Oposhark

Tema 92: El sistema español de la Seguridad Social. Campo de aplicación y estructura del sistema de la Seguridad Social. La gestión de la Seguridad Social. Los actos de encuadramiento. La cotización: bases y tipos. La recaudación de cuotas.

Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

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Constitución Española · Art. 41

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Datos clave

  • ¿Qué deben mantener los poderes públicos según el art. 41? → Un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, con asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
  • ¿Qué carácter tienen la asistencia y prestaciones complementarias? → Son libres.
  • Tres claves en una línea: régimen PÚBLICO, para TODOS los ciudadanos, prestaciones SUFICIENTES (y el desempleo, subrayado).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los poderes públicos mantienen un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, con asistencia y prestaciones suficientes ante la necesidad, especialmente el desempleo; las complementarias son libres.

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Artículo 129

1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Datos clave

  • La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social.
  • También en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte a la calidad de la vida o al bienestar general.
  • Los poderes públicos fomentarán las sociedades cooperativas mediante una legislación adecuada.
  • Se facilitará el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Manda a la ley regular la participación de los interesados en la Seguridad Social y organismos que afecten a la calidad de vida, y a los poderes públicos fomentar la participación en la empresa y las cooperativas.

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Constitución Española · Art. 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3.ª Relaciones internacionales. 4.ª Defensa y Fuerzas Armadas. 5.ª Administración de Justicia. 6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. 8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14.ª Hacienda general y Deuda del Estado. 15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. 20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 25.ª Bases de régimen minero y energético. 26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. 28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31.ª Estadística para fines estatales. 32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿En qué apartado del artículo 149.1 está la seguridad pública? → En la 29.ª, sin perjuicio de la creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que establezcan sus Estatutos, en el marco de una ley orgánica.
  • ¿Qué materias incluye la regla 18.ª del artículo 149.1? → Bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, procedimiento administrativo común, expropiación forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones.
  • ¿Qué dice el último inciso del artículo 149.3? → Que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
  • ¿Qué se necesita, según la 32.ª, para convocar una consulta popular por vía de referéndum? → Autorización del Estado: la autorización para la convocatoria es competencia exclusiva estatal.
  • Son 32 apartados en el punto 1. Los tres números redondos que hay que tener clavados: 18.ª (procedimiento administrativo común), 29.ª (seguridad pública) y 32.ª (autorización de referéndum).
  • Las reglas de cierre del 149.3, en orden: Residual - Prevalencia - Supletoriedad. R-P-S, y la supletoriedad siempre cierra.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las 32 materias de competencia exclusiva del Estado, el servicio de la cultura como deber estatal y las cláusulas de cierre: residual, prevalencia del derecho estatal y supletoriedad.

Esquema

Cláusulas residuales del apartado 3
Comunidades AutónomasEstado
Qué materiasLas no atribuidas expresamente al Estado por la ConstituciónLas que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía
TítuloEn virtud de sus respectivos EstatutosPor la propia Constitución

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Artículo 5. Obligatoriedad de la inscripción y de otras comunicaciones del empresario.

El artículo 5 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, regula la obligación de inscripción del empresario y las comunicaciones que debe realizar a la Tesorería General de la Seguridad Social.

1. Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus actividades, deberán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social su inscripción en el correspondiente Régimen del sistema de la Seguridad Social, en la forma que determina el artículo 11 del Reglamento.

2. En el propio acto de formular la solicitud de inscripción, el empresario hará constar la entidad gestora y/o la entidad o entidades colaboradoras por las que opta, tanto para la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como para la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, respecto de los trabajadores que emplee, a los efectos de los artículos 14 y siguiente del Reglamento.

3. Los empresarios deberán comunicar también a la Tesorería General:

  • la realización de actividades económicas distintas de las declaradas en la inscripción inicial, siempre que impliquen la producción de bienes o servicios que no se integren en el proceso productivo de la actividad económica principal;
  • los datos de los trabajadores de la empresa que presenten especialidades en materia de cotización;
  • las variaciones que se produzcan en los datos facilitados con anterioridad;
  • cualesquiera otras circunstancias que a estos efectos determine el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Datos clave

  • La inscripción es requisito previo e indispensable para iniciar la actividad.
  • Se solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social, en la forma del artículo 11 del Reglamento.
  • En la solicitud se indica la entidad gestora o colaboradora elegida para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
  • También se indica la elegida para la incapacidad temporal por contingencias comunes.
  • Deben comunicarse las actividades distintas no integradas en el proceso productivo de la actividad principal.
  • Deben comunicarse las variaciones de datos y los trabajadores con especialidades de cotización.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Antes de empezar su actividad, el empresario debe pedir su inscripción a la Tesorería General, elegir en ese acto la entidad que cubrirá los riesgos profesionales y la incapacidad temporal común, y comunicar después ciertos cambios.

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Artículo 6. La afiliación al sistema de la Seguridad Social.

El artículo 6 del Reglamento General aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, define la afiliación al sistema de la Seguridad Social y enumera sus caracteres.

1. Mediante el acto administrativo de afiliación, la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce la condición de incluida en el sistema de la Seguridad Social, con los efectos establecidos en la Ley, a la persona física que por vez primera realiza una actividad determinante de su inclusión en el ámbito de aplicación del mismo. La afiliación tiene los siguientes caracteres:

1.º Obligatoria. A efectos de los derechos y obligaciones en su modalidad contributiva, es obligatoria para todas las personas comprendidas en el campo de aplicación del sistema. La obligación de solicitarla y de aportar los datos, o de practicarla de oficio, corresponde a las personas, entidades o servicios que determinan los artículos 23 y siguientes del Reglamento.

2.º Única y general para todos los Regímenes que componen el sistema, aunque las personas incluidas, por razón de su actividad, cambien de uno a otro Régimen.

3.º Vitalicia: se extiende a toda la vida de las personas comprendidas en el campo de aplicación del sistema.

4.º Exclusiva: por la misma actividad ejercida en igualdad de condiciones no puede estarse obligatoriamente incluido en otro u otros Regímenes obligatorios de previsión, conforme al artículo 8 de la Ley General de la Seguridad Social.

2. La afiliación, por sí sola o en unión de otros requisitos o presupuestos, constituye título jurídico para la adquisición de derechos y el nacimiento de obligaciones y condiciona la aplicación de las normas que regulan el sistema.

Datos clave

  • La afiliación es el acto administrativo por el que la Tesorería General reconoce la inclusión en el sistema.
  • Se produce cuando una persona física realiza por vez primera una actividad determinante de su inclusión.
  • Es obligatoria en la modalidad contributiva.
  • Es única y general para todos los Regímenes del sistema.
  • Se extiende a toda la vida de la persona.
  • Es exclusiva: no cabe inclusión obligatoria en otros regímenes de previsión por la misma actividad.
  • Constituye título jurídico para la adquisición de derechos y el nacimiento de obligaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La afiliación es el acto por el que la Tesorería General reconoce la inclusión en el sistema a quien trabaja por primera vez. Hay que saberse sus cuatro caracteres: obligatoria, única y general, vitalicia y exclusiva.

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Artículo 7. El alta en los Regímenes del sistema de la Seguridad Social.

El artículo 7 del Reglamento General aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, define el alta en los Regímenes del sistema y regula las situaciones de pluriactividad y pluriempleo.

1. Mediante el acto administrativo de alta, la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce a la persona que inicia una actividad o se encuentra en una situación conexa con la misma su condición de comprendida en el campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social que proceda en función de la naturaleza de dicha actividad o situación, con los derechos y obligaciones correspondientes.

2. El alta en alguno de los Regímenes es obligatoria para las personas comprendidas en el sistema en su modalidad contributiva.

3. La obligación de solicitar el alta o practicarla de oficio, determinando en todo caso el Régimen en que el interesado quedará encuadrado en razón de su actividad, corresponde a las personas, entidades o servicios que determinan los artículos 29 y siguientes del Reglamento, en la forma y condiciones que en ellos se establecen.

4. Encuadramiento múltiple. Cuando una persona ejerza simultáneamente distintas actividades, o la misma actividad en condiciones o formas diversas, que den lugar a su inclusión en diferentes Regímenes o en el mismo Régimen por cuenta de más de una persona, su encuadramiento será múltiple:

1.º Pluriactividad: situación del trabajador por cuenta propia y/o ajena cuyas actividades den lugar a su alta obligatoria en dos o más Regímenes distintos del sistema.

2.º Pluriempleo: situación del trabajador por cuenta ajena que preste sus servicios profesionales a dos o más empresas distintas en actividades que den lugar a su alta en un mismo Régimen.

5. Únicamente podrá optarse entre diversos Regímenes, para el alta en uno de ellos, en los casos en que se reconozca expresamente tal opción, con el alcance y en las condiciones fijadas en la norma que la establezca.

Datos clave

  • El alta la reconoce la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Encuadra a la persona en el Régimen que proceda según la naturaleza de su actividad o situación.
  • Es obligatoria en la modalidad contributiva.
  • Los obligados a solicitarla se determinan en los artículos 29 y siguientes del Reglamento.
  • Pluriactividad: alta obligatoria en dos o más Regímenes distintos.
  • Pluriempleo: trabajo por cuenta ajena para dos o más empresas con alta en un mismo Régimen.
  • Solo cabe optar entre Regímenes cuando una norma lo reconozca expresamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El alta encuadra a quien inicia una actividad en el Régimen que corresponde a esa actividad. Es obligatoria en la modalidad contributiva y puede ser múltiple: pluriactividad (varios Regímenes) o pluriempleo (un Régimen, varias empresas).

Esquema

Pluriactividad y pluriempleo
PluriactividadPluriempleo
TrabajadorPor cuenta propia y/o ajenaPor cuenta ajena
RegímenesDos o más Regímenes distintosUn mismo Régimen
ClaveVarias actividadesDos o más empresas distintas

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Artículo 32. Forma, lugar y plazo de las solicitudes de altas, bajas y variaciones de datos.

El artículo 32 del Reglamento General aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, establece la forma, el lugar y los plazos de las solicitudes de altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores.

1. Forma. La iniciación o el cese en la prestación de servicios de los trabajadores por cuenta ajena y la iniciación o el cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia se comunicarán necesariamente mediante los modelos oficiales de solicitud, acompañados de los documentos de los artículos 30, 31 y 40 y siguientes del Reglamento, o por los procedimientos especiales establecidos al efecto.

2. Lugar. Las solicitudes de alta, solas si se trata de altas sucesivas o junto con la solicitud de afiliación si se trata de altas iniciales, se dirigen a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administraciones de la misma en la provincia en que esté domiciliada la empresa del trabajador por cuenta ajena o asimilado, o en la que radique el establecimiento o, en su defecto, tenga su domicilio el trabajador por cuenta propia. Las solicitudes de baja y variaciones de datos se dirigen a la Dirección Provincial o Administración en que el trabajador haya sido dado de alta. Si se presentan en otra Dirección Provincial o Administración, o en los lugares del artículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará a lo dispuesto en el artículo 27.1.1.º y, en su caso, en el artículo 39 del Reglamento.

3. Plazos:

1.º Las solicitudes de alta deben presentarse con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios, sin que en ningún caso puedan serlo antes de los 60 días naturales anteriores al previsto para su inicio, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 43 y siguientes del Reglamento. Si el empresario no solicita el alta dentro de plazo, los trabajadores o asimilados pueden solicitarla directamente en cualquier momento posterior a la constatación del incumplimiento; la dirección provincial o administración dará cuenta de ello a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2.º Las solicitudes de baja y de variaciones de datos deben presentarse dentro de los seis días naturales siguientes al del cese en el trabajo o a aquel en que se produzca la variación.

3.º Excepcionalmente, el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social puede autorizar otros plazos a los empresarios que justifiquen debidamente su dificultad para cumplirlos. Las autorizaciones pueden revocarse si perjudican a los trabajadores en su derecho a las prestaciones o dificultan el cumplimiento de las obligaciones de los responsables del pago o la gestión y el control recaudatorio.

4. Las variaciones de datos de los trabajadores no previstas en el apartado anterior se rigen por el artículo 28 del Reglamento.

5. De las solicitudes de altas, bajas y variaciones de datos y de la documentación presentada, los interesados pueden exigir copia sellada en los términos de los artículos 35.c) y 70.3 de la Ley 30/1992.

Datos clave

  • Las comunicaciones se hacen en los modelos oficiales de solicitud o por procedimientos especiales.
  • El alta se pide en la Dirección Provincial de la provincia del domicilio de la empresa; la baja y las variaciones, donde se causó el alta.
  • El alta se solicita antes del comienzo de la prestación de servicios.
  • Nunca antes de los 60 días naturales anteriores al inicio previsto.
  • Si el empresario incumple, el trabajador puede solicitar el alta directamente en cualquier momento.
  • Baja y variaciones de datos: dentro de los seis días naturales siguientes al cese o a la variación.
  • El Director General de la Tesorería puede autorizar plazos distintos, con posibilidad de revocación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Forma, lugar y plazos de altas, bajas y variaciones: modelos oficiales, provincia de la empresa para el alta y la del alta para la baja; alta antes de empezar y como mucho 60 días antes; baja y variaciones en seis días naturales.

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Artículo 35. Efectos especiales de las altas y bajas de los trabajadores.

El artículo 35 del Reglamento General aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, regula los efectos de las altas y bajas de los trabajadores, en especial sobre la obligación de cotizar.

1. Efectos del alta. El reconocimiento del alta determina la situación de alta en el Régimen que corresponda, con los derechos y obligaciones inherentes.

1.º Altas a instancia de parte. Las solicitadas con carácter previo a la prestación de servicios solo surten efectos a partir del día en que se inicie la actividad, y no surten efectos si quien las formuló comunica la no iniciación de la prestación de servicios antes del día indicado para ella, por los mismos medios usados para solicitarlas. Las altas solicitadas fuera de los términos establecidos solo tienen efectos desde el día en que se formule la solicitud, salvo que, aplicándose el sistema de autoliquidación del artículo 19.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se haya producido el ingreso dentro de plazo reglamentario, en cuyo caso el alta se retrotrae a la fecha en que se ingresaron las primeras cuotas del trabajador. Las solicitudes defectuosas surten efectos si se subsanan en el plazo de diez días los datos o documentos omitidos y requeridos.

2.º Altas de oficio. Las practicadas de oficio por las direcciones provinciales o administraciones de la Tesorería General se retrotraen a la fecha en que se conocieron los hechos que las motivan. Si derivan de una actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se retrotraen a la fecha de dicha actuación, salvo que esta se promoviera por orden superior, a instancia de entidades gestoras o por denuncia, queja o petición expresa, en cuyo caso se retrotraen a la fecha de la orden, la instancia o la entrada de la denuncia, queja o petición. Cuando la actuación inspectora consista en un requerimiento de pago o en un acta de liquidación elevada a definitiva y se haya ingresado su importe, el alta se retrotrae, para causar futuras prestaciones, a la fecha de inicio del período de liquidación.

3.º En estos supuestos, los obligados a solicitar el alta incurren en las responsabilidades de su falta de solicitud anteriores a dichas fechas, pero la obligación de cotizar nace, en todo caso, desde el día en que se inició la actividad, salvo prescripción de las cuotas.

4.º Todo ello sin perjuicio de las especialidades del capítulo VI del título.

2. Efectos de la baja. La baja produce efectos desde el cese en la prestación de servicios, en la actividad por cuenta propia o en la situación determinante de la inclusión.

1.º La solicitud de baja extingue la obligación de cotizar desde el cese si se comunica en el modelo o medio oficial y dentro de los plazos del artículo 32.3.

2.º Si no se solicita o se formula fuera de plazo y en modelo o medio distinto, la obligación de cotizar no se extingue hasta el día en que la Tesorería General conozca el cese.

3.º Si la Tesorería cursa la baja de oficio, la obligación se extingue desde el día de la actuación inspectora o de la recepción de los datos o documentos que acrediten el cese.

4.º Los interesados pueden probar por cualquier medio admitido en derecho que la actividad no se inició en la fecha notificada o que el cese se produjo en otra fecha, con los efectos sobre devolución de cuotas o reintegro de prestaciones indebidas que procedan, salvo prescripción.

5.º La mera solicitud y reconocimiento de la baja no extingue la obligación de cotizar si continúa la prestación del trabajo o la actividad, o si el trabajador pasa a una situación asimilada al alta con obligación de cotizar.

3. En los regímenes en que se cotiza por meses completos, los efectos de las altas y bajas sobre la cotización se refieren al día primero del mes natural en que concurran las condiciones de inclusión y al vencimiento del último día del mes natural en que dejen de concurrir, sin perjuicio de los apartados 2.a) y 4.a) del artículo 46.

