Tema 74: Consumo, comercio y turismo: competencias de la Comunidad Autónoma. La Administración y el turismo: organización. Regímenes jurídicos.
Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
Regístrate gratisTextos consolidados oficiales:
- Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (RDLeg)
- Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía
- Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía
- Decreto 191/2026, de 30 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local
Artículo 1. Objeto.
El artículo 1 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, fija el objeto de la norma: la defensa y protección de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Ley se dicta en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 51.1 y 2 de la Constitución Española y en ejercicio de la competencia exclusiva que el artículo 18.1.6.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía confiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Datos clave
- Objeto: la defensa y protección de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Mandato constitucional que se cumple: artículo 51.1 y 2 de la Constitución Española.
- Título competencial: competencia exclusiva del artículo 18.1.6.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley andaluza de consumo tiene un objeto único: defender y proteger a consumidores y usuarios en Andalucía. Se apoya en dos pilares: el mandato del artículo 51.1 y 2 CE y la competencia exclusiva del Estatuto.
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Artículo 2. Actuación de las Administraciones Públicas.
El artículo 2 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, concreta cómo deben actuar las Administraciones Públicas andaluzas para cumplir el objeto de la Ley.
1. Las Administraciones Públicas de Andalucía garantizarán con medidas eficaces la defensa y protección de los consumidores y usuarios, dentro del ámbito de su competencia.
2. Velarán especialmente y colaborarán, de acuerdo con la legislación vigente, por la defensa y protección de los consumidores y usuarios en situaciones catastróficas o de emergencia, o de perturbación grave en el abastecimiento o suministro de bienes de primera necesidad y de servicios esenciales para la comunidad.
3. A fin de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, fomentarán el asociacionismo de consumo como un instrumento básico de protección al consumidor y usuario.
Datos clave
- Las Administraciones Públicas de Andalucía garantizan la protección con medidas eficaces, dentro del ámbito de su competencia.
- Vigilancia especial en situaciones catastróficas o de emergencia y de perturbación grave del abastecimiento de bienes de primera necesidad y servicios esenciales.
- El asociacionismo de consumo se fomenta como instrumento básico de protección al consumidor y usuario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones andaluzas deben proteger al consumidor con medidas eficaces, vigilar especialmente las emergencias y crisis de abastecimiento y fomentar el asociacionismo de consumo.
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Artículo 4. Derechos de los consumidores.
El artículo 4 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, recoge los derechos de los consumidores en el ámbito de aplicación de la Ley:
1. La efectiva protección frente a las actuaciones que por acción u omisión ocasionen riesgos o daños que puedan afectar a la salud, al medio ambiente o a la seguridad de los consumidores.
2. La protección, reconocimiento y realización de sus legítimos intereses económicos y sociales.
3. La indemnización y reparación efectiva de daños y perjuicios producidos en los bienes, derechos o intereses que esta Ley tutela, de conformidad con la legislación vigente.
4. La constitución de organizaciones y asociaciones de consumidores a través de las cuales ejercerán: a) la participación en las actividades de las instituciones públicas andaluzas que directamente les afecten; b) la audiencia en consulta para la elaboración de las disposiciones de carácter general que puedan interesarles o afectarles; c) la representación de los derechos e intereses reconocidos y protegidos en esta Ley.
5. La información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y racional sobre las operaciones y sobre los bienes y servicios susceptibles de uso y consumo, de acuerdo con la normativa vigente.
6. La educación y formación en relación con todas las materias que puedan afectarles como consumidores.
7. La especial protección en aquellas situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en que puedan encontrarse individual o colectivamente.
Datos clave
- El artículo enumera siete derechos de los consumidores.
- Protección frente a riesgos o daños para la salud, el medio ambiente o la seguridad.
- Indemnización y reparación efectiva de daños y perjuicios.
- A través de sus organizaciones y asociaciones: participación, audiencia en consulta en disposiciones generales y representación.
- Información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y racional.
- Especial protección en situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Siete derechos de los consumidores andaluces: protección de salud y seguridad, intereses económicos, indemnización, asociación, información, educación y especial protección ante la indefensión.
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Artículo 71. Tipos de infracciones.
El artículo 71 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, tipifica las infracciones en materia de consumo, que se calificarán en leves, graves y muy graves, y las agrupa en siete bloques.
Infracciones por incumplimiento de requisitos y condiciones de elaboración y comercialización de bienes o de las condiciones técnicas de la instalación o de la prestación del servicio (apartado 2):
1.ª Elaborar, distribuir, suministrar u ofertar bienes o servicios sin cumplir correctamente los deberes de información que impongan las leyes y los reglamentos sobre cualquiera de los datos o menciones obligatorios o voluntarios.
2.ª Utilizar indebidamente marcados, marchamos, troqueles o distintivos similares, no emplear los obligatorios o emplear los que no cumplan las condiciones reglamentarias en cuanto sea susceptible de perjudicar los intereses de los consumidores, salvo que constituya fraude.
3.ª Elaborar, distribuir, suministrar, vender u ofertar bienes cuya composición, características técnicas o calidad no se ajusten a la normativa o difieran de la declarada o anotada en el registro.
4.ª Elaborar, distribuir u ofertar bienes prohibidos o con componentes o envases no permitidos o sin las autorizaciones preceptivas u otros controles administrativos impuestos para la protección de los consumidores.
5.ª Desviar para consumo humano y poner a disposición de los consumidores bienes no aptos para ello o destinados específicamente para otros usos.
6.ª Vender o poner a disposición de los consumidores bienes destinados exclusivamente a un uso empresarial o profesional, si es susceptible de perjudicar sus intereses.
