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Tema 65: Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, adquisición, disponibilidad y uso. Responsabilidad y sanciones. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, concepto y clasificación de los bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.

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Artículo 47. Administraciones Públicas andaluzas.

1. Son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma:

1.ª El procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma, la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía y de sus organismos autónomos.

2.ª Los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma, así como las servidumbres públicas en materia de su competencia, en el marco del régimen general del dominio público.

3.ª Las potestades de control, inspección y sanción en los ámbitos materiales de competencia de la Comunidad Autónoma, en lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.

4.ª Organización a efectos contractuales de la Administración propia.

2. Son competencias compartidas de la Comunidad Autónoma:

1.ª El régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y régimen estatutario de su personal funcionario y estatutario, así como de su personal laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76 de este Estatuto.

2.ª El procedimiento administrativo común.

3.ª Los contratos y concesiones administrativas.

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma, en materia de expropiación forzosa, la competencia ejecutiva que incluye, en todo caso:

a) Determinar los supuestos, las causas y las condiciones en que las Administraciones andaluzas pueden ejercer la potestad expropiatoria.

b) Establecer criterios de valoración de los bienes expropiados según la naturaleza y la función social que tengan que cumplir, de acuerdo con la legislación estatal.

c) Crear y regular un órgano propio para la determinación del justiprecio y fijar su procedimiento.

4. Corresponde a la Junta de Andalucía, en materia de responsabilidad patrimonial, la competencia compartida para determinar el procedimiento y establecer los supuestos que pueden originar responsabilidad con relación a las reclamaciones dirigidas a ella, de acuerdo con el sistema general de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

5. La Comunidad Autónoma ostenta facultades para incorporar a su legislación aquellas figuras jurídico-privadas que fueran necesarias para el ejercicio de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.

Datos clave

  • Exclusivas: procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia y estructura de sus órganos y organismos autónomos.
  • Exclusivas: bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad y organización a efectos contractuales de la Administración propia.
  • Compartidas: régimen jurídico de su Administración y régimen estatutario de su personal funcionario, estatutario y laboral.
  • Compartidas: el procedimiento administrativo común y los contratos y concesiones administrativas.
  • Expropiación forzosa: competencia ejecutiva, incluido crear un órgano propio para la determinación del justiprecio.
  • Responsabilidad patrimonial: competencia compartida para determinar el procedimiento y los supuestos.
  • Puede incorporar figuras jurídico-privadas, sin perjuicio del artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Administraciones andaluzas: procedimiento propio, bienes y potestad sancionadora como exclusivas; régimen jurídico, procedimiento común y contratos como compartidas; expropiación ejecutiva y responsabilidad patrimonial compartida.

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Artículo 1. Objeto de la ley.

La presente ley tiene por objeto establecer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el régimen jurídico de los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco de la normativa de aplicación general y básica sobre patrimonio de las Administraciones públicas.

Datos clave

  • La ley establece el régimen jurídico de los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  • Se dicta de conformidad con el artículo 188.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
  • Se enmarca en la normativa de aplicación general y básica sobre patrimonio de las Administraciones públicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley regula el régimen jurídico de los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con base en el artículo 188.2 del Estatuto y dentro de la normativa básica patrimonial.

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Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente ley será de aplicación a:

a) La Administración de la Junta de Andalucía.

b) Las agencias administrativas, públicas empresariales y de régimen especial.

c) Las instituciones de autogobierno de la comunidad autónoma a que se refiere el artículo 99 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

d) Las entidades con régimen de independencia funcional o de especial autonomía referidas en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Los consorcios regulados en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, se regirán por las disposiciones establecidas en la presente ley para las agencias y por sus estatutos.

3. Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz se regirán por el derecho privado, salvo en aquellos aspectos expresamente regulados sobre las mismas en la presente ley.

4. La administración, la desafectación y la disposición de los bienes de dominio público, así como de los bienes patrimoniales de las universidades públicas andaluzas, se ajustarán a la normativa sobre el sistema universitario y las normas generales que rigen el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en particular, a la presente ley, con las especialidades previstas en su normativa específica. Las competencias y facultades que se atribuyen al Consejo de Gobierno y a las consejerías en cada caso deben entenderse referidas a los órganos de gobierno universitarios.

Datos clave

  • Se aplica a la Administración de la Junta de Andalucía y a las agencias administrativas, públicas empresariales y de régimen especial.
  • También a las instituciones de autogobierno del artículo 99 del Estatuto y a las entidades de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007.
  • Los consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007 se rigen por las disposiciones para las agencias y por sus estatutos.
  • Sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz: derecho privado, salvo lo regulado expresamente en la ley.
  • En las universidades públicas andaluzas, las facultades del Consejo de Gobierno y consejerías se entienden referidas a sus órganos de gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se aplica a la Junta, sus agencias, las instituciones del artículo 99 del Estatuto y las entidades de especial autonomía; consorcios por las reglas de agencias, sociedades y fundaciones por derecho privado y universidades con especialidades.

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Artículo 3. Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía está constituido por el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias, cualquiera que sea su naturaleza y el título de adquisición.

Las instituciones de la Junta de Andalucía y las entidades con régimen de independencia funcional o de especial autonomía referidas en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, carecen de patrimonio propio. La titularidad de los bienes y derechos que tengan adscritos o que utilicen por cualquier título corresponde, en todo caso, a la Administración de la Junta de Andalucía.

No se entenderán incluidos en el Patrimonio de la Comunidad Autónoma los recursos financieros de la hacienda pública de la Junta de Andalucía, sean dinero, valores, créditos u otros recursos.

2. El Parlamento de Andalucía dispone de autonomía patrimonial y asume las mismas competencias y facultades que se atribuyen en la presente ley al Consejo de Gobierno, a la Consejería competente en materia de patrimonio y al resto de las consejerías en cada caso.

Las demás instituciones asumen las mismas competencias y facultades que la presente ley atribuye a los órganos a los que estén adscritos los bienes y derechos, gozando de autonomía para su ejercicio, y se regirán por las disposiciones establecidas en la presente ley para las consejerías.

Las entidades con régimen de independencia funcional o de especial autonomía referidas en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, asumirán las competencias y facultades y se regirán por las mismas disposiciones indicadas en el párrafo anterior respecto de los bienes y derechos que tengan adscritos.

3. Los consorcios regulados en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz dispondrán de patrimonios separados no integrados en el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Datos clave

  • El Patrimonio lo forman los bienes y derechos de la Junta y de sus agencias, cualquiera que sea su naturaleza y título de adquisición.
  • Las instituciones y entidades con independencia funcional carecen de patrimonio propio; la titularidad corresponde a la Administración de la Junta.
  • No se incluyen los recursos financieros de la hacienda pública de la Junta: dinero, valores, créditos u otros recursos.
  • El Parlamento de Andalucía dispone de autonomía patrimonial y asume las facultades del Consejo de Gobierno y de las consejerías.
  • Consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz tienen patrimonios separados no integrados en el Patrimonio de la Comunidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Patrimonio andaluz lo forman los bienes y derechos de la Junta y sus agencias; las instituciones no tienen patrimonio propio salvo el Parlamento, que tiene autonomía patrimonial; consorcios, sociedades y fundaciones tienen patrimonio separado.

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Artículo 4. Representación y ejercicio de facultades sobre el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1. El ejercicio de las facultades derivadas de la titularidad dominical del Patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía, así como su representación extrajudicial, corresponde, con carácter general, a la Consejería competente en materia de patrimonio a través de la Dirección General de Patrimonio, salvo que legalmente se atribuyese para determinados bienes y derechos a otros órganos o entidades.

Los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y proyectos de disposiciones reglamentarias que afecten al Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía se informarán preceptivamente por la Dirección General de Patrimonio.

La representación en juicio en materia patrimonial de la Administración de la Junta de Andalucía corresponderá al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y se regirá por la normativa reguladora de la representación y defensa de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Las agencias ejercerán todas las facultades derivadas de la titularidad de sus patrimonios propios, con las particularidades previstas en la presente ley.

La representación de las agencias en las actuaciones relativas a sus bienes y derechos corresponderá a los órganos que legal o estatutariamente la tengan atribuida.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las competencias de las distintas consejerías y agencias para la administración, gestión, uso, conservación, vigilancia y colaboración en la protección y defensa de los bienes y derechos que les hayan sido adscritos para el cumplimiento de sus fines.

4. No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos, sino mediante Decreto acordado en Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de patrimonio, previo informe preceptivo del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía o del órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico de la agencia. Asimismo, se solicitará dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía cuando el valor del objeto del litigio exceda del importe establecido para las transacciones sobre los derechos de contenido económico en el artículo 17.8 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, o norma que lo sustituya.

Datos clave

  • Las facultades dominicales y la representación extrajudicial corresponden a la Consejería competente en materia de patrimonio a través de la Dirección General de Patrimonio.
  • La Dirección General de Patrimonio informa preceptivamente los anteproyectos y proyectos normativos que afecten al Patrimonio.
  • La representación en juicio corresponde al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
  • Las agencias ejercen las facultades sobre sus patrimonios propios.
  • Transacción y arbitraje solo mediante Decreto acordado en Consejo de Gobierno, previo informe preceptivo del Gabinete Jurídico.
  • Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía si el valor excede del importe del artículo 17.8 de la Ley 2/2024, de 19 de julio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ejerce las facultades dominicales y la representación extrajudicial la consejería de patrimonio mediante la Dirección General de Patrimonio; en juicio representa el Gabinete Jurídico; transigir o arbitrar exige decreto del Consejo de Gobierno.

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Artículo 5. Clasificación.

1. Por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pueden ser de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales.

2. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía estará siempre al servicio del interés general y a la satisfacción de los principios y objetivos públicos consagrados en el Estatuto de Autonomía.

Su gestión será objeto de planificación racional, orientada a la optimización del uso de los bienes de dominio público y a la eficiencia y economía del aprovechamiento de los bienes patrimoniales, conforme a los principios inspiradores contemplados en esta ley.

Datos clave

  • Por su régimen jurídico, los bienes y derechos son de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales.
  • El Patrimonio está siempre al servicio del interés general y de los principios y objetivos del Estatuto de Autonomía.
  • Su gestión es objeto de planificación racional.
  • Busca la optimización del uso de los bienes de dominio público y la eficiencia y economía del aprovechamiento de los patrimoniales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Por su régimen jurídico, los bienes y derechos son de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales; el Patrimonio sirve siempre al interés general y su gestión se planifica racionalmente.