4. Justificantes. Reconocido el alta, se expide un justificante que el empresario conserva mientras el trabajador no cause baja y, en todo caso, durante cuatro años; el trabajador autónomo lo conserva durante igual período. El documento de la baja se conserva también durante cuatro años. Estas obligaciones se cumplen con la impresión, autorizada por la Tesorería General, de los partes transmitidos por medios electrónicos cuando los requieran los interesados o una autoridad judicial o administrativa.

5. Las altas de pleno derecho del artículo 29.2 surten los efectos legales sin necesidad de reconocimiento, sin perjuicio de la obligación del empresario de solicitar el alta y de las responsabilidades procedentes.

6. Las situaciones de alta especial de huelga, cierre patronal y demás surten los efectos que fije su norma reguladora.

7. Las solicitudes de baja y variación de datos que afecten a períodos comprendidos en actas de la Inspección que hayan dado lugar a procedimientos de oficio en tramitación no producen efectos ni extinguen la obligación de cotizar hasta que esos procedimientos finalicen.

8. Todo ello se entiende sin perjuicio de los efectos de las altas y bajas indebidas de los artículos 60 y 61 del Reglamento.

Datos clave

  • Las altas previas solo surten efectos desde el día en que se inicia la actividad.
  • Las altas fuera de plazo surten efectos desde la solicitud, salvo ingreso en plazo de las cuotas en autoliquidación.
  • Las solicitudes defectuosas se subsanan en el plazo de diez días.
  • Las altas de oficio se retrotraen a la fecha en que se conocieron los hechos o a la de la actuación inspectora.
  • La obligación de cotizar nace siempre desde el inicio de la actividad, salvo prescripción.
  • La baja en plazo y modelo oficial extingue la obligación de cotizar desde el cese; si no, desde que la Tesorería conoce el cese.
  • Los justificantes de alta y baja se conservan durante cuatro años.
  • En regímenes que cotizan por meses completos, el alta surte efectos el día primero del mes y la baja al final del mes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Desde cuándo surten efecto altas y bajas. El alta previa vale desde que empieza la actividad; la tardía, desde la solicitud; la de oficio se retrotrae. La obligación de cotizar nace siempre con la actividad y solo se extingue con baja en plazo.

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Artículo 36. Situaciones asimiladas a la de alta.

El artículo 36 del Reglamento General aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, enumera las situaciones asimiladas a la de alta, en las que la persona continúa comprendida en el campo de aplicación de su Régimen aunque haya cesado en la prestación de servicios o en la actividad.

1. Continúan comprendidos en el Régimen en que estuvieran encuadrados, en situación asimilada a la de alta, quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:

1.º La situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro involuntario una vez agotada la prestación, contributiva o asistencial, siempre que se mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo.

2.º La excedencia forzosa.

3.º La excedencia para el cuidado de hijos con reserva de puesto de trabajo.

4.º La suspensión del contrato de trabajo por servicio militar o prestación social sustitutoria.

5.º El traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional.

6.º La suscripción de convenio especial en sus diferentes tipos.

7.º Los períodos de inactividad entre trabajos de temporada.

8.º Los períodos de prisión sufridos por los supuestos de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, en los términos de la Ley 18/1984, de 8 de junio.

9.º La situación de quienes, sin estar en alta ni en otra situación asimilada, hayan prestado servicios en puestos con riesgo de enfermedad profesional, a los solos efectos de que pueda declararse una invalidez permanente debida a dicha contingencia.

10. Para artistas y profesionales taurinos, los días cotizados por aplicación de sus normas de cotización, que se consideran cotizados y en alta aunque no coincidan con los de prestación de servicios.

11. A los solos efectos de conservar el derecho a la asistencia sanitaria, la baja de los trabajadores por cuenta ajena, hayan permanecido o no en alta durante un período mínimo de noventa días dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales anteriores a la baja, conforme al artículo 6 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre.

12. También a los solos efectos de asistencia sanitaria, la situación de los trabajadores despedidos que hayan presentado ante la jurisdicción laboral demanda por despido improcedente o nulo aún no resuelta.

13. A efectos de la protección por desempleo, las situaciones del artículo 2 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, o de sus normas específicas.

14. En el Régimen Especial Agrario, el desplazamiento al extranjero por razón de trabajo (artículo 71 del Decreto 3772/1972).

15. En el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el período de los noventa días naturales siguientes al último día del mes en que se produzca la baja.

16. Los períodos de percepción de ayudas e indemnizaciones por cese anticipado en la actividad agraria del Real Decreto 5/2001, de 12 de enero. Los productores acogidos a programas de abandono de la producción lechera (Real Decreto 347/2003) que no continúen en alta pueden optar por mantenerse en situación asimilada al alta, con obligación de cotizar en su régimen de procedencia.

17. Todas las demás que determine el Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

2. Estas situaciones son asimiladas a la de alta respecto de las contingencias, en las condiciones y con los efectos que para cada una establecen el Reglamento y sus normas reguladoras.

Datos clave

  • El desempleo total y subsidiado, y el paro involuntario agotada la prestación, exigen mantener la inscripción como desempleado.
  • Son asimiladas al alta la excedencia forzosa y la excedencia para el cuidado de hijos con reserva de puesto.
  • También el traslado fuera del territorio nacional, el convenio especial y la inactividad entre trabajos de temporada.
  • Asistencia sanitaria tras la baja: período mínimo de noventa días en los trescientos sesenta y cinco días naturales anteriores.
  • Despedidos con demanda por despido improcedente o nulo aún no resuelta: a efectos de asistencia sanitaria.
  • RETA: los noventa días naturales siguientes al último día del mes de la baja.
  • La asimilación vale respecto de las contingencias y con los efectos que fije su norma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Situaciones en las que, sin trabajar, se sigue dentro del Régimen como si se estuviera de alta: desempleo, excedencias, traslado al extranjero, convenio especial, inactividad entre temporadas y otras, cada una con sus propios efectos.

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Artículo 1. Concepto y objeto de la gestión recaudatoria.

El artículo 1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, define la gestión recaudatoria y enumera los recursos que constituyen su objeto.

1. La gestión recaudatoria en el ámbito de la Seguridad Social consiste en el ejercicio de la actividad administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social cuyo objeto esté constituido por los siguientes recursos:

a) Cuotas de la Seguridad Social.

b) Aportaciones que deban efectuarse a favor de la Seguridad Social en virtud de norma o concierto para la dispensación de atenciones o servicios que constituyan prestaciones.

c) Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes y de contribución a los demás gastos generales y a la solidaridad nacional, a cargo de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de las empresas colaboradoras.

d) Capitales coste de pensiones o de renta cierta temporal y otras prestaciones que deban ingresar las mutuas y las empresas declaradas responsables por resolución administrativa.

e) Aportaciones por reaseguro obligatorio y facultativo de las mutuas.

f) El importe de las sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social.

g) El importe de los recargos sobre prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo declarados por resolución administrativa.

h) Reintegros de los préstamos que tengan el carácter de inversión social.

i) Premios de cobranza o de gestión derivados de la recaudación para organismos y entidades ajenos al sistema.

j) Contraprestaciones e indemnizaciones de los contratos administrativos de las entidades gestoras y de la Tesorería General.

k) Aportaciones por ayudas equivalentes a jubilaciones anticipadas o por ayudas previas a las jubilaciones ordinarias.

l) Aportaciones por integración de entidades de previsión social sustitutorias.

m) Reintegros de prestaciones indebidamente percibidas.

n) Reintegro de prestaciones indebidamente compensadas y de deducciones indebidamente aplicadas.

ñ) Costas procesales impuestas a quienes hayan litigado contra las entidades gestoras y la Tesorería General.

o) Cualesquiera otros ingresos de derecho público de la Seguridad Social, salvo los frutos, rentas o productos de sus bienes muebles o inmuebles, a los que se aplican las reglas del derecho privado.

p) El importe de los recargos e intereses que procedan sobre los conceptos anteriores.

2. Asimismo, la gestión recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social tiene como objeto la cobranza de las cuotas de desempleo, fondo de garantía salarial, formación profesional y cuantos otros conceptos recaude, o se determine que recaude, para entidades y organismos ajenos al sistema, incluidos sus recargos e intereses.

Datos clave

  • La gestión recaudatoria es la actividad administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social.
  • El primer recurso enumerado son las cuotas de la Seguridad Social.
  • Incluye las sanciones por infracciones y los recargos sobre prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene.
  • Incluye los reintegros de prestaciones indebidamente percibidas y las costas procesales.
  • Excluye los frutos, rentas o productos de bienes muebles o inmuebles, sujetos al derecho privado.
  • Comprende también los recargos e intereses sobre todos esos conceptos.
  • La Tesorería recauda además desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional para organismos ajenos al sistema.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La gestión recaudatoria es la actividad administrativa para cobrar los créditos de la Seguridad Social: cuotas, aportaciones, capitales coste, sanciones, reintegros, costas y, en general, sus ingresos de derecho público.

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Artículo 2. Competencia y atribución de funciones.

El artículo 2 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, atribuye la competencia recaudatoria y distribuye las funciones dentro de la Tesorería General de la Seguridad Social.

1. La gestión de la recaudación de los recursos del sistema es competencia exclusiva de la Tesorería General de la Seguridad Social, que ejerce estas funciones bajo la dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con sujeción al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, al Reglamento y a sus disposiciones complementarias.

2. La Tesorería General lleva a cabo la gestión recaudatoria a través de sus direcciones provinciales, salvo atribución expresa a otros órganos o unidades, conforme a la distribución de funciones del Reglamento y de su normativa de estructura y organización, y a la reserva y reparto de competencias que realice el Ministro, sin perjuicio de la delegación de competencias. El Ministro puede autorizar, cuando así lo aconseje el mejor servicio, que determinadas unidades u órganos extiendan sus funciones a todo el territorio nacional, al ámbito geográfico que establezca o a todas las actuaciones relativas a determinados sujetos responsables.

3. Las unidades de recaudación ejecutiva de la Tesorería General son competentes para la ejecución forzosa del patrimonio del deudor y para las actuaciones de aseguramiento de dicha ejecución o de regularización del pago por el sujeto responsable.

La unidad de recaudación ejecutiva competente por su demarcación territorial para ejecutar un título ejecutivo realizará cuantas actuaciones sean precisas para el embargo y aseguramiento de los bienes del deudor, aunque radiquen fuera de su demarcación. Cuando la actuación requiera la presencia física del recaudador o funcionario actuante, podrá requerirse su realización al recaudador ejecutivo de la demarcación de que se trate.

El recaudador ejecutivo y el resto del personal de las unidades de recaudación ejecutiva tienen, en el ejercicio de sus funciones, la consideración de agentes de la autoridad pública, y pueden recabar la cooperación y auxilio de la autoridad gubernativa por conducto de sus órganos superiores o directamente en caso de urgencia.

Datos clave

  • La gestión recaudatoria es competencia exclusiva de la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Se ejerce bajo la dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
  • La Tesorería actúa a través de sus direcciones provinciales, salvo atribución expresa a otros órganos.
  • El Ministro puede extender las funciones de unidades u órganos a todo el territorio nacional.
  • Las unidades de recaudación ejecutiva son competentes para la ejecución forzosa del patrimonio del deudor.
  • Pueden embargar bienes del deudor aunque radiquen fuera de su demarcación.
  • El recaudador ejecutivo y su personal tienen la consideración de agentes de la autoridad pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recaudar es competencia exclusiva de la Tesorería General, bajo tutela ministerial, a través de sus direcciones provinciales; las unidades de recaudación ejecutiva hacen la ejecución forzosa y son agentes de la autoridad.

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Artículo 56. Plazos reglamentarios de ingreso de cuotas.

El artículo 56 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, fija los plazos reglamentarios de ingreso de las cuotas y de los recursos que se recaudan conjuntamente con ellas.

1. Regla general. Las cuotas y los recursos de recaudación conjunta se ingresan dentro del mes siguiente al que corresponda su devengo, salvo que las normas de cada régimen establezcan otro plazo. Se exceptúan los siguientes supuestos:

a) Colectivos del Régimen General:

1.º Los organizadores ocasionales de espectáculos taurinos ingresan las cuotas, en todo caso, antes de la celebración del espectáculo.

2.º Las cuotas de la regularización definitiva de la cotización de artistas y profesionales taurinos se ingresan dentro del mes siguiente a aquel en que se notifique la diferencia de cuotas; la regularización debe realizarse dentro del año siguiente al de finalización del ejercicio.

3.º Las cuotas de los profesionales taurinos en incapacidad temporal se ingresan dentro del mes siguiente al de percepción de la prestación.

b) Regímenes especiales:

1.º Las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se ingresan dentro del mismo mes al que correspondan.

2.º En el seguro escolar, la parte de cuota de los alumnos se abona al pagar la matrícula; el centro docente la ingresa en el mes siguiente a aquel en que finalice el plazo de matriculación; y la aportación del Estado o de la comunidad autónoma se ingresa dentro del mes siguiente a la comunicación de la liquidación por la Tesorería General.

c) Otros supuestos especiales:

1.º Convenios especiales: el plazo de su normativa específica o, en su defecto, el del régimen del que deriven.

2.º Cuotas por incrementos de salarios, modificaciones de bases, conceptos y tipos con efectos retroactivos o por opción, en virtud de disposición legal, acta de conciliación, sentencia u otro título: salvo otro plazo fijado, el último día del mes siguiente al de la publicación de la norma, al de agotamiento del plazo de opción, al de notificación del acta o de la sentencia o al de celebración o expedición del título. Si se establece que deben abonarse o surtir efecto en un determinado mes, el plazo termina el último día del mes siguiente a aquel en que se abonen o surtan efecto, si se acredita documentalmente.

3.º Incrementos salariales debidos a convenio colectivo: el último día del mes siguiente a aquel en que deban abonarse según el convenio y, en su defecto, el último día del mes siguiente al de su publicación oficial.

4.º Salarios de tramitación por despido o extinción por causas objetivas: el último día del mes siguiente al de la notificación de la sentencia, del auto judicial o del acta de conciliación.

5.º Exclusión del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios por incumplimiento sobrevenido de requisitos: las cuotas no ingresadas en el RETA se ingresan hasta el último día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud, formulada en el plazo del artículo 48.3.4.ª del Reglamento aprobado por el Real Decreto 84/1996.

2. El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social puede autorizar el pago de las cuotas en plazos distintos de los generales cuando concurran circunstancias de índole especial, así como revocar las autorizaciones existentes. Esta excepción no afecta a la forma y tiempo del descuento de la aportación de los trabajadores.

3. En los supuestos y condiciones que establezca el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el pago de las cuotas puede efectuarse mediante entregas parciales periódicas a cuenta, con posterior regularización anual o al extinguirse la obligación de cotizar si ocurre antes.

Datos clave

  • Regla general: ingreso dentro del mes siguiente al del devengo de las cuotas.
  • RETA: ingreso dentro del mismo mes al que correspondan las cuotas.
  • Organizadores ocasionales de espectáculos taurinos: antes de la celebración del espectáculo.
  • Seguro escolar: el alumno paga su parte al abonar la matrícula.
  • Salarios de tramitación: hasta el último día del mes siguiente al de la notificación de la sentencia, auto o acta de conciliación.
  • Incrementos por convenio colectivo: último día del mes siguiente a aquel en que deban abonarse.
  • El Director General de la Tesorería puede autorizar plazos distintos por circunstancias especiales.
  • Cabe el pago mediante entregas parciales periódicas a cuenta con regularización anual.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las cuotas se ingresan, por regla general, dentro del mes siguiente al del devengo; hay excepciones para taurinos, autónomos, seguro escolar, convenios especiales, atrasos, convenios colectivos y salarios de tramitación.

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Artículo 1. Derecho de los españoles a la Seguridad Social.

El derecho de los españoles a la Seguridad Social, establecido en el artículo 41 de la Constitución, se ajustará a lo dispuesto en la presente ley.

Datos clave

  • El derecho de los españoles a la Seguridad Social está establecido en el artículo 41 de la Constitución.
  • Ese derecho se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de la Seguridad Social.
  • Es el artículo 1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El derecho de los españoles a la Seguridad Social del artículo 41 de la Constitución se ajusta a esta ley.

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Artículo 2. Principios y fines de la Seguridad Social.

1. El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.

2. El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de esta, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en esta ley.

Datos clave

  • La acción protectora del sistema tiene dos modalidades: contributiva y no contributiva.
  • Principios del sistema: universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.
  • El Estado garantiza, por medio de la Seguridad Social, la protección adecuada frente a las contingencias y situaciones previstas en la ley.
  • La protección alcanza también a los familiares o asimilados que se tengan a cargo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Seguridad Social, contributiva y no contributiva, se basa en universalidad, unidad, solidaridad e igualdad, y el Estado garantiza a través de ella protección a los incluidos y a los familiares o asimilados a su cargo.

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Artículo 3. Irrenunciabilidad de los derechos de la Seguridad Social.

Será nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador renuncie a los derechos que le confiere la presente ley.