7.ª Incumplir las condiciones de las instalaciones, establecimientos o vehículos en que se elaboren, conserven, distribuyan o vendan bienes o se presten servicios, o su utilización o apertura sin los preceptivos controles administrativos previos impuestos para la protección de los consumidores.
8.ª Ofertar o prestar servicios prohibidos o no sometidos a los controles administrativos previos o periódicos impuestos para su protección.
9.ª Incumplir las exigencias de personal cualificado o los deberes impuestos al personal o a la empresa en relación con el personal cuando sea susceptible de perjudicar a los consumidores.
10.ª Prestar servicios incumpliendo las condiciones aplicables cuando puedan causar un perjuicio a los intereses económicos de los consumidores, así como cortar el suministro de servicio público de prestación continua sin respetar sus garantías.
11.ª Poner a disposición bienes de uso duradero sin piezas de repuesto en la forma obligada, e incumplir el deber de fabricar o garantizar la existencia de repuestos.
12.ª Poner a disposición bienes de uso duradero sin servicios de asistencia técnica para su reparación o siendo estos manifiestamente inadecuados, e incumplir la obligación de mantenerlos.
13.ª Realizar otras acciones u omisiones que, incluso sin infracción de normas de obligado cumplimiento, produzcan riesgo o daño efectivo para la salud o seguridad de los consumidores por falta de las precauciones exigibles.
14.ª Construir, vender o alquilar viviendas que incumplan las Normas Básicas de la Edificación o reglamentación equivalente, cuando se produzca un perjuicio real en alguno de los derechos reconocidos al consumidor.
Infracciones por alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios (apartado 3):
1.ª Defraudar en la prestación de servicios de instalación o reparación de bienes y de asistencia en el hogar por: a) la sustitución de piezas para conseguir un aumento del precio, aunque el consumidor haya prestado su consentimiento por las falsas indicaciones del infractor; b) la facturación de trabajos no realizados; c) la facturación de trabajos ejecutados con accesorios de peor calidad que los indicados al consumidor.
2.ª Defraudar en el peso, medida, cantidad o calidad de los bienes ofertados, o en las condiciones ofrecidas de prestación de servicios respecto a la calidad, cantidad, intensidad, continuidad u otros elementos relevantes.
3.ª Manipular los aparatos o sistemas de medición de los bienes o servicios suministrados a los consumidores.
Infracciones en materia de documentación, transacciones comerciales y precios (apartado 4):
1.ª No entregar o negarse a extender recibo justificante, factura o documento acreditativo de las transacciones o servicios cuando sea preceptivo o lo solicite el consumidor, o justificación documental de los contratos, así como cobrar o incrementar el precio por su expedición.
2.ª Cobrar o intentar cobrar precios superiores a los anunciados, expuestos, o a los autorizados o impuestos por la Administración o comunicados a esta.
3.ª Ocultar parte del precio mediante formas de pago o de prestaciones no acordadas.
4.ª Imponer injustificadamente comprar una cantidad mínima o productos no solicitados o aceptar servicios no pedidos, y negarse a efectuar la transacción si no se aceptan esas condiciones.
5.ª Acaparar y retirar del mercado bienes con el fin de incrementar los precios o esperar sus elevaciones previsibles con perjuicio de los consumidores.
6.ª Negarse a elaborar presupuestos cuando sea obligatorio, imponer condiciones o precios por su confección si está prohibido, o incrementar los precios presupuestados sin la conformidad del consumidor.
7.ª No entregar el resguardo de depósito cuando sea preceptivo o se solicite, o emitirlo incumpliendo los requisitos establecidos.
8.ª Incrementar los precios de repuestos o piezas al aplicarlos en reparaciones o instalaciones, o cargar injustificadamente por mano de obra, traslado o visita cantidades muy superiores a los costes medios estimados de cada sector.
9.ª Realizar trabajos de reparación, instalación o similares no solicitados o autorizados por el consumidor.
10.ª No entregar el documento de garantía cuando la normativa lo establezca; cobrar cualquier cantidad por las reparaciones incluidas en la garantía; negarse a cumplir sus obligaciones o imponer injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con ellas.
11.ª No entregar las instrucciones de uso y mantenimiento o cualquier otro documento exigido para poder utilizar, ocupar, mantener y conservar un bien.
12.ª No formalizar los seguros, avales u otras garantías similares impuestas legalmente en beneficio de los consumidores.
13.ª Carecer, no llevar o llevar incorrectamente la documentación, libros o registros obligatorios que afecten a la protección de los intereses de los consumidores.
14.ª El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, incluidas las referentes a marcado y exhibición.
Infracciones en materia de prácticas comerciales desleales (apartado 5): cualquier acto de competencia desleal con los consumidores, de conformidad con la legislación estatal vigente en la materia.
Infracciones por incumplimiento de obligaciones o prohibiciones contractuales legales (apartado 6):
1.ª Incluir en los contratos reenvíos a condiciones generales o características contenidas en textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato o sin permitir al adherente conocer efectivamente su existencia, alcance y contenido.
2.ª Introducir en los contratos, contratos-tipo o condiciones generales de contratación cláusulas abusivas de las previstas en los artículos 85 a 90 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, así como las declaradas como tales por sentencia judicial.
3.ª Realizar ventas a domicilio prohibidas, e incumplir las condiciones y requisitos de la contratación a distancia o fuera de establecimientos mercantiles cuando perjudiquen a los intereses de los consumidores.
4.ª Realizar prácticas tendentes directamente a excluir o reducir la libertad del consumidor para contratar una prestación.
Infracciones por incumplimiento de los deberes de los sujetos inspeccionados (apartado 7):
1.ª Incumplir deberes, prohibiciones y requisitos establecidos en beneficio de los consumidores si, tras el requerimiento de la Administración y el transcurso del tiempo concedido, no se realizan las correcciones oportunas.
