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Tema 63: La expropiación forzosa. Competencias de la Junta de Andalucía. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Procedimientos especiales de expropiación. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

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Artículo 1

1. Es objeto de la presente Ley la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social a que se refiere el artículo treinta y dos del Fuero de los Españoles, en la que se entenderá comprendida cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio. 2. Quedan fuera del ámbito de esta Ley las ventas forzosas reguladas por la legislación especial sobre abastecimientos, comercio exterior y divisas.

Datos clave

  • Objeto de la Ley: la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social.
  • Comprende cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, acordada imperativamente.
  • Puede implicar venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio.
  • Quedan fuera las ventas forzosas reguladas por la legislación especial sobre abastecimientos, comercio exterior y divisas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Delimita qué es expropiación forzosa: cualquier privación singular de propiedad o de derechos e intereses patrimoniales legítimos, acordada imperativamente por utilidad pública o interés social. Las ventas forzosas de abastecimientos, comercio exterior y divisas quedan fuera.

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Artículo 2

Artículo segundo.

1. La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia o el Municipio.

2. Además podrán ser beneficiarios de la expropiación forzosa por causa de utilidad pública las entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente esta condición.

3. Por causa de interés social podrá ser beneficiario, aparte de las indicadas, cualquier persona natural o jurídica en la que concurran los requisitos señalados por la Ley especial necesaria a estos efectos.

Datos clave

  • La expropiación forzosa solo puede ser acordada por el Estado, la Provincia o el Municipio.
  • Por utilidad pública pueden ser beneficiarios las entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente esta condición.
  • Por interés social puede ser beneficiario cualquier persona natural o jurídica que reúna los requisitos de la Ley especial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Distingue quién puede acordar la expropiación (solo Estado, Provincia o Municipio) de quién puede beneficiarse de ella, que es un círculo más amplio según la causa sea utilidad pública o interés social.

Esquema

Beneficiarios según la causa
Utilidad públicaInterés social
Quién se añadeEntidades y concesionarios con esta condición reconocida legalmenteCualquier persona natural o jurídica
RequisitoReconocimiento legalRequisitos de la Ley especial

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Artículo 3

1. Las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán, en primer lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación. 2. Salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente, o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registro fiscales, o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente.

Datos clave

  • Las actuaciones se entienden en primer lugar con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación.
  • Salvo prueba en contrario, se considera propietario a quien conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que solo puede destruirse judicialmente.
  • En su defecto, a quien aparezca en registros fiscales y, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con quién se entiende el expediente expropiatorio: primero con el propietario o titular, y cómo identifica la Administración a ese titular mediante un orden de preferencia de registros y notoriedad.

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Artículo 7

Las transmisiones de dominio o de cualesquiera otros derechos o intereses no impedirán la continuación de los expedientes de expropiación forzosa. Se considerará subrogado el nuevo titular en las obligaciones y derechos del anterior.

Datos clave

  • Las transmisiones de dominio o de otros derechos o intereses no impiden la continuación del expediente de expropiación forzosa.
  • El nuevo titular queda subrogado en las obligaciones y derechos del anterior.
  • El expediente sigue su curso con el nuevo titular sin necesidad de iniciarlo de nuevo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Vender o transmitir el bien durante el expediente no lo detiene: el nuevo titular se subroga en las obligaciones y derechos del anterior.

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Artículo 8

La cosa expropiada se adquirirá libre de cargas. Sin embargo, podrá conservarse algún derecho real sobre el objeto expropiado, si resultase compatible con el nuevos destino que haya de darse al mismo y existiera acuerdo entre el expropiante y el titular del derecho.

Datos clave

  • La cosa expropiada se adquiere libre de cargas.
  • Puede conservarse algún derecho real sobre el objeto expropiado si es compatible con el nuevo destino que haya de dársele.
  • Para ello se exige además acuerdo entre el expropiante y el titular del derecho.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El bien expropiado se adquiere libre de cargas, aunque puede conservarse algún derecho real si es compatible con el nuevo destino y hay acuerdo entre expropiante y titular.

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Artículo 9

Artículo noveno.

Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.

Datos clave

  • Para proceder a la expropiación forzosa es indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social.
  • La declaración se refiere al fin al que haya de afectarse el objeto expropiado.
  • Es un requisito previo: sin esa declaración no puede iniciarse la expropiación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sin previa declaración de utilidad pública o interés social del fin, no se puede expropiar.

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Artículo 10

La utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. En los demás casos en que por Ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública, su reconocimiento en cada caso concreto deberá hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros, salvo que para categorías determinadas de obras, servicios o concesiones las Leyes que las regulan hubieren dispuesto otra cosa.

Datos clave

  • La utilidad pública se entiende implícita, para inmuebles, en los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio.
  • Si una Ley la ha declarado genéricamente, su reconocimiento en cada caso lo hace el Consejo de Ministros.
  • Salvo que las Leyes reguladoras de determinadas obras, servicios o concesiones dispongan otra cosa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para inmuebles, la utilidad pública va implícita en los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio; en los demás casos declarados genéricamente por ley, se reconoce caso a caso por el Consejo de Ministros.

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Artículo 11

En todos los casos no previstos en el artículo anterior y relativos a bienes inmuebles, siempre que no se trate de los que con arreglo a esta Ley se regulan por disposición especial, la declaración de utilidad pública deberá hacerse mediante Ley aprobada en Cortes.

Datos clave

  • En los casos no previstos en el artículo anterior relativos a bienes inmuebles, la declaración de utilidad pública se hace mediante Ley aprobada en Cortes.
  • No se aplica a los inmuebles que con arreglo a la Ley se regulan por disposición especial.
  • Es la vía residual de declaración de utilidad pública para inmuebles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cláusula residual para inmuebles: si no encaja en el artículo anterior ni en una disposición especial, la utilidad pública debe declararse mediante Ley aprobada en Cortes.