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Artículo 6. Bienes y derechos de dominio público o demaniales.

1. Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales. En todo caso, tendrán la consideración de dominio público los bienes inmuebles de la comunidad autónoma en los que se alojen servicios, oficinas o dependencias de los órganos y entidades a que se refiere el artículo 2.1.

2. Los bienes y derechos de dominio público de la comunidad autónoma se regirán por la presente ley, su normativa de desarrollo y por la normativa de aplicación general y básica sobre patrimonio de las Administraciones públicas. Con carácter supletorio, se aplicarán las restantes disposiciones de la normativa estatal, las normas del derecho administrativo y, en su defecto, las del derecho privado.

Los bienes y derechos de dominio público que estén sometidos a legislación administrativa específica se regularán por sus normas propias, sin perjuicio de la aplicación de las normas referidas en el párrafo anterior.

3. La gestión y administración de los bienes y derechos de dominio público por la comunidad autónoma se ajustará, de conformidad con lo dispuesto con carácter básico en el artículo 6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, a los siguientes principios:

a) Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.

b) Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados.

c) Aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas.

d) Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.

e) Ejercicio diligente de las prerrogativas que la presente ley u otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad.

f) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.

g) Cooperación y colaboración entre las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio público.

4. De conformidad con los principios expuestos en el apartado anterior y con las limitaciones de disponibilidad inherentes a su naturaleza, los bienes y derechos de dominio público del Patrimonio de la Comunidad Autónoma son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Datos clave

  • Son demaniales los bienes de titularidad pública afectados al uso general o al servicio público y aquellos a los que una ley otorgue expresamente ese carácter.
  • En todo caso son dominio público los inmuebles de la comunidad autónoma en los que se alojen servicios, oficinas o dependencias de los órganos y entidades del artículo 2.1.
  • Régimen supletorio: restantes disposiciones de la normativa estatal, normas del derecho administrativo y, en su defecto, las del derecho privado.
  • Los principios de gestión se ajustan al artículo 6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
  • Primer principio: inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
  • Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.
  • Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define el dominio público por su titularidad pública y afectación, y proclama su inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.

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Artículo 7. Bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales.

1. Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que, siendo de titularidad pública, no tengan el carácter de demaniales.

2. En todo caso, tienen la consideración de patrimoniales los siguientes bienes y derechos:

a) Los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por estas, así como los contratos de futuro y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en sociedades mercantiles.

b) Los derechos de propiedad incorporal.

c) Los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales.

3. Los bienes y derechos de dominio privado de la comunidad autónoma se regirán por esta ley, su normativa de desarrollo y por la normativa de aplicación general y básica sobre patrimonio de las Administraciones públicas. Con carácter supletorio, se aplicarán las normas del Derecho Administrativo en todas las cuestiones relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y el procedimiento que ha de seguirse para ello, y las normas del derecho privado en lo que afecte a los restantes aspectos de su régimen jurídico.

Los bienes y derechos de dominio privado que estén sometidos a legislación administrativa específica se regularán por sus normas propias, sin perjuicio de la aplicación de las normas referidas en el párrafo anterior.

4. La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales se ajustará, de conformidad con lo dispuesto con carácter básico en el artículo 8.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, a los siguientes principios:

a) Eficiencia y economía en su gestión.

b) Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos.

c) Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.

d) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.

e) Colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones públicas, con el fin de optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes.

5. Los bienes y derechos de dominio privado del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. De igual forma, estos bienes y derechos podrán ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes especiales.

Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades mercantiles del sector público andaluz que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, de conformidad con el artículo 27 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Datos clave

  • Son patrimoniales los bienes y derechos de titularidad pública que no tengan carácter demanial.
  • Siempre patrimoniales: valores y títulos de acciones y participaciones en sociedades mercantiles, derechos de propiedad incorporal y derechos derivados de bienes patrimoniales.
  • Supletoriamente, derecho administrativo para competencia y procedimiento, y derecho privado para el resto de su régimen jurídico.
  • Principios de gestión del artículo 8.1 de la Ley 33/2003: eficiencia y economía, eficacia y rentabilidad, publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad.
  • Pueden ser enajenados y objeto de prescripción adquisitiva por terceros conforme al Código Civil y leyes especiales.
  • No cabe embargo si están materialmente afectados a un servicio o función pública, si sus rendimientos están afectados a fines determinados o si son títulos de sociedades del sector público andaluz que ejecuten políticas públicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Considera patrimoniales los bienes públicos no demaniales, regula sus principios de gestión y admite su enajenación y prescripción adquisitiva.

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Artículo 8. Modos de adquirir y carácter.

1. La Administración de la Junta de Andalucía podrá adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y, en particular, a través de los siguientes:

a) Por atribución de la ley.

b) Por expropiación.

c) Mediante negocio jurídico oneroso o gratuito.

d) Mediante prescripción adquisitiva y ocupación.

e) Mediante la adjudicación de bienes o derechos en procedimientos administrativos o judiciales.

f) Mediante incorporación de bienes y derechos procedentes de la reducción de capital o extinción de sociedades, por disolución de consorcios o por extinción de fundaciones.

g) Mediante los correspondientes traspasos como consecuencia de las transferencias de competencias y servicios.

Las agencias podrán adquirir bienes por los medios previstos en las letras a), c), d), e) y f), pudiendo, asimismo, ser beneficiarias de los bienes adquiridos mediante expropiación.

2. Salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la Administración de la Junta de Andalucía y de las agencias, se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de que, simultáneamente a la adquisición o con posterioridad, puedan ser afectados a un uso general o servicio público.

No obstante, los bienes y derechos transferidos por el Estado u otra Administración pública se integrarán en el patrimonio autonómico con el carácter que ostenten en el momento del traspaso.

Datos clave

  • La Junta puede adquirir por atribución de la ley, expropiación, negocio jurídico oneroso o gratuito, prescripción adquisitiva y ocupación.
  • También por adjudicación en procedimientos administrativos o judiciales, por incorporación desde sociedades, consorcios o fundaciones, y por traspasos de competencias y servicios.
  • Las agencias pueden adquirir por las letras a), c), d), e) y f) y ser beneficiarias de bienes expropiados.
  • Salvo disposición legal en contrario, los bienes se entienden adquiridos con carácter patrimonial.
  • Los bienes transferidos por el Estado u otra Administración se integran con el carácter que tengan en el momento del traspaso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta adquiere por ley, expropiación, negocio jurídico, prescripción u ocupación, adjudicación, incorporación o traspaso; las agencias por cinco de esos modos; lo adquirido se presume patrimonial.

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Artículo 10. Adquisiciones mediante negocio jurídico oneroso o gratuito.

Las adquisiciones de bienes y derechos mediante negocio jurídico oneroso o gratuito se regirán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de la normativa básica y de aplicación general sobre el patrimonio de las Administraciones públicas, y supletoriamente por las normas del derecho privado, civil o mercantil.

Se regirán por su normativa específica las adquisiciones de bienes muebles u otros derechos que se encuentren dentro del ámbito del contrato de suministro o de cualquier otro de los regulados en la legislación de contratos del sector público.

Datos clave

  • Las adquisiciones por negocio jurídico oneroso o gratuito se rigen por esta ley.
  • Se respeta la normativa básica y de aplicación general sobre patrimonio de las Administraciones públicas.
  • Supletoriamente se aplican las normas del derecho privado, civil o mercantil.
  • Las adquisiciones dentro del ámbito del contrato de suministro u otros contratos del sector público se rigen por su normativa específica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las adquisiciones por negocio jurídico se rigen por esta ley, la normativa básica y, supletoriamente, el derecho privado; las incluidas en el contrato de suministro u otros contratos públicos, por su normativa específica.

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Artículo 11. Adquisición por prescripción adquisitiva y ocupación.

La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias podrán adquirir bienes por prescripción y ocupación, con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes especiales.

Datos clave

  • La Administración de la Junta de Andalucía puede adquirir bienes por prescripción.
  • También puede adquirirlos por ocupación.
  • Las agencias tienen la misma facultad de adquisición por prescripción y ocupación.
  • Estas adquisiciones se rigen por lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes especiales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta de Andalucía y sus agencias pueden adquirir bienes por prescripción y ocupación, según el Código Civil y leyes especiales.

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Artículo 15. Afectación de bienes y derechos.

1. La afectación determina la vinculación de los bienes y derechos patrimoniales a un uso general o servicio público competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su consiguiente integración en el dominio público.

2. Los bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía podrán ser afectados a cualquier uso general o servicio público competencia de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias.

Los bienes y derechos cuya titularidad corresponda a las agencias solo podrán ser afectados al cumplimiento de los fines, funciones o servicios que estas tengan encomendados.

3. Salvo que derive de una norma con rango legal, la afectación deberá hacerse en virtud de acto expreso, en el que se indicará el bien o derecho a que se refiera, el uso general o servicio público al que se destina, la circunstancia de quedar integrado en el dominio público y la Consejería o agencia a la que se adscribe.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, surtirán los mismos efectos que la afectación expresa los hechos y actos siguientes:

a) La utilización pública, notoria y continuada durante un año, por la Administración de la Junta de Andalucía o sus agencias, de bienes o derechos de su titularidad para un uso general o servicio público.

b) La adquisición de bienes y derechos por prescripción u ocupación, de conformidad con las reglas de derecho privado, cuando los actos posesorios vinculasen el bien o derecho a un uso general o servicio público.

c) La adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa.

d) La aprobación por el Consejo de Gobierno de planes, programas o proyectos de obras o servicios, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que conlleven el destino de bienes y derechos al uso general o servicio público.

e) La adquisición de bienes muebles para el desenvolvimiento de los servicios públicos o para la decoración de dependencias oficiales.

Asimismo, los inmuebles en construcción se entenderán afectados al uso general o servicio público al que vayan a destinarse.

5. La Consejería o agencia que tuviese conocimiento de los hechos o realizase las actuaciones indicadas en las letras a), b), c) y d) del apartado 4 deberá comunicarlo a la Dirección General de Patrimonio para levantamiento de un acta de afectación, regularización y anotación en el Inventario, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de administración y defensa que correspondan.