2.ª Resistirse u obstruir las actuaciones de la inspección, tanto por el inspeccionado como por terceros.
3.ª No atender en tiempo y/o forma los requerimientos de la Administración.
4.ª Manipular, trasladar o disponer sin autorización de las muestras depositadas reglamentariamente.
5.ª Negarse o resistirse a suministrar datos o a facilitar la información requerida para las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución, así como suministrar información inexacta o documentación falsa.
Otras infracciones (apartado 8):
1.ª Realizar acciones dirigidas a coartar el libre ejercicio por los consumidores o sus organizaciones o asociaciones de las facultades de reclamación o denuncia.
2.ª No disponer de libros de hojas de quejas y reclamaciones oficiales, negarse o resistirse a suministrarlos a quien los solicite u ocultar o alterar las reclamaciones; también suministrar libros de hojas de quejas y reclamaciones que no sean oficiales.
3.ª No responder en plazo las quejas y reclamaciones.
4.ª No tener expuesto al público, en las condiciones reglamentarias, el cartel anunciador de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones.
5.ª Actuar con desatención o desconsideración hacia los consumidores, incluidos los retrasos y esperas excesivas o el trato inadecuado.
6.ª Imponer injustificadamente el deber de comparecer personalmente para ejercer derechos o realizar cobros, pagos o trámites similares, exigir de forma abusiva impresos y datos que impongan molestias desproporcionadas, u obstaculizar el ejercicio de sus derechos.
7.ª Actuar de forma discriminatoria contra consumidores o grupos de ellos por sus circunstancias personales o sociales o por haber ejercido sus derechos.
8.ª Incumplir las prohibiciones de venta o suministro de bienes, acceso a establecimientos, prestación de servicios o publicidad a menores cuando suponga riesgo para su salud, seguridad o legítimos intereses económicos y sociales.
9.ª En general, incumplir los requisitos, obligaciones o prohibiciones de esta Ley, de la legislación estatal en la materia y de sus disposiciones de desarrollo.
10.ª Incumplir el acuerdo alcanzado con el consumidor mediante mediación, o el laudo arbitral en el plazo establecido, salvo acuerdo expreso de las partes.
11.ª Negarse a someterse al Sistema Arbitral de Consumo cuando la empresa haya dado publicidad al distintivo de adhesión o se encuentre adherida con carácter genérico.
12.ª Negarse injustificadamente a satisfacer las demandas del consumidor que estén dentro de las disponibilidades del vendedor o prestador.
Datos clave
- Las infracciones se califican en leves, graves y muy graves.
- Cláusulas abusivas: las de los artículos 85 a 90 del Real Decreto Legislativo 1/2007 y las declaradas por sentencia judicial.
- Es infracción cobrar o intentar cobrar precios superiores a los anunciados, expuestos, autorizados o comunicados a la Administración.
- Es infracción no disponer de hojas de quejas y reclamaciones oficiales o no exponer el cartel anunciador.
- Es infracción negarse al Sistema Arbitral de Consumo cuando se haya publicitado el distintivo de adhesión o se esté adherido con carácter genérico.
- Las prácticas comerciales desleales se remiten a la legislación estatal de competencia desleal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de infracciones de consumo, calificadas en leves, graves y muy graves y agrupadas en siete bloques: requisitos de bienes y servicios, fraude, documentación y precios, prácticas desleales, contratos, inspección y otras.
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Artículo 97. Competencias municipales.
El artículo 97 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, regula las competencias de los municipios en materia de consumo.
1. Sin perjuicio de las competencias autonómicas, corresponde a los municipios andaluces velar en sus respectivos territorios por la protección de los consumidores y, en particular:
a) La información y educación de los consumidores, estableciendo los cauces adecuados de acuerdo con las necesidades de cada localidad, pudiendo contar con la colaboración de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.
b) El apoyo y fomento de las organizaciones o asociaciones de consumidores en cuanto a las actividades que realicen en su territorio y en beneficio de sus vecinos.
c) El fomento, divulgación y, en su caso, gestión del sistema arbitral de consumo, en colaboración con la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma, en los términos previstos en la legislación vigente.
d) El ejercicio de acciones civiles en defensa de los consumidores vecinos de su localidad de conformidad con lo que establezca la legislación estatal que reconozca a las Administraciones Públicas en general esta legitimación.
e) La realización de estudios de mercado circunscritos a su término municipal.
f) La Inspección de Consumo con el alcance máximo y facultades establecidos en esta Ley.
g) La adopción de medidas no sancionadoras para garantizar los derechos e intereses de los consumidores en los casos, formas y condiciones señalados en la Ley.
h) El ejercicio de la potestad sancionadora respecto a las infracciones localizadas en su territorio según lo establecido en esta Ley.
i) Instar la actuación de los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía cuando no tengan competencias o recabar los medios necesarios para ejercerlas.
j) Las demás que les atribuyan las leyes, así como el ejercicio de las que se les deleguen por la Administración autonómica de conformidad con la legislación estatal y andaluza de régimen local.
2. Tanto la Administración autonómica como las Diputaciones Provinciales cooperarán con los municipios para que puedan ejercer adecuadamente sus competencias en la materia.
3. Todas las actividades y competencias de los municipios en relación con la protección de los consumidores podrán desarrollarse por medio de fórmulas asociativas.
4. En el ejercicio de sus competencias en materia de consumo, los municipios apoyarán la participación de las organizaciones y asociaciones de consumidores.
5. Las Corporaciones locales, respecto de las competencias que puedan asumir conforme a esta Ley, comunicarán a la Consejería competente en materia de protección de los consumidores su aceptación por acuerdo plenario.
Datos clave
- Las competencias municipales se ejercen sin perjuicio de las competencias autonómicas.