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Artículo 13

El interés social determinante de transmisiones forzosas de cosas o derechos, a los fines específicos de los artículos treinta y treinta y uno del Fuero de los Españoles, se sujetará, en cuanto a su declaración, al mismo procedimiento previsto en el artículo anterior.

Datos clave

  • Se refiere al interés social determinante de transmisiones forzosas de cosas o derechos.
  • Sus fines específicos son los de los artículos treinta y treinta y uno del Fuero de los Españoles.
  • Su declaración se sujeta al mismo procedimiento previsto en el artículo anterior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La declaración del interés social que justifica transmisiones forzosas de cosas o derechos sigue el mismo procedimiento que el artículo anterior fija para la utilidad pública de los bienes muebles.

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Artículo 15

Declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros podrán incluirse también entre los bienes de necesaria ocupación los que sean indispensables para previsibles ampliaciones de la obra o finalidad de que se trate.

Datos clave

  • Declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resuelve sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos.
  • Solo los bienes o derechos estrictamente indispensables para el fin de la expropiación.
  • Por acuerdo del Consejo de Ministros pueden incluirse los indispensables para previsibles ampliaciones de la obra o finalidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tras declarar la utilidad pública o el interés social, la Administración decide qué bienes son estrictamente indispensables; el Consejo de Ministros puede añadir los necesarios para previsibles ampliaciones.

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Artículo 18

1. Recibida la relación señalada en el artículo anterior, el Gobernador civil abrirá información pública durante un plazo de quince días. 2. Cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado, dicha relación habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia respectiva y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hubiere, comunicándose además a los Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a expropiar para que la fijen en el tablón de anuncios.

Datos clave

  • El Gobernador civil abre información pública durante un plazo de quince días.
  • En las expropiaciones del Estado la relación se publica en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la provincia y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.
  • Se comunica a los Ayuntamientos donde radique la cosa para que la fijen en el tablón de anuncios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recibida la relación de bienes, el Gobernador civil abre información pública de quince días; si expropia el Estado, se publica en el BOE, el boletín provincial, un diario y se comunica a los Ayuntamientos.

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Artículo 20

A la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la información pública, el Gobernador civil, previas las comprobaciones que estime oportunas, resolverá, en el plazo máximo de veinte días, sobre la necesidad de la ocupación, describiendo en la resolución detalladamente los bienes y derechos a que afecta la expropiación, y designando nominalmente a los interesados con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites. Sólo tendrán la condición de interesados a estos efectos las personas definidas en los artículos tercero y cuarto.

Datos clave

  • El Gobernador civil resuelve sobre la necesidad de la ocupación en el plazo máximo de veinte días.
  • La resolución describe detalladamente los bienes y derechos y designa nominalmente a los interesados.
  • Solo tienen la condición de interesados las personas definidas en los artículos tercero y cuarto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobernador civil resuelve sobre la necesidad de ocupación en un máximo de veinte días, describiendo los bienes y designando nominalmente a los interesados, que solo pueden ser los de los artículos tercero y cuarto.

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Artículo 24

La Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido el expediente iniciado. En caso de que en el plazo de quince días no se llegara a tal acuerdo se seguirá el procedimiento que se establece en los artículos siguientes, sin perjuicio de que en cualquier estado posterior de su tramitación puedan ambas parte llegar a dicho mutuo acuerdo.

Datos clave

  • La Administración y el particular pueden convenir libremente y por mutuo acuerdo la adquisición de los bienes o derechos.
  • Convenida la adquisición amistosa, se da por concluido el expediente.
  • Si en quince días no hay acuerdo se sigue el procedimiento de los artículos siguientes, sin perjuicio de un mutuo acuerdo posterior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Administración y particular pueden pactar la adquisición amistosa del bien, lo que concluye el expediente. Sin acuerdo en quince días se sigue el procedimiento, aunque el acuerdo cabe en cualquier momento posterior.

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Artículo 29

1. En cada uno de los expediente así formados la Administración requerirá a los propietarios para que en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de aprecio, en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes. 2. La valoración habrá de ser forzosamente motivada y podrá estar avalada por la firma de un perito, cuyos honorarios habrán de acomodarse a las tarifas que apruebe la Administración, siendo siempre estos gastos de cuenta de los propietarios.

Datos clave

  • Los propietarios presentan la hoja de aprecio en el plazo de veinte días desde el siguiente al de la notificación.
  • La valoración ha de ser forzosamente motivada y puede estar avalada por la firma de un perito.
  • Los honorarios del perito se acomodan a las tarifas de la Administración y son siempre de cuenta de los propietarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración requiere a los propietarios para que presenten en veinte días su hoja de aprecio, motivada y con posible firma de perito cuyos gastos pagan siempre ellos.

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Artículo 31

Si el propietario rechazara el precio fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado provincial de expropiación.

Datos clave

  • El supuesto es que el propietario rechace el precio fundado ofrecido por la Administración.
  • En ese caso el expediente de justiprecio pasa al Jurado provincial de expropiación.
  • El Jurado provincial de expropiación es el órgano que interviene ante la falta de acuerdo sobre el precio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si el propietario rechaza el precio fundado de la Administración, el expediente pasa al Jurado provincial de expropiación.

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Artículo 34

El Jurado de Expropiación, a la vista de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la Administración, decidirá ejecutoriamente sobre el justo precio que corresponda a los bienes o derechos objeto de la expropiación.

Datos clave

  • El Jurado de Expropiación decide ejecutoriamente sobre el justo precio.
  • Decide a la vista de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la Administración.
  • Su decisión recae sobre el justo precio de los bienes o derechos objeto de la expropiación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Jurado de Expropiación, con las hojas de aprecio del propietario y de la Administración a la vista, decide ejecutoriamente el justo precio.

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Artículo 48

1. Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de seis meses. 2. El pago se verificará mediante talón nominativo al expropiado o por transferencia bancaria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de recibir el precio precisamente por este medio.

