Tema 73: Industria, energía y minas: competencias de la Comunidad Autónoma. Regímenes jurídicos.
Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
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- Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria
- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos
- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
- Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico
- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética
- Ley 4/2025, de 15 de diciembre, de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía
Artículo 1
El artículo 1 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, fija el objeto de la Ley y sus exclusiones.
1. La Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, cualesquiera que fueren su origen y estado físico.
2. Quedan fuera de su ámbito, rigiéndose por sus propias disposiciones, los hidrocarburos líquidos y gaseosos.
3. La investigación y aprovechamiento de minerales radiactivos se rigen por esta Ley en lo no establecido específicamente en la Ley reguladora de la Energía Nuclear, de 29 de abril de 1964, y disposiciones complementarias.
4. La investigación o explotación de estructuras subterráneas para almacenamiento geológico de dióxido de carbono se rige por su legislación específica.
Datos clave
- Objeto: régimen jurídico de la investigación y aprovechamiento de yacimientos minerales y recursos geológicos.
- Excluidos: los hidrocarburos líquidos y gaseosos.
- Minerales radiactivos: aplicación supletoria respecto de la Ley de Energía Nuclear de 29 de abril de 1964.
- Almacenamiento geológico de dióxido de carbono: legislación específica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley de Minas regula la investigación y el aprovechamiento de yacimientos minerales y recursos geológicos. Deja fuera los hidrocarburos y el almacenamiento de dióxido de carbono, y es supletoria para los radiactivos.
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Artículo 2
El artículo 2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, establece la naturaleza demanial de los recursos geológicos.
Uno. Todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental son bienes de dominio público, cuya investigación y aprovechamiento el Estado puede asumir directamente o ceder en la forma y condiciones de la Ley y demás disposiciones vigentes.
Dos. En cuanto al dominio de las aguas, se está a lo dispuesto en el Código Civil y Leyes especiales, sin perjuicio de lo que establece la Ley de Minas sobre su investigación y aprovechamiento.
Datos clave
- Los yacimientos de origen natural y recursos geológicos son bienes de dominio público.
- Ámbito: territorio nacional, mar territorial y plataforma continental.
- El Estado puede asumir directamente su investigación y aprovechamiento o cederlos.
- Dominio de las aguas: Código Civil y Leyes especiales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos los yacimientos de origen natural y recursos geológicos del territorio nacional, mar territorial y plataforma continental son dominio público; el Estado los investiga y aprovecha o los cede.
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Artículo 3
El artículo 3 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, clasifica los yacimientos minerales y recursos geológicos en secciones.
Uno. Secciones:
A) Recursos de escaso valor económico y comercialización geográficamente restringida, y aquellos cuyo aprovechamiento único sea obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para su utilización directa en obras de infraestructura, construcción y otros usos que no exigen más operaciones que las de arranque, quebrantado y calibrado.
B) Las aguas minerales, las termales, las estructuras subterráneas y los yacimientos formados como consecuencia de operaciones reguladas por la Ley, según las definiciones del capítulo primero del título IV.
C) Cuantos yacimientos minerales y recursos geológicos no estén incluidos en las anteriores y sean objeto de aprovechamiento conforme a la Ley.
D) Los carbones, los minerales radiactivos, los recursos geotérmicos, las rocas bituminosas y cualesquiera otros yacimientos o recursos de interés energético que el Gobierno acuerde incluir, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, previo informe del Instituto Geológico y Minero de España.
Dos. Queda fuera de la Ley la extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales, cualquiera que sea su clasificación, siempre que la lleve a cabo el propietario de un terreno para su uso exclusivo y no exija técnica minera alguna.
Tres. Los criterios de valoración de la sección A) se fijan mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del de Industria.
Datos clave
- Cuatro secciones: A, B, C y D.
- Sección A: escaso valor económico; solo arranque, quebrantado y calibrado.
- Sección B: aguas minerales, termales, estructuras subterráneas y yacimientos de operaciones reguladas.
- Sección C: carácter residual.
- Sección D: carbones, minerales radiactivos, recursos geotérmicos, rocas bituminosas y otros de interés energético.
- Inclusión en la sección D: el Gobierno, previo informe del Instituto Geológico y Minero de España.
- Excluida la extracción ocasional por el propietario para uso exclusivo sin técnica minera.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los recursos se clasifican en cuatro secciones: A (escaso valor, solo arranque y calibrado), B (aguas minerales, termales, estructuras subterráneas), C (residual) y D (recursos de interés energético).
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Artículo 16
El artículo 16 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, determina a quién corresponde el aprovechamiento de los recursos de la Sección A).
Uno. Cuando se encuentren en terrenos de propiedad privada, corresponde al dueño de los mismos, salvo lo establecido en el artículo 89 para el titular extranjero, o a las personas físicas o jurídicas a quienes ceda sus derechos, en los términos de este título y sin perjuicio del capítulo segundo del Título II y de los artículos 20 y 21.
Dos. Cuando se hallen en terrenos patrimoniales del Estado, Provincia o Municipio, sus titulares pueden aprovecharlos directamente o ceder a otros sus derechos.
Tres. Cuando se encuentren en terrenos de dominio y uso público, son de aprovechamiento común.
Datos clave
- Terrenos privados: el aprovechamiento corresponde al dueño o a quien ceda sus derechos.
- Salvedad del artículo 89 para el titular extranjero del terreno.
- Terrenos patrimoniales del Estado, Provincia o Municipio: aprovechamiento directo o cesión.
- Terrenos de dominio y uso público: aprovechamiento común.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El aprovechamiento de la sección A depende del terreno: en privado, el dueño o su cesionario; en patrimonial público, su titular directamente o por cesión; en dominio y uso público, es común.
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Artículo 37
El artículo 37 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, regula las condiciones de los terrenos para los derechos mineros sobre recursos de la Sección C).
Uno. Los permisos de exploración se otorgan sin excluir de su perímetro los terrenos que no sean francos y registrables al presentarse la solicitud, pero su titular no puede explorarlos sin la previa autorización de los titulares o adjudicatarios de los permisos, concesiones o reservas de que formen parte.
Dos. Para otorgar permisos de investigación y concesiones directas de explotación es preciso que los terrenos reúnan las condiciones de francos y registrables.
Datos clave
- Se refiere a recursos de la Sección C).
- Permisos de exploración: pueden incluir terrenos no francos ni registrables.
- Explorar terrenos no francos exige autorización previa de sus titulares o adjudicatarios.
- Permisos de investigación y concesiones directas de explotación: terrenos francos y registrables.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para la sección C, los permisos de exploración pueden abarcar terrenos no francos, pero no explorarlos sin autorización; los de investigación y las concesiones directas exigen terrenos francos y registrables.
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Artículo 44
El artículo 44 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, define el contenido del permiso de investigación.
El permiso de investigación concede a su titular el derecho a realizar, dentro del perímetro demarcado y durante un plazo determinado, los estudios y trabajos encaminados a poner de manifiesto y definir uno o varios recursos de la Sección C), y a que, una vez definidos, se le otorgue la concesión de explotación de los mismos. Es, por tanto, un título que combina el derecho a investigar con la expectativa de obtener la concesión.
Datos clave
- Recursos a que se refiere: Sección C).
- Límites: dentro del perímetro demarcado y durante un plazo determinado.
- Contenido: estudios y trabajos para poner de manifiesto y definir los recursos.
- Derecho a que, definidos los recursos, se le otorgue la concesión de explotación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El permiso de investigación da derecho a estudiar y definir recursos de la sección C en un perímetro y plazo determinados, y a obtener después la concesión de explotación de lo definido.
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Artículo 60
El artículo 60 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, establece el título habilitante para aprovechar los recursos de la Sección C).
El derecho al aprovechamiento de recursos de la Sección C) lo otorga el Estado por medio de una concesión de explotación, en la forma, requisitos y condiciones que establece la Ley de Minas. Frente a la Sección A), cuyo aprovechamiento puede corresponder al dueño del terreno, en la Sección C) el título es siempre concesional.