Cuando se trate de bienes o derechos del patrimonio propio de las agencias o que deban integrarse en el mismo, las actuaciones para la afectación, regularización y anotación en el inventario corresponderán a los órganos que legal o estatutariamente la tengan atribuida.

6. Podrá acordarse la afectación de bienes y derechos que no vayan a dedicarse de forma inmediata a un servicio público cuando sea previsible su utilización para estos fines tras el transcurso de un plazo o el cumplimiento de determinadas condiciones, que se harán constar en la resolución que acuerde la afectación.

7. De la afectación de los bienes y derechos se dejará oportuna constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Datos clave

  • La afectación vincula bienes y derechos patrimoniales a un uso general o servicio público y los integra en el dominio público.
  • Los bienes de las agencias solo pueden afectarse al cumplimiento de los fines, funciones o servicios que tengan encomendados.
  • Salvo norma con rango legal, la afectación requiere acto expreso que indique el bien, el destino, su integración en el dominio público y la Consejería o agencia de adscripción.
  • Afectación implícita por utilización pública, notoria y continuada durante un año para un uso general o servicio público.
  • También surten efecto de afectación la prescripción u ocupación, la expropiación forzosa, la aprobación por el Consejo de Gobierno de planes o proyectos y la adquisición de muebles para servicios o decoración.
  • Los inmuebles en construcción se entienden afectados al uso o servicio al que vayan a destinarse.
  • Los casos de las letras a) a d) se comunican a la Dirección General de Patrimonio para levantar acta de afectación; de toda afectación queda constancia en el Inventario General.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La afectación vincula un bien a un uso general o servicio público y lo mete en el dominio público. Por regla es por acto expreso, pero hay hechos y actos que producen el mismo efecto.

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Artículo 16. Competencias y procedimiento para la afectación de bienes y derechos.

1. La afectación de los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía se acordará por la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, que incoará el procedimiento de oficio, a iniciativa propia o a propuesta de la Consejería o agencia interesada en la afectación.

La afectación de los bienes muebles y demás derechos que no recaigan sobre inmuebles corresponderá a las consejerías o agencias a las que queden adscritos.

2. La afectación de bienes y derechos de titularidad de las agencias se acordará por los órganos que legal o estatutariamente tengan atribuida dicha competencia, previa incoación y tramitación del correspondiente procedimiento.

3. La afectación, que deberá contener las menciones requeridas en el artículo 15.3, surtirá efectos desde el acto de afectación salvo cuando este disponga expresamente otra cosa. En todo caso, la recepción de los bienes por la Consejería o agencia a que se adscriban se formalizará mediante suscripción del acta correspondiente por las personas designadas como representantes por esta y por la Dirección General de Patrimonio.

Datos clave

  • La afectación de inmuebles y derechos sobre ellos de la Junta la acuerda la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.
  • El procedimiento se incoa de oficio, a iniciativa propia o a propuesta de la Consejería o agencia interesada.
  • La afectación de muebles y derechos que no recaigan sobre inmuebles corresponde a las consejerías o agencias de adscripción.
  • En las agencias la acuerdan los órganos que legal o estatutariamente tengan la competencia.
  • Surte efectos desde el acto de afectación salvo que este disponga otra cosa; la recepción se formaliza mediante acta suscrita con la Dirección General de Patrimonio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién afecta: inmuebles de la Junta, el titular de la Consejería de patrimonio; muebles, la Consejería o agencia de adscripción; bienes de agencias, sus órganos competentes. La afectación surte efectos desde el acto.

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Artículo 17. Afectaciones concurrentes.

1. Los bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias podrán ser objeto de afectación a más de un uso general o servicio público, conforme a lo establecido en el artículo 15.2, siempre que los diversos fines concurrentes sean compatibles entre sí.

2. La resolución en la que se acuerde la afectación a más de un uso general o servicio público determinará las facultades que corresponden a las diferentes consejerías o agencias respecto de la utilización, administración y defensa de los bienes y derechos afectados.

Datos clave

  • Los bienes de la Junta y sus agencias pueden afectarse a más de un uso general o servicio público.
  • Requisito: que los diversos fines concurrentes sean compatibles entre sí.
  • La resolución determina las facultades de cada consejería o agencia sobre utilización, administración y defensa de los bienes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Un mismo bien puede afectarse a varios usos o servicios públicos a la vez si los fines son compatibles; la resolución reparte entre consejerías o agencias las facultades sobre él.

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Artículo 18. Desafectación de los bienes y derechos.

1. Mediante la desafectación los bienes y derechos de dominio público perderán esta condición, adquiriendo la de patrimoniales, por dejar de destinarse a un uso general o servicio público de competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. La desafectación deberá realizarse de forma expresa y motivada, salvo en los supuestos previstos en la ley.

3. La desafectación se realizará siguiendo el procedimiento y por los mismos órganos que están previstos para su afectación.

Cuando se trate de inmuebles o derechos sobre estos, la Consejería o agencia que proponga la desafectación deberá acompañar a la propuesta un informe sobre la situación física, jurídica y de deudas vinculadas al uso o posesión del inmueble.

4. La administración, gestión y conservación de los inmuebles y derechos sobre los mismos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía, que hayan sido desafectados, corresponderán a la Dirección General de Patrimonio, salvo que por razones justificadas se estime conveniente por la misma su adscripción a otra Consejería o agencia.

En el caso de muebles y derechos sobre estos, una vez perdida la demanialidad, estos bienes y derechos se seguirán gestionando por dichas consejerías o agencias, salvo que se acuerde el cambio de adscripción, en los términos previstos en esta ley.

La administración, gestión y conservación de los bienes y derechos de titularidad de las agencias desafectados corresponderán a los órganos que legal o estatutariamente tengan atribuida dicha competencia.

5. De la desafectación de los bienes y derechos se dejará oportuna constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Datos clave

  • Por la desafectación los bienes pierden la condición de dominio público y adquieren la de patrimoniales.
  • Debe realizarse de forma expresa y motivada, salvo en los supuestos previstos en la ley.
  • Sigue el procedimiento y los mismos órganos previstos para la afectación.
  • En inmuebles, la propuesta se acompaña de informe sobre la situación física, jurídica y de deudas vinculadas al uso o posesión.
  • Los inmuebles desafectados de la Junta pasan a la Dirección General de Patrimonio, salvo adscripción justificada a otra Consejería o agencia.
  • De la desafectación queda constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La desafectación convierte un bien de dominio público en patrimonial. Debe ser expresa y motivada, salvo previsión legal, y sigue el mismo procedimiento y órganos que la afectación.

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Artículo 19. Concepto de mutación demanial.

1. La mutación demanial es el acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con simultánea afectación a otro uso general o servicio público.

2. La mutación demanial implica la modificación de los fines específicos a los que los bienes o derechos se vinculan y, en su caso, la alteración de su adscripción orgánica.

3. La mutación demanial deberá efectuarse de forma expresa, salvo lo previsto en el artículo 28 para el caso de reestructuración orgánica.

4. De la mutación demanial se dejará la oportuna constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Datos clave

  • La mutación demanial es la desafectación de un bien o derecho con simultánea afectación a otro uso general o servicio público.
  • Implica la modificación de los fines específicos y, en su caso, la alteración de su adscripción orgánica.
  • Debe efectuarse de forma expresa, salvo lo previsto en el artículo 28 para la reestructuración orgánica.
  • De ella se deja constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La mutación demanial es desafectar un bien y afectarlo a la vez a otro uso o servicio público; cambia sus fines y, en su caso, su adscripción. Debe ser expresa, salvo reestructuración orgánica.

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Artículo 20. Mutación demanial interna.

1. Los bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias afectados al cumplimiento de sus fines podrán afectarse a otros usos o servicios públicos, conforme a lo establecido en el artículo 15.2.

2. La mutación demanial de los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía se acordará por la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, a iniciativa propia o a petición de la Consejería o agencia interesada, previo informe de la Consejería o agencia a que estuvieran adscritos los bienes o derechos. La mutación demanial de los bienes muebles se acordará por las personas titulares de las consejerías o agencias a las que estuvieran adscritos.

3. La mutación demanial de los bienes y derechos de titularidad de las agencias se acordará por los órganos que se disponga legal o estatutariamente.

Datos clave

  • La mutación demanial interna permite afectar los bienes de la Junta y sus agencias a otros usos o servicios públicos.
  • En inmuebles de la Junta la acuerda la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, previo informe de la Consejería o agencia de adscripción.
  • Puede iniciarse a iniciativa propia o a petición de la Consejería o agencia interesada.
  • En bienes muebles la acuerdan las personas titulares de las consejerías o agencias a las que estuvieran adscritos.
  • En bienes de las agencias la acuerdan los órganos que se disponga legal o estatutariamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Mutación interna: el bien cambia de uso dentro de la Junta. Inmuebles, la Consejería de patrimonio con informe previo de quien los tenía; muebles, la Consejería o agencia de adscripción.

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Artículo 21. Mutación demanial externa.

1. Los bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía afectos al cumplimiento de sus fines podrán afectarse a otros usos o servicios públicos, competencia de otras Administraciones públicas, sin transferencia de titularidad ni cambio de su calificación jurídica, y será aplicable a las referidas Administraciones públicas cuando se prevea en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a la Administración de la Junta de Andalucía para su destino a un uso general o servicio público de su competencia.

Asimismo, la Administración de la Junta de Andalucía podrá afectar bienes y derechos demaniales de su titularidad a las instituciones de la Unión Europea, sus agencias y organismos, para que por estos se destinen a usos o servicios públicos de su competencia en los términos que se acuerden en el correspondiente convenio. En dichos supuestos no resultará exigible la expresa previsión por el derecho europeo de la posibilidad de afectar bienes de titularidad de la institución, agencia u organismo de la Unión Europea, a la Administración de la Junta de Andalucía para su destino a un uso general o servicio público de su competencia.

2. La mutación demanial a favor de otras Administraciones públicas se acordará por la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio. El procedimiento se iniciará de oficio, a petición del órgano competente de la Administración interesada, y previa propuesta y remisión de la documentación necesaria por parte de la Consejería o agencia que tuviera adscritos los bienes o derechos, en los términos que se desarrollen reglamentariamente.

En todo caso, la Administración pública beneficiaria deberá aceptar con carácter previo las obligaciones que se establezcan y, anualmente, habrá de remitir a la Dirección General de Patrimonio un informe de seguimiento sobre los usos a que se destina el bien o derecho y el cumplimiento de las condiciones.

3. La mutación demanial externa se formalizará mediante la suscripción del correspondiente documento administrativo, que será firmado por las personas designadas como representantes por la Dirección General de Patrimonio y por la Administración beneficiaria.

4. La Administración beneficiaria podrá solicitar el cambio de destino de los bienes o derechos siempre que se cumplan los requisitos establecidos y el procedimiento previsto en este artículo.

5. Los gastos y tributos que generasen los bienes o derechos objeto de la mutación demanial regulada en este artículo serán, en todo caso, por cuenta de la Administración beneficiaria de la misma.

6. Si los bienes o derechos no fuesen destinados a la finalidad establecida dentro del plazo que, en su caso, se hubiese fijado, dejasen de estarlo posteriormente, se negase su inspección, no se remitiesen los informes de seguimiento, se incumpliese cualquiera de las condiciones establecidas en la mutación demanial o llegase el término fijado, procederá su reversión.

Correrán a cargo de la Administración beneficiaria de la mutación demanial el valor de los detrimentos o deterioros sufridos por los bienes o derechos y el coste de su rehabilitación, sin que sean indemnizables los gastos en los que incurriese para cumplir con las posibles cargas o condiciones impuestas.

Datos clave

  • La mutación demanial externa afecta bienes de la Junta a usos o servicios de otras Administraciones públicas sin transferencia de titularidad ni cambio de calificación jurídica.
  • Puede hacerse también a favor de instituciones, agencias y organismos de la Unión Europea mediante convenio.
  • La acuerda la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.
  • La Administración beneficiaria acepta previamente las obligaciones y remite anualmente a la Dirección General de Patrimonio un informe de seguimiento.
  • Se formaliza en documento administrativo firmado por la Dirección General de Patrimonio y la Administración beneficiaria.
  • Los gastos y tributos de los bienes corren en todo caso por cuenta de la Administración beneficiaria.
  • Procede la reversión si no se destinan a la finalidad, se niega la inspección, no se remiten los informes, se incumplen las condiciones o llega el término.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Mutación externa: la Junta afecta bienes suyos a servicios de otra Administración sin transmitir titularidad. Hay reciprocidad, informe anual, gastos a cargo del beneficiario y reversión si se incumple.

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Artículo 35. Destino de los bienes y derechos de dominio público.

Con carácter general, el destino propio de los bienes y derechos de dominio público es su utilización para el uso general o para la prestación de servicios públicos.

Datos clave

  • El destino propio de los bienes y derechos de dominio público es, con carácter general, su utilización para el uso general.
  • También lo es su utilización para la prestación de servicios públicos.
  • Este destino propio se establece con carácter general para los bienes y derechos de dominio público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con carácter general, los bienes de dominio público se destinan al uso general o a la prestación de servicios públicos.

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Artículo 36. Necesidad de título habilitante.

1. Nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos.

2. Las autoridades autonómicas responsables de la tutela y defensa del dominio público vigilarán el cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 y actuarán contra quienes, careciendo de título, ocupasen bienes de dominio público o se beneficiasen de un aprovechamiento especial sobre ellos, ejercitando si fuera preciso las facultades y prerrogativas previstas en la presente ley.

3. No serán precisos los títulos habilitantes previstos en el presente título cuando un contrato regulado por la legislación de contratos del sector público y celebrado por la Administración de la Junta de Andalucía o sus agencias habilitase para la ocupación de un bien demanial de su titularidad como medio instrumental necesario para la ejecución de aquel. En estos casos, la ocupación se entenderá vinculada a dicho contrato en cuanto a su otorgamiento, duración, vigencia y transmisibilidad.

No obstante, cuando el bien se encuentre adscrito a una Consejería o agencia distinta de la contratante, deberá obtenerse su conformidad previa al inicio del procedimiento de contratación.

Datos clave

  • Nadie puede ocupar bienes de dominio público sin título otorgado por la autoridad competente ni utilizarlos excediendo el derecho de uso que corresponde a todos.
  • Las autoridades autonómicas responsables de la tutela y defensa del dominio público actuarán contra quienes ocupen sin título o se beneficien de un aprovechamiento especial.
  • No se precisa título habilitante cuando un contrato del sector público de la Junta o sus agencias habilite la ocupación del bien demanial como medio instrumental necesario.
  • En ese caso la ocupación queda vinculada al contrato en otorgamiento, duración, vigencia y transmisibilidad.
  • Si el bien está adscrito a una Consejería o agencia distinta de la contratante, se necesita su conformidad previa al inicio del procedimiento de contratación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para ocupar el dominio público o usarlo más allá del uso de todos hace falta título de la autoridad competente. Excepción: cuando un contrato público de la Junta habilita la ocupación como medio para ejecutarlo.

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Artículo 38. Tipos de uso.

1. Los bienes de dominio público destinados al uso general son susceptibles de las siguientes modalidades de uso:

a) Uso común.

b) Uso especial.

c) Uso privativo.

2. El uso común es el que corresponde a todas las personas por igual y de forma indistinta, sin necesidad de reconocimiento expreso por parte de la Administración, y sin más restricciones que las siguientes:

a) Que no se impida o limite el uso de las demás personas.

b) Que se haga un uso racional del bien, respetando su naturaleza y características.

c) Las demás limitaciones y condiciones derivadas de la normativa aplicable y del acto de su afectación.

3. El uso especial implica un aprovechamiento del dominio público que, sin impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes, que determinan un exceso de utilización sobre el uso común o un menoscabo de este.

4. El uso privativo determina la ocupación del dominio público, o de una porción de este, de modo que se limita o excluye su utilización por otras personas.

Datos clave

  • Modalidades de uso de los bienes destinados al uso general: uso común, uso especial y uso privativo.
  • El uso común corresponde a todas las personas por igual y de forma indistinta, sin necesidad de reconocimiento expreso por la Administración.
  • Restricciones del uso común: no impedir o limitar el uso de los demás, uso racional del bien y demás limitaciones de la normativa y del acto de afectación.
  • El uso especial no impide el uso común, pero supone peligrosidad, intensidad, preferencia en casos de escasez, rentabilidad singular u otras circunstancias semejantes.
  • El uso privativo determina la ocupación del dominio público o de una porción, limitando o excluyendo su utilización por otras personas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres usos del dominio público de uso general: común (de todos, sin permiso), especial (más intenso, sin impedir el común) y privativo (ocupación que limita o excluye a los demás).

Esquema

Tipos de uso del dominio público
ComúnEspecialPrivativo
QuiénTodas las personas por igualQuien tiene títuloQuien tiene título
Efecto sobre los demásNo impide el de los demásNo impide el común, pero lo excede o menoscabaLimita o excluye a otros

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Artículo 39. Título habilitante.

1. El uso común de los bienes de dominio público podrá realizarse libremente por todos sin más limitaciones que las derivadas de su naturaleza y de lo establecido en los actos de afectación o adscripción, así como en las disposiciones que, en su caso, resulten de aplicación.

2. El uso especial y el uso privativo requieren el previo otorgamiento de un título adecuado a su naturaleza, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Cuando la ocupación se efectuase únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles y su duración fuese inferior o igual a cuatro años, estará sujeto a autorización.

b) Cuando la ocupación se efectuase con obras o instalaciones fijas o por duración superior a cuatro años, estará sujeto a concesión.

Datos clave

  • El uso común puede realizarse libremente por todos, con las limitaciones de su naturaleza, de los actos de afectación o adscripción y de las disposiciones aplicables.
  • El uso especial y el uso privativo requieren el previo otorgamiento de un título adecuado.
  • Autorización: ocupación solo con instalaciones desmontables o bienes muebles y duración inferior o igual a cuatro años.
  • Concesión: ocupación con obras o instalaciones fijas o por duración superior a cuatro años.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El uso común es libre. El especial y el privativo exigen título previo: autorización si son instalaciones desmontables o muebles hasta cuatro años; concesión si hay obras fijas o más de cuatro años.

Esquema

Autorización o concesión
AutorizaciónConcesión
MediosInstalaciones desmontables o bienes mueblesObras o instalaciones fijas
DuraciónInferior o igual a 4 añosSuperior a 4 años

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Artículo 44. Condiciones de las autorizaciones y concesiones.

1. La persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio podrá aprobar condiciones generales para el otorgamiento de categorías determinadas de autorizaciones o concesiones sobre los bienes de dominio público del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deberán ser publicadas en la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía.

2. En defecto de condiciones generales, las concesiones y autorizaciones se ajustarán a las que se establezcan por la Consejería o agencia a la que se encuentren adscritos los bienes. Estas condiciones podrán tener un alcance general, para categorías determinadas de autorizaciones y concesiones de competencia de la Consejería o agencia, o establecerse para supuestos concretos y su aprobación requerirá, en todo caso, informe previo favorable de la Dirección General de Patrimonio, que será igualmente preceptivo y vinculante cuando se pretenda establecer excepciones a las condiciones aprobadas con carácter general.

3. Las condiciones para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones podrán contemplar la imposición de obligaciones accesorias a la persona titular, cuando así se estimara necesario por razones de interés público.

Datos clave

  • La persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio puede aprobar condiciones generales para categorías de autorizaciones o concesiones.
  • Las condiciones generales se publican en la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía.
  • En defecto de condiciones generales, rigen las que establezca la Consejería o agencia a la que estén adscritos los bienes.
  • Estas condiciones requieren informe previo favorable de la Dirección General de Patrimonio, preceptivo y vinculante también para establecer excepciones a las generales.
  • Pueden imponerse obligaciones accesorias a la persona titular por razones de interés público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Consejería de patrimonio puede aprobar condiciones generales para autorizaciones y concesiones; si no las hay, las fija la Consejería o agencia de adscripción con informe previo favorable de Patrimonio.

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Artículo 47. Otorgamiento.

1. El régimen de otorgamiento de las autorizaciones y concesiones demaniales será el establecido con carácter básico en los artículos 92.1 y 93.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

2. Podrán otorgarse nuevas concesiones o autorizaciones sobre un mismo bien sobre el que exista una vigente, siempre que no sea incompatible con esta y sin perjuicio de las limitaciones que para los nuevos títulos deriven de la existencia de los originarios. Previamente al otorgamiento de las nuevas concesiones sobre el mismo bien, deberá otorgarse audiencia a la persona autorizada o concesionaria originaria.

Datos clave

  • El régimen de otorgamiento de autorizaciones y concesiones demaniales es el de los artículos 92.1 y 93.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
  • Pueden otorgarse nuevas concesiones o autorizaciones sobre un bien con otra vigente si no son incompatibles con ella.
  • Los nuevos títulos quedan sujetos a las limitaciones que deriven de la existencia de los originarios.
  • Antes de otorgar nuevas concesiones sobre el mismo bien debe darse audiencia a la persona autorizada o concesionaria originaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El otorgamiento de autorizaciones y concesiones sigue los artículos 92.1 y 93.1 de la Ley 33/2003. Cabe otorgar nuevos títulos sobre un bien ya ocupado si son compatibles, oyendo antes al titular originario.

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Artículo 52. Extinción.

1. Las autorizaciones y concesiones demaniales se extinguirán por las causas previstas, con carácter básico, en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por las demás razones que se hubieran previsto en las condiciones y cláusulas reguladoras de cada autorización o concesión.

2. En los supuestos de muerte del usuario o concesionario persona física o extinción de la personalidad jurídica y caducidad por vencimiento del plazo, la extinción se producirá de forma automática.

La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de extinción imputable al usuario o concesionario, y se formalizará en documento administrativo.

El resto de las causas de resolución deberán ser acordadas por el órgano competente, previa audiencia de la persona titular de la autorización o concesión.

3. Asimismo, los acreedores hipotecarios serán notificados de la apertura de los procedimientos que se sigan para extinguir la concesión por incumplimiento de sus cláusulas y condiciones, para que puedan comparecer en defensa de sus derechos y, en su caso, propongan un tercero que pueda sustituir al concesionario que viniese incumpliendo las cláusulas de la concesión.

Datos clave

  • Causas de extinción: las previstas con carácter básico en el artículo 100 de la Ley 33/2003 y las de las condiciones y cláusulas de cada título.
  • Extinción automática: muerte del usuario o concesionario persona física, extinción de la personalidad jurídica y caducidad por vencimiento del plazo.
  • El mutuo acuerdo solo cabe si no concurre otra causa imputable al usuario o concesionario y se formaliza en documento administrativo.
  • Las demás causas las acuerda el órgano competente, previa audiencia de la persona titular.
  • Los acreedores hipotecarios son notificados de los procedimientos de extinción por incumplimiento y pueden proponer un tercero que sustituya al concesionario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Autorizaciones y concesiones se extinguen por las causas del artículo 100 de la Ley 33/2003 y las de su título. Muerte, extinción de la persona jurídica y vencimiento operan solas; el resto, previa audiencia.

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Artículo 55. Reglas generales.

1. Las autorizaciones habrán de otorgarse por tiempo determinado que no podrá ser superior, incluidas las prórrogas, a cuatro años.

La prórroga se acordará, de forma motivada, por el órgano competente para otorgar la autorización sin que, en ningún caso, pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.

2. La transmisión de las autorizaciones habrá de autorizarse por el órgano que las hubiese otorgado. No obstante, no serán transmisibles las autorizaciones para cuyo otorgamiento deban tenerse en cuenta circunstancias personales del autorizado o cuyo número se encuentre limitado, salvo que las condiciones por las que se rigen admitan su transmisión.

3. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por el órgano concedente en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, en los supuestos establecidos con carácter básico en el artículo 92.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y cuando los bienes fueran necesarios para las actividades propias de la Administración de la Junta de Andalucía o sus agencias.

Datos clave

  • Las autorizaciones se otorgan por tiempo determinado, no superior a cuatro años, incluidas las prórrogas.
  • La prórroga se acuerda de forma motivada por el órgano competente y nunca por consentimiento tácito de las partes.
  • La transmisión de las autorizaciones debe autorizarla el órgano que las otorgó.
  • No son transmisibles las otorgadas por circunstancias personales o cuyo número esté limitado, salvo que sus condiciones lo admitan.
  • Pueden revocarse unilateralmente en cualquier momento por razones de interés público, sin derecho a indemnización, en los supuestos del artículo 92.4 de la Ley 33/2003 y cuando los bienes sean necesarios para la Junta o sus agencias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las autorizaciones duran como máximo cuatro años con prórrogas, que nunca son tácitas. Su transmisión necesita permiso, salvo las intransferibles, y pueden revocarse sin indemnización por interés público.

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Artículo 57. Reglas generales.

1. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.

La prórroga se acordará, de forma motivada, por el órgano competente para otorgar la concesión sin que, en ningún caso, pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.

2. Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo suscrito entre el órgano competente para su otorgamiento y la persona concesionaria. Este documento será título suficiente para inscribirla en el Registro de la Propiedad de acuerdo con lo dispuesto con carácter básico en el artículo 93.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

3. En ningún caso pueden ser titulares de concesiones demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en la legislación de contratos del sector público. Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular de la misma incurriese en alguna de las prohibiciones de contratación, se producirá la extinción de la concesión.

Datos clave

  • Las concesiones se otorgan por tiempo determinado: plazo máximo de 75 años, incluidas las prórrogas, salvo norma especial que fije otro menor.
  • La prórroga se acuerda de forma motivada y nunca por consentimiento tácito.
  • La concesión se formaliza en documento administrativo suscrito por el órgano competente y la persona concesionaria.
  • Ese documento es título suficiente para inscribirla en el Registro de la Propiedad (artículo 93.2 de la Ley 33/2003).
  • No pueden ser concesionarias las personas incursas en prohibiciones de contratar; si incurren después, la concesión se extingue.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las concesiones son temporales: máximo 75 años con prórrogas, salvo plazo menor especial, y sin prórroga tácita. Se formalizan en documento administrativo inscribible y no pueden tenerlas quienes tengan prohibición de contratar.

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Artículo 59. Transmisión de la concesión.

1. Previa autorización de la Consejería o agencia concedente, la concesión podrá transmitirse por actos inter vivos , subrogándose la nueva persona titular en los derechos y obligaciones derivados de la concesión, previa acreditación del pago de los correspondientes impuestos.

No serán transmisibles las concesiones cuando su otorgamiento haya sido condicionado a circunstancias personales de la persona concesionaria, o cuando la propia concesión lo prohíba expresamente.

A los efectos de lo dispuesto en este artículo, tendrá la consideración de transmisión de la concesión la enajenación de las acciones, participaciones o cuotas de una sociedad, comunidad de bienes u otros entes sin personalidad jurídica cuando con dicha transmisión se adquiera una participación mayoritaria o se produzca un cambio de control efectivo en la entidad.

2. Asimismo, se requerirá previa autorización de la Consejería o agencia concedente en los supuestos de modificación por fusión, absorción o escisión o por cualesquiera otras modificaciones estructurales que afecten al concesionario.

3. Para que la Consejería o agencia concedente autorice la transmisión de la concesión o la modificación de la personalidad jurídica del concesionario, el titular de la concesión deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la concesión y el nuevo titular deberá reunir los requisitos que fueron exigidos al concesionario originario.

4. La transmisión por actos inter vivos de la concesión deberá formalizarse en escritura pública.

Datos clave

  • La concesión puede transmitirse por actos inter vivos previa autorización de la Consejería o agencia concedente y acreditación del pago de los impuestos.
  • No son transmisibles las concesiones condicionadas a circunstancias personales o cuando la propia concesión lo prohíba.
  • Se considera transmisión la enajenación de acciones o participaciones que dé una participación mayoritaria o un cambio de control efectivo.
  • También requieren autorización la fusión, absorción, escisión u otras modificaciones estructurales del concesionario.
  • El titular debe estar al corriente de sus obligaciones y el nuevo titular reunir los requisitos exigidos al originario.
  • La transmisión inter vivos se formaliza en escritura pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La concesión se transmite inter vivos con autorización previa y escritura pública; cuenta como transmisión el cambio de control societario. No se transmite si es personal o lo prohíbe el título.

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Artículo 64. Destino de los bienes y derechos de dominio privado.

Con carácter general, el destino propio de los bienes y derechos de dominio privado es su aprovechamiento con criterios de máxima eficiencia y economía para la hacienda pública.

Datos clave

  • El destino propio de los bienes y derechos de dominio privado es su aprovechamiento.
  • Ese aprovechamiento se rige por criterios de máxima eficiencia y economía para la hacienda pública.
  • Es la regla con carácter general para los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con carácter general, los bienes de dominio privado se destinan a su aprovechamiento con máxima eficiencia y economía.

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Artículo 65. Modos de aprovechamiento.

1. La Administración de la Junta de Andalucía podrá aprovechar sus bienes y derechos patrimoniales por sus propios medios o a través de cualquier negocio jurídico, típico o atípico.

Las agencias podrán aprovechar los bienes y derechos patrimoniales de su titularidad de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior siempre que dicho aprovechamiento se encuentre vinculado al cumplimiento de los fines, funciones o servicios que estas tengan encomendados.

2. La explotación directa podrá atribuirse a una agencia o a una sociedad mercantil del sector público andaluz. El órgano competente para su aprovechamiento fijará las condiciones y adoptará las medidas conducentes a la entrega del bien, así como las de vigilancia del exacto cumplimiento de las condiciones impuestas.

3. La explotación a través de negocio jurídico se realizará en los términos establecidos en la presente ley.

Datos clave

  • La Junta puede aprovechar sus bienes patrimoniales por sus propios medios o mediante cualquier negocio jurídico, típico o atípico.
  • Las agencias pueden hacerlo si el aprovechamiento está vinculado a sus fines, funciones o servicios.
  • La explotación directa puede atribuirse a una agencia o a una sociedad mercantil del sector público andaluz.
  • El órgano competente fija las condiciones, la entrega del bien y la vigilancia de su cumplimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta puede explotar sus bienes patrimoniales con medios propios o con cualquier negocio, típico o atípico; las agencias, solo para sus fines. La explotación directa puede encargarse a una agencia o sociedad pública.

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Artículo 70. Cesión a favor del sector público.

1. Los bienes y derechos de dominio privado de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía cuya afectación o explotación no se considere necesaria ni previsible podrán ser cedidos gratuitamente para la realización de fines de utilidad pública o interés social a otras Administraciones públicas, así como a las fundaciones del sector público adscritas a estas.