Datos clave

  • Determinado el justo precio, se paga en el plazo máximo de seis meses.
  • El pago se verifica mediante talón nominativo al expropiado.
  • O por transferencia bancaria si el expropiado ha manifestado su deseo de recibirlo por este medio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fijado el justo precio, se paga en un máximo de seis meses, por talón nominativo o por transferencia si el expropiado la ha pedido expresamente.

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Artículo 51

Hecho efectivo el justo precio, o consignado en la forma prevista en el artículo anterior, podrá ocuparse la finca por vía administrativa o hacer ejercicio del derecho expropiado, siempre que no se hubiera hecho ya en virtud del procedimiento excepcional regulado en el artículo siguiente. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 91.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 8.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, únicamente tendrán la consideración de lugares cuyo acceso depende del consentimiento del titular, en relación con la ocupación de los bienes inmuebles expropiados, además del domicilio de las personas físicas y jurídicas en los términos del artículo 18.2 de la Constitución Española, los locales cerrados sin acceso al público. Respecto de los demás inmuebles o partes de los mismos en los que no concurran las condiciones expresadas en el párrafo anterior, la Administración expropiante podrá entrar y tomar posesión directamente de ellos, una vez cumplidas las formalidades establecidas en esta Ley, recabando del Delegado del Gobierno, si fuera preciso, el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proceder a su ocupación.

Datos clave

  • Pagado o consignado el justo precio, puede ocuparse la finca por vía administrativa o ejercerse el derecho expropiado.
  • Lugares cuyo acceso depende del consentimiento del titular: el domicilio de personas físicas y jurídicas (artículo 18.2 de la Constitución) y los locales cerrados sin acceso al público.
  • En los demás inmuebles la Administración expropiante puede entrar y tomar posesión directamente.
  • Puede recabar del Delegado del Gobierno el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pagado o consignado el justo precio, la Administración puede ocupar la finca. Solo el domicilio y los locales cerrados sin acceso al público exigen consentimiento o autorización judicial; en lo demás entra directamente.

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Artículo 52

Artículo cincuenta y dos.

Excepcionalmente y mediante acuerdo del Consejo de Ministros, podrá declararse urgente la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada. En el expediente que se eleve al Consejo de Ministros deberá figurar, necesariamente, la oportuna retención de crédito, con cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente expropiatorio y la realización efectiva del pago, por el importe a que ascendería el justiprecio calculado en virtud de las reglas previstas para su determinación en esta Ley. Esta declaración podrá hacerse en cualquier momento e implicará las siguientes consecuencias:

1. Se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados, según el proyecto y replanteo aprobados y los reformados posteriormente, y dará derecho a su ocupación inmediata.

2. Se notificará a los interesados afectados, según los artículos tercero y cuarto de esta Ley, el día y hora en que ha de levantarse el acta previa a la ocupación. Esta notificación se llevará a efecto con una antelación mínima de ocho días y mediante cédula. Caso de que no conste o no se conozca el domicilio del interesado o interesados, se entregará la cédula al inquilino, colono y ocupante del bien de que se trate, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto de esta Ley. Con la misma anticipación se publicarán edictos en los tablones oficiales y, en resumen, en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Provincia, en un periódico de la localidad y en dos diarios de la capital de la provincia, si los hubiere.

3. En el día y hora anunciados se constituirán en la finca que se trate de ocupar, el representante de la Administración, acompañado de un perito y del Alcalde o Concejal en que delegue, y reunidos con los propietarios y demás interesados que concurran, levantarán un acta, en la que describirán el bien o derecho expropiable y se harán constar todas las manifestaciones y datos que aporten unos y otros y que sean útiles para determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de aquéllos y los perjuicios determinantes de la rápida ocupación. Tratándose de terrenos cultivados se hará constar el estado y extensión de la cosechas, los nombres de los cultivadores y el precio del arrendamiento o pactos de aparcería en su caso. Si son fincas urbanas se reseñará el nombre de los arrendatarios, el precio de alquiler y, en su caso, la industria que ejerzan. Los interesados pueden hacerse acompañar de sus peritos y un Notario.

4. A la vista del acta previa a la ocupación y de los documentos que obren o se aporten el expediente, y dentro del plazo que se fije al efecto, la Administración formulará las hojas de depósito previo a la ocupación. El depósito equivaldrá a la capitalización, al interés legal del líquido imponible, declarado con dos años de antelación, aumentado en un veinte por ciento en el caso de propiedades amillaradas. En la riqueza catastrada el importe del depósito habrá de ser equivalente a la cantidad obtenida capitalizando al interés legal o líquido imponible o la renta líquida, según se trate de fincas urbanas o rústicas, respectivamente. En los casos de que la finca en cuestión no se expropie más que parcialmente, se prorrateará el valor señalado por esta misma Regla. Si el bien no tuviera asignada riqueza imponible, servirá de módulo la fijada a los bienes análogos del mismo término municipal. La cantidad así fijada, que devengará a favor del titular expropiado el interés legal, será consignada en la Caja de Depósitos. Al efectuar el pago del justiprecio se hará la liquidación definitiva de intereses.

5. La Administración fijará igualmente las cifras de indemnización por el importe de los perjuicios derivados de la rapidez de la ocupación, tales como mudanzas, cosechas pendiente y otras igualmente justificadas, contra cuya determinación no cabrá recurso alguno, si bien, caso de disconformidad del expropiado, el Jurado Provincial reconsiderará la cuestión en el momento de la determinación del justiprecio.

6. Efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios, la Administración procederá a la inmediata ocupación del bien de que se trate, teniendo en cuenta lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 51 de esta Ley, lo que deberá hacer en el plazo máximo de quince días, sin que sea admisible al poseedor entablar interdictos de retener y recobrar.

7. Efectuada la ocupación de las fincas se tramitará el expediente de expropiación en sus fases de justiprecio y pago según la regulación general establecida en los artículos anteriores, debiendo darse preferencia a estos expediente para su rápida resolución.