Datos clave
- Recursos: Sección C).
- Órgano que otorga el derecho: el Estado.
- Título: concesión de explotación.
- Forma, requisitos y condiciones: los establecidos en la Ley de Minas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los recursos de la sección C solo se aprovechan con una concesión de explotación otorgada por el Estado en la forma, requisitos y condiciones de la Ley de Minas.
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Artículo 1. Objeto.
El artículo 1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, fija el objeto de la Ley.
La Ley tiene por objeto establecer las bases de ordenación del sector industrial, así como los criterios de coordinación entre las Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª y 13.ª de la Constitución Española. Se trata, por tanto, de una ley de carácter básico que sirve de marco a la actuación de las Comunidades Autónomas en materia de industria.
Datos clave
- Objeto: las bases de ordenación del sector industrial.
- Objeto: los criterios de coordinación entre las Administraciones Públicas.
- Títulos competenciales: artículo 149.1.1.ª y 13.ª de la Constitución Española.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley de Industria fija las bases de ordenación del sector industrial y los criterios de coordinación entre Administraciones, al amparo del artículo 149.1.1.ª y 13.ª de la Constitución.
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Artículo 2. Fines.
El artículo 2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, concreta los fines a los que sirve su objeto:
1. Garantía y protección del ejercicio de la libertad de empresa industrial.
2. Modernización, promoción industrial y tecnológica, innovación y mejora de la competitividad.
3. Seguridad y calidad industriales.
4. Responsabilidad industrial.
Asimismo, es finalidad de la Ley contribuir a compatibilizar la actividad industrial con la protección del medio ambiente.
Datos clave
- Cuatro fines enumerados.
- Garantía y protección de la libertad de empresa industrial.
- Modernización, promoción industrial y tecnológica, innovación y competitividad.
- Seguridad y calidad industriales, y responsabilidad industrial.
- Finalidad adicional: compatibilizar la actividad industrial con la protección del medio ambiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuatro fines: libertad de empresa industrial, modernización y competitividad, seguridad y calidad industriales y responsabilidad industrial; además, compatibilizar industria y medio ambiente.
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Artículo 3. Ámbito de aplicación y competencias.
El artículo 3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, delimita su ámbito y las competencias estatales.
1. Se consideran industrias las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados.
2. Se incluyen también los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica directamente relacionados con las actividades industriales.
3. Las disposiciones sobre seguridad industrial se aplican, en todo caso, a las instalaciones, equipos, actividades, procesos y productos industriales que utilicen o incorporen elementos, mecanismos o técnicas susceptibles de producir los daños del artículo 9.
4. Se rigen por esta Ley, en lo no previsto en su legislación específica: a) la generación, distribución y suministro de energía y productos energéticos; b) la investigación, aprovechamiento y beneficio de yacimientos minerales y demás recursos geológicos; c) las instalaciones nucleares y radioactivas; d) las industrias de fabricación de armas y explosivos y las declaradas de interés para la defensa nacional; e) las industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestales y pesqueras; f) las actividades industriales relacionadas con el transporte y las telecomunicaciones; g) las relativas al medicamento y la sanidad; h) las relativas al fomento de la cultura; i) las actividades turísticas.
5. En el ámbito estatal, corresponde al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en estas materias, salvo las atribuidas a otros Departamentos.
6. Dicho Ministerio debe ser consultado preceptivamente por otros órganos estatales sobre: a) planes y programas de promoción, calidad y seguridad industriales; b) planes y programas de contratación de productos o servicios industriales con incidencia significativa en la demanda o en el desarrollo industrial o tecnológico; c) la valoración, por la autoridad laboral, de razones tecnológicas, económicas, organizativas o productivas en expedientes de regulación de empleo o de modificación de condiciones de trabajo vinculados a las medidas del artículo 6.1.
7. Las consultas de las letras a) y b) no son necesarias cuando el Ministerio participe en la formulación de los planes y programas.
Datos clave
- Industria: obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales.
- Incluye envasado, embalaje y aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos.
- Incluye servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica.
- Aplicación supletoria a energía, minería, instalaciones nucleares, armas, turismo y otros sectores.
- Consulta preceptiva al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en tres materias.
- No hay consulta en a) y b) si el Ministerio participa en la formulación de los planes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define qué es industria, incluye servicios técnicos ligados a ella, aplica la ley de forma supletoria a sectores con normativa propia y obliga a consultar al Ministerio de Industria en tres materias.
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Artículo 4. Libertad de establecimiento.
El artículo 4 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, consagra la libertad de establecimiento industrial.
1. Se reconoce la libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y traslado de las actividades industriales.
2. No obstante, se requiere una comunicación o una declaración responsable del interesado, en la que manifieste el cumplimiento de los requisitos, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad, facilitando la información necesaria a la autoridad competente:
a) cuando así lo establezca una ley por razones de orden público, seguridad y salud pública, seguridad y salud en el trabajo o protección del medio ambiente;
b) cuando se establezca reglamentariamente para cumplir obligaciones del Estado derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y convenios internacionales.
3. La comunicación o declaración responsable habilita desde el día de su presentación para el desarrollo de la actividad en todo el territorio español y con una duración indefinida.
4. Los requisitos de acceso y ejercicio serán proporcionados, no discriminatorios, transparentes y objetivos, y vinculados al interés general que los justifique. El incumplimiento verificado conlleva el cese automático de la actividad, salvo que pueda incoarse un expediente de subsanación de errores, sin perjuicio de las sanciones. La autoridad abrirá un expediente informativo al titular, que tendrá quince días naturales desde la comunicación para aportar evidencias o descargos.
5. Sin perjuicio del artículo 15, sólo puede exigirse autorización administrativa previa cuando resulte obligado para cumplir obligaciones del Estado derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y convenios internacionales.
Datos clave
- Libertad de establecimiento para instalación, ampliación y traslado de actividades industriales.
- Comunicación o declaración responsable: si lo exige una ley o reglamentariamente por obligaciones comunitarias o internacionales.
- Efectos: desde el día de su presentación, en todo el territorio español y con duración indefinida.
- Requisitos proporcionados, no discriminatorios, transparentes y objetivos.
- Incumplimiento: cese automático, salvo expediente de subsanación.
- Expediente informativo: quince días naturales para alegar.
- Autorización previa solo por obligaciones comunitarias o internacionales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Instalar, ampliar o trasladar una industria es libre; solo se pide comunicación o declaración responsable cuando lo diga una ley o un reglamento por obligaciones internacionales, y la autorización previa es excepcional.
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Artículo 9. Objeto de la seguridad.
El artículo 9 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, define la seguridad industrial.
1. La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales.
2. Las actividades de prevención y protección tienen como finalidad limitar las causas de los riesgos y establecer los controles que permitan detectar o evitar las circunstancias que puedan originarlos y mitigar las consecuencias de posibles accidentes.
3. Son riesgos de seguridad industrial los que puedan producir lesiones o daños a personas, flora, fauna, bienes o medio ambiente y, en particular, incendios, explosiones y otros hechos susceptibles de producir quemaduras, intoxicaciones, envenenamiento o asfixia, electrocución, riesgos de contaminación por instalaciones industriales, perturbaciones electromagnéticas o acústicas y radiación, así como cualquier otro previsto en la normativa internacional sobre seguridad.
4. Las actividades relacionadas con la seguridad e higiene en el trabajo se rigen por su normativa específica.
Datos clave
- Objeto: prevención y limitación de riesgos y protección contra accidentes y siniestros.
- Bienes protegidos: personas, flora, fauna, bienes y medio ambiente.
- Riesgos típicos: incendios, explosiones, electrocución, contaminación, perturbaciones electromagnéticas o acústicas y radiación.
- Seguridad e higiene en el trabajo: normativa específica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La seguridad industrial previene y limita riesgos y protege contra accidentes que dañen a personas, flora, fauna, bienes o medio ambiente; la seguridad e higiene en el trabajo va por su normativa propia.
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Artículo 12. Reglamentos de Seguridad.
El artículo 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, regula el contenido de los Reglamentos de Seguridad.
1. Los Reglamentos de Seguridad establecen:
a) Las instalaciones, actividades, equipos o productos sujetos a ellos.
b) Las condiciones técnicas o requisitos de seguridad de instalaciones, equipos, procesos y productos y los procedimientos técnicos de evaluación de su conformidad.
c) Las medidas que los titulares deben adoptar para prevenir, limitar y cubrir los riesgos, incluidos, en su caso, estudios de impacto ambiental.
d) Las condiciones de equipamiento, capacidad técnica y, en su caso, el régimen de comunicación o declaración responsable exigidos a quienes intervengan en proyecto, dirección de obra, ejecución, montaje, conservación y mantenimiento.
e) Cuando exista un riesgo directo y concreto para la salud o la seguridad del destinatario o de un tercero, la exigencia de seguros de responsabilidad civil profesional a esas personas o empresas, con garantía proporcionada al riesgo cubierto.
2. Las instalaciones, equipos y productos deben construirse o fabricarse conforme a la reglamentación, que puede imponer inspecciones periódicas de funcionamiento y conservación.
3. Los Reglamentos pueden condicionar el funcionamiento de instalaciones y el uso de productos a la acreditación del cumplimiento de las normas.
4. Pueden exigir, como requisito de fabricación o comercialización, la previa homologación del prototipo, con excepciones temporales.
5. Los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se aprueban por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas con competencia legislativa sobre industria introduzcan requisitos adicionales sobre las mismas materias para instalaciones radicadas en su territorio.
Datos clave
- Seguro de responsabilidad civil profesional: cuando exista riesgo directo y concreto para la salud o la seguridad.
- Posibilidad de inspecciones periódicas.
- Posible homologación previa del prototipo para fabricar o comercializar.
- Reglamentos estatales: los aprueba el Gobierno de la Nación.
- Las Comunidades Autónomas con competencia legislativa pueden añadir requisitos para instalaciones en su territorio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Reglamentos de Seguridad fijan qué queda sujeto, los requisitos técnicos, las medidas de los titulares y las condiciones de los profesionales; los estatales los aprueba el Gobierno y las Comunidades pueden añadir requisitos.
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Artículo 14. Control Administrativo.
El artículo 14 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, regula el control administrativo de la seguridad industrial.
1. Las Administraciones Públicas competentes pueden comprobar en cualquier momento, por sí mismas, con los medios y requisitos reglamentarios, o a través de Organismos de Control, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad, de oficio o a instancia de parte interesada en casos de riesgo significativo para las personas, animales, bienes o medio ambiente.
2. Sin perjuicio de la inspección y control que las Comunidades Autónomas desarrollen en su territorio, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo puede promover, en colaboración con ellas, planes y campañas de carácter nacional de comprobación, mediante muestreo, de las condiciones de seguridad de los productos industriales, correspondiendo su ejecución en cada territorio a la Administración competente en materia de industria.
Datos clave
- Control directo de la Administración o a través de Organismos de Control.
- En cualquier momento, de oficio o a instancia de parte en casos de riesgo significativo.
- El Ministerio puede promover planes y campañas nacionales de comprobación mediante muestreo.
- La ejecución territorial corresponde a la Administración competente en materia de industria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones pueden comprobar en cualquier momento la seguridad industrial, directamente o mediante Organismos de Control; el Ministerio puede promover campañas nacionales por muestreo que ejecuta cada Administración competente.
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Artículo 21. Registro Integrado Industrial. Fines.
El artículo 21 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, crea el Registro Integrado Industrial.
1. Se crea el Registro Integrado Industrial, de carácter informativo y de ámbito estatal, adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con estos fines:
a) Integrar la información sobre la actividad industrial en todo el territorio español necesaria para las competencias de supervisión y control de las Administraciones Públicas, en particular sobre actividades sometidas a comunicación o declaración responsable.
b) Constituir el instrumento de información sobre la actividad industrial como servicio a las Administraciones Públicas, los ciudadanos y, particularmente, al sector empresarial.
c) Suministrar a los servicios competentes los datos para los directorios de las estadísticas industriales, en el caso estatal las de los artículos 26 g) y 33 e) de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
2. Su creación se entiende sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas para establecer Registros Industriales en sus territorios.
3. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas y tecnologías precisas para garantizar la interoperabilidad de los distintos sistemas.
Datos clave
- Carácter informativo y ámbito estatal.
- Adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- Integra información, en particular de actividades sujetas a comunicación o declaración responsable.
- Suministra datos para los directorios de estadísticas industriales.
- Las Comunidades Autónomas pueden establecer sus propios Registros Industriales.
- Exigencia de interoperabilidad entre sistemas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Registro Integrado Industrial es informativo y estatal: integra la información industrial de toda España, sirve a Administraciones, ciudadanos y empresas y alimenta las estadísticas industriales.
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Artículo 1. Objeto y ámbito de la Ley.
El artículo 1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, fija su objeto y ámbito.
1. La Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico de las actividades relativas a los hidrocarburos líquidos y gaseosos.
2. Se incluyen en su ámbito:
a) La exploración, investigación y explotación de yacimientos y de almacenamientos subterráneos de hidrocarburos.
b) El comercio exterior, refino, transporte, almacenamiento y distribución de crudo de petróleo y productos petrolíferos, incluidos los gases licuados del petróleo.
c) La adquisición, producción, licuefacción, regasificación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles gaseosos por canalización.
3. Las actividades de suministro de hidrocarburos líquidos y gaseosos se ejercen bajo los principios de objetividad, transparencia y libre competencia.
Datos clave
- Objeto: régimen jurídico de las actividades sobre hidrocarburos líquidos y gaseosos.
- Incluye exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos.
- Incluye crudo de petróleo, productos petrolíferos y gases licuados del petróleo.
- Incluye combustibles gaseosos por canalización.
- Principios del suministro: objetividad, transparencia y libre competencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley regula las actividades sobre hidrocarburos líquidos y gaseosos: desde la exploración de yacimientos hasta la distribución de petróleo, GLP y gas por canalización, con un suministro objetivo, transparente y en libre competencia.
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Artículo 2. Régimen de actividades.
El artículo 2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece el régimen de las actividades.
1. A los efectos del artículo 132.2 de la Constitución, son bienes de dominio público estatal los yacimientos de hidrocarburos y almacenamientos subterráneos existentes en el territorio del Estado y en el subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos bajo la soberanía del Reino de España conforme a la legislación vigente y a los convenios y tratados internacionales.
2. Se reconoce la libre iniciativa empresarial para las actividades de los Títulos III y IV de la Ley. Estas actividades se ejercen garantizando el suministro de productos petrolíferos y de gas por canalización a los consumidores dentro del territorio nacional y tienen la consideración de actividades de interés económico general. Respecto de ellas, las Administraciones públicas ejercen las facultades previstas en la Ley.
Datos clave
- Fundamento constitucional: artículo 132.2 de la Constitución.
- Yacimientos de hidrocarburos y almacenamientos subterráneos: dominio público estatal.
- Libre iniciativa empresarial para las actividades de los Títulos III y IV.
- Son actividades de interés económico general.
- Garantía del suministro de productos petrolíferos y gas por canalización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Yacimientos y almacenamientos subterráneos son dominio público estatal; las actividades de los Títulos III y IV son de libre iniciativa empresarial e interés económico general, garantizando el suministro.
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Artículo 3. Competencias de las autoridades reguladoras.
El artículo 3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, reparte las competencias de las autoridades reguladoras.