Datos clave

  • Será nulo todo pacto, individual o colectivo, de renuncia a los derechos que confiere la ley.
  • Los derechos de la Seguridad Social son irrenunciables para el trabajador.
  • La nulidad alcanza tanto a los pactos individuales como a los colectivos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Es nulo cualquier pacto, individual o colectivo, por el que el trabajador renuncie a sus derechos de Seguridad Social.

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Artículo 4. Delimitación de funciones.

1. Corresponde al Estado la ordenación, jurisdicción e inspección de la Seguridad Social.

2. Los trabajadores y empresarios colaborarán en la gestión de la Seguridad Social en los términos previstos en la presente ley, sin perjuicio de otras formas de participación de los interesados establecidas por las leyes, de acuerdo con el artículo 129.1 de la Constitución.

3. En ningún caso, la ordenación de la Seguridad Social podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil.

Datos clave

  • Corresponde al Estado la ordenación, jurisdicción e inspección de la Seguridad Social.
  • Trabajadores y empresarios colaboran en la gestión de la Seguridad Social.
  • La participación de los interesados se vincula al artículo 129.1 de la Constitución.
  • La ordenación de la Seguridad Social nunca podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Al Estado le corresponden la ordenación, jurisdicción e inspección de la Seguridad Social; trabajadores y empresarios colaboran en su gestión y la Seguridad Social nunca puede servir para el lucro mercantil.

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Artículo 5. Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de otros departamentos ministeriales.

1. Las funciones no jurisdiccionales del Estado en materia de Seguridad Social que no sean propias del Gobierno se ejercerán por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin perjuicio de las que puedan corresponder, en el ámbito específico de sus respectivas áreas, a otros departamentos ministeriales.

2. Dentro de las competencias del Estado, corresponden al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en relación con las materias reguladas en la presente ley, las siguientes facultades:

a) Proponer al Gobierno los reglamentos generales para su aplicación.

b) El ejercicio de la potestad reglamentaria no comprendida en la letra a).

c) El desarrollo de las funciones económico-financieras de la Seguridad Social, a excepción de las encomendadas en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y disposiciones concordantes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o, en su caso, a otros órganos a los que dicha ley otorgue competencias específicas en la materia, y de dirección y tutela de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como de las entidades que colaboren en la gestión de la misma, pudiendo suspender o modificar los poderes y facultades de los mismos en los casos y con las formalidades y requisitos que se determinen reglamentariamente.

d) La inspección de la Seguridad Social a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e) Establecer los supuestos y condiciones en que los sujetos responsables en el ámbito de la Seguridad Social quedan obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

3. Por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se organizarán en forma adecuada los servicios e instituciones que hayan de llevar a cabo los oportunos estudios jurídicos, sociológicos, económicos y estadísticos de la Seguridad Social, así como los de simplificación y racionalización de las operaciones y trámites administrativos que exijan su desarrollo y aplicación.

4. El ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en relación con la Seguridad Social corresponderá a los órganos y servicios determinados en esta ley, en sus disposiciones de aplicación y desarrollo o en las orgánicas del Ministerio.

Datos clave

  • Las funciones no jurisdiccionales del Estado que no sean propias del Gobierno las ejerce el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
  • El Ministerio propone al Gobierno los reglamentos generales y ejerce la potestad reglamentaria restante.
  • Dirige y tutela las entidades gestoras, los servicios comunes y las entidades colaboradoras.
  • La inspección se ejerce a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  • Fija cuándo los sujetos responsables quedan obligados a recibir notificaciones por medios electrónicos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ejerce las funciones no jurisdiccionales del Estado que no sean del Gobierno: proponer reglamentos generales, potestad reglamentaria residual, funciones económico-financieras, inspección y notificación electrónica obligatoria.

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Artículo 7. Extensión del campo de aplicación.

1. Estarán comprendidos en el sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones contributivas, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional y estén incluidos en alguno de los apartados siguientes:

a) Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones establecidas por el artículo 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en las distintas ramas de la actividad económica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, de temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo, e incluidos los trabajadores a distancia, y con independencia, en todos los casos, del grupo profesional del trabajador, de la forma y cuantía de la remuneración que perciba y de la naturaleza común o especial de su relación laboral.

b) Trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de empresas individuales o familiares, mayores de dieciocho años, que reúnan los requisitos que de modo expreso se determinen en esta ley y en su normativa de desarrollo.

c) Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado.

d) Estudiantes.

e) Funcionarios públicos, civiles y militares.

2. Asimismo, estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones no contributivas, todos los españoles residentes en territorio español.

También estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones no contributivas, los extranjeros que residan legalmente en territorio español, en los términos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y, en su caso, en los tratados, convenios, acuerdos o instrumentos internacionales aprobados, suscritos o ratificados al efecto.

3. El Gobierno, en el marco de los sistemas de protección social pública, podrá establecer medidas de protección social en favor de los españoles no residentes en España, de acuerdo con las características de los países de residencia.

4. El Gobierno, como medida para facilitar la plena integración social y profesional de los deportistas de alto nivel, podrá establecer la inclusión de los mismos en el sistema de la Seguridad Social.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y oídos las organizaciones sindicales más representativas o el colegio oficial competente, podrá, a instancia de los interesados, excluir del campo de aplicación del régimen de la Seguridad Social correspondiente, a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida.

Datos clave

  • Prestaciones contributivas: españoles residentes en España y extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que ejerzan su actividad en territorio nacional.
  • Colectivos incluidos: trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia o autónomos mayores de dieciocho años, socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, estudiantes y funcionarios públicos civiles y militares.
  • Prestaciones no contributivas: todos los españoles residentes en territorio español y los extranjeros que residan legalmente en él.
  • El Gobierno puede incluir a los deportistas de alto nivel en el sistema.
  • El Gobierno puede excluir, a instancia de los interesados, el trabajo por cuenta ajena marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija quién entra en el sistema: a efectos contributivos, los trabajadores (por cuenta ajena o propia) y otros colectivos tasados que ejerzan actividad en España; a efectos no contributivos, basta con residir en territorio español.

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Artículo 8. Prohibición de inclusión múltiple obligatoria.

1. Las personas comprendidas en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social no podrán estar incluidas por el mismo trabajo, con carácter obligatorio, en otros regímenes de previsión distintos de los que integran dicho sistema.

2. Los sistemas de previsión obligatoria distintos de los regulados en esta ley, que pudieran tener constituidos determinados grupos profesionales, se integrarán en el Régimen General o en los regímenes especiales, según proceda, siempre que resulte obligatoria la inclusión de los grupos mencionados en el campo de aplicación de dichos regímenes.

Datos clave

  • Por el mismo trabajo no se puede estar incluido con carácter obligatorio en otros regímenes de previsión distintos de los del sistema.
  • Los sistemas de previsión obligatoria de determinados grupos profesionales se integrarán en el Régimen General o en los regímenes especiales.
  • La integración procede cuando resulte obligatoria la inclusión de esos grupos en el campo de aplicación de dichos regímenes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Nadie incluido en la Seguridad Social puede estar obligatoriamente en otro régimen de previsión por el mismo trabajo; los sistemas obligatorios de grupos profesionales se integran en el General o en los especiales.

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Artículo 9. Estructura del sistema de la Seguridad Social.

1. El sistema de la Seguridad Social viene integrado por los siguientes regímenes:

a) El Régimen General, que se regula en el título II de la presente ley.

b) Los regímenes especiales a que se refiere el artículo siguiente.

2. Los regímenes especiales del sistema de la Seguridad Social se regularán de conformidad con lo previsto en el artículo 10, apartados 3 y 4. Reglamentariamente se establecerán el tiempo, alcance y condiciones para la conservación de los derechos en curso de adquisición de las personas que pasen de unos a otros regímenes, mediante la totalización de los períodos de permanencia en cada uno de dichos regímenes, siempre que no se superpongan. Dichas normas se ajustarán a lo dispuesto en el presente apartado, cualquiera que sea el régimen a que hayan de afectar, y tendrán en cuenta la extensión y contenido alcanzado por la acción protectora de cada uno de ellos.

Datos clave

  • El sistema se integra por el Régimen General y por los regímenes especiales.
  • El Régimen General se regula en el título II de la ley.
  • Reglamentariamente se fija la conservación de derechos en curso de adquisición de quien pasa de un régimen a otro.
  • Esa conservación se hace mediante la totalización de los períodos de permanencia, siempre que no se superpongan.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El sistema lo forman el Régimen General y los regímenes especiales; al pasar de uno a otro se conservan derechos en curso totalizando periodos que no se superpongan, según reglamento.

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Artículo 10. Regímenes especiales.

1. Se establecerán regímenes especiales en aquellas actividades profesionales en las que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, se hiciera preciso tal establecimiento para la adecuada aplicación de los beneficios de la Seguridad Social.

2. Se considerarán regímenes especiales los que encuadren a los grupos siguientes:

a) Trabajadores por cuenta propia o autónomos.

b) Trabajadores del mar.

c) Funcionarios públicos, civiles y militares.

d) Estudiantes.

e) Los demás grupos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por considerar necesario el establecimiento para ellos de un régimen especial, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1.

3. Los regímenes especiales correspondientes a los grupos incluidos en las letras b) y c) del apartado anterior se regirán por las leyes específicas que se dicten al efecto, debiendo tenderse en su regulación a la homogeneidad con el Régimen General, en los términos que se señalan en el apartado siguiente.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el título IV, en las normas reglamentarias de los regímenes especiales no comprendidos en el apartado anterior, se determinará para cada uno de ellos su campo de aplicación y se regularán las distintas materias relativas a los mismos, ateniéndose a las disposiciones del presente título y tendiendo a la máxima homogeneidad con el Régimen General que permitan las disponibilidades financieras del sistema y las características de los distintos grupos afectados por dichos regímenes.

5. De conformidad con la tendencia a la unidad que debe presidir la ordenación del sistema de la Seguridad Social, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrá disponer la integración en el Régimen General de cualquiera de los regímenes especiales correspondientes a los grupos que se relacionan en el apartado 2, a excepción de los que han de regirse por leyes específicas, siempre que ello sea posible teniendo en cuenta las peculiares características de los grupos afectados y el grado de homogeneidad con el Régimen General alcanzado en la regulación del régimen especial de que se trate.

De igual forma, podrá disponerse que la integración prevista en el párrafo anterior tenga lugar en otro régimen especial cuando así lo aconsejen las características de ambos regímenes y se logre con ello una mayor homogeneidad con el Régimen General.

Datos clave

  • Se establecen regímenes especiales por la naturaleza, las peculiares condiciones de tiempo y lugar o la índole de los procesos productivos de la actividad.
  • Regímenes especiales: trabajadores por cuenta propia o autónomos, trabajadores del mar, funcionarios públicos civiles y militares, estudiantes y los demás grupos que determine el Ministerio.
  • Los de trabajadores del mar y de funcionarios públicos se rigen por leyes específicas.
  • Se tiende a la máxima homogeneidad con el Régimen General.
  • El Gobierno puede integrar un régimen especial en el Régimen General o en otro régimen especial, salvo los regidos por leyes específicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Justifica los regímenes especiales por las peculiaridades de ciertas actividades, lista los grupos que pueden tenerlo, distingue los que se rigen por ley específica y prevé la posible integración de un régimen especial en el Régimen General.

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Artículo 11. Sistemas especiales.

Además de los sistemas especiales regulados en esta ley, en aquellos regímenes de la Seguridad Social en que así resulte necesario, podrán establecerse sistemas especiales exclusivamente en alguna o algunas de las siguientes materias: encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación. En la regulación de tales sistemas informará el ministerio competente por razón de la actividad o condición de las personas en ellos incluidos.

Datos clave

  • Pueden establecerse sistemas especiales en los regímenes de la Seguridad Social en que resulte necesario.
  • Materias posibles de un sistema especial: encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación.
  • En su regulación informa el ministerio competente por razón de la actividad o condición de las personas incluidas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Donde sea necesario pueden crearse sistemas especiales, pero solo en encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación; informa el ministerio competente por la actividad.

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Artículo 12. Familiares.

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 7.1, no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional décima de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, los trabajadores autónomos podrán contratar, como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos. En este caso, del ámbito de la acción protectora dispensada a los familiares contratados quedará excluida la cobertura por desempleo.

Se otorgará el mismo tratamiento a los hijos que, aun siendo mayores de 30 años, tengan especiales dificultades para su inserción laboral. A estos efectos, se considerará que existen dichas especiales dificultades cuando el trabajador esté incluido en alguno de los grupos siguientes:

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento.

b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, siempre que causen alta por primera vez en el sistema de la Seguridad Social.

c) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.

Se modifica el apartado 2 por la disposición final 6.2 de la Ley 6/2017, de 24 de octubre. Ref. BOE-A-2017-12207#df-6

Datos clave

  • No son trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario, el cónyuge y los parientes del empresario hasta el segundo grado, ocupados en su centro de trabajo, que convivan en su hogar y estén a su cargo.
  • Los autónomos pueden contratar como trabajadores por cuenta ajena a los hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos.
  • A esos familiares contratados se les excluye la cobertura por desempleo.
  • Igual tratamiento para hijos mayores de 30 años con especiales dificultades de inserción laboral.
  • Dificultades especiales: parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con grado igual o superior al 33 %; discapacidad física o sensorial entre el 33 % y el 65 % si causan alta por primera vez; o igual o superior al 65 %.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Excluye, salvo prueba en contrario, al cónyuge y a los parientes hasta segundo grado que trabajen y convivan con el empresario, y regula aparte la contratación por autónomos de hijos menores de 30 años o con dificultades de inserción.

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Artículo 15. Obligatoriedad y alcance de la afiliación.

La afiliación a la Seguridad Social es obligatoria para las personas a que se refiere el artículo 7.1 y única para toda su vida y para todo el sistema, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes que lo integran, así como de las demás variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliación.

Datos clave

  • La afiliación es obligatoria para las personas del artículo 7.1.
  • Es única para toda la vida de la persona.
  • Es única para todo el sistema.
  • Las altas, bajas y variaciones posteriores se producen en los distintos regímenes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Establece que la afiliación es obligatoria para quienes están en el campo de aplicación contributivo (art. 7.1) y que es un acto único para toda la vida y todo el sistema, sin perjuicio de las altas y bajas en cada régimen.

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Artículo 16. Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.

1. La afiliación podrá practicarse a petición de las personas y entidades obligadas a dicho acto, a instancia de los interesados o de oficio por la Administración de la Seguridad Social.

2. Corresponderá a las personas y entidades que reglamentariamente se determinen, el cumplimiento de las obligaciones de solicitar la afiliación y de dar cuenta a los correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social de los hechos determinantes de las altas, bajas y variaciones a que se refiere el artículo anterior.

3. Si las personas y entidades a quienes incumban tales obligaciones no las cumplieran, podrán los interesados instar directamente su afiliación, alta, baja o variación de datos, sin perjuicio de que se hagan efectivas las responsabilidades en que aquellas hubieran incurrido, incluido, en su caso, el pago a su cargo de las prestaciones, y de que se impongan las sanciones que resulten procedentes.

4. Tanto la afiliación como los trámites determinados por las altas, bajas y variaciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser realizados de oficio por los correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social cuando, a raíz de los datos de que dispongan, de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o por cualquier otro procedimiento, se compruebe la inobservancia de dichas obligaciones.

5. Cuando, por cualquiera de los procedimientos a que se refiere el apartado anterior, se constate que la afiliación y las altas, bajas y variaciones de datos no son conformes con lo establecido en las leyes y sus disposiciones complementarias, los organismos correspondientes de la Administración de la Seguridad Social podrán revisar de oficio, en cualquier momento, sus actos dictados en las citadas materias, declarándolos indebidos por nulidad o anulabilidad, según proceda, conforme al procedimiento establecido en la normativa reglamentaria reguladora de las mismas, y dictando los actos administrativos necesarios para su adecuación a las citadas leyes y disposiciones complementarias.

Procederá, asimismo, en cualquier momento, la rectificación de los errores materiales o de hecho y aritméticos producidos en los actos dictados en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.

6. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo deberán comprobar, con carácter previo al inicio de la prestación de la actividad contratada o subcontratada, la afiliación y alta en la Seguridad Social de cada uno de los trabajadores que estos ocupen en los mismos durante el periodo de ejecución de la contrata o subcontrata.

7. El deber de comprobación establecido en el apartado anterior no será exigible cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar el titular de un hogar respecto de su vivienda, así como cuando el propietario de la obra o industria no contrate su realización por razón de una actividad empresarial.