8. En todo caso, sobre el justiprecio acordado definitivamente para los bienes objeto de este artículo, se girará la indemnización establecida en el artículo cincuenta y seis de esta Ley, con la especialidad de que será fecha inicial para el cómputo correspondiente la siguiente a aquélla en que se hubiera producido la ocupación de que se trata.

Se modifica el apartado 6 por el art. 76.2 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2002-25412 .

Se modifica el párrafo primero por el art. 3 de Ley 11/1996, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-1996-29017 .

Datos clave

  • La urgente ocupación se declara excepcionalmente por acuerdo del Consejo de Ministros, con la oportuna retención de crédito en el expediente.
  • Se entiende cumplido el trámite de necesidad de ocupación y da derecho a la ocupación inmediata.
  • La notificación del acta previa a la ocupación se hace con antelación mínima de ocho días y mediante cédula.
  • Al acta asisten el representante de la Administración, un perito y el Alcalde o Concejal en que delegue; los interesados pueden ir con peritos y un Notario.
  • El depósito previo se consigna en la Caja de Depósitos y devenga el interés legal a favor del expropiado.
  • Contra las indemnizaciones por rápida ocupación no cabe recurso; la ocupación se hace en el plazo máximo de quince días, sin interdictos de retener y recobrar.
  • La indemnización del artículo 56 se computa desde el día siguiente a la ocupación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ocupación urgente: el Consejo de Ministros puede declararla con retención de crédito; se ocupa tras acta previa, depósito previo e indemnización por rapidez, y después se tramitan justiprecio y pago.

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Artículo 54

1. En el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o desapareciese la afectación, el primitivo dueño o sus causahabientes podrán recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado, mediante el abono a quien fuera su titular de la indemnización que se determina en el artículo siguiente. 2. No habrá derecho de reversión, sin embargo, en los casos siguientes: a) Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social. En este supuesto la Administración dará publicidad a la sustitución, pudiendo el primitivo dueño o sus causahabientes alegar cuanto estimen oportuno en defensa de su derecho a la reversión, si consideran que no concurren los requisitos exigidos por la ley, así como solicitar la actualización del justiprecio si no se hubiera ejecutado la obra o establecido el servicio inicialmente previstos. b) Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o interés social se prolongue durante diez años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio. 3. Cuando de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores de este artículo proceda la reversión, el plazo para que el dueño primitivo o sus causahabientes puedan solicitarla será el de tres meses, a contar desde la fecha en que la Administración hubiera notificado el exceso de expropiación, la desafectación del bien o derecho expropiados o su propósito de no ejecutar la obra o de no implantar el servicio. En defecto de esta notificación, el derecho de reversión podrá ejercitarse por el expropiado y sus causahabientes en los casos y con las condiciones siguientes: a) Cuando se hubiera producido un exceso de expropiación o la desafectación del bien o derecho expropiados y no hubieran transcurrido veinte años desde la toma de posesión de aquéllos. b) Cuando hubieran transcurrido cinco años desde la toma de posesión del bien o derecho expropiados sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio. c) Cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio estuvieran suspendidas más de dos años por causas imputables a la Administración o al beneficiario de la expropiación sin que se produjera por parte de éstos ningún acto expreso para su reanudación. 4. La competencia para resolver sobre la reversión corresponderá a la Administración en cuya titularidad se halle el bien o derecho en el momento en que se solicite aquélla o a la que se encuentre vinculado el beneficiario de la expropiación, en su caso, titular de los mismos. 5. En las inscripciones en el Registro de la Propiedad del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles adquiridos por expropiación forzosa se hará constar el derecho preferente de los reversionistas frente a terceros posibles adquirentes para recuperar el bien o derecho expropiados de acuerdo con lo dispuesto en este artículo y en el siguiente, sin cuya constancia registral el derecho de reversión no será oponible a los terceros adquirentes que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo previsto en la Ley Hipotecaria.

Datos clave

  • Procede la reversión si no se ejecuta la obra o no se establece el servicio, si hay parte sobrante o si desaparece la afectación.
  • No hay reversión si se acuerda justificadamente una nueva afectación a otro fin declarado de utilidad pública o interés social.
  • Tampoco si la afectación se prolonga durante diez años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio.
  • Plazo para solicitarla: tres meses desde la notificación de la Administración.
  • Sin notificación: exceso o desafectación sin haber transcurrido veinte años desde la toma de posesión; cinco años sin iniciar la obra; suspensión de más de dos años.
  • Resuelve la Administración en cuya titularidad se halle el bien o a la que esté vinculado el beneficiario.
  • El derecho de reversión no es oponible a terceros adquirentes inscritos sin su constancia en el Registro de la Propiedad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Derecho de reversión: el antiguo dueño recupera el bien si no se ejecuta la obra, sobra parte o desaparece la afectación. Excluido si hay nueva afectación o tras diez años de afectación; plazos de tres meses o, sin notificación, veinte, cinco y dos años.

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Artículo 55

Artículo cincuenta y cinco.

1. Es presupuesto del ejercicio del derecho de reversión la restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado, actualizada conforme a la evolución del índice de precios al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión. La determinación de este importe se efectuará por la Administración en el mismo acuerdo que reconozca el derecho de reversión.

2. Por excepción, si el bien o derecho expropiado hubiera experimentado cambios en su calificación jurídica que condicionaran su valor o hubieran incorporado mejoras aprovechables por el titular de aquel derecho o sufrido menoscabo de valor, se procederá a una nueva valoración del mismo, referida a la fecha de ejercicio del derecho, fijada con arreglo a las normas contenidas en el capítulo III del Título II de esta Ley.