- Los estudios de mercado municipales se circunscriben a su término municipal.
- Los municipios ejercen la Inspección de Consumo y la potestad sancionadora respecto a las infracciones localizadas en su territorio.
- El sistema arbitral de consumo se fomenta y, en su caso, se gestiona en colaboración con la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma.
- Cooperan con los municipios la Administración autonómica y las Diputaciones Provinciales.
- La aceptación de competencias se comunica a la Consejería competente por acuerdo plenario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los municipios andaluces velan por el consumidor en su territorio, sin perjuicio de la Junta: información, apoyo a asociaciones, arbitraje, acciones civiles, inspección, sanciones y más; con cooperación de Junta y Diputaciones.
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Artículo 27. Consumidores
Se garantiza a los consumidores y usuarios de los bienes y servicios el derecho a asociarse, así como a la información, formación y protección en los términos que establezca la ley. Asimismo, la ley regulará los mecanismos de participación y el catálogo de derechos del consumidor.
Datos clave
- Titulares: los consumidores y usuarios de los bienes y servicios.
- Derecho a asociarse.
- Derecho a la información, formación y protección en los términos que establezca la ley.
- La ley regulará los mecanismos de participación y el catálogo de derechos del consumidor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Consumidores y usuarios tienen derecho a asociarse y a información, formación y protección según la ley, que también regulará sus mecanismos de participación y el catálogo de sus derechos.
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Artículo 58. Actividad económica.
1. La Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas en:
1.º La ordenación administrativa de la actividad comercial, incluidos las ferias y mercados interiores; la regulación de los calendarios y horarios comerciales, respetando en su ejercicio el principio constitucional de unidad de mercado y la ordenación general de la economía; el desarrollo de las condiciones y la especificación de los requisitos administrativos necesarios para ejercer la actividad comercial; la regulación administrativa de todas las modalidades de venta y formas de prestación de la actividad comercial; la clasificación y la planificación territorial de los equipamientos comerciales, incluido el establecimiento y la autorización de grandes superficies comerciales; el establecimiento y la ejecución de las normas y los estándares de calidad relacionados con la actividad comercial; la adopción de medidas de policía administrativa con relación a la disciplina de mercado, y la ordenación administrativa del comercio interior, por cualquier medio, incluido el electrónico, sin perjuicio en este último caso de lo previsto en la legislación del Estado.
2.º Régimen de las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad de la información y del conocimiento, en el marco de la legislación del Estado.
3.º Fomento, regulación y desarrollo de las actividades y empresas de artesanía.
4.º Fomento, ordenación y organización de cooperativas y de entidades de economía social. La regulación y el fomento del cooperativismo que incluye:
a) La regulación del asociacionismo cooperativo.
b) La enseñanza y la formación cooperativas.
c) La fijación de los criterios, la regulación de las condiciones, la ejecución y el control de las ayudas públicas al mundo cooperativo.
5.º Promoción de la competencia en los mercados respecto de las actividades económicas que se realizan principalmente en Andalucía y el establecimiento y regulación de un órgano independiente de defensa de la competencia.
2. La Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, sobre las siguientes materias:
1.º Fomento y planificación de la actividad económica en Andalucía.
2.º Sector público económico de la Comunidad Autónoma, en cuanto no está contemplado por otras normas de este Estatuto.
3.º Industria, salvo las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la Defensa.
4.º Defensa de los derechos de los consumidores, la regulación de los procedimientos de mediación, información y educación en el consumo y la aplicación de reclamaciones.
5.º Autorización para la creación y organización de mercados de valores y centros de contratación ubicados en Andalucía. Supervisión de estos mercados y centros, y de las sociedades rectoras de los agentes que intervengan en los mismos.
3. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía el desarrollo y la gestión de la planificación general de la actividad económica. Esta competencia incluye, en todo caso:
a) El desarrollo de los planes estatales.
b) La participación en la planificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 222 de este Estatuto.
c) La gestión de los planes, incluyendo los fondos y los recursos de origen estatal destinados al fomento de la actividad económica, en los términos que se acuerden con el Estado mediante convenio.
4. La Comunidad Autónoma asume competencias ejecutivas en:
1.º Reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolios, e intervención de empresas cuando lo exija el interés general.
2.º Ferias internacionales que se celebren en Andalucía.
3.º Propiedad intelectual e industrial.
4.º Control, metrología y contraste de metales.
5.º Defensa de la competencia en el desarrollo de las actividades económicas que alteren o puedan alterar la libre competencia del mercado en un ámbito que no supere el territorio de Andalucía, incluidas la inspección y la ejecución del régimen sancionador.
Datos clave
- Competencias exclusivas en comercio interior, incluidos calendarios y horarios comerciales y la autorización de grandes superficies comerciales.
- Competencias exclusivas en artesanía, cooperativas y entidades de economía social.
- Establecimiento y regulación de un órgano independiente de defensa de la competencia.
- Competencias exclusivas, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, en fomento y planificación de la actividad económica, industria y defensa de los consumidores.
- La participación en la planificación se rige por el artículo 222 del Estatuto.
- Competencias ejecutivas en ferias internacionales, propiedad intelectual e industrial, y control, metrología y contraste de metales.
- Defensa de la competencia en un ámbito que no supere el territorio de Andalucía, incluidas la inspección y el régimen sancionador.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Actividad económica en cuatro bloques: exclusivas plenas (comercio, artesanía, cooperativas), exclusivas sujetas a las bases estatales (fomento, industria, consumo), desarrollo de la planificación general y competencias ejecutivas.
Esquema
| Exclusiva | Ejecutiva | |
|---|---|---|
| Ferias | Ferias y mercados interiores | Ferias internacionales |
| Competencia | Promoción y órgano independiente | Defensa en ámbito andaluz con sanciones |
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Artículo 71. Turismo.
Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de turismo, que incluye, en todo caso: la ordenación y la planificación del sector turístico; la regulación y la clasificación de las empresas y establecimientos turísticos y la gestión de la red de establecimientos turísticos de titularidad de la Junta, así como la coordinación con los órganos de administración de Paradores de Turismo de España en los términos que establezca la legislación estatal; la promoción interna y externa que incluye la suscripción de acuerdos con entes extranjeros y la creación de oficinas en el extranjero; la regulación de los derechos y deberes específicos de los usuarios y prestadores de servicios turísticos; la formación sobre turismo y la fijación de los criterios, la regulación de las condiciones y la ejecución y el control de las líneas públicas de ayuda y promoción del turismo.
Datos clave
- Competencia exclusiva en materia de turismo.
- Incluye la ordenación y planificación del sector turístico y la clasificación de empresas y establecimientos turísticos.
- Incluye la coordinación con Paradores de Turismo de España en los términos de la legislación estatal.
- La promoción externa incluye la suscripción de acuerdos con entes extranjeros y la creación de oficinas en el extranjero.
- Incluye la regulación de los derechos y deberes de usuarios y prestadores de servicios turísticos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Turismo es competencia exclusiva andaluza: ordenación del sector, empresas y establecimientos, promoción dentro y fuera, derechos de usuarios y prestadores, formación y ayudas.
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TR Consumidores (RDL 1/2007) · Art. 3
Conceptos de consumidor y usuario y de persona consumidora vulnerable. 1. A efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. 2. Asimismo, a los efectos de esta ley y sin perjuicio de la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicación, tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad.
Datos clave
- ¿Puede una persona jurídica ser consumidora? → Sí, si actúa sin ánimo de lucro y fuera de su actividad comercial (art. 3.1).
- ¿Qué define a una persona consumidora vulnerable? → La especial subordinación, indefensión o desprotección para ejercer sus derechos (art. 3.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define quién es consumidor o usuario: personas físicas que actúan con propósito ajeno a su actividad profesional, y también personas jurídicas y entidades sin personalidad que actúan sin ánimo de lucro fuera de su actividad empresarial; y define a la persona consumidora vulnerable.
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TR Consumidores (RDL 1/2007) · Art. 8
Derechos básicos de los consumidores y usuarios. 1. Son derechos básicos de los consumidores y usuarios y de las personas consumidoras vulnerables: a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad. b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. c) La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos. d) La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios en formatos que garanticen su accesibilidad y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute, así como la toma de decisiones óptimas para sus intereses. e) La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas. f) La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial en relación con las personas consumidoras vulnerables. 2. Los derechos de las personas consumidoras vulnerables gozarán de una especial atención, que será recogida reglamentariamente y por la normativa sectorial que resulte de aplicación en cada caso. Los poderes públicos promocionarán políticas y actuaciones tendentes a garantizar sus derechos en condiciones de igualdad, con arreglo a la concreta situación de vulnerabilidad en la que se encuentren, tratando de evitar, en cualquier caso, trámites que puedan dificultar el ejercicio de los mismos.
Datos clave
- ¿Cuántos derechos básicos enumera el artículo 8.1? → Seis, de la letra a) a la f).
- ¿Dónde se recoge la especial atención a los derechos de las personas consumidoras vulnerables? → Reglamentariamente y en la normativa sectorial que resulte de aplicación en cada caso.
- Son seis letras, de la a) a la f), y siguen un orden lógico: salud, bolsillo, indemnización, información, participación y procedimientos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera los seis derechos básicos de los consumidores y usuarios y de las personas consumidoras vulnerables, y añade que los derechos de estas últimas reciben especial atención por vía reglamentaria y sectorial.
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TR Consumidores (RDL 1/2007) · Art. 47 · Infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios
Artículo 47. Infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
Son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios las siguientes:
a) El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de naturaleza sanitaria.
b) Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, ya sea en forma consciente o deliberada, ya sea por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate.
c) El incumplimiento o transgresión de los requisitos previos que concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones específicas, al objeto de evitar contaminaciones, circunstancias o conductas nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública.
d) La alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento, alteración de su composición o calidad o incumplimiento de las condiciones que correspondan a su naturaleza.
e) El incumplimiento del régimen de garantías y servicios posventa, o del régimen de reparación de productos de naturaleza duradera.
f) El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades mínimas o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales.
g) El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización o denominación de productos, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios, incluidas las relativas a la información previa a la contratación.
h) El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten o puedan suponer un riesgo para los consumidores y usuarios.
i) La obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección.
j) La introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos, así como la no remoción de sus efectos una vez declarado judicialmente su carácter abusivo o sancionado tal hecho en vía administrativa con carácter firme.
k) Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la obstaculización al ejercicio de tal derecho del consumidor a través del procedimiento pactado, la falta de previsión de éste o la falta de comunicación al usuario del procedimiento para darse de baja en el servicio.
l) Toda actuación discriminatoria contra personas consumidoras vulnerables independientemente del motivo o contra cualquier consumidor o usuario por el ejercicio de los derechos que confiere esta Ley o sus normas de desarrollo, ya sea no atendiendo sus demandas, negándoles el acceso a los establecimientos o dispensándoles un trato o imponiéndoles unas condiciones desiguales, así como el incumplimiento de las prohibiciones de discriminación previstas en el Reglamento (UE) 2018/302, cuando dicha actuación no sea constitutiva de delito.
m) El uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios.
n) Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestación de los servicios y, en especial, las previstas como tales en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuando no sean constitutivas de delito.
