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Tema 71: El Medio Ambiente: competencias de la Comunidad Autónoma. Los instrumentos de prevención y control ambiental: análisis. La calidad ambiental. Los gases de efecto invernadero. Régimen jurídico.

Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El artículo 1 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, define su objeto y su ámbito de aplicación.

La ley tiene por objeto la regulación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de las emisiones de estos gases de una forma eficaz en relación con los costes y de manera económicamente eficiente.

La ley es de aplicación a las emisiones de los gases incluidos en el anexo I generadas por las actividades a las que se refiere dicho anexo.

Datos clave

  • Regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
  • Fin: intensificar las reducciones de las emisiones de estos gases.
  • De forma eficaz en relación con los costes y de manera económicamente eficiente.
  • Se aplica a las emisiones de los gases del anexo I generadas por las actividades de dicho anexo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para reducir esas emisiones de forma eficaz en costes y económicamente eficiente. Se aplica a los gases y actividades del anexo I.

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Artículo 4. Instalaciones sometidas a autorización de emisión.

El artículo 4 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, regula la autorización de emisión.

1. Toda instalación en la que se desarrolle alguna de las actividades y que genere las emisiones especificadas en el anexo I deberá contar con autorización de emisión de gases de efecto invernadero expedida en favor de su titular, salvo si la instalación está excluida del régimen comunitario con arreglo a la disposición adicional cuarta.

2. La autorización será otorgada por el órgano autonómico competente y tendrá el contenido siguiente: a) nombre y dirección del titular; b) identificación, domicilio de la instalación y domicilio a efectos de notificaciones; c) descripción básica de las actividades y emisiones; d) un plan de seguimiento de las emisiones conforme a la normativa de la Unión Europea y de desarrollo; e) las obligaciones de suministro de información; e bis) las obligaciones sobre el uso de sistemas automatizados y formatos de intercambio de datos para la comunicación sobre el plan de seguimiento, el informe anual de emisiones y la verificación entre titular, verificador y autoridades; f) la obligación de entregar, en los cuatro meses siguientes al final de cada año natural, derechos de emisión en cantidad equivalente a las emisiones totales verificadas de la instalación durante el año anterior; g) fecha prevista de entrada en funcionamiento; h) la obligación de abrir una cuenta de haberes de titular en el área española del Registro de la Unión Europea.

3. Si lo solicita su titular, la autorización podrá cubrir una o más instalaciones, siempre que se ubiquen en un mismo emplazamiento, guarden una relación de índole técnica y cuenten con un mismo titular.

4. Se otorgará siempre que el órgano autonómico competente considere acreditado que el titular es capaz de garantizar el seguimiento y notificación de las emisiones conforme a los párrafos d), e) y e bis) del artículo 4.2. Transcurrido el plazo de tres meses sin notificarse resolución expresa, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. No obstante, la instalación podrá seguir funcionando de manera provisional, siempre que haya establecido un sistema de seguimiento de emisiones conforme a la ley, hasta que el órgano competente resuelva de forma expresa.

5. Los titulares deben mantener actualizados los planes de seguimiento y notificar sin demora injustificada al órgano autonómico competente cualquier propuesta de modificación; este podrá permitir actualizarlos sin modificar la autorización. Si la modificación no es significativa con arreglo a la normativa de la Unión Europea, el titular podrá presentarla a más tardar el 31 de diciembre del mismo año en que tenga lugar. La modificación significativa se somete a la aprobación del órgano autonómico competente, que informará al titular si considera que una modificación notificada como significativa no tiene tal consideración.

Datos clave

  • Instalaciones con actividades y emisiones del anexo I: autorización de emisión expedida en favor de su titular.
  • Salvo exclusión del régimen comunitario con arreglo a la disposición adicional cuarta.
  • La otorga el órgano autonómico competente.
  • Entrega de derechos en los cuatro meses siguientes al final de cada año natural, equivalentes a las emisiones verificadas del año anterior.
  • Puede cubrir varias instalaciones: mismo emplazamiento, relación técnica y mismo titular.
  • Plazo de tres meses; silencio desestimatorio, con posible funcionamiento provisional.
  • Modificación no significativa del plan de seguimiento: a más tardar el 31 de diciembre del mismo año.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Toda instalación del anexo I necesita autorización de emisión, que otorga el órgano autonómico competente. Hay que saber su contenido, la entrega de derechos en cuatro meses, el silencio desestimatorio a los tres meses y cómo se modifica el plan de seguimiento.

Esquema

Modificación del plan de seguimiento
No significativaSignificativa
TrámitePuede presentarse a más tardar el 31 de diciembre del mismo añoSe somete a aprobación del órgano autonómico competente

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Anexo II. Gases de efecto invernadero

El anexo II de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, relaciona los gases de efecto invernadero. Son seis:

  • Dióxido de carbono (CO2).
  • Metano (CH4).
  • Óxido nitroso (N2O).
  • Hidrofluorocarburos (HFC).
  • Perfluorocarburos (PFC).
  • Hexafluoruro de azufre (SF6).

Datos clave

  • El anexo II enumera seis gases de efecto invernadero.
  • Dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4).
  • Óxido nitroso (N2O).
  • Hidrofluorocarburos (HFC) y perfluorocarburos (PFC).
  • Hexafluoruro de azufre (SF6).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El anexo II enumera los seis gases de efecto invernadero de la ley: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluoruro de azufre, con sus fórmulas o siglas.

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Artículo 28. Medio ambiente.

1. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes.

2. Se garantiza este derecho mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales.

3. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información medioambiental de que disponen los poderes públicos, en los términos que establezcan las leyes.

Datos clave

  • Derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable.
  • Incluye disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad.
  • Deber de uso responsable para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras.
  • Se garantiza protegiendo la diversidad biológica, los procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales.
  • Derecho a acceder a la información medioambiental de que disponen los poderes públicos, en los términos que establezcan las leyes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Derecho de todas las personas a un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, con el deber de uso responsable, y derecho de acceso a la información medioambiental de los poderes públicos.

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Artículo 57. Medio ambiente, espacios protegidos y sostenibilidad.

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, en materia de:

a) Montes, explotaciones, aprovechamientos y servicios forestales.

b) Vías pecuarias.

c) Marismas y lagunas, y ecosistemas acuáticos.

d) Pastos y tratamiento especial de zonas de montaña.

e) Delimitación, regulación, ordenación y gestión integral de los espacios naturales protegidos, incluyendo los que afecten a las aguas marítimas de su jurisdicción, corredores biológicos, y hábitats en el territorio de Andalucía, así como la declaración de cualquier figura de protección y establecimiento de normas adicionales de protección ambiental.

f) Fauna y flora silvestres.

g) Prevención ambiental.

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de caza y pesca fluvial y lacustre que incluye en todo caso la planificación y la regulación de estas materias; y la regulación del régimen de intervención administrativa de la caza y la pesca, de la vigilancia y de los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas.

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en relación con el establecimiento y la regulación de los instrumentos de planificación ambiental y del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos; el establecimiento y regulación de medidas de sostenibilidad e investigación ambientales; la regulación de los recursos naturales; la regulación sobre prevención en la producción de envases y embalajes; la regulación del ambiente atmosférico y de las distintas clases de contaminación del mismo; la regulación y la gestión de los vertidos efectuados en las aguas interiores de la Comunidad Autónoma, así como de los efectuados a las aguas superficiales y subterráneas que no transcurren por otra Comunidad Autónoma; la regulación de la prevención, el control, la corrección, la recuperación y la compensación de la contaminación del suelo y del subsuelo; la regulación sobre prevención y corrección de la generación de residuos con origen o destino en Andalucía; la regulación del régimen de autorizaciones y seguimiento de emisión de gases de efecto invernadero; el establecimiento y la regulación de medidas de fiscalidad ecológica; y la prevención, restauración y reparación de daños al medio ambiente, así como el correspondiente régimen sancionador. Asimismo, tiene competencias para el establecimiento de normas adicionales de protección.

4. La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado emite informe preceptivo sobre la declaración y delimitación de espacios naturales dotados de un régimen de protección estatal. Si el espacio está situado íntegramente en el territorio de Andalucía, la gestión corresponde a la Comunidad Autónoma.

5. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía el establecimiento de un servicio meteorológico propio, el suministro de información meteorológica y climática, incluyendo el pronóstico, el control y el seguimiento de las situaciones meteorológicas de riesgo, así como la investigación en estos ámbitos y la elaboración de la cartografía climática.

Datos clave

  • Competencia exclusiva, sin perjuicio del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, sobre montes, vías pecuarias, marismas y lagunas, espacios naturales protegidos, fauna y flora silvestres y prevención ambiental.
  • Competencia exclusiva en caza y pesca fluvial y lacustre.
  • Competencia compartida sobre planificación ambiental, contaminación atmosférica, vertidos, residuos, gases de efecto invernadero y fiscalidad ecológica.
  • La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado emite informe preceptivo sobre espacios naturales con régimen de protección estatal.
  • Si el espacio está íntegramente en Andalucía, su gestión corresponde a la Comunidad Autónoma.
  • La Comunidad Autónoma puede establecer un servicio meteorológico propio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Medio ambiente: exclusiva en montes, vías pecuarias, espacios naturales, fauna y flora, caza y pesca fluvial; compartida en planificación ambiental, contaminación, vertidos y residuos; y servicio meteorológico propio.

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Artículo 195. Conservación de la biodiversidad.

Los poderes públicos orientarán sus políticas a la protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad, así como de la riqueza y variedad paisajística de Andalucía, para el disfrute de todos los andaluces y andaluzas y su legado a las generaciones venideras.

Datos clave

  • Destinatarios del mandato: los poderes públicos.
  • Orientan sus políticas a la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.
  • También a la conservación de la riqueza y variedad paisajística de Andalucía.
  • Finalidad: el disfrute de todos los andaluces y andaluzas y su legado a las generaciones venideras.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los poderes públicos orientarán sus políticas a proteger el medio ambiente, la biodiversidad y la riqueza paisajística de Andalucía, para el disfrute de todos y su legado a las generaciones venideras.

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Artículo 196. Uso sostenible de los recursos naturales.

Los poderes públicos promoverán el desarrollo sostenible, el uso racional de los recursos naturales garantizando su capacidad de renovación, y la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. Asimismo la Comunidad Autónoma promocionará la educación ambiental en el conjunto de la población.

Datos clave

  • Los poderes públicos promoverán el desarrollo sostenible.
  • Uso racional de los recursos naturales garantizando su capacidad de renovación.
  • Reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.
  • La Comunidad Autónoma promocionará la educación ambiental en el conjunto de la población.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los poderes públicos promoverán el desarrollo sostenible, el uso racional de los recursos garantizando su renovación y la reducción de emisiones, y la Comunidad promocionará la educación ambiental.

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Artículo 197. Producción y desarrollo sostenible.

1. En el marco de sus competencias, los poderes públicos de Andalucía orientarán sus políticas especialmente al desarrollo de la agricultura ecológica, el turismo sostenible, la protección del litoral y la red de espacios naturales protegidos, así como al fomento de una tecnología eficiente y limpia. Todos los sectores económicos vinculados al desarrollo sostenible cumplen un papel relevante en la defensa del medio ambiente.

2. Los poderes públicos de Andalucía impulsarán las políticas y dispondrán los instrumentos adecuados para hacer compatible la actividad económica con la óptima calidad ambiental, velando porque los sectores productivos protejan de forma efectiva el medio ambiente.

3. Los poderes públicos de Andalucía protegerán el ciclo integral del agua, y promoverán su uso sostenible, eficiente y responsable de acuerdo con el interés general.

Datos clave

  • Políticas orientadas especialmente a la agricultura ecológica, el turismo sostenible, la protección del litoral y la red de espacios naturales protegidos.
  • Fomento de una tecnología eficiente y limpia.
  • Los sectores económicos vinculados al desarrollo sostenible cumplen un papel relevante en la defensa del medio ambiente.
  • Compatibilizar la actividad económica con la óptima calidad ambiental.
  • Protección del ciclo integral del agua y promoción de su uso sostenible, eficiente y responsable de acuerdo con el interés general.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las políticas andaluzas se orientan especialmente a la agricultura ecológica, el turismo sostenible, el litoral, los espacios protegidos y la tecnología limpia; deben compatibilizar economía y calidad ambiental y proteger el ciclo integral del agua.

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Artículo 198. Residuos.

Corresponde a la Junta de Andalucía la planificación, supervisión y control de la gestión de los residuos urbanos e industriales. Se adoptarán los medios necesarios tanto para asegurar el cumplimiento de las normas como de las medidas para la reducción, reciclaje y reutilización de los residuos.

Datos clave

  • Corresponde a la Junta de Andalucía la planificación, supervisión y control de la gestión de residuos.
  • Abarca los residuos urbanos e industriales.
  • Se adoptarán los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de las normas.
  • Medidas para la reducción, reciclaje y reutilización de los residuos.

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La Junta planifica, supervisa y controla la gestión de los residuos urbanos e industriales y adopta medios para cumplir las normas y para reducir, reciclar y reutilizar.

