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Tema 48: El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Autonomía del Derecho Administrativo. Criterios de aplicación. Sometimiento de la Administración Pública al Derecho privado. Diferencias entre el Derecho Administrativo anglosajón y el continental.

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Artículo 3

El artículo 3 del Código Civil fija los criterios de interpretación de las normas y el papel de la equidad en su aplicación.

1. Criterios de interpretación. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

2. La equidad. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.

Datos clave

  • Criterio literal: sentido propio de las palabras.
  • Criterios sistemático, histórico y sociológico: contexto, antecedentes históricos y legislativos, y realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.
  • Criterio prevalente: se atiende fundamentalmente al espíritu y finalidad de las normas.
  • La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas.
  • Los Tribunales solo pueden resolver exclusivamente con base en la equidad cuando la ley expresamente lo permita.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cinco criterios para interpretar las normas, con prioridad del espíritu y la finalidad; la equidad se pondera siempre, pero solo puede ser la única base de una resolución si la ley lo permite.

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Artículo 4

El artículo 4 del Código Civil regula la aplicación analógica de las normas, sus límites y el carácter supletorio del propio Código.

1. Analogía. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

2. Normas que no admiten analogía. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

3. Supletoriedad del Código Civil. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes.

Datos clave

  • Requisitos de la analogía: que la norma no contemple un supuesto específico pero regule otro semejante con identidad de razón.
  • Excluidas de la aplicación analógica: leyes penales, excepcionales y de ámbito temporal.
  • Estas leyes no se aplican a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
  • El Código Civil se aplica como supletorio en las materias regidas por otras leyes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La analogía cubre lagunas con identidad de razón, pero no se aplica a leyes penales, excepcionales ni temporales; y el Código Civil es supletorio de las demás leyes.

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Artículo 1

1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

2. Se entenderá a estos efectos por Administraciones públicas:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración local.

d) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.

3. Conocerán también de las pretensiones que se deduzcan en relación con:

a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.

b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

c) La actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Datos clave

  • El orden contencioso-administrativo conoce de la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo.
  • También de las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y de los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
  • Son Administraciones públicas a estos efectos: la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración local y las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas a ellas.
  • Incluye actos de personal, administración y gestión patrimonial del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y órganos autonómicos análogos.
  • Incluye los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actuación de la Administración electoral.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija qué es Administración pública a efectos de este orden (AGE, CCAA, entes locales y sus entidades vinculadas) y añade ciertos actos de órganos constitucionales y de la Administración electoral.

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Artículo 2

El artículo 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, enumera las cuestiones de las que conocerá el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.

b) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.

c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

d) Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente.

e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

f) Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.

Datos clave

  • Respecto de los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno autonómicos, conoce de la protección de derechos fundamentales, los elementos reglados y las indemnizaciones, cualquiera que sea la naturaleza del acto.
  • Conoce de los contratos administrativos y de los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación pública.
  • Conoce de los actos de las Corporaciones de Derecho público adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
  • Conoce de los actos de control de la Administración concedente sobre los concesionarios de servicios públicos.
  • La responsabilidad patrimonial de las Administraciones no puede demandarse ante los órdenes civil o social, aunque concurran particulares o haya seguro de responsabilidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista positiva de lo que conoce el orden contencioso-administrativo: actos del Gobierno en sus aspectos controlables, contratos, Corporaciones de Derecho público, concesionarios, responsabilidad patrimonial y lo que atribuya una ley.

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Artículo 50. Delimitación

El artículo 50 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, delimita el concepto de entidades instrumentales y atribuye a la Consejería de Hacienda funciones de control sobre ellas.

1. Concepto. Tienen la consideración de entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, a los efectos de esta Ley, las entidades dotadas de personalidad jurídica propia, creadas, participadas mayoritariamente o controladas efectivamente por la Administración de la Junta de Andalucía o por sus entes públicos, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico, que tengan por objeto la realización de actividades cuyas características por razones de eficacia justifiquen su organización y desarrollo en régimen de autonomía de gestión y de mayor proximidad a la ciudadanía, en los términos previstos en esta Ley.

2. Evitar duplicidades. Cuando se creen entidades instrumentales que supongan duplicación de la organización administrativa o de otras entidades ya existentes, habrán de suprimirse o reducirse debidamente las funciones o competencias de éstas.

Si los servicios o actividades desarrollados por una entidad instrumental se integraran total o parcialmente en los fines u objeto social de otra entidad instrumental, se aplicarán las normas contenidas en el artículo 52 bis relativas a la sucesión de derechos y obligaciones y al régimen del personal y, en su caso, las previstas en el artículo 60 para la disolución, liquidación y extinción de agencias.

3. Competencias de la Consejería de Hacienda. Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda, en el ámbito de sus competencias específicas, el control económico-financiero del sector público andaluz, así como la emisión de informes y, en su caso, las autorizaciones, en relación con la creación, alteración y supresión de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía y los consorcios a que se refiere el artículo 12 de esta Ley. En especial, corresponde a dicha Consejería el informe preceptivo para perfeccionar negocios de disposición o administración que impliquen la ubicación de sedes y subsedes de los consorcios a que se refiere el artículo 12.3 de esta Ley y de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, así como para destinar inmuebles a los citados usos.

Datos clave

  • Entidades con personalidad jurídica propia creadas, participadas mayoritariamente o controladas efectivamente por la Junta o sus entes públicos, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico.
  • Justificación: razones de eficacia que exigen autonomía de gestión y mayor proximidad a la ciudadanía.
  • Si su creación supone duplicación, deben suprimirse o reducirse las funciones o competencias de las existentes.
  • Integración de servicios en otra entidad instrumental: se aplican el artículo 52 bis (sucesión de derechos y obligaciones y régimen del personal) y, en su caso, el artículo 60 (disolución, liquidación y extinción de agencias).
  • La Consejería competente en materia de Hacienda ejerce el control económico-financiero del sector público andaluz.
  • Hacienda emite informes y autorizaciones sobre creación, alteración y supresión de entidades instrumentales y consorcios del artículo 12.
  • Informe preceptivo de Hacienda para negocios de disposición o administración sobre sedes y subsedes de consorcios del artículo 12.3 y entidades instrumentales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Son entidades instrumentales las que tienen personalidad propia y son creadas, participadas mayoritariamente o controladas por la Junta para actuar con autonomía y proximidad; no deben duplicar estructuras y Hacienda las controla.

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Artículo 68. Concepto

El artículo 68 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, define las agencias públicas empresariales, distingue sus dos tipos y regula su adscripción.

1. Concepto y tipos. Las agencias públicas empresariales son entidades públicas a las que se atribuye la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación, y que aplican técnicas de gestión empresarial en ejecución de competencias propias o de programas específicos de una o varias Consejerías, en el marco de la planificación y dirección de estas. Las agencias públicas empresariales pueden ser de dos tipos:

a) Aquellas que tienen por objeto principal la producción, en régimen de libre mercado, de bienes y servicios de interés público destinados al consumo individual o colectivo mediante contraprestación.

b) Aquellas que tienen por objeto, en ejecución de competencias propias o de programas específicos de una o varias Consejerías, y en el marco de la planificación y dirección de estas, la realización de actividades de promoción pública, prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación, sin actuar en régimen de libre mercado.

2. Adscripción. Las agencias públicas empresariales se adscriben a una o varias Consejerías. Excepcionalmente pueden adscribirse a una agencia cuyo objeto además consista en la coordinación de varias de ellas. Asimismo, se podrán aplicar técnicas de coordinación funcional entre varias agencias públicas empresariales que compartan la misma adscripción orgánica, a través de órganos o unidades horizontales.

Datos clave

  • Entidades públicas que realizan actividades prestacionales, gestión de servicios o producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación.
  • Aplican técnicas de gestión empresarial en ejecución de competencias propias o de programas específicos de una o varias Consejerías.
  • Tipo a): producción en régimen de libre mercado de bienes y servicios de interés público mediante contraprestación.
  • Tipo b): actividades de promoción pública, prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes, sin actuar en régimen de libre mercado.
  • Se adscriben a una o varias Consejerías; excepcionalmente, a una agencia que coordine varias de ellas.
  • Cabe coordinación funcional entre agencias con la misma adscripción orgánica mediante órganos o unidades horizontales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las agencias públicas empresariales aplican técnicas de gestión empresarial y son de dos tipos según actúen o no en régimen de libre mercado; se adscriben a una o varias Consejerías.

Esquema

Tipos de agencia pública empresarial
Tipo a)Tipo b)
MercadoEn régimen de libre mercadoSin actuar en régimen de libre mercado
ContraprestaciónMediante contraprestaciónSean o no susceptibles de contraprestación
ActividadProducción de bienes y servicios de interés públicoPromoción pública, prestacionales, gestión de servicios o producción de bienes

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Artículo 69. Régimen jurídico y ejercicio de potestades administrativas

El artículo 69 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establece el régimen jurídico de las agencias públicas empresariales según su tipo y regula el ejercicio de potestades administrativas por estas y por personal funcionario a su servicio.

1. Régimen jurídico según el tipo de agencia.

Las agencias públicas empresariales a que hace referencia la letra a del apartado 1 del artículo 68 de esta Ley se rigen por el Derecho Privado, excepto en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en esta Ley, en sus estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación.

Las agencias públicas empresariales a que hace referencia la letra b del apartado 1 del artículo 68 de esta Ley se rigen por el Derecho Administrativo en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en esta Ley, en sus estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación. En los restantes aspectos se regirán por el Derecho Administrativo o por el Derecho Privado según su particular gestión empresarial así lo requiera.

2. Potestades administrativas. Las agencias públicas empresariales ejercerán únicamente las potestades administrativas que expresamente se les atribuyan y solo pueden ser ejercidas por aquellos órganos a los que en los estatutos se les asigne expresamente esta facultad. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las agencias públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, salvo las excepciones que, a determinados efectos, se fijen, en cada caso, en sus estatutos.

3. Funciones reservadas a personal funcionario. En el caso de que se trate de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales que deban corresponder exclusivamente a personal funcionario de acuerdo con la legislación aplicable en materia de función pública, podrá llevarlas a cabo, bajo la dirección funcional de la agencia pública empresarial, el personal funcionario perteneciente a la Consejería o la agencia administrativa a la que esté adscrita. A tal fin, se configurarán en la relación de puestos de trabajo correspondiente las unidades administrativas precisas, que dependerán funcionalmente de la agencia pública empresarial.

La dependencia de este personal supondrá su integración funcional en la estructura de la agencia, con sujeción a las instrucciones y órdenes de servicio de los órganos directivos de la misma, quienes ejercerán las potestades que a tal efecto establece la normativa general. El decreto por el que se aprueben los estatutos de la agencia contendrá las prescripciones necesarias para concretar el régimen de dependencia funcional, el horario de trabajo y las retribuciones en concepto de evaluación por desempeño y las relativas al sistema de recursos administrativos que procedan contra los actos que se dicten en ejercicio de las potestades administrativas atribuidas a la agencia.

Datos clave

  • Agencias del tipo a) del artículo 68.1: se rigen por el Derecho Privado, salvo formación de la voluntad de sus órganos, potestades administrativas y aspectos regulados en esta Ley, sus estatutos, la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación.
  • Agencias del tipo b): Derecho Administrativo en esas mismas cuestiones; en lo demás, Derecho Administrativo o Privado según lo requiera su gestión empresarial.
  • Solo ejercen las potestades administrativas que expresamente se les atribuyan, y únicamente por los órganos a los que los estatutos asignen expresamente esa facultad.
  • Sus órganos no son asimilables en rango administrativo a los de la Administración de la Junta, salvo excepciones fijadas en los estatutos.
  • Las funciones reservadas a personal funcionario las ejerce personal funcionario de la Consejería o agencia administrativa de adscripción, bajo la dirección funcional de la agencia.
  • Para ello se configuran en la relación de puestos de trabajo unidades administrativas que dependen funcionalmente de la agencia.
  • El decreto de estatutos concreta la dependencia funcional, el horario, las retribuciones por evaluación del desempeño y el sistema de recursos administrativos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El tipo de agencia pública empresarial decide si el Derecho de base es privado o administrativo; solo ejercen las potestades expresamente atribuidas y las funciones reservadas las hace personal funcionario de su Consejería o agencia de adscripción.

Esquema

Derecho aplicable según el tipo
Tipo a)Tipo b)
Regla generalDerecho PrivadoDerecho Administrativo en voluntad de órganos y potestades
Voluntad de órganos y potestadesExcepción: no rige el Derecho PrivadoDerecho Administrativo
Resto de aspectosDerecho PrivadoAdministrativo o Privado según su gestión empresarial

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Artículo 75. Concepto

El artículo 75 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, delimita el concepto y el objeto de las sociedades mercantiles del sector público andaluz.

1. Concepto. Tendrán la consideración de sociedades mercantiles del sector público andaluz las previstas en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Objeto y límites. Las sociedades mercantiles del sector público andaluz tendrán por objeto la realización de actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado, actuando bajo el principio de la libre competencia.

En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirles el ejercicio de potestades administrativas.

Datos clave

  • Su concepto remite a la Ley General de la Hacienda Pública y a la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  • Objeto: actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado.
  • Actúan bajo el principio de la libre competencia.
  • En ningún caso pueden disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública.
  • Excepcionalmente, la ley puede atribuirles el ejercicio de potestades administrativas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las sociedades mercantiles del sector público andaluz se definen por remisión a las leyes de Hacienda Pública y de Patrimonio, actúan en régimen de mercado y libre competencia y nunca ejercen autoridad pública.