ñ) La negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal
o) El incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos por la Administración mediante órdenes o como medidas cautelares o provisionales dictadas con el fin de evitar la producción o continuación de riesgos o lesiones para los consumidores y usuarios, así como el incumplimiento de los compromisos adquiridos para poner fin a la infracción y corregir sus efectos.
p) La obstrucción o negativa a suministrar las condiciones generales de la contratación que establece el artículo 81.1 de esta ley o cualquier otra información requerida por la Administración competente en el ejercicio de sus competencias de acuerdo con esta ley.
q) El incumplimiento de las obligaciones en relación con los servicios de atención al cliente incluidas en esta norma y en su normativa específica.
r) El incumplimiento del régimen establecido en materia de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.
s) El incumplimiento de las obligaciones que la regulación de contratos celebrados a distancia impone en materia de plazos de ejecución y de devolución de cantidades abonadas; el envío o suministro, con pretensión de cobro, de bienes o servicios no solicitados por el consumidor y usuario; el uso de técnicas de comunicación que requieran el consentimiento expreso previo o la falta de oposición del consumidor y usuario, cuando no concurra la circunstancia correspondiente; así como la negativa u obstrucción al ejercicio del derecho de desistimiento.
t) El incumplimiento de las obligaciones que la regulación de contratos celebrados a distancia impone en materias no recogidas en la letra anterior.
u) Cualquier otro incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta norma o en disposiciones que la desarrollen, que no esté previsto en los tipos recogidos en este artículo será considerado infracción de la normativa de consumo y sancionado en los términos previstos en la legislación autonómica que resulte de aplicación.
Se modifica la letra q) por la disposición final 3.3 de la Ley 10/2025, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2025-26698#df-3
Se modifica por el art. 82.4 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre. Ref. BOE-A-2021-17910#a8-4
Esta modificación entra en vigor el 28 de mayo de 2022, según establece la disposición final 10.c) del citado Real Decreto-ley.
Se añade el apartado 4 por el art. único.6 de la Ley 3/2014, de 27 de marzo. Ref. BOE-A-2014-3329 .
Se modifica el apartado 3 por el art. 3.5 de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-21162
Datos clave
- ¿Qué letra del artículo 47 tipifica la negativa a aceptar el pago en efectivo? → La letra ñ), dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
- ¿Qué artículo se cita en la letra p) sobre condiciones generales de la contratación? → El artículo 81.1 de esta ley.
- ¿Qué establece la letra u)? → Que cualquier otro incumplimiento no tipificado será infracción de la normativa de consumo y se sancionará según la legislación autonómica aplicable.
- Cuenta las letras: son 22, de la a) a la u), con ñ incluida. La última, la u), es el cajón de sastre que remite a la legislación autonómica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tipifica en 22 letras, de la a) a la u), las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios, desde el incumplimiento sanitario hasta una cláusula de cierre que remite a la legislación autonómica.
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TR Consumidores (RDL 1/2007) · Art. 49 · Sanciones
Artículo 49. Sanciones.
1. La imposición de sanciones deberá garantizar, en cualquier circunstancia, que la comisión de una infracción no resulte más beneficiosa para la parte infractora que el incumplimiento de las normas infringidas. Sobre esta base, las infracciones serán sancionadas con multa comprendida entre los siguientes importes máximos y mínimos:
a) Infracciones leves: entre 150 y 10.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido.
b) Infracciones graves: entre 10.001 y 100.000 euros pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
c) Infracciones muy graves: ente 100.001 y 1.000.000 de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
No obstante, cuando la aplicación de los rangos indicados anteriormente conlleve la imposición de una sanción desproporcionada en relación con la capacidad económica del infractor se podrá utilizar el rango asignado a la calificación de un menor nivel de gravedad para el cálculo de la sanción.
2. Para determinar, dentro de los mínimos y máximos establecidos, el importe de la multa correspondiente a cada infracción, se atenderá especialmente a la concurrencia de alguna de las circunstancias de los apartados 3 o 4 del artículo anterior que no hubieran podido ser tenidas en cuenta para alterar la calificación de la infracción o que no se dieran con todos sus requisitos, además de la naturaleza de la infracción, el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, el carácter continuado de la infracción, el número de consumidores afectados, el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido, las sanciones impuestas por la misma infracción a su autor en otros Estados miembros en casos transfronterizos así como el volumen de negocio anual o cualquier otro indicador de su capacidad económica.
3. El beneficio ilícito se calculará, cuando no pueda ser determinado exactamente, con criterios estimativos e incluirá el aumento de ingresos y el ahorro de gastos que haya supuesto directa o indirectamente la infracción sin descontar multas, perjuicios de los comisos o cierres, ni las cantidades que por cualquier concepto haya tenido que abonar el responsable a la Administración o a los consumidores y usuarios como consecuencia de la infracción.
4. La clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad y la retirada del mercado precautoria o definitiva de bienes o servicios por razones de salud y seguridad, no tienen el carácter de sanción.
5. Cuando se impongan sanciones con arreglo al artículo 21 del Reglamento (UE) 2017/2394, su importe máximo para infracciones muy graves, equivaldrá al 4 % del volumen de negocio anual del empresario en España o en los Estados miembros afectados por la infracción. En caso de no disponerse de esta información, se podrán imponer multas cuyo importe máximo equivaldrá a dos millones de euros.
6. El órgano competente para imponer la sanción podrá resolver la terminación del procedimiento sancionador cuando los presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre los consumidores y usuarios derivados de las conductas objeto del expediente y quede garantizado suficientemente el interés público. Los compromisos serán vinculantes y surtirán plenos efectos una vez incorporados a la resolución que ponga fin al procedimiento.
7. Cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, las resoluciones por la que se ponga fin al procedimiento sancionador en relación con infracciones que tengan la calificación de muy graves conforme a esta norma, así como aquellas que se dicten con arreglo al artículo 21 del Reglamento (UE) 2017/2394, serán de libre acceso y publicadas en la página web de la autoridad correspondiente, una vez sea notificada a los interesados. Dicha publicación se llevará a cabo tras resolver, en su caso, sobre los aspectos confidenciales de su contenido y previa disociación de los datos de carácter personal a los que se refiere el artículo 4.1 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, salvo en lo que se refiere al nombre de los infractores.
Se modifica el apartado 1 por la disposición final 1.4 de la Ley 23/2022, de 2 de noviembre de 2022. Ref. BOE-A-2022-18037#df
Se modifica por el art. 82.4 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre. Ref. BOE-A-2021-17910#a8-4
Esta modificación entra en vigor el 28 de mayo de 2022, según establece la disposición final 10.c) del citado Real Decreto-ley.
Se modifica la letra i) y se añade la p) en el apartado 1 por el art. 3.2 del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2020-16824#a3
Se añade la letra o) al apartado 1 por el art. único.7 de la Ley 3/2014, de 27 de marzo. Ref. BOE-A-2014-3329 .
Se reordena la letra k) del apartado 1 como letra l) y se añade la letra k) por el art. 4.2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20725
Se modifica la letra l) del apartado 1 y se añaden las letras m) y n) por el art. 3.6 de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-21162
Datos clave
- ¿Qué porcentaje del volumen de negocio puede alcanzar la multa por infracción muy grave con dimensión UE, según el art. 49.5? → El 4 % del volumen de negocio anual, o 2.000.000 € si no se conoce ese dato.
- ¿Qué ocurre con las resoluciones firmes por infracciones muy graves según el art. 49.7? → Son de libre acceso y se publican en la web de la autoridad, salvo los datos personales (aunque sí el nombre del infractor).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Detalla el régimen de las multas: los tramos por gravedad de la infracción (que además deben evitar que la infracción salga rentable), cómo se calcula el beneficio ilícito, el límite especial del 4 % del volumen de negocio o 2 millones de euros para infracciones transfronterizas del Reglamento (UE) 2017/2394, la terminación del procedimiento con compromisos, y la publicidad de las resoluciones firmes por infracciones muy graves.
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Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley.
El artículo 1 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, establece su objeto y sus finalidades.
1. El objeto de la Ley es la ordenación, la planificación y la promoción del turismo sostenible.
2. En el marco del Estatuto de Autonomía, la Ley tiene como finalidad:
a) El impulso del turismo sostenible como sector estratégico de la economía andaluza, generador de empleo y desarrollo económico.
b) La promoción de Andalucía como destino turístico, atendiendo a la realidad cultural, medioambiental, económica y social, favoreciendo la desestacionalización y garantizando el tratamiento unitario de su marca turística.
c) La determinación de las competencias de las diferentes Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el turismo.
d) La protección de los recursos turísticos de acuerdo con el principio de sostenibilidad.
e) El estímulo del asociacionismo empresarial y profesional y la mejora de la competitividad del sector turístico, basada en la incorporación estratégica de criterios de calidad, la profesionalización de los recursos humanos, la innovación y la sostenibilidad.
f) La erradicación de la clandestinidad y la competencia desleal en la actividad turística.
g) La defensa y protección de las personas usuarias de los servicios turísticos.
h) El fomento del turismo como instrumento de comunicación y conocimiento entre los pueblos y culturas.
i) El impulso de la accesibilidad universal a los recursos y servicios turísticos, así como el acceso a la información en igualdad de condiciones.
Datos clave
- Objeto: la ordenación, la planificación y la promoción del turismo sostenible.
- El turismo sostenible se impulsa como sector estratégico de la economía andaluza, generador de empleo y desarrollo económico.
- La promoción de Andalucía favorece la desestacionalización y garantiza el tratamiento unitario de su marca turística.
- Entre sus fines figura la erradicación de la clandestinidad y la competencia desleal en la actividad turística.
- Los recursos turísticos se protegen de acuerdo con el principio de sostenibilidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley del Turismo de Andalucía tiene un objeto (ordenar, planificar y promover el turismo sostenible) y nueve finalidades, desde el impulso económico hasta la accesibilidad universal.
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Artículo 2. Definiciones.
El artículo 2 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, recoge las definiciones básicas a efectos de la Ley:
a) Turismo: las actividades que las personas realizan durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por periodos temporales determinados.
b) Recurso turístico: cualquier bien o manifestación diversa de la realidad física, geográfica, natural, social o cultural de Andalucía susceptible de generar flujos turísticos con repercusión en la situación económica de una colectividad.
c) Servicio turístico: la actividad que tiene por objeto atender alguna necesidad, actual o futura, de las personas usuarias turísticas o de otras personas que lo demanden, relacionada con su situación de desplazamiento de su residencia habitual y que haya sido declarada por esta Ley o por sus reglamentos de desarrollo.
d) Actividades con incidencia en el ámbito turístico: las relacionadas con el turismo que favorecen el movimiento y la estancia de turistas, contribuyen a la dinamización del sector turístico y presentan una vinculación funcional susceptible de generar una sinergia económica entre los mismos.
e) Administración turística: los órganos y entidades de naturaleza pública con competencias específicas sobre la actividad turística.
f) Empresa turística: cualquier persona física o jurídica que, en nombre propio y de manera habitual y con ánimo de lucro, se dedica a la prestación de algún servicio turístico.
g) Establecimiento turístico: el conjunto de bienes, muebles e inmuebles que, formando una unidad funcional autónoma, es ordenado y dispuesto por su titular para la adecuada prestación de algún servicio turístico.
h) Trabajador o trabajadora del sector turístico: la persona que presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección de una empresa turística.
i) Persona usuaria de servicios turísticos o turista: la persona física que, como destinataria final, recibe algún servicio turístico.