Se renumeran los apartados 5 y 6 como 6 y 7 y se añade un nuevo 5 por la disposición final 4.1 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero. Ref. BOE-A-2023-625#df-4

Datos clave

  • La afiliación se practica a petición de los obligados, a instancia de los interesados o de oficio.
  • Si los obligados incumplen, los interesados pueden instar directamente su afiliación, alta, baja o variación de datos.
  • La Administración actúa de oficio a raíz de sus datos, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o de cualquier otro procedimiento.
  • La revisión de oficio de los actos de afiliación y altas puede hacerse en cualquier momento.
  • Los empresarios que contraten o subcontraten su propia actividad deben comprobar antes del inicio la afiliación y alta de los trabajadores del contratista.
  • No se exige esa comprobación al titular de un hogar que contrata obras en su vivienda.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula quién puede promover la afiliación, altas, bajas y variaciones (interesado, obligado o de oficio), qué pasa si el obligado incumple, cuándo actúa de oficio la Administración y el deber previo de comprobación en contratas y subcontratas.

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Artículo 17. Obligaciones de la Administración de la Seguridad Social y derecho a la información.

1. Los organismos de la Administración de la Seguridad Social competentes en la materia mantendrán al día los datos relativos a las personas afiliadas, así como los de las personas y entidades a las que corresponde el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta sección.

2. Los empresarios y los trabajadores tendrán derecho a ser informados por los organismos de la Administración de la Seguridad Social acerca de los datos a ellos referentes que obren en los mismos. De igual derecho gozarán las personas que acrediten un interés personal y directo, de acuerdo con lo establecido en esta ley.

A estos efectos, la Administración de la Seguridad Social informará a cada trabajador sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria prevista en el artículo 205.1, a partir de la edad y con la periodicidad y contenido que reglamentariamente se determinen.

No obstante, esta comunicación sobre el derecho a la jubilación ordinaria que pudiera corresponder a cada trabajador se remitirá a efectos meramente informativos, sin que origine derechos ni expectativas de derechos a favor del trabajador o de terceros.

Esta obligación será exigible también con relación a los instrumentos de carácter complementario o alternativo que contemplen compromisos por jubilación tales como mutualidades de previsión social, mutualidades alternativas, planes de previsión social empresariales, planes de previsión asegurados, planes y fondos de pensiones y seguros individuales y colectivos de instrumentación de compromisos por pensiones de las empresas. La información deberá facilitarse con la misma periodicidad y en términos comparables y homogéneos con la suministrada por la Seguridad Social.

Datos clave

  • La Administración de la Seguridad Social mantiene al día los datos de los afiliados.
  • Empresarios y trabajadores tienen derecho a ser informados de sus datos.
  • Se informa a cada trabajador sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria del artículo 205.1.
  • Esa comunicación es meramente informativa y no origina derechos ni expectativas de derechos.
  • La obligación de informar alcanza a los instrumentos complementarios con compromisos por jubilación, como planes y fondos de pensiones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reconoce el derecho de empresarios, trabajadores e interesados a ser informados de sus datos por la Administración de la Seguridad Social, incluida la información periódica sobre el futuro derecho a la jubilación ordinaria.

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Artículo 18. Obligatoriedad.

1. La cotización a la Seguridad Social es obligatoria en todos los regímenes del sistema.

La cotización por la contingencia de desempleo así como al Fondo de Garantía Salarial, por formación profesional y por cuantos otros conceptos se recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social será obligatoria en los regímenes y supuestos y con el alcance establecidos en esta ley y en su normativa de desarrollo, así como en otras normas reguladoras de tales conceptos.

2. La obligación de cotizar nacerá desde el momento de iniciación de la actividad correspondiente, determinándose en las normas reguladoras de cada régimen las personas que han de cumplirla.

3. Son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aquellos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango de ley que se refiera o no excluya expresamente las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa se declarará y exigirá mediante el procedimiento recaudatorio establecido en esta ley y en su normativa de desarrollo.

4. En caso de que la responsabilidad por la obligación de cotizar corresponda al empresario, podrá dirigirse el procedimiento recaudatorio que se establece en esta ley y en su normativa de desarrollo contra quien efectivamente reciba la prestación de servicios de los trabajadores que emplee, aunque formalmente no figure como empresario en los contratos de trabajo, en los registros públicos o en los archivos de las entidades gestoras y servicios comunes.

Datos clave

  • La cotización es obligatoria en todos los regímenes del sistema.
  • La obligación de cotizar nace desde el momento de iniciación de la actividad.
  • Son responsables los obligados directamente al ingreso y, además, los responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa.
  • La responsabilidad se declara y exige mediante el procedimiento recaudatorio.
  • El procedimiento puede dirigirse contra quien efectivamente reciba la prestación de servicios, aunque formalmente no figure como empresario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cotizar es obligatorio en todos los regímenes desde que se inicia la actividad. Responden los obligados directos y, además, los responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa; y la deuda del empresario puede reclamarse a quien efectivamente recibe los servicios.

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Artículo 19. Bases y tipos de cotización.

1. Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y por los conceptos que se recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social serán los que establezca cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. Las bases de cotización a la Seguridad Social, en cada uno de sus regímenes, tendrán como tope máximo las cuantías fijadas para cada año por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado y como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario.

3. El tope máximo establecido para las bases de cotización de la Seguridad Social de cada uno de sus regímenes se actualizará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en un porcentaje igual al que se establezca para la revalorización de las pensiones contributivas de acuerdo con el artículo 58.2.

4. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 1, la cotización correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se realizará mediante la aplicación de los tipos de cotización establecidos para cada actividad económica, ocupación o situación en la tarifa de primas establecidas legalmente. Las primas correspondientes tendrán a todos los efectos la condición de cuotas de la Seguridad Social.

La base de cotización para la contingencia de desempleo, en todos los regímenes de la Seguridad Social que tengan cubierta la misma, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

De igual modo, la base de cotización para determinar las aportaciones al Fondo de Garantía Salarial y para formación profesional, en todos los regímenes de la Seguridad Social en los que exista la obligación de efectuarlas, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Datos clave

  • Las bases y tipos de cotización los establece cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  • Tope máximo: el fijado cada año por la Ley de Presupuestos.
  • Tope mínimo: el salario mínimo interprofesional vigente incrementado en un sexto, salvo disposición en contrario.
  • El tope máximo se actualiza en el mismo porcentaje que la revalorización de las pensiones contributivas (artículo 58.2).
  • Las primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tienen la condición de cuotas.
  • La base de desempleo, FOGASA y formación profesional es la de contingencias profesionales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija que las bases y tipos de cotización los establece cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con un tope máximo y un tope mínimo ligado al salario mínimo interprofesional incrementado en un sexto.

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Artículo 19 bis. Cotización adicional de solidaridad.

El importe de las retribuciones a las que se refiere el artículo 147, que supere el importe de la base máxima de cotización establecida para las personas trabajadoras por cuenta ajena del sistema de la Seguridad Social a los que resulte de aplicación dicho artículo, quedará sujeto, en toda liquidación de cuotas, a una cotización adicional de solidaridad de acuerdo con los siguientes tramos:

La cuota de solidaridad será el resultado de aplicar un tipo del 5,5 por ciento a la parte de retribución comprendida entre la base máxima de cotización y la cantidad superior a la referida base máxima en un 10 por ciento; el tipo del 6 por ciento a la parte de retribución comprendida entre el 10 por ciento superior a la base máxima de cotización y el 50 por ciento; y el tipo del 7 por ciento a la parte de retribución que supere el anterior porcentaje.

La distribución del tipo de cotización por solidaridad entre empresario y trabajador mantendrá la misma proporción que la distribución del tipo de cotización por contingencias comunes.

Téngase en cuenta que este artículo, añadido por el art. único.2 del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, Ref. BOE-A-2023-6967#au , entra en vigor el 1 de enero de 2025, según establece su disposición final 10.

Se añade por el art. único.2 del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo. Ref. BOE-A-2023-6967#au

Esta modificación entra en vigor el 1 de enero de 2025, según establece la disposición final 10 del citado Real Decreto-ley. Ref. BOE-A-2023-6967#df-10

Datos clave

  • Cotización adicional de solidaridad sobre la retribución que supere la base máxima de cotización.
  • Tipo del 5,5 % entre la base máxima y un 10 % superior a ella.
  • Tipo del 6 % entre el 10 % y el 50 % superior a la base máxima.
  • Tipo del 7 % en la parte de retribución que supere ese 50 %.
  • Se distribuye entre empresario y trabajador en la misma proporción que las contingencias comunes.
  • Entra en vigor el 1 de enero de 2025.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Crea una cotización adicional de solidaridad sobre la parte de retribución del art. 147 que supere la base máxima de cotización, con tres tramos de tipo creciente.

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Artículo 21. Competencia.

1. La Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única del sistema de la Seguridad Social, llevará a efecto la gestión liquidatoria y recaudatoria de los recursos de esta, así como de los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de la Seguridad Social, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva, bajo la dirección y tutela del Estado.

2. El ejercicio de la función liquidatoria se efectuará sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas sobre la materia la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, respecto a determinados recursos distintos a cuotas, otros organismos u órganos administrativos.

3. Para realizar la función recaudatoria, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá concertar los servicios que considere convenientes con las distintas administraciones públicas o con entidades particulares habilitadas al efecto.

Las habilitaciones que se otorguen a las entidades particulares a que se refiere el párrafo anterior tendrán, en todo caso, carácter temporal. Los conciertos con tales entidades habrán de ser autorizados por el Consejo de Ministros.

Datos clave

  • La Tesorería General de la Seguridad Social es la caja única del sistema.
  • Lleva la gestión liquidatoria y recaudatoria en período voluntario y en vía ejecutiva.
  • Actúa bajo la dirección y tutela del Estado.
  • Puede concertar servicios con administraciones públicas o entidades particulares habilitadas.
  • Las habilitaciones son temporales y los conciertos con particulares los autoriza el Consejo de Ministros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Tesorería General de la Seguridad Social, caja única del sistema, gestiona la liquidación y la recaudación de sus recursos en voluntaria y en ejecutiva, y puede concertar servicios recaudatorios.

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Artículo 22. Liquidación e ingreso de las cuotas y demás recursos.

1. Las cuotas de la Seguridad Social, desempleo y por conceptos de recaudación conjunta se liquidarán, en los términos previstos en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo, mediante alguno de los siguientes sistemas:

a) Sistema de autoliquidación por el sujeto responsable del ingreso de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.

b) Sistema de liquidación directa por la Tesorería General de la Seguridad Social, por cada trabajador, en función de los datos de que disponga sobre los sujetos obligados a cotizar y de aquellos otros que los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deban aportar, en los términos previstos en el artículo 29.2.

Mediante este sistema, la Tesorería General de la Seguridad Social determinará la cotización correspondiente a cada trabajador, a solicitud del sujeto responsable de su ingreso y cuando los datos que este deba facilitar permitan realizar el cálculo de la liquidación.

No se procederá a la liquidación de cuotas por este sistema respecto de aquellos trabajadores que no figuren en alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda durante el período a liquidar, aunque el sujeto responsable del ingreso hubiera facilitado sus datos a tal efecto.

c) Sistema de liquidación simplificada, que se aplicará para la determinación de las cuotas de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, de las cuotas de los Sistemas Especiales del Régimen General para Empleados de Hogar y para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios durante la situación de inactividad, así como de las cuotas fijas del Seguro Escolar, de convenios especiales y de cualquier otra cuota cuya liquidación pueda establecerse a través de este sistema.

2. Los recursos del sistema de la Seguridad Social distintos a cuotas se liquidarán en la forma y con los requisitos que en esta ley o en sus normas de aplicación y desarrollo se determinen respecto a cada uno de ellos.

3. El ingreso de las cuotas y demás recursos se realizará en el plazo y forma que se establezcan en esta ley, en sus normas de aplicación y desarrollo o en las disposiciones específicas aplicables a los distintos regímenes y a los sistemas especiales, bien directamente en la Tesorería General de la Seguridad Social o bien a través de las entidades concertadas conforme al artículo 21, así como, en su caso, en otras condiciones legalmente previstas.

También se podrán ingresar las cuotas y demás recursos en las entidades autorizadas al efecto por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, quien dictará las normas para el ejercicio de esta función y podrá revocar la autorización concedida, en caso de incumplimiento, previo expediente incoado al efecto.

El ingreso de las cuotas y demás recursos en las entidades concertadas o autorizadas surtirá, desde el momento en que se lleve a cabo, los mismos efectos que si se hubiera realizado en la propia Tesorería General de la Seguridad Social.

Datos clave

  • Tres sistemas de liquidación de cuotas: autoliquidación, liquidación directa y liquidación simplificada.
  • En la liquidación directa la Tesorería calcula la cotización de cada trabajador a solicitud del sujeto responsable.
  • No se liquida por ese sistema respecto de trabajadores que no estén en alta en el período.
  • La liquidación simplificada se aplica a autónomos del RETA y del mar, a hogar y agrarios en inactividad, al Seguro Escolar y a convenios especiales.
  • El ingreso en entidades concertadas o autorizadas produce los mismos efectos que en la propia Tesorería.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las cuotas se liquidan por uno de tres sistemas: autoliquidación, liquidación directa por la Tesorería o liquidación simplificada. El ingreso se hace en la Tesorería, en entidades concertadas o en entidades autorizadas, con el mismo efecto.

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Artículo 23. Aplazamiento de pago.

1. La Tesorería General de la Seguridad Social, a solicitud del deudor y en los términos y con las condiciones que reglamentariamente se establezcan, podrá conceder aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social, que suspenderá el procedimiento recaudatorio que se establece en esta ley.

2. El aplazamiento no podrá comprender las cuotas correspondientes a la aportación de los trabajadores y a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. La eficacia de la resolución administrativa de concesión quedará supeditada al ingreso de las que pudieran adeudarse en el plazo máximo de un mes desde su notificación.

3. El aplazamiento comprenderá el principal de la deuda y, en su caso, los recargos, intereses y costas del procedimiento que fueran exigibles en la fecha de solicitud, sin que a partir de la concesión puedan considerarse exigibles otros, a salvo de lo que se dispone para el caso de incumplimiento.

4. El cumplimiento del aplazamiento deberá asegurarse mediante garantías suficientes para cubrir el principal de la deuda y los recargos, intereses y costas, considerándose incumplido si no se constituyesen los derechos personales o reales de garantía que establezca la resolución de concesión, en el plazo que esta determine.

No será exigible dicha obligación en los supuestos en que, en razón a la cuantía de la deuda aplazada o a la condición del beneficiario, se establezca reglamentariamente. Excepcionalmente, podrá eximirse total o parcialmente del requisito establecido en el párrafo anterior cuando concurran causas de carácter extraordinario que así lo aconsejen.

5. El principal de la deuda, los recargos sobre ella y las costas del procedimiento que fueran objeto de aplazamiento devengarán interés, que será exigible desde su concesión hasta la fecha de pago, conforme al interés de demora que se encuentre vigente en cada momento durante la duración del aplazamiento. Dicho interés se incrementará en dos puntos si el deudor fuera eximido de la obligación de constituir garantías por causas de carácter extraordinario.

6. En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones o pagos del aplazamiento, se proseguirá, sin más trámite, el procedimiento de apremio que se hubiera iniciado antes de la concesión. Se dictará asimismo sin más trámite providencia de apremio por aquella deuda que no hubiera sido ya apremiada, a la que se aplicará el recargo del 20 por ciento del principal, de haberse cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29, o del 35 por ciento en caso contrario.

En todo caso, los intereses de demora que se exijan serán los devengados desde el vencimiento de los respectivos plazos reglamentarios de ingreso.

7. Se considerará incumplido el aplazamiento en el momento en que el beneficiario deje de mantenerse al corriente en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social, con posterioridad a su concesión.

Redactado el apartado 5 conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2016. Ref. BOE-A-2016-1320 .

Datos clave

  • La Tesorería puede conceder aplazamiento a solicitud del deudor; suspende el procedimiento recaudatorio.
  • No pueden aplazarse las cuotas de la aportación de los trabajadores ni las de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
  • La eficacia de la concesión exige ingresar esas cuotas en el plazo máximo de un mes desde la notificación.
  • Debe garantizarse con garantías suficientes, salvo las exenciones reglamentarias o extraordinarias.
  • Se devenga el interés de demora; se incrementa en dos puntos si se exime de garantías por causas extraordinarias.
  • Si se incumple, recargo del 20 % (si se cumplieron en plazo los apartados 1 y 2 del artículo 29) o del 35 % en caso contrario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Permite a la TGSS aplazar el pago de deudas con la Seguridad Social a solicitud del deudor, pero excluye siempre la aportación del trabajador y las cuotas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, exigiendo garantías e intereses.

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Artículo 24. Prescripción.

1. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

a) El derecho de la Administración de la Seguridad Social para determinar las deudas por cuotas y por conceptos de recaudación conjunta mediante las oportunas liquidaciones.

b) La acción para exigir el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta.

c) La acción para imponer sanciones por incumplimiento de las normas de Seguridad Social.