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Artículo 201. Protección ante la contaminación.

1. Los poderes públicos de Andalucía promoverán políticas que mejoren la calidad de vida de la población mediante la reducción de las distintas formas de contaminación y la fijación de estándares y niveles de protección.

2. Dichas políticas se dirigirán, especialmente en el medio urbano, a la protección frente a la contaminación acústica, así como al control de la calidad del agua, del aire y del suelo.

Datos clave

  • Objetivo: mejorar la calidad de vida de la población.
  • Medios: reducción de las distintas formas de contaminación y fijación de estándares y niveles de protección.
  • Especialmente en el medio urbano: protección frente a la contaminación acústica.
  • Control de la calidad del agua, del aire y del suelo.

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Los poderes públicos reducirán la contaminación y fijarán estándares de protección, con especial atención urbana al ruido y al control de la calidad del agua, el aire y el suelo.

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Artículo 204. Utilización racional de los recursos energéticos.

Los poderes públicos de Andalucía pondrán en marcha estrategias dirigidas a evitar el cambio climático. Para ello potenciarán las energías renovables y limpias, y llevarán a cabo políticas que favorezcan la utilización sostenible de los recursos energéticos, la suficiencia energética y el ahorro.

Datos clave

  • Estrategias dirigidas a evitar el cambio climático.
  • Se potenciarán las energías renovables y limpias.
  • Políticas que favorezcan la utilización sostenible de los recursos energéticos.
  • Objetivos añadidos: la suficiencia energética y el ahorro.

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Los poderes públicos andaluces deben poner en marcha estrategias contra el cambio climático, potenciando las renovables y el uso sostenible, la suficiencia y el ahorro energéticos.

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Artículo 1. Objeto.

El artículo 1 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, fija el objeto de la ley.

La ley tiene por objeto establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y, cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza.

Datos clave

  • Establece las bases en materia de contaminación atmosférica.
  • Tres ejes: prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica.
  • Fin: evitar y, cuando no sea posible, aminorar los daños.
  • Protege a las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley fija las bases para prevenir, vigilar y reducir la contaminación atmosférica, con el fin de evitar sus daños o, si no es posible, aminorarlos, para personas, medio ambiente y demás bienes.

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Artículo 5. Competencias de las Administraciones públicas.

El artículo 5 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, distribuye las competencias entre las Administraciones públicas.

1. Administración General del Estado. Le corresponde:

a) Actualizar, con la participación de las comunidades autónomas, la relación de contaminantes y el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

b) Definir y establecer, con la participación de las comunidades autónomas, los objetivos de calidad del aire, los umbrales de alerta y de información y los valores límite de emisión, sin perjuicio de los valores límite que puedan establecer las comunidades autónomas en aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

c) Definir, con la participación de las comunidades autónomas, los requisitos mínimos de las estaciones, redes, métodos y otros sistemas de evaluación de la calidad del aire.

d) Definir con la participación de las comunidades autónomas las metodologías para estimar las fuentes naturales y su incidencia en los valores registrados de ciertos contaminantes.

e) Elaborar, con la participación de las comunidades autónomas, y aprobar los planes y programas de ámbito estatal necesarios para cumplir la normativa comunitaria y los compromisos sobre contaminación atmosférica transfronteriza.

f) Elaborar y actualizar periódicamente los inventarios españoles de emisiones y evaluar y recopilar la información técnica sobre la contaminación de fondo; la información se integra en el sistema español de información, vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica y se facilita periódicamente a las comunidades autónomas.

g) Coordinar el sistema español de información, vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica.

h) Coordinar la adopción de medidas ante situaciones adversas relacionadas con la protección de la atmósfera o la calidad del aire cuya dimensión exceda el territorio de una comunidad autónoma.

2. Comunidades autónomas. Evaluarán la calidad del aire, podrán establecer objetivos de calidad del aire y valores límite de emisión más estrictos que los del Estado, adoptarán planes y programas para la mejora de la calidad del aire, adoptarán las medidas de control e inspección necesarias y ejercerán la potestad sancionadora. Establecerán criterios comunes que definan los procedimientos de actuación de los organismos de control autorizados (OCAs) y sus relaciones con las administraciones competentes.

3. Entidades locales. Ejercen las competencias en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera que tengan atribuidas por su legislación específica y por la legislación básica estatal y autonómica, y deben adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a la ley y sus normas de desarrollo.

4. Cada administración elaborará un sistema de control y garantía de calidad que asegure la exhaustividad, la coherencia, transparencia, comparabilidad y confianza en todo el proceso, desde las mediciones o estimaciones de contaminantes hasta la elaboración de los informes.

Datos clave

  • Estado, con participación autonómica: catálogo de actividades potencialmente contaminadoras, objetivos de calidad, umbrales de alerta e información y valores límite de emisión.
  • Estado: inventarios españoles de emisiones y coordinación del sistema español de información, vigilancia y prevención.
  • Estado: coordinación ante situaciones que excedan el territorio de una comunidad autónoma.
  • Comunidades autónomas: evalúan la calidad del aire y pueden fijar objetivos y valores límite más estrictos.
  • Comunidades autónomas: planes de mejora, control e inspección, potestad sancionadora y criterios para los OCAs.
  • Entidades locales: adaptan ordenanzas y planeamiento urbanístico.
  • Todas: sistema de control y garantía de calidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estado fija catálogos, objetivos y valores límite con participación autonómica y coordina el sistema estatal; las comunidades autónomas evalúan, planifican, inspeccionan y sancionan; los entes locales adaptan ordenanzas y planeamiento.

Esquema

Reparto de competencias en calidad del aire
EstadoComunidades autónomasEntidades locales
NormasObjetivos, umbrales y valores límite con participación autonómicaPueden fijar objetivos y valores más estrictosAdaptan ordenanzas y planeamiento
GestiónInventarios y coordinación del sistema españolEvaluación, planes, control e inspecciónCompetencias de su legislación
SanciónNo se le atribuyePotestad sancionadoraNo se le atribuye

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Artículo 1. Objeto de la ley.

El artículo 1 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, establece la finalidad y el objeto de la ley.

La ley tiene como finalidad la lucha frente al cambio climático y hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. A tal efecto, su objeto es:

a) Establecer los objetivos y medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la capacidad de los sumideros de CO2, teniendo en cuenta los objetivos de la Unión Europea y del Gobierno de España, para una transformación ordenada hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima.

b) Reducir el riesgo de los impactos del cambio climático, minimizando sus efectos.

c) Definir, en el ámbito de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía, el marco normativo para incorporar la lucha contra el cambio climático en las principales políticas públicas afectadas.

d) Impulsar la transición energética justa hacia un modelo en el que el consumo de combustibles fósiles tienda a ser nulo, basada en un sistema energético andaluz descentralizado, democrático y sostenible cuya energía provenga de fuentes renovables y preferentemente de proximidad.

e) Reducir la vulnerabilidad de la sociedad andaluza ante los impactos adversos del cambio climático y crear instrumentos que refuercen las capacidades públicas de respuesta.

f) La adaptación de los sectores productivos e incorporar el análisis de la resiliencia en la planificación del territorio, los sectores y actividades, las infraestructuras y las edificaciones.

g) Fomentar la educación, investigación, el desarrollo y la innovación en adaptación y mitigación.

h) Promover la participación ciudadana y la información pública en la elaboración y evaluación de las políticas de la ley.

i) Fijar los objetivos de reducción de emisiones difusas en Andalucía.

j) El fomento y la difusión del mejor conocimiento técnico-científico en materia climática y la incorporación de las externalidades en los análisis coste-beneficio.

Datos clave

  • Finalidad: lucha frente al cambio climático y hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.
  • Reducir emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la capacidad de los sumideros de CO2.
  • Transformación hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima.
  • Transición energética justa: consumo de combustibles fósiles que tienda a ser nulo.
  • Sistema energético descentralizado, democrático y sostenible, con renovables preferentemente de proximidad.
  • Fijar los objetivos de reducción de emisiones difusas en Andalucía.
  • Enumera diez objetos, de la letra a) a la j).

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La ley persigue luchar contra el cambio climático y avanzar hacia un nuevo modelo energético en Andalucía; para ello fija diez objetos, de la reducción de emisiones a la difusión del conocimiento climático.

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Artículo 4. Principios rectores.

El artículo 4 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, recoge los principios rectores de las actuaciones derivadas de la ley en la lucha contra el cambio climático:

a) Precaución ante los riesgos potenciales no conocidos.

b) Prevención de los riesgos conocidos.

c) Mejora continua, de acuerdo con el mejor conocimiento científico disponible.

d) Desarrollo sostenible, basado en la protección del medioambiente, el desarrollo social y el económico.

e) Protección de la competitividad de la economía andaluza.

f) Coordinación y cooperación administrativa.

g) Responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de la sociedad en general.

h) Participación pública e información ciudadana.

Datos clave

  • Son ocho principios rectores.
  • Precaución: riesgos potenciales no conocidos.
  • Prevención: riesgos conocidos.
  • Mejora continua según el mejor conocimiento científico disponible.
  • Desarrollo sostenible: protección del medioambiente, desarrollo social y económico.
  • Responsabilidad compartida de Administraciones públicas, empresas y sociedad en general.
  • También: competitividad de la economía andaluza, coordinación y cooperación, y participación pública e información ciudadana.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ocho principios rectores guían las actuaciones climáticas de la ley; los que más se confunden son precaución (riesgos no conocidos) y prevención (riesgos conocidos).

Esquema

Precaución frente a prevención
PrecauciónPrevención
Tipo de riesgoRiesgos potenciales no conocidosRiesgos conocidos

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Artículo 8. Objeto y naturaleza jurídica del Plan Andaluz de Acción por el Clima.

El artículo 8 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, define el objeto y la naturaleza jurídica del Plan Andaluz de Acción por el Clima.

1. El Plan Andaluz de Acción por el Clima constituye el instrumento general de planificación de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la lucha contra el cambio climático. Sus determinaciones obligan a las distintas Administraciones públicas que ejerzan sus funciones en el territorio andaluz y a las personas físicas o jurídicas titulares de actividades incluidas en el ámbito de la ley.

2. El Plan tendrá la consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio, a los efectos previstos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Datos clave

  • Es el instrumento general de planificación de Andalucía para la lucha contra el cambio climático.
  • Obliga a las Administraciones públicas que ejerzan funciones en el territorio andaluz.
  • Obliga también a las personas físicas o jurídicas titulares de actividades del ámbito de la ley.
  • Tiene la consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio.
  • A los efectos de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Plan Andaluz de Acción por el Clima es el instrumento general de planificación climática de Andalucía, obliga a Administraciones y titulares de actividades y tiene incidencia en la ordenación del territorio.

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Artículo 10. Del Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética.

El artículo 10 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, regula el Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética.

1. Objeto. Establecer las estrategias y acciones necesarias para alcanzar los objetivos globales de reducción de emisiones de la ley, así como la coordinación, seguimiento e impulso de las políticas, planes y actuaciones que contribuyan a dicha reducción y a la transición hacia un nuevo modelo energético.

2. Áreas estratégicas para la mitigación de emisiones: a) industria; b) agricultura, ganadería, acuicultura y pesca; c) edificación y vivienda; d) energía; e) residuos; f) transporte y movilidad; g) usos de la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura; h) turismo; i) comercio; j) Administraciones públicas.

3. Contenido mínimo. El Programa incluirá al menos: a) la estrategia de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y de transición energética de Andalucía; b) el análisis económico, social y ambiental de los impactos de la transición energética por áreas estratégicas; c) la planificación energética de Andalucía para al menos las próximas dos décadas; d) la estrategia de mejora de eficiencia energética; e) las estrategias de movilidad limpia y sostenible; f) los presupuestos de carbono plurianuales, que especificarán los objetivos de emisión por áreas estratégicas; g) los objetivos de las personas titulares de actividades a las que se aplican los artículos 42 y 43; h) las medidas generales y específicas de mitigación para cada área estratégica, conforme a los artículos 35 y 36; i) los resultados esperados de los instrumentos de mitigación y transición energética; j) las líneas de investigación e innovación prioritarias; k) la previsión financiera y la programación temporal de las medidas; l) los instrumentos de seguimiento y los mecanismos de corrección en caso de desvío de los objetivos; m) las medidas de transición acordes a la jerarquía de residuos de la Directiva Marco de Residuos: prevención, reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, incluida la valorización energética, y eliminación.

Datos clave

  • Diez áreas estratégicas, de la industria a las Administraciones públicas.
  • Incluye la planificación energética de Andalucía para al menos las próximas dos décadas.
  • Presupuestos de carbono plurianuales con objetivos de emisión por áreas estratégicas.
  • Medidas generales y específicas por área conforme a los artículos 35 y 36.
  • Objetivos para titulares de actividades de los artículos 42 y 43.
  • Mecanismos de corrección en caso de desvío de los objetivos.
  • Jerarquía de residuos: prevención, reutilización, reciclado, otra valorización (incluida la energética) y eliminación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética fija estrategias y acciones para reducir emisiones en diez áreas estratégicas y debe tener un contenido mínimo de trece elementos.