Datos clave
- Turismo: actividades durante viajes y estancias en lugares distintos al entorno habitual, por periodos temporales determinados.
- Empresa turística: persona física o jurídica que, en nombre propio, de manera habitual y con ánimo de lucro, presta algún servicio turístico.
- Establecimiento turístico: conjunto de bienes que forma una unidad funcional autónoma para prestar un servicio turístico.
- Turista: persona física que, como destinataria final, recibe algún servicio turístico.
- Administración turística: órganos y entidades públicos con competencias específicas sobre la actividad turística.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Nueve definiciones que sostienen toda la Ley: turismo, recurso, servicio, empresa, establecimiento, trabajador y turista. Las de empresa y turista son las más preguntadas.
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Artículo 3. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía.
El artículo 3 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, enumera las competencias turísticas de la Administración de la Junta de Andalucía.
1. De conformidad con las competencias establecidas en el artículo 71 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponden a la Administración de la Junta de Andalucía:
a) La formulación, planificación y aplicación de la política de la Comunidad Autónoma en relación con el turismo.
b) La regulación de los servicios turísticos, incluyendo los derechos y deberes específicos de las personas usuarias y de las prestadoras de servicios turísticos.
c) La ordenación y gestión del Registro de Turismo de Andalucía.
d) Las potestades de inspección y sanción sobre las actividades turísticas en los términos establecidos en esta Ley.
e) La declaración de Municipio Turístico y la declaración de interés turístico de fiestas, acontecimientos, lugares, itinerarios, rutas, publicaciones, obras audiovisuales y de cualquier otra manifestación, expresión o iniciativa que incida en el turismo de Andalucía y que reglamentariamente se determine.
f) La protección y promoción interna y externa de la imagen turística de Andalucía, incluyendo la suscripción de acuerdos con entidades extranjeras y la creación de oficinas.
g) La planificación y ordenación del turismo y de los recursos turísticos de interés para Andalucía, sin menoscabo de las atribuciones de cada Consejería, y la coordinación, conforme al artículo 5 de esta Ley, de las actuaciones que en esa materia ejerzan las entidades locales.
h) La fijación de los criterios, la regulación de las condiciones y la ejecución y el control de las líneas públicas de ayuda y promoción del turismo.
i) La regulación y, en su caso, la habilitación para el ejercicio de las profesiones del sector, así como el fomento del desarrollo de competencias profesionales en el ámbito turístico.
j) La potenciación de las medidas y actuaciones que posibiliten el desarrollo y la implantación de políticas de calidad turística en los destinos, recursos, servicios y empresas turísticas de Andalucía.
k) El apoyo a la innovación y la modernización tecnológica de las empresas y establecimientos turísticos, así como la generación y transferencia de conocimiento al sistema turístico andaluz como herramienta de mejora continua.
l) La participación en los órganos de los Paradores, en los términos previstos por la legislación estatal, para facilitar la coordinación entre los establecimientos turísticos de titularidad de la Junta de Andalucía y la Red de Paradores del Estado.
m) La gestión y elaboración de las estadísticas turísticas en Andalucía.
n) La cooperación con la Administración del Estado y otras Comunidades Autónomas en materia de turismo.
ñ) Cuantas otras competencias relacionadas con el turismo se le atribuyan en esta Ley o en otra normativa de aplicación.
2. Estas competencias podrán ser transferidas o delegadas en las entidades locales, de conformidad con los artículos 17 y 19 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Datos clave
- Base estatutaria: artículo 71 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- La Junta ordena y gestiona el Registro de Turismo de Andalucía.
- Corresponde a la Junta la declaración de Municipio Turístico y la declaración de interés turístico.
- La Junta ejerce las potestades de inspección y sanción sobre las actividades turísticas.
- Participa en los órganos de los Paradores para coordinarse con la Red de Paradores del Estado.
- Las competencias pueden transferirse o delegarse en las entidades locales conforme a los artículos 17 y 19 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista de competencias turísticas de la Junta de Andalucía, con base en el artículo 71 del Estatuto: política, regulación, Registro, inspección y sanción, declaraciones de interés, Paradores, estadísticas… y posible traspaso a las entidades locales.
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Artículo 4. Competencias de los municipios.
El artículo 4 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, regula las competencias municipales en materia de turismo.
1. Son competencias propias de los municipios en materia de turismo las determinadas en el artículo 9.16 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
2. La Junta de Andalucía podrá transferir o delegar en los municipios cualesquiera otras competencias en materia de turismo de acuerdo con lo previsto en la sección 4.ª del Capítulo II del Título I de la Ley 5/2010, de 11 de junio.
Datos clave
- Competencias propias municipales en turismo: las del artículo 9.16 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.
- La Junta de Andalucía puede transferir o delegar en los municipios otras competencias turísticas.
- La transferencia o delegación se rige por la sección 4.ª del Capítulo II del Título I de la Ley 5/2010.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los municipios tienen como propias las competencias turísticas que fija la Ley de Autonomía Local de Andalucía (artículo 9.16) y pueden recibir otras por transferencia o delegación de la Junta.
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Artículo 5. Las relaciones interadministrativas.
El artículo 5 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, ordena las relaciones entre las Administraciones con competencias turísticas.
1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma, las relaciones entre los diversos entes públicos con competencias turísticas se ajustarán a los principios de coordinación, cooperación, colaboración y descentralización.
2. El Consejo de Gobierno coordinará el ejercicio de las competencias de las entidades locales en materia de turismo en los términos de los artículos 58 y 59 de la Ley 5/2010, de 11 de junio. A tal efecto, podