir no pueden ser objeto de embargo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Al acabar la concesión el servicio revierte a la Administración y el contratista entrega obras e instalaciones en buen estado; la Administración prepara la entrega en un periodo previo y los bienes que revierten son inembargables.

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Artículo 294. Causas de resolución.

Son causas de resolución del contrato de concesión de servicios, además de las señaladas en el artículo 211, con la excepción de las contempladas en sus letras d) y e), las siguientes:

a) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en que así procediera, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

b) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al concesionario de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.

c) El rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por razones de interés público. El rescate de la concesión requerirá además la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional.

d) La supresión del servicio por razones de interés público.

e) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.

f) El secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al establecido de conformidad con el apartado 3 del artículo 263, sin que el contratista haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones.

Datos clave

  • Son causas, además de las del artículo 211 salvo sus letras d) y e), las propias de la concesión de servicios.
  • Ejecución hipotecaria declarada desierta o imposibilidad de iniciarla.
  • Demora superior a seis meses de la Administración en la entrega de la contraprestación o de los medios auxiliares.
  • Rescate para gestión directa: exige acreditar que es más eficaz y eficiente que la concesional.
  • Supresión del servicio, imposibilidad de explotación o secuestro por plazo superior al del artículo 263.3.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La concesión de servicios se resuelve por las causas del artículo 211, salvo sus letras d) y e), y por seis causas propias: ejecución hipotecaria fallida, demora de la Administración, rescate, supresión, imposibilidad y secuestro prolongado.

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Artículo 295. Efectos de la resolución.

1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta abonará al concesionario en todo caso el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de los servicios objeto de concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicara un criterio de amortización lineal de la inversión.

Cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, el importe a abonar al concesionario por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y adquisición de bienes que deban revertir a la Administración será el que resulte de la valoración de la concesión, determinado conforme lo dispuesto en el artículo 281.

En todo caso, se entenderá que no es imputable a la Administración la resolución del contrato cuando esta obedezca a alguna de las causas establecidas en las letras a), b) y f) del artículo 211, así como a las causas establecidas en las letras a) y f) del artículo 294.

2. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 213, el incumplimiento por parte de la Administración o del contratista de las obligaciones del contrato producirá los efectos que según las disposiciones específicas del servicio puedan afectar a estos contratos.

3. En el supuesto de la letra b) del artículo 294, el contratista tendrá derecho al abono del interés de demora previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, de las cantidades debidas o valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto para su entrega y hasta la liquidación de la indemnización resultante de la resolución, así como de los daños y perjuicios sufridos.

4. En los supuestos de las letras b), c), d) y e) del artículo 294, y en general en los casos en que la resolución del contrato se produjera por causas imputables a la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios futuros que deje de percibir, cuantificados conforme a lo establecido en la letra a) del apartado 3 del artículo 280 y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertir a aquella, habida cuenta de su grado de amortización.

Datos clave

  • Por causa imputable a la Administración, se abonan las inversiones según su grado de amortización, con amortización lineal.
  • Por causas no imputables, el importe resulta de la valoración del artículo 281.
  • No es imputable a la Administración la resolución por las letras a), b) y f) del artículo 211 y a) y f) del artículo 294.
  • En la demora del artículo 294.b), interés de demora de la Ley 3/2004.
  • En las letras b), c), d) y e) del artículo 294, se indemnizan daños y perjuicios, incluidos los beneficios futuros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Determina las consecuencias económicas de la resolución del contrato de concesión de servicios: si es imputable a la Administración, abona la inversión no amortizada; si no le es imputable, se paga el valor de la relicitación del art. 281; y en los supuestos b), c), d) y e) del art. 294 se indemniza además por daños, beneficios futuros y pérdida de valor.

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Artículo 296. Subcontratación.

En el contrato de concesión de servicios, la subcontratación solo podrá recaer sobre prestaciones accesorias, resultándole de aplicación la regulación establecida en los artículos 215, 216 y 217 de la presente Ley.

Datos clave

  • En la concesión de servicios, la subcontratación solo puede recaer sobre prestaciones accesorias.
  • Se aplica la regulación de los artículos 215, 216 y 217 de la Ley 9/2017.
  • Es una regla específica del contrato de concesión de servicios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la concesión de servicios solo pueden subcontratarse prestaciones accesorias, y a esa subcontratación se le aplica lo previsto en los artículos 215, 216 y 217.

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