3. La toma de posesión del bien o derecho revertido no podrá tener lugar sin el previo pago o consignación del importe resultante conforme a los apartados anteriores. Dicho pago o consignación deberá tener lugar en el plazo máximo de tres meses desde su determinación en vía administrativa, bajo pena de caducidad del derecho de reversión y sin perjuicio de la interposición de recurso contencioso-administrativo. En este último caso, las diferencias que pudieran resultar de la sentencia que se dicte deberán, asimismo, satisfacerse o reembolsarse, según proceda, incrementadas con los intereses devengados al tipo de interés legal desde la fecha del primer pago en el plazo de tres meses desde la notificación de la sentencia bajo pena de caducidad del derecho de reversión en el primer supuesto.

Datos clave

  • Presupuesto de la reversión: restituir la indemnización expropiatoria actualizada conforme al índice de precios al consumo.
  • Procede nueva valoración si el bien cambió de calificación jurídica, incorporó mejoras o sufrió menoscabo de valor.
  • El pago o consignación debe hacerse en el plazo máximo de tres meses desde su determinación, bajo pena de caducidad del derecho de reversión.
  • La toma de posesión del bien revertido exige el previo pago o consignación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para revertir hay que devolver la indemnización actualizada con el IPC, o una nueva valoración si el bien cambió; sin pago o consignación en tres meses caduca la reversión.

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Artículo 56

Cuando hayan transcurrido seis meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de las cosas o derechos, la Administración expropiante culpable de la demora estará obligada a abonar al expropiado una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado, que se liquidará con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio haya sido efectuado.

Datos clave

  • Supuesto: seis meses desde la iniciación legal del expediente sin justo precio fijado por resolución definitiva.
  • La Administración expropiante culpable de la demora abona el interés legal del justo precio hasta que se determine.
  • Se liquida con efectos retroactivos una vez efectuado el justiprecio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si pasan seis meses desde la iniciación legal del expediente sin justo precio definitivo, la Administración culpable de la demora debe el interés legal del justiprecio, liquidado con efectos retroactivos.

Esquema

Intereses de demora
Demora en fijarDemora en pagar
CómputoSeis meses desde la iniciación legal del expedienteSeis meses del artículo cuarenta y ocho
HastaDeterminación del justo precioSu pago

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Artículo 59

Artículo cincuenta y nueve.

Cuando la Administración tenga que expropiar grandes zonas territoriales o series de bienes susceptibles de una consideración de conjunto, el Consejo de Ministros podrá acordar, mediante Decreto, la aplicación del procedimiento expropiatorio especial regulado en este capítulo.

Datos clave

  • Se aplica cuando la Administración tenga que expropiar grandes zonas territoriales o series de bienes susceptibles de una consideración de conjunto.
  • El Consejo de Ministros puede acordar, mediante Decreto, la aplicación del procedimiento expropiatorio especial.
  • Ese procedimiento especial es el regulado en el capítulo en que se integra el artículo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Procedimiento especial por zonas o grupos: el Consejo de Ministros puede acordarlo mediante Decreto cuando haya que expropiar grandes zonas territoriales o series de bienes que admiten una consideración de conjunto.

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Artículo 71

Existirá causa de interés social para la expropiación forzosa, además de en los casos en que haya lugar con arreglo a las Leyes, cuando con esta estimación expresa se haya declarado específicamente por una Ley la oportunidad de que un bien o una clase de bienes se utilicen en el sentido positivo de una determinada función social y el propietario incumpla esta directiva.

Datos clave

  • Existe causa de interés social, además de en los casos previstos en las Leyes, cuando una Ley declare específicamente la oportunidad de que un bien se utilice en una determinada función social.
  • Es necesario además que el propietario incumpla esa directiva.
  • La función social se entiende en sentido positivo respecto de un bien o una clase de bienes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hay causa de interés social, además de en los casos legales, cuando una Ley declara que un bien o clase de bienes debe cumplir una función social y el propietario incumple esa directiva.

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Artículo 76

La expropiación de bienes, muebles o inmuebles, de valor artístico, histórico o arqueológico, se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, con las particularidades que se establecen en los artículos siguientes.

Datos clave

  • Afecta a bienes muebles o inmuebles de valor artístico, histórico o arqueológico.
  • Su expropiación se lleva a cabo con arreglo a la Ley de Expropiación Forzosa.
  • Se aplican las particularidades establecidas en los artículos siguientes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los bienes muebles o inmuebles de valor artístico, histórico o arqueológico se expropian conforme a esta Ley con las particularidades de los artículos siguientes.

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Artículo 85

Las expropiaciones que se lleven a cabo por razón de urbanismo y las que en cualquier caso realicen las entidades locales, se ajustarán a lo expresamente dispuesto en la Ley de Régimen Local y demás aplicables, y en lo no previsto en ellas, al contenido de la presente, con las modificaciones siguientes. Primera. Para la determinación del justo precio se seguirán las reglas y el procedimiento establecidos en el capítulo tercero del título segundo de esta Ley. Segunda. En el Jurado Provincial de Expropiación el funcionario técnico a que se refiere el apartado b) del artículo treinta y dos será designado por la Corporación local interesada. Tercera. Las facultades atribuidas en esta Ley a la Administración o autoridades gubernativas que en ella se mencionan, corresponderán íntegramente, en los asuntos de las Corporaciones Locales, a ésta o a los organismos especiales que en los mismos intervienen, y sin limitación de la autonomía que se les concede en las disposiciones vigentes.

Datos clave

  • Las expropiaciones urbanísticas y las de las entidades locales se rigen por la Ley de Régimen Local y demás aplicables y, en lo no previsto, por la Ley de Expropiación Forzosa.
  • El justo precio se fija con las reglas y el procedimiento del capítulo tercero del título segundo.
  • En el Jurado Provincial, el funcionario técnico del apartado b) del artículo treinta y dos lo designa la Corporación local interesada.
  • Las facultades de la Administración o autoridades gubernativas corresponden íntegramente a la Corporación Local o a sus organismos especiales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las expropiaciones urbanísticas y las de entidades locales se rigen por la legislación de régimen local y, supletoriamente, por esta Ley, con tres modificaciones: justiprecio, jurado y facultades.

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Artículo 86

Artículo ochenta y seis.

Cuando fuere preciso expropiar las tierras que sirvan de base principal de sustento a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el Consejo de Ministros acordará, de oficio o a instancia de las Corporaciones públicas interesadas, el traslado de la población.

Los preceptos del presente capítulo serán de aplicación en los casos de expropiación de instalaciones industriales, siempre que concurran las circunstancias que en este artículo se requieren.

Véase, en cuanto a lo que se entiende por Entidades locales menores, el art. único del Decreto 61/1960, de 14 de enero. Ref. BOE-A-1960-1170

Datos clave

  • Supuesto: expropiar tierras que sean base principal de sustento de todas o la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor.
  • El Consejo de Ministros acuerda el traslado de la población, de oficio o a instancia de las Corporaciones públicas interesadas.
  • Se aplica también a la expropiación de instalaciones industriales si concurren esas circunstancias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si hay que expropiar las tierras que sostienen a todas o la mayoría de las familias de un municipio o entidad local menor, el Consejo de Ministros acuerda el traslado de la población.

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Artículo 97

Las expropiaciones por causa de colonización y de fincas mejorables se regularán por su legislación especial, incluso en lo relativo a los órganos, medios de valoración y recursos. En lo no previsto en dicha legislación especial regirá como supletoria la presente ley.

Datos clave

  • Las expropiaciones por causa de colonización y de fincas mejorables se regulan por su legislación especial.
  • Esa legislación especial alcanza a los órganos, los medios de valoración y los recursos.
  • La Ley de Expropiación Forzosa rige como supletoria en lo no previsto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las expropiaciones por colonización y de fincas mejorables siguen su legislación especial, también en órganos, valoración y recursos; la Ley de Expropiación solo es supletoria.

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Artículo 100

Cuando el Gobierno acuerde la adquisición de inmuebles situados en la zona militar de costas y fronteras, o por otras necesidades urgentes de la defensa y seguridad nacional, las expropiaciones que a tales fines fuere preciso realizar se ajustarán a lo dispuesto en los artículos cincuenta y dos y cincuenta y tres de esta Ley, y el expediente respectivo será tramitado por la Administración militar que corresponda en razón al ejército a cuyos servicios queden afectos los bienes ocupados y con sujeción al reglamento que se dicte en aplicación de esta Ley. En estas expropiaciones, el funcionario técnico comprendido en el apartado b) del artículo treinta y dos será sustituido en el Jurado Provincial de Expropiación por un técnico militar del Departamento respectivo, que formará parte de aquél como Vocal siempre que al ser remitido el expediente, en cumplimiento del artículo treinta y uno, se comunique al mismo tiempo por el Gobierno Militar de la provincia el nombramiento correspondiente.

Datos clave

  • Afecta a inmuebles de la zona militar de costas y fronteras o a otras necesidades urgentes de la defensa y seguridad nacional.
  • Estas expropiaciones se ajustan a los artículos cincuenta y dos y cincuenta y tres de la Ley.
  • El expediente lo tramita la Administración militar que corresponda.
  • En el Jurado Provincial, el funcionario técnico del artículo treinta y dos b) es sustituido por un técnico militar como Vocal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las expropiaciones para la zona militar de costas y fronteras o la defensa urgente siguen los artículos 52 y 53, las tramita la Administración militar y en el Jurado un técnico militar sustituye al funcionario técnico.

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Artículo 101

En tiempo de guerra y en caso de movilización total o parcial que no sea para maniobras, las autoridades militares podrán utilizar, previa requisa, toda clase de bienes muebles, inmuebles, derechos, empresas, industrias, alojamientos, prestaciones personales y, en general, todo cuanto sirva directa o indirectamente a los fines militares.

Datos clave

  • Se aplica en tiempo de guerra y en caso de movilización total o parcial que no sea para maniobras.
  • Las autoridades militares pueden utilizar, previa requisa, toda clase de bienes muebles, inmuebles, derechos, empresas, industrias, alojamientos y prestaciones personales.
  • Alcanza a todo cuanto sirva directa o indirectamente a los fines militares.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En guerra o movilización total o parcial no destinada a maniobras, las autoridades militares pueden utilizar, previa requisa, toda clase de bienes, derechos, servicios y prestaciones útiles a los fines militares.

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Artículo 56

El artículo 56 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa regula el acuerdo de urgente ocupación.

1. El acuerdo que declare la urgente ocupación de bienes afectados por una expropiación debe estar debidamente motivado. Ha de contener:

  • la exposición de las circunstancias que justifican el excepcional procedimiento del artículo 52 de la Ley;
  • la referencia expresa a los bienes a que afecta la ocupación o al proyecto de obras en que se determinan;
  • el resultado de la información pública en la que, por imposición legal o, en su defecto, por plazo de quince días, se haya oído a los afectados.

2. En estos casos no procede recurso alguno. No obstante, los interesados, una vez publicada la relación y hasta el levantamiento del acta previa, pueden formular por escrito ante el Organismo expropiante alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores padecidos al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Datos clave

  • El acuerdo de urgente ocupación debe estar debidamente motivado.
  • Justifica el excepcional procedimiento del artículo 52 de la Ley.
  • Información pública por imposición legal o, en su defecto, por plazo de quince días.
  • Contra el acuerdo no procede recurso alguno.
  • Alegaciones por escrito hasta el acta previa, solo para subsanar errores en la relación de bienes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El acuerdo de urgente ocupación tiene que ir motivado y con tres contenidos fijos. Contra él no cabe recurso: solo alegaciones por escrito para corregir errores en la relación de bienes.

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Artículo 57

El artículo 57 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa regula el levantamiento del acta previa a la ocupación en el procedimiento de urgencia.

1. Al levantamiento del acta previa a la ocupación del número 3 del artículo 52 de la Ley debe asistir, en todo caso, el beneficiario de la expropiación o quien lo represente. Si no acude el Alcalde o su delegado, se suspende la diligencia y se acuerda nueva citación, también con antelación de ocho días naturales, dando cuenta al Gobernador civil de la provincia para que ordene a la autoridad municipal la asistencia al nuevo acto, con prevención de las responsabilidades en que pueda incurrir en caso de desobediencia.

2. Si el beneficiario no tiene reparos que oponer, pasa el acta a su Perito para que, en el plazo que se fije, formule la tasación que sirva de base a las hojas de depósito previo a la ocupación, conforme a la regla cuarta del artículo 52 de la Ley. En los casos no previstos en dicha regla, la tasación se ajusta a los criterios del capítulo III del título II de la Ley.

Datos clave

  • El beneficiario de la expropiación o su representante asiste en todo caso al acta previa.
  • Si no acude el Alcalde o su delegado se suspende la diligencia.
  • Nueva citación con antelación de ocho días naturales, dando cuenta al Gobernador civil.
  • El Perito del beneficiario formula la tasación base de las hojas de depósito previo (regla cuarta del artículo 52).
  • En casos no previstos, criterios del capítulo III del título II de la Ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el acta previa a la ocupación urgente el beneficiario debe estar siempre; si falta el Alcalde, se suspende y se cita de nuevo. Después, el Perito del beneficiario hace la tasación base del depósito previo.

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Artículo 58

El artículo 58 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa regula la consignación del depósito previo y la indemnización por rápida ocupación.

1. La cantidad determinada debe consignarse inmediatamente en la Caja de Depósitos, salvo que el expropiado, cuando no haya cuestión sobre su titularidad, prefiera percibirla renunciando a los intereses legales que establece la regla cuarta del artículo 52 de la Ley. Si la cantidad percibida resulta mayor que el justo precio fijado definitivamente, el expropiado debe reintegrar el exceso, que puede exigírsele por vía de apremio a través del Gobernador civil o autoridad competente.

2. En el plazo señalado al Perito para formular las hojas de aprecio debe consignarse en hoja aparte la cuantía de la indemnización del número quinto del artículo 52 de la Ley. Se comunica una copia de ambas a cada interesado, quien, sin carácter de recurso, puede objetar errores materiales en la determinación del depósito o una inadecuada apreciación de las indemnizaciones. Si la Administración no rectifica, la cuestión queda diferida al momento en que el Jurado Provisional conozca del expediente.

Datos clave

  • El depósito se consigna inmediatamente en la Caja de Depósitos.
  • El expropiado puede percibirlo directamente renunciando a los intereses legales, si no hay cuestión sobre su titularidad.
  • El exceso sobre el justo precio definitivo se reintegra y puede exigirse por vía de apremio.
  • La indemnización por rápida ocupación figura en hoja aparte.
  • Las objeciones del interesado no tienen carácter de recurso; si no se rectifica, se difieren al Jurado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El depósito previo se consigna en la Caja de Depósitos, aunque el expropiado puede cobrarlo renunciando a intereses. La indemnización por rápida ocupación va en hoja aparte y sus objeciones no son recurso.

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Artículo 63

El artículo 63 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa enumera los casos en que procede la reversión de los bienes o derechos expropiados:

a) Cuando no se ejecute la obra o no se establezca el servicio que motivó la expropiación.

b) Cuando, realizada la obra o establecido el servicio, quede alguna parte sobrante de los bienes expropiados.

c) Cuando desaparezca la afectación de los bienes o derechos a las obras o servicios que motivaron la expropiación.

Datos clave

  • Reversión por no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación.
  • Reversión de la parte sobrante una vez realizada la obra o establecido el servicio.
  • Reversión por desaparición de la afectación a las obras o servicios que motivaron la expropiación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres supuestos de reversión: la obra o servicio no se ejecuta, sobra parte de lo expropiado o desaparece la afectación a la obra o servicio que motivó la expropiación.

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Artículo 67

El artículo 67 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa regula la solicitud y la resolución de la reversión.

1. Los expropiados o sus causahabientes pueden solicitar del Gobernador civil la declaración de procedencia de la reversión, siempre que estimen que concurre cualquiera de las situaciones previstas en los artículos anteriores.

2. El plazo de un mes a que se refiere el artículo 55 de la Ley empieza a contarse:

a) desde el día siguiente al de la notificación del acto que dé lugar a la reversión, según el artículo 63;

b) desde que el expropiado comparezca en el expediente y se dé por notificado de las declaraciones, disposiciones o actos que impliquen la inejecución de la obra o el no establecimiento del servicio;

c) una vez transcurridos los plazos del artículo 64, párrafo 2.

3. El Gobernador civil resuelve, previo informe de la Administración interesada y previas las comprobaciones oportunas. Contra su resolución cabe recurso de alzada ante el Ministro competente por razón de la materia, y contra el acuerdo de este, recurso contencioso-administrativo.

4. Si la Administración no notifica la decisión de la petición o del recurso de alzada en el plazo de tres meses, pueden entenderse denegados en la forma y con los requisitos del artículo 38 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Datos clave

  • La reversión se solicita del Gobernador civil por los expropiados o sus causahabientes.
  • El plazo de un mes del artículo 55 de la Ley se cuenta desde la notificación, la comparecencia o el transcurso de los plazos del artículo 64.
  • Resolución previo informe de la Administración interesada.
  • Recurso de alzada ante el Ministro competente y después contencioso-administrativo.
  • Sin notificación en tres meses, la petición o el recurso pueden entenderse denegados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La reversión se pide al Gobernador civil, con un plazo de un mes cuyo inicio depende del supuesto. Se resuelve con informe de la Administración, cabe alzada al Ministro y, si no hay respuesta en tres meses, silencio negativo.

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Artículo 69

El artículo 69 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa regula la reversión frente a terceros adquirentes.