Asimismo, la cesión podrá realizarse a favor de las instituciones de la Unión Europea, sus agencias y organismos, para que por estos se destinen a fines de utilidad pública o interés social de su competencia, en los términos establecidos en el párrafo anterior.

2. La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho, o solo su uso.

3. Cuando la cesión tenga por objeto solo el uso del bien o derecho, la persona cesionaria podrá solicitar el cambio de destino. La modificación observará los mismos trámites y requisitos previstos para la cesión.

El acuerdo de cesión será publicado en la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión.

Datos clave

  • Los bienes patrimoniales de la Junta cuya afectación o explotación no sea necesaria ni previsible pueden cederse gratuitamente.
  • La cesión es para fines de utilidad pública o interés social a otras Administraciones públicas y a sus fundaciones del sector público.
  • Puede hacerse también a favor de instituciones, agencias y organismos de la Unión Europea.
  • Puede tener por objeto la propiedad del bien o derecho, o solo su uso.
  • En la cesión de uso, la cesionaria puede pedir el cambio de destino con los mismos trámites que la cesión.
  • El acuerdo de cesión se publica en la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Bienes patrimoniales de la Junta que no se necesitan pueden cederse gratis, en propiedad o solo en uso, a otras Administraciones, sus fundaciones o instituciones de la UE para fines de utilidad pública o interés social.

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Artículo 71. Cesión de uso a otras entidades.

1. El uso de los bienes y derechos de dominio privado de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía cuya afectación o explotación no se considere necesaria ni previsible podrá ser cedido gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública para el cumplimiento de fines de utilidad pública o interés social.

2. La cesión de uso a entidades sin ánimo de lucro podrá realizarse por un plazo máximo de diez años, incluidas las prórrogas.

La prórroga se acordará de forma motivada por el órgano competente para acordar la cesión, sin que en ningún caso pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.

3. El procedimiento se iniciará de oficio, a iniciativa propia, a propuesta de otros órganos o de entidad interesada, debiendo justificarse los fines de utilidad pública o interés social.

4. Iniciado el procedimiento a propuesta de entidad interesada, se publicará el anuncio, que deberá incluir los criterios que servirán para la valoración de las solicitudes, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión, otorgándose un plazo que no podrá ser inferior a diez días para que otras entidades puedan presentar sus propias solicitudes alternativas.

Si no se formulan peticiones alternativas, se otorgará el uso directamente al solicitante. En otro supuesto, la adjudicación se decidirá, de forma motivada, en base al mayor interés y utilidad pública o, cuando no fuera procedente establecer criterios de selección, por sorteo público, siempre que esta posibilidad se haya indicado en el anuncio.

5. Cuando el procedimiento se inicie a iniciativa propia o a propuesta de otro órgano, el órgano competente aprobará un pliego de condiciones que regulará los requisitos que deben reunir los potenciales aspirantes y los criterios que servirán para la valoración de las solicitudes. No obstante, podrá acudirse al sorteo público en los términos establecidos reglamentariamente, siempre que esta posibilidad se hubiera previsto en los propios pliegos.

La convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en la Plataforma de Publicidad Patrimonial, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión, y otorgará un plazo para presentar solicitudes que no podrá ser inferior a diez días.

6. La resolución de adjudicación, que deberá ser motivada, será publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión.

7. El plazo máximo para resolver el procedimiento y publicar la resolución será de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio. Podrá considerarse desestimada la solicitud en caso de no publicarse resolución dentro de ese plazo.

Datos clave

  • Puede cederse gratuitamente el uso a entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública para fines de utilidad pública o interés social.
  • Plazo máximo de la cesión de uso: diez años, incluidas las prórrogas.
  • El anuncio se publica en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en la Plataforma de Publicidad Patrimonial, con plazo no inferior a diez días para solicitudes alternativas.
  • Sin peticiones alternativas, el uso se otorga directamente al solicitante; si las hay, decide el mayor interés y utilidad pública o el sorteo público si se anunció.
  • Si se inicia a iniciativa propia o de otro órgano, se aprueba un pliego de condiciones.
  • Plazo máximo para resolver y publicar: seis meses desde el acuerdo de inicio; sin resolución puede considerarse desestimada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El uso de bienes patrimoniales innecesarios puede cederse gratis a entidades sin ánimo de lucro de utilidad pública, máximo diez años con prórrogas, por un procedimiento con anuncio y mínimo diez días para alternativas.

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Artículo 103. Prohibición de donaciones.

Queda prohibida toda disposición gratuita de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo los supuestos expresamente establecidos en la presente ley o en la legislación especial.

Datos clave

  • Queda prohibida toda disposición gratuita de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  • Excepción: los supuestos expresamente establecidos en la propia ley.
  • Excepción: los supuestos previstos en la legislación especial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Está prohibido regalar bienes del Patrimonio de la Comunidad: solo caben disposiciones gratuitas en los supuestos expresamente previstos en esta ley o en la legislación especial.

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Artículo 104. Órganos competentes.

1. La competencia para realizar actos de disposición sobre bienes inmuebles o derechos sobre estos corresponde, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.1 para las cesiones que tengan por objeto la propiedad de inmuebles o derechos sobre estos. La tramitación del procedimiento corresponderá a la Dirección General de Patrimonio.

2. La competencia para realizar actos de disposición sobre bienes muebles de la Administración de la Junta de Andalucía corresponde a la persona titular de la Consejería que los tenga adscritos.

3. La competencia para realizar actos de disposición corresponde, en el ámbito de las agencias, a los órganos que legal o estatutariamente tengan atribuida la competencia, previa autorización, cuando se trate de bienes inmuebles o derechos sobre estos, de la Consejería competente en materia de patrimonio, en los términos previstos en el artículo 30.

4. En todos los supuestos previstos en el presente artículo, será necesaria la autorización previa del Consejo de Gobierno cuando el valor del bien o derecho exceda de 20 millones de euros si se trata de inmuebles o derechos sobre los mismos, o de 10 millones de euros si se trata de bienes muebles.

Datos clave

  • Actos de disposición sobre inmuebles de la Junta: persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, salvo las cesiones de propiedad del artículo 72.1.
  • La tramitación corresponde a la Dirección General de Patrimonio.
  • Bienes muebles de la Junta: persona titular de la Consejería que los tenga adscritos.
  • Agencias: sus órganos competentes, con autorización previa de la Consejería de patrimonio para inmuebles (artículo 30).
  • Autorización previa del Consejo de Gobierno cuando el valor exceda de 20 millones de euros en inmuebles o de 10 millones de euros en muebles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Disponer de inmuebles de la Junta corresponde a la Consejería de patrimonio y de muebles a la de adscripción; por encima de 20 millones (inmuebles) o 10 millones (muebles) hace falta autorización del Consejo de Gobierno.

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Artículo 107. Bienes y derechos susceptibles de enajenación.

1. Los bienes y derechos patrimoniales que no sean necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones propias de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias podrán ser enajenados.

2. Podrá acordarse la enajenación de bienes inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma con reserva del uso temporal de los mismos, total o parcial, cuando por razones debidamente justificadas resulte conveniente para el interés público. Esta utilización temporal podrá instrumentarse a través de la celebración de contratos de arrendamiento, de corta o larga duración, o cualesquiera otros que habiliten para el uso de los bienes enajenados, simultáneos al negocio de enajenación y sometidos a las mismas normas de competencia y procedimiento que este.

Datos clave

  • Pueden enajenarse los bienes patrimoniales no necesarios para las competencias y funciones de la Junta y sus agencias.
  • Cabe enajenar inmuebles con reserva del uso temporal, total o parcial, por razones justificadas de interés público.
  • La utilización temporal puede instrumentarse con contratos de arrendamiento de corta o larga duración u otros que habiliten el uso.
  • Esos contratos son simultáneos a la enajenación y se someten a sus mismas normas de competencia y procedimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se pueden vender los bienes patrimoniales que no sean necesarios. Cabe vender inmuebles reservándose su uso temporal mediante arrendamientos u otros contratos simultáneos a la venta.

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Artículo 116. Requisitos.

1. Los bienes y derechos patrimoniales de la comunidad autónoma podrán ser permutados cuando concurran dos requisitos:

a) Que se justifique la conveniencia y oportunidad del negocio por razones de interés público.

b) Que la diferencia de valor entre los bienes que se trate de permutar según tasación no sea superior al cincuenta por ciento del de mayor valor, compensándose la diferencia en dinero u otros bienes y derechos.

Si la diferencia de valor fuese superior al cincuenta por ciento del que lo tenga mayor, el expediente se tramitará como una adquisición o enajenación, según el caso, con pago de parte del precio en especie.

2. La permuta de bienes del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía por otros bienes futuros solo será posible cuando estos últimos sean determinados o susceptibles de determinación en el momento de perfeccionarse la permuta, sin necesidad de un nuevo contrato o acuerdo entre las partes.

El pliego de condiciones o la propuesta de contrato deberán contemplar el plazo de entrega de la cosa futura y la obligación de garantizar el cumplimiento íntegro de su prestación mediante aval u otras garantías, tanto jurídicas como económicas, que se estimen suficientes por parte de la Administración. Se hará constar, en todo caso, que el incumplimiento de las obligaciones asumidas actuará como condición resolutoria expresa, sin perjuicio de otras cláusulas resolutorias o penales que puedan pactarse.

Los bienes futuros podrán consistir en edificaciones o construcciones a ejecutar por parte del permutante, si bien en estos casos será preciso que el permutante inscriba en el Registro de la Propiedad la declaración de obra nueva en construcción con condición resolutoria.

Datos clave

  • La permuta exige justificar su conveniencia y oportunidad por razones de interés público.
  • La diferencia de valor según tasación no puede superar el cincuenta por ciento del bien de mayor valor; se compensa en dinero u otros bienes.
  • Si la diferencia supera el cincuenta por ciento, se tramita como adquisición o enajenación con pago de parte del precio en especie.
  • La permuta por bienes futuros exige que sean determinados o determinables al perfeccionarse, sin nuevo contrato.
  • Debe fijarse el plazo de entrega y garantizarse con aval u otras garantías; el incumplimiento actúa como condición resolutoria expresa.
  • Si son edificaciones a ejecutar, el permutante inscribe la declaración de obra nueva en construcción con condición resolutoria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se permuta si hay interés público y la diferencia de valor no supera el cincuenta por ciento del bien de mayor valor; si la supera, es compraventa con pago en especie. Bienes futuros, solo determinados y garantizados.