2. Respecto de las obligaciones con la Seguridad Social cuyo objeto sean recursos distintos a cuotas, el plazo de prescripción será el establecido en las normas que resulten aplicables en razón de la naturaleza jurídica de aquellas.

3. La prescripción quedará interrumpida por las causas ordinarias y, en todo caso, por cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del responsable del pago conducente a la liquidación o recaudación de la deuda y, especialmente, por su reclamación administrativa mediante reclamación de deuda o acta de liquidación. La prescripción quedará interrumpida, asimismo, por el inicio de las actuaciones a que se refiere el artículo 20.6 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Datos clave

  • Prescriben a los cuatro años el derecho a liquidar deudas por cuotas, la acción para exigir su pago y la acción para sancionar.
  • Para recursos distintos a cuotas rige el plazo de las normas aplicables según su naturaleza.
  • La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa con conocimiento formal del responsable.
  • Especialmente la interrumpen la reclamación de deuda y el acta de liquidación.
  • También la interrumpe el inicio de actuaciones del artículo 20.6 de la Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija en cuatro años el plazo para que la Administración liquide deudas por cuotas, para exigir su pago y para sancionar los incumplimientos, e indica qué actos interrumpen ese plazo.

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Artículo 28. Efectos de la falta de pago en plazo reglamentario.

La falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos establecidos en esta ley.

El recargo y los intereses de demora, cuando sean exigibles, se ingresarán conjuntamente con las deudas sobre las que recaigan.

Cuando el ingreso fuera del plazo reglamentario sea imputable a error de la Administración, sin que la misma actúe en calidad de empresario, no se aplicará recargo ni se devengarán intereses.

Datos clave

  • La falta de pago en plazo reglamentario determina el recargo y el devengo de intereses de demora.
  • El recargo y los intereses se ingresan conjuntamente con la deuda.
  • Si el retraso es imputable a error de la Administración, no hay recargo ni intereses.
  • Esa excepción no se aplica cuando la Administración actúa en calidad de empresario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

No pagar en plazo reglamentario supone recargo e intereses de demora, que se ingresan junto con la deuda sobre la que recaen, salvo que el retraso se deba a error de la Administración no actuando como empresario.

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Artículo 29. Cumplimiento de obligaciones en materia de liquidación de cuotas y compensación.

1. En el sistema de autoliquidación de cuotas a que se refiere la letra a) del artículo 22.1, los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deberán transmitir por medios electrónicos a la Tesorería General de la Seguridad Social las liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, salvo en aquellos supuestos en que dicha liquidación proceda mediante la presentación de los correspondientes documentos de cotización.

La transmisión o presentación a que se refiere el párrafo anterior podrá efectuarse hasta el último día natural del respectivo plazo reglamentario de ingreso.

2. En el sistema de liquidación directa de cuotas a que se refiere la letra b) del artículo 22.1, los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deberán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social el cálculo de la liquidación correspondiente a cada trabajador y transmitir por medios electrónicos los datos que permitan realizar dicho cálculo, hasta el penúltimo día natural del respectivo plazo reglamentario de ingreso.

El referido cálculo se efectuará en función de los datos de que disponga la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los sujetos obligados a cotizar, constituidos tanto por los que ya hayan sido facilitados por los sujetos responsables en cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, y por aquellos otros que obren en su poder y afecten a la cotización, como por los que deban aportar, en su caso, los citados sujetos responsables en cada período de liquidación.

Asimismo, la Tesorería General de la Seguridad Social aplicará las deducciones que correspondan a los trabajadores por los que se practique la liquidación dentro de plazo reglamentario así como, en su caso, la compensación del importe de las prestaciones abonadas a aquellos en régimen de pago delegado con el de las cuotas debidas correspondientes al mismo período de liquidación, en función de los datos recibidos de las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el apartado 5 de este artículo.

Cuando, una vez practicada la liquidación, el sujeto responsable del ingreso de las cuotas solicite su rectificación aportando datos distintos a los inicialmente transmitidos, las obligaciones a que se refiere el párrafo primero de este apartado solo se considerarán cumplidas cuando resulte posible efectuar una nueva liquidación de cuotas dentro de plazo reglamentario, salvo que la imposibilidad de liquidar en plazo se deba a causas imputables exclusivamente a la Administración.

Tampoco se considerarán incumplidas las citadas obligaciones cuando, una vez practicada la liquidación y dentro del plazo reglamentario, el sujeto responsable del ingreso solicite la rectificación de errores materiales, aritméticos o de cálculo en la citada liquidación imputables exclusivamente a la Administración y ello comporte la práctica de una nueva liquidación corrigiendo tales errores fuera de dicho plazo.

3. El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores o su cumplimiento dentro de los plazos reglamentariamente establecidos, aun cuando no se ingresen las cuotas correspondientes o se ingrese exclusivamente la aportación del trabajador, producirán los efectos señalados en esta ley y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo.

4. En el sistema de liquidación simplificada de cuotas a que se refiere la letra c) del artículo 22.1 no será exigible el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 de este artículo, siempre que el alta de los sujetos obligados a que se refieran dichas cuotas en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, en los supuestos en que ese alta proceda, se haya solicitado dentro del plazo reglamentariamente establecido.

De solicitarse el alta fuera del plazo reglamentario, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 de este artículo no será exigible respecto a la liquidación de las cuotas correspondientes a los periodos posteriores a la presentación de la solicitud, que se efectuará mediante este sistema.

En tales casos, será aplicable lo previsto en esta ley para los supuestos en que, existiendo dichas obligaciones, se hubieran cumplido dentro de plazo.

5. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 dentro de plazo permitirá a los sujetos responsables compensar su crédito por las prestaciones abonadas como consecuencia de su colaboración obligatoria con la Seguridad Social y su deuda por las cuotas debidas en el mismo período a que se refieren las respectivas liquidaciones, cualquiera que sea el momento del pago de tales cuotas.

Fuera del supuesto regulado en este apartado, los sujetos responsables del pago de cuotas no podrán compensar sus créditos frente a la Seguridad Social por prestaciones satisfechas en régimen de pago delegado o por cualquier otro concepto con el importe de aquellas cuotas, cualquiera que sea el momento del pago de las mismas y hayan sido o no reclamadas en período voluntario o en vía de apremio, sin perjuicio del derecho de los sujetos responsables para solicitar el pago de sus respectivos créditos frente a la Tesorería General de la Seguridad Social o a la entidad gestora o colaboradora correspondiente.

Datos clave

  • En la autoliquidación, la transmisión electrónica puede hacerse hasta el último día natural del plazo reglamentario de ingreso.
  • En la liquidación directa, la solicitud de cálculo y los datos se transmiten hasta el penúltimo día natural del plazo.
  • La Tesorería aplica las deducciones y compensa las prestaciones abonadas en pago delegado.
  • En la liquidación simplificada no se exigen esas obligaciones si el alta se solicitó en plazo.
  • Cumplirlas en plazo permite compensar las prestaciones de colaboración obligatoria con las cuotas del mismo período.
  • Fuera de ese supuesto no cabe compensar créditos por pago delegado con las cuotas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija los plazos para transmitir la liquidación en autoliquidación (hasta el último día del plazo de ingreso) y en liquidación directa (hasta el penúltimo día), y condiciona la compensación de prestaciones con cuotas a haber cumplido esos plazos.

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Artículo 30. Recargos por ingreso fuera de plazo.

El artículo 30 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social fija los recargos que se devengan cuando las cuotas y demás deudas con la Seguridad Social no se ingresan dentro del plazo reglamentario. Su redacción vigente procede del artículo 1 de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, con efectos de 1 de enero de 2018.

1. Transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas sin ingreso de las mismas, y sin perjuicio de las especialidades previstas para los aplazamientos, se devengarán los siguientes recargos:

a) Cuando los sujetos responsables del pago hubieran cumplido dentro de plazo las obligaciones de los apartados 1 y 2 del artículo 29 (transmisión de las liquidaciones o solicitud del cálculo de la liquidación):

1.º Recargo del 10 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso.

2.º Recargo del 20 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir del segundo mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso.

b) Cuando los sujetos responsables del pago no hubieran cumplido dentro de plazo esas obligaciones:

1.º Recargo del 20 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas antes de la terminación del plazo de ingreso establecido en la reclamación de deuda o acta de liquidación.

2.º Recargo del 35 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir de la terminación de dicho plazo de ingreso.

2. Las deudas con la Seguridad Social que tengan carácter de ingresos de derecho público y cuyo objeto esté constituido por recursos distintos a cuotas, cuando no se abonen dentro del plazo reglamentario que tengan establecido, se incrementarán con el recargo del 20 por ciento.

Datos clave

  • Con las obligaciones del artículo 29.1 y 29.2 cumplidas en plazo: recargo del 10 % si se paga dentro del primer mes natural siguiente al vencimiento.
  • Con esas obligaciones cumplidas: recargo del 20 % si se paga a partir del segundo mes natural siguiente.
  • Sin cumplirlas: recargo del 20 % si se paga antes de terminar el plazo de la reclamación de deuda o acta de liquidación.
  • Sin cumplirlas: recargo del 35 % si se paga después de ese plazo.
  • Recursos distintos a cuotas no pagados en plazo: recargo del 20 %.
  • Redacción vigente desde el 1 de enero de 2018 (Ley 6/2017).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si no pagas las cuotas en plazo, el recargo depende de dos cosas: si cumpliste en plazo con la transmisión de las liquidaciones o la solicitud de cálculo, y de cuándo acabas pagando. Las deudas que no son cuotas llevan siempre un 20 %.

Esquema

Recargos por ingreso fuera de plazo de cuotas
Obligaciones del art. 29.1 y 29.2 cumplidasNo cumplidas
Primer tramo10 %: dentro del primer mes natural siguiente al vencimiento20 %: antes de terminar el plazo de la reclamación o acta
Segundo tramo20 %: a partir del segundo mes natural35 %: a partir de la terminación de ese plazo

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Artículo 33. Reclamaciones de deudas.

1. Transcurrido el plazo reglamentario sin ingreso de las cuotas debidas, la Tesorería General de la Seguridad Social reclamará su importe al sujeto responsable incrementado con el recargo que proceda, conforme a lo dispuesto en el artículo 30, en los siguientes supuestos:

a) Falta de cotización respecto de trabajadores dados de alta, cuando no se hubiesen cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29 o cuando, habiéndose cumplido, las liquidaciones de cuotas o datos de cotización transmitidos o los documentos de cotización presentados contengan errores materiales, aritméticos o de cálculo que resulten directamente de los mismos.

Si estas circunstancias fuesen comprobadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo comunicará a la Tesorería General de la Seguridad Social con la propuesta de liquidación que proceda.

b) Falta de cotización en relación con trabajadores dados de alta que no consten en las liquidaciones de cuotas o datos de cotización transmitidos ni en los documentos de cotización presentados en plazo, respecto de los que se considerará que no se han cumplido las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29.

c) Diferencias de importe entre las cuotas ingresadas y las que legalmente corresponda liquidar, que resulten directamente de las liquidaciones o datos de cotización transmitidos o de los documentos de cotización presentados, siempre que no proceda realizar una valoración jurídica por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre su carácter cotizable, en cuyo caso se procederá conforme a lo previsto en el apartado 1.b) del artículo siguiente.

d) Deudas por cuotas cuya liquidación no corresponda a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2. Procederá también reclamación de deuda cuando, en atención a los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social o comunicados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y por aplicación de cualquier norma con rango de ley que no excluya la responsabilidad por deudas de Seguridad Social, deba exigirse el pago de dichas deudas:

a) A los responsables solidarios, en cuyo caso la reclamación comprenderá el principal de la deuda a que se extienda la responsabilidad solidaria, los recargos, intereses y costas devengados hasta el momento en que se emita dicha reclamación.

b) A los responsables subsidiarios, en cuyo caso y salvo que su responsabilidad se halle limitada por ley, la reclamación comprenderá el principal de la deuda exigible al deudor inicial en el momento de su emisión, excluidos recargos, intereses y costas.

c) A quien haya asumido la responsabilidad por causa de la muerte del deudor originario, en cuyo caso la reclamación comprenderá el principal de la deuda, los recargos, intereses y costas devengados hasta que se emita.

3. Los importes exigidos en las reclamaciones de deudas por cuotas, impugnadas o no, deberán hacerse efectivos dentro de los plazos siguientes:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

4. Las deudas con la Seguridad Social por recursos distintos a cuotas serán también objeto de reclamación de deuda, en la que se indicará el importe de la misma, así como los plazos reglamentarios de ingreso.

5. La interposición de recurso de alzada contra las reclamaciones de deuda solo suspenderá el procedimiento recaudatorio cuando se garantice con aval suficiente o se consigne el importe de la deuda, incluido, en su caso, el recargo en que se hubiese incurrido.

En caso de resolución desestimatoria del recurso, transcurrido el plazo de quince días desde su notificación sin pago de la deuda se iniciará el procedimiento de apremio mediante la expedición de la providencia de apremio o el procedimiento de deducción, según proceda.

Datos clave

  • La Tesorería reclama las cuotas no ingresadas con el recargo del artículo 30.
  • Procede, entre otros, por falta de cotización de trabajadores en alta o por diferencias que resulten directamente de las liquidaciones.
  • También se reclama a responsables solidarios, subsidiarios (sin recargos, intereses ni costas) y mortis causa.
  • Notificadas del 1 al 15 del mes: pago hasta el día 5 del mes siguiente.
  • Notificadas del 16 al último día: pago hasta el día 20 del mes siguiente.
  • El recurso de alzada solo suspende si se garantiza con aval o se consigna la deuda.
  • Desestimado el recurso, a los quince días sin pago se inicia el apremio o la deducción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cuándo la TGSS reclama una deuda por cuotas, a quién se dirige según el tipo de responsabilidad y en qué plazos exactos hay que pagar según la fecha de notificación.

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Artículo 34. Actas de liquidación de cuotas.

1. Procederá la formulación de actas de liquidación en las deudas por cuotas originadas por:

a) Falta de afiliación o de alta de trabajadores en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.

b) Diferencias de cotización por trabajadores dados de alta, resulten o no directamente de las liquidaciones o datos de cotización transmitidos o de los documentos de cotización presentados, dentro o fuera de plazo.

c) Derivación de la responsabilidad del sujeto obligado al pago, cualquiera que sea su causa y régimen de la Seguridad Social aplicable, y con base en cualquier norma con rango de ley que no excluya la responsabilidad por deudas de Seguridad Social. En los casos de responsabilidad solidaria legalmente previstos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá extender acta a todos los sujetos responsables o a alguno de ellos, en cuyo caso el acta de liquidación comprenderá el principal de la deuda a que se extienda la responsabilidad solidaria, los recargos, intereses y costas devengadas hasta la fecha en que se extienda el acta.

d) Aplicación indebida de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, previstas reglamentariamente para la financiación de las acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo.

En los casos a los que se refieren las letras a), b) y c), la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá formular requerimientos a los sujetos obligados al pago de cuotas adeudadas por cualquier causa, previo reconocimiento de la deuda por aquellos ante el funcionario actuante. En este caso, el ingreso de la deuda por cuotas contenida en el requerimiento será hecho efectivo en el plazo que determine la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que no será inferior a un mes ni superior a cuatro meses. En caso de incumplimiento del requerimiento, se procederá a extender acta de liquidación y de infracción por impago de cuotas.

Las actas de liquidación de cuotas se extenderán por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, notificándose en todos los casos a través de los órganos de dicha Inspección que, asimismo, notificarán las actas de infracción practicadas por los mismos hechos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

2. Las actas de liquidación extendidas con los requisitos reglamentariamente establecidos, una vez notificadas a los interesados, tendrán el carácter de liquidaciones provisionales y se elevarán a definitivas mediante acto administrativo de la Dirección General o de la respectiva Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, a propuesta del órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, preceptiva y no vinculante, tras el trámite de audiencia al interesado. Contra dichos actos liquidatorios definitivos cabrá recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. De las actas de liquidación se dará traslado a los trabajadores, pudiendo los que resulten afectados interponer reclamación respecto del período de tiempo o la base de cotización a que la liquidación se contrae.

3. Los importes de las deudas figurados en las actas de liquidación serán hechos efectivos hasta el último día del mes siguiente al de su notificación, una vez dictado el correspondiente acto administrativo definitivo de liquidación, iniciándose en otro caso el procedimiento de deducción o el procedimiento de apremio en los términos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo.

4. Las actas de liquidación y las de infracción que se refieran a los mismos hechos se practicarán simultáneamente por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La competencia y el procedimiento para su resolución son los señalados en el apartado 2.

Las sanciones por infracciones propuestas en dichas actas de infracción se reducirán automáticamente al 50 por ciento de su cuantía, si el infractor diese su conformidad a la liquidación practicada ingresando su importe en el plazo señalado en el apartado 3. Esta reducción automática solo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía de la liquidación supere la de la sanción propuesta inicialmente.

