Tema 91: La Jurisdicción Social: Consideraciones Generales. Órganos. El proceso ordinario. Procesos especiales. Especial referencia al proceso en materia de despido.
Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
Regístrate gratisTextos consolidados oficiales:
Artículo 9
1. Los jueces y juezas, así como los Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra ley.
2. Los jueces y juezas, así como los Tribunales del orden civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.
En este orden civil, corresponderá a la Jurisdicción Militar la prevención de los juicios de testamentaría y de abintestato de los miembros de las Fuerzas Armadas que, en situación de conflicto armado, fallecieren en campaña o navegación, limitándose a la práctica de la asistencia imprescindible para disponer el sepelio del difunto y la formación del inventario y aseguramiento provisorio de sus bienes, dando siempre cuenta a la Autoridad judicial civil competente.
3. Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar.
4. Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.
Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva.
También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas.
5. Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.
6. La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada y se efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente.
Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. 1.4 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Véase sobre la constitucionalidad del apartado 4, en la redacción dada por el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, la Sentencia del TC 118/2016, de 23 de junio, Ref. BOE-A-2016-7295 que declara que no es inconstitucional interpretado en los términos del fundamento jurídico 3 d).
Se modifica el apartado 4 por el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, en la redacción dada por la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo. Ref. BOE-A-2011-4551 .
Se modifica el apartado 4 por el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero. Ref. BOE-A-2010-2739 .
Se modifica el apartado 4 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Se modifica el apartado 4 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio. Ref. BOE-A-1998-16712
Datos clave
- Jueces y tribunales ejercen su jurisdicción solo en los casos que les atribuya esta u otra ley.
- El orden civil conoce además de todas las materias no atribuidas a otro orden jurisdiccional.
- El orden social conoce de las pretensiones de la rama social del derecho, en conflictos individuales y colectivos, y de las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.
- El orden contencioso-administrativo conoce de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad.
- Los recursos contra las Normas Forales fiscales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya corresponden en exclusiva al Tribunal Constitucional.
- La jurisdicción es improrrogable: la falta de jurisdicción se aprecia de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, indicando el orden competente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Distribuye la jurisdicción en cuatro órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social) y declara que la jurisdicción es improrrogable: los órganos judiciales aprecian de oficio su falta de jurisdicción.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 25
En el orden social, los jueces y juezas, así como los Tribunales españoles serán competentes:
1.º En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español; cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en España; cuando el trabajador o la trabajadora y el empresario o la empresaria tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato; y, además, en el caso de contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por trabajador español.
2.º En materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo celebrados en España y de pretensiones derivadas de conflictos colectivos de trabajo promovidos en territorio español.
3.º En materia de pretensiones de Seguridad Social frente a entidades españolas o que tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España.
Se modifica por el art. 1.7 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Datos clave
- Competencia en materia de contrato de trabajo cuando los servicios se presten en España o el contrato se haya celebrado en territorio español.
- También cuando el demandado tenga domicilio, agencia, sucursal, delegación o representación en España.
- También cuando trabajador y empresario tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación o celebración.
- Contrato de embarque: si fue precedido de oferta recibida en España por trabajador español.
- Control de legalidad de convenios colectivos celebrados en España y conflictos colectivos promovidos en territorio español.
- Pretensiones de Seguridad Social frente a entidades españolas o con domicilio, agencia, delegación o representación en España.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El art. 25 fija la competencia española en el orden social: contrato de trabajo, control de convenios y conflictos colectivos, y pretensiones de Seguridad Social frente a entidades españolas.
¿Me lo sé? Flashcards
LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 59
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional.
Datos clave
- La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conoce de los recursos de casación.
- También conoce de los recursos de revisión.
- Conoce de otros recursos extraordinarios que establezca la ley en materias del orden social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala Cuarta del Supremo conoce de casación, revisión y otros recursos extraordinarios que establezca la ley, siempre en materias propias del orden social.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 67
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia:
1.º De los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al territorio de una Comunidad Autónoma.
2.º De los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.
Datos clave
- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conoce en única instancia.
- Conoce de los procesos de impugnación de convenios colectivos de ámbito superior al de una Comunidad Autónoma.
- Conoce de los conflictos colectivos cuya resolución surta efecto en un ámbito superior al de una Comunidad Autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conoce en única instancia de la impugnación de convenios colectivos y de los conflictos colectivos de ámbito superior a una Comunidad Autónoma.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 75
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá:
1.º En única instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y trabajadoras y empresarios y empresarias en ámbito superior al de una Sección de lo Social del Tribunal de Instancia y no superior al de la comunidad autónoma.
2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma, así como de los recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma en materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.
3.º De las cuestiones de competencia que se susciten entre las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.
Se modifica por el art. 1.17 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica el apartado 2º por el art. 2.2 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13812
Datos clave
- La Sala de lo Social conoce en única instancia de procesos con ámbito superior a una Sección de lo Social del Tribunal de Instancia y no superior al de la comunidad autónoma.
- Conoce de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.
- Conoce de los recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de las Secciones de lo Mercantil en materia laboral, incluidas las que resuelven incidentes concursales sobre esa materia.
- Conoce de las cuestiones de competencia entre Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de lo Social del TSJ juzga en única instancia los conflictos de ámbito supraterritorial pero no superior a la comunidad, resuelve recursos contra las Secciones de lo Social (y de lo Mercantil en materia laboral) y dirime sus cuestiones de competencia.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 94
1. Con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia y con jurisdicción en toda ella existirá una Sección de lo Social.
2. Podrán establecerse Secciones de lo Social en Tribunales de Instancia que tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia, delimitándose en cada caso el ámbito territorial de su jurisdicción.
Asimismo, las Secciones de lo Social podrán excepcionalmente extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma comunidad autónoma.
3. Las Secciones de lo Social conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a otros órganos del mismo.
Se modifica por el art. 1.34 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifican los apartados 1 y 4 por el art. único.6 de la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2014-11063 .
Se renumera el apartado 4 como 5 y se añade un nuevo apartado 4 por el art. 1.3 de la Ley Orgánica 5/2003, de 27 de mayo. Ref. BOE-A-2003-10614
Datos clave
- Existe una Sección de lo Social en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, con jurisdicción en toda ella.
- Pueden establecerse Secciones de lo Social en poblaciones distintas de la capital de provincia.
- Excepcionalmente pueden extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma comunidad autónoma.
- Conocen en primera o única instancia de los procesos del orden social no atribuidos a otros órganos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con carácter general hay una Sección de lo Social en el Tribunal de Instancia de la capital; puede haberlas en otras poblaciones y, excepcionalmente, para varias provincias de una comunidad. Conocen en primera o única instancia.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 1. Orden jurisdiccional social.
Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en su vertiente individual como colectiva, incluyendo aquéllas que versen sobre materias laborales y de Seguridad Social, así como de las impugnaciones de las actuaciones de las Administraciones públicas realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre las anteriores materias.
Datos clave
- Los órganos del orden social conocen de las pretensiones de la rama social del Derecho.
- Abarca tanto la vertiente individual como la colectiva.
- Incluye las materias laborales y de Seguridad Social.
- Incluye las impugnaciones de actuaciones de las Administraciones públicas en ejercicio de sus potestades sobre esas materias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija el ámbito general del orden social: pretensiones laborales y de Seguridad Social, individuales o colectivas, y las impugnaciones de actuaciones de las Administraciones públicas en esas materias.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 2. Ámbito del orden jurisdiccional social.
El artículo 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, delimita el ámbito del orden jurisdiccional social. Por aplicación del artículo 1, sus órganos conocen de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo.
b) En las acciones de los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra quienes tengan atribuida legal, convencional o contractualmente responsabilidad por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o causados por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición.
c) Entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado y sus socios trabajadores, exclusivamente por la prestación de sus servicios.
d) En relación con el régimen profesional, individual y colectivo, de los trabajadores autónomos económicamente dependientes de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, incluidas sus reclamaciones de responsabilidad de la letra b).
e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, frente al empresario y otros sujetos obligados, y para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en esa materia respecto de todos sus empleados (funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral), que podrán ejercer sus acciones en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad por daños derivados del incumplimiento de la normativa preventiva; siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
f) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el acoso, contra el empresario o terceros vinculados a él, cuando la vulneración tenga conexión directa con la prestación de servicios; sobre reclamaciones en materia de libertad sindical y huelga frente a actuaciones de las Administraciones públicas referidas exclusivamente al personal laboral; sobre controversias entre sindicatos, o entre estos y asociaciones empresariales, en materias del orden social, incluida la responsabilidad por daños; y sobre las demás actuaciones previstas conforme al artículo 117.4 de la Constitución.
g) En procesos de conflictos colectivos.
h) Sobre impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las Administraciones públicas de aplicación exclusiva al personal laboral, y sobre impugnación de laudos arbitrales de naturaleza social, incluidos los dictados en sustitución de la negociación colectiva, en conflictos colectivos, en resolución de controversias y en consultas sobre movilidad geográfica, modificaciones colectivas, despidos colectivos y suspensiones y reducciones temporales de jornada. Respecto de las Administraciones públicas, cuando los laudos afecten en exclusiva al personal laboral.
i) En procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas.
j) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos, impugnación de sus estatutos y su modificación.
k) En materia de régimen jurídico específico de los sindicatos, legal y estatutario, en su funcionamiento interno y relaciones con sus afiliados.
l) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales, en los términos de la disposición derogatoria de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, impugnación de sus estatutos y su modificación.
m) Sobre la responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales por infracción de normas de la rama social del Derecho.
n) En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en los procedimientos del artículo 47.5, del artículo 47 bis y del artículo 51.7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; de las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical; y de los demás actos administrativos en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que no esté atribuido a otro orden jurisdiccional.
ñ) Contra las Administraciones públicas, incluido el Fondo de Garantía Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral.
o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protección por desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, y la imputación de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de dichas prestaciones. También las prestaciones de protección social de las Comunidades Autónomas dirigidas a garantizar recursos económicos suficientes para las necesidades básicas y prevenir el riesgo de exclusión social, así como la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad y el reconocimiento de la situación de dependencia y sus prestaciones y servicios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, con la misma consideración que las prestaciones de Seguridad Social.
p) En materia de intermediación laboral, en los conflictos entre los trabajadores y los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación autorizadas y otras entidades colaboradoras, y entre estas y el servicio público de empleo correspondiente.
q) En la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social, incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro, siempre que su causa derive de una decisión unilateral del empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo colectivo; y de los complementos de prestaciones o indemnizaciones que puedan establecer las Administraciones públicas, especialmente en accidentes de trabajo o enfermedad profesional.
r) Entre los asociados y las mutualidades, excepto las establecidas por los Colegios profesionales, en los términos de los artículos 64 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados (Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre), así como entre las fundaciones laborales o entre estas y sus beneficiarios, sobre sus obligaciones específicas y derechos de carácter patrimonial.
s) En impugnación de actos de las Administraciones públicas sujetos a derecho administrativo que pongan fin a la vía administrativa, dictados en materia de Seguridad Social distintos de los de la letra o), incluidas las sanciones en esta materia y con excepción de los especificados en la letra f) del artículo 3.
t) En cualesquiera otras cuestiones que les atribuyan esta u otras normas con rango de ley.
Datos clave
- Contrato de trabajo y contrato de puesta a disposición, con la salvedad de la Ley Concursal (letra a).
- Prevención de riesgos laborales respecto de todos los empleados públicos: funcionarios, personal estatutario y personal laboral (letra e).
- Tutela de derechos fundamentales, incluida la prohibición de discriminación y acoso, con conexión directa con la prestación de servicios (letra f).
- Conflictos colectivos (letra g) y materia electoral, incluidas las elecciones en las Administraciones públicas (letra i).
- Impugnación de resoluciones de la autoridad laboral de los artículos 47.5, 47 bis y 51.7 del Estatuto de los Trabajadores y sanciones laborales (letra n).
- Responsabilidad de las Administraciones públicas, incluido el Fondo de Garantía Salarial, cuando la atribuya la legislación laboral (letra ñ).
- Prestaciones de Seguridad Social, desempleo, cese de actividad, grado de discapacidad y dependencia (letra o).
- Actos en materia de Seguridad Social que pongan fin a la vía administrativa, salvo los de la letra f) del artículo 3 (letra s).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista de las materias que conoce el orden social: contrato de trabajo, accidentes, autónomos dependientes, prevención, derechos fundamentales, conflictos colectivos, sindicatos, actos laborales y Seguridad Social, entre otras.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 3. Materias excluidas.
El artículo 3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, enumera las materias excluidas del orden social. Sus órganos no conocerán:
a) De la impugnación directa de disposiciones generales de rango inferior a la ley y de decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación, aun en las materias laborales, sindicales o de Seguridad Social del artículo 2.
b) De las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales entre el empresario y los obligados a coordinar con él las actividades preventivas, y entre cualquiera de ellos y los sujetos o entidades que hayan asumido la responsabilidad de organizar los servicios de prevención.
c) De la tutela de los derechos de libertad sindical y de huelga de los funcionarios públicos, del personal estatutario de los servicios de salud y del personal de la letra a) del artículo 1.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
d) De las disposiciones que establezcan las garantías para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga y, en su caso, de los servicios o dependencias y porcentajes mínimos de personal, sin perjuicio de la competencia del orden social sobre las impugnaciones referidas exclusivamente a los actos de designación concreta del personal laboral incluido en dichos mínimos y sobre los restantes actos de la autoridad laboral en situaciones de conflicto laboral conforme al Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo.
e) De los pactos o acuerdos concertados por las Administraciones públicas conforme a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, aplicables al personal funcionario o estatutario de los servicios de salud, de manera exclusiva o conjunta con el personal laboral, ni sobre la composición de las Mesas de negociación sobre condiciones de trabajo comunes al personal de relación administrativa y laboral.
f) De las impugnaciones de actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas, y actos de gestión recaudatoria (incluidas las resoluciones de la entidad gestora en cuotas de recaudación conjunta) y, en general, los demás actos conexos dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social; ni de los actos sobre asistencia y protección social públicas no comprendidos en las letras o) y s) del artículo 2.
g) De las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y de las entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y centros sanitarios concertados, estatales o autonómicos, por los daños causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, aun cuando concurran particulares o cuenten con seguro de responsabilidad.
h) De las pretensiones reservadas por la Ley Concursal a la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso.
Datos clave
- Excluida la impugnación directa de disposiciones generales de rango inferior a la ley y decretos legislativos ultra vires.
- Excluidos los litigios de prevención entre el empresario y los obligados a coordinar con él o los servicios de prevención.
- Excluida la tutela de libertad sindical y huelga de funcionarios y personal estatutario.
- Excluidas las disposiciones sobre servicios esenciales en huelga, salvo los actos de designación concreta del personal laboral incluido en los mínimos.
- Excluidos los pactos del Estatuto Básico del Empleado Público aplicables a funcionarios o personal estatutario.
- Excluidos los actos de la Tesorería General sobre inscripción, afiliación, alta, baja, cotización y recaudación.
- Excluida la responsabilidad patrimonial por asistencia sanitaria y las materias reservadas al juez del concurso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Materias que el orden social no conoce aunque rocen lo laboral: reglamentos, prevención entre empresas, sindicación y huelga de funcionarios, servicios mínimos, pactos del Estatuto Básico, actos recaudatorios de la TGSS, responsabilidad sanitaria y concurso.
Esquema
| Dentro del orden social | Excluido | |
|---|---|---|
| Materia | Prestaciones, desempleo, cese de actividad, discapacidad y dependencia | Inscripción, afiliación, alta, baja, cuotas y recaudación |
| Huelga y sindicación | Personal laboral | Funcionarios y personal estatutario |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 4. Competencia funcional por conexión.
1. La competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social se extenderá al conocimiento y decisión de las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes a dicho orden, que estén directamente relacionadas con las atribuidas al mismo, salvo lo previsto en el apartado 3 de este artículo y en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
2. Las cuestiones previas y prejudiciales serán decididas en la resolución judicial que ponga fin al proceso. La decisión que se pronuncie no producirá efecto fuera del proceso en que se dicte.