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Artículo 18. Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

El artículo 18 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, regula el Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

1. La Consejería competente en materia de cambio climático elaborará y aprobará el Inventario, con periodicidad anual, no prorrogable, cuyo alcance, contenido y criterios de calidad aplicables se regularán reglamentariamente.

2. El inventario incluirá las emisiones naturales y antropogénicas por fuentes de emisión y la absorción por sumideros. También especificará las proyecciones de dichas emisiones de acuerdo con los criterios y escenarios vigentes de ámbito internacional.

3. El Inventario será público y accesible por vía telemática en la página web de la Consejería competente en materia de cambio climático y a través del Portal de Transparencia.

Datos clave

  • Lo elabora y aprueba la Consejería competente en materia de cambio climático.
  • Periodicidad anual, no prorrogable.
  • Alcance, contenido y criterios de calidad: se regulan reglamentariamente.
  • Incluye emisiones naturales y antropogénicas por fuentes y la absorción por sumideros.
  • Especifica proyecciones según criterios y escenarios internacionales vigentes.
  • Público y accesible en la web de la Consejería y en el Portal de Transparencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Consejería competente en cambio climático elabora y aprueba cada año el Inventario Andaluz de Emisiones, que recoge emisiones, absorciones y proyecciones y es público en su web y en el Portal de Transparencia.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 33. Objetivos de mitigación de emisiones difusas.

El artículo 33 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, fija los objetivos de mitigación de emisiones difusas.

1. Criterio. Los objetivos para Andalucía se fijan como mínimo en función de los objetivos de la Unión Europea y de la normativa básica estatal, adoptando el criterio de reparto proporcional del esfuerzo según el tramo que corresponda al PIB relativo de la Comunidad Autónoma, y aplicando el esfuerzo así determinado a las emisiones de CO2 equivalente per cápita, o el criterio que en el futuro le pueda sustituir.

2. Objetivo 2030. Se establece como objetivo para Andalucía para el año 2030 la reducción como mínimo del 18% de emisiones difusas de gases de efecto invernadero por habitante con respecto a 2005. Sirve de referencia para la elaboración de los presupuestos de carbono, a fin de contribuir al cumplimiento de los compromisos del Estado español. Para las emisiones difusas de Andalucía en 2005 se adopta el valor de 33.321 kilotoneladas equivalentes de CO2, que se corresponden con 4,21 toneladas equivalentes de CO2 per cápita.

3. Periodos posteriores. El Consejo de Gobierno establecerá los objetivos para periodos posteriores en función de los compromisos internacionales, los objetivos de la Unión Europea y el reparto del esfuerzo entre Estados miembros, la normativa básica estatal, la reducción conseguida o los impactos económicos y sociales de las medidas. También podrá revisar el objetivo de 2030 si cambiaran esas condiciones.

Datos clave

  • Reparto proporcional del esfuerzo según el tramo del PIB relativo de la Comunidad Autónoma.
  • El esfuerzo se aplica a las emisiones de CO2 equivalente per cápita.
  • Objetivo 2030: reducción mínima del 18% de emisiones difusas por habitante respecto de 2005.
  • Valor de referencia de 2005: 33.321 kilotoneladas equivalentes de CO2.
  • Equivale a 4,21 toneladas equivalentes de CO2 per cápita.
  • Sirve de referencia para los presupuestos de carbono.
  • El Consejo de Gobierno fija los objetivos posteriores y puede revisar el de 2030.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Andalucía debe reducir en 2030 al menos un 18 % sus emisiones difusas por habitante respecto de 2005, con un reparto del esfuerzo ligado al PIB relativo; el Consejo de Gobierno fija los objetivos posteriores.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 41. Régimen jurídico del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas.

El artículo 41 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, regula el régimen jurídico del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER).

1. Se crea el SAER como instrumento para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía.

2. Son sujetos de sus obligaciones los titulares de actividades económicas públicas y privadas radicadas en Andalucía que cumplan los criterios que se establezcan reglamentariamente.

3. El SAER tiene dos modalidades: a) reducción de emisiones; b) seguimiento y notificación.

4. La Consejería competente en materia de cambio climático desarrollará mediante orden las determinaciones para su aplicación.

5. El SAER no se aplica:

a) A los establecimientos en los que se desarrollen actividades del Anexo I de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.

b) A los establecimientos de defensa o seguridad nacionales, cuando resulte justificado por razones de seguridad pública o de protección de los intereses esenciales de seguridad del Estado.

c) A los establecimientos en los que los órganos y entidades de la Administración General del Estado desarrollan su actividad en el ejercicio de sus competencias exclusivas en virtud de título más específico del artículo 149.1 de la Constitución Española.

Datos clave

  • SAER: instrumento para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía.
  • Sujetos: titulares de actividades económicas públicas y privadas radicadas en Andalucía que cumplan los criterios reglamentarios.
  • Dos modalidades: reducción de emisiones, y seguimiento y notificación.
  • Desarrollo mediante orden de la Consejería competente en materia de cambio climático.
  • Excluidos: establecimientos con actividades del Anexo I de la Ley 1/2005.
  • Excluidos: defensa o seguridad nacionales y establecimientos estatales con competencias exclusivas del artículo 149.1 CE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se crea el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas para reducir emisiones, con dos modalidades y obligaciones para actividades económicas públicas y privadas radicadas en Andalucía, salvo tres exclusiones.

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Artículo 1. Objeto de la Ley.

El artículo 1 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, define el objeto de la ley.

La ley tiene por objeto asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos del Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, firmado por España el 22 de abril de 2016 y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 2 de febrero de 2017; facilitar la descarbonización de la economía española y su transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos; y promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades.

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, darán cumplimiento al objeto de esta ley, y cooperarán y colaborarán para su consecución.

Datos clave

  • Asegurar el cumplimiento por España de los objetivos del Acuerdo de París.
  • Acuerdo de París: adoptado el 12 de diciembre de 2015, firmado por España el 22 de abril de 2016 y publicado en el BOE el 2 de febrero de 2017.
  • Facilitar la descarbonización de la economía española y su transición a un modelo circular.
  • Promover la adaptación a los impactos del cambio climático y un desarrollo sostenible que genere empleo decente.
  • Obligados: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que cooperarán y colaborarán.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley persigue tres fines: cumplir el Acuerdo de París, descarbonizar la economía con un modelo circular y adaptarse al cambio climático con un desarrollo sostenible; obliga a las tres Administraciones territoriales.

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Artículo 3. Objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética.

El artículo 3 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, fija los objetivos nacionales de reducción de emisiones, renovables y eficiencia energética.

1. Objetivos mínimos nacionales para el año 2030, para cumplir los compromisos internacionales y sin perjuicio de las competencias autonómicas:

a) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 23 % respecto del año 1990.

b) Alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42 %.

c) Alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovables.

d) Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5 %, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.

2. Antes de 2050 y, en todo caso, en el más corto plazo posible, España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable.

3. Se autoriza al Consejo de Ministros a actualizar al alza estos objetivos mediante su revisión: a) para cumplir con el Acuerdo de París, según las decisiones de la Conferencia de las Partes; b) para cumplir con la normativa de la Unión Europea; c) para adaptarlos a la evolución de los avances tecnológicos y del conocimiento científico; d) cuando concurran elementos objetivos cuantificables que, motivadamente, lo aconsejen por motivos medioambientales, sociales o económicos.

4. La revisión solo podrá contemplar una actualización al alza de las sendas vigentes de reducción de emisiones e incremento de las absorciones por los sumideros.

5. La primera revisión de los objetivos se iniciará en el año 2023.

Datos clave

  • 2030: reducción de emisiones de al menos un 23 % respecto de 1990.
  • 2030: al menos un 42 % de renovables en el consumo de energía final.
  • 2030: al menos un 74 % de generación eléctrica renovable.
  • 2030: reducción del consumo de energía primaria de al menos un 39,5 %.
  • Neutralidad climática antes de 2050, con sistema eléctrico exclusivamente renovable.
  • Revisión solo al alza, por el Consejo de Ministros.
  • Primera revisión iniciada en el año 2023.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Objetivos mínimos para 2030 (emisiones, renovables, electricidad renovable y eficiencia), neutralidad climática antes de 2050 y revisión solo al alza por el Consejo de Ministros desde 2023.

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Artículo 4. Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima.

El artículo 4 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, regula los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC).

1. El PNIEC es la herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política de energía y clima y refleja la contribución de España a los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y clima. Se aprueba por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

2. Los informes de progreso sobre el PNIEC, elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se someten periódicamente al Consejo de Ministros para su toma en consideración y son objeto de la correspondiente publicidad.

3. El primer Plan Nacional Integrado de Energía y Clima abarca el periodo 2021-2030.

4. Los PNIEC incluirán, al menos:

a) Los objetivos y contribuciones cuantitativas, a nivel nacional y sectorial, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y absorciones por los sumideros, de energías renovables y de eficiencia energética, garantizando la contribución de todos los sectores de la economía.

b) Las políticas y medidas correspondientes para alcanzar dichos objetivos.

c) Cualquier otro objetivo, política o medida establecido en la normativa de la Unión Europea sobre la estructura y contenido de los Planes.

Datos clave

  • Herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política de energía y clima.
  • Se aprueba por real decreto del Consejo de Ministros.
  • A propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
  • Informes de progreso: los elabora el Ministerio y se elevan al Consejo de Ministros para su toma en consideración.
  • El primer PNIEC abarca el periodo 2021-2030.
  • Contenido mínimo: objetivos cuantitativos, políticas y medidas, y lo exigido por la normativa de la UE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El PNIEC es el plan estratégico que integra energía y clima, se aprueba por real decreto del Consejo de Ministros, el primero cubre 2021-2030 y tiene un contenido mínimo fijado.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 40. Políticas, Medidas, Inventarios y Proyecciones de Gases de Efecto Invernadero.

El artículo 40 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, regula las políticas, medidas, inventarios y proyecciones de gases de efecto invernadero.

1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley se establecerán reglamentariamente las medidas que garanticen la coordinación, seguimiento, evaluación, publicidad, informe y notificación a la Comisión Europea, a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a cualquier otro órgano que lo requiera, de los datos del inventario nacional de gases de efecto invernadero, las proyecciones de emisiones y las políticas y medidas para cumplir los objetivos de la ley, de los PNIEC, de su Evaluación Ambiental Estratégica, de la Estrategia de Descarbonización a 2050 y de cualquier otro objetivo de reducción.

2. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará y actualizará periódicamente los informes que el Estado deba cumplimentar para cumplir sus obligaciones de información nacionales, comunitarias e internacionales y para conocer el estado de cumplimiento y la efectividad de las políticas y medidas. Estos informes se elevan para su aprobación a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con la frecuencia que se establezca reglamentariamente.

3. El Ministerio regulará la estructura institucional y los procedimientos para asegurar la oportunidad, transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y exhaustividad de la información sobre políticas, medidas, emisiones, proyecciones y absorciones, incluidos el aseguramiento y control de la calidad y el análisis de sensibilidad. Esa estructura asegurará también la total coherencia con los Inventarios nacionales de contaminantes atmosféricos y demás informes exigidos por la normativa internacional y europea.

4. El Ministerio podrá solicitar a cualquier unidad del resto de los Ministerios y de sus organismos dependientes la información necesaria para estimar emisiones y absorciones y calcular sus proyecciones; estos tienen la obligación de suministrar los datos con el formato y estructura requeridos.

5. El Ministerio establecerá mecanismos de colaboración con otros organismos públicos o Administraciones Públicas distintas de la Administración General del Estado con competencias en políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Datos clave

  • Plazo de un año desde la entrada en vigor para establecer reglamentariamente las medidas de coordinación y notificación.
  • Destinatarios de la notificación: Comisión Europea, Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otros órganos.
  • Los informes los elabora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
  • Se elevan para su aprobación a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
  • Principios de la información: oportunidad, transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y exhaustividad.
  • Los Ministerios y organismos están obligados a suministrar los datos solicitados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sistema de información sobre gases de efecto invernadero: regulación en un año, informes del Ministerio aprobados por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y datos obligatorios del resto de ministerios.

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Artículo 1. Objeto y finalidad.

El artículo 1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, define su objeto y su finalidad.

Objeto. La ley regula el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de productos en relación con el impacto en la gestión de sus residuos, el régimen jurídico de la prevención, producción y gestión de residuos, incluido el establecimiento de instrumentos económicos en este ámbito, y el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados.

Finalidad. Tiene por finalidad la prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión, la reducción del impacto global del uso de los recursos y la mejora de la eficiencia de dicho uso con el objeto de, en última instancia, proteger el medio ambiente y la salud humana y efectuar la transición a una economía circular y baja en carbono con modelos empresariales, productos y materiales innovadores y sostenibles para garantizar el funcionamiento eficiente del mercado interior y la competitividad de España a largo plazo.