Datos clave

  • Se extienden actas de liquidación por falta de afiliación o alta, diferencias de cotización, derivación de responsabilidad y bonificaciones de formación indebidas.
  • El requerimiento previo de la Inspección fija un plazo de ingreso no inferior a un mes ni superior a cuatro meses.
  • Las actas son liquidaciones provisionales y se elevan a definitivas por la Tesorería, a propuesta preceptiva y no vinculante de la Inspección.
  • Contra la liquidación definitiva cabe recurso de alzada.
  • Se pagan hasta el último día del mes siguiente al de su notificación.
  • La sanción se reduce automáticamente al 50 % si se presta conformidad y se ingresa en plazo, siempre que la liquidación supere la sanción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula las actas de liquidación que extiende la Inspección de Trabajo, el requerimiento previo antes de extenderlas, sus efectos como liquidación provisional y el plazo de pago, con reducción de la sanción si hay conformidad.

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Artículo 38. Providencia de apremio, otros actos del procedimiento ejecutivo y procedimiento de deducción.

1. Transcurrido el plazo reglamentario de ingreso y una vez adquiera firmeza en vía administrativa la reclamación de deuda o el acta de liquidación, en los casos en que estas procedan, sin que se haya satisfecho la deuda, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la emisión de providencia de apremio, en la que se identificará la deuda pendiente de pago con el recargo correspondiente.

2. La providencia de apremio, emitida por el órgano competente, constituye el título ejecutivo suficiente para el inicio del procedimiento de apremio por la Tesorería General de la Seguridad Social y tiene la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder contra los bienes y derechos de los sujetos obligados al pago de la deuda.

En la notificación de la providencia de apremio se advertirá al sujeto responsable de que si la deuda exigida no se ingresa dentro de los quince días siguientes a su recepción o publicación serán exigibles los intereses de demora devengados y se procederá al embargo de sus bienes.

3. El recurso de alzada contra la providencia de apremio solo será admisible por los siguientes motivos, debidamente justificados:

a) Pago.

b) Prescripción.

c) Error material o aritmético en la determinación de la deuda.

d) Condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento.

e) Falta de notificación de la reclamación de deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

La interposición del recurso suspenderá el procedimiento de apremio, sin necesidad de la presentación de la garantía, hasta la resolución de la impugnación.

4. Si los interesados formularan recurso de alzada o contencioso-administrativo contra actos dictados en el procedimiento ejecutivo distintos de la providencia de apremio, el procedimiento de apremio no se suspenderá si no se realiza el pago de la deuda perseguida, se garantiza con aval suficiente o se consigna su importe, incluidos el recargo, los intereses devengados y un 3 por ciento del principal como cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social.

5. La ejecución contra el patrimonio del deudor se efectuará mediante el embargo y la realización del valor o, en su caso, la adjudicación de bienes del deudor a la Tesorería General de la Seguridad Social. El embargo se efectuará en cuantía suficiente para cubrir el principal de la deuda, los recargos y los intereses y costas del procedimiento que se hayan causado y se prevea que se causen hasta la fecha de ingreso o de la adjudicación a favor de la Seguridad Social, con respeto siempre al principio de proporcionalidad.

Si el cumplimiento de la obligación con la Seguridad Social estuviera garantizado mediante aval, prenda, hipoteca o cualquiera otra garantía personal o real, se procederá en primer lugar a ejecutarla, lo que se realizará en todo caso por los órganos de recaudación de la Administración de la Seguridad Social, a través del procedimiento administrativo de apremio.

6. Si el deudor fuese una administración pública, organismo autónomo, entidad pública empresarial o, en general, cualquier entidad de derecho público, el órgano competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, transcurridos los plazos a que se refiere el apartado 1, iniciará el procedimiento de deducción, acordando, previa audiencia de la entidad afectada, la retención a favor de la Seguridad Social en la cuantía que corresponda por principal, recargo e intereses, sobre el importe total que con cargo a los Presupuestos Generales del Estado deba transferirse a la entidad deudora, quedando extinguida total o parcialmente la deuda desde que la Tesorería General de la Seguridad Social aplique el importe retenido al pago de la misma.

Solo se iniciará la vía de apremio sobre el patrimonio de estas entidades, en los términos establecidos en el apartado 2, cuando la ley prevea que puedan ostentar la titularidad de bienes embargables. En este caso y una vez definitiva en vía administrativa la providencia de apremio, el órgano competente de la Tesorería General de la Seguridad Social acordará la retención prevista en el párrafo anterior, sin perjuicio de la continuación del procedimiento de apremio sobre los bienes embargables hasta completar el cobro de los débitos.

7. Las costas y gastos que origine la recaudación en vía ejecutiva serán siempre a cargo del sujeto responsable del pago.

8. El Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aprobará el procedimiento para el cobro de las deudas con la Seguridad Social en vía de apremio.

9. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo especialmente previsto en el artículo 39 y en la normativa reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Datos clave

  • El apremio se inicia con la providencia de apremio, que incluye la deuda y el recargo.
  • La providencia es título ejecutivo con la misma fuerza que las sentencias judiciales.
  • Si no se ingresa en quince días desde su recepción, se exigen intereses de demora y se embargan bienes.
  • Motivos tasados del recurso de alzada: pago, prescripción, error material o aritmético, condonación, aplazamiento o suspensión y falta de notificación.
  • Ese recurso suspende el apremio sin necesidad de garantía.
  • Contra otros actos del procedimiento la suspensión exige pago, aval o consignación con un 3 % del principal para costas.
  • A las administraciones públicas y entidades de derecho público se les aplica el procedimiento de deducción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula la providencia de apremio como título ejecutivo para embargar bienes cuando no se paga la deuda firme, los motivos tasados para recurrirla y las reglas del embargo y, si el deudor es una administración pública, el procedimiento de deducción.

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Artículo 66. Enumeración.

1. La gestión y administración de la Seguridad Social se efectuará, bajo la dirección y tutela de los respectivos departamentos ministeriales, con sujeción a los principios de simplificación, racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia social y descentralización, por las siguientes entidades gestoras:

a) El Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, con excepción de las que se mencionan en el apartado c) siguiente.

b) El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para la administración y gestión de servicios sanitarios.

c) El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, para la gestión de las pensiones no contributivas de invalidez y de jubilación, así como de los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social.

2. Las distintas entidades gestoras, a efectos de la debida homogeneización y racionalización de los servicios, coordinarán su actuación en orden a la utilización de instalaciones sanitarias, mediante los conciertos o colaboraciones que al efecto se determinen entre las mismas.

Datos clave

  • La gestión se rige por los principios de simplificación, racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia social y descentralización.
  • Instituto Nacional de la Seguridad Social: prestaciones económicas del sistema, salvo las atribuidas al IMSERSO.
  • Instituto Nacional de Gestión Sanitaria: administración y gestión de servicios sanitarios.
  • Instituto de Mayores y Servicios Sociales: pensiones no contributivas de invalidez y jubilación y servicios complementarios.
  • Las entidades gestoras coordinan el uso de instalaciones sanitarias mediante conciertos o colaboraciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres entidades gestoras se reparten la gestión de la Seguridad Social: prestaciones económicas, servicios sanitarios y pensiones no contributivas con servicios complementarios. Se coordinan para usar instalaciones sanitarias.

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Artículo 67. Estructura y competencias.

1. El Gobierno, a propuesta del departamento ministerial de tutela, reglamentará la estructura y competencias de las entidades a que se refiere el artículo anterior.

2. Las entidades gestoras desarrollarán su actividad en régimen descentralizado, en los diferentes ámbitos territoriales.

3. Los centros asistenciales de las entidades gestoras podrán ser gestionados y administrados por las entidades locales.

Datos clave

  • El Gobierno, a propuesta del departamento ministerial de tutela, reglamenta la estructura y competencias de las entidades gestoras.
  • Las entidades gestoras actúan en régimen descentralizado en los distintos ámbitos territoriales.
  • Sus centros asistenciales pueden ser gestionados por las entidades locales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno, a propuesta del departamento de tutela, reglamenta la estructura y competencias de las entidades del artículo anterior; las gestoras actúan descentralizadas y sus centros asistenciales pueden gestionarlos las entidades locales.

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Artículo 68. Naturaleza jurídica.

1. Las entidades gestoras tienen la naturaleza de entidades de derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que les están encomendados.

2. El régimen jurídico de dichas entidades será el establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado .

Datos clave

  • Las entidades gestoras son entidades de derecho público.
  • Tienen capacidad jurídica para cumplir los fines que tienen encomendados.
  • Su régimen jurídico es el de la disposición adicional sexta de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades gestoras son entidades de derecho público con capacidad jurídica para cumplir sus fines; su régimen jurídico remite a la disposición adicional sexta de la Ley 6/1997.

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Artículo 73. Creación.

Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el establecimiento de servicios comunes, así como la reglamentación de su estructura y competencias.

Datos clave

  • El establecimiento de servicios comunes corresponde al Gobierno.
  • La iniciativa es una propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
  • El Gobierno reglamenta también la estructura y competencias de los servicios comunes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno, a propuesta del Ministerio, crea los servicios comunes de la Seguridad Social y regula su estructura y competencias.

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Artículo 79. Enumeración.

1. La colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y por empresas, de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo.

2. La colaboración en la gestión se podrá realizar también por asociaciones, fundaciones y entidades públicas y privadas, previa su inscripción en un registro público.

Datos clave

  • Colaboran en la gestión del sistema las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las empresas.
  • También pueden colaborar asociaciones, fundaciones y entidades públicas y privadas.
  • Estas últimas necesitan inscripción previa en un registro público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Colaboran en la gestión de la Seguridad Social las mutuas colaboradoras y las empresas; también pueden hacerlo asociaciones, fundaciones y entidades públicas y privadas, previa inscripción en un registro público.

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Artículo 80. Definición y objeto.

1. Son mutuas colaboradoras con la Seguridad Social las asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta ley.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. El ámbito de actuación de las mismas se extiende a todo el territorio del Estado.

2. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tienen por objeto el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las siguientes actividades de la Seguridad Social:

a) La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.

b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

c) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

d) La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en el título V.

e) La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

f) Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

3. La colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni comprenderá actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos. Tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de estos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

4. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

Datos clave

  • Las mutuas son asociaciones privadas de empresarios constituidas con autorización del Ministerio e inscripción en su registro especial.
  • Actúan sin ánimo de lucro y sus asociados asumen responsabilidad mancomunada.
  • Su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado.
  • Gestionan contingencias profesionales, la incapacidad temporal por contingencias comunes, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, cese de actividad de autónomos y cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave.
  • No pueden captar empresas asociadas ni trabajadores adheridos, ni conceder beneficios a los empresarios asociados.
  • Forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, sin perjuicio de su naturaleza privada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define las mutuas colaboradoras como asociaciones privadas de empresarios, sin ánimo de lucro y con responsabilidad mancomunada, que gestionan contingencias profesionales, IT por contingencias comunes, riesgo en embarazo/lactancia, cese de actividad de autónomos y cuidado de menores con cáncer; forman parte del sector público estatal aunque son de naturaleza privada.

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Artículo 82. Particularidades de las prestaciones y servicios gestionados.

El artículo 82 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, regula las particularidades de las prestaciones y servicios que gestionan las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

1. Las prestaciones y los servicios atribuidos a la gestión de las mutuas forman parte de la acción protectora del sistema y se dispensan a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos, conforme a las normas del régimen en el que estén encuadrados y con el mismo alcance que dispensan las entidades gestoras, con las particularidades siguientes.

2. Contingencias profesionales. Corresponde a las mutuas la determinación inicial del carácter profesional de la contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o calificación por la entidad gestora competente. Los actos de las mutuas que reconozcan, suspendan, anulen o extingan derechos serán motivados y se formalizarán por escrito, y su eficacia queda supeditada a la notificación al interesado; también se notificarán al empresario cuando el beneficiario mantenga relación laboral y produzcan efectos en ella. Las prestaciones sanitarias se dispensan a través de los medios e instalaciones gestionados por las mutuas, mediante convenios con otras mutuas o con las administraciones públicas sanitarias y mediante conciertos con medios privados, en los términos del artículo 258.

3. Actividades preventivas. Son prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados, de sus trabajadores dependientes y de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que no generan derechos subjetivos, dirigidas al control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Comprenden también el asesoramiento para adaptar puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional, así como actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas directamente por las mutuas. Corresponde al órgano de dirección y tutela de las mutuas, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, establecer la planificación periódica de estas actividades, sus criterios, contenido y orden de preferencias, tutelar su desarrollo y evaluar su eficacia y eficiencia. Las comunidades autónomas con competencia de ejecución compartida en prevención de riesgos laborales podrán comunicar al órgano de tutela las actividades que consideren que deban desarrollarse en su territorio para que se incorporen a esa planificación.

4. Incapacidad temporal por contingencias comunes. Su gestión se desarrolla conforme a los artículos 83.1.a), párrafo segundo, y 83.1.b), párrafo primero, y al capítulo V del título II, con estas particularidades:

a) Corresponde a las mutuas la declaración del derecho a la prestación económica y su denegación, suspensión, anulación y declaración de extinción, sin perjuicio del control sanitario de las altas y bajas médicas por los servicios públicos de salud. Estos actos serán motivados, por escrito y eficaces desde su notificación al beneficiario, y se notificarán al empresario si existe relación laboral. Recibido el parte médico de baja, la mutua comprueba los requisitos de afiliación, alta, periodo de carencia y demás exigidos, determina el importe del subsidio y adopta el acuerdo de declaración inicial del derecho. Durante el plazo de dos meses siguientes a la liquidación y pago del subsidio, los pagos tienen carácter provisional y pueden regularizarse; transcurrido ese plazo de dos meses adquieren carácter definitivo.

b) Propuestas de alta. Cuando las mutuas consideren, a partir de los partes médicos, los informes, las actuaciones de control y seguimiento o las asistencias sanitarias, que el beneficiario podría no estar impedido para el trabajo, podrán formular propuestas motivadas de alta médica, a través de sus médicos, dirigidas a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud, comunicándolo simultáneamente al trabajador y al Instituto Nacional de la Seguridad Social. La Inspección Médica debe comunicar a la mutua y al INSS, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde el siguiente a la recepción de la propuesta, su estimación, con la emisión del alta, o su denegación con informe médico motivado. Si la Inspección Médica cita al trabajador a revisión, esta se hará dentro de ese plazo de cinco días; la incomparecencia se comunica en el mismo día a la mutua, que dispone de un plazo de cuatro días para comprobar si fue justificada y suspende el pago del subsidio desde el día siguiente al de la incomparecencia. Si se justifica, se levanta la suspensión y se repone el derecho; si no, se acuerda la extinción, con efectos desde el primer día siguiente al de su notificación al trabajador. Cuando, excepcionalmente, la Inspección Médica no conteste en forma y plazo, la mutua podrá solicitar la emisión del parte de alta al INSS (artículo 170.1 y apartado 4 de la disposición adicional primera), que resolverá en el plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a su recepción.

c) Comunicaciones. Las comunicaciones entre los médicos de las mutuas, los del servicio público de salud y las entidades gestoras se realizarán preferentemente por medios electrónicos y son válidas y eficaces desde su recepción en el centro de trabajo de aquellos. Las mutuas comunicarán al Ministerio las incidencias con el servicio público de salud o los incumplimientos de la empresa. No podrán gestionar la prestación a través de medios concertados, sin perjuicio de recabar servicios de centros sanitarios autorizados para pruebas diagnósticas o tratamientos.

d) Control y seguimiento. Son actos dirigidos a comprobar la concurrencia de los hechos que originan la situación de necesidad y de los requisitos del derecho, así como los exámenes y reconocimientos médicos. Las mutuas pueden realizarlos a partir del día de la baja médica, y la incomparecencia injustificada a las citaciones para examen o reconocimiento médico es causa de extinción del derecho (artículo 174), sin perjuicio de la suspensión cautelar del artículo 175.3. Pueden realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores para evitar la prolongación innecesaria de los procesos, previa autorización del médico del servicio público de salud y consentimiento informado del paciente; sus resultados se ponen a disposición del facultativo a través de los servicios de interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud. Se realizarán principalmente en los centros asistenciales de las mutuas para contingencias profesionales y, con carácter subsidiario, en centros concertados. En ningún caso supondrán la asunción de la asistencia sanitaria por contingencias comunes.

e) Convenios y conciertos. Las mutuas pueden celebrar convenios y acuerdos con las entidades gestoras y con los servicios públicos de salud, previa autorización del Ministerio, para realizar en sus centros reconocimientos médicos, pruebas diagnósticas, informes, tratamientos sanitarios y rehabilitadores, incluidas intervenciones quirúrgicas, con las compensaciones económicas que se fijen. Con carácter subsidiario pueden concertar con entidades privadas, previa autorización del Ministerio, siempre que no perjudiquen los servicios propios de los centros. Los derechos de crédito que generen son recursos públicos de la Seguridad Social (artículo 84.2).

f) Las entidades gestoras o las mutuas pueden establecer acuerdos de colaboración con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o los servicios de salud de las comunidades autónomas para mejorar la gestión y el control de la incapacidad temporal.

g) Las mutuas asumen a su cargo, sin perjuicio de su posible resarcimiento posterior, el coste de las pruebas diagnósticas, tratamientos y procesos de recuperación funcional dirigidos a evitar la prolongación innecesaria de las bajas por contingencias comunes que deriven de esos acuerdos o convenios.