1. Corresponde al Gobierno:
a) Ejercer las facultades de planificación en materia de hidrocarburos.
b) Establecer la regulación básica de las actividades de la Ley.
c) Determinar las tarifas de último recurso cuando la Ley lo establezca y fijar los tipos y precios de servicios asociados al suministro que se determinen reglamentariamente.
d) Establecer los requisitos mínimos de calidad y seguridad del suministro de hidrocarburos.
e) Determinar la estructura y metodología de los cánones de acceso a las instalaciones gasistas vinculados a los almacenamientos subterráneos básicos, aprobar sus valores y fijar la metodología, parámetros, base de activos y cuantías de su retribución.
f) Determinar la estructura y metodología de los cargos por costes de las instalaciones de gas natural no asociados a su uso y aprobar sus valores.
2. Corresponde a la Administración General del Estado:
a) Otorgar autorizaciones de exploración y permisos de investigación cuando afecten a más de una Comunidad Autónoma, y otorgar las concesiones de explotación.
b) Otorgar autorizaciones, permisos y concesiones en el subsuelo marino, y las autorizaciones y permisos que comprendan a la vez zonas terrestres y marinas.
c) Autorizar las instalaciones de la red básica de gas natural y las de transporte secundario y distribución que salgan del ámbito de una Comunidad Autónoma; además, informa con carácter vinculante las autorizaciones de transporte secundario de competencia autonómica, con referencia explícita a las condiciones del procedimiento de adjudicación.
d) Autorizar a los comercializadores de gas natural cuyo ámbito supere el territorio de una Comunidad Autónoma.
f) Impartir instrucciones sobre ampliación, mejora y adaptación de las infraestructuras de transporte y distribución.
g) Inspeccionar el cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas exigibles.
h) Inspeccionar el mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de los operadores al por mayor obligados.
i) Sancionar las infracciones en el ámbito de su competencia.
(La letra e) está derogada.)
3. Corresponden a la Comisión Nacional de Energía, además de sus funciones legales, las del apartado tercero de la disposición adicional undécima, sin perjuicio de los órganos de defensa de la competencia.
5. La Administración General del Estado puede celebrar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas para una gestión más eficaz.
Datos clave
- El Gobierno planifica en materia de hidrocarburos y fija la regulación básica.
- El Gobierno determina las tarifas de último recurso.
- La AGE otorga siempre las concesiones de explotación.
- La AGE otorga autorizaciones y permisos si afectan a más de una Comunidad Autónoma o al subsuelo marino.
- Informe vinculante de la AGE en autorizaciones autonómicas de transporte secundario.
- Comercializadores de gas natural de ámbito supraautonómico: autoriza la AGE.
- Convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno planifica, regula lo básico y fija tarifas de último recurso, calidad y cánones; la AGE otorga títulos supraautonómicos y marinos, las concesiones de explotación, autoriza la red básica e inspecciona y sanciona.
Esquema
| Gobierno | Administración General del Estado | |
|---|---|---|
| Papel | Planificación y regulación básica | Otorgar títulos y autorizaciones |
| Dinero | Tarifas de último recurso, cánones y cargos | Inspección de condiciones técnicas y económicas |
| Control | Requisitos mínimos de calidad y seguridad | Inspección de existencias mínimas y sanción |
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Artículo 9. Régimen jurídico de las actividades.
El artículo 9 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, regula los títulos de exploración, investigación y explotación.
1. La autorización de exploración faculta para realizar trabajos de exploración en áreas libres, es decir, aquellas sobre las que no exista un permiso de investigación o una concesión de explotación en vigor.
2. El permiso de investigación faculta para investigar, en exclusiva, en la superficie otorgada, la existencia de hidrocarburos y de almacenamientos subterráneos, conforme a la normativa y al plan de investigación aprobado. Confiere el derecho, en exclusiva, a obtener concesiones de explotación sobre la misma área en cualquier momento de la vigencia del permiso, previo cumplimiento de las condiciones del Capítulo III.
3. La concesión de explotación faculta para aprovechar los recursos descubiertos, por extracción de hidrocarburos o por utilización de las estructuras como almacenamiento subterráneo, y para proseguir la investigación en el área. Su titular tiene derecho a las autorizaciones para construir y utilizar las instalaciones necesarias, conforme a la legislación y al plan de explotación aprobado.
4. Antes de iniciar los trabajos debe constituirse un seguro de responsabilidad civil para responder de posibles daños a personas o bienes.
5. En los trabajos pueden aplicarse métodos geofísicos y geoquímicos de prospección, perforación de sondeos verticales o desviados con técnicas habituales en la industria, entre ellas la fracturación hidráulica, la estimulación de pozo y técnicas de recuperación secundaria, y otros métodos aéreos, marinos o terrestres necesarios.
6. Las coordenadas de permisos y concesiones se definen a partir del sistema geodésico de referencia oficial en España.
Datos clave
- Autorización de exploración: en áreas libres sin permiso ni concesión en vigor.
- Permiso de investigación: investigación en exclusiva y derecho exclusivo a obtener concesiones sobre la misma área.
- Concesión de explotación: extracción o almacenamiento subterráneo y continuación de la investigación.
- Seguro de responsabilidad civil previo al inicio de los trabajos.
- Coordenadas: sistema geodésico de referencia oficial en España.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres títulos escalonados: la autorización de exploración en áreas libres, el permiso de investigación en exclusiva y la concesión de explotación para aprovechar lo hallado; antes de trabajar, seguro de responsabilidad civil.
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Artículo 49. Energía y minas.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida sobre las siguientes materias:
a) Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando este transporte transcurra íntegramente por el territorio de Andalucía y su aprovechamiento no afecte a otro territorio, sin perjuicio de sus competencias generales sobre industria. Asimismo le corresponde el otorgamiento de autorización de estas instalaciones.
b) Fomento y gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética.
2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, la competencia sobre:
a) Energía y minas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución.
b) Regulación de actividades de producción, depósito y transporte de energías, así como su autorización e inspección y control, estableciendo, en su caso, las normas de calidad de los servicios de suministro.
3. La Comunidad Autónoma emitirá informe en los procedimientos de autorización de instalaciones de producción y transporte de energía y de redes de abastecimiento que superen el territorio de Andalucía o cuando la energía sea objeto de aprovechamiento fuera de este territorio.
4. La Junta de Andalucía participa en la regulación y planificación de ámbito estatal del sector de la energía que afecte al territorio de Andalucía a través de los órganos y procedimientos multilaterales a que se refiere el apartado 1 del artículo 221 de este Estatuto.
5. Corresponde a la Comunidad Autónoma, como competencia compartida, la regulación y control de las minas y de los recursos mineros, así como las actividades extractivas, y las relativas a las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría.
Datos clave
- Competencia compartida sobre instalaciones de producción, distribución y transporte de energía cuando el transporte transcurra íntegramente por Andalucía y su aprovechamiento no afecte a otro territorio.
- Competencia compartida sobre el fomento y gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética.
- La competencia sobre energía y minas se ejerce de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general (artículos 38, 131 y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución), sin perjuicio del artículo 149.1.25.ª.
- La Comunidad Autónoma emite informe en las autorizaciones de instalaciones que superen el territorio de Andalucía o cuya energía se aproveche fuera de él.
- La Junta participa en la planificación estatal de la energía a través de los órganos multilaterales del artículo 221.1 del Estatuto.
- Competencia compartida sobre minas, recursos mineros, actividades extractivas e instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Energía y minas en Andalucía: competencia compartida en instalaciones energéticas internas y renovables, competencia según bases económicas en energía y minas, informe en instalaciones supraautonómicas y control de minas e instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría.
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Artículo 58. Actividad económica.
1. La Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas en:
1.º La ordenación administrativa de la actividad comercial, incluidos las ferias y mercados interiores; la regulación de los calendarios y horarios comerciales, respetando en su ejercicio el principio constitucional de unidad de mercado y la ordenación general de la economía; el desarrollo de las condiciones y la especificación de los requisitos administrativos necesarios para ejercer la actividad comercial; la regulación administrativa de todas las modalidades de venta y formas de prestación de la actividad comercial; la clasificación y la planificación territorial de los equipamientos comerciales, incluido el establecimiento y la autorización de grandes superficies comerciales; el establecimiento y la ejecución de las normas y los estándares de calidad relacionados con la actividad comercial; la adopción de medidas de policía administrativa con relación a la disciplina de mercado, y la ordenación administrativa del comercio interior, por cualquier medio, incluido el electrónico, sin perjuicio en este último caso de lo previsto en la legislación del Estado.