Asimismo, tiene por finalidad prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en la salud humana y en el medio ambiente, con especial atención al medio acuático.

Datos clave

  • Regula la puesta en el mercado de productos en relación con la gestión de sus residuos.
  • Regula la prevención, producción y gestión de residuos, incluidos instrumentos económicos.
  • Regula el régimen jurídico de los suelos contaminados.
  • Finalidad: prevenir y reducir la generación de residuos y sus impactos adversos.
  • Transición a una economía circular y baja en carbono.
  • Prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico, con especial atención al medio acuático.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley de residuos regula tres cosas (productos puestos en el mercado, gestión de residuos y suelos contaminados) para reducir residuos, proteger medio ambiente y salud y avanzar hacia una economía circular y baja en carbono.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 8. Jerarquía de residuos.

Artículo 8. Jerarquía de residuos.

1. Las autoridades competentes, en el desarrollo de las políticas y de la legislación en materia de prevención y gestión de residuos, aplicarán para conseguir el mejor resultado medioambiental global, la jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad:

a) Prevención,

b) preparación para la reutilización,

c) reciclado,

d) otro tipo de valorización, incluida la valorización energética y e) eliminación. No obstante, si para conseguir el mejor resultado medioambiental global en determinados flujos de residuos fuera necesario apartarse de dicha jerarquía, se podrá adoptar un orden distinto de prioridades previa justificación por un enfoque de ciclo de vida sobre los impactos de la generación y gestión de esos residuos, teniendo en cuenta los principios generales de precaución y sostenibilidad en el ámbito de la protección medioambiental, la viabilidad técnica y económica, la protección de los recursos, así como el conjunto de impactos medioambientales sobre la salud humana, económicos y sociales, de acuerdo con los artículos 1 y 7.

2. Para la aplicación de la jerarquía de residuos, las autoridades competentes deberán usar instrumentos económicos y otras medidas incentivadoras, como las que se relacionan en el anexo V.

Datos clave

  • Orden de la jerarquía de residuos: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización y eliminación.
  • La otra valorización incluye la valorización energética.
  • Cabe apartarse de la jerarquía en flujos concretos previa justificación por un enfoque de ciclo de vida.
  • Para aplicar la jerarquía, las autoridades usan instrumentos económicos y otras medidas incentivadoras, como las del anexo V.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La jerarquía de residuos fija cinco escalones por orden: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otra valorización y eliminación; solo cabe apartarse de ella con justificación de ciclo de vida.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 12. Competencias administrativas.

El artículo 12 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, distribuye las competencias administrativas en materia de residuos.

1. Gobierno. Aprueba, a propuesta de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los reglamentos previstos en la ley cuando le sea atribuida esa potestad. Por Acuerdo del Consejo de Ministros se aprueban las estrategias, planes y programas estatales de prevención, gestión de residuos y economía circular, que tienen carácter programático.

2. La Administración General del Estado ejerce la potestad de vigilancia, inspección y sanción, y cualquier otra derivada de la ley, en el ámbito de sus competencias.

3. Persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Le corresponde: a) elaborar estrategias y planes de economía circular, el Programa estatal de prevención de residuos y el Plan estatal marco de gestión de residuos, así como estrategias en materia de suelos contaminados; b) proponer al Gobierno los objetivos mínimos obligatorios de prevención, reducción, recogida separada, preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de valorización; c) autorizar los traslados de residuos desde o hacia terceros países no pertenecientes a la Unión Europea conforme al Reglamento (CE) n.º 1013/2006, de 14 de junio de 2006, y ejercer la inspección y sanción derivadas hasta que los residuos se pongan bajo vigilancia aduanera a su exportación o dejen de estar bajo control aduanero a su importación o autorización del tránsito, pudiendo adoptar acuerdos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conforme a los artículos 11.1 y 12.1.B.b) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo; d) ejercer las funciones de autoridad nacional cuando España sea Estado de tránsito (artículo 53 del Reglamento 1013/2006); e) ejercer las funciones de autoridad competente del artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1257/2013, relativo al reciclado de buques; f) recopilar, elaborar y actualizar la información para cumplir las obligaciones de información; g) ejercer la vigilancia, inspección y sanción respecto del Registro de Productores de Productos; h) impulsar la cooperación entre administraciones conforme al artículo 140.1 e) de la Ley 40/2015, a través de la Comisión de Coordinación en materia de residuos; i) las demás que le atribuyan las normas sobre residuos.

4. Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Les corresponde: a) aprobar los programas autonómicos de prevención de residuos y los planes autonómicos de gestión de residuos, y podrán aprobar estrategias autonómicas de economía circular y de suelos contaminados; b) la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos y las competencias del título VIII sobre suelos contaminados; c) registrar la información sobre producción y gestión de residuos; d) autorizar los traslados de residuos desde o hacia países de la Unión Europea y los traslados en el interior del territorio del Estado, con su vigilancia, inspección y sanción; e) la autorización, vigilancia, inspección y sanción de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor; f) la vigilancia, inspección y sanción en su ámbito, correspondiendo las relativas a la fabricación de productos a la autoridad competente según la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y las relativas a la puesta a disposición de los consumidores finales a las autoridades del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007); g) suscribir convenios para inversiones o gastos en los servicios de gestión de las entidades locales; h) cualquier otra competencia en materia de residuos no incluida en los apartados 1, 2, 3 y 5.

5. Entidades locales, Ceuta y Melilla o, cuando proceda, diputaciones forales. Les corresponde: a) como servicio obligatorio, en todo su ámbito territorial, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos según sus ordenanzas, con una red de recogida suficiente que incluirá puntos limpios o puntos de entrega alternativos para la retirada gratuita; la prestación corresponde a los municipios, de forma independiente o asociada, conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril; b) aprobar programas de gestión de residuos para entidades locales con población de derecho superior a 5.000 habitantes; c) recopilar y suministrar a las comunidades autónomas la información en materia de residuos; d) la vigilancia, inspección y sanción en su ámbito. Además podrán: 1.º elaborar estrategias de economía circular, programas de prevención y, para entidades con población de derecho inferior a 5.000 habitantes, programas de gestión; 2.º gestionar los residuos comerciales no peligrosos según sus ordenanzas, pudiendo imponer motivadamente la incorporación obligatoria de los productores a su sistema; 3.º obligar por ordenanza al poseedor de residuos peligrosos domésticos o de difícil gestión a adoptar medidas o depositarlos en la forma y lugar adecuados; 4.º realizar la gestión directamente o mediante cualquier forma prevista en la legislación de régimen local, de forma independiente o asociada.

6. Las autoridades competentes podrán declarar servicio público todas o algunas de las operaciones de gestión de determinados residuos cuando se demuestre una incorrecta gestión de manera continuada de la que pueda derivarse un riesgo significativo para la salud humana y el medio ambiente.

7. Las autoridades competentes se dotarán de los medios humanos y materiales suficientes para cumplir sus obligaciones de autorización, vigilancia, inspección, sanción e información.

Datos clave

  • Consejo de Ministros: estrategias, planes y programas estatales, de carácter programático.
  • Ministerio: Programa estatal de prevención, Plan estatal marco de gestión y traslados con terceros países no UE.
  • Comunidades autónomas: programas de prevención y planes de gestión autonómicos, autorizaciones, traslados intra-UE e internos y sistemas de responsabilidad ampliada del productor.
  • Comunidades autónomas: competencia residual en residuos no incluida en los apartados 1, 2, 3 y 5.
  • Entidades locales: servicio obligatorio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos, con puntos limpios.
  • Programas locales de gestión obligatorios por encima de 5.000 habitantes; potestativos por debajo.
  • Declaración de servicio público ante incorrecta gestión continuada con riesgo significativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las competencias en residuos se reparten entre Gobierno, Ministerio, comunidades autónomas y entidades locales; estas prestan como servicio obligatorio la recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos.

Esquema

Traslados de residuos
MinisterioComunidades autónomas
ÁmbitoDesde o hacia terceros países no pertenecientes a la UEDesde o hacia países de la UE y en el interior del Estado
Otras funcionesAutoridad nacional cuando España es Estado de tránsitoVigilancia, inspección y sanción de esos traslados

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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El artículo 1 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, define su objeto y su ámbito de aplicación.

El objeto de la ley es establecer el régimen jurídico aplicable en materia de prevención y protección ambiental en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para alcanzar un elevado nivel de protección, conservación y mejora del medio ambiente y la salud de las personas, a través de los instrumentos ambientales y disposiciones establecidas en la misma, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Administración General del Estado conforme a la legislación básica estatal.

Datos clave

  • Materia: prevención y protección ambiental.
  • Ámbito: el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  • Fin: un elevado nivel de protección, conservación y mejora del medio ambiente y la salud de las personas.
  • Medios: los instrumentos ambientales y disposiciones de la propia ley.
  • Sin perjuicio de las competencias de la Administración General del Estado según la legislación básica estatal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley fija el régimen jurídico de la prevención y protección ambiental en Andalucía para lograr un elevado nivel de protección del medio ambiente y de la salud, sin invadir las competencias estatales.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 2. Finalidades.

El artículo 2 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, enumera las finalidades de la ley:

a) Alcanzar un elevado nivel de protección de las personas y del medio ambiente en su conjunto, para mejorar la calidad de vida, mediante los instrumentos necesarios que permitan prevenir, minimizar, controlar y corregir la contaminación y hacer un uso eficiente de los recursos y de las materias primas.

b) Garantizar un desarrollo ambientalmente sostenible y circular, contribuyendo a la consecución de los objetivos que para dicho propósito se aprueben internacionalmente.

c) Incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en la toma de decisiones para la implantación de instalaciones y actuaciones.

d) Prevenir los impactos ambientales concretos que puedan generar dichas instalaciones y actuaciones y establecer mecanismos eficaces de corrección y compensación de sus efectos adversos.

e) Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información ambiental, así como una mayor participación social en la toma de decisiones medioambientales, promoviendo la sensibilización y educación ambiental.

f) Contribuir a hacer efectivos los criterios de eficiencia y servicio a la ciudadanía en la instrucción de los procedimientos administrativos, incrementando la transparencia de la actividad administrativa.

g) El impulso de la corresponsabilidad ambiental público-privada en la protección del medio ambiente y la ejecución de actuaciones conjuntas entre las Administraciones públicas y la ciudadanía.

h) Garantizar la colaboración y la coordinación de las Administraciones públicas, fomentando la integración de los procedimientos de autorización ambiental y los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

Datos clave

  • Ocho finalidades, de la letra a) a la h).
  • Prevenir, minimizar, controlar y corregir la contaminación y usar eficientemente recursos y materias primas.
  • Desarrollo ambientalmente sostenible y circular.
  • Criterios de sostenibilidad en la implantación de instalaciones y actuaciones.
  • Acceso a la información ambiental y participación social en las decisiones.
  • Corresponsabilidad ambiental público-privada.
  • Integración de los procedimientos de autorización ambiental y de evaluación de impacto ambiental.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ocho finalidades de la ley, de la a) a la h): de prevenir y corregir la contaminación y lograr un desarrollo sostenible y circular a la información ciudadana y la integración de autorizaciones y evaluaciones ambientales.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 3. Principios.

El artículo 3 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, recoge los principios que inspiran la ley y guían la política ambiental de la Junta de Andalucía, y que se observan en los mecanismos de fomento, evaluación, prevención y control:

a) Protección del medio ambiente y su promoción para la consecución del derecho a disfrutar de una adecuada calidad ambiental.

b) Acción preventiva: adoptar las medidas necesarias para evitar los daños al medio ambiente preferentemente en su fuente de origen y en el diseño de las actividades desde su planteamiento inicial.

c) Enfoque integrado: análisis integral del impacto ambiental de las actividades industriales de alto potencial contaminante.

d) Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos y el tipo de procedimiento de evaluación y control ambiental y las medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

e) Cautela: adopción de medidas de protección tras una primera evaluación científica que indique, con los datos científicos y técnicos disponibles, motivos razonables para entender que una actividad podría producir efectos potencialmente peligrosos sobre el medio ambiente, la salud de las personas y la biodiversidad.

f) Restauración: restitución de los bienes, en la medida de lo posible, al ser y estado anterior a los daños, así como responsabilidad y reparación por daños al medio ambiente.

g) Quien contamina paga: los costes de la prevención de las amenazas o riesgos inminentes y de la corrección de los daños corresponden a sus responsables.

h) Utilización racional y sostenible de los recursos naturales mediante un sistema de gestión ambiental que armonice desarrollo económico y protección del medio ambiente, facilitando la transición ecológica hacia una economía circular.

i) Autosuficiencia, proximidad en la gestión de los residuos y jerarquía de residuos.

j) Información, transparencia y participación: libre acceso de la ciudadanía a una información objetiva, fiable y concreta.

k) Promoción de la educación ambiental.

l) Adaptación al progreso técnico y científico mediante la investigación, desarrollo e innovación y el uso de las mejores técnicas disponibles.

m) Integración y transversalidad de las exigencias de protección del medio ambiente en las políticas de la Comunidad Autónoma.

n) Agilidad, simplificación procedimental y reducción de cargas administrativas, salvaguardando las garantías ambientales y la seguridad jurídica.