La letra b) del apartado 4 fue modificada por el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo.

Datos clave

  • Las mutuas hacen la determinación inicial del carácter profesional de la contingencia, revisable por la entidad gestora.
  • Las actividades preventivas no generan derechos subjetivos.
  • En la incapacidad temporal por contingencias comunes, los pagos son provisionales durante dos meses desde la liquidación y pago del subsidio.
  • La Inspección Médica responde a la propuesta de alta en un máximo de cinco días hábiles.
  • La mutua dispone de cuatro días para comprobar si la incomparecencia a revisión fue justificada.
  • Si la Inspección Médica no contesta, el INSS resuelve la solicitud de alta en cinco días hábiles.
  • La incomparecencia injustificada a reconocimiento médico es causa de extinción del derecho.
  • Las pruebas y tratamientos exigen autorización del médico del servicio público de salud y consentimiento informado del paciente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las mutuas dan las mismas prestaciones que las entidades gestoras, con particularidades: califican de inicio la contingencia profesional, hacen prevención sin derechos subjetivos y gestionan la incapacidad temporal común con propuestas de alta y plazos muy cortos.

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Artículo 83. Régimen de opción de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos.

1. Los empresarios y los trabajadores por cuenta propia, en el momento de cumplir ante la Tesorería General de la Seguridad Social sus respectivas obligaciones de inscripción de empresa, afiliación y alta, harán constar la entidad gestora o la mutua colaboradora con la Seguridad Social por la que hayan optado para proteger las contingencias profesionales, la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y la protección por cese de actividad, de acuerdo con las normas reguladoras del régimen de la Seguridad Social en el que se encuadren, y comunicarán a aquella sus posteriores modificaciones. Corresponderá a la Tesorería General de la Seguridad Social el reconocimiento de tales declaraciones y de sus efectos legales, en los términos establecidos reglamentariamente y sin perjuicio de las particularidades que se disponen en los apartados siguientes en caso de optarse a favor de una mutua colaboradora con la Seguridad Social.

La opción a favor de una mutua colaboradora con la Seguridad Social se realizará en la forma y tendrá el alcance que se establecen seguidamente:

a) Los empresarios que opten por una mutua para la protección de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de la Seguridad Social deberán formalizar con la misma el convenio de asociación y proteger en la misma entidad a todos los trabajadores correspondientes a los centros de trabajo situados en la misma provincia, entendiéndose por estos la definición contenida en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Igualmente, los empresarios asociados podrán optar porque la misma mutua gestione la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes respecto de los trabajadores protegidos frente a las contingencias profesionales.

El convenio de asociación es el instrumento por el que se formaliza la asociación a la mutua y tendrá un periodo de vigencia de un año, que podrá prorrogarse por periodos de igual duración. Reglamentariamente se regulará el procedimiento para formalizar el convenio, su contenido y efectos.

b) Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos deberán formalizar la cobertura de la acción protectora por contingencias profesionales, incapacidad temporal y cese de actividad con una mutua colaboradora con la Seguridad Social, debiendo optar por la misma mutua colaboradora para toda la acción protectora indicada. Asimismo, deberán formalizar con una mutua colaboradora dicha acción protectora los trabajadores que cambien de entidad.

Para formalizar la gestión por cese de actividad suscribirán el anexo correspondiente al documento de adhesión, en los términos que establezcan las normas reglamentarias que regulan la colaboración.

Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar podrán optar por proteger las contingencias profesionales con la entidad gestora o con una mutua colaboradora con la Seguridad Social. Los trabajadores incluidos en el grupo tercero de cotización deberán formalizar la protección de las contingencias comunes con la entidad gestora de la Seguridad Social. En todo caso, deberán formalizar la protección por cese de actividad con la entidad gestora o con la mutua con quien protejan las contingencias profesionales.

La protección se formalizará mediante documento de adhesión, por el cual el trabajador por cuenta propia se incorpora al ámbito gestor de la mutua de forma externa a la base asociativa de la misma y sin adquirir los derechos y obligaciones derivados de la asociación. El periodo de vigencia de la adhesión será de un año, pudiendo prorrogarse por periodos de igual duración. El procedimiento para formalizar el documento de adhesión, su contenido y efectos, se regulará reglamentariamente.

2. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deberán aceptar toda proposición de asociación y de adhesión que se les formule, sin que la falta de pago de las cotizaciones sociales les excuse del cumplimiento de la obligación ni constituya causa de resolución del convenio o documento suscrito, o sus anexos.

3. La información y datos sobre los empresarios asociados, los trabajadores por cuenta propia adheridos y los trabajadores protegidos que obren en poder de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y, en general, los generados en el desarrollo de su actividad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, tienen carácter reservado y están sometidos al régimen establecido en el artículo 77, sin que, en consecuencia, puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos establecidos en dicho artículo.

Se modifica el apartado 1 por la disposición final 2.1 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17992#df-2

Datos clave

  • Al inscribir la empresa o al afiliarse y darse de alta se hace constar la entidad gestora o la mutua elegida.
  • El reconocimiento de esas declaraciones corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Quien opta por una mutua para contingencias profesionales debe proteger en ella a todos los trabajadores de los centros de la misma provincia.
  • El convenio de asociación y el documento de adhesión tienen un periodo de vigencia de un año, prorrogable por periodos iguales.
  • Los autónomos del RETA deben formalizar contingencias profesionales, incapacidad temporal y cese de actividad con la misma mutua.
  • Las mutuas deben aceptar toda proposición de asociación y de adhesión; la falta de pago de cotizaciones no les excusa.
  • Los datos que obran en poder de las mutuas son reservados conforme al artículo 77.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cómo eligen empresarios y autónomos entidad gestora o mutua para contingencias profesionales, IT por contingencias comunes y cese de actividad: el empresario debe asegurar en la misma mutua a todos los trabajadores de los centros de una misma provincia, y el autónomo debe optar por una única mutua para toda su protección.

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Artículo 102. Colaboración de las empresas.

1. Las empresas, individualmente consideradas y en relación con su propio personal, podrán colaborar en la gestión de la Seguridad Social exclusivamente en alguna o algunas de las formas siguientes:

a) Asumiendo directamente el pago, a su cargo, de las prestaciones por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional y las prestaciones de asistencia sanitaria y recuperación profesional, incluido el subsidio consiguiente que corresponda durante la indicada situación.

b) Pagando a sus trabajadores, a cargo de la entidad gestora o mutua obligada, las prestaciones económicas por incapacidad temporal, así como las demás que puedan determinarse reglamentariamente.

2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá establecer con carácter obligatorio, para todas las empresas o para algunas de determinadas características, la colaboración en el pago de prestaciones a que se refiere el apartado c) anterior.

La colaboración obligatoria consiste en el pago por la empresa a sus trabajadores, a cargo de la entidad gestora o colaboradora, de las prestaciones económicas, compensándose su importe en la liquidación de las cotizaciones sociales que aquella debe ingresar. La empresa deberá comunicar a la entidad gestora, a través de los medios electrónicos establecidos, los datos obligación de la misma requeridos en el parte médico de baja, en los términos que se establezcan reglamentariamente. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá suspender o dejar sin efecto la colaboración obligatoria cuando la empresa incumpla las obligaciones establecidas.

3. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social determinará las condiciones por las que ha de regirse la colaboración prevista en los números anteriores del presente artículo.

4. La modalidad de colaboración de las empresas en la gestión de la Seguridad Social a que se refiere el apartado 1 podrá ser autorizada a agrupaciones de empresas, constituidas a este único efecto, siempre que reúnan las condiciones que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

5. En la regulación de las modalidades de colaboración establecidas en la letra a) del apartado 1 y en el apartado 4 se armonizará el interés particular por la mejora de prestaciones y medios de asistencia con las exigencias de la solidaridad nacional.

Se suprime la letra b) del apartado 1 y se reordena la c) como b) y se modifica el apartado 5 por la disposición final 2.2 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17992#df-2

Datos clave

  • Las empresas pueden asumir directamente el pago de la incapacidad temporal por accidente de trabajo y enfermedad profesional y la asistencia sanitaria y recuperación profesional.
  • También pueden pagar a sus trabajadores, a cargo de la entidad gestora o mutua, la incapacidad temporal (pago delegado).
  • La colaboración obligatoria se compensa en la liquidación de las cotizaciones sociales.
  • El Ministerio puede suspender la colaboración obligatoria si la empresa incumple sus obligaciones.
  • La colaboración puede autorizarse a agrupaciones de empresas constituidas a este único efecto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las empresas pueden colaborar en la gestión con su propio personal asumiendo la incapacidad temporal profesional y la asistencia sanitaria, o pagando la incapacidad temporal por cuenta de la entidad; el Ministerio puede hacer obligatoria esta última.

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Artículo 136. Extensión.

1. Estarán obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados a los que se refiere el artículo 7.1.a) de esta ley, salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en el campo de aplicación de algún régimen especial de la Seguridad Social.

2. A los efectos de esta ley se declaran expresamente comprendidos en el apartado anterior:

a) Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, así como en cualquier otro de los sistemas especiales a que se refiere el artículo 11, establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

b) Los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de las sociedades de capital, aun cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.b).

c) Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, los consejeros y administradores de las sociedades de capital, siempre que no posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.b), cuando el desempeño de su cargo conlleve la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su condición de trabajadores por cuenta de la misma.

Estos consejeros y administradores quedarán excluidos de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial.

d) Los socios trabajadores de las sociedades laborales, cuya participación en el capital social se ajuste a lo establecido en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, y aun cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.e).

e) Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, los socios trabajadores de las sociedades laborales que, por su condición de administradores de las mismas, realicen funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su vinculación simultánea a la sociedad laboral mediante una relación laboral de carácter especial de alta dirección, y no posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.e).

Estos socios trabajadores quedarán excluidos de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial, salvo cuando el número de socios de la sociedad laboral no supere los veinticinco.

f) El personal contratado al servicio de notarías, registros de la propiedad y demás oficinas o centros similares.

g) Los trabajadores que realicen las operaciones de manipulación, empaquetado, envasado y comercialización del plátano, tanto si dichas labores se llevan a cabo en el lugar de producción del producto como fuera del mismo, ya provengan de explotaciones propias o de terceros y ya se realicen individualmente o en común mediante cualquier tipo de asociación o agrupación, incluidas las cooperativas en sus distintas clases.

h) Las personas que presten servicios retribuidos en entidades o instituciones de carácter benéfico-social.

i) Los laicos o seglares que presten servicios retribuidos en los establecimientos o dependencias de las entidades o instituciones eclesiásticas. Por acuerdo especial con la jerarquía eclesiástica competente se regulará la situación de los trabajadores laicos y seglares que presten sus servicios retribuidos a organismos o dependencias de la Iglesia y cuya misión primordial consista en ayudar directamente en la práctica del culto.

j) Los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares.

k) El personal civil no funcionario de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas siempre que no estén incluidos en virtud de una ley especial en otro régimen obligatorio de previsión social.

l) El personal funcionario al servicio de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas, incluido su periodo de prácticas, salvo que estén incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado o en otro régimen en virtud de una ley especial.

m) El personal funcionario a que se refiere la disposición adicional tercera, en los términos previstos en ella.

n) Los funcionarios del Estado transferidos a las comunidades autónomas que hayan ingresado o ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas propios de la comunidad autónoma de destino, cualquiera que sea el sistema de acceso.

ñ) Los altos cargos de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas, que no tengan la condición de funcionarios públicos.

o) Los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las Juntas Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares Canarios y Consejos Insulares Baleares que desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva o parcial, a salvo de lo previsto en los artículos 74 y 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

p) Los cargos representativos de las organizaciones sindicales constituidas al amparo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, que ejerzan funciones sindicales de dirección con dedicación exclusiva o parcial y percibiendo una retribución.

q) Cualesquiera otras personas que, por razón de su actividad, sean objeto de la asimilación prevista en el apartado 1 mediante real decreto, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Redactado el apartado 2.o) conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2016. Ref. BOE-A-2016-1320 .

Datos clave

  • Se incluyen obligatoriamente en el Régimen General los trabajadores por cuenta ajena y asimilados del artículo 7.1.a), salvo que deban estar en un régimen especial.
  • Comprende los Sistemas Especiales para Empleados de Hogar y para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios.
  • Consejeros y administradores de sociedades de capital con funciones de dirección y gerencia, sin control de la sociedad, se asimilan y quedan excluidos de desempleo y del Fondo de Garantía Salarial.
  • Los socios administradores de sociedades laborales asimilados quedan excluidos de desempleo y FOGASA salvo que la sociedad no supere los veinticinco socios.
  • Incluye al personal funcionario, incluido su periodo de prácticas, salvo que esté en Clases Pasivas u otro régimen por ley especial.
  • Incluye a altos cargos no funcionarios y a miembros de corporaciones locales con dedicación exclusiva o parcial.
  • Otras asimilaciones se hacen mediante real decreto, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El art. 136 detalla, letra por letra, qué trabajadores y colectivos asimilados quedan expresamente incluidos en el Régimen General: desde los sistemas especiales de hogar y agrario hasta funcionarios, altos cargos, notarías o el sector del plátano.

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Artículo 137. Exclusiones.

No darán lugar a inclusión en este Régimen General los siguientes trabajos:

a) Los que se ejecuten ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad.

b) Los que den lugar a la inclusión en alguno de los regímenes especiales de la Seguridad Social.

c) Los realizados por los profesores universitarios eméritos, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional vigésima segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como por el personal licenciado sanitario emérito nombrado al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Datos clave

  • No dan lugar a inclusión en el Régimen General los servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad ejecutados ocasionalmente.
  • Tampoco los trabajos que den lugar a la inclusión en un régimen especial.
  • Quedan excluidos los trabajos de los profesores universitarios eméritos.
  • También los del personal licenciado sanitario emérito.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

No entran en el Régimen General los trabajos ocasionales amistosos o de buena vecindad, los propios de regímenes especiales y los de profesores universitarios eméritos y personal licenciado sanitario emérito.

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Artículo 138. Inscripción de empresas.

1. Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus actividades, solicitarán su inscripción en el Régimen General de la Seguridad Social, haciendo constar la entidad gestora o, en su caso, la mutua colaboradora con la Seguridad Social por la que hayan optado para proteger las contingencias profesionales, y en su caso, la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del personal a su servicio.

Los empresarios deberán comunicar las variaciones que se produzcan de los datos facilitados al solicitar su inscripción, en especial la referente al cambio de la entidad que deba asumir la cobertura de las contingencias indicadas anteriormente, así como su extinción o el cese temporal o definitivo de su actividad, a efectos de practicar su baja.

2. Las actuaciones en materia de inscripción a que se refiere el apartado anterior se efectuarán ante el correspondiente organismo de la Administración de la Seguridad Social, a nombre de la persona física o jurídica o entidad sin personalidad titular de la empresa. Dicho organismo podrá, también, realizar de oficio tales actuaciones cuando por cualquiera de los procedimientos a que se refiere el artículo 16.4 de esta ley constate el incumplimiento de la obligación de efectuarlas, así como proceder a la revisión de oficio de sus actos dictados en esas materias, en los supuestos a que se refiere el apartado 5 del citado artículo.

3. A los efectos de la presente ley se considerará empresario, aunque su actividad no esté motivada por ánimo de lucro, a toda persona física o jurídica o entidad sin personalidad, pública o privada, por cuya cuenta trabajen las personas incluidas en el artículo 136.

Se modifican los apartados 1 y 2 por la disposición final 4.3 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero. Ref. BOE-A-2023-625#df-4

Datos clave

  • La inscripción en el Régimen General es requisito previo e indispensable para iniciar la actividad.
  • Al inscribirse, el empresario indica la entidad gestora o mutua para contingencias profesionales y, en su caso, incapacidad temporal por contingencias comunes.
  • Debe comunicar las variaciones de datos, su extinción o el cese temporal o definitivo de su actividad.
  • La inscripción se hace a nombre de la persona física o jurídica o entidad sin personalidad titular de la empresa.
  • Es empresario toda persona física o jurídica o entidad sin personalidad, pública o privada, aunque no tenga ánimo de lucro, por cuya cuenta trabajen las personas del artículo 136.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La inscripción en el Régimen General es requisito previo e indispensable para empezar a operar como empresario, y hay que comunicar después cualquier variación, como el cambio de mutua o el cese de la actividad.