1. Cuando se dé alguna de las causas legitimadoras de la reversión, esta procede aun cuando los bienes o derechos hayan pasado a poder de terceros adquirentes por la presunción del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, sin perjuicio del derecho de repetición de estos contra quien proceda por los daños y perjuicios ocasionados.

2. En todo caso, los terceros adquirentes tienen derecho a ser oídos en el expediente de reversión para aportar los datos y alegaciones que consideren oportunos en contra de ella.

Datos clave

  • La reversión procede aunque los bienes hayan pasado a terceros adquirentes por la presunción del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
  • Los terceros conservan el derecho de repetición por los daños y perjuicios ocasionados.
  • Los terceros adquirentes tienen derecho a ser oídos en el expediente de reversión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La reversión alcanza al bien aunque esté en manos de un tercero protegido por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria; ese tercero puede repetir daños contra quien proceda y debe ser oído en el expediente.

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Artículo 47. Administraciones Públicas andaluzas.

1. Son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma:

1.ª El procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma, la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía y de sus organismos autónomos.

2.ª Los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma, así como las servidumbres públicas en materia de su competencia, en el marco del régimen general del dominio público.

3.ª Las potestades de control, inspección y sanción en los ámbitos materiales de competencia de la Comunidad Autónoma, en lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.

4.ª Organización a efectos contractuales de la Administración propia.

2. Son competencias compartidas de la Comunidad Autónoma:

1.ª El régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y régimen estatutario de su personal funcionario y estatutario, así como de su personal laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76 de este Estatuto.

2.ª El procedimiento administrativo común.

3.ª Los contratos y concesiones administrativas.

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma, en materia de expropiación forzosa, la competencia ejecutiva que incluye, en todo caso:

a) Determinar los supuestos, las causas y las condiciones en que las Administraciones andaluzas pueden ejercer la potestad expropiatoria.

b) Establecer criterios de valoración de los bienes expropiados según la naturaleza y la función social que tengan que cumplir, de acuerdo con la legislación estatal.

c) Crear y regular un órgano propio para la determinación del justiprecio y fijar su procedimiento.

4. Corresponde a la Junta de Andalucía, en materia de responsabilidad patrimonial, la competencia compartida para determinar el procedimiento y establecer los supuestos que pueden originar responsabilidad con relación a las reclamaciones dirigidas a ella, de acuerdo con el sistema general de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

5. La Comunidad Autónoma ostenta facultades para incorporar a su legislación aquellas figuras jurídico-privadas que fueran necesarias para el ejercicio de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.

Datos clave

  • Exclusivas: procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia y estructura de sus órganos y organismos autónomos.
  • Exclusivas: bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad y organización a efectos contractuales de la Administración propia.
  • Compartidas: régimen jurídico de su Administración y régimen estatutario de su personal funcionario, estatutario y laboral.
  • Compartidas: el procedimiento administrativo común y los contratos y concesiones administrativas.
  • Expropiación forzosa: competencia ejecutiva, incluido crear un órgano propio para la determinación del justiprecio.
  • Responsabilidad patrimonial: competencia compartida para determinar el procedimiento y los supuestos.
  • Puede incorporar figuras jurídico-privadas, sin perjuicio del artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Administraciones andaluzas: procedimiento propio, bienes y potestad sancionadora como exclusivas; régimen jurídico, procedimiento común y contratos como compartidas; expropiación ejecutiva y responsabilidad patrimonial compartida.

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Artículo 117. Potestad expropiatoria.

En la Administración de la Junta de Andalucía la potestad expropiatoria la ostenta la persona titular de la Consejería correspondiente y será ejercida de conformidad con lo establecido en la legislación de la Junta de Andalucía y la estatal que sea de aplicación.

Datos clave

  • En la Administración de la Junta de Andalucía la potestad expropiatoria la ostenta la persona titular de la Consejería correspondiente.
  • Se ejerce de conformidad con la legislación de la Junta de Andalucía y la estatal que sea de aplicación.
  • Lo regula el artículo 117 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la Administración de la Junta de Andalucía la potestad expropiatoria es de la persona titular de la Consejería correspondiente, conforme a la legislación autonómica y estatal aplicable.

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Artículo 1. Naturaleza

El artículo 1 del Decreto 164/2018, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Valoraciones, define la naturaleza de estos órganos.

Las Comisiones Provinciales de Valoraciones son órganos colegiados permanentes de la Administración de la Junta de Andalucía. Se caracterizan por ser:

  • de naturaleza y participación administrativa;
  • de ámbito provincial;
  • especializados en materia de expropiación forzosa.

Datos clave

  • Son órganos colegiados permanentes de la Administración de la Junta de Andalucía.
  • Tienen naturaleza y participación administrativa.
  • Su ámbito es provincial.
  • Están especializadas en materia de expropiación forzosa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comisiones Provinciales de Valoraciones son órganos colegiados permanentes de la Junta de Andalucía, administrativos, provinciales y especializados en expropiación forzosa.

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Artículo 2. Funciones

El artículo 2 del Decreto 164/2018, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Valoraciones, establece las funciones de estas Comisiones.

1. Conocen de los procedimientos de determinación del justiprecio de todas las expropiaciones forzosas cuando la Administración expropiante sea la de la Comunidad Autónoma de Andalucía o la de cualquiera de las entidades locales de su territorio.

2. Ejercen sus funciones de conformidad con las leyes y el resto del ordenamiento jurídico y velan por la aplicación homogénea de los criterios de valoración en los procedimientos de tasación de bienes y derechos que se les sometan.

Datos clave

  • Determinan el justiprecio de todas las expropiaciones forzosas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  • También cuando la Administración expropiante sea cualquiera de las entidades locales de su territorio.
  • Actúan de conformidad con las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
  • Velan por la aplicación homogénea de los criterios de valoración en los procedimientos de tasación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fijan el justiprecio de todas las expropiaciones forzosas en que expropie la Comunidad Autónoma de Andalucía o una entidad local de su territorio, y velan por criterios de valoración homogéneos.

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