ñ) Coordinación y cooperación entre las Administraciones públicas andaluzas, de acuerdo con el principio de lealtad institucional.

o) Responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de la sociedad en general.

p) No regresión: las disposiciones adoptadas no implicarán retrocesos en los niveles alcanzados de protección ambiental.

q) Regulación económica eficiente y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.

r) Justicia ambiental y territorial: que los impactos ambientales no recaigan sobre territorios socialmente vulnerables.

Datos clave

  • Dieciocho principios, de la letra a) a la r), incluida la ñ).
  • Acción preventiva: evitar daños preferentemente en su fuente de origen.
  • Enfoque integrado: actividades industriales de alto potencial contaminante.
  • Cautela: medidas tras una primera evaluación científica con motivos razonables.
  • Quien contamina paga: costes de prevención y corrección a cargo de los responsables.
  • No regresión: sin retrocesos en los niveles de protección alcanzados.
  • Justicia ambiental y territorial: impactos que no recaigan sobre territorios socialmente vulnerables.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los principios, de la a) a la r) con la ñ), inspiran la ley y la política ambiental andaluza: prevención, cautela, quien contamina paga, no regresión o justicia ambiental y territorial, entre otros.

Esquema

Prevención frente a cautela
Acción preventivaCautela
Cuándo actúaDesde el diseño de la actividad y su planteamiento inicialTras una primera evaluación científica
Qué exigeEvitar daños preferentemente en su fuente de origenMotivos razonables de efectos potencialmente peligrosos

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 20. Objeto de la evaluación ambiental.

El artículo 20 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, define el objeto de la evaluación ambiental y sus reglas generales.

Sometimiento. Los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente deberán someterse al procedimiento de evaluación ambiental correspondiente, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección ambiental en todo el territorio andaluz.

Momento. La evaluación ambiental debe realizarse de forma previa a la aprobación, autorización o adopción definitiva por parte de la Administración pública competente. En los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debe realizarse antes de que dicha declaración o comunicación surta efectos habilitantes para la ejecución del proyecto. Toda evaluación ambiental deberá tener en cuenta los potenciales impactos ambientales considerando el cambio climático.

Carácter instrumental. La evaluación ambiental tiene carácter instrumental respecto de los procedimientos de aprobación o adopción de planes y programas, del procedimiento de autorización o aprobación de proyectos o, en su caso, de la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a comunicación o declaración responsable. También lo tiene respecto de los procedimientos de autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada.

Agilidad. Se evitará cualquier incremento injustificado de cargas administrativas o plazos que no resulten estrictamente necesarios, garantizando la agilidad, seguridad jurídica y previsibilidad para los promotores y las Administraciones implicadas.

Invalidez. Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de planes, programas y proyectos incluidos en el ámbito de la ley que no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder. No se podrá continuar o iniciar la explotación del proyecto construido sin haberse sometido al previo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Proyectos ya ejecutados. Los proyectos parcial o totalmente ejecutados sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental podrán ser evaluados mediante los procedimientos de los títulos II y III de la ley, con las especificidades de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, para las evaluaciones en ejecución de sentencia firme, sin perjuicio del artículo 9.1 de dicha ley y de las posibles sanciones conforme al título IX. El procedimiento de determinación de las afecciones ambientales identificará las medidas compensatorias o de reversión de los impactos y, en ningún caso, tendrá como finalidad la subsanación del defecto procedimental por inexistencia de evaluación de impacto ambiental.

Datos clave

  • Se someten los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
  • La evaluación es previa a la aprobación, autorización o adopción definitiva.
  • En declaración responsable o comunicación (art. 69 Ley 39/2015), previa a que surta efectos habilitantes.
  • Toda evaluación considera el cambio climático.
  • Carácter instrumental, también respecto de la AAI, la AAU y la AAU simplificada.
  • Carecen de validez los actos sin evaluación ambiental, sin perjuicio de sanciones.
  • La evaluación de proyectos ya ejecutados nunca tiene como finalidad subsanar el defecto procedimental.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Planes, programas y proyectos con efectos significativos deben pasar evaluación ambiental previa; es instrumental de las autorizaciones, los actos sin ella carecen de validez y evaluar lo ya ejecutado nunca subsana el defecto.

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Artículo 21. Finalidad.

El artículo 21 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, establece las finalidades de la evaluación ambiental, que son cuatro:

a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos.

b) El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables.

c) El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.

d) El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir con esta ley.

Datos clave

  • Integrar los aspectos medioambientales en planes, programas y proyectos.
  • Analizar y seleccionar las alternativas ambientalmente viables.
  • Medidas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos.
  • Medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir la ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La evaluación ambiental persigue cuatro fines: integrar lo ambiental en las decisiones, elegir alternativas viables, fijar medidas para prevenir, corregir o compensar efectos y prever vigilancia, seguimiento y sanción.

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Artículo 22. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.

El artículo 22 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, delimita qué planes y programas se someten a evaluación ambiental estratégica ordinaria y cuáles a simplificada.

1. Evaluación ambiental estratégica ordinaria. Se someten a ella los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben en la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Administración autonómica o local y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno, cuando:

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural o del uso del suelo; o bien,

b) requieran una evaluación por afectar a espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en los términos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

c) Los planes y programas del apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

d) Los planes y programas del apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental a solicitud de la persona promotora.

e) Los instrumentos de ordenación urbanística señalados en los artículos 45.2 y 45.3 de la ley.

2. Evaluación ambiental estratégica simplificada. Se someten a ella:

a) Las modificaciones menores de los planes y programas del apartado anterior.

b) Los planes y programas del apartado anterior que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos del apartado anterior.

d) Los instrumentos de ordenación urbanística señalados en el artículo 45.4 de la ley.

Datos clave

  • Ordinaria: planes y programas exigidos por disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno que sean marco de proyectos sometidos a EIA en los sectores enumerados.
  • Ordinaria también si afectan a espacios de la Red Natura 2000 (Ley 42/2007).
  • Ordinaria caso por caso según los criterios del anexo V de la Ley 21/2013, o a solicitud de la persona promotora.
  • Ordinaria: instrumentos urbanísticos de los artículos 45.2 y 45.3.
  • Simplificada: modificaciones menores y uso a nivel municipal de zonas de reducida extensión.
  • Simplificada: planes marco de proyectos que no cumplan los demás requisitos e instrumentos urbanísticos del artículo 45.4.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reparte los planes y programas entre evaluación ambiental estratégica ordinaria (marco de proyectos con evaluación de impacto, Red Natura 2000, decisión del órgano ambiental) y simplificada (modificaciones menores, zonas reducidas).

Esquema

Evaluación ambiental estratégica
OrdinariaSimplificada
Planes típicosMarco de proyectos sometidos a evaluación de impacto en los sectores listadosModificaciones menores y zonas municipales de reducida extensión
Red Natura 2000Si requieren evaluación por afectarlaNo es supuesto de la simplificada
ResidualPor decisión caso por caso o a solicitud del promotorPlanes marco que no cumplan los demás requisitos

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Artículo 23. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.

El artículo 23 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, determina qué proyectos se someten a evaluación de impacto ambiental ordinaria y cuáles a simplificada.

1. Evaluación de impacto ambiental ordinaria. Se someten a ella:

a) Los proyectos incluidos en el anejo 1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y sus modificaciones sustanciales.

b) Los comprendidos en el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, así como los que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de sus magnitudes o dimensiones.

c) Los del apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.

d) Cualquier modificación de un proyecto del anexo I o II de la Ley 21/2013 que cumpla, por sí sola, los umbrales del anexo I.

e) Los proyectos del apartado 2 cuando así lo solicite la persona promotora.

2. Evaluación de impacto ambiental simplificada. Sin perjuicio del apartado 3, se someten a ella:

a) Los proyectos del anexo II de la Ley 21/2013.

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Red Natura 2000.

c) Cualquier modificación de un proyecto del anexo I o II, distinta de las del apartado 1.d), ya autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entiende que los tiene cuando suponga: 1.º un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera; 2.º un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral; 3.º un incremento significativo de la generación de residuos; 4.º un incremento significativo en la utilización de recursos naturales; 5.º una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000; 6.º una afección significativa al patrimonio cultural.

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la acumulación de sus magnitudes o dimensiones.

e) Los proyectos del anexo I de la Ley 21/2013 o del anejo 1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años.

3. Los proyectos del ámbito de la evaluación simplificada que, además, estén incluidos en el anejo 1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, así como sus modificaciones sustanciales, deberán someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Datos clave

  • Ordinaria: anejo 1 del texto refundido de prevención y control integrados de la contaminación y anexo I de la Ley 21/2013, incluidos los fraccionados que alcancen sus umbrales.
  • Ordinaria caso por caso según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013, o a solicitud de la persona promotora.
  • Simplificada: anexo II de la Ley 21/2013 y proyectos que puedan afectar de forma apreciable a Red Natura 2000.
  • Seis supuestos de modificación con efectos adversos significativos: emisiones, vertidos, residuos, recursos naturales, Red Natura 2000 y patrimonio cultural.
  • Simplificada: proyectos para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos de duración no superior a dos años.
  • Si un proyecto de la simplificada está además en el anejo 1, va a la ordinaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reparte los proyectos entre evaluación de impacto ambiental ordinaria (anexo I y anejo 1, fraccionados, decisión caso por caso) y simplificada (anexo II, Red Natura 2000, modificaciones con efectos adversos, ensayos de hasta dos años).

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Artículo 24. Competencias.

El artículo 24 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, atribuye las competencias en materia de evaluación ambiental.

Órgano ambiental. Corresponde al órgano de la Consejería competente en materia de medio ambiente que se determine reglamentariamente ejercer las funciones atribuidas al órgano ambiental por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y por la propia ley, cuando se trate de la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía que deban ser adoptados, aprobados o autorizados por la Administración de la Junta de Andalucía y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, por la Administración local, o que sean objeto de declaración responsable o comunicación ante las mismas.

Funciones del órgano sustantivo. Para esos mismos proyectos, corresponde a ese órgano de la Consejería competente en materia de medio ambiente ejercer, en la instrucción de la autorización ambiental integrada, la autorización ambiental unificada y la autorización ambiental unificada simplificada, las funciones que la Ley 21/2013 atribuye al órgano sustantivo en el capítulo II del título II de dicha ley. Ello se entiende sin perjuicio de las obligaciones que la citada ley impone al órgano sustantivo respecto de la actividad a cuya finalidad se oriente el proyecto, en relación con su autorización o, en su caso, con su control cuando se trate de proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación.

Excepción. Esta particularidad no se aplica en la evaluación de impacto ambiental de proyectos en los casos de los artículos 67.4 y 79.4 de la ley, en los que dichas funciones las ejerce el órgano sustantivo competente sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto.

Datos clave

  • Órgano ambiental: el órgano de la Consejería competente en materia de medio ambiente que se determine reglamentariamente.
  • Ejerce las funciones de órgano ambiental de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y de la Ley 2/2026.
  • Alcanza planes, programas y proyectos de la Junta, sus organismos vinculados o dependientes y la Administración local, o sometidos a declaración responsable o comunicación.
  • En la instrucción de la AAI, la AAU y la AAU simplificada ejerce las funciones del órgano sustantivo del capítulo II del título II de la Ley 21/2013.
  • Excepción: casos de los artículos 67.4 y 79.4, en los que actúa el órgano sustantivo competente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El órgano ambiental en Andalucía es el de la Consejería de medio ambiente que fije el reglamento; además, en la instrucción de la AAI, la AAU y la AAU simplificada asume funciones del órgano sustantivo, salvo excepciones.

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Artículo 51. Objeto.

El artículo 51 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, fija el objeto del título dedicado a la prevención ambiental.

Este título tiene por objeto regular los instrumentos de prevención ambiental aplicables en el territorio andaluz, con el fin de evitar o corregir los posibles efectos adversos que determinadas actuaciones puedan generar sobre el medio ambiente.

Datos clave

  • Regula los instrumentos de prevención ambiental.
  • Ámbito: el territorio andaluz.
  • Finalidad: evitar o corregir los posibles efectos adversos sobre el medio ambiente.
  • Esos efectos proceden de determinadas actuaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El título de prevención ambiental regula los instrumentos que se aplican en Andalucía para evitar o corregir los efectos adversos que ciertas actuaciones pueden causar al medio ambiente.

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Artículo 52. Instrumentos de prevención ambiental.

El artículo 52 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, enumera los instrumentos de prevención ambiental y su relación con la evaluación ambiental.

1. Son instrumentos de prevención ambiental:

a) La autorización ambiental integrada.

b) La autorización ambiental unificada.

c) La autorización ambiental unificada simplificada.

d) La licencia ambiental.

e) La declaración responsable de los efectos ambientales.