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Artículo 139. Afiliación, altas y bajas.

1. Los empresarios estarán obligados a solicitar la afiliación al Sistema de la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio, así como a comunicar dicho ingreso y, en su caso, el cese en la empresa de tales trabajadores para que sean dados, respectivamente, de alta y de baja en el Régimen General.

2. En el caso de que el empresario incumpla las obligaciones que le impone el apartado anterior, el trabajador podrá instar su afiliación, alta o baja, directamente al organismo competente de la Administración de la Seguridad Social. Dicho organismo podrá, también, efectuar tales actos de oficio en los supuestos a que se refiere el artículo 16.4 de esta ley, así como proceder a la revisión de oficio de sus actos dictados en esas materias, en los supuestos a que se refiere el apartado 5 del citado artículo.

3. El reconocimiento del derecho al alta y a la baja en el Régimen General corresponderá al organismo de la Administración de la Seguridad Social que reglamentariamente se establezca.

4. Salvo disposición legal expresa en contrario, la situación de alta del trabajador en este Régimen General condicionará la aplicación al mismo de las normas del presente título.

Se modifica el apartado 2 por la disposición final 4.4 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero. Ref. BOE-A-2023-625#df-4

Datos clave

  • El empresario debe solicitar la afiliación de los trabajadores que ingresen a su servicio.
  • Debe comunicar su ingreso y su cese para el alta y la baja en el Régimen General.
  • Si incumple, el trabajador puede instar directamente su afiliación, alta o baja.
  • Salvo disposición legal en contrario, la situación de alta condiciona la aplicación de las normas del Régimen General.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El empresario debe pedir la afiliación y comunicar altas y bajas; si no lo hace, puede instarlas el trabajador y la Administración puede actuar de oficio. El alta condiciona la aplicación del Régimen General.

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Artículo 140. Procedimiento y plazos.

1. El cumplimiento de las obligaciones que se establecen en los artículos anteriores se ajustará, en cuanto a la forma, plazos y procedimiento, a lo establecido reglamentariamente.

2. La afiliación y altas sucesivas solicitadas fuera de plazo por el empresario o el trabajador no tendrán efecto retroactivo alguno. Cuando tales actos se practiquen de oficio, su eficacia temporal e imputación de responsabilidades resultantes serán las que se determinan en esta ley y sus disposiciones de aplicación y desarrollo.

Datos clave

  • La forma, los plazos y el procedimiento de estas obligaciones se fijan reglamentariamente.
  • La afiliación y las altas sucesivas solicitadas fuera de plazo no tienen efecto retroactivo alguno.
  • Cuando se practican de oficio, su eficacia temporal y las responsabilidades son las que fija la ley y su desarrollo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Forma, plazos y procedimiento de afiliación y altas son reglamentarios; las solicitadas fuera de plazo por empresario o trabajador no tienen efecto retroactivo alguno.

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Artículo 141. Sujetos obligados.

1. Estarán sujetos a la obligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad Social los trabajadores y asimilados comprendidos en su campo de aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabajen.

2. La cotización comprenderá dos aportaciones:

a) De los empresarios, y

b) de los trabajadores.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales la cotización completa correrá a cargo exclusivamente de los empresarios.

Datos clave

  • Están obligados a cotizar al Régimen General los trabajadores y asimilados y los empresarios por cuya cuenta trabajen.
  • La cotización comprende dos aportaciones: la de los empresarios y la de los trabajadores.
  • Por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales la cotización completa corre a cargo exclusivamente de los empresarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cotizan al Régimen General trabajadores y empresarios, con dos aportaciones; pero la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales la paga entera el empresario.

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Artículo 142. Sujeto responsable.

1. El empresario es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar e ingresará las aportaciones propias y las de sus trabajadores, en su totalidad.

Responderán, asimismo, solidaria, subsidiariamente o mortis causa las personas o entidades sin personalidad a que se refieren los artículos 18 y 168.1 y 2.

La responsabilidad solidaria por sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio que se establece en el citado artículo 168 se extiende a la totalidad de las deudas generadas con anterioridad al hecho de la sucesión. Se entenderá que existe dicha sucesión aun cuando sea una sociedad laboral la que continúe la explotación, industria o negocio, esté o no constituida por trabajadores que prestaran servicios por cuenta del empresario anterior.

En caso de que el empresario sea una sociedad o entidad disuelta y liquidada, sus obligaciones de cotización a la Seguridad Social pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado.

2. El empresario descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no efectuase el descuento en dicho momento no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo.

En los justificantes de pago de dichas retribuciones, el empresario deberá informar a los trabajadores de la cuantía total de la cotización a la Seguridad Social indicando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141.2, la parte de la cotización que corresponde a la aportación del empresario y la parte correspondiente al trabajador, en los términos que reglamentariamente se determinen.

3. El empresario que habiendo efectuado tal descuento no ingrese dentro de plazo la parte de cuota correspondiente a sus trabajadores, incurrirá en responsabilidad ante ellos y ante los organismos de la Administración de la Seguridad Social afectados, sin perjuicio de las responsabilidades penal y administrativa que procedan.

Datos clave

  • El empresario es el sujeto responsable e ingresa la totalidad de las aportaciones propias y de sus trabajadores.
  • La responsabilidad solidaria por sucesión se extiende a la totalidad de las deudas anteriores a la sucesión.
  • En sociedades disueltas y liquidadas responden los socios solidariamente hasta el límite de su cuota de liquidación.
  • El descuento de la aportación del trabajador se hace al pagar la retribución; si no se hace entonces, no puede hacerse después.
  • El empresario que descuenta y no ingresa en plazo incurre en responsabilidad ante los trabajadores y la Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El empresario ingresa toda la cuota y debe descontar la parte del trabajador en el momento de pagarle, informándole del desglose; si la sociedad se disuelve, sus socios responden de las deudas pendientes hasta su cuota de liquidación.

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Artículo 144. Duración de la obligación de cotizar.

El artículo 144 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social regula la duración de la obligación de cotizar en el Régimen General: cuándo nace, cuándo se mantiene, cuándo se suspende y cuándo se extingue.

1. Nacimiento. La obligación de cotizar nacerá con el inicio de la prestación del trabajo, incluido el período de prueba. La mera solicitud de la afiliación o alta del trabajador al organismo competente de la Administración de la Seguridad Social surtirá en todo caso idéntico efecto.

2. Mantenimiento. La obligación se mantiene por todo el período en que el trabajador esté en alta en el Régimen General o preste sus servicios, aunque estos revistan carácter discontinuo. Subsiste también respecto de los trabajadores que estén cumpliendo deberes de carácter público o desempeñando cargos de representación sindical, siempre que ello no dé lugar a la excedencia en el trabajo.

3. Extinción. Solo se extingue con la solicitud en regla de la baja en el Régimen General al organismo competente. Sin embargo, esa comunicación no extinguirá la obligación de cotizar si continuase la prestación de trabajo.

4. Situaciones en que continúa. La obligación de cotizar continúa en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, incluidas las situaciones especiales de incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria, interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, gestación desde el día primero de la semana trigésima novena y aquella en la que se encuentren las personas donantes de órganos o tejidos para su trasplante; en la de nacimiento y cuidado de menor; en la de riesgo durante el embarazo y en la de riesgo durante la lactancia natural; así como en las demás situaciones del artículo 166 en que así se establezca reglamentariamente.

Las empresas tienen derecho a una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales por contingencias comunes durante la incapacidad temporal de los trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años. A estas reducciones no les resulta de aplicación el artículo 20.1.

5. Suspensión. La obligación de cotizar se suspenderá durante las situaciones de huelga y cierre patronal.

6. Contingencias profesionales sin protección establecida. La obligación de cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales existirá aunque la empresa, con infracción de la ley, no tuviera establecida la protección de su personal, o de parte de él, respecto a dichas contingencias. En tal caso, las primas debidas se devengarán a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Datos clave

  • La obligación de cotizar nace con el inicio de la prestación del trabajo, incluido el período de prueba.
  • La mera solicitud de afiliación o alta produce idéntico efecto.
  • Solo se extingue con la solicitud en regla de la baja, y no se extingue si continúa la prestación de trabajo.
  • Continúa durante la incapacidad temporal, el nacimiento y cuidado de menor y el riesgo durante el embarazo y la lactancia natural.
  • Incluye la gestación desde el día primero de la semana trigésima novena y a las personas donantes de órganos o tejidos.
  • Reducción del 75 % de las cuotas empresariales por contingencias comunes en la incapacidad temporal de trabajadores de 62 años o más.
  • Se suspende durante la huelga y el cierre patronal.
  • Sin protección establecida, las primas de contingencias profesionales se devengan a favor de la Tesorería General.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ciclo de la obligación de cotizar: nace al empezar el trabajo (con el período de prueba) o al pedir el alta, se mantiene durante el alta y la IT, se suspende en huelga y cierre patronal y solo se extingue con la baja en regla.

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Artículo 145. Tipo de cotización.

1. El tipo de cotización tendrá carácter único para todo el ámbito de protección de este Régimen General. Su establecimiento y su distribución, para determinar las aportaciones respectivas del empresario y trabajador obligados a cotizar, se efectuarán en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. El tipo de cotización se reducirá en el porcentaje o porcentajes correspondientes a aquellas situaciones y contingencias que no queden comprendidas en la acción protectora que se determine de acuerdo con lo previsto en el artículo 155.2, para quienes sean asimilados a trabajadores por cuenta ajena, así como para otros supuestos establecidos legal o reglamentariamente.

Datos clave

  • El tipo de cotización es único para todo el ámbito de protección del Régimen General.
  • Su establecimiento y distribución entre empresario y trabajador se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  • Se reduce por las contingencias no comprendidas en la acción protectora de los asimilados, según el artículo 155.2.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El tipo de cotización del Régimen General es único y lo fija y distribuye cada año la Ley de Presupuestos; se reduce para asimilados con protección parcial y otros supuestos.

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Artículo 146. Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se realizará mediante la aplicación de los tipos de cotización establecidos para cada actividad económica, ocupación, o situación en la tarifa de primas establecida legalmente. Para el cálculo de dichos tipos de cotización se computará el coste de las prestaciones y las exigencias de los servicios preventivos y rehabilitadores.

2. De igual forma se podrán establecer, para las empresas que ofrezcan riesgos de enfermedades profesionales, tipos adicionales a la cotización de accidentes de trabajo, en relación a la peligrosidad de la industria o clase de trabajo y a la eficacia de los medios de prevención empleados.

3. La cuantía de los tipos de cotización a que se refieren los apartados anteriores podrá reducirse en el supuesto de empresas que se distingan por el empleo de medios eficaces de prevención. Asimismo, dicha cuantía podrá aumentarse en el caso de empresas que incumplan sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. La reducción y el aumento previstos en este apartado no podrán exceder del 10 por ciento de los tipos de cotización, si bien el aumento podrá llegar hasta un 20 por ciento en caso de reiterado incumplimiento de las aludidas obligaciones.

4. Los empresarios que ocupen a trabajadores, a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, deberán cotizar por el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.

Lo previsto en este apartado no será de aplicación a los empresarios que ocupen a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de discapacidad. Tampoco resultará de aplicación a los trabajadores embarcados en barcos de pesca hasta 10 Toneladas de Registro Bruto incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Se añade el apartado 4 por la disposición final 2.3 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17992#df-2

Datos clave

  • Las contingencias profesionales se cotizan según la tarifa de primas por actividad económica, ocupación o situación.
  • Pueden fijarse tipos adicionales para empresas con riesgo de enfermedades profesionales.
  • La reducción o el aumento de los tipos no puede exceder del 10 %.
  • El aumento puede llegar al 20 % por reiterado incumplimiento en seguridad y salud.
  • Con trabajadores con coeficiente reductor de la edad de jubilación se cotiza por el tipo más alto, salvo cotización adicional por ese concepto.
  • No se aplica a trabajadores del Real Decreto 1539/2003 ni a embarcados en barcos de pesca de hasta 10 toneladas de registro bruto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no usa el tipo único general, sino una tarifa de primas por actividad que puede subir o bajar según la prevención de la empresa.

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Artículo 147. Base de cotización.

1. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena.

Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los doce meses del año.

Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato. La liquidación y cotización complementaria comprenderán los días de duración de las vacaciones, aun cuando alcancen también el siguiente mes natural o se inicie una nueva relación laboral durante los mismos, sin prorrateo alguno y con aplicación, en su caso, del tope máximo de cotización correspondiente al mes o meses que resulten afectados.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, serán aplicables las normas generales de cotización en los términos que reglamentariamente se determinen cuando, mediante ley o en ejecución de la misma, se establezca que la remuneración del trabajador debe incluir, conjuntamente con el salario, la parte proporcional correspondiente a las vacaciones devengadas.

2. Únicamente no se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos:

a) Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, cuando utilice medios de transporte público, siempre que el importe de dichos gastos se justifique mediante factura o documento equivalente.

b) Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, no comprendidos en el apartado anterior, así como para gastos normales de manutención y estancia generados en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia, en la cuantía y con el alcance previstos en la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas.

c) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones y despidos.

Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados y suspensiones estarán exentas de cotización hasta la cuantía máxima prevista en norma sectorial o convenio colectivo aplicable.

Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador estarán exentas en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.

Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, estarán exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que este hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los supuestos de despido o cese como consecuencia de despidos colectivos, tramitados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o producidos por las causas previstas en el artículo 52.c) del citado texto refundido, siempre que en ambos casos se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.

d) Las prestaciones de la Seguridad Social, las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas y las asignaciones destinadas por estas para satisfacer gastos de estudios dirigidos a la actualización, capacitación o reciclaje del personal a su servicio, cuando tales estudios vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.

e) Las horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

3. Los empresarios deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social en cada período de liquidación el importe de todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores, con independencia de su inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social y aunque resulten de aplicación bases únicas.

Las contribuciones empresariales satisfechas a los planes de pensiones, en su modalidad de sistema de empleo, en el marco del texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y a instrumentos de modalidad de empleo propios establecidos por la legislación de las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en materia de mutualidades no integradas en la Seguridad Social se deberán comunicar, respecto de cada trabajador, código de cuenta de cotización y período de liquidación a la Tesorería General de la Seguridad Social antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2.e), el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá establecer el cómputo de las horas extraordinarias, ya sea con carácter general, ya sea por sectores laborales en los que la prolongación de la jornada sea característica de su actividad.

Datos clave

  • La base de cotización es la remuneración total, en metálico o en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador, o la que perciba si es superior.
  • Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratean en doce meses.
  • Las vacaciones no disfrutadas y retribuidas al finalizar la relación se cotizan en liquidación complementaria, sin prorrateo.
  • No computan: gastos de locomoción, manutención y estancia en los términos legales, indemnizaciones por fallecimiento, traslados, suspensiones y despidos en la cuantía exenta, y prestaciones de la Seguridad Social.
  • Las horas extraordinarias no computan, salvo para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
  • El empresario comunica en cada período de liquidación todos los conceptos retributivos abonados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La base de cotización es la remuneración mensual total del trabajador, en dinero o en especie, salvo un listado cerrado de conceptos que la ley excluye del cómputo.

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Artículo 148. Topes máximo y mínimo de la base de cotización.

1. El tope máximo de la base de cotización, único para todas las actividades, categorías profesionales y contingencias incluidas en este Régimen, será el establecido, para cada año, en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. El tope máximo de la base de cotización así establecido será aplicable igualmente en los casos de pluriempleo. A los efectos de esta ley se entenderá por pluriempleo la situación de quien trabaje en dos o más empresas distintas, en actividades que den lugar a su inclusión en el campo de aplicación de este Régimen General.

3. La base de cotización tendrá como tope mínimo la cuantía establecida en el artículo 19.2.

4. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social adecuará, en función de los días y horas trabajados, los topes mínimos y las bases mínimas fijados para cada grupo de categorías profesionales, en relación con los supuestos en que, por disposición legal, se establezca expresamente la cotización por días o por horas.

Datos clave

  • El tope máximo es único para todas las actividades, categorías y contingencias y lo fija cada año la Ley de Presupuestos.
  • El tope máximo se aplica también en los casos de pluriempleo.
  • Pluriempleo: trabajo en dos o más empresas distintas con inclusión en el Régimen General.
  • El tope mínimo es la cuantía del artículo 19.2.
  • El Ministerio adecúa topes y bases mínimas cuando se cotiza por días o por horas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El tope máximo de la base de cotización es único y lo fija cada año la Ley de Presupuestos, también en pluriempleo; el mínimo es el del artículo 19.2 y el Ministerio lo adapta a días u horas.

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