2.º Régimen de las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad de la información y del conocimiento, en el marco de la legislación del Estado.
3.º Fomento, regulación y desarrollo de las actividades y empresas de artesanía.
4.º Fomento, ordenación y organización de cooperativas y de entidades de economía social. La regulación y el fomento del cooperativismo que incluye:
a) La regulación del asociacionismo cooperativo.
b) La enseñanza y la formación cooperativas.
c) La fijación de los criterios, la regulación de las condiciones, la ejecución y el control de las ayudas públicas al mundo cooperativo.
5.º Promoción de la competencia en los mercados respecto de las actividades económicas que se realizan principalmente en Andalucía y el establecimiento y regulación de un órgano independiente de defensa de la competencia.
2. La Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, sobre las siguientes materias:
1.º Fomento y planificación de la actividad económica en Andalucía.
2.º Sector público económico de la Comunidad Autónoma, en cuanto no está contemplado por otras normas de este Estatuto.
3.º Industria, salvo las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la Defensa.
4.º Defensa de los derechos de los consumidores, la regulación de los procedimientos de mediación, información y educación en el consumo y la aplicación de reclamaciones.
5.º Autorización para la creación y organización de mercados de valores y centros de contratación ubicados en Andalucía. Supervisión de estos mercados y centros, y de las sociedades rectoras de los agentes que intervengan en los mismos.
3. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía el desarrollo y la gestión de la planificación general de la actividad económica. Esta competencia incluye, en todo caso:
a) El desarrollo de los planes estatales.
b) La participación en la planificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 222 de este Estatuto.
c) La gestión de los planes, incluyendo los fondos y los recursos de origen estatal destinados al fomento de la actividad económica, en los términos que se acuerden con el Estado mediante convenio.
4. La Comunidad Autónoma asume competencias ejecutivas en:
1.º Reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolios, e intervención de empresas cuando lo exija el interés general.
2.º Ferias internacionales que se celebren en Andalucía.
3.º Propiedad intelectual e industrial.
4.º Control, metrología y contraste de metales.
5.º Defensa de la competencia en el desarrollo de las actividades económicas que alteren o puedan alterar la libre competencia del mercado en un ámbito que no supere el territorio de Andalucía, incluidas la inspección y la ejecución del régimen sancionador.
Datos clave
- Competencias exclusivas en comercio interior, incluidos calendarios y horarios comerciales y la autorización de grandes superficies comerciales.
- Competencias exclusivas en artesanía, cooperativas y entidades de economía social.
- Establecimiento y regulación de un órgano independiente de defensa de la competencia.
- Competencias exclusivas, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, en fomento y planificación de la actividad económica, industria y defensa de los consumidores.
- La participación en la planificación se rige por el artículo 222 del Estatuto.
- Competencias ejecutivas en ferias internacionales, propiedad intelectual e industrial, y control, metrología y contraste de metales.
- Defensa de la competencia en un ámbito que no supere el territorio de Andalucía, incluidas la inspección y el régimen sancionador.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Actividad económica en cuatro bloques: exclusivas plenas (comercio, artesanía, cooperativas), exclusivas sujetas a las bases estatales (fomento, industria, consumo), desarrollo de la planificación general y competencias ejecutivas.
Esquema
| Exclusiva | Ejecutiva | |
|---|---|---|
| Ferias | Ferias y mercados interiores | Ferias internacionales |
| Competencia | Promoción y órgano independiente | Defensa en ámbito andaluz con sanciones |
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Artículo 204. Utilización racional de los recursos energéticos.
Los poderes públicos de Andalucía pondrán en marcha estrategias dirigidas a evitar el cambio climático. Para ello potenciarán las energías renovables y limpias, y llevarán a cabo políticas que favorezcan la utilización sostenible de los recursos energéticos, la suficiencia energética y el ahorro.
Datos clave
- Destinatarios: los poderes públicos de Andalucía.
- Objetivo: estrategias dirigidas a evitar el cambio climático.
- Medio: potenciar las energías renovables y limpias.
- Políticas a favor de la utilización sostenible de los recursos energéticos, la suficiencia energética y el ahorro.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los poderes públicos andaluces deben poner en marcha estrategias contra el cambio climático, potenciando las renovables y el uso sostenible, la suficiencia y el ahorro energéticos.
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Artículo 1. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación.
El artículo 1 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, fija su objeto, finalidad y ámbito.
1. La Ley tiene como objeto fomentar el uso de las energías renovables, promover el ahorro y la eficiencia energética, desde su producción hasta su consumo, y ordenar la utilización racional de los recursos energéticos en Andalucía, bajo el principio de solidaridad colectiva en el uso de la energía.
2. La ordenación de las energías renovables comprende las fuentes naturales, las áreas de captación, los instrumentos técnicos aplicados y las energías obtenidas.
3. Su finalidad última es conseguir un sistema energético sostenible de calidad.
4. Sus disposiciones se dirigen también, en el marco de la planificación energética de la Junta de Andalucía, al cumplimiento de los planes, programas y normativa de la Unión Europea y de España sobre ahorro, eficiencia y energías renovables, y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía, en consonancia con los compromisos asumidos por el Estado español con su adhesión al Protocolo de Kyoto.
5. La Junta de Andalucía es competente para elaborar y aprobar planes y programas en aplicación de esta Ley y del resto de la normativa vigente.
Datos clave
- Objeto: fomentar las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética.
- Principio: solidaridad colectiva en el uso de la energía.
- Finalidad última: un sistema energético sostenible de calidad.
- Ordenación de renovables: fuentes naturales, áreas de captación, instrumentos técnicos y energías obtenidas.
- Reducción de emisiones conforme al Protocolo de Kyoto.
- La Junta de Andalucía elabora y aprueba los planes y programas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley andaluza fomenta las renovables, el ahorro y la eficiencia energética y ordena el uso racional de la energía bajo la solidaridad colectiva, con la meta última de un sistema energético sostenible de calidad.
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Artículo 3. Principios generales.
El artículo 3 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, enumera sus principios inspiradores:
a) La primacía en la producción y en la utilización de las energías renovables sobre el resto de las energías primarias.
b) El impulso de las prácticas más viables que hagan posible el ahorro y la eficiencia energética, incluido el uso de sistemas que garanticen la transformación eficiente de las energías primarias en energía final.
c) La solidaridad colectiva en el uso de la energía.
d) La articulación territorial del sistema energético en base a una generación distribuida que minimice las pérdidas en el transporte y distribución de la energía.
e) La cooperación interadministrativa, cuando existan o concurran competencias del Estado, para la aprobación y gestión de instalaciones en tierra o en el mar comprendidas en el ámbito de la Ley.
Datos clave
- Cinco principios inspiradores.
- Primacía de las energías renovables sobre el resto de las energías primarias.
- Ahorro y eficiencia: transformación eficiente de energías primarias en energía final.
- Solidaridad colectiva en el uso de la energía.
- Generación distribuida para minimizar pérdidas en transporte y distribución.
- Cooperación interadministrativa cuando concurran competencias del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco principios inspiran la ley: primacía de las renovables, impulso del ahorro y la eficiencia, solidaridad colectiva, generación distribuida y cooperación interadministrativa cuando concurran competencias estatales.
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Artículo 4. Primacía de las energías renovables.
El artículo 4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, consagra la primacía de las energías renovables.
1. La Ley garantiza el acceso a las fuentes de energía renovables, con las salvedades y condiciones de compatibilidad de uso que reglamentariamente se establezcan.
2. Las energías renovables tienen primacía sobre las energías convencionales. Esta primacía se refleja en la planificación energética y tiene incidencia en la ordenación del territorio conforme al artículo 11 de la Ley.