2. La autorización ambiental integrada y la autorización ambiental unificada deberán incluir la declaración de impacto ambiental resultante de la evaluación de impacto ambiental ordinaria de la actuación. La autorización ambiental unificada simplificada incorporará el informe de impacto ambiental derivado de la evaluación de impacto ambiental simplificada. Cuando la competencia para la evaluación ambiental corresponda a la Administración General del Estado, las condiciones de la resolución del procedimiento de evaluación ambiental de proyectos, regulado en el capítulo II del título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, deberán incorporarse a la autorización ambiental integrada que, en su caso, se otorgue.

3. Las actuaciones sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada y licencia ambiental, así como sus modificaciones sustanciales, estarán sometidas a evaluación de impacto en la salud si se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, y su desarrollo reglamentario.

Datos clave

  • Cinco instrumentos: AAI, AAU, AAU simplificada, licencia ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales.
  • La AAI y la AAU incluyen la declaración de impacto ambiental de la evaluación ordinaria.
  • La AAU simplificada incorpora el informe de impacto ambiental de la evaluación simplificada.
  • Si la evaluación es estatal, sus condiciones se incorporan a la AAI.
  • AAI, AAU y licencia ambiental pueden requerir evaluación de impacto en la salud conforme a la Ley 16/2011, de 23 de diciembre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hay cinco instrumentos de prevención ambiental en Andalucía; las autorizaciones incorporan el resultado de la evaluación de impacto y algunas actuaciones requieren además evaluación de impacto en la salud.

Esquema

Qué incorpora cada autorización
AAI y AAUAAU simplificada
Evaluación previaEvaluación de impacto ambiental ordinariaEvaluación de impacto ambiental simplificada
Documento incorporadoDeclaración de impacto ambientalInforme de impacto ambiental

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Artículo 57. Objeto y ámbito de aplicación.

El artículo 57 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, delimita el ámbito de la autorización ambiental integrada (AAI).

1. Se encuentra sometida a autorización ambiental integrada la explotación de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el anejo I del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

2. La autorización ambiental integrada podrá incluir, a criterio del órgano competente para su tramitación y resolución, otras actividades que cumplan estos requisitos:

a) Que se desarrollen en el lugar del emplazamiento de la instalación que realiza una actividad del anejo I.

b) Que guarden una relación de índole técnica con la actividad del anejo I.

c) Que puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación que se vaya a ocasionar.

3. Sin perjuicio de los artículos 67 y 79 de la ley, quedan exceptuadas de autorización ambiental integrada las instalaciones o parte de ellas utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.

Datos clave

  • Se somete a AAI la explotación de instalaciones públicas o privadas con actividades del anejo I del texto refundido de prevención y control integrados de la contaminación.
  • Puede incluir otras actividades a criterio del órgano competente para su tramitación y resolución.
  • Requisitos: mismo emplazamiento, relación de índole técnica y posibles repercusiones sobre emisiones y contaminación.
  • Exceptuadas: instalaciones para investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.
  • La excepción se entiende sin perjuicio de los artículos 67 y 79.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La explotación de instalaciones, públicas o privadas, con actividades del anejo I del texto refundido de prevención y control integrados de la contaminación requiere autorización ambiental integrada; puede abarcar actividades conexas y exceptúa las de investigación.

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Artículo 58. Finalidad.

El artículo 58 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, señala la finalidad de la autorización ambiental integrada:

a) Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

b) La utilización de manera eficiente de la energía, el agua, las materias primas, el paisaje, el territorio y otros recursos.

c) Integrar en una resolución única los pronunciamientos, decisiones y autorizaciones previstos en el artículo 11.1.b) del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, así como la declaración de impacto ambiental, en caso de competencia autonómica, o el condicionado de la declaración de impacto ambiental de competencia estatal. Además, se incluirán otros pronunciamientos y autorizaciones que correspondan a las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y de aguas, según se determine reglamentariamente, y que sean necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las actividades.

Datos clave

  • Evitar o, si no es posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo.
  • Mediante un sistema de prevención y control integrados de la contaminación.
  • Uso eficiente de la energía, el agua, las materias primas, el paisaje, el territorio y otros recursos.
  • Resolución única que integra lo previsto en el artículo 11.1.b) del texto refundido y la declaración de impacto ambiental autonómica o el condicionado de la estatal.
  • Incluye pronunciamientos de las Consejerías competentes en medio ambiente y aguas previos a la implantación y puesta en marcha.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AAI busca evitar o, si no es posible, reducir y controlar la contaminación de aire, agua y suelo, usar con eficiencia los recursos e integrar en una resolución única las autorizaciones y la declaración de impacto.

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Artículo 67. Objeto y ámbito de aplicación.

El artículo 67 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, delimita el ámbito de la autorización ambiental unificada (AAU).

1. Están sometidas a autorización ambiental unificada:

a) Las actuaciones, públicas o privadas, en las que se desarrolle algún proyecto del anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y las que, presentándose de forma fraccionada, alcancen los umbrales de dicho anexo por acumulación. Quedan excluidas las del apartado 3 y las instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada, que se someterán a este último instrumento.

b) Las actuaciones del ámbito de la autorización ambiental unificada simplificada (artículo 79.1) cuando así lo decida caso por caso el órgano competente en la resolución del procedimiento de AAU simplificada.

c) Cualquier modificación de una actuación del ámbito de la AAU simplificada que cumpla, por sí sola, los umbrales del anexo I de la Ley 21/2013.

d) Las instalaciones o parte de ellas del ámbito de la AAI (artículo 57.1) que se utilicen para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos y se utilicen por más de dos años.

e) Los proyectos del ámbito de la AAU simplificada cuando así lo solicite la persona titular o promotora.

2. Exclusión por el artículo 25. Las actuaciones que en aplicación del artículo 25 se excluyan de la evaluación de impacto ambiental no estarán sometidas a AAU, lo que no exime a su titular de obtener las autorizaciones, permisos y licencias exigibles por la legislación ambiental vigente.

3. Competencia estatal. Las actuaciones cuya evaluación ambiental sea de competencia estatal no estarán sometidas a AAU. Sus autorizaciones, permisos y licencias solo podrán otorgarse una vez obtenido el pronunciamiento ambiental favorable del órgano ambiental estatal.

4. Actuaciones de la Junta. Las actuaciones promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía o entidades de derecho público dependientes, así como las declaradas de utilidad e interés general, se someten al procedimiento de AAU, que se resolverá mediante la emisión de informe de carácter vinculante por la Consejería competente en materia de medio ambiente; en este caso el procedimiento tiene carácter instrumental respecto del de autorización o aprobación de la actuación. En caso de disconformidad con el informe vinculante, el órgano promotor o, en su caso, el órgano sustantivo podrá plantear la resolución de su discrepancia ante el Consejo de Gobierno, según se determine reglamentariamente.

Cuando el otorgamiento de la autorización sustantiva corresponda a la Administración de la Junta de Andalucía, podrán aplicarse estas particularidades siempre que así se acuerde previamente y de modo conjunto por los órganos sustantivo y ambiental competentes.

A efectos del artículo 69 (vigilancia, control, inspección y potestad sancionadora), el informe vinculante tendrá la consideración de una autorización ambiental unificada, siéndole de aplicación el título VIII y la sección 1.ª del capítulo II del título IX.

Datos clave

  • AAU: actuaciones con proyectos del anexo I de la Ley 21/2013, incluidas las fraccionadas que alcancen sus umbrales.
  • Las instalaciones sometidas a AAI se someten a este último instrumento.
  • Instalaciones de investigación del ámbito de la AAI utilizadas por más de dos años: AAU.
  • También a solicitud de la persona titular o promotora, o caso por caso en la resolución de la AAU simplificada.
  • No se someten a AAU las excluidas por el artículo 25 ni las de evaluación estatal.
  • Actuaciones de la Junta o de utilidad e interés general: informe vinculante de la Consejería de medio ambiente; discrepancia ante el Consejo de Gobierno.
  • El informe vinculante se considera AAU a efectos del artículo 69.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ámbito de la autorización ambiental unificada: proyectos del anexo I de la Ley 21/2013 y otros supuestos; excluye lo sometido a AAI, lo exceptuado de evaluación y lo de competencia estatal, y da reglas especiales a las actuaciones de la Junta.

Esquema

AAU frente a AAU simplificada
AAUAAU simplificada
Anexo de la Ley 21/2013Anexo IAnexo II
Instalaciones de investigaciónUsadas por más de dos añosNo usadas por más de dos años

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Artículo 68. Finalidad.

El artículo 68 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, establece la finalidad de la autorización ambiental unificada.

La autorización ambiental unificada tiene por finalidad evitar o, cuando esto no sea posible, reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, así como cualquier otro impacto o incidencia ambiental derivada de determinadas actuaciones.

Asimismo, integra en una única resolución tanto la declaración de impacto ambiental como todas aquellas autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y a las entidades de derecho público dependientes de la misma, que resulten necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de dichas actuaciones, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

Datos clave

  • Evitar o, cuando no sea posible, reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo.
  • Alcanza cualquier otro impacto o incidencia ambiental de determinadas actuaciones.
  • Integra en una única resolución la declaración de impacto ambiental.
  • Integra también las autorizaciones y pronunciamientos ambientales de la Consejería de medio ambiente y sus entidades de derecho público dependientes.
  • Son los necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AAU busca evitar o, si no se puede, reducir en origen las emisiones e impactos de ciertas actuaciones, e integra en una sola resolución la declaración de impacto y las autorizaciones ambientales de la Consejería.

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Artículo 79. Objeto y ámbito de aplicación.

El artículo 79 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, delimita el ámbito de la autorización ambiental unificada simplificada.

1. Están sometidas a autorización ambiental unificada simplificada:

a) Las actuaciones públicas o privadas en las que se desarrolle algún proyecto del anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y las que, presentándose de forma fraccionada, alcancen los umbrales de dicho anexo por acumulación. Quedan excluidas las del apartado 3 y las sometidas a autorización ambiental integrada, que se someterán a este último instrumento.

b) Las actuaciones no incluidas ni en el anexo I ni en el anexo II de la Ley 21/2013 que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Red Natura 2000.

c) La modificación sustancial de las actuaciones del apartado 1.a), excepto las del artículo 67.1.c).

d) Las actuaciones del ámbito de la AAU (artículo 67.1.a) y las instalaciones del ámbito de la AAI (artículo 57.1), así como sus modificaciones sustanciales, que sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años.

2. Las actuaciones que en aplicación del artículo 25 se excluyan de la evaluación de impacto ambiental no estarán sometidas a AAU simplificada, lo que no exime a su titular de obtener las autorizaciones, permisos y licencias exigibles por la legislación ambiental vigente.

3. Las actuaciones cuya evaluación ambiental sea de competencia estatal no estarán sometidas a AAU simplificada; sus autorizaciones, permisos y licencias solo podrán otorgarse una vez obtenido el pronunciamiento ambiental favorable del órgano ambiental estatal.

4. Las actuaciones promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía o entidades de derecho público dependientes, así como las declaradas de utilidad e interés general, se someten al procedimiento de AAU simplificada, que se resolverá mediante informe de carácter vinculante de la Consejería competente en materia de medio ambiente, con carácter instrumental respecto del procedimiento de autorización o aprobación. En caso de disconformidad, el órgano promotor o, en su caso, el órgano sustantivo podrá plantear su discrepancia ante el Consejo de Gobierno. Cuando la autorización sustantiva corresponda a la Junta, estas particularidades podrán aplicarse si así lo acuerdan previamente y de modo conjunto los órganos sustantivo y ambiental. A efectos del artículo 81 (vigilancia, control, inspección y potestad sancionadora), el informe vinculante tendrá la consideración de AAU simplificada, siéndole de aplicación el título VIII y la sección 2.ª del capítulo II del título IX.

Datos clave

  • AAU simplificada: proyectos del anexo II de la Ley 21/2013, incluidos los fraccionados que alcancen sus umbrales.
  • También actuaciones fuera de los anexos I y II que puedan afectar de forma apreciable a Red Natura 2000.
  • Modificaciones sustanciales de las actuaciones del apartado 1.a), salvo las del artículo 67.1.c).
  • Actuaciones para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos que no se utilicen por más de dos años.
  • Excluidas: las del artículo 25 y las de evaluación ambiental estatal.
  • Actuaciones de la Junta: informe vinculante; discrepancia ante el Consejo de Gobierno.
  • El informe vinculante se considera AAU simplificada a efectos del artículo 81.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ámbito de la AAU simplificada: proyectos del anexo II de la Ley 21/2013, actuaciones que puedan afectar a Red Natura 2000, ciertas modificaciones sustanciales y ensayos de hasta dos años, con las mismas exclusiones y reglas para la Junta que la AAU.

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Artículo 89. Ámbito de aplicación y cuestiones generales.

El artículo 89 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, regula el ámbito y las reglas generales de la licencia ambiental.

1. Se encuentran sometidas a licencia ambiental las actuaciones, de titularidad pública o privada, así señaladas en el anexo I, así como sus modificaciones sustanciales.

2. Los ayuntamientos podrán, mediante sus ordenanzas municipales, establecer que determinadas actuaciones del anexo I incluidas en el alcance de la declaración responsable de los efectos ambientales, así como sus modificaciones sustanciales, estén sujetas a licencia ambiental. Para ello se analizarán los efectos significativos de la actuación sobre el medio ambiente y la salud.

3. Las actuaciones sujetas a licencia ambiental que se desarrollen en el territorio de más de un municipio deberán obtener la licencia ambiental de cada uno de los ayuntamientos afectados.

4. No podrá otorgarse licencia o autorización sustantiva de cualquier Administración, ni presentarse declaración responsable de inicio de actividad, sin haber obtenido previamente la licencia ambiental cuando esta sea necesaria.

5. Si las actuaciones requieren alguna autorización sectorial ambiental o una comunicación ambiental legalmente exigible, el procedimiento de licencia ambiental deberá resolverse antes del otorgamiento de dicha autorización o comunicación.

6. La persona titular o promotora garantizará que la documentación ambiental ha sido elaborada por profesionales con capacidad técnica suficiente, conforme a las normas sobre cualificaciones profesionales y educación superior, y con la calidad y exhaustividad necesarias. Los documentos ambientales identificarán su autoría con su titulación y, en su caso, profesión regulada, y en ellos figurarán la fecha de finalización y la firma de la autoría.

7. La autoría de los documentos será responsable de su contenido, salvo en lo referente a datos recibidos fehacientemente por la Administración.

Datos clave

  • Licencia ambiental: actuaciones públicas o privadas así señaladas en el anexo I y sus modificaciones sustanciales.
  • Los ayuntamientos, por ordenanza, pueden sujetar a licencia actuaciones del anexo I propias de la declaración responsable.
  • Actuación en más de un municipio: licencia de cada ayuntamiento afectado.
  • Sin licencia ambiental previa no cabe licencia o autorización sustantiva ni declaración responsable de inicio de actividad.
  • Se resuelve antes de la autorización sectorial ambiental o la comunicación ambiental.
  • La documentación identifica autoría, titulación, fecha de finalización y firma; la autoría responde salvo datos recibidos fehacientemente por la Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La licencia ambiental la otorga cada ayuntamiento afectado para las actuaciones del anexo I que la exigen; debe obtenerse antes de cualquier licencia sustantiva y la documentación la firman profesionales responsables de su contenido.

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Artículo 98. Ámbito de aplicación.

El artículo 98 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, regula el ámbito de la declaración responsable de los efectos ambientales.

1. Están sometidas a declaración responsable de los efectos ambientales las actuaciones, tanto públicas como privadas, así señaladas en el anexo I, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 89.2.

2. Las actuaciones sujetas a declaración responsable de los efectos ambientales que se desarrollen en el ámbito territorial de más de un municipio deberán someterse a la declaración responsable ante cada uno de los ayuntamientos afectados.

3. La persona titular o promotora garantizará que la documentación ambiental ha sido elaborada por profesionales con capacidad técnica suficiente, conforme a las normas sobre cualificaciones profesionales y educación superior, y con la calidad y exhaustividad necesarias para cumplir los requisitos de la ley. Los documentos ambientales identificarán su autoría indicando su titulación y, en su caso, profesión regulada, y en ellos figurarán la fecha de finalización y la firma de la autoría.

4. La autoría de los documentos será responsable de su contenido, salvo en lo referente a datos recibidos fehacientemente por la Administración.

Datos clave

  • Se someten las actuaciones públicas y privadas así señaladas en el anexo I.
  • Sin perjuicio del artículo 89.2 (ordenanzas que exijan licencia ambiental).
  • En más de un municipio: declaración responsable ante cada ayuntamiento afectado.
  • Documentación elaborada por profesionales con capacidad técnica suficiente.
  • La autoría responde del contenido, salvo datos recibidos fehacientemente por la Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La declaración responsable de los efectos ambientales se aplica a las actuaciones del anexo I así señaladas, salvo que la ordenanza municipal exija licencia; se presenta ante cada ayuntamiento afectado y con documentación de profesionales.

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Artículo 106. Medidas de mejora de la calidad ambiental.

El artículo 106 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, recoge las medidas de mejora de la calidad ambiental.

1. Las Administraciones públicas competentes adoptarán y fomentarán cuantas medidas sean necesarias para la mejora de la calidad ambiental atmosférica, la gestión de los residuos y el suelo, de acuerdo con la normativa estatal.

2. La calidad ambiental se garantizará mediante la aplicación de normas de calidad, de valores límite de emisión y de cualquier otra medida que se establezca por las Administraciones públicas competentes con el mismo fin, de acuerdo con la normativa estatal.

3. Con independencia de lo establecido en el artículo 110 para los planes de mejora de la calidad del aire, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá elaborar planes de mejora de la calidad ambiental, cuya aprobación se hará mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno.

4. Para lograr un desarrollo sostenible en materia de calidad ambiental, se promocionarán y difundirán las modalidades más eficaces para el desarrollo, la aplicación y la difusión de tecnologías, conocimientos especializados, prácticas y procesos que reduzcan la contaminación en términos técnica y económicamente viables, fomentando especialmente las soluciones que compatibilicen la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y el mantenimiento y la creación de empleo.

Datos clave

  • Medidas para la calidad ambiental atmosférica, la gestión de los residuos y el suelo, de acuerdo con la normativa estatal.
  • Instrumentos: normas de calidad, valores límite de emisión y otras medidas.
  • Planes de mejora de la calidad ambiental: los elabora la Consejería de medio ambiente.
  • Se aprueban mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno.
  • Son independientes de los planes de mejora de la calidad del aire del artículo 110.
  • Se fomentan soluciones que compatibilicen medio ambiente, desarrollo económico y empleo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones deben adoptar y fomentar medidas de mejora de la calidad del aire, residuos y suelo mediante normas de calidad y valores límite; la Consejería puede elaborar planes de mejora que aprueba el Consejo de Gobierno.

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Artículo 107. Autorizaciones de control de la contaminación ambiental.

El artículo 107 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, identifica las autorizaciones de control de la contaminación ambiental.

A los efectos de esta ley, son autorizaciones de control de la contaminación ambiental las siguientes:

a) Autorización de emisiones a la atmósfera.

b) Autorizaciones de control en el ámbito de residuos.

Datos clave

  • La ley contempla dos tipos de autorizaciones de control de la contaminación ambiental.
  • Primera: la autorización de emisiones a la atmósfera.
  • Segunda: las autorizaciones de control en el ámbito de residuos.
  • La calificación se hace a los efectos de la Ley 2/2026.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

A efectos de la ley, hay dos autorizaciones de control de la contaminación ambiental: la de emisiones a la atmósfera y las de control en el ámbito de residuos.

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Artículo 109. Ámbito de aplicación.

El artículo 109 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, fija el ámbito del capítulo dedicado a la calidad del medio ambiente atmosférico.

1. Las prescripciones de este capítulo se aplican al aire ambiente y a la contaminación introducida en él por sustancias, por luminosidad de origen artificial, por olores, por ruidos y vibraciones.

2. Quedan excluidos del ámbito de la ley, y se rigen por su normativa específica:

a) La contaminación del aire en los centros de trabajo.

b) La contaminación del aire producida por todas las radiaciones no luminosas.

c) Los contaminantes biológicos, salvo las fracciones que pueden formar parte de los contaminantes atmosféricos, determinadas mediante los métodos de referencia de aplicación, relacionados en el anexo I de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

d) La contaminación en interiores.

Datos clave

  • Se aplica al aire ambiente.
  • Contaminación por sustancias, luminosidad de origen artificial, olores, ruidos y vibraciones.
  • Excluida: la contaminación del aire en los centros de trabajo.
  • Excluida: la producida por todas las radiaciones no luminosas.
  • Excluidos: los contaminantes biológicos, salvo las fracciones del anexo I de la Ley 34/2007.
  • Excluida: la contaminación en interiores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El capítulo de calidad atmosférica se aplica al aire ambiente y a la contaminación por sustancias, luz artificial, olores, ruidos y vibraciones; excluye centros de trabajo, radiaciones no luminosas, biológicos e interiores.

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Artículo 111. La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire.

El artículo 111 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, regula la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire.

Composición. La Red está integrada por todas las estaciones de medición, fijas y móviles, de titularidad pública y privada, instaladas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía siempre que se adecúen a los criterios establecidos reglamentariamente.

Coordinación y utilidad pública. La Red está coordinada por la Consejería competente en materia de medio ambiente y se considera de utilidad pública a efectos de expropiación o imposición de servidumbres forzosas necesarias para el establecimiento de sus instrumentos, previa indemnización si fuere legalmente exigible.

Información a la población. La Consejería competente deberá informar a la población cuando la Red detecte superación de umbrales, según lo previsto en la Directiva 2024/2881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa, y demás normativa vigente, de acuerdo con los mecanismos de coordinación que se establezcan.

Estaciones de medida. La Consejería competente en materia de medio ambiente y, en su caso, las entidades locales, en los términos de los artículos 5.3 y 10.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, deberán disponer de estaciones de medida u otros sistemas de evaluación de la calidad del aire suficientes para cumplir sus obligaciones. Su implantación se hará en colaboración con las entidades locales, minimizando y reduciendo obstáculos.

Obligación de los titulares. El órgano ambiental competente podrá imponer a los titulares de instalaciones con actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera la obligación de instalar instrumentos de medición, manual o automática, de las emisiones de contaminantes y de la calidad del aire.

Datos clave

  • Integrada por estaciones de medición fijas y móviles, públicas y privadas, adecuadas a los criterios reglamentarios.
  • Coordinada por la Consejería competente en materia de medio ambiente.
  • De utilidad pública a efectos de expropiación o servidumbres forzosas, previa indemnización si fuere legalmente exigible.
  • Se informa a la población si se superan umbrales, según la Directiva 2024/2881, de 23 de octubre de 2024.
  • Estaciones de la Consejería y, en su caso, de las entidades locales (arts. 5.3 y 10.2 de la Ley 34/2007).
  • Se puede obligar a instalar instrumentos de medición, manual o automática, a los titulares de actividades potencialmente contaminadoras.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire agrupa todas las estaciones de medición de Andalucía, la coordina la Consejería de medio ambiente, es de utilidad pública y sirve para avisar a la población si se superan umbrales.

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Artículo 113. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

El artículo 113 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, regula las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

1. A efectos de la ley, se consideran actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera las así catalogadas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

2. Estas actividades serán objeto de registro y control por parte de la Consejería competente en materia de medio ambiente, previo al inicio de la actividad, en el registro de instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, conforme al artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, y a lo que se determine reglamentariamente.

Datos clave

  • Son las así catalogadas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.
  • Registro y control por la Consejería competente en materia de medio ambiente.
  • El registro y control es previo al inicio de la actividad.
  • Se inscriben en el registro de instalaciones con actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
  • Conforme al artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera son las catalogadas en la Ley 34/2007; la Consejería de medio ambiente las registra y controla antes de que empiecen a funcionar.

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Artículo 121. Objeto.

El artículo 121 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, fija el objeto de la sección dedicada a la contaminación lumínica.

La sección tiene por objeto regular el régimen aplicable a las instalaciones y dispositivos de iluminación exterior en lo que se refiere a la contaminación lumínica que puedan producir, así como promover su eficiencia y ahorro energético, sin menoscabo de la seguridad ciudadana.

Datos clave

  • Regula las instalaciones y dispositivos de iluminación exterior.
  • Se centra en la contaminación lumínica que puedan producir.
  • Promueve su eficiencia y ahorro energético.
  • Límite: sin menoscabo de la seguridad ciudadana.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La sección de contaminación lumínica regula la iluminación exterior para limitar la contaminación lumínica y promover eficiencia y ahorro energético, sin perjudicar la seguridad ciudadana.

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Artículo 129. Ámbito de aplicación.

El artículo 129 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, delimita el ámbito de aplicación en materia de contaminación acústica.

1. La ley se aplica a las actividades susceptibles de producir contaminación acústica sea cual sea la causa que la origine.

2. Se excluyen de su ámbito de aplicación:

a) Las actividades militares, que se rigen por su legislación específica.

b) Las actividades domésticas o comportamientos de las personas vecinas cuando la contaminación acústica producida se mantenga dentro de límites tolerables, de conformidad con las ordenanzas municipales y los usos locales.

c) La actividad laboral, respecto de la contaminación acústica producida en el correspondiente lugar de trabajo, que se rige por la legislación laboral.

Datos clave

  • Se aplica a toda actividad susceptible de producir contaminación acústica, sea cual sea su causa.
  • Excluidas las actividades militares (legislación específica).
  • Excluidas las actividades domésticas o vecinales dentro de límites tolerables según ordenanzas municipales y usos locales.
  • Excluida la actividad laboral en el lugar de trabajo (legislación laboral).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las normas de contaminación acústica alcanzan a toda actividad que pueda producir ruido, sea cual sea su causa, salvo las militares, las domésticas o vecinales tolerables y la laboral en el lugar de trabajo.

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Artículo 131. Áreas y zonas acústicas.