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Artículo 78. Concepto y régimen jurídico

El artículo 78 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, regula el concepto, el régimen del personal y la liquidación de las fundaciones del sector público andaluz.

1. Concepto y régimen jurídico. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley, el concepto y régimen jurídico de las fundaciones del sector público andaluz será el previsto en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Personal. El personal al servicio de las fundaciones del sector público andaluz se rige por el derecho laboral. El nombramiento del personal no directivo irá precedido de convocatoria pública y de los procesos selectivos correspondientes basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

3. Liquidación. La liquidación de las fundaciones del sector público andaluz tendrá lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo su activo y pasivo en la Administración de la Junta de Andalucía o en cualquiera de sus entidades instrumentales, en los términos que establezca el Acuerdo de Consejo de Gobierno que haya autorizado su extinción, que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones.

La Administración de la Junta de Andalucía o la entidad instrumental cesionaria quedará subrogada automáticamente en todas las relaciones jurídicas que tuviera la fundación con sus acreedores a la fecha de adopción del acuerdo de extinción. Esta subrogación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.

Datos clave

  • Concepto y régimen jurídico: Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de la Ley 9/2007.
  • El personal se rige por el derecho laboral.
  • El nombramiento del personal no directivo exige convocatoria pública y procesos selectivos basados en igualdad, mérito y capacidad.
  • Liquidación: cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y pasivo en la Junta o en cualquiera de sus entidades instrumentales.
  • Los términos los fija el Acuerdo de Consejo de Gobierno que haya autorizado la extinción; el cesionario sucede universalmente en derechos y obligaciones.
  • Subrogación automática en las relaciones con acreedores a la fecha del acuerdo de extinción, sin alterar condiciones financieras ni ser causa de resolución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las fundaciones del sector público andaluz se rigen por la Ley 10/2005 de Fundaciones andaluza, su personal es laboral y se liquidan por cesión global de activo y pasivo a la Junta o a una entidad instrumental.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 2

Ámbito Subjetivo. 1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional. 2. El sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. 3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2.

Datos clave

  • ¿Qué cuatro bloques integran el sector público según el art. 2.1? → La AGE, las Administraciones de las CCAA, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
  • ¿Tienen las Universidades públicas la consideración de Administración Pública en el art. 2.3? → No. Están en el sector público institucional (letra c) y se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley.
  • ¿Cuándo quedan sujetas a esta Ley las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes? → Cuando la norma se refiera específicamente a ellas, en particular a los principios del artículo 3, y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas.
  • El apartado 2 tiene tres letras y solo la a) asciende a Administración Pública en el apartado 3: a) de «Administración», b) y c) se quedan fuera.
  • Las Universidades públicas van al revés de lo normal: primero su normativa específica, esta Ley solo en defecto de aquella.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dibuja los círculos concéntricos del sector público: quién está dentro, qué es el sector público institucional y, sobre todo, quién merece el nombre de Administración Pública. Lo que cae es la lista y la diferencia entre los dos conceptos.

Esquema

Sector público frente a Administración Pública (art. 2)
¿Sector público?¿Administración Pública?
AGE, CCAA y Entidades LocalesSíSí
Organismos públicos y entidades de derecho público (letra a)SíSí
Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes (letra b)SíNo
Universidades públicas (letra c)SíNo

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Artículo 84. Composición y clasificación del sector público institucional estatal

El artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece la composición y clasificación del sector público institucional estatal.

1. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:

a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en:

1. Organismos autónomos.

2. Entidades públicas empresariales.

3. Agencias estatales.

b) Las autoridades administrativas independientes.

c) Las sociedades mercantiles estatales.

d) Los consorcios.

e) Las fundaciones del sector público.

f) Los fondos sin personalidad jurídica.

g) Las universidades públicas no transferidas.

2. La Administración General del Estado o entidad integrante del sector público institucional estatal no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear, ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas en este artículo, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación del Estado en organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a la participación en los organismos de normalización y acreditación nacionales o en sociedades creadas al amparo de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización.

3. Las universidades públicas no transferidas se regirán por lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que les sea de aplicación y por lo dispuesto en esta ley en lo que no esté previsto en su normativa específica.