3. Hasta que las resuelva el órgano judicial competente, las cuestiones prejudiciales penales suspenderán el plazo para adoptar la debida decisión sólo cuando se basen en falsedad documental y su solución sea de todo punto indispensable para dictarla.
4. La suspensión de la ejecución por existencia de una cuestión prejudicial penal sólo procederá si la falsedad documental en que se base se hubiere producido después de constituido el título ejecutivo y se limitará a las actuaciones ejecutivas condicionadas directamente por la resolución de aquélla.
Datos clave
- La competencia se extiende a las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes al orden social directamente relacionadas con él.
- Se deciden en la resolución que pone fin al proceso y no producen efecto fuera de él.
- Las cuestiones prejudiciales penales solo suspenden el plazo para resolver si se basan en falsedad documental y su solución es indispensable.
- La suspensión de la ejecución por prejudicialidad penal solo procede si la falsedad se produjo después de constituido el título ejecutivo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula cómo el orden social resuelve cuestiones previas o prejudiciales de otra rama del Derecho conectadas con lo laboral: las decide en la propia resolución, sin efecto fuera del proceso, salvo el régimen especial de las prejudiciales penales.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 5. Apreciación de oficio de la falta de jurisdicción o de competencia.
1. Si los órganos jurisdiccionales apreciaren la falta de jurisdicción o de competencia internacional, o se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por razón de la materia, del territorio o de la función, dictarán auto declarándolo así y previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho.
2. Igual declaración deberán hacer en los mismos supuestos al dictar sentencia, absteniéndose de entrar en el conocimiento del fondo del asunto.
3. La declaración de oficio de la falta de jurisdicción o de competencia en los casos de los dos párrafos anteriores requerirá previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo común de tres días.
4. Contra el auto de declaración de falta de jurisdicción o de competencia podrán ejercitarse los recursos previstos en la presente Ley. Si en el auto se declarase la jurisdicción y competencia del órgano de la jurisdicción social, la cuestión podrá suscitarse de nuevo en el juicio y, en su caso, en el recurso ulterior.
5. Si la acción ejercitada estuviere sometida a plazo de caducidad, se entenderá suspendida desde la presentación de la demanda hasta que el auto que declare la falta de jurisdicción o de competencia sea firme.
Datos clave
- La falta de jurisdicción o de competencia se declara por auto, indicando al demandante ante quién y cómo puede ejercer su derecho.
- La misma declaración se hace al dictar sentencia, sin entrar en el fondo.
- La declaración de oficio exige audiencia previa de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo común de tres días.
- Si la acción está sometida a caducidad, se entiende suspendida desde la demanda hasta la firmeza del auto que declare la falta de jurisdicción o competencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula cómo el órgano judicial aprecia de oficio su falta de jurisdicción o competencia: por auto o en sentencia, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, y con recursos y efectos sobre la caducidad de la acción.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 6. Juzgados de lo Social.
El artículo 6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, fija la competencia objetiva de los Juzgados de lo Social.
1. Los Juzgados de lo Social conocen en única instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepción de los asignados expresamente a otros órganos de este orden en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley y en la Ley Concursal.
2. En aplicación de lo anterior, conocen también en única instancia de los procesos de impugnación de actos de Administraciones públicas atribuidos al orden social en las letras n) y s) del artículo 2, cuando hayan sido dictados por:
a) Los órganos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, siempre que su nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, salvo los que procedan del respectivo Consejo de Gobierno.
c) Las Administraciones de las entidades locales.
d) Cualquier otro organismo o entidad de derecho público que pudiera ostentar alguna de las competencias administrativas de las mencionadas letras del artículo 2.
Datos clave
- Los Juzgados de lo Social conocen en única instancia de todos los procesos del orden social no atribuidos a otros órganos.
- Las excepciones están en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley y en la Ley Concursal.
- Conocen de actos de la Administración General del Estado de nivel inferior a Ministro o Secretario de Estado (letras n y s del artículo 2).
- Conocen de actos de las Comunidades Autónomas, salvo los del Consejo de Gobierno.
- Conocen de actos de las entidades locales y de otras entidades de derecho público con esas competencias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Juzgados de lo Social son la regla general en única instancia del orden social, salvo lo atribuido a otros órganos; conocen de actos administrativos de las letras n) y s) según el rango del órgano que los dicta.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 7. Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia.
El artículo 7 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, atribuye competencias a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia. Conocen:
a) En única instancia, de los procesos sobre las cuestiones de las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de la circunscripción de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autónoma, y de todos los que les atribuyan expresamente las leyes. También, en única instancia, de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores conforme a los apartados 1 a 10 del artículo 124, cuando extiendan sus efectos a un ámbito no superior al de una Comunidad Autónoma. Asimismo, de los procesos de oficio de la letra b) del artículo 148 y de la impugnación de las resoluciones administrativas de los procedimientos del artículo 51.7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), conforme al artículo 151, cuando el acto impugnado extienda sus efectos a un ámbito no superior al de una Comunidad Autónoma.
b) También en única instancia, de la impugnación de actos de Administraciones públicas de las letras n) y s) del artículo 2 dictados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o por órganos de la Administración General del Estado con nivel de Ministro o Secretario de Estado, siempre que, en este último caso, el acto haya confirmado, en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o tutela, los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c) De los recursos de suplicación contra las resoluciones de los Juzgados de lo Social de su circunscripción.
d) De los recursos de suplicación contra las resoluciones de los jueces de lo mercantil previstos en los artículos 64.8 y 197.8 de la Ley Concursal.
e) De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de su circunscripción.
Datos clave
- Única instancia en las materias f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 con efectos superiores a un Juzgado y no superiores a la Comunidad Autónoma.
- Única instancia en despidos colectivos impugnados por los representantes de los trabajadores con efectos no superiores a una Comunidad Autónoma.
- Única instancia frente a actos del Consejo de Gobierno autonómico (letras n y s del artículo 2).
- Actos de Ministro o Secretario de Estado solo cuando confirmen los de órganos con competencia en todo el territorio nacional.
- Recursos de suplicación contra resoluciones de los Juzgados de lo Social de su circunscripción y de los jueces de lo mercantil (artículos 64.8 y 197.8 de la Ley Concursal).
- Cuestiones de competencia entre Juzgados de lo Social de su circunscripción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Salas de lo Social de los TSJ conocen en única instancia de asuntos colectivos de ámbito superior al de un Juzgado pero no superior a la Comunidad, de actos del Consejo de Gobierno y, además, de la suplicación y de cuestiones de competencia.
Esquema
| TSJ | Audiencia Nacional | |
|---|---|---|
| Supuesto | Confirma actos de órganos con competencia en todo el territorio nacional | Acto originario o que rectifica los de esos órganos |
| Ámbito territorial | No lo menciona para este supuesto | Con independencia de su ámbito territorial |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 8. Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
El artículo 8 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula la competencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
1. Conoce en única instancia de los procesos sobre las cuestiones de las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma o, tratándose de impugnación de laudos, cuando le hubiera correspondido el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.
Conoce en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores conforme a los apartados 1 a 10 del artículo 124, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.
Asimismo, conoce en única instancia de los procesos de oficio de la letra b) del artículo 148 y de la impugnación de las resoluciones administrativas de los procedimientos del artículo 51.7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), conforme al artículo 151, cuando el acto impugnado extienda sus efectos a un ámbito superior al de una Comunidad Autónoma.
2. También, con independencia de su ámbito territorial de afectación, conoce en única instancia de la impugnación de actos de Administraciones públicas de las letras n) y s) del artículo 2 dictados por órganos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos con nivel orgánico de Ministro o Secretario de Estado, bien con carácter originario, bien cuando rectifiquen por vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
Datos clave
- Única instancia en las materias f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 con efectos superiores a una Comunidad Autónoma.
- Única instancia en despidos colectivos impugnados por los representantes con efectos superiores a una Comunidad Autónoma.
- Única instancia en los procesos de oficio del artículo 148.b) y en la impugnación de resoluciones del artículo 51.7 del Estatuto de los Trabajadores de ámbito supraautonómico.
- Actos de Ministro o Secretario de Estado: con independencia del ámbito territorial, cuando sean originarios o rectifiquen los de órganos con competencia nacional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conoce en única instancia de asuntos colectivos y despidos colectivos de ámbito superior a una Comunidad Autónoma y de actos ministeriales originarios o rectificadores.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 9. Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá:
a) En única instancia de los procesos de impugnación de actos de Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social cuando hayan sido dictados por el Consejo de Ministros.
b) De los recursos de casación establecidos en la Ley.
c) De la revisión de sentencias firmes dictadas por los órganos jurisdiccionales del orden social y de la revisión de laudos arbitrales firmes sobre materias objeto de conocimiento del orden social.
d) De las demandas de error judicial cuando el órgano al que se impute el error pertenezca al orden jurisdiccional social, salvo cuando éste se atribuyese a la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo o a alguna de sus secciones en que la competencia corresponderá a la Sala que se establece en el artículo 61 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
e) De las cuestiones de competencia suscitadas entre órganos del orden jurisdiccional social que no tengan otro superior jerárquico común.
Datos clave
- Conoce en única instancia de la impugnación de actos dictados por el Consejo de Ministros.
- Conoce de los recursos de casación.
- Conoce de la revisión de sentencias firmes y de laudos arbitrales firmes del orden social.
- Conoce de las demandas de error judicial imputado a órganos del orden social, salvo si se imputa a la propia Sala, que corresponde a la Sala del artículo 61 de la LOPJ.
- Resuelve las cuestiones de competencia entre órganos sociales sin otro superior jerárquico común.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Atribuye a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo la impugnación de actos del Consejo de Ministros, los recursos de casación, la revisión de sentencias firmes, el error judicial y las cuestiones de competencia sin superior común.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 10. Competencia territorial de los Juzgados de lo Social.
La competencia de los Juzgados de lo Social se determinará de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Con carácter general será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.
Si los servicios se prestaran en lugares de distintas circunscripciones territoriales, el trabajador podrá elegir entre aquél de ellos en que tenga su domicilio, el del contrato, si hallándose en él el demandado pudiera ser citado, o el del domicilio del demandado.
En el caso de que sean varios los demandados, y se optare por el fuero del domicilio, el actor podrá elegir el de cualquiera de los demandados.
En las demandas contra las Administraciones públicas empleadoras será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandante, a elección de éste; salvo para los trabajadores que presten servicios en el extranjero, en que será juzgado competente el del domicilio de la Administración pública demandada.
2. En los procesos que se indican en los párrafos siguientes será en cada caso juzgado competente:
a) En los que versen sobre las materias referidas en las letras o) y p) del artículo 2, aquél en cuya circunscripción se haya producido la resolución originaria, expresa o presunta, o la actuación impugnada en el proceso, o, a elección del demandante, el juzgado de su domicilio, si bien, cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección se entenderá limitada a los juzgados comprendidos dentro de la circunscripción de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.
b) En los que versen sobre las materias referidas en las letras q) y r) del artículo 2, el del domicilio del demandado o el del demandante, a elección de éste. En los procesos entre Mutualidades de Previsión, regirá en todo caso el fuero de la demandada.
c) En los de reclamación de salarios de tramitación frente al Estado, conocerá el juzgado que dictó la sentencia de despido.
d) En los que versen sobre las materias referidas en las letras j) y l) del artículo 2, el de la sede del sindicato o de la asociación empresarial.
e) En los que versen sobre la materia referida en las letras k) y m) del artículo 2, el del lugar en que se produzcan los efectos del acto o actos que dieron lugar al proceso.
f) En los que versen sobre la materia referida en la letra f) del artículo 2, el del lugar donde se produjo o, en su caso, al que se extiendan los efectos de la lesión, o las decisiones o actuaciones respecto de las que se demanda la tutela.
g) En los procesos electorales referidos en la letra i) del artículo 2, el del lugar en cuya circunscripción esté situada la empresa o centro de trabajo; si los centros están situados en municipios distintos, en que ejerzan jurisdicción juzgados diferentes, con unidad de comité de empresa o de órgano de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas, el del lugar en que inicialmente hubiera de constituirse o se hubiera constituido la mesa electoral. Cuando se trate de impugnación de la resolución administrativa que deniegue el registro de las actas electorales o las relativas a expedición de certificaciones de la capacidad representativa de los sindicatos o de los resultados electorales, la competencia corresponderá al Juzgado de lo Social en cuya circunscripción se encuentre la oficina pública correspondiente.
h) En los de impugnación de convenios colectivos o laudos sustitutivos de aquéllos y en los de conflictos colectivos, referidos en las letras h) y g) del artículo 2, el de la circunscripción a que se refiera el ámbito de aplicación del convenio o laudo impugnado, o en que se produzcan los efectos del conflicto, respectivamente. En las acciones de impugnación y recursos judiciales de impugnación de los restantes tipos de laudos arbitrales cuyo conocimiento corresponda al orden social, el de la circunscripción del juzgado al que le hubiera correspondido, en su caso, el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.
3. La determinación de la competencia de los juzgados y tribunales del orden social en los procesos a que se refiere la Ley 10/1997, de 24 abril, de Información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de dimensión comunitaria, se regirá por las reglas fijadas en los artículos 6 a 11 de la presente Ley atendiendo a la modalidad procesal de que se trate. En los procesos de conflictos colectivos, sobre impugnación de convenios colectivos y sobre tutela de los derechos de libertad sindical se atenderá a la extensión de sus efectos en territorio español. A tal fin, en ausencia de acuerdo o de determinación expresa al respecto, se entenderá que el domicilio de la comisión negociadora y del comité de empresa europeo es el de la dirección central.
4. En los procesos de impugnación de actos de Administraciones públicas no comprendidos en los apartados anteriores y atribuidos a los Juzgados de lo Social, la competencia territorial de los mismos se determinará conforme a las siguientes reglas:
a) Con carácter general, será competente el juzgado en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiera dictado el acto originario impugnado.
b) En la impugnación de actos que tengan un destinatario individual, a elección del demandante, podrá interponerse la demanda ante el juzgado del domicilio de éste, si bien, cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección se entenderá condicionada a que el juzgado del domicilio esté comprendido dentro de la circunscripción de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado. Si el acto afectase a una pluralidad de destinatarios se aplicará la regla general.
Datos clave
- Regla general: juzgado del lugar de prestación de servicios o del domicilio del demandado, a elección del demandante.
- Demandas contra Administraciones empleadoras: lugar de prestación o domicilio del demandante; en servicios en el extranjero, domicilio de la Administración demandada.
- Salarios de tramitación frente al Estado: el juzgado que dictó la sentencia de despido.
- Constitución de sindicatos y asociaciones empresariales (letras j y l): sede del sindicato o asociación.
- Procesos electorales: lugar de la empresa o centro de trabajo; impugnación de denegación de registro de actas: juzgado de la oficina pública.
- Impugnación de actos administrativos: regla general, sede del órgano que dictó el acto originario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija el fuero territorial de los Juzgados de lo Social: con carácter general, a elección del demandante, el del lugar de prestación de servicios o el del domicilio del demandado, con reglas especiales según la materia y para actos administrativos.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 11. Competencia territorial de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia.
1. La competencia territorial para el conocimiento de los procesos atribuidos en instancia a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia corresponderá:
a) En los de impugnación de convenios colectivos o laudos sustitutivos de los anteriores y en los de conflictos colectivos, referidos en las letras g) y h) del artículo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripción se produzcan los efectos del conflicto o a la de aquel a cuya circunscripción se extienda el ámbito de aplicación de las cláusulas del convenio, acuerdo o laudo impugnado o, tratándose de impugnación de laudos, de haber correspondido, en su caso, a estas Salas el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.
b) En los que versen sobre la materia referida en las letras j) y l) del artículo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripción tengan su sede el sindicato y la asociación empresarial a que se refiera.
c) En los que versen sobre las materias referidas en las letras k) y m) del artículo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripción se produzcan los efectos del acto que diera lugar al proceso.
d) En los que versen sobre la materia referida en la letra f) del artículo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripción se produzca o, en su caso, se extiendan los efectos de la lesión, las decisiones o actuaciones respecto de las que se demanda la tutela.