3. Para garantizar el uso de las energías renovables en la obtención de energía final, se declara de utilidad pública o de interés social, a efectos de expropiación forzosa y de imposición y ejercicio de servidumbres, el aprovechamiento de los bienes y derechos necesarios para su generación, transporte, distribución y aprovechamiento.
Datos clave
- Se garantiza el acceso a las fuentes de energía renovables.
- Primacía de las renovables sobre las energías convencionales.
- Reflejo en la planificación energética e incidencia en la ordenación del territorio (artículo 11).
- Declaración de utilidad pública o interés social a efectos de expropiación forzosa y servidumbres.
- Alcanza a generación, transporte, distribución y aprovechamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley garantiza el acceso a las renovables, les da primacía sobre las convencionales en la planificación y la ordenación del territorio, y declara de utilidad pública o interés social su aprovechamiento a efectos de expropiación.
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Artículo 1. Objeto.
El artículo 1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, fija el objeto de la Ley.
1. La Ley tiene por objeto establecer la regulación del sector eléctrico con la finalidad de garantizar el suministro de energía eléctrica y adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste.
2. Son actividades destinadas al suministro de energía eléctrica: generación, transporte, distribución, servicios de recarga energética, comercialización e intercambios intracomunitarios e internacionales, así como la gestión económica y técnica del sistema eléctrico.
Datos clave
- Finalidad: garantizar el suministro de energía eléctrica.
- Criterios: seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y mínimo coste.
- Actividades: generación, transporte, distribución, recarga energética y comercialización.
- También: intercambios intracomunitarios e internacionales y gestión económica y técnica del sistema.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley regula el sector eléctrico para garantizar el suministro y adaptarlo al consumidor con seis criterios, y enumera las actividades que forman parte de ese suministro.
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Artículo 2. Régimen de las actividades.
El artículo 2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece el régimen de las actividades.
1. Se reconoce la libre iniciativa empresarial para las actividades de suministro de energía eléctrica, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse para las actividades que tengan carácter de monopolio natural.
2. El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general.
3. Corresponde al Gobierno y a las Administraciones Públicas la regulación y el control de las actividades de suministro. El operador del mercado y el operador del sistema tienen las funciones que expresamente se les atribuyan.
4. En la regulación del suministro pueden tenerse en cuenta los planes y recomendaciones de los organismos internacionales en virtud de los Convenios y Tratados de los que el Reino de España sea parte.
Datos clave
- Libre iniciativa empresarial, con limitaciones para las actividades de monopolio natural.
- El suministro eléctrico es un servicio de interés económico general.
- Regulación y control: el Gobierno y las Administraciones Públicas.
- El operador del mercado y el operador del sistema ejercen las funciones atribuidas expresamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El suministro eléctrico se basa en la libre iniciativa empresarial, salvo límites a los monopolios naturales; es un servicio de interés económico general regulado y controlado por el Gobierno y las Administraciones.
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Artículo 3. Competencias de la Administración General del Estado.
El artículo 3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, enumera las competencias de la Administración General del Estado:
1. Establecer la regulación básica de las actividades de suministro de energía eléctrica.
2. Determinar, en su ámbito, las medidas necesarias para garantizar el suministro.
3. Determinar las medidas para garantizar la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.
4. Ejercer las facultades de planificación eléctrica según el artículo 4.
5. Establecer el régimen retributivo y fijar la retribución de las actividades con retribución regulada, sin perjuicio de las competencias que los artículos 7.1 y 7.1 bis de la Ley 3/2013, de 4 de junio, atribuyen a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre transporte y distribución.
6. Otorgar y revocar el régimen retributivo a las instalaciones y sujetos a los que se aplique.
7. Regular la estructura de los cargos por costes regulados y otros costes del sistema, fijar criterios de garantías y, en su caso, el precio voluntario para el pequeño consumidor como precio máximo.
8. Ejercer las funciones de ordenación del título II.
9. Regular la organización y funcionamiento del mercado de producción.
11. Establecer los requisitos de calidad y seguridad del suministro.
12. Determinar los derechos y obligaciones de los sujetos.
13. Autorizar estas instalaciones:
a) Instalaciones peninsulares de producción, con sus infraestructuras de evacuación, de potencia instalada superior a 50 MW eléctricos; transporte primario peninsular y acometidas de tensión igual o superior a 380 kV.
b) Instalaciones de producción, transporte secundario, distribución, acometidas, líneas directas e infraestructuras de estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 3.000 kW que excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma, y líneas directas conectadas a generación de competencia estatal.
c) Instalaciones de producción ubicadas en el mar territorial.
d) Producción superior a 50 MW eléctricos en territorios no peninsulares integrados efectivamente con el sistema peninsular (artículo 25.2).
e) Transporte primario y acometidas de tensión nominal igual o superior a 380 kV en territorios no peninsulares conectados con el sistema peninsular.
14. Impartir instrucciones sobre ampliación, mejora y adaptación de las redes, con mínimo impacto ambiental.
15. Inspeccionar a los sujetos y sus instalaciones en su ámbito.
16. Sancionar las infracciones en su ámbito.
Datos clave
- Regulación básica y planificación eléctrica corresponden a la AGE.
- Producción peninsular de potencia superior a 50 MW eléctricos: autoriza la AGE.
- Transporte primario y acometidas de 380 kV o más: autoriza la AGE.
- Instalaciones que excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma: autoriza la AGE.
- Estaciones de recarga de vehículos eléctricos de más de 3.000 kW supraautonómicas: AGE.
- Producción en el mar territorial: AGE.
- Precio voluntario para el pequeño consumidor como precio máximo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué hace el Estado en el sector eléctrico: regulación básica, garantía y sostenibilidad del suministro, planificación, retribuciones, inspección y sanción, y autorización de las grandes instalaciones según potencia, tensión o ámbito.
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Artículo 6. Sujetos.
El artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, enumera los sujetos que desarrollan las actividades de suministro.
1. Sujetos:
a) Productores: personas físicas o jurídicas que generan energía eléctrica y construyen, operan y mantienen las instalaciones de producción.
b) Operador del mercado: sociedad mercantil con las funciones del artículo 29.
c) Operador del sistema: sociedad mercantil con las funciones del artículo 30.
d) Transportista: sociedad mercantil que transporta energía eléctrica y construye, mantiene y maniobra las instalaciones de transporte, con las funciones del artículo 36.
e) Distribuidores: sociedades mercantiles o cooperativas de consumidores y usuarios que distribuyen energía y construyen, mantienen y operan las instalaciones de distribución hasta los puntos de consumo (artículo 40).
f) Comercializadores: sociedades mercantiles o cooperativas de consumidores y usuarios que, accediendo a las redes, adquieren energía para venderla a consumidores o a otros sujetos o para intercambios internacionales. Reglamentariamente se regula el comercializador de referencia.
g) Consumidores: personas físicas o jurídicas que adquieren la energía para su propio consumo y para prestar servicios de recarga energética de vehículos; los que compran directamente en el mercado de producción son Consumidores Directos en Mercado.
h) Titulares de instalaciones de almacenamiento: quienes difieren el uso final de la electricidad a un momento posterior a su generación o la convierten en otra forma almacenable para reconvertirla después, sin perjuicio del artículo 5 de la Ley 17/2013, de 29 de octubre.
i) Agregadores independientes: participantes en el mercado de producción que prestan servicios de agregación sin relación con el suministrador del cliente.
j) Comunidades de energías renovables: entidades de participación abierta y voluntaria, controladas por socios situados en las proximidades de sus proyectos renovables, cuyos socios sean personas físicas, pymes o autoridades locales y cuya finalidad primordial sean beneficios medioambientales, económicos o sociales en lugar de ganancias financieras.
k) Comunidades ciudadanas de energía: entidades de participación voluntaria y abierta controladas por personas físicas, autoridades locales o pequeñas empresas, orientadas a beneficios medioambientales, económicos o sociales más que a la rentabilidad financiera.
m) Gestores de autoconsumo: quienes representan, con su autorización, los intereses de los consumidores asociados a un autoconsumo.