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Artículo 154. Deber de protección y defensa.

1. Los órganos y entidades señalados en el artículo 2.1 están obligados a proteger y defender el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquiera de los medios previstos por la legislación vigente y, en particular, a:

a) Investigar e inventariar los bienes y derechos que lo integran.

b) Promover las inscripciones y anotaciones registrales correspondientes.

c) Presentar las declaraciones y regularizaciones catastrales que procediesen.

d) Ejercitar las potestades administrativas orientadas a su defensa.

e) Interponer los recursos administrativos y acciones judiciales que fuesen pertinentes.

2. Respecto de los bienes de dominio público de titularidad estatal o local adscritos al ejercicio de las competencias autonómicas, podrán ejercitar todas aquellas potestades y hacer uso de los instrumentos que la presente ley pone a su disposición para protegerlos, todo ello sin perjuicio de lo que se establezca en el instrumento de adscripción y de las prerrogativas que sobre sus bienes de dominio público puedan ejercitar para protegerlos la Administración estatal o local en su condición de titulares dominicales de los mismos.

3. Toda persona, física o jurídica, pública o privada, que tuviese a su cargo bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía estará obligada a velar por su custodia, conservación y defensa y, en su caso, por su adecuada utilización y cumplimiento de los fines a que fueron destinados, siendo responsable de los daños, perjuicios e incumplimientos sobrevenidos, por su pérdida, deterioro o inadecuado uso o destino.

Datos clave

  • Los órganos y entidades del artículo 2.1 están obligados a proteger y defender el Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
  • Deberes concretos: investigar e inventariar, promover inscripciones registrales y presentar declaraciones y regularizaciones catastrales.
  • También ejercitar las potestades administrativas de defensa e interponer recursos y acciones judiciales.
  • Pueden proteger los bienes demaniales estatales o locales adscritos a competencias autonómicas.
  • Quien tenga a su cargo bienes del Patrimonio debe velar por su custodia, conservación y defensa y responde de los daños por pérdida, deterioro o uso inadecuado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los órganos y entidades del artículo 2.1 deben proteger y defender el Patrimonio autonómico con cinco tareas concretas; quien tenga bienes a su cargo responde de su custodia y de los daños.

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Artículo 156. Deber de colaboración.

1. Las autoridades y el personal al servicio de los órganos y entidades a que se refiere el artículo 2.1 están obligados a colaborar en la protección, defensa y administración de los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A tal efecto, facilitarán a los órganos competentes en materia de patrimonio cuantos datos, documentos o informes les fuesen requeridos, pondrán en su conocimiento los hechos que pudieran ser lesivos para la integridad física o jurídica de estos bienes y derechos y prestarán auxilio en cuantas labores fuesen precisas para una adecuada protección, defensa y administración de este patrimonio.

2. La unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía colaborará en la protección y defensa del Patrimonio de la Comunidad Autónoma y prestará la asistencia que se precise para la ejecución forzosa de los actos que se dicten en esta materia, sin perjuicio de la cooperación del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad.

3. La ciudadanía está obligada a aportar a los órganos competentes en materia de patrimonio, a requerimiento de estos, cuantos datos, documentos e informes obren en su poder que sean relevantes para la gestión y defensa de los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, así como a facilitar la realización de inspecciones y otros actos de investigación, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

Datos clave

  • Autoridades y personal de los órganos del artículo 2.1 deben colaborar en la protección, defensa y administración del Patrimonio.
  • Facilitarán datos, documentos e informes y comunicarán los hechos lesivos para la integridad de los bienes.
  • La unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma colabora y presta asistencia para la ejecución forzosa.
  • La ciudadanía debe aportar a requerimiento los datos relevantes y facilitar inspecciones, conforme al artículo 62 de la Ley 33/2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Autoridades y personal públicos, la unidad de Policía Nacional adscrita y la ciudadanía tienen deberes de colaboración para proteger y defender el Patrimonio autonómico.

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Artículo 158. Obligación de formar inventario: finalidad y contenido.

1. El Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía se integra por el inventario del Patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía y por los inventarios de los patrimonios propios de las agencias.

Este inventario tiene por finalidad proveer a los órganos responsables de información para la gestión y administración del patrimonio.

Su diseño, organización, coordinación y desarrollo corresponderán a la Dirección General de Patrimonio, a cuyos efectos podrá recabar de los órganos y entidades a que se refiere el artículo 2.1 la colaboración que considere necesaria. Asimismo, podrá recabar información precisa de terceros, en los términos que se determinen reglamentariamente.

2. Corresponderá a la Dirección General de Patrimonio la formación, mantenimiento y actualización del inventario del Patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía, actuando como órganos auxiliares aquellos que tengan adscritos bienes y derechos. A estos corresponderá la incorporación al Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de los hechos, actos o negocios que conozcan o tramiten en el ámbito de sus competencias y que puedan afectar a la situación física o jurídica de los bienes y derechos que tengan adscritos, así como la regularización y actualización de sus datos.

Cada agencia será responsable de la formación, mantenimiento y actualización del inventario de su patrimonio propio, que estará conformado según instrucciones elaboradas por la Dirección General de Patrimonio para su integración mediante medios informáticos con el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. En el inventario deben constar con el suficiente detalle las menciones necesarias para la identificación de los bienes y derechos, así como todos los datos que se consideren necesarios y útiles para reflejar su situación jurídica, las limitaciones que pueda tener su disposición y el destino o uso a que están siendo dedicados.

También se incorporarán al inventario aquellos bienes o derechos enajenados en favor de un tercero cuyo dominio hubiere de revertir transcurrido determinado plazo o al cumplirse o no determinada condición.

La incorporación al inventario de bienes inmuebles, muebles, acciones y títulos representativos del capital de sociedades mercantiles destinados a su devolución al tráfico jurídico de acuerdo con sus fines peculiares se realizará con mención expresa de esta condición.

Quedan excluidos del inventario los bienes muebles de naturaleza consumible de vida útil inferior a un año o que tuviesen un valor unitario inferior al límite que se fije por la Consejería competente en materia de patrimonio.

4. La inclusión de bienes y derechos en el inventario conforme a lo establecido en esta ley y sus disposiciones de desarrollo se entenderá sin perjuicio de su inclusión en los catálogos o inventarios establecidos en leyes especiales, que se regirán por sus normas específicas.

5. El Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía será público, electrónico y georreferenciado, garantizando la interoperabilidad entre los distintos inventarios que lo integran y los establecidos en las leyes especiales, de modo que se facilite el mayor grado de conocimiento, acceso y tratamiento de datos de carácter no personal posible.

Datos clave

  • El Inventario General lo integran el inventario del Patrimonio de la Junta y los inventarios de los patrimonios propios de las agencias.
  • Finalidad: proveer a los órganos responsables de información para la gestión y administración del patrimonio.
  • Su diseño, organización, coordinación y desarrollo corresponden a la Dirección General de Patrimonio.
  • Cada agencia forma, mantiene y actualiza el inventario de su patrimonio propio según instrucciones de la Dirección General de Patrimonio.
  • Se incorporan los bienes enajenados que deban revertir tras un plazo o condición.
  • Se excluyen los muebles consumibles de vida útil inferior a un año o de valor unitario inferior al límite fijado por la Consejería.
  • El Inventario es público, electrónico y georreferenciado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Inventario General suma el de la Junta y los de las agencias; lo diseña la Dirección General de Patrimonio, es público, electrónico y georreferenciado y excluye ciertos muebles consumibles.

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Artículo 159. Acceso a la información.

1. El Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía no tendrá la consideración de registro público. Los datos reflejados en él, así como los resultados de su agregación o explotación estadística, constituyen información de apoyo para la gestión interna y la definición de políticas autonómicas, conectada con la contabilidad patrimonial.

Los datos e informaciones que consten en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía no surtirán efectos frente a terceros ni podrán ser utilizados para hacer valer derechos frente a la Administración de la Junta de Andalucía o sus agencias.

2. El acceso por otras Administraciones públicas a la información del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía estará sujeto a los criterios de competencia, idoneidad y proporcionalidad, sometiéndose a los principios de cooperación y lealtad institucional.

A estos efectos, se considerarán criterios de acceso:

a) La disposición que atribuya a la Administración pública solicitante la competencia correspondiente.

b) La adecuación o congruencia entre la información solicitada y la finalidad a que se vaya a destinar en el ejercicio de la competencia de que se trate.

c) La correspondencia entre el volumen y extensión de la información solicitada y la finalidad perseguida.

La consulta se planteará por el órgano competente en materia de patrimonio de la Administración solicitante, con determinación, en su caso, del órgano a que se destinará y de la competencia para cuyo ejercicio se solicita la información.

3. Las consultas por parte de terceros de los datos del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía serán procedentes cuando formen parte de un expediente, de conformidad con las normas generales de acceso a los mismos.

La publicidad y el acceso por la ciudadanía a la información contenida en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía se regirán por la legislación en materia de transparencia.

Datos clave

  • El Inventario General no tiene la consideración de registro público.
  • Sus datos son información de apoyo para la gestión interna, conectada con la contabilidad patrimonial, y no surten efectos frente a terceros.
  • Criterios de acceso de otras Administraciones: competencia, idoneidad y proporcionalidad.
  • La consulta la plantea el órgano competente en materia de patrimonio de la Administración solicitante.
  • Los terceros pueden consultarlo cuando los datos formen parte de un expediente; el acceso ciudadano se rige por la legislación de transparencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Inventario no es registro público ni produce efectos frente a terceros; otras Administraciones acceden con tres criterios y los terceros, cuando los datos forman parte de un expediente.

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Artículo 160. Reflejo contable y actualización de la valoración.

1. Todos los hechos y operaciones que afecten a los bienes y derechos integrantes del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía tendrán su reflejo contable, en los términos que determine la normativa de contabilidad que resulte aplicable.

2. La valoración de los bienes y derechos inventariados y su actualización seguirán los criterios aplicados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de Andalucía y, en especial, con aquellas normas valorativas que según este tengan carácter obligatorio.

Datos clave

  • Todos los hechos y operaciones que afecten a los bienes inventariados tienen reflejo contable.
  • Ese reflejo sigue la normativa de contabilidad aplicable.
  • La valoración y su actualización siguen los criterios del Plan General de Contabilidad de Andalucía.
  • Se atiende en especial a las normas valorativas que tengan carácter obligatorio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo hecho que afecte a bienes inventariados tiene reflejo contable, y su valoración sigue el Plan General de Contabilidad de Andalucía.

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Artículo 181. Régimen jurídico.

1. La potestad sancionadora se regirá por los principios recogidos en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y será ejercida en el marco de lo dispuesto en el presente título y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Incurrirán en infracción administrativa las personas físicas o jurídicas que resultasen ser responsables dolosa o negligentemente de causar daños o perjuicios en los bienes o derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los ocupasen, utilizasen, retuviesen o alterasen indebidamente, o incumpliesen los deberes a que vienen obligadas para con ellos, de acuerdo con lo tipificado en este título.

3. Si los responsables de las infracciones estuvieran sometidos al régimen del personal empleado público al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, se estará al régimen disciplinario previsto en la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, y en la restante normativa de aplicación.

Datos clave

  • La potestad sancionadora se rige por los principios del capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
  • Se ejerce en el marco de este título y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
  • Infringen quienes, con dolo o negligencia, causen daños, ocupen, utilicen, retengan o alteren indebidamente los bienes o incumplan sus deberes.
  • Al personal empleado público de la Junta se le aplica el régimen disciplinario de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La potestad sancionadora patrimonial sigue los principios de la Ley 40/2015 y el procedimiento de la Ley 39/2015; al personal empleado público se le aplica el régimen disciplinario.

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Artículo 182. Infracciones.

1. Son infracciones muy graves:

a) La producción de daños o deterioros de cualquier tipo en los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando su importe supere la cantidad de 500.000 euros.

b) La usurpación de los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) La infracción del deber de custodia de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que tenga como consecuencia la producción de un daño en los términos señalados en la letra a) anterior.

2. Son infracciones graves:

a) La producción de daños o deterioros de cualquier tipo en los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando su importe supere la cantidad de 10.000 euros y no exceda de 500.000 euros.

b) La realización de obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas en bienes del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) La retención de bienes del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía una vez extinguido el título que legitima su ocupación.

d) El uso de bienes del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía sin el correspondiente título.

e) El uso indebido, abusivo o que no se ajuste al contenido del título habilitante de bienes del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f) Las actuaciones sobre bienes afectados a un servicio público que impidan o dificulten gravemente la normal prestación de aquel.

g) El incumplimiento de los deberes de colaboración y cooperación establecidos en esta ley.

h) La utilización de bienes cedidos gratuitamente contraviniendo las condiciones contenidas en el acuerdo de cesión.

i) La infracción del deber de custodia de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que tenga como consecuencia la producción de un daño en los términos señalados en la letra a).

3. Son infracciones leves:

a) La producción de daños en los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando su importe no exceda de 10.000 euros.

b) El incumplimiento por los usuarios de las disposiciones que regulan la utilización de los bienes destinados a un servicio público.

c) La infracción del deber de custodia de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que tenga como consecuencia la producción de un daño en los términos señalados en la letra a) anterior.

d) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley o en el título habilitante.

Datos clave

  • Muy graves: daños de importe superior a 500.000 euros, usurpación de bienes e infracción del deber de custodia con daño de esa cuantía.
  • Graves: daños de más de 10.000 euros sin exceder de 500.000 euros.
  • Graves también: obras no autorizadas, retención tras extinguirse el título, uso sin título, uso indebido o abusivo y actuaciones que impidan gravemente un servicio público.
  • Graves también: incumplir los deberes de colaboración y cooperación y usar bienes cedidos gratuitamente contra las condiciones de la cesión.
  • Leves: daños que no excedan de 10.000 euros e incumplimiento por los usuarios de las normas de utilización de bienes destinados a un servicio público.
  • Leve residual: cualquier otro incumplimiento de las obligaciones de la ley o del título habilitante.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las infracciones se dividen en muy graves, graves y leves; en los daños, la cuantía marca la categoría y el resto depende de la conducta tipificada.

Esquema

Clasificación de daños por cuantía
LeveGraveMuy grave
ImporteNo excede de 10.000 €Supera 10.000 € y no excede 500.000 €Supera 500.000 €
Custodia con dañoDaño de cuantía leveDaño de cuantía graveDaño de cuantía muy grave

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Artículo 183. Sanciones.

1. Las infracciones serán sancionadas con multa, cuyas cuantías serán las siguientes:

a) Del tanto al duplo del valor de los daños o deterioros, en los supuestos de los apartados 1.a), 2.a) y 3.a) del artículo 182.

b) De 100.001 euros hasta un máximo de 500.000 euros, para el resto de infracciones muy graves.

c) De 10.001 euros hasta un máximo de 100.000 euros, para el resto de infracciones graves.

d) De 600 euros hasta un máximo de 10.000 euros, para el resto de infracciones leves.

2. Para graduar la cuantía de la multa dentro de los límites anteriormente fijados, se atenderá al importe de los daños causados, al valor de los bienes y derechos afectados, al grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad del responsable, la reincidencia y el beneficio obtenido con la infracción.

3. En caso de reincidencia en infracciones graves o muy graves en un período de tres años naturales, se podrá declarar la inhabilitación de la persona infractora para ser titular de autorizaciones, concesiones o cualquier otro título habilitante, incluidos los de naturaleza privada, para el uso de bienes de cualquier naturaleza pertenecientes al Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta inhabilitación será por plazo de uno a tres años.

4. Se considerará circunstancia atenuante, que permitirá reducir la cuantía de la multa hasta la mitad de la cuantía inferior prevista, la subsanación por la persona infractora de la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento. Se considerará circunstancia agravante la falta de colaboración o ayuda para la reparación o mitigación del daño inicial causado.

5. Sin perjuicio de la sanción pecuniaria que corresponda imponer a la persona infractora, en el procedimiento sancionador deberá concretarse, en su caso, la indemnización por los perjuicios causados, la restitución o reposición del bien a su estado anterior o la reparación del daño ocasionado, y la extinción de la relación jurídica con la Comunidad Autónoma de Andalucía. En la cuantificación de la indemnización se incluirá también, y en todo caso, el valor de lo obtenido irregularmente por la persona infractora, de manera que la comisión de alguna de las infracciones tipificadas nunca podrá resultar más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la valoración de los daños irrogados en el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía requerirá la emisión de informe por parte del órgano competente en materia de patrimonio.

Datos clave

  • Infracciones por daños (artículo 182.1.a, 2.a y 3.a): multa del tanto al duplo del valor de los daños o deterioros.
  • Resto de muy graves: de 100.001 euros hasta 500.000 euros.
  • Resto de graves: de 10.001 euros hasta 100.000 euros.
  • Resto de leves: de 600 euros hasta 10.000 euros.
  • Reincidencia en graves o muy graves en tres años naturales: inhabilitación de uno a tres años para ser titular de títulos habilitantes.
  • La subsanación en plazo es atenuante y permite reducir la multa hasta la mitad de la cuantía inferior.
  • La valoración de los daños requiere informe del órgano competente en materia de patrimonio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las multas varían por daño o gravedad, se gradúan por cinco criterios y pueden acompañarse de inhabilitación, indemnización, restitución o reparación.

Esquema

Multas para infracciones distintas de daños
LevesGravesMuy graves
Cuantía600 a 10.000 €10.001 a 100.000 €100.001 a 500.000 €

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Artículo 184. Prescripción.

1. Las infracciones prescribirán en los siguientes plazos:

a) Un año en caso de infracciones leves.

b) Dos años en caso de infracciones graves.

c) Tres años en caso de infracciones muy graves.

2. Las sanciones prescribirán en los siguientes plazos:

a) Un año en caso de infracciones leves.

b) Dos años en caso de infracciones graves.

c) Tres años en caso de infracciones muy graves.

3. El cómputo de estos plazos se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Datos clave

  • Infracciones leves: prescriben al año.
  • Infracciones graves: prescriben a los dos años.
  • Infracciones muy graves: prescriben a los tres años.
  • Las sanciones prescriben en los mismos plazos: un año (leves), dos años (graves) y tres años (muy graves).
  • El cómputo de los plazos sigue el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Infracciones y sanciones prescriben igual: un año las leves, dos las graves y tres las muy graves, con cómputo según el artículo 30 de la Ley 40/2015.

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Artículo 185. Órganos competentes.

1. La competencia para resolver los procedimientos sancionadores sobre bienes y derechos de la Administración de la Junta de Andalucía corresponde a la persona titular de la Dirección General de Patrimonio para infracciones leves, a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio para infracciones graves, y al Consejo de Gobierno para las muy graves.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora de las agencias se ejercerá en los términos previstos en los artículos 55 y 57.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y teniendo en cuenta lo exigido en el artículo 69, apartados 2 y 3 de dicha ley.

Serán competentes para resolver los procedimientos sancionadores sobre bienes y derechos de las agencias, en caso de infracciones leves, los órganos competentes según su norma de creación o sus estatutos.

En el caso de infracciones graves o muy graves, la competencia para resolver corresponderá a los órganos señalados en el apartado 1 de este artículo.

Datos clave

  • Infracciones leves sobre bienes de la Junta: resuelve la persona titular de la Dirección General de Patrimonio.
  • Infracciones graves: la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.
  • Infracciones muy graves: el Consejo de Gobierno.
  • La potestad sancionadora de las agencias se ejerce según los artículos 55 y 57.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
  • En agencias, las leves las resuelven sus órganos según su norma de creación o estatutos; las graves y muy graves, los órganos del apartado 1.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sancionan la Dirección General de Patrimonio (leves), la persona titular de la Consejería de patrimonio (graves) y el Consejo de Gobierno (muy graves); en agencias, las leves las resuelven sus órganos.

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Artículo 186. Procedimiento sancionador.

1. Para la imposición de las sanciones recogidas en este título se seguirá el procedimiento establecido en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con las especialidades previstas para el procedimiento sancionador.

2. El plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos sancionadores será de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio.

Datos clave

  • Procedimiento sancionador: el del título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
  • Se aplican las especialidades previstas para el procedimiento sancionador.
  • Plazo máximo para resolver y notificar: seis meses.
  • El plazo se cuenta desde la fecha del acuerdo de inicio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las sanciones se imponen con el procedimiento del título IV de la Ley 39/2015 y sus especialidades sancionadoras; el plazo para resolver y notificar es de seis meses.

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