2. Cuando existan varias Salas de lo Social en un mismo Tribunal Superior, la competencia territorial de cada una de ellas se determinará por aplicación de las reglas establecidas en el apartado anterior, referida a la circunscripción territorial de la Sala.
3. En el caso de que los efectos de la cuestión litigiosa se extiendan a las circunscripciones de varias Salas, sin exceder del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, conocerá la que corresponda según las reglas de reparto que al efecto haya aprobado la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
4. En las materias a que se refieren las letras n) y s) del artículo 2 y atribuidas en el artículo 7 al conocimiento de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia:
a) Cuando el acto impugnado proceda del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, la competencia corresponderá a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción tenga su sede el mencionado órgano de gobierno.
b) Cuando el acto impugnado proceda de un Ministro o Secretario de Estado, conforme a la letra b) del artículo 7, el conocimiento del asunto corresponderá a la Sala de lo Social en cuya circunscripción tenga su sede el órgano autor del acto originario impugnado, o, cuando tenga un destinatario individual, a la Sala de lo Social en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante, a elección de éste. Si el acto afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversas las Salas competentes según la regla anterior, la competencia vendrá atribuida a la Sala de la sede del órgano autor del acto originario impugnado.
Datos clave
- Convenios y conflictos colectivos: Sala del Tribunal en cuya circunscripción se produzcan los efectos o se extienda el ámbito del convenio.
- Sindicatos y asociaciones empresariales (letras j y l): Sala de la sede del sindicato o asociación.
- Varias Salas en un mismo TSJ: las mismas reglas referidas a la circunscripción de cada Sala.
- Efectos en varias Salas de una misma Comunidad: reglas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno del TSJ.
- Actos del Consejo de Gobierno autonómico: Sala del TSJ de la sede de dicho órgano.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija el fuero territorial de las Salas de lo Social de los TSJ para conflictos colectivos, convenios y tutela sindical, y para las materias de las letras n) y s) del art. 2, con reglas de reparto entre varias Salas de un mismo Tribunal.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 16. Capacidad procesal y representación.
1. Podrán comparecer en juicio en defensa de sus derechos e intereses legítimos quienes se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
2. Tendrán capacidad procesal los trabajadores mayores de dieciséis años y menores de dieciocho respecto de los derechos e intereses legítimos derivados de sus contratos de trabajo y de la relación de Seguridad Social, cuando legalmente no precisen para la celebración de dichos contratos autorización de sus padres, tutores o de la persona o institución que los tenga a su cargo, o hubieran obtenido autorización para contratar de sus padres, tutores o persona o institución que los tenga a su cargo conforme a la legislación laboral o la legislación civil o mercantil respectivamente. Igualmente tendrán capacidad procesal los trabajadores autónomos económicamente dependientes mayores de dieciséis años.
3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, los trabajadores mayores de dieciséis años y menores de dieciocho tendrán igualmente capacidad procesal respecto de los derechos de naturaleza sindical y de representación, así como para la impugnación de los actos administrativos que les afecten.
4. Por quienes no se hallaren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles comparecerán sus representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad conforme a Derecho.
5. Por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen. Por las entidades sin personalidad a las que la ley reconozca capacidad para ser parte comparecerán quienes legalmente las representen en juicio. Por las masas patrimoniales o patrimonios separados carentes de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración comparecerán quienes conforme a la ley las administren. Por las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado, comparecerán quienes de hecho o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros o ante los trabajadores. Por las comunidades de bienes y grupos comparecerán quienes aparezcan, de hecho o de derecho, como organizadores, directores o gestores de los mismos, o en su defecto como socios o partícipes de los mismos y sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a estas personas físicas.
Datos clave
- Pueden comparecer quienes estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
- Tienen capacidad procesal los trabajadores mayores de dieciséis años y menores de dieciocho respecto de los derechos derivados de su contrato y de la relación de Seguridad Social, en los términos indicados.
- También los trabajadores autónomos económicamente dependientes mayores de dieciséis años.
- Los menores de dieciocho con capacidad procesal la tienen también para derechos sindicales y de representación e impugnación de actos administrativos.
- Por las personas jurídicas comparecen quienes legalmente las representen; por comunidades de bienes y grupos, sus organizadores, directores o gestores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija quién tiene capacidad para comparecer en juicio: quienes ejercen plenamente sus derechos civiles y, para sus propios asuntos laborales y de Seguridad Social, los trabajadores de 16 y 17 años que ya podían contratar.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 17. Legitimación.
El artículo 17 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula la legitimación en el proceso social.
1. Los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en los términos establecidos en las leyes.
2. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales tienen legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios. Los sindicatos con implantación suficiente en el ámbito del conflicto están legitimados para accionar en cualquier proceso en que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que exista un vínculo entre el sindicato y el objeto del pleito; pueden también personarse y ser tenidos por parte, sin que su intervención haga detener o retroceder las actuaciones. En especial, pueden actuar a través del proceso de conflicto colectivo en defensa de una pluralidad de trabajadores indeterminada o de difícil determinación y, en particular, en defensa del derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en todas las materias atribuidas al orden social. En el proceso de ejecución se consideran intereses colectivos los tendentes a la conservación de la empresa y a la defensa de los puestos de trabajo.
3. Las organizaciones de trabajadores autónomos tienen legitimación para la defensa de los acuerdos de interés profesional por ellas firmados.
4. El Ministerio Fiscal está legitimado para intervenir en todos los supuestos previstos en la Ley.
5. Para la defensa de las personas víctimas de discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, además de las personas afectadas y siempre que cuenten con su autorización expresa, están legitimados los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI o de sus familias. Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para defender estos intereses difusos corresponde exclusivamente a los organismos públicos con competencia en la materia y a esas mismas entidades. La persona acosada es la única legitimada en los litigios sobre acoso discriminatorio por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.
6. Las partes pueden interponer los recursos de la Ley contra las resoluciones que les afecten desfavorablemente: por haber visto desestimadas sus pretensiones o excepciones, por resultar de ellas gravamen o perjuicio, para revisar errores de hecho, para prevenir los efectos del recurso contrario o por la posible eficacia de cosa juzgada en otros procesos.
Datos clave
- Están legitimados los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo.
- Los sindicatos con implantación suficiente pueden accionar si existe vínculo con el objeto del pleito, sin que su intervención detenga o retroceda las actuaciones.
- En ejecución son intereses colectivos la conservación de la empresa y la defensa de los puestos de trabajo.
- Las organizaciones de autónomos defienden los acuerdos de interés profesional que firmen.
- El Ministerio Fiscal está legitimado en todos los supuestos de la Ley.
- En el acoso discriminatorio por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, la persona acosada es la única legitimada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién puede litigar en lo social: titulares de derechos o intereses legítimos, sindicatos y asociaciones empresariales, organizaciones de autónomos, Ministerio Fiscal y, en discriminación LGTBI, entidades con autorización de la víctima.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 21. Intervención de abogado, graduado social colegiado o procurador.
El artículo 21 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula la intervención de abogado, graduado social colegiado o procurador.
1. En la instancia, la defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado son facultativas. En el recurso de suplicación los litigantes han de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casación y en las actuaciones ante el Tribunal Supremo es preceptiva la defensa de abogado. Cuando la defensa sea facultativa, cualquier litigante puede utilizarla, pagando los honorarios o derechos respectivos, con las excepciones de la legislación sobre asistencia jurídica gratuita.
2. Si el demandante pretende comparecer en juicio asistido de abogado, representado técnicamente por graduado social o representado por procurador, lo hará constar en la demanda, indicando los datos de contacto del profesional. El demandado, sin perjuicio del artículo 81.5, lo comunicará por escrito al juzgado o tribunal, con los datos de contacto de su profesional, dentro de los dos días siguientes a su citación para el juicio, para que el actor pueda estar representado por graduado social o procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación por el turno de oficio. El actor que no hubiese hecho la designación podrá hacerlo comunicándolo dentro de los dos días siguientes a la notificación. El incumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte a valerse en el juicio de abogado, procurador o graduado social.
3. Si en cualquier otra actuación distinta del juicio una parte pretende actuar asistida de letrado, el secretario judicial adoptará las medidas oportunas para garantizar la igualdad de las partes.
4. La solicitud de abogado de oficio por los trabajadores y los beneficiarios del sistema de seguridad social, que por disposición legal tienen todos derecho a la asistencia jurídica gratuita, suspende los plazos de caducidad e interrumpe la prescripción de acciones. Si el abogado designado considera insostenible la pretensión, seguirá el procedimiento de los artículos 32 a 35 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
5. Los funcionarios y el personal estatutario, como empleados públicos ante el orden social, gozan del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los mismos términos que los trabajadores y beneficiarios de la seguridad social.
Datos clave
- En la instancia la defensa por abogado o graduado social colegiado es facultativa.
- En suplicación es obligatoria la defensa por abogado o la representación técnica por graduado social colegiado.
- En casación y ante el Tribunal Supremo es preceptiva la defensa de abogado.
- El demandado comunica la intervención de su profesional dentro de los dos días siguientes a su citación para el juicio.
- No cumplir estos requisitos supone renunciar a valerse de abogado, procurador o graduado social en el juicio.
- La solicitud de abogado de oficio suspende la caducidad e interrumpe la prescripción.
- Funcionarios y personal estatutario tienen asistencia jurídica gratuita en los mismos términos que los trabajadores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Abogado o graduado social son facultativos en la instancia, obligatorios en suplicación y el abogado es preceptivo en casación; hay que anunciarlos a tiempo, y pedir abogado de oficio suspende la caducidad.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 63. Conciliación o mediación previas.
Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones que podrá constituirse mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a los que se refiere el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como mediante los acuerdos de interés profesional a los que se refieren el artículo 13 y el apartado 1 del artículo 18 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo.
Datos clave
- Es requisito previo para tramitar el proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación.
- Se realiza ante el servicio administrativo correspondiente o el órgano que asuma estas funciones.
- Ese órgano puede constituirse por acuerdos interprofesionales o convenios colectivos del artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.
- También por acuerdos de interés profesional de los artículos 13 y 18.1 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Antes del proceso social hay que intentar la conciliación o, en su caso, la mediación ante el servicio administrativo o el órgano creado por acuerdos o convenios colectivos.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 64. Excepciones a la conciliación o mediación previas.
El artículo 64 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, enumera las excepciones a la conciliación o mediación previas.
1. Se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de mediación: los procesos que exijan el agotamiento de la vía administrativa, en su caso; los que versen sobre Seguridad Social; la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores; el disfrute de vacaciones y la materia electoral; la movilidad geográfica y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo; la suspensión del contrato y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor; los procesos monitorios; los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del artículo 139; los iniciados de oficio; la impugnación de convenios colectivos y de los estatutos de los sindicatos o de su modificación; la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas; la anulación de laudos arbitrales; la impugnación de acuerdos de conciliaciones, mediaciones y transacciones; las reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia del artículo 138 bis; y las acciones laborales de protección contra la violencia de género.
2. Igualmente quedan exceptuados:
a) Los procesos en que la representación corresponda al abogado del Estado, al letrado o letrada de la Administración de la Seguridad Social, a los representantes procesales de las Comunidades Autónomas o de las Administraciones Locales o al letrado o letrada de las Cortes Generales.
b) Los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, después de dirigir la papeleta o la demanda contra personas determinadas, fuera necesario dirigirla o ampliarla frente a personas distintas de las inicialmente demandadas.
3. Cuando por la naturaleza de la pretensión pudiera tener eficacia jurídica el acuerdo de conciliación o mediación, aun estando el proceso exceptuado, si las partes acuden en tiempo oportuno, voluntariamente y de común acuerdo, a esas vías previas, se suspenderán los plazos de caducidad o se interrumpirán los de prescripción en la forma del artículo siguiente.
Datos clave
- Exceptuados los procesos que exijan agotar la vía administrativa y los de Seguridad Social.
- Exceptuados vacaciones, materia electoral, movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo.
- Exceptuados los procesos monitorios, los iniciados de oficio y la tutela de derechos fundamentales.
- Exceptuados la conciliación de la vida personal, familiar y laboral (artículo 139) y el trabajo a distancia (artículo 138 bis).
- Exceptuadas las acciones de protección contra la violencia de género.
- Exceptuados los procesos con representación del abogado del Estado, letrados de la Seguridad Social, de las Comunidades Autónomas, de la Administración Local o de las Cortes Generales.
- La conciliación voluntaria en procesos exceptuados suspende la caducidad e interrumpe la prescripción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Procesos que no exigen intentar antes la conciliación o mediación: Seguridad Social, vacaciones, electoral, movilidad, derechos fundamentales, conciliación familiar, trabajo a distancia, violencia de género y otros; y efecto de acudir voluntariamente.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 65. Efectos de la solicitud de conciliación o de mediación previa. Los laudos arbitrales.
El artículo 65 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula los efectos de la solicitud de conciliación o de mediación previa y los laudos arbitrales.
1. La presentación de la solicitud de conciliación o de mediación interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de acciones desde la fecha de su presentación. El cómputo se reinicia o se reanuda, respectivamente, al día siguiente de intentada la conciliación o mediación o transcurridos quince días hábiles desde su presentación sin que se haya celebrado.
2. En todo caso, transcurrido el plazo de treinta días hábiles sin celebrarse el acto de conciliación o sin iniciarse la mediación o alcanzarse acuerdo en ella, se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite.
3. También se suspenden los plazos de caducidad y se interrumpen los de prescripción por la suscripción de un compromiso arbitral celebrado en virtud de los acuerdos interprofesionales y convenios colectivos del artículo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de los acuerdos de interés profesional del artículo 18.4 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo. El cómputo de la caducidad se reanuda al día siguiente de la firmeza del laudo; si se interpone recurso judicial de anulación, desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia. Igual efecto se produce si en el arbitraje se aprecia la incompetencia, reanudándose el cómputo desde la firmeza de la resolución que ponga fin al arbitraje.
4. Las acciones de impugnación y recursos de anulación de laudos arbitrales del orden social sin procedimiento especial, incluidos los establecidos por acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, se sustancian por los trámites del procedimiento ordinario ante el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el asunto sometido a arbitraje. Pueden fundarse en exceso sobre el arbitraje, haber resuelto aspectos no sometidos a él o que no pudieran serlo, vicio esencial de procedimiento o infracción de normas imperativas. La acción caduca en el plazo de treinta días hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos, desde la notificación del laudo.
Si impugna el Fondo de Garantía Salarial, en relación con obligaciones de garantía salarial, u otros terceros perjudicados, podrán fundarse en ilegalidad o lesividad, y el plazo contará desde que pudieran haber conocido la existencia del laudo.
Datos clave
- La solicitud de conciliación o mediación interrumpe la prescripción y suspende la caducidad desde su presentación.
- El cómputo se reanuda al día siguiente del intento o transcurridos quince días hábiles sin celebrarse.
- Transcurridos treinta días hábiles sin acto o sin acuerdo, el procedimiento se tiene por terminado y el trámite cumplido.
- El compromiso arbitral también suspende la caducidad e interrumpe la prescripción.
- La anulación de laudos se tramita por el procedimiento ordinario.
- La acción de anulación caduca a los treinta días hábiles desde la notificación del laudo, excluidos sábados, domingos y festivos.
- El Fondo de Garantía Salarial y otros terceros pueden fundarla en ilegalidad o lesividad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Pedir conciliación o mediación interrumpe la prescripción y suspende la caducidad; el cómputo vuelve a correr tras el intento o a los quince días hábiles, y a los treinta el trámite se da por cumplido. Régimen de impugnación de laudos.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 66. Consecuencias de la no asistencia al acto de conciliación o de mediación.
El artículo 66 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula las consecuencias de la no asistencia al acto de conciliación o de mediación.