2. Los agentes que actúan por cuenta de cualquier sujeto en el mercado de producción y en los cobros y pagos regulados son representantes, y no pueden actuar simultáneamente por cuenta propia y ajena. Se actúa por cuenta propia cuando se participa directa o indirectamente en más de un 50 por ciento del capital de la sociedad representada. La representación por cuenta ajena puede ser indirecta (en nombre propio) o directa (en nombre del representado).
Datos clave
- Operador del mercado, operador del sistema y transportista: sociedades mercantiles.
- Distribuidores y comercializadores: sociedades mercantiles o cooperativas de consumidores y usuarios.
- Consumidores Directos en Mercado: compran directamente en el mercado de producción.
- Agregadores independientes: sin relación con el suministrador del cliente.
- Comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía: beneficios en lugar de rentabilidad financiera.
- Representante por cuenta propia: participación de más del 50 por ciento del capital del representado.
- Representación por cuenta ajena: directa o indirecta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de sujetos del sector eléctrico, de productores a gestores de autoconsumo, con su forma jurídica; y las reglas de los representantes que actúan por cuenta ajena o propia.
Esquema
| Energías renovables | Ciudadanas de energía | |
|---|---|---|
| Participación | Abierta y voluntaria | Voluntaria y abierta |
| Controladas por | Socios en las proximidades de sus proyectos renovables | Personas físicas, autoridades locales o pequeñas empresas |
| Socios | Personas físicas, pymes o autoridades locales | No se precisa en el texto |
| Finalidad | Beneficios medioambientales, económicos o sociales, no ganancias financieras | Beneficios medioambientales, económicos o sociales, más que rentabilidad |
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Artículo 8. Funcionamiento del sistema.
El artículo 8 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, regula el funcionamiento del sistema eléctrico.
1. La producción de energía eléctrica se desarrolla en régimen de libre competencia. El mercado de producción es el conjunto de transacciones comerciales de compra y venta de energía y de otros servicios relacionados con el suministro, y se estructura en mercados a plazo, mercado diario, mercado intradiario, servicios de ajuste y de balance y mercados no organizados. Los sujetos del artículo 6 pueden pactar libremente los contratos de compraventa, respetando las modalidades y contenidos mínimos legales y reglamentarios. El Gobierno puede determinar el funcionamiento del mercado diario e intradiario con ofertas de unidades de producción físicas o en cartera y, en los territorios no peninsulares, un despacho técnico y económico.
2. La operación del sistema, la operación del mercado, el transporte y la distribución son actividades reguladas a efectos de su separación de otras actividades. Se garantiza el acceso de terceros a las redes de transporte y distribución en las condiciones técnicas y económicas de la Ley y del Gobierno.
3. Sin perjuicio de la comercialización de referencia, la comercialización y los servicios de recarga energética se ejercen libremente y su régimen económico se determina por lo pactado entre las partes.
4. Salvo pacto en contrario, la propiedad de la energía se transmite cuando entra en las instalaciones del comprador; para comercializadores y gestores de cargas, cuando entra en las instalaciones de su cliente.
Datos clave
- Producción: régimen de libre competencia.
- Estructura del mercado: a plazo, diario, intradiario, servicios de ajuste y balance y mercados no organizados.
- Actividades reguladas: operación del sistema, operación del mercado, transporte y distribución.
- Acceso de terceros a las redes garantizado.
- Comercialización y recarga energética: actividades libres.
- Transmisión de la propiedad: al entrar la energía en las instalaciones del comprador, salvo pacto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo funciona el sistema: producción en libre competencia dentro de un mercado con varios segmentos, cuatro actividades reguladas con acceso de terceros a las redes, comercialización libre y momento de transmisión de la energía.
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Artículo 9. Autoconsumo de energía eléctrica.
El artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, regula el autoconsumo.
1. Autoconsumo es el consumo por uno o varios consumidores de energía eléctrica procedente de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a ellos. Modalidades:
a) Sin excedentes: los dispositivos impiden inyectar energía excedentaria a la red; existe un único sujeto, el consumidor.
b) Con excedentes: las instalaciones pueden además inyectar energía excedentaria en las redes; existen dos sujetos, el consumidor y el productor.
2. El concepto de instalaciones próximas se desarrolla reglamentariamente. En todo caso lo son las conectadas en la red interior de los consumidores, las unidas por líneas directas o las conectadas a la red de baja tensión derivada del mismo centro de transformación.
3. Las instalaciones de producción no superiores a 100 kW asociadas a autoconsumo con excedentes están exentas de inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción; las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla pueden darlas de alta de oficio en sus registros de autoconsumo.
4. Se crea en el Ministerio para la Transición Ecológica el registro administrativo de autoconsumo, telemático, declarativo y de acceso gratuito. Las Comunidades Autónomas con competencias pueden crear registros territoriales. Para consumidores en baja tensión con generación en baja tensión de potencia menor de 100 kW, la inscripción se hace de oficio por las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla con la información del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. La información autonómica debe remitirse al Ministerio aunque no exista registro autonómico.
5. La energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos está exenta de todo tipo de cargos y peajes. Si hay transferencia de energía por la red de distribución, pueden fijarse cantidades por su uso. Excedentes y déficits reciben el mismo tratamiento que la energía del resto de productores y consumidores. Pueden establecerse mecanismos de compensación simplificada, limitados a potencias no superiores a 100 kW.
6. Las condiciones de conexión serán proporcionales al tamaño y modalidad. Las instalaciones sin excedentes de hasta 100 kW se someten exclusivamente a los reglamentos técnicos; las conectadas en baja tensión se ejecutan según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Datos clave
- Dos modalidades: sin excedentes (un sujeto) y con excedentes (consumidor y productor).
- Con excedentes y hasta 100 kW: exentas de inscripción en el registro de producción.
- Registro de autoconsumo del Ministerio: telemático, declarativo y de acceso gratuito.
- Baja tensión y menos de 100 kW: inscripción de oficio por las Comunidades Autónomas.
- Energía autoconsumida renovable, de cogeneración o residuos: exenta de cargos y peajes.
- Compensación simplificada: potencias no superiores a 100 kW.
- Sin excedentes hasta 100 kW: solo reglamentos técnicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Autoconsumo: consumir energía de instalaciones próximas asociadas, con o sin excedentes. Gira en torno a la cifra de 100 kW, que marca exenciones de registro, inscripción de oficio, compensación simplificada y conexión.
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Artículo 7. Generación eléctrica en dominio público hidráulico.
El artículo 7 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, regula la generación eléctrica en el dominio público hidráulico.
1. Para cumplir los objetivos de energías renovables de la Ley, las nuevas concesiones sobre el dominio público hidráulico para generar energía eléctrica, otorgadas conforme a la legislación de aguas, tienen como prioridad el apoyo a la integración de las tecnologías renovables en el sistema eléctrico. Se promueven, en particular, las centrales hidroeléctricas reversibles, siempre que cumplan los objetivos ambientales de las masas de agua y los regímenes de caudales ecológicos de los planes hidrológicos de cuenca y sean compatibles con los derechos otorgados a terceros, con la gestión eficiente del recurso y su protección ambiental.
2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones técnicas del bombeo, almacenamiento y turbinado para maximizar la integración de energías renovables, teniendo en cuenta lo anterior.
3. Para avanzar en nuevos desarrollos tecnológicos renovables se promoverá, para usos propios del ciclo urbano del agua, el aprovechamiento para generación eléctrica de los fluyentes de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbanos, condicionado al cumplimiento de sus objetivos y cuando sea técnica y económicamente viable.
Datos clave
- Prioridad de las nuevas concesiones hidroeléctricas: integración de las renovables en el sistema eléctrico.
- Se promueven en particular las centrales hidroeléctricas reversibles.
- Condiciones: objetivos ambientales, caudales ecológicos de los planes hidrológicos y derechos de terceros.
- Bombeo, almacenamiento y turbinado: condiciones técnicas reglamentarias.
- Aprovechamiento eléctrico de los fluyentes de abastecimiento y saneamiento urbanos si es viable.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las nuevas concesiones hidroeléctricas priorizan integrar las renovables, con especial impulso a las centrales reversibles, y se promueve generar electricidad con los fluyentes del ciclo urbano del agua.
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Artículo 9. Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.
El artículo 9 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, limita las actividades sobre hidrocarburos.
1. Desde la entrada en vigor de la Ley no se otorgan en el territorio nacional, incluidos el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos ni concesiones de explotación reguladas por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y por el Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, sobre seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
Tampoco se otorgan nuevas autorizaciones para cualquier actividad de explotación de hidrocarburos en la que esté prevista la fracturación hidráulica de alto volumen.
2. Cinco años antes del final de la vigencia de una concesión de explotación, y sin perjuicio de los requisitos del real decreto de otorgamiento, su titular presentará ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe sobre el potencial de reconversión de sus instalaciones o ubicación para otros usos del subsuelo, incluida la energía geotérmica, o para otras actividades económicas, en particular las energías renovables, que contemplará los niveles de mantenimiento del empleo.
Datos clave
- Prohibidas nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos.
- Ámbito: territorio nacional, mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental.
- Prohibidas nuevas autorizaciones con fracturación hidráulica de alto volumen.
- Informe de reconversión: cinco años antes del final de la concesión.
- Se presenta ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Debe contemplar los niveles de mantenimiento del empleo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Desde la entrada en vigor no se otorgan nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de hidrocarburos, ni nada con fracking de alto volumen; las concesiones vigentes deben estudiar su reconversión.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 10. Investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos.
El artículo 10 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, cierra la puerta a nuevos proyectos sobre minerales radiactivos.
1. Desde la entrada en vigor de la Ley no se admiten nuevas solicitudes de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, de minerales radiactivos tal como los define la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, cuando se extraigan por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles.
2. Tampoco se admiten nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para procesar dichos minerales, entendidas como las definidas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
Datos clave
- No se admiten nuevas solicitudes de permisos de exploración, de investigación ni concesiones directas de explotación.
- Tampoco se admiten sus prórrogas.
- Minerales radiactivos según la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear.
- Supuesto: extracción por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles.
- Tampoco nuevas instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para procesarlos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
No se admiten nuevas solicitudes de exploración, investigación o explotación de minerales radiactivos, ni sus prórrogas, ni de instalaciones del ciclo del combustible nuclear para procesarlos.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 1. Objeto y finalidad.
El artículo 1 de la Ley 4/2025, de 15 de diciembre, de espacios productivos de Andalucía, fija su objeto y finalidad.
1. El objeto de la Ley es regular medidas y figuras jurídicas de nueva creación para impulsar la implantación de un nuevo modelo de espacio productivo para Andalucía, como entorno propicio para las empresas y las personas, donde se ofrezcan recursos y servicios que faciliten un desarrollo innovador y sostenible de los ecosistemas industriales locales.
2. Su finalidad última es promover el desarrollo y facilitar la implantación industrial en Andalucía, así como su adaptación para abordar la transición ecológica y digital que se promueve para la industria europea, dotándola de un entorno físico, institucional y social adecuado.
Datos clave
- Objeto: medidas y figuras jurídicas de nueva creación para un nuevo modelo de espacio productivo.
- Espacio productivo como entorno propicio para las empresas y las personas.
- Desarrollo innovador y sostenible de los ecosistemas industriales locales.
- Finalidad última: promover el desarrollo y la implantación industrial en Andalucía.
- Adaptación a la transición ecológica y digital de la industria europea.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Distingue el objeto (regular figuras jurídicas nuevas para un nuevo modelo de espacio productivo) de la finalidad última (promover la implantación industrial y su transición ecológica y digital).
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
El artículo 3 de la Ley 4/2025, de 15 de diciembre, de espacios productivos de Andalucía, delimita su ámbito.
1. La Ley se aplica a los espacios productivos situados en Andalucía, excluidos los de competencia estatal, tanto a los polígonos industriales con un modelo de asentamiento ordenado y concentrado como a los que se desarrollan bajo un modelo de industria dispersa.
2. En el ámbito de las competencias de la Junta de Andalucía, los espacios productivos ubicados en zonas aeroportuarias o áreas logísticas y los parques científico-tecnológicos de Andalucía, en particular las actividades servindustriales ubicadas en estos últimos, se rigen por su normativa estatal y autonómica y, supletoriamente, por los capítulos II, IV, V, VI y VII del título III, «Fomento y mejora de la implantación de la industria en Andalucía», y por el título V, «Cultura productiva».
3. Las actividades industriales de extracción de materias primas y las energéticas son actividades complementarias a las de los espacios productivos, sometidas al régimen legal que corresponda a su naturaleza; se les aplica en particular el capítulo II del título III, relativo a la tramitación administrativa simplificada, en el ámbito de las competencias de la Junta de Andalucía.
Datos clave
- Se aplica a los espacios productivos de Andalucía, excluidos los de competencia estatal.
- Incluye polígonos de asentamiento ordenado y concentrado y modelos de industria dispersa.
- Zonas aeroportuarias, áreas logísticas y parques científico-tecnológicos: aplicación supletoria.
- Supletoriedad: capítulos II, IV, V, VI y VII del título III y título V.
- Extracción de materias primas y actividades energéticas: actividades complementarias.
- A estas se aplica la tramitación administrativa simplificada del capítulo II del título III.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley rige los espacios productivos andaluces no estatales, concentrados o dispersos; aeropuertos, áreas logísticas y parques científico-tecnológicos solo la aplican supletoriamente, y extracción y energía son actividades complementarias.
Esquema
| Supuesto | Régimen | |
|---|---|---|
| Polígonos concentrados e industria dispersa | Espacios productivos de Andalucía no estatales | Aplicación de la ley |
| Aeropuertos, logística, parques científico-tecnológicos | Normativa estatal y autonómica propia | Supletoria: cap. II, IV, V, VI y VII del título III y título V |
| Extracción y energéticas | Actividades complementarias con régimen propio | Capítulo II del título III (tramitación simplificada) |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 5. Principios.
El artículo 5 de la Ley 4/2025, de 15 de diciembre, de espacios productivos de Andalucía, recoge los principios que la inspiran:
a) Promoción industrial: la industria se constituye como actividad estratégica esencial para lograr un crecimiento económico que revierta en la sociedad de Andalucía.
b) Visión integradora: las necesidades de la industria no se limitan a procesos de regeneración o mantenimiento de los espacios productivos, sino que requieren el despliegue de servicios de alto valor añadido.
c) Colaboración: público-privada y entre las Administraciones autonómica y local, en el ámbito de sus competencias, en la gestión y mejora de infraestructuras y servicios de los espacios productivos.
d) Integración en la ciudad: desarrollo sostenible, equilibrio territorial, coherencia con la estructura urbana y territorial, integración paisajística, ordenación, desarrollo, ejecución y conservación, y perspectivas demográficas y de familia de los espacios productivos en relación con su entorno.
e) Priorización en la intervención: criterios para racionalizar y priorizar las intervenciones, incluida la reutilización o regeneración de suelos urbanos de uso industrial ya existentes.
f) Adecuación: la calidad de infraestructuras, equipamientos y servicios debe corresponderse con las necesidades de las empresas y las personas trabajadoras.
g) Puesta en valor: reconocimiento del valor aportado por los espacios productivos y su industria y de su contribución a la cohesión económica, social y territorial de Andalucía.
Datos clave
- Siete principios (letras a a g).
- Promoción industrial: la industria como actividad estratégica esencial.
- Visión integradora: servicios de alto valor añadido.
- Colaboración público-privada y entre Administraciones autonómica y local.
- Priorización: reutilización o regeneración de suelos industriales existentes.
- Puesta en valor: cohesión económica, social y territorial de Andalucía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Siete principios inspiran la ley: promoción industrial, visión integradora, colaboración, integración en la ciudad, priorización en la intervención, adecuación y puesta en valor.