Datos clave

  • El sector público institucional estatal comprende siete tipos de entidades (letras a a g).
  • Organismos públicos: organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales.
  • También: autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público, fondos sin personalidad jurídica y universidades públicas no transferidas.
  • Prohibido crear o controlar, directa o indirectamente, cualquier otro tipo de entidad distinta de las enumeradas.
  • Excepciones: organismos internacionales o supranacionales, organismos de normalización y acreditación nacionales y sociedades de la Ley 27/1984, de 26 de julio.
  • Universidades públicas no transferidas: Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y supletoriamente esta ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista cerrada de entidades del sector público institucional estatal: organismos públicos, autoridades independientes, sociedades, consorcios, fundaciones, fondos y universidades no transferidas. Fuera de ella no se puede crear ni controlar ninguna.

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Artículo 103. Definición

El artículo 103 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, define las entidades públicas empresariales del sector público institucional estatal.

1. Concepto. Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.

2. Dependencia. Las entidades públicas empresariales dependen de la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta, al que le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.

3. Denominación. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza jurídica de entidad pública empresarial deberá figurar en su denominación la indicación de «entidad pública empresarial» o su abreviatura «E.P.E».

Datos clave

  • Son entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión.
  • Se financian con ingresos de mercado, salvo las que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.
  • Junto con potestades administrativas, desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.
  • Dependen de la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta.
  • Al ente de adscripción le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados y el control de eficacia.
  • Su denominación debe incluir «entidad pública empresarial» o la abreviatura «E.P.E».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades públicas empresariales son entes de Derecho público que se financian con ingresos de mercado y, junto con potestades administrativas, prestan servicios o producen bienes de interés público con contraprestación. Llevan «E.P.E» en su nombre.

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Artículo 104. Régimen jurídico

Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación.

Datos clave

  • Regla general: las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado.
  • Excepción: formación de la voluntad de sus órganos.
  • Excepción: ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas.
  • Excepción: aspectos regulados específicamente en la Ley 40/2015, su Ley de creación, sus estatutos y la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
  • También en lo regulado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial aplicables.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, salvo en la formación de voluntad de sus órganos, el ejercicio de potestades administrativas y lo regulado específicamente por las normas administrativas.

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Artículo 113. Régimen jurídico

Las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo previsto en esta Ley, por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas.

Datos clave

  • Fuentes: la Ley 40/2015, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el ordenamiento jurídico privado.
  • Salvo en materia presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación.
  • En ningún caso pueden disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública.
  • Excepcionalmente, la ley puede atribuirles el ejercicio de potestades administrativas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las sociedades mercantiles estatales se rigen por el Derecho privado, salvo en materia presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación; no ejercen autoridad pública.

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Artículo 128. Definición y actividades propias

El artículo 128 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, define las fundaciones del sector público estatal y delimita sus actividades propias.

1. Concepto. Son fundaciones del sector público estatal aquellas que reúnan alguno de los requisitos siguientes:

a) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución.

b) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal con carácter permanente.

c) La mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes de la Administración General del Estado o del sector público institucional estatal.

2. Actividades propias. Son actividades propias de las fundaciones del sector público estatal las realizadas, sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines de interés general, con independencia de que el servicio se preste de forma gratuita o mediante contraprestación.

Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa. Las fundaciones no podrán ejercer potestades públicas.

En la denominación de las fundaciones del sector público estatal deberá figurar necesariamente la indicación «fundación del sector público» o su abreviatura «F.S.P.».

3. Financiación. Para la financiación de las actividades y el mantenimiento de la fundación, debe haberse previsto la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones del sector público pueda existir aportación del sector privado de forma no mayoritaria.

Datos clave

  • Basta con reunir alguno de los tres requisitos: aportación mayoritaria (inicial o posterior), patrimonio público permanente o mayoría de votos en el patronato.
  • Patrimonio integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos con carácter permanente por el sector público estatal.
  • Actividades sin ánimo de lucro para fines de interés general, gratuitas o mediante contraprestación.
  • Solo actividades del ámbito competencial de las entidades fundadoras, sin asumir sus competencias propias salvo previsión legal expresa.
  • No pueden ejercer potestades públicas.
  • Denominación obligatoria: «fundación del sector público» o «F.S.P.».
  • Cabe aportación del sector privado de forma no mayoritaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Una fundación es del sector público estatal si cumple cualquiera de tres requisitos: aportación mayoritaria estatal, patrimonio público en más del 50 por ciento o mayoría de votos en el patronato. No ejerce potestades públicas.

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La autonomía del Derecho Administrativo: un Derecho estatutario y común de las Administraciones públicas

La autonomía del Derecho Administrativo expresa que este no es una excepción ni un apéndice del Derecho civil, sino un ordenamiento propio de las Administraciones públicas, con instituciones y principios específicos y capaz de resolver sus propias lagunas. La exposición clásica en la doctrina española es la de Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández en su Curso de Derecho Administrativo, cuya primera edición data de 1974.