El artículo 131 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, regula las áreas y zonas acústicas.

1. La zonificación del territorio del municipio en áreas acústicas se determina en función del uso predominante del suelo. Los tipos de áreas son los establecidos por la normativa básica estatal.

2. Sin perjuicio de la compatibilidad a efectos de calidad acústica de la normativa estatal básica, la zonificación acústica afecta al territorio del municipio al que se haya asignado uso global o pormenorizado del suelo en los instrumentos de ordenación territorial o urbanística. Como mínimo, se establecerá la zonificación acústica del suelo urbano o rústico susceptible de transformación urbanística.

En los nuevos instrumentos de ordenación territorial o urbanística se evitará, con carácter general, la colindancia de áreas de sensibilidad acústica cuyos objetivos de calidad difieran en más de 5 dBA. La colindancia quedará condicionada al establecimiento de zonas de transición, previa evaluación de la incidencia acústica.

3. La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica asociados a las áreas acústicas se regula por la normativa básica estatal.

4. Las zonas de servidumbre acústica, zonas de protección acústica especial y zonas de situación acústica especial se rigen por la normativa básica estatal.

Datos clave

  • Las áreas acústicas se determinan en función del uso predominante del suelo.
  • Los tipos de áreas son los de la normativa básica estatal.
  • Zonificación mínima: suelo urbano o rústico susceptible de transformación urbanística.
  • Se evita la colindancia de áreas cuyos objetivos de calidad difieran en más de 5 dBA.
  • Si hay colindancia: zonas de transición, previa evaluación de la incidencia acústica.
  • Suspensión provisional de objetivos y zonas de servidumbre, protección y situación acústica especial: normativa básica estatal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los municipios dividen su territorio en áreas acústicas según el uso predominante del suelo; hay una zonificación mínima obligatoria y se evita que colinden áreas cuyos objetivos difieran en más de 5 dBA.

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Artículo 138. Competencias en materia de residuos.

El artículo 138 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, distribuye las competencias en materia de residuos y economía circular entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales.

1. En la materia relativa a residuos y economía circular, corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente el ejercicio de las competencias autonómicas previstas en el artículo 12.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en la Ley 3/2023, de 30 de marzo.

2. A las entidades locales corresponde el ejercicio de las competencias que les atribuye el artículo 12.5 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, así como las previstas en el artículo 9.6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, y en la Ley 3/2023, de 30 de marzo.

Datos clave

  • Materia: residuos y economía circular.
  • Consejería competente en materia de medio ambiente: competencias autonómicas del artículo 12.4 de la Ley 7/2022 y de la Ley 3/2023.
  • Entidades locales: competencias del artículo 12.5 de la Ley 7/2022.
  • Entidades locales: también las del artículo 9.6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, y las de la Ley 3/2023, de 30 de marzo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En residuos y economía circular, la Consejería de medio ambiente ejerce las competencias autonómicas de la ley estatal de residuos y las entidades locales las que les atribuyen las leyes estatales y andaluzas citadas.

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Artículo 139. Competencias en materia de calidad ambiental del suelo.

El artículo 139 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, atribuye las competencias en materia de calidad ambiental del suelo.

En la materia relativa a suelos contaminados corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente el ejercicio de las competencias autonómicas previstas en el artículo 12.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, en relación con el título VIII de la citada ley, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9.12 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.

Datos clave

  • Materia: suelos contaminados.
  • Órgano: la Consejería competente en materia de medio ambiente.
  • Ejerce las competencias autonómicas del artículo 12.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
  • En relación con el título VIII de la Ley 7/2022.
  • Sin perjuicio del artículo 9.12 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En suelos contaminados, la Consejería de medio ambiente ejerce las competencias autonómicas que prevé la ley estatal de residuos en relación con su título VIII, sin perjuicio de las competencias locales.

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Artículo 149. Objeto y ámbito de aplicación.

El artículo 149 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, delimita el objeto y el ámbito del título dedicado a la responsabilidad medioambiental.

1. La prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales a los que resulta de aplicación la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, se llevará a cabo en la forma y condiciones fijadas en ella o en las previstas en esta ley si resultan más exigentes.

2. Las previsiones de este título se aplican a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de tales daños causados por actividades económicas y profesionales.

3. No será aplicable el régimen de responsabilidad ambiental en los supuestos exceptuados en la legislación básica en la materia.

Datos clave

  • Prevención, evitación y reparación de daños medioambientales.
  • Conforme a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
  • Se aplican las previsiones de la Ley 2/2026 si resultan más exigentes.
  • Alcanza daños y amenazas inminentes causados por actividades económicas y profesionales.
  • No se aplica en los supuestos exceptuados por la legislación básica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La prevención, evitación y reparación de daños medioambientales sigue la Ley 26/2007 o la ley andaluza si es más exigente, y se aplica a los daños y amenazas inminentes causados por actividades económicas y profesionales.

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Artículo 153. Objeto y ámbito de aplicación.

El artículo 153 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, define el objeto y el ámbito de la inspección, vigilancia y control ambiental.

Serán objeto de inspección, vigilancia y control ambiental todas las actividades, actuaciones e instalaciones desarrolladas y radicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de esta ley y demás normativa sectorial en materia de medio ambiente que les sea de aplicación.

Datos clave

  • Funciones: inspección, vigilancia y control ambiental.
  • Alcanzan a todas las actividades, actuaciones e instalaciones.
  • Deben estar desarrolladas y radicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  • Deben estar en el ámbito de la ley y de la normativa sectorial ambiental aplicable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Están sujetas a inspección, vigilancia y control ambiental todas las actividades, actuaciones e instalaciones situadas en Andalucía que caigan en el ámbito de esta ley o de la normativa sectorial ambiental.

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Artículo 161. Infracciones.

El artículo 161 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, regula con carácter general las infracciones.

1. Sin perjuicio de las infracciones que pudieran establecerse en la legislación sectorial, constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes. La exigencia de responsabilidad por infracciones administrativas lo será sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que los hechos pudieran dar lugar.

2. Las infracciones a la ley se clasifican en muy graves, graves y leves.

3. En materia de contaminación atmosférica, de contaminación acústica y de residuos y calidad ambiental del suelo son de aplicación, respectivamente, las infracciones y sanciones tipificadas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Datos clave

  • Infracciones: acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en la ley.
  • Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales.
  • Clasificación: muy graves, graves y leves.
  • Contaminación atmosférica: Ley 34/2007, de 15 de noviembre.
  • Contaminación acústica: Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
  • Residuos y calidad ambiental del suelo: Ley 7/2022, de 8 de abril.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las infracciones de la ley se clasifican en muy graves, graves y leves, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales; para atmósfera, ruido y residuos y suelos se aplican las infracciones de sus leyes estatales.

Esquema

Infracciones por materia
MateriaLey aplicable
AireContaminación atmosféricaLey 34/2007, de 15 de noviembre
RuidoContaminación acústicaLey 37/2003, de 17 de noviembre
ResiduosResiduos y calidad ambiental del sueloLey 7/2022, de 8 de abril

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Artículo 188. Competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora.

El artículo 188 de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, atribuye la competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora.

1. Consejería competente en materia de medio ambiente. Le corresponde, sin perjuicio de la que por razón de la cuantía de la sanción corresponde al Consejo de Gobierno según el artículo siguiente, respecto de las infracciones de las siguientes secciones del capítulo II del título: a) la sección 1.ª; b) la sección 2.ª; c) la sección 4.ª, cuando se trate de actuaciones sujetas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada; d) la sección 5.ª, sin perjuicio del apartado 4.c); e) la sección 6.ª; f) la sección 7.ª, según la distribución competencial del artículo 150.

2. La misma Consejería ejerce la potestad sancionadora respecto de las infracciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, del Reglamento General de Costas (Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre), de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, en su propio ámbito competencial, sin perjuicio de la que por razón de la cuantía corresponde al Consejo de Gobierno.

3. Consejería competente en materia de aguas. Le corresponde, sin perjuicio de la del Consejo de Gobierno por razón de la cuantía, respecto de la sección 7.ª, según la distribución competencial del artículo 150.

4. Ayuntamientos. Les corresponde respecto de las infracciones de: a) la sección 3.ª; b) la sección 4.ª en los supuestos no previstos en el apartado 1.c); c) la sección 5.ª cuando se trate de actuaciones de entidades colaboradoras referidas a dichos ayuntamientos.

5. Corresponde también a los ayuntamientos, en su propio ámbito competencial, la potestad sancionadora respecto de las infracciones de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

Datos clave

  • Consejería de medio ambiente: secciones 1.ª, 2.ª, 5.ª y 6.ª; la 4.ª si hay AAI, AAU o AAU simplificada; la 7.ª según el artículo 150.
  • Consejo de Gobierno: por razón de la cuantía de la sanción.
  • Consejería de medio ambiente: también Costas, Ley 7/2022, Ley 34/2007, Ley 37/2003 y Ley 1/2005 en su ámbito.
  • Consejería de aguas: sección 7.ª según el artículo 150.
  • Ayuntamientos: sección 3.ª, la 4.ª en los demás supuestos y la 5.ª para entidades colaboradoras referidas a ellos.
  • Ayuntamientos: infracciones de la Ley 34/2007 en su propio ámbito competencial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reparte la potestad sancionadora ambiental entre la Consejería de medio ambiente, la Consejería de aguas y los ayuntamientos según la sección infringida, reservando al Consejo de Gobierno lo que le toque por la cuantía.

Esquema

Quién sanciona cada sección
Consejería de medio ambienteAyuntamientos
Sección 3.ªNoSí
Sección 4.ªActuaciones con AAI, AAU o AAU simplificadaDemás supuestos
Sección 5.ªSí, sin perjuicio de la parte municipalEntidades colaboradoras referidas a ellos
Ley 34/2007En su ámbito competencialEn su propio ámbito competencial

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Disposición transitoria segunda. Régimen aplicable a las actuaciones que dispongan de instrumentos de prevención ambiental.

La disposición transitoria segunda de la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, regula el régimen de las actuaciones que ya disponían de instrumentos de prevención ambiental.

1. Conservación del instrumento. Las actuaciones que a la entrada en vigor de la ley dispongan de un instrumento de prevención ambiental otorgado, estén o no en funcionamiento, continuarán disponiendo del mismo. A estos efectos, el instrumento de calificación ambiental se considerará licencia ambiental.

2. Modificación sustancial. La tramitación y resolución de un instrumento a consecuencia de la modificación sustancial de la actuación se lleva a cabo conforme al procedimiento establecido para el instrumento con el que contaba antes de la entrada en vigor de la ley, salvo que el titular opte expresamente por la normativa del instrumento que corresponda según la nueva ley. Esta opción no se aplica cuando la modificación supere los umbrales que definen el instrumento, en cuyo caso se aplica la normativa del instrumento de umbrales superiores, ni cuando la actuación deba quedar sometida a un instrumento cuya tramitación y resolución corresponda a una Administración pública diferente, que será la competente para el nuevo instrumento.

3. Autorizaciones sectoriales integradas. Si, por haber ejercido el titular esa opción, una actuación pasa de un instrumento que integraba autorizaciones sectoriales a otro que no las integra, se considera que sigue disponiendo de ellas; desde ese cambio, su régimen sancionador será el de su normativa sectorial, y sus modificaciones se tramitarán y resolverán por el órgano competente para otorgarlas, que tendrá en cuenta lo resuelto en el anterior instrumento.

4. Superación de umbrales. Si no cabe la opción por superarse los umbrales, el titular deberá solicitar el instrumento correspondiente ante el organismo ambiental competente. Si disponía de autorizaciones sectoriales independientes y pasa a un instrumento que las integra, se considera que sigue disponiendo de ellas, salvo que la modificación implique modificarlas, en cuyo caso se tramitarán según la normativa del nuevo instrumento.

5. Reducción de autorizaciones integradas. Si con la entrada en vigor de la ley se reducen las autorizaciones sectoriales integradas en un instrumento, las actuaciones siguen disponiendo de ellas, siendo aplicable desde entonces a sus futuras modificaciones su normativa específica y su régimen sancionador.

6. Régimen sancionador. A las actuaciones que, disponiendo de un instrumento, pasen a corresponderles otro o el mismo con distinto alcance en cuanto a las autorizaciones sectoriales que integra, se les aplicará siempre el régimen sancionador que resulte más favorable.

Datos clave

  • Las actuaciones con instrumento otorgado lo conservan, estén o no en funcionamiento.
  • La calificación ambiental se considera licencia ambiental.
  • Modificación sustancial: procedimiento del instrumento anterior, salvo opción expresa del titular por la nueva ley.
  • Sin opción si se superan los umbrales o si cambia la Administración competente.
  • Las autorizaciones sectoriales integradas se conservan al cambiar de instrumento.
  • Régimen sancionador: siempre el más favorable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien ya tenía un instrumento de prevención ambiental lo conserva; las modificaciones sustanciales siguen el procedimiento anterior salvo opción por la nueva ley, y en materia sancionadora se aplica siempre el régimen más favorable.

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