1. La asistencia al acto de conciliación o de mediación es obligatoria para los litigantes. A efectos de ulteriores actuaciones judiciales, las partes que hayan comparecido sin profesionales designados deberán aportar su número de teléfono, dirección de correo electrónico o cualquier otro medio idóneo para su comunicación telemática; desde ese momento las notificaciones se realizarán en la dirección telemática facilitada, siempre que se cumplan los requisitos de la ley que regule el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
2. Si, debidamente citadas las partes, no comparece el solicitante ni alega justa causa, se tendrá por no presentada la papeleta de conciliación o la solicitud de mediación, archivándose todo lo actuado.
3. Si no comparece la otra parte, debidamente citada, se hará constar en la certificación del acta y la conciliación o mediación se tendrá por intentada sin efecto. El juez o tribunal impondrá las costas del proceso a la parte que no compareció sin causa justificada, incluidos los honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria, si la sentencia coincide esencialmente con la pretensión de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación.
Datos clave
- La asistencia al acto de conciliación o mediación es obligatoria para los litigantes.
- Quienes comparezcan sin profesional deben aportar teléfono, correo electrónico u otro medio de comunicación telemática.
- Si no comparece el solicitante sin justa causa, la papeleta o solicitud se tiene por no presentada y se archiva lo actuado.
- Si no comparece la otra parte, la conciliación se tiene por intentada sin efecto.
- Costas al incompareciente injustificado, incluidos honorarios hasta seiscientos euros, si la sentencia coincide esencialmente con la papeleta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Asistir a la conciliación o mediación es obligatorio: si falta el solicitante sin justa causa, se archiva; si falta la otra parte, se tiene por intentada sin efecto y puede acabar pagando costas y honorarios hasta seiscientos euros.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 69. Agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial social.
El artículo 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula el agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial social.
1. Para demandar al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de ellos es requisito necesario haber agotado la vía administrativa, cuando así proceda, conforme a la normativa de procedimiento administrativo aplicable.
La Administración pública debe notificar a los interesados las resoluciones y actos que afecten a sus derechos e intereses con el texto íntegro de la resolución, indicando si es o no definitiva en vía administrativa, los recursos que procedan, el órgano ante el que presentarlos y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de cualquier otro que estimen procedente.
Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro, omitan alguno de esos requisitos mantienen suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripción, y solo surten efecto desde que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o interponga el recurso que proceda.
2. Desde que se entienda agotada la vía administrativa, el interesado puede formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala competente, acompañando copia de la resolución denegatoria o documento acreditativo de la interposición o resolución del recurso administrativo, con copia para la entidad demandada.
3. En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a caducidad, el plazo de interposición de la demanda será de veinte días hábiles o el especial aplicable, contados desde el día siguiente al acto o a la notificación de la resolución impugnada, o desde que se entienda agotada la vía administrativa en los demás casos.
Datos clave
- Para demandar al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y entidades de Derecho público vinculadas es necesario agotar la vía administrativa, cuando proceda.
- La notificación debe contener el texto íntegro, si es definitiva, los recursos, el órgano y el plazo.
- La notificación defectuosa mantiene suspendida la caducidad e interrumpida la prescripción.
- Agotada la vía administrativa, la demanda se formaliza en el plazo de dos meses.
- En despido y acciones sujetas a caducidad, el plazo es de veinte días hábiles o el especial aplicable.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para demandar a una Administración en lo social hay que agotar antes la vía administrativa, cuando proceda; la notificación debe ser completa, y la demanda se presenta en dos meses o, en despido, en veinte días hábiles.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 70. Excepciones al agotamiento de la vía administrativa.
El artículo 70 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula las excepciones al agotamiento de la vía administrativa.
No es necesario agotar la vía administrativa para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical.
En ese caso, el plazo para interponer la demanda es de veinte días desde el día siguiente a la notificación del acto o al transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites.
Cuando la lesión del derecho fundamental tenga su origen en la inactividad administrativa o en una actuación en vía de hecho, o se haya interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el plazo de veinte días se iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación contra la inactividad o vía de hecho, o desde la presentación del recurso, respectivamente.
Datos clave
- No es necesario agotar la vía administrativa en la tutela de derechos fundamentales frente a actos en materia laboral y sindical.
- Plazo de veinte días desde el día siguiente a la notificación del acto o al transcurso del plazo para resolver.
- En inactividad o vía de hecho, el plazo de veinte días empieza transcurridos veinte días desde la reclamación.
- Si se interpone potestativamente recurso administrativo, empieza transcurridos veinte días desde su presentación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En la tutela de derechos fundamentales frente a actos administrativos laborales y sindicales no hay que agotar la vía administrativa: la demanda se presenta en veinte días, con reglas especiales de inicio.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 74. Principios del proceso.
1. Los jueces y tribunales del orden jurisdiccional social y los secretarios judiciales en su función de ordenación del procedimiento y demás competencias atribuidas por el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interpretarán y aplicarán las normas reguladoras del proceso social ordinario según los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad.
2. Los principios indicados en el apartado anterior orientarán la interpretación y aplicación de las normas procesales propias de las modalidades procesales reguladas en la presente Ley.
Datos clave
- Principios del proceso social ordinario: inmediación, oralidad, concentración y celeridad.
- Vinculan a jueces y tribunales y a los secretarios judiciales en la ordenación del procedimiento.
- Las competencias de los secretarios judiciales se remiten al artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Estos principios orientan también las modalidades procesales de la Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El proceso social se interpreta y aplica según cuatro principios: inmediación, oralidad, concentración y celeridad, que también orientan las modalidades procesales.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 75. Deberes procesales de las partes.
El artículo 75 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, establece los deberes procesales de las partes.
1. Los órganos judiciales rechazarán de oficio, en resolución fundada, las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho, y corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones.
2. Quienes no sean parte en el proceso deben cumplir las obligaciones que les impongan los jueces y tribunales para garantizar los derechos de las partes y asegurar la efectividad de las resoluciones judiciales.
3. Si se produce un daño evaluable económicamente, el perjudicado podrá reclamar la indemnización ante el juzgado o tribunal que conozca o haya conocido del asunto principal.
4. Todos deben ajustarse en el proceso a las reglas de la buena fe. Si se vulneran, o se formulan pretensiones temerarias, el juez, la jueza o el tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad (ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados), una multa de seiscientos a seis mil euros, sin que pueda superar en ningún caso la tercera parte de la cuantía del litigio.
El multado podrá ser oído en justicia, pidiéndolo en el plazo de los tres días siguientes a la notificación de la multa mediante escrito ante quien la impuso. La audiencia se resuelve por auto, contra el que cabe recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que resolverá previo informe del juez, jueza o Sala que impuso la multa. Si se aprecia temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a sus reglas respectivas.
5. El incumplimiento de las obligaciones de colaboración con el proceso y de cumplir las resoluciones de los jueces y tribunales y de los secretarios judiciales, sin perjuicio de los apartados 3 y 4, dará lugar a apremios pecuniarios a las partes y multas coercitivas a los demás intervinientes o terceros, en los términos de los apartados 2 y 3 del artículo 241, pudiendo ser oídos en justicia en la forma indicada.
Datos clave
- Se rechazan de oficio las peticiones, incidentes y excepciones dilatorias o con abuso de derecho.
- Las actuaciones procesales deben ajustarse a las reglas de la buena fe.
- La multa por mala fe o temeridad va de seiscientos a seis mil euros, sin superar la tercera parte de la cuantía del litigio.
- Se impone mediante auto, en pieza separada, motivado y proporcionado.
- La audiencia en justicia se pide en tres días desde la notificación de la multa.
- Contra el auto cabe recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno.
- El incumplimiento del deber de colaboración da lugar a apremios pecuniarios y multas coercitivas del artículo 241.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Deberes de buena fe en el proceso social: se rechazan las maniobras dilatorias, los terceros deben colaborar y la temeridad o mala fe se multa entre seiscientos y seis mil euros, con un tope ligado a la cuantía.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 80. Forma y contenido de la demanda.
El artículo 80 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula la forma y el contenido de la demanda.
1. La demanda se formula por escrito, pudiendo utilizarse los formularios y procedimientos facilitados en la oficina judicial donde deba presentarse, y debe contener estos requisitos generales:
a) La designación del órgano ante quien se presenta y la expresión de la modalidad procesal por la que deba enjuiciarse la pretensión.
b) La designación del demandante, en los términos del artículo 16, con el número del documento nacional de identidad o el número y tipo de documento de identificación de los extranjeros, y de los demás interesados que deban ser llamados al proceso y sus domicilios, con nombre y apellidos de las personas físicas y denominación social de las jurídicas. Si se dirige contra una masa patrimonial, patrimonio separado, entidad o grupo sin personalidad, se harán constar además el nombre, apellidos y domicilio de sus administradores, organizadores, directores, gestores, socios o partícipes.
c) La enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de los imprescindibles para resolver. En ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o mediación ni introducirse variaciones sustanciales respecto de la vía administrativa previa en los términos del artículo 72, salvo hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse antes.
d) La súplica correspondiente, adecuada al contenido de la pretensión.
e) Si el demandante litiga por sí mismo, la designación de un domicilio, de ser posible en la localidad del juzgado o tribunal, con todos sus datos y, si dispone de ellos, número de fax, teléfono y dirección electrónica. Si designa letrado, graduado social colegiado o procurador, la demanda irá suscrita por el profesional, que asume su representación con plenas facultades procesales, sin perjuicio de la ratificación posterior en juicio salvo que se otorgue poder en forma.
f) Fecha y firma.
2. A la demanda se acompañará la documentación justificativa de haber intentado la conciliación o mediación previa, o de haber transcurrido el plazo sin celebrarse, o del agotamiento de la vía administrativa cuando proceda, o la alegación de no ser necesarias, así como los demás documentos de aportación preceptiva según la modalidad procesal.
Datos clave
- La demanda se formula por escrito, pudiendo usar los formularios de la oficina judicial.
- Debe designar el órgano y la modalidad procesal.
- No pueden alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o mediación, salvo hechos nuevos.
- Debe contener la súplica, y fecha y firma.
- Si se designa profesional, la demanda va suscrita por él y asume la representación con plenas facultades procesales.
- Se acompaña la justificación de la conciliación o mediación previa o del agotamiento de la vía administrativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La demanda social va por escrito con órgano y modalidad, partes, hechos, súplica, domicilio, fecha y firma; no puede introducir hechos distintos de la conciliación y debe acompañar la prueba de la vía previa.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 81. Admisión de la demanda.
El artículo 81 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula la admisión de la demanda.
1. El letrado o letrada de la Administración de Justicia, dentro de los tres días siguientes a la recepción de la demanda, requerirá a las partes y al Ministerio Fiscal conforme al artículo 5 si entiende que concurre falta de jurisdicción o competencia, y dará inmediata cuenta al juez, la jueza o el tribunal. En otro caso, sin perjuicio de los procedimientos de señalamiento inmediato, resolverá sobre la admisión a trámite con señalamiento de juicio, o advertirá a la parte de los defectos u omisiones relativos a los presupuestos procesales o a los documentos de preceptiva aportación, salvo lo previsto en el apartado 3, para que los subsane dentro del plazo de cuatro días.
2. Realizada la subsanación, admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al juez, jueza o tribunal para que resuelva sobre su admisibilidad dentro de los tres días siguientes.
3. Si no se acompaña certificación del acto de conciliación o mediación previa, o de la papeleta o solicitud si no se celebró en plazo legal, el letrado de la Administración de Justicia, sin perjuicio de admitir y señalar, advertirá al demandante que debe acreditar la celebración o el intento del acto en el plazo de quince días desde el día siguiente a la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones y de quedar sin efecto el señalamiento.
4. Si la demanda es admisible y en ella se solicitan diligencias de preparación de la prueba, el letrado de la Administración de Justicia acordará en el decreto de admisión lo que corresponda para posibilitar su práctica, sin perjuicio de lo que el juez decida en el juicio. Si se solicitan diligencias de anticipación o aseguramiento de la prueba, se dará cuenta al juez, jueza o tribunal para que resuelva dentro de los tres días siguientes, notificándose junto con la admisión y el señalamiento.
5. El letrado de la Administración de Justicia requerirá a la parte demandada para que, en el plazo de dos días desde la notificación de la demanda, designe letrado o letrada, graduado o graduada social o procurador o procuradora, salvo que litigue por sí misma.
Datos clave
- El letrado de la Administración de Justicia examina la demanda dentro de los tres días siguientes a su recepción.
- Los defectos u omisiones se subsanan en el plazo de cuatro días.
- Sin subsanación, el juez resuelve sobre la admisibilidad en tres días.
- La falta de certificación de conciliación o mediación previa se acredita en quince días, con apercibimiento de archivo.
- Las diligencias de anticipación o aseguramiento de prueba las resuelve el juez en tres días.
- El demandado designa profesional en dos días desde la notificación de la demanda, salvo que litigue por sí mismo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El letrado de la Administración de Justicia revisa la demanda en tres días: falta de jurisdicción, admisión con señalamiento o subsanación en cuatro días; la falta de conciliación previa se acredita en quince días.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 82. Señalamiento de los actos de conciliación y juicio.
El artículo 82 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula el señalamiento de los actos de conciliación y juicio.
1. Admitida la demanda, en la misma resolución el letrado o letrada de la Administración de Justicia señala día y hora para los actos de conciliación y de juicio, separada o sucesivamente, debiendo mediar un mínimo de diez días entre la citación y su celebración, salvo que la ley disponga otro plazo y salvo nuevo señalamiento tras una suspensión. Si la representación corresponde al abogado del Estado, al letrado de la Administración de la Seguridad Social, a los representantes procesales de las Comunidades Autónomas o de la Administración Local o al letrado de las Cortes Generales, se señala el día y hora del acto del juicio. En los señalamientos se atenderá a los criterios del artículo 182 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, procurando señalar el mismo día los que afecten a los mismos interesados y no puedan acumularse; las vistas que requieran la presencia del Ministerio Fiscal, abogado del Estado y demás letrados públicos se agruparán de forma consecutiva.
2. La conciliación, ante el letrado de la Administración de Justicia, y el juicio, ante el juez o magistrado, pueden celebrarse en distinta convocatoria. La citación se hace en forma, con entrega de copia de la demanda y documentos a los demandados, interesados y, en su caso, al Ministerio Fiscal, requiriendo a la Administración la remisión del expediente, cuando proceda, dentro de los diez días siguientes a la notificación. La conciliación separada y anticipada puede acordarse a instancia de parte, si existe posibilidad razonada de acuerdo, o de oficio por el letrado de la Administración de Justicia.
3. La conciliación anticipada se celebra a partir de los diez días desde la admisión de la demanda y, en todo caso, con una antelación mínima de treinta días al juicio, salvo los supuestos legales. Intentada sin acuerdo, se tiene por celebrada sin necesidad de reiterarla el día de la vista, salvo que antes del juicio las partes manifiesten su intención de alcanzar un acuerdo.
4. En las cédulas de citación consta que los actos no se suspenderán por incomparecencia del demandado, salvo causa justificada y supuestos legales; que los litigantes han de concurrir con todos los medios de prueba; y que pueden formalizar conciliación en evitación del juicio. Pueden someter la cuestión a mediación sin que ello suspenda la comparecencia, salvo que lo soliciten ambas partes de común acuerdo, y por el tiempo máximo del procedimiento, que no podrá exceder de quince días.
5. En la citación se requerirá el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, con diez días de antelación al juicio, de la prueba documental o pericial, que se presentará en formato electrónico salvo que la parte no esté obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia. Transcurrido ese plazo, solo se admitirán documentos y dictámenes sobre el fondo si son de fecha posterior y no pudieron obtenerse antes; si son anteriores y la parte justifica no haber conocido su existencia; o si no pudieron obtenerse antes por causas no imputables a la parte, habiendo designado en plazo dónde se encuentran. Si se presentan fuera de plazo sin estar en esos casos, las demás partes podrán alegar su improcedencia y, si se aprecia ánimo dilatorio o mala fe, podrá imponerse una multa dentro de los límites del artículo 75.4.
6. Cuando la representación y defensa corresponda al abogado del Estado, se le concede un plazo de veintidós días para consultar a la Abogacía General del Estado; igual plazo tiene el letrado de la Administración de la Seguridad Social para consultar a la Dirección de su Servicio Jurídico, y se aplica a las Comunidades Autónomas y a los letrados de las Cortes Generales. El juicio se señalará en fecha posterior a ese plazo.
Datos clave
- Entre la citación y la celebración de los actos debe mediar un mínimo de diez días.
- La Administración remite el expediente dentro de los diez días siguientes a la notificación.
- La conciliación anticipada se celebra a partir de los diez días desde la admisión y con antelación mínima de treinta días al juicio.
- La mediación no suspende la comparecencia salvo acuerdo de ambas partes y por un máximo de quince días.
- La prueba documental o pericial se traslada o aporta con diez días de antelación al juicio, en formato electrónico.
- El abogado del Estado y el letrado de la Seguridad Social disponen de veintidós días para consulta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Señalamiento de conciliación y juicio: diez días mínimos tras la citación, conciliación anticipada, mediación de hasta quince días, aportación de prueba con diez días de antelación y veintidós días para los letrados públicos.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
El artículo 83 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula la suspensión de los actos de conciliación y juicio.
1. Solo a petición de ambas partes o por motivos justificados, acreditados ante el secretario judicial, podrá este suspender, por una sola vez, los actos de conciliación y juicio, señalándolos nuevamente dentro de los diez días siguientes a la fecha de la suspensión. Excepcionalmente, y por circunstancias trascendentes adecuadamente probadas, podrá acordarse una segunda suspensión.
En caso de coincidencia de señalamientos, si no es posible la sustitución dentro de la misma representación o defensa, justificados los requisitos del ordinal 6.º del artículo 188.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y previa comunicación a los demás profesionales, se procurará acomodar el señalamiento dentro de la misma fecha y, en su defecto, habilitar uno nuevo, evitando nuevas coincidencias.
2. Si el actor, citado en forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión, el secretario judicial, en la conciliación, o el juez o tribunal, en el juicio, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado al acto de conciliación no impide la celebración de los actos de conciliación y juicio, que continúa sin necesidad de declarar su rebeldía y sin perjuicio de la sanción que pueda imponerse en sentencia conforme al artículo 97.3.
4. Los profesionales de la Abogacía y de la procura pueden acogerse a las mismas causas de suspensión por circunstancias personales o familiares que les reconoce la Ley de Enjuiciamiento Civil, causas aplicables igualmente a los graduados y graduadas sociales.
Datos clave
- La suspensión procede solo a petición de ambas partes o por motivos justificados y por una sola vez.
- El nuevo señalamiento se hace dentro de los diez días siguientes a la suspensión.
- Excepcionalmente cabe una segunda suspensión por circunstancias trascendentes probadas.
- La incomparecencia injustificada del actor supone tenerle por desistido de su demanda.
- La incomparecencia del demandado no impide los actos ni exige declarar su rebeldía; puede sancionarse conforme al artículo 97.3.
- Las causas personales o familiares de suspensión de abogados y procuradores se aplican también a los graduados sociales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La conciliación y el juicio solo se suspenden a petición de ambas partes o por causa justificada, una vez y con nuevo señalamiento en diez días; si falta el actor, se le tiene por desistido.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 84. Celebración del acto de conciliación.
El artículo 84 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula la celebración del acto de conciliación.
1. El letrado o letrada de la Administración de Justicia intenta la conciliación, con la labor mediadora que le es propia, y advierte a las partes de sus derechos y obligaciones. Si hay avenencia, dicta decreto aprobándola y acordando el archivo de las actuaciones. Le corresponde también aprobar el acuerdo alcanzado antes del día del juicio, si se señaló conciliación anticipada, o en la misma fecha si conciliación y juicio se señalaron sucesivamente; las partes pueden anticipar la conciliación por vía telemática. Si el acuerdo viene firmado digitalmente por todas las partes, se dicta decreto en el plazo máximo de tres días; en su defecto, se cita a las partes para su ratificación y firma en un plazo máximo de cinco días. La conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia y los acuerdos aprobados por él tienen, a todos los efectos legales, la consideración de conciliación judicial.
2. Si el secretario judicial estima que lo convenido es constitutivo de lesión grave para alguna de las partes o para terceros, de fraude de ley o de abuso de derecho, o contrario al interés público, no aprobará el acuerdo y advertirá a las partes que deben comparecer ante el juez para el juicio.
3. Sin avenencia ante el letrado de la Administración de Justicia y celebrándose el juicio, la aprobación del acuerdo que alcancen entonces las partes corresponde al juez, la jueza o el tribunal, mediante resolución oral o escrita documentada en el propio acuerdo. Solo cabe nueva intervención del letrado aprobando un acuerdo si el juicio se suspende por cualquier causa. Si la conciliación anticipada del artículo 82 resulta sin acuerdo, el letrado dejará constancia en el acta de los aspectos controvertidos y, si concurren cuestiones procesales que puedan suspender el juicio (como terceros que deban ser llamados o la situación concursal de algún interviniente), advertirá a las partes en los términos del artículo 81.
4. Del acto de conciliación se extiende la correspondiente acta.
5. La conciliación y los acuerdos aprobados se llevan a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias.
6. La acción para impugnar la validez de la conciliación se ejercita ante el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido la demanda, por los trámites y recursos de esta Ley, y caduca a los treinta días de la fecha de su celebración. Para los terceros perjudicados el plazo cuenta desde que pudieran haber conocido el acuerdo. Las partes pueden ejercitar la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos y los terceros pueden fundar la impugnación en ilegalidad o lesividad.
Datos clave
- La conciliación la intenta el letrado o letrada de la Administración de Justicia, que aprueba la avenencia por decreto.
- Acuerdo firmado digitalmente por todas las partes: decreto en el plazo máximo de tres días; en otro caso, comparecencia en cinco días.
- La conciliación ante el letrado tiene la consideración de conciliación judicial.
- No se aprueba el acuerdo con lesión grave, fraude de ley, abuso de derecho o contrario al interés público.
- Lo convenido se ejecuta por los trámites de la ejecución de sentencias.
- La acción para impugnar la conciliación caduca a los treinta días de su celebración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La conciliación la intenta el letrado de la Administración de Justicia, que aprueba la avenencia por decreto con valor de conciliación judicial; no aprueba acuerdos lesivos o fraudulentos, y su impugnación caduca a los treinta días.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 85. Celebración del juicio.
El artículo 85 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula la celebración del juicio.
1. En el acto del juicio, dada cuenta de lo actuado, se resuelven primero, motivadamente, en forma oral y oídas las partes, las cuestiones previas que se formulen, así como los recursos u otras incidencias pendientes, sin perjuicio de su ulterior sucinta fundamentación en la sentencia. Igualmente, oídas las partes, se resuelven las cuestiones que el juez, la jueza o el tribunal plantee sobre su competencia, los presupuestos de la demanda o el alcance de la pretensión, sin prejuzgar el fondo. A continuación, el demandante ratifica o amplía su demanda, sin que pueda hacer en ella variación sustancial.
2. El demandado contesta afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda y alegando las excepciones que estime procedentes.
3. Solo puede formular reconvención si la anunció en la conciliación previa o en la contestación a la reclamación previa en prestaciones de Seguridad Social o en la resolución que agote la vía administrativa, expresando en esencia los hechos y la petición. No se admite si el órgano no es competente, si la acción debe ventilarse en modalidad distinta y no es acumulable, o si no hay conexión con la demanda principal. No es necesaria reconvención para alegar compensación de deudas vencidas y exigibles sin pretensión de condena reconvencional, ni, en general, cuando el demandado solo pretenda ser absuelto; basta alegarlo en la contestación. Si la deuda no es líquida, deben expresarse los hechos y la forma de liquidación y haberla anunciado en la conciliación, mediación o reclamación previa. De la reconvención y de las excepciones procesales se da traslado a las demás partes.
4. Las partes hacen uso de la palabra cuantas veces el juez o tribunal lo estime necesario.
5. Las partes pueden alegar lo conveniente a efectos de la letra b) del artículo 191.3, sin necesidad de prueba cuando sea notorio que el proceso afecta a muchos trabajadores o beneficiarios.
6. Sin cuestiones procesales, o contestadas estas, las partes y el tribunal fijan los hechos sobre los que hay conformidad o disconformidad, consignando en el acta los extremos esenciales conformes a efectos de recurso. Las partes pueden facilitar notas breves de cálculo o resumen de datos numéricos.
7. El allanamiento total o parcial se aprueba por el órgano jurisdiccional, oídas las demás partes, si no supone renuncia prohibida de derechos, fraude de ley, perjuicio a terceros o es contrario al interés público, mediante resolución que puede ser oral. Si es total, se dicta sentencia condenatoria conforme a las pretensiones del actor; si es parcial, puede dictarse auto aprobatorio ejecutable por los trámites de la ejecución definitiva parcial, continuando el juicio sobre lo no allanado.
8. Practicada la prueba y antes de las conclusiones, salvo oposición de alguna parte, el juez o tribunal puede suscitar la posibilidad de un acuerdo; si no se alcanza, prosigue el juicio.
Datos clave
- Primero se resuelven, oralmente y oídas las partes, las cuestiones previas e incidencias pendientes.
- El demandante ratifica o amplía la demanda sin variación sustancial.
- La reconvención solo cabe si se anunció en la conciliación previa o en la reclamación o vía administrativa previa.
- No hace falta reconvención para alegar compensación de deudas vencidas y exigibles.
- Se fijan los hechos conformes y disconformes, que pueden consignarse en el acta.
- El allanamiento total conlleva sentencia condenatoria conforme a lo pedido por el actor.
- Tras la prueba y antes de las conclusiones, el juez puede suscitar un acuerdo salvo oposición de alguna parte.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Orden del juicio social: cuestiones previas, ratificación de la demanda, contestación, reconvención solo si se anunció antes, fijación de hechos, allanamiento y posible acuerdo antes de conclusiones.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 87. Práctica de la prueba en el acto de juicio.
1. Se admitirán las pruebas que se formulen y puedan practicarse en el acto, respecto de los hechos sobre los que no hubiere conformidad salvo en los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes, siempre que aquéllas sean útiles y directamente pertinentes a lo que sea el objeto del juicio y a las alegaciones o motivos de oposición previamente formulados por las partes en el trámite de ratificación o de contestación de la demanda. Podrán admitirse también aquellas que requieran la traslación del juez o tribunal fuera del local de la audiencia, si se estimasen imprescindibles. En este caso, se suspenderá el juicio por el tiempo estrictamente necesario.
2. El juez o tribunal resolverá sobre la pertinencia de las pruebas propuestas y determinará la naturaleza y clase de medio de prueba de cada una de ellas según lo previsto en el artículo 299 del la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la presente Ley. Asimismo resolverá sobre las posibles diligencias complementarias o de adveración de las pruebas admitidas y sobre las preguntas que puedan formular las partes.
La parte proponente podrá hacer constar su protesta en el acto contra la inadmisión de cualquier medio de prueba, diligencia o pregunta, consignándose en el acta la pregunta o la prueba solicitada, la resolución denegatoria, la fundamentación razonada de la denegación y la protesta, todo a efectos del correspondiente recurso contra la sentencia.
Una vez comenzada la práctica de una prueba admitida, si renunciase a ella la parte que la propuso, podrá el órgano judicial, sin ulterior recurso, acordar que continúe.
3. El órgano judicial podrá hacer, tanto a las partes como a los peritos y testigos, las preguntas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Los litigantes y los defensores podrán ejercitar el mismo derecho.
El juez o tribunal, sin apartarse de las pretensiones y causa de pedir que expresen las partes en la demanda y contestación, podrá someter a las partes para alegaciones durante el juicio cuantas cuestiones deban ser resueltas de oficio o resulten de la fundamentación jurídica aplicable, aun cuando hubiera sido alegada de modo incompleto o incorrecto. Igualmente podrá solicitar alegaciones sobre los posibles pronunciamientos derivados que por mandato legal, o por conexión o consecuencia, resulten necesariamente de las pretensiones formuladas por las partes. Si el acto de juicio hubiere quedado concluso, la audiencia a este respecto se sustanciará por el plazo común de tres días, mediante alegaciones escritas y preferiblemente por medio informático o telemático, siguiéndose el trámite del apartado 6 de este mismo artículo.
4. Practicada la prueba, las partes o sus defensores o representantes, en su caso, formularán oralmente sus conclusiones de un modo concreto y preciso, determinando en virtud del resultado de la prueba, de manera líquida y sin alterar los puntos fundamentales y los motivos de pedir invocados en la demanda o en la reconvención, si la hubiere, las cantidades que, por cualquier concepto, sean objeto de petición de condena principal o subsidiaria; o bien, en su caso, formularán la solicitud concreta y precisa de las medidas con que puede ser satisfecha la pretensión ejercitada. Si las partes no lo hicieran en este trámite, el juez o tribunal deberá requerirles para que lo hagan, sin que en ningún caso pueda reservarse tal determinación para la ejecución de sentencia.
5. Si el órgano judicial no se considerase suficientemente ilustrado sobre las cuestiones de cualquier género objeto del debate, concederá a ambas partes el tiempo que crea conveniente, para que informen o den explicaciones sobre los particulares que les designe.
6. Si las pruebas documentales o periciales practicadas resultasen de extraordinario volumen o complejidad, el juez o tribunal podrá conceder a las partes la posibilidad de efectuar sucintas conclusiones complementarias, por escrito y preferiblemente por medios telemáticos, sobre los particulares que indique, en relación exclusiva con dichos elementos de prueba, dentro de los tres días siguientes, justificando haber efectuado previa remisión a las demás partes comparecidas por los mismos medios. Durante el referido período, los documentos o pericias estarán a disposición de las partes en la oficina judicial y una vez transcurrido, háyanse presentado o no alegaciones, se iniciará el plazo para dictar sentencia.
Datos clave
- Se admiten las pruebas útiles y directamente pertinentes que puedan practicarse en el acto, sobre hechos sin conformidad.
- El juez resuelve la pertinencia y determina el medio de prueba según el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- La parte puede hacer constar su protesta contra la inadmisión de un medio de prueba, a efectos de recurso.
- Concluso el juicio, la audiencia sobre cuestiones de oficio se sustancia por plazo común de tres días.
- Las conclusiones se formulan oralmente y de manera líquida, sin poder reservar la determinación para la ejecución de sentencia.
- Pruebas de extraordinario volumen o complejidad: conclusiones complementarias por escrito dentro de los tres días siguientes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula la práctica de la prueba en el juicio: su pertinencia, la protesta frente a inadmisiones de cara al recurso, y las conclusiones orales líquidas que las partes deben formular tras la prueba, sin poder reservarlas para la ejecución de sentencia.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 96. Carga de la prueba en casos de discriminación y en accidentes de trabajo.
1. En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
2. En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira.
Datos clave
- Ante indicios fundados de discriminación o vulneración de un derecho fundamental, corresponde al demandado justificar objetiva y razonablemente las medidas y su proporcionalidad.
- Incluye discriminación por sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y acoso.
- En accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, los deudores de seguridad deben probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir el riesgo.
- No exonera la culpa no temeraria del trabajador ni la derivada del ejercicio habitual del trabajo o de la confianza que inspira.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Invierte la carga de la prueba: ante indicios fundados de discriminación corresponde al demandado justificar objetivamente sus medidas; en accidentes de trabajo, a los deudores de seguridad probar que adoptaron las medidas preventivas necesarias.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 97. Forma de la sentencia.
El artículo 97 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula la forma de la sentencia.
1. El juez o tribunal dictará sentencia en el plazo de cinco días, publicándose inmediatamente y notificándose a las partes o a sus representantes dentro de los dos días siguientes.
2. La sentencia expresará, en los antecedentes de hecho, un resumen suficiente de los debatidos. Apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos probados, razonando en los fundamentos de derecho cómo ha llegado a esa conclusión, en particular cuando no recoja afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, fundamentará suficientemente los pronunciamientos del fallo.