Derechos generales y Derechos estatutarios

El punto de partida es la distinción entre dos clases de Derechos:

  • Derechos generales, que se refieren y son aplicables a toda clase de sujetos, como el Derecho Civil.
  • Derechos estatutarios, que solo regulan las relaciones de cierta clase de sujetos, en cuanto sujetos singulares o específicos, sustrayéndolos en ciertos aspectos al imperio del Derecho común. Son ejemplos el Derecho Canónico y el Derecho Mercantil en su origen, como Derecho de los mercaderes.

El Derecho Administrativo no es el Derecho propio de unos órganos o de un poder, ni tampoco el Derecho propio de una función, sino un Derecho de naturaleza estatutaria, porque se dirige a la regulación de las singulares especies de sujetos que se agrupan bajo el nombre de Administraciones públicas, sustrayendo a estos sujetos singulares del Derecho común. Por eso se define como el Derecho propio y específico de las Administraciones públicas en cuanto personas.

Consecuencias de este concepto

  • Es un Derecho público, una de sus ramas más importantes; los autores lo califican como el Derecho público interno por excelencia del Estado.
  • Está íntimamente interrelacionado con el Derecho Constitucional, cuya superioridad normativa no es discutible; las normas administrativas expresan un «Derecho Constitucional concretizado», según la fórmula de Werner que recogen García de Enterría y Fernández, y ambas ciencias resultan indisociables.
  • Es el Derecho común de las Administraciones públicas, lo que constituye el núcleo de su autonomía.

El Derecho Administrativo como Derecho común

El Derecho Administrativo es un microcosmos jurídico que tiende a cubrir todas las zonas en que se mueven las Administraciones públicas, incluso las que son objeto de otros Derechos. Igual que hay un Derecho Procesal o un Derecho Penal generales, hay un Derecho procesal administrativo o un Derecho sancionatorio administrativo. El proceso, las sanciones, los contratos, la propiedad, la responsabilidad o la delegación sufren, cuando inciden sobre sujetos administrativos, un proceso de modulación que da lugar al contrato administrativo, la responsabilidad administrativa o la delegación administrativa.

La calificación de Derecho común se opone a la de Derecho especial:

  • El Derecho Mercantil es un Derecho especial, porque en las materias que no regula se aplica el Derecho Civil.
  • En el Derecho Administrativo, cuando hay una laguna, esta se integra con sus propios principios sin necesidad de acudir a otros Derechos, como viene declarando sistemáticamente el Tribunal Supremo.

Esta tesis tiene una consecuencia práctica sobre el artículo 4.3 del Código Civil, según el cual «las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes». Frente a la opinión tradicional de los civilistas, García de Enterría y Fernández sostienen que el precepto se refiere solo a las leyes especiales del ordenamiento civil y no a las del ordenamiento administrativo, que es capaz de autointegrar sus lagunas sobre la base de sus propios principios generales, sin perjuicio de que esos principios remitan con frecuencia a criterios jurídicos generales formulados en el Derecho Civil. El Derecho Administrativo no está formado solo por normas positivas, sino también por principios generales que sirven para articular, interpretar y completar esas normas.

La especificidad: el equilibrio entre privilegios y garantías

La autonomía del Derecho Administrativo se apoya en la singularidad del sujeto que regula. La Administración personifica el poder del Estado; es una potentior persona cuyo comercio jurídico aparece penetrado por la idea de poder público, en expresión de Hauriou. Dispone de potestades exorbitantes del Derecho común:

  • puede crear, modificar o extinguir derechos por su sola voluntad mediante actos unilaterales, como la expropiación forzosa;
  • puede ejecutar de oficio sus decisiones sin acudir al juez (privilegio de autotutela);
  • sus actos se controlan en un orden jurisdiccional especializado, el contencioso-administrativo, y su impugnación no suspende por sí misma su eficacia;
  • sus bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Junto a estos privilegios en más hay también privilegios en menos, según la expresión de Rivero: la Administración no puede contratar con quien desee ni formar libremente su voluntad, y no puede ser arbitraria. El Derecho Administrativo coloca además, junto a los privilegios, garantías de carácter económico, como el pago del justo precio en la expropiación o la indemnización de las lesiones, y de carácter jurídico, como el procedimiento y el sistema de recursos. Está hecho, en definitiva, de un equilibrio entre privilegios y garantías.

El origen francés de la autonomía

La autonomía del Derecho Administrativo frente al Derecho civil tiene un hito en la decisión Blanco del Tribunal de Conflictos francés de 8 de febrero de 1873. Afirmó que la responsabilidad del Estado por el funcionamiento de un servicio público no puede regirse por los principios establecidos en el Código civil para las relaciones de particular a particular, y vinculó ese régimen especial a la competencia del juez administrativo, fundada en la ley de 16 y 24 de agosto de 1790. A partir de ella, el Derecho de la responsabilidad administrativa se construyó por la jurisprudencia de forma autónoma respecto del Derecho civil, sin serle por ello totalmente ajeno.

Autonomía no significa aislamiento: por su carácter estatutario, el Derecho Administrativo no cubre la totalidad de las actividades de los sujetos que regula, y los entes administrativos pueden quedar en ocasiones sometidos a otros Derechos (civil, laboral), cuestión que corresponde a los criterios de aplicación del Derecho Administrativo.

Datos clave

  • García de Enterría y Fernández caracterizan el Derecho Administrativo como un Derecho estatutario: el Derecho propio y específico de las Administraciones públicas en cuanto personas.
  • El Derecho Administrativo es el Derecho común de las Administraciones públicas, por oposición a Derecho especial (como el Mercantil, que se integra con el Civil).
  • Sus lagunas se integran con sus propios principios, y el artículo 4.3 del Código Civil se refiere solo a las leyes especiales del ordenamiento civil.
  • Su especificidad consiste en un equilibrio entre privilegios y garantías.
  • Hauriou describió a la Administración como una potentior persona; Rivero habló de privilegios en menos.
  • La decisión Blanco del Tribunal de Conflictos francés (8 de febrero de 1873) excluyó la aplicación de los principios del Código civil a la responsabilidad del Estado por el servicio público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para García de Enterría y Fernández, el Derecho Administrativo es un Derecho estatutario y común de las Administraciones públicas: integra sus lagunas con sus propios principios y se basa en un equilibrio entre privilegios y garantías.

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Diferencias entre el Derecho Administrativo anglosajón y el continental

Las diferencias entre el Derecho Administrativo anglosajón y el continental se explican por la distinta forma en que cada sistema resolvió, tras la caída del absolutismo, la posición de la Administración ante los jueces. El sistema continental, cuyo modelo es el «régimen administrativo» de tipo francés según la expresión de Hauriou, es el que rige en España; el anglosajón, propio del mundo del common law, es para García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández su verdadero término dialéctico contrario y una referencia inestimable para comprender la singularidad del primero.

Las raíces del sistema anglosajón

En Inglaterra la concepción absolutista de la Administración quebró en el siglo XVII y pasó a primer plano el poder del juez como escudo de la libertad privada. El juez se independizó del monarca y se afirmó, desde Coke, como órgano del law of the land, un derecho que no es producto de la voluntad del príncipe, sino de las costumbres y de las decisiones judiciales. Desde la controversia del siglo XVII es atributo natural de los tribunales definir su propia jurisdicción, a la que todos están sometidos.

En este sistema no existe la noción de un poder autónomo interpuesto, dotado de subjetividad y de privilegios especiales, que es la Administración en los sistemas continentales:

  • Los actos administrativos tienen la autoridad vicaria de la ley que aplican; no gozan de ejecutoriedad ni de presunción de legalidad.
  • Quien no cumple un acto administrativo puede ser acusado ante el juez penal, pero en ese proceso puede discutir sin limitaciones la validez del acto y, si demuestra su ilegalidad, es absuelto. Lo ilustra el caso Stroud contra Bradbury (1952).
  • La Administración no dispone por regla general de poderes de ejecución forzosa: debe instarla de los tribunales, a menudo mediante una injunction promovida por el Attorney-General, como en el caso Attorney-General contra Bastow (1957). Los poderes de acción directa se limitan a casos excepcionales.
  • No existen conflictos de jurisdicción entre la Administración y los tribunales, y son normales las órdenes judiciales que suspenden o paralizan actuaciones administrativas.

Dicey y el rule of law

La formulación clásica es la de A. V. Dicey en Introduction to the Study of the Law of the Constitution, aparecida en 1885. Dicey explicó el rule of law desde tres puntos de vista:

  • la supremacía del derecho ordinario sobre el ejercicio del poder arbitrario;
  • la igualdad ante la ley: toda persona está sometida al derecho común y a la jurisdicción de los tribunales ordinarios;
  • el carácter del Derecho constitucional inglés como resultado del derecho ordinario del país y de las decisiones judiciales sobre los derechos de los particulares.

Dicey contrapuso este modelo al de los países continentales, donde los funcionarios que actúan en ejercicio de su cargo están exentos de los tribunales ordinarios, algo que consideraba completamente desconocido en el Derecho inglés. Pese a la reacción generalizada contra sus interpretaciones, los juristas ingleses mantienen la afirmación de que los agentes públicos están sometidos al mismo derecho que los particulares.

La construcción del sistema continental

El sistema continental nace de la interpretación que la Revolución francesa hizo del principio de división de poderes como separación entre Administración y Justicia. La ley de 16 y 24 de agosto de 1790 dispuso que las funciones judiciales son y permanecerán siempre separadas de las funciones administrativas y prohibió a los jueces perturbar las operaciones de los cuerpos administrativos. De ahí el principio de que juzgar a la Administración sigue siendo administrar, que marcó el Derecho Administrativo hasta el último tercio del siglo XIX. Sus hitos son:

  • El Consejo de Estado, creado con la Constitución del año VIII (1799), bajo el Consulado de Napoleón. En un primer momento preparaba proyectos de decisión que el jefe del Estado debía firmar (justicia retenida).
  • La ley de 24 de mayo de 1872, que convirtió al Consejo de Estado en juez que decide por sí mismo, sin intervención del ejecutivo (justicia delegada); bajo la Tercera República, además, los conflictos de competencia pasaron al Tribunal de Conflictos.
  • La decisión del Consejo Constitucional francés de 22 de julio de 1980, que dio valor constitucional a la independencia de la justicia administrativa.

El resultado es un sistema con rasgos opuestos al anglosajón:

  • la Administración es una persona dotada de privilegios: sus actos son ejecutorios y puede ejecutarlos por sí misma (autotutela);
  • existe una jurisdicción especializada, la contencioso-administrativa, distinta de la civil;
  • el control es a posteriori e impugnatorio, y el recurso no suspende por sí mismo el acto;
  • un sistema de conflictos impide las injerencias de los tribunales ordinarios.

España recibió el sistema francés a partir de la década moderada, con la Ley Santamaría de Paredes de 1888-1894 y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1956 como etapas de la jurisdiccionalización del contencioso.

La diferencia sustancial y la evolución reciente

Para García de Enterría y Fernández, la diferencia sustancial radica en los privilegios que el sistema continental reconoce a la Administración y en su exención respecto de los jueces, en los que los juristas anglosajones (Dicey, Sieghart, Schwartz) ven un vestigio histórico del absolutismo.

El sistema anglosajón tampoco está libre de aspiraciones administrativas a la autosuficiencia. En Estados Unidos, la Federal Administrative Procedure Act de 1946 regula el procedimiento de adjudication con el principio due process of law, y en Inglaterra se multiplicaron los administrative tribunals, que Wade describió como un subproducto de una época de gobierno intensivo. La conciencia de los riesgos de un new despotism, título de la denuncia de lord Hewart en 1929, mantuvo sin embargo intacto el principio de la estricta judicial review ante los tribunales generales. El papel preponderante de los tribunales penales sigue siendo el rasgo diferencial básico con el sistema continental.

Datos clave

  • El sistema continental sigue el «régimen administrativo» francés; el anglosajón se basa en el common law y en el control de la Administración por los tribunales ordinarios.
  • En el sistema anglosajón el acto administrativo no es ejecutorio ni goza de presunción de legalidad, y la Administración debe acudir al juez para imponerlo.
  • Dicey expuso el rule of law en Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885), con tres significados: supremacía del derecho ordinario, igualdad ante la ley y Constitución como resultado del derecho ordinario.
  • La ley francesa de 16 y 24 de agosto de 1790 separó las funciones judiciales de las administrativas.
  • El Consejo de Estado francés nació con la Constitución del año VIII (1799); la ley de 24 de mayo de 1872 pasó de la justicia retenida a la justicia delegada.
  • En Estados Unidos, la Federal Administrative Procedure Act es de 1946; lord Hewart denunció el new despotism en 1929.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El sistema anglosajón somete la Administración a los tribunales ordinarios y al derecho común (rule of law de Dicey); el continental, nacido de la Revolución francesa, la dota de privilegios y de una jurisdicción especializada.

Esquema

Sistema anglosajón y sistema continental
AnglosajónContinental
Ejecución de los actosSin ejecutoriedad ni presunción de legalidad; se acude al juezActos ejecutorios; autotutela
ControlTribunales ordinarios (judicial review)Jurisdicción contencioso-administrativa especializada
SuspensiónSon normales las órdenes judiciales que suspenden actuacionesEl recurso no suspende por sí mismo el acto
ConflictosNo existen conflictos de jurisdicciónSistema de conflictos frente a injerencias judiciales

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