3. La sentencia, motivadamente, podrá imponer una sanción pecuniaria, dentro de los límites del artículo 75.4, al litigante que no acudió injustificadamente al acto de conciliación ante el servicio administrativo o a mediación, conforme al artículo 83.3, y al que obró de mala fe o con temeridad. También podrá imponerla cuando la sentencia condenatoria coincida esencialmente con la pretensión de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación. En esos casos, si el condenado es el empresario, abonará también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria, hasta el límite de seiscientos euros.
Estas medidas se imponen a solicitud de parte o de oficio, previa audiencia de las partes personadas en la vista. Si se considera de oficio una vez concluido el juicio, se concede a las partes un término de dos días para alegaciones escritas. En la incomparecencia sin causa justificada a la conciliación o mediación, incluida la conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia, se aplican las medidas del artículo 66.3.
4. La sentencia indicará si es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, el órgano ante el que interponerlos, el plazo y los requisitos, así como los depósitos y consignaciones necesarios y la forma de efectuarlos.
Datos clave
- La sentencia se dicta en el plazo de cinco días.
- Se notifica a las partes dentro de los dos días siguientes.
- Debe declarar expresamente los hechos probados y fundamentar el fallo.
- Puede imponer sanción pecuniaria dentro de los límites del artículo 75.4 por incomparecencia injustificada a la conciliación, mala fe o temeridad.
- Si el condenado es el empresario, abona honorarios de abogados y graduados sociales contrarios hasta seiscientos euros.
- Si la sanción se plantea de oficio tras el juicio, las partes tienen dos días para alegaciones.
- Debe indicar si es firme y los recursos, plazos, depósitos y consignaciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La sentencia social se dicta en cinco días y se notifica en dos; declara hechos probados, puede sancionar la incomparecencia, la mala fe o la temeridad y debe indicar si es firme y qué recursos caben.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 102. Modalidades procesales.
1. En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Título, regirán las disposiciones establecidas para el proceso ordinario.
2. Se dará al procedimiento la tramitación que resulte conforme a la modalidad procesal expresada en la demanda. No obstante, si en cualquier momento desde la presentación de la demanda se advirtiere la inadecuación del procedimiento seguido, se procederá a dar al asunto la tramitación que corresponda a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas, sin vinculación necesaria a la modalidad elegida por las partes y completando, en su caso, los trámites que fueren procedentes según la modalidad procesal adecuada, con aplicación del régimen de recursos que corresponda a la misma. No procederá el sobreseimiento del proceso o la absolución en la instancia por inadecuación de la modalidad procesal, salvo cuando no sea posible completar la tramitación seguida hasta ese momento o cuando la parte actora persista en la modalidad procesal inadecuada.
3. Las acciones del trabajador autónomo económicamente dependiente cuyo conocimiento corresponda al orden social se ejercitarán a través del proceso ordinario o de la modalidad procesal adecuada a la naturaleza de las pretensiones formuladas, dentro del plazo de prescripción o de caducidad previsto en su caso para la misma o que resulte de la modalidad procesal aplicable, y en su defecto, regirá el plazo de prescripción de un año desde que pudieran ser ejercitadas.
Datos clave
- En lo no previsto expresamente rigen las disposiciones del proceso ordinario.
- Si se advierte inadecuación del procedimiento, se da la tramitación que corresponda sin vinculación a la modalidad elegida por las partes.
- No procede el sobreseimiento por inadecuación de modalidad, salvo imposibilidad de completar la tramitación o persistencia del actor.
- Acciones del trabajador autónomo económicamente dependiente: en defecto de plazo propio, prescripción de un año desde que pudieran ejercitarse.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija el proceso ordinario como régimen supletorio de las modalidades procesales, permite reconducir de oficio una modalidad mal elegida sin sobreseer el proceso, y da al trabajador autónomo económicamente dependiente un plazo de un año en defecto de otro específico.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 103. Presentación de la demanda por despido.
El artículo 103 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula la presentación de la demanda por despido.
1. El trabajador puede reclamar contra el despido dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido. El plazo es de caducidad a todos los efectos y no se computan los sábados, domingos y festivos en la sede del órgano jurisdiccional.
2. Si se promueve papeleta de conciliación, solicitud de mediación o demanda por despido contra quien erróneamente se consideró empresario y después se acredita que lo era un tercero, el trabajador puede promover nueva demanda contra este, o ampliarla si no se ha celebrado el juicio, sin que comience el cómputo de la caducidad hasta que conste quién es el empresario.
3. Las normas de este capítulo se aplican a la impugnación de las decisiones empresariales de extinción del contrato con las especialidades necesarias, sin perjuicio del artículo 120 y de las consecuencias sustantivas de cada tipo de extinción.
4. Cuando el trabajador manifieste que la empresa no ha tramitado su baja por despido en la Tesorería General de la Seguridad Social, el procedimiento será urgente y preferente: la vista se señalará dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda y la sentencia se dictará en el plazo de cinco días.
5. Esa misma tramitación se aplica a las demandas que soliciten la extinción de la relación laboral por la causa del artículo 50.1.b) del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.
Datos clave
- Plazo de veinte días hábiles desde el despido para reclamar.
- Es plazo de caducidad y no computan sábados, domingos ni festivos en la sede del órgano.
- Si se demandó a un falso empresario, la caducidad no corre hasta que conste quién es el empresario.
- Si la empresa no ha tramitado la baja en la Tesorería General, el procedimiento es urgente: vista en cinco días y sentencia en cinco días.
- La misma tramitación urgente se aplica a la extinción por la causa del artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para demandar por despido hay veinte días hábiles de caducidad. Si se demandó a un falso empresario, el plazo no corre hasta saber quién es el real; y si la empresa no tramitó la baja en la TGSS, el proceso es urgente.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 104. Requisitos de la demanda por despido.
Las demandas por despido, además de los requisitos generales previstos, deberán contener los siguientes:
a) Antigüedad, concretando los períodos en que hayan sido prestados los servicios; categoría profesional; salario, tiempo y forma de pago; lugar de trabajo; modalidad y duración del contrato; jornada; categoría profesional; características particulares, si las hubiere, del trabajo que se realizaba antes de producirse el despido.
b) Fecha de efectividad del despido, forma en que se produjo y hechos alegados por el empresario, acompañando la comunicación recibida, en su caso, o haciendo mención suficiente de su contenido.
c) Si el trabajador ostenta, o ha ostentado en el año anterior al despido, la cualidad de representante legal o sindical de los trabajadores, así como cualquier otra circunstancia relevante para la declaración de nulidad o improcedencia o para la titularidad de la opción derivada, en su caso.
d) Si el trabajador se encuentra afiliado a algún sindicato, en el supuesto de que alegue la improcedencia del despido por haberse realizado éste sin la previa audiencia de los delegados sindicales, si los hubiera.
Datos clave
- Las demandas por despido añaden requisitos a los generales.
- Antigüedad, categoría profesional, salario, lugar de trabajo, modalidad y duración del contrato y jornada.
- Fecha de efectividad, forma del despido y hechos alegados por el empresario, acompañando la comunicación recibida.
- Si el trabajador ostenta o ha ostentado en el año anterior la cualidad de representante legal o sindical.
- Afiliación sindical, si se alega improcedencia por falta de audiencia previa de los delegados sindicales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La demanda por despido añade a los requisitos generales cuatro bloques: datos de la relación laboral, datos del despido, condición de representante y afiliación sindical en su caso.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 105. Posición de las partes.
El artículo 105 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula la posición de las partes en el proceso por despido.
1. Ratificada, en su caso, la demanda, corresponde al demandado exponer sus posiciones en primer lugar, tanto en la fase de alegaciones como en la práctica de la prueba y en la fase de conclusiones. Asimismo, le corresponde la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo.
2. Para justificar el despido, al demandado no se le admitirán en el juicio otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la comunicación escrita de dicho despido.
Este régimen invierte el orden habitual de intervención del proceso ordinario: quien ha despedido debe defender primero su decisión y acreditar los hechos en que la fundó.
Datos clave
- El demandado expone sus posiciones en primer lugar en alegaciones, prueba y conclusiones.
- Al demandado le corresponde probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido.
- Solo se admiten los motivos de oposición contenidos en la comunicación escrita del despido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En el juicio por despido se invierte el orden: el empresario demandado habla primero, debe probar los hechos de la carta de despido y no puede añadir motivos que no estén en ella.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 106. Garantías del proceso.
1. En los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 32 habrán de respetarse las garantías que, respecto de las alegaciones, prueba y conclusiones, se establecen para el proceso de despido disciplinario.
2. En los despidos de miembros de comité de empresa, delegados de personal o delegados sindicales habrá de aportarse por la demandada el expediente contradictorio legalmente exigido.
Datos clave
- Supuestos del artículo 32.1: se respetan las garantías del proceso de despido disciplinario en alegaciones, prueba y conclusiones.
- Despido de miembros del comité de empresa, delegados de personal o delegados sindicales: la demandada aporta el expediente contradictorio.
- El expediente contradictorio es el legalmente exigido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los supuestos del apartado 1 del artículo 32 se respetan las garantías del despido disciplinario, y si el despedido es representante, la empresa debe aportar el expediente contradictorio.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 107. Hechos probados.
En los hechos que se estimen probados en la sentencia deberán hacerse constar las siguientes circunstancias:
a) Antigüedad, concretando los períodos en que hayan sido prestados los servicios; categoría profesional; salario, tiempo y forma de pago; lugar de trabajo; modalidad y duración del contrato; jornada; características particulares, si las hubiere, del trabajo que se realizaba antes de producirse el despido.
b) Fecha y forma del despido, causas invocadas para el mismo, en su caso, y hechos acreditados en relación con dichas causas.
c) Si el trabajador ostenta o ha ostentado en el año anterior al despido, la condición de delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical, así como cualquier otra circunstancia relevante para la declaración de nulidad o improcedencia o para la titularidad de la opción derivada, en su caso.
Datos clave
- Los hechos probados recogen antigüedad, categoría, salario, lugar de trabajo, modalidad, duración y jornada.
- También la fecha y forma del despido, sus causas y los hechos acreditados.
- Debe constar si el trabajador es o ha sido en el año anterior delegado de personal, miembro del comité o delegado sindical.
- Así como cualquier circunstancia relevante para la nulidad, improcedencia o titularidad de la opción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los hechos probados de la sentencia de despido recogen tres bloques: datos de la relación laboral, fecha, forma y causas del despido, y la condición representativa del trabajador.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 108. Calificación del despido por la sentencia.
El artículo 108 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula la calificación del despido por la sentencia.
1. En el fallo de la sentencia, el juez calificará el despido como procedente, improcedente o nulo.
Será procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en el escrito de comunicación. En caso contrario, o si se han incumplido los requisitos de forma del artículo 55.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, será improcedente.
Si el despido es improcedente porque los hechos acreditados no revisten gravedad suficiente pero constituyen una infracción de menor entidad según las normas alegadas, el juez podrá autorizar la imposición de una sanción adecuada a la gravedad de la falta, si la de menor gravedad no había prescrito antes de la sanción de despido. El empresario podrá imponerla en el plazo de caducidad de los diez días siguientes a la firmeza de la sentencia, previa readmisión del trabajador en debida forma. El trabajador podrá revisar esa decisión, en el plazo también de caducidad de los veinte días siguientes a su notificación, mediante incidente de ejecución de la sentencia de despido conforme al artículo 238.
2. El despido será nulo en los supuestos del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores.
3. Si se acredita que el móvil del despido obedece a alguna de esas causas de nulidad, el juez se pronunciará sobre ella, con independencia de la forma del despido.
Datos clave
- El despido se califica como procedente, improcedente o nulo.
- Es procedente cuando se acredita el incumplimiento alegado en la comunicación escrita.
- Es improcedente si no se acredita o se incumplen los requisitos de forma del artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores.
- Sanción de menor entidad autorizada: el empresario puede imponerla en diez días desde la firmeza, previa readmisión.
- El trabajador puede revisarla en veinte días mediante incidente de ejecución del artículo 238.
- El despido es nulo en los supuestos del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La sentencia califica el despido como procedente, improcedente o nulo. Si los hechos solo son una falta menor, el juez puede autorizar una sanción menor, con plazos de diez días para imponerla y veinte para revisarla.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 109. Efectos del despido procedente.
Si se estima el despido procedente se declarará convalidada la extinción del contrato que aquél produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.
Datos clave
- El despido procedente convalida la extinción del contrato.
- No genera derecho a indemnización.
- No genera derecho a salarios de tramitación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si el despido es procedente, se convalida la extinción del contrato sin indemnización ni salarios de tramitación.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 110. Efectos del despido improcedente.
El artículo 110 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula los efectos del despido improcedente.
1. Si el despido se declara improcedente, se condena al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones anteriores al despido y al abono de los salarios de tramitación del artículo 56.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o, a elección del empresario, al abono de una indemnización cuya cuantía se fija conforme al artículo 56.1 de dicha Ley, con estas particularidades:
a) En el acto de juicio, el titular de la opción entre readmisión e indemnización puede anticiparla, para el caso de improcedencia, mediante manifestación expresa, sobre la que se pronunciará el juez en la sentencia, sin perjuicio de los artículos 111 y 112.
b) A solicitud del demandante, si consta que la readmisión no es realizable, puede tenerse por hecha la opción por la indemnización en la sentencia, declarando extinguida la relación en ella y condenando al empresario a la indemnización calculada hasta la fecha de la sentencia.
c) En los despidos improcedentes de trabajadores con relación laboral de carácter especial, la indemnización será la que establezca, en su caso, la norma reguladora de esa relación especial.
2. Si se declara improcedente el despido de un representante legal o sindical de los trabajadores, la opción corresponde al trabajador.
3. La opción se ejercita mediante escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado de lo Social dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia que declare la improcedencia, sin esperar a su firmeza si es la de instancia.
4. Si el despido se declaró improcedente por incumplimiento de los requisitos de forma y se optó por la readmisión, puede efectuarse un nuevo despido dentro del plazo de siete días desde la notificación de la sentencia. Ese despido no subsana el primitivo acto extintivo: es un nuevo despido que surte efectos desde su fecha.
Datos clave
- Improcedencia: readmisión con salarios de tramitación o, a elección del empresario, indemnización del artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores.
- La opción puede anticiparse en el acto de juicio.
- Si la readmisión no es realizable, a solicitud del demandante puede extinguirse la relación en la sentencia con indemnización calculada hasta su fecha.
- En el despido de un representante legal o sindical la opción corresponde al trabajador.
- La opción se ejercita en cinco días desde la notificación de la sentencia, sin esperar a su firmeza.
- Improcedencia por defectos de forma con readmisión: nuevo despido posible en siete días, con efectos desde su fecha.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Despido improcedente: readmisión con salarios de tramitación o indemnización, a elección del empresario; si el despedido es representante, elige el trabajador. La opción se ejercita en cinco días.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 111. Efectos del recurso contra la sentencia de declaración de improcedencia del despido.
El artículo 111 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula los efectos del recurso contra la sentencia que declara la improcedencia del despido.
1. Si la sentencia que declara la improcedencia es recurrida, la opción del empresario produce estos efectos:
a) Si optó por la readmisión, cualquiera que sea el recurrente, esta se llevará a efecto de forma provisional en los términos del artículo 297.
b) Si optó por la indemnización, recurra el empresario o el trabajador, no procede la readmisión mientras penda el recurso, y durante su tramitación el trabajador se considera en situación legal de desempleo involuntario según el artículo 208.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Si la sentencia que resuelve el recurso del trabajador eleva la indemnización, el empresario, dentro de los cinco días siguientes a su notificación, puede cambiar el sentido de su opción; en tal caso, la readmisión retrotrae sus efectos económicos a la fecha de la primera elección, deduciéndose lo percibido por el trabajador como prestación por desempleo. Esa cantidad, y la aportación empresarial a la Seguridad Social por el trabajador, la ingresará el empresario en la Entidad gestora. A efectos de un futuro derecho a la protección por desempleo, ese período se considera de ocupación cotizada.
2. Cualquiera que sea la opción, se tiene por no hecha si el tribunal superior, al resolver el recurso, declara nulo el despido. Si se confirma la sentencia recurrida, el sentido de la opción no puede alterarse.
Datos clave
- Opción por la readmisión recurrida: se ejecuta provisionalmente conforme al artículo 297.
- Opción por la indemnización: no hay readmisión mientras penda el recurso y el trabajador está en situación legal de desempleo involuntario.
- Si el recurso del trabajador eleva la indemnización, el empresario puede cambiar su opción en cinco días.
- El período se considera de ocupación cotizada para la futura protección por desempleo.
- La opción se tiene por no hecha si el tribunal superior declara nulo el despido.
- Si se confirma la sentencia, la opción no puede alterarse.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si se recurre la sentencia de improcedencia, todo depende de la opción: la readmisión se ejecuta provisionalmente; con indemnización no hay readmisión y el trabajador queda en desempleo involuntario.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 112. Efectos del recurso contra la sentencia de declaración de improcedencia del despido de un representante legal o sindical de los trabajadores.
1. Cuando la sentencia que declarase la improcedencia del despido de un representante legal o sindical de los trabajadores fuese recurrida, la opción ejercitada por dichos representantes tendrá las siguientes consecuencias:
a) Cuando el trabajador hubiese optado por la readmisión, cualquiera que sea la parte que recurra, habrá de estarse a lo dispuesto por el artículo 297.
b) De haberse optado por la indemnización, tanto si recurre el trabajador como el empresario, no procederá la readmisión ni el abono de salarios mientras esté pendiente el recurso, si bien durante la sustanciación del recurso el trabajador se considerará en situación legal de desempleo involuntario. Si la sentencia que resuelva el recurso interpuesto por el empresario disminuyera la cuantía de la indemnización, el trabajador, dentro de los cinco días siguientes al de su notificación, podrá cambiar el sentido de su opción y, en tal caso, la readmisión retrotraerá a sus efectos económicos a la fecha en que tuvo lugar la primera elección, deduciéndose de las cantidades que por tal concepto se abonen las que, en su caso, hubiera percibido el trabajador en concepto de prestación por desempleo. La citada cantidad, así como la correspondiente a la aportación empresarial a la Seguridad Social por dicho trabajador, habrá de ser ingresada por el empresario en la Entidad gestora.
A efectos del reconocimiento de un futuro derecho a la protección por desempleo, el período al que se refiere el párrafo anterior se considerará de ocupación cotizada.
2. Cualquiera que sea el sentido de la opción ejercitada, ésta se tendrá por no hecha si el tribunal superior, al resolver el recurso, declarase nulo el despido. Cuando se confirme la sentencia recurrida, el sentido de la opción no podrá ser alterado.
Datos clave
- La opción en la improcedencia del despido de un representante legal o sindical corresponde al propio trabajador.
- Si optó por la readmisión, se aplica el artículo 297, cualquiera que sea la parte que recurra.
- Si optó por la indemnización, no procede readmisión ni abono de salarios mientras penda el recurso y está en situación legal de desempleo involuntario.
- Si el recurso del empresario disminuye la indemnización, el trabajador puede cambiar su opción en cinco días.
- El período se considera de ocupación cotizada para la futura protección por desempleo.
- La opción se tiene por no hecha si el tribunal superior declara nulo el despido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si se recurre la improcedencia del despido de un representante, la opción por readmisión remite al artículo 297; la opción por indemnización no da readmisión ni salarios mientras penda el recurso.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 113. Efectos de la declaración de nulidad del despido.
Si el despido fuera declarado nulo se condenará a la inmediata readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir. La sentencia será ejecutada de forma provisional en los términos establecidos por el artículo 297, tanto si fuera recurrida por el empresario como si lo fuera por el trabajador.
Datos clave
- El despido nulo conlleva la inmediata readmisión del trabajador.
- Se abonan los salarios dejados de percibir.
- La sentencia se ejecuta provisionalmente conforme al artículo 297, recurra el empresario o el trabajador.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Despido nulo: readmisión inmediata con salarios dejados de percibir, y la sentencia se ejecuta provisionalmente conforme al artículo 297 recurra quien recurra.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 114. Impugnación de sanciones.
1. El trabajador podrá impugnar la sanción que le hubiere sido impuesta mediante demanda, que habrá de ser presentada dentro del plazo señalado en el artículo 103.
2. En los procesos de impugnación de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, la parte demandada habrá de aportar el expediente contradictorio legalmente establecido.
3. Corresponderá al empresario probar la realidad de los hechos imputados al trabajador, y su entidad, sin que puedan ser admitidos otros motivos de oposición a la demanda que los alegados en su momento para justificar la sanción. Las alegaciones, pruebas y conclusiones deberán ser realizadas por las partes en el orden establecido para los despidos disciplinarios.
Datos clave
- La sanción se impugna por demanda dentro del plazo del artículo 103.
- En sanciones por faltas graves o muy graves a representantes legales o sindicales, la demandada aporta el expediente contradictorio.
- Corresponde al empresario probar la realidad de los hechos imputados y su entidad.
- No se admiten otros motivos de oposición que los alegados para justificar la sanción.
- Alegaciones, pruebas y conclusiones siguen el orden de los despidos disciplinarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El trabajador impugna la sanción por demanda en el plazo del artículo 103; el empresario prueba los hechos y su entidad y no puede alegar motivos nuevos.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 120. Tramitación.
El artículo 120 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula la tramitación de los procesos por extinción del contrato por causas objetivas.
1. Los procesos derivados de la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas se ajustan a las normas del Capítulo relativo a los procesos por despidos y sanciones, sin perjuicio de las especialidades de los artículos siguientes.
2. En los supuestos de extinción del contrato de trabajo previstos en el artículo 49.1.n) del Estatuto de los Trabajadores, el procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente.
De este modo, la impugnación de la extinción objetiva comparte el régimen general del proceso por despido (plazos, posición de las partes y calificación), con las especialidades propias que la Ley establece a continuación.
Datos clave
- La extinción por causas objetivas se tramita conforme a las normas del proceso por despidos y sanciones.
- Se aplican las especialidades de los artículos siguientes (121 a 123).
- La extinción del artículo 49.1.n) del Estatuto de los Trabajadores se tramita con carácter urgente y preferente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La impugnación de la extinción por causas objetivas sigue las normas del proceso por despidos y sanciones, con las especialidades que vienen después; la extinción del artículo 49.1.n) del Estatuto es urgente y preferente.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 121. Plazo de ejercicio de la acción. Carga de la prueba.
1. El plazo para ejercitar la acción de impugnación de la decisión extintiva será de veinte días, que en todo caso comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha de extinción del contrato de trabajo. El trabajador podrá anticipar el ejercicio de su acción a partir del momento en que reciba la comunicación empresarial de preaviso.
2. La percepción por el trabajador de la indemnización ofrecida por el empresario o el uso del permiso para buscar nuevo puesto de trabajo no enervan el ejercicio de la acción ni suponen conformidad con la decisión empresarial.
3. Cuando el trabajador vinculado por la empresa con un contrato de fomento de la contratación indefinida alegue que la utilización por la empresa del procedimiento de despido objetivo no se ajusta a derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, corresponderá al mismo la carga de la prueba sobre esta cuestión.
Datos clave
- Plazo de veinte días para impugnar la decisión extintiva, desde el día siguiente a la fecha de extinción.
- El trabajador puede anticipar la acción desde que recibe la comunicación de preaviso.
- Percibir la indemnización ofrecida o usar el permiso para buscar empleo no enerva la acción ni supone conformidad.
- Contrato de fomento de la contratación indefinida: si alega que la causa real es disciplinaria, la carga de la prueba es del trabajador.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija en veinte días el plazo para impugnar la extinción objetiva desde el día siguiente a la extinción, permite adelantarlo desde el preaviso, aclara que cobrar la indemnización no supone conformidad, y regula la carga de la prueba en el contrato de fomento de la contratación indefinida.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 122. Calificación de la extinción del contrato.
El artículo 122 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula la calificación de la extinción del contrato por causas objetivas.
1. La decisión extintiva se declarará procedente cuando el empresario, habiendo cumplido los requisitos formales exigibles, acredite la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación escrita. Si no la acredita, se calificará de improcedente.
2. La decisión extintiva será nula en los supuestos del artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores, así como cuando se haya efectuado en fraude de ley, eludiendo las normas de los despidos colectivos, en los casos del último párrafo del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores.
3. Se calificará de improcedente cuando no se hayan cumplido los requisitos del artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinarán la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar los salarios de ese período o la indemnización en su cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que procedan.
Datos clave
- Procedente: el empresario cumple los requisitos formales y acredita la causa legal de la comunicación escrita.
- Improcedente: si no acredita la causa o incumple los requisitos del artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores.
- Nula: en los supuestos del artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores.
- Nula también si se hace en fraude de ley eludiendo las normas de los despidos colectivos (artículo 51.1, último párrafo).
- La falta de preaviso o el error excusable en la indemnización no determinan la improcedencia, aunque deben abonarse salarios o la diferencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La extinción objetiva es procedente si se cumplen las formas y se acredita la causa; improcedente si no; nula en los supuestos del artículo 53.4 del Estatuto o en fraude de ley a las normas del despido colectivo.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 124. Despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
El artículo 124 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, regula la impugnación de los despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
1. La decisión empresarial puede impugnarse por los representantes legales de los trabajadores; si la impugnan los representantes sindicales, estos deben tener implantación suficiente en el ámbito del despido colectivo.
2. La demanda puede fundarse en que: a) no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita; b) no se ha realizado el período de consultas o entregado la documentación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no se ha respetado el procedimiento del artículo 51.7; c) la decisión se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho; d) se han vulnerado derechos fundamentales y libertades públicas. No pueden ser objeto de este proceso las pretensiones sobre inaplicación de las reglas de prioridad de permanencia, que se plantean en el procedimiento individual del apartado 11.
3. Si la decisión no se impugna por los representantes ni por la autoridad laboral conforme al artículo 148.b), transcurrido el plazo de caducidad de veinte días para la acción de los representantes, el empresario puede, en el plazo de veinte días desde la finalización de aquel, demandar para que se declare ajustada a derecho su decisión. Están legitimados pasivamente los representantes legales de los trabajadores, y la sentencia, declarativa, produce efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales conforme al artículo 160.5. La demanda del empresario suspende el plazo de caducidad de la acción individual.
4. Si el período de consultas finalizó con acuerdo, también deben ser demandados sus firmantes.
5. No es necesario agotar ninguna de las formas de evitación del proceso del Título V del Libro I.
6. La demanda debe presentarse en el plazo de caducidad de veinte días desde la fecha del acuerdo en el período de consultas o de la notificación a los representantes de la decisión de despido colectivo.
7. Si, iniciado el proceso por los representantes, se plantea demanda de oficio conforme al artículo 148.b), esta se suspende hasta la resolución de aquel; la autoridad laboral está legitimada para ser parte, y la sentencia firme tiene eficacia de cosa juzgada sobre el proceso de oficio pendiente.
8. El proceso es urgente y su preferencia es absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. Contra las resoluciones de tramitación no cabe recurso, salvo el de declaración inicial de incompetencia.
9. Admitida la demanda, el secretario judicial requiere al empresario para que en cinco días presente, preferiblemente en soporte informático, la documentación y las actas del período de consultas y la comunicación a la autoridad laboral de su resultado, y para que en cinco días notifique a los trabajadores que puedan resultar afectados la existencia del proceso, a fin de que en quince días comuniquen un domicilio para la notificación de la sentencia. Ante la negativa injustificada, se reitera el requerimiento por vía urgente en tres días, con apercibimiento de las medidas del artículo 75.5 y de poder tener por ciertos los hechos que pretende acreditar el demandante. Se recaba además de la autoridad laboral copia del expediente administrativo.
10. En la resolución de admisión se señala el juicio, en única convocatoria, dentro de los quince días siguientes a la admisión. Se acuerda de oficio el traslado o aportación anticipada, con cinco días de antelación, de la prueba documental o pericial voluminosa o compleja.
11. La sentencia se dicta dentro de los cinco días siguientes al juicio y es recurrible en casación ordinaria. La decisión será ajustada a derecho si el empresario, cumpliendo los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, acredita la causa legal; no ajustada a Derecho si no la acredita; y nula únicamente si no se realizó el período de consultas o no se entregó la documentación del artículo 51.2, no se respetó el procedimiento del artículo 51.7, no se obtuvo la autorización judicial del juez del concurso cuando proceda, o se vulneraron derechos fundamentales y libertades públicas. En caso de nulidad se declara el derecho de los afectados a la reincorporación conforme al artículo 123.2 y 3.
12. Firme la sentencia, se notifica a las partes y a los trabajadores afectados que hayan comunicado domicilio, y, para su conocimiento, a la autoridad laboral, la entidad gestora del desempleo y la Administración de la Seguridad Social si no fueron parte.
13. El trabajador individualmente afectado puede impugnar su despido por el procedimiento de los artículos 120 a 123. Si el despido colectivo no fue impugnado: el plazo individual empieza una vez transcurridos los veinte días de caducidad de la acción de los representantes; si se debaten preferencias, deben ser demandados los trabajadores afectados; el despido será nulo, además de por el artículo 122.2, cuando falte el período de consultas, la documentación del artículo 51.2, el procedimiento del artículo 51.7 o la autorización del juez del concurso; y será nula la extinción sin respetar las prioridades de permanencia. Si el despido colectivo fue impugnado: la caducidad individual se computa desde la firmeza de la sentencia colectiva o desde la conciliación judicial; la sentencia firme o el acuerdo tienen eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, limitados a las cuestiones individuales; y también es nula la extinción sin respetar las prioridades de permanencia.
Datos clave
- Impugnan los representantes legales; los sindicales necesitan implantación suficiente en el ámbito del despido colectivo.
- Plazo de caducidad de veinte días desde el acuerdo en consultas o desde la notificación de la decisión a los representantes.
- Sin impugnación, el empresario puede demandar en veinte días para que se declare ajustada a derecho su decisión.
- No es necesario agotar las formas de evitación del proceso.
- Proceso urgente con preferencia absoluta, salvo la tutela de derechos fundamentales.
- Juicio en única convocatoria dentro de los quince días siguientes a la admisión.
- Sentencia en cinco días, recurrible en casación ordinaria: ajustada a derecho, no ajustada a Derecho o nula.
- Las prioridades de permanencia se discuten en el proceso individual.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Proceso de impugnación del despido colectivo: lo promueven los representantes en veinte días de caducidad; es urgente con preferencia absoluta, juicio en quince días y sentencia en cinco, recurrible en casación ordinaria.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 125. Fijación de vacaciones.
El procedimiento para la fijación individual o plural de la fecha de disfrute de las vacaciones se regirá por las reglas siguientes:
a) Cuando la fecha esté precisada en convenio colectivo, o por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, o hubiera sido fijada unilateralmente por aquél, el trabajador dispondrá de un plazo de veinte días, a partir de aquel en que tuviera conocimiento de dicha fecha, para presentar la demanda en el Juzgado de lo Social.
b) Cuando no estuviera señalada la fecha de disfrute de las vacaciones, la demanda deberá presentarse, al menos, con dos meses de antelación a la fecha de disfrute pretendida por el trabajador.
c) Si una vez iniciado el proceso se produjera la fijación de las fechas de disfrute de conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, no se interrumpirá la continuación del procedimiento.
d) Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, éstos también deberán ser demandados.
Datos clave
- Fecha fijada en convenio, por acuerdo o unilateralmente: demanda en veinte días desde que el trabajador la conozca.
- Fecha no señalada: demanda al menos con dos meses de antelación a la fecha de disfrute pretendida.
- La fijación de fechas durante el proceso conforme al artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores no interrumpe el procedimiento.
- Si se debaten preferencias de determinados trabajadores, estos también deben ser demandados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para las vacaciones: veinte días para demandar si la fecha está fijada; dos meses de antelación si no lo está; fijarla después no corta el proceso; y los trabajadores preferentes también son demandados.
Esquema
| Fecha fijada | Fecha no señalada | |
|---|---|---|
| Plazo | Veinte días desde que se conoce la fecha | Al menos dos meses antes de la fecha pretendida |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 137. Reclamación de categoría o grupo profesional.
1. La demanda que inicie este proceso será acompañada de informe emitido por el comité de empresa o, en su caso, por los delegados de personal sobre las funciones superiores alegadas y la correspondencia de las mismas dentro del sistema de clasificación aplicable. En el caso de que estos órganos no hubieran emitido el informe en el plazo de quince días, al demandante le bastará acreditar que lo ha solicitado.
2. En la resolución por la que se admita la demanda, se recabará informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, remitiéndole copia de la demanda y documentos que la acompañen. El informe versará sobre los hechos invocados, en relación con el sistema de clasificación aplicable, y demás circunstancias concurrentes relativas a la actividad del actor, y deberá emitirse en el plazo de quince días.
3. A la acción de reclamación de la categoría o grupo profesional será acumulable la reclamación de las diferencias salariales correspondientes. Contra la sentencia que recaiga no se dará recurso alguno, salvo que las diferencias salariales reclamadas alcancen la cuantía requerida para el recurso de suplicación.
Datos clave
- La demanda se acompaña de informe del comité de empresa o delegados de personal sobre las funciones superiores alegadas.
- Si no emiten el informe en quince días, basta acreditar que se ha solicitado.
- Se recaba informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que debe emitirse en quince días.
- Es acumulable la reclamación de diferencias salariales.
- Contra la sentencia no cabe recurso, salvo que las diferencias salariales alcancen la cuantía de la suplicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Exige acompañar a la demanda un informe del comité de empresa o los delegados de personal sobre las funciones alegadas, recaba informe de la Inspección de Trabajo, permite acumular las diferencias salariales, y solo admite recurso si estas alcanzan la cuantía del recurso de suplicación.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 139. Tramitación.
1. El procedimiento para el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, se regirá por las siguientes reglas:
a) El trabajador dispondrá de un plazo de veinte días, a partir de que el empresario le comunique su negativa o su disconformidad con la propuesta realizada por el trabajador, para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social.
En la demanda del derecho a la medida de conciliación podrá acumularse la acción de daños y perjuicios causados al trabajador, exclusivamente por los derivados de la negativa del derecho o de la demora en la efectividad de la medida, de los que el empresario podrá exonerarse si hubiere dado cumplimiento, al menos provisional, a la medida propuesta por el trabajador.
El empresario y el trabajador deberán llevar sus respectivas propuestas y alternativas de concreción a los actos de conciliación previa al juicio y al propio acto de juicio, que podrán acompañar, en su caso, de informe de los órganos paritarios o de seguimiento de los planes de igualdad de la empresa para su consideración en la sentencia.
b) El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia se dictará en el plazo de tres días. Contra la misma no procederá recurso, salvo cuando se haya acumulado pretensión de resarcimiento de perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación, en cuyo caso el pronunciamiento sobre las medidas de conciliación será ejecutivo desde que se dicte la sentencia.
2. El procedimiento anterior será aplicable igualmente al ejercicio de los derechos de la trabajadora víctima de violencia de género establecidos en la ley, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario y a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. Podrá acumularse a la referida demanda la acción de daños y perjuicios directamente causados a la trabajadora por la negativa o demora del derecho. Podrá instarse, en su caso, la adopción de las medidas cautelares reguladas en el apartado 4 del artículo 180.
Datos clave
- Plazo de veinte días desde la negativa o disconformidad del empresario para demandar ante el Juzgado de lo Social.
- Puede acumularse la acción de daños y perjuicios derivados de la negativa o demora.
- Procedimiento urgente y preferente: vista dentro de los cinco días siguientes a la admisión.
- Sentencia en el plazo de tres días y, en general, sin recurso.
- Se aplica también a los derechos de la trabajadora víctima de violencia de género, reducción de jornada y reordenación del tiempo de trabajo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula la reclamación judicial del derecho de conciliación de la vida personal, familiar y laboral: veinte días para demandar tras la negativa empresarial, posibilidad de acumular daños y perjuicios, tramitación urgente con sentencia en tres días, y extensión del mismo cauce a los derechos de las víctimas de violencia de género y a la reducción y reordenación de jornada.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 140. Tramitación. Impugnación de altas médicas.
1. En las demandas formuladas en materia de prestaciones de Seguridad Social contra organismos gestores y entidades colaboradoras en la gestión se acreditará haber agotado la vía administrativa correspondiente, incluidas aquellas en las que se haya acumulado la alegación de la lesión de un derecho fundamental o libertad pública y salvo que se opte por ejercitar exclusivamente esta última mediante la modalidad procesal de tutela. No será exigible el previo agotamiento de la vía administrativa, en los procesos de impugnación de altas médicas emitidas por los órganos competentes de las Entidades gestoras de la Seguridad Social al agotarse el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días de la prestación de incapacidad temporal.
2. En caso de omitirse, el secretario judicial dispondrá que se subsane el defecto en el plazo de cuatro días. Realizada la subsanación, se admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda.
3. El proceso de impugnación de alta médica tendrá las siguientes especialidades:
a) La demanda se dirigirá exclusivamente contra la Entidad gestora y, en su caso, contra la colaboradora en la gestión. No existirá necesidad de demandar al servicio público de salud, salvo cuando se impugne el alta emitida por los servicios médicos del mismo, ni a la empresa salvo cuando se cuestione la contingencia.
b) Será urgente y se le dará tramitación preferente.
c) El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda, y la sentencia, que no tendrá recurso, se dictará en el plazo de tres días y sus efectos se limitarán al alta médica impugnada, sin condicionar otros procesos diversos, sea en lo relativo a la contingencia, a la base reguladora, a las prestaciones derivadas o a cualquier otro extremo.
d) No podrán acumularse otras acciones, ni siquiera la reclamación de diferencias de prestación económica por incapacidad temporal, si bien la sentencia que estime indebida el alta dispondrá la reposición del beneficiario en la prestación que hubiera venido percibiendo, en tanto no concurra causa de extinción de la misma, por el transcurso del tiempo por el que hubiere sido reconocida o por otra causa legal de extinción.
Datos clave
- En prestaciones de Seguridad Social debe acreditarse haber agotado la vía administrativa.
- No se exige en la impugnación de altas médicas emitidas al agotarse los trescientos sesenta y cinco días de incapacidad temporal.
- Omitido el requisito, se concede un plazo de cuatro días para subsanar.
- La demanda de alta médica se dirige solo contra la Entidad gestora y, en su caso, la colaboradora.
- Proceso urgente: vista en cinco días y sentencia sin recurso en tres días.
- No pueden acumularse otras acciones, ni siquiera diferencias de prestación por incapacidad temporal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Exige agotar la vía administrativa antes de demandar por prestaciones, salvo en la impugnación de altas médicas por agotamiento del plazo máximo de incapacidad temporal, y regula las especialidades urgentes de ese proceso de impugnación de alta médica.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 148. Ámbito de aplicación.
El artículo 148 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, delimita el ámbito del proceso de oficio. El proceso podrá iniciarse de oficio como consecuencia:
a) De las certificaciones de las resoluciones firmes de la autoridad laboral derivadas de actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las que se aprecien perjuicios económicos para los trabajadores afectados.
b) De los acuerdos de la autoridad laboral competente cuando aprecie fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de los acuerdos de suspensión, reducción de jornada o extinción del artículo 47 y del artículo 51.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y los remita a la autoridad judicial para su posible declaración de nulidad. Del mismo modo actuará cuando la entidad gestora de la prestación por desempleo informe que la decisión extintiva pudiera tener por objeto la obtención indebida de prestaciones por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo.
c) De las actas de infracción o comunicaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre la constatación de una discriminación por razón de sexo en las que se recojan las bases de los perjuicios estimados para el trabajador, a efectos de determinar la indemnización.
Igualmente se inicia el procedimiento, con esas comunicaciones y a los mismos efectos, en los supuestos de discriminación por razón de origen racial o étnico, religión y convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual u otros legalmente previstos.
Datos clave
- El proceso de oficio puede iniciarse por certificaciones de resoluciones firmes de la autoridad laboral derivadas de actas de infracción con perjuicios económicos.
- También por acuerdos de la autoridad laboral que aprecien fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en acuerdos de suspensión, reducción de jornada o extinción.
- También cuando la entidad gestora del desempleo informe de una posible obtención indebida de prestaciones.
- También por actas o comunicaciones de la Inspección sobre discriminación por razón de sexo.
- Se extiende a la discriminación por origen racial o étnico, religión, discapacidad, edad u orientación sexual.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El proceso de oficio arranca por comunicaciones públicas: perjuicios económicos en actas de infracción, fraude en acuerdos colectivos, prestaciones indebidas y discriminación constatada por la Inspección.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 153. Ámbito de aplicación.
El artículo 153 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, delimita el ámbito del proceso de conflictos colectivos.
1. Se tramitan por este proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, de un convenio colectivo cualquiera que sea su eficacia, de pactos o acuerdos de empresa o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las de los artículos 40.2 y 41.2 y las suspensiones y reducciones de jornada del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales del artículo 51.1, o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163. Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitan conforme al artículo 124.
2. También se tramita por este proceso la impugnación de convenios colectivos y de los laudos arbitrales sustitutivos, conforme al Capítulo IX del Título.
3. Asimismo, la impugnación de las decisiones de la empresa de atribuir carácter reservado o de no comunicar determinadas informaciones a los representantes de los trabajadores, y los litigios sobre el cumplimiento de la obligación de sigilo por los representantes y los expertos que les asistan. El juez o Sala adoptará las medidas necesarias para salvaguardar el carácter reservado o secreto de la información.
Datos clave
- Afecta a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o colectivo susceptible de determinación individual.
- Versa sobre aplicación e interpretación de normas, convenios, pactos, decisiones empresariales colectivas o prácticas de empresa.
- Incluye movilidad (artículo 40.2), modificación sustancial (41.2) y suspensiones o reducciones de jornada del artículo 47 que alcancen los umbrales del 51.1.
- Los despidos colectivos se tramitan conforme al artículo 124.
- Incluye la impugnación de la atribución de carácter reservado a informaciones y el deber de sigilo de los representantes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Por conflicto colectivo van las demandas sobre intereses generales de un grupo genérico de trabajadores: aplicación e interpretación de normas, convenios, decisiones o prácticas colectivas. Los despidos colectivos, no.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 163. Iniciación.
1. La impugnación de un convenio colectivo de los regulados en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de los laudos arbitrales sustitutivos de éstos, por considerar que conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, podrá promoverse de oficio ante el juzgado o Sala competente, mediante comunicación remitida por la autoridad correspondiente.
2. Si el convenio colectivo no hubiera sido aún registrado ante la oficina pública correspondiente conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 90 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los representantes legales o sindicales de los trabajadores o los empresarios que sostuvieran la ilegalidad del convenio o los terceros lesionados que la invocaran, deberán solicitar previamente de la autoridad laboral que curse al juzgado o Sala su comunicación de oficio.
3. Si la autoridad laboral no contestara la solicitud a la que se refiere el apartado anterior en el plazo de quince días, la desestimara o el convenio colectivo ya hubiere sido registrado, la impugnación de éstos podrá instarse directamente por los legitimados para ello por los trámites del proceso de conflicto colectivo, mientras subsista la vigencia de la correspondiente norma convencional.
4. La falta de impugnación directa de un convenio colectivo de los mencionados en el apartado 1 de este artículo no impide la impugnación de los actos que se produzcan en su aplicación, a través de los conflictos colectivos o individuales posteriores que pudieran promoverse por los legitimados para ello, fundada en que las disposiciones contenidas en los mismos no son conformes a Derecho. El juez o tribunal que en dichos procedimientos apreciara la ilegalidad de alguna de las referidas disposiciones lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en su caso, pueda plantear su ilegalidad a través de la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos.
Datos clave
- La impugnación de un convenio del Título III del Estatuto de los Trabajadores o laudo sustitutivo puede promoverse de oficio mediante comunicación de la autoridad correspondiente.
- Motivos: conculcar la legalidad vigente o lesionar gravemente el interés de terceros.
- Si el convenio no está registrado, los legitimados deben solicitar previamente a la autoridad laboral la comunicación de oficio.
- Si la autoridad laboral no contesta en quince días, la desestima o el convenio ya está registrado, puede impugnarse directamente por el proceso de conflicto colectivo.
- El juez que aprecie ilegalidad en un proceso posterior lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula cómo se pone en marcha la impugnación de un convenio: de oficio por comunicación de la autoridad laboral, previa solicitud de los interesados si el convenio no está aún registrado, o directamente por los legitimados si la autoridad no contesta en quince días, la deniega, o el convenio ya está registrado.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 177. Legitimación.
1. Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios.
2. En aquellos casos en los que corresponda al trabajador, como sujeto lesionado, la legitimación activa como parte principal, podrán personarse como coadyuvantes el sindicato al que éste pertenezca, cualquier otro sindicato que ostente la condición de más representativo, así como, en supuestos de discriminación, las entidades públicas o privadas entre cuyos fines se encuentre la promoción y defensa de los intereses legítimos afectados, si bien no podrán personarse, recurrir ni continuar el proceso contra la voluntad del trabajador perjudicado.
3. El Ministerio Fiscal será siempre parte en estos procesos en defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, velando especialmente por la integridad de la reparación de las víctimas e interesando la adopción, en su caso, de las medidas necesarias para la depuración de las conductas delictivas.
4. La víctima del acoso o de la lesión de derechos fundamentales y libertades públicas con motivo u ocasión de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, podrá dirigir pretensiones, tanto contra el empresario como contra cualquier otro sujeto que resulte responsable, con independencia del tipo de vínculo que le una al empresario. Corresponderá a la víctima, que será la única legitimada en esta modalidad procesal, elegir la clase de tutela que pretende dentro de las previstas en la ley, sin que deba ser demandado necesariamente con el empresario el posible causante directo de la lesión, salvo cuando la víctima pretenda la condena de este último o pudiera resultar directamente afectado por la resolución que se dictare; y si se requiriese su testimonio el órgano jurisdiccional velará por las condiciones de su práctica en términos compatibles con su situación personal y con las restricciones de publicidad e intervención de las partes y de sus representantes que sean necesarias.
Datos clave
- Cualquier trabajador o sindicato puede recabar la tutela de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales, incluida la prohibición de discriminación y acoso.
- Pueden personarse como coadyuvantes el sindicato del trabajador, cualquier sindicato más representativo y, en discriminación, entidades de defensa de esos intereses.
- Los coadyuvantes no pueden personarse, recurrir ni continuar el proceso contra la voluntad del trabajador.
- El Ministerio Fiscal es siempre parte en estos procesos.
- La víctima es la única legitimada y elige la clase de tutela que pretende.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Legitima a cualquier trabajador o sindicato con interés legítimo para pedir tutela de derechos fundamentales dentro del ámbito social, permite la personación de sindicatos como coadyuvantes sin actuar contra la voluntad del trabajador, hace siempre parte al Ministerio Fiscal, y da a la víctima de acoso legitimación exclusiva para elegir la tutela pretendida.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 182. Sentencia.
1. La sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas:
a) Declarará la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, así como el derecho o libertad infringidos, según su contenido constitucionalmente declarado, dentro de los límites del debate procesal y conforme a las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por los litigantes.
b) Declarará la nulidad radical de la actuación del empleador, asociación patronal, Administración pública o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada.
c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados.
d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183.
2. En la sentencia se dispondrá lo procedente sobre las medidas cautelares que se hubieran adoptado previamente.
Datos clave
- La sentencia declara haber lugar o no al amparo judicial solicitado.
- Declara la existencia o no de vulneración y el derecho o libertad infringidos.
- Declara la nulidad radical de la actuación lesiva.
- Ordena el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales.
- Dispone el restablecimiento del demandante y la reparación, incluida la indemnización del artículo 183.
- Resuelve sobre las medidas cautelares adoptadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La sentencia de tutela de derechos fundamentales, si estima, declara la vulneración, anula la actuación, ordena el cese y repara al demandante, incluida la indemnización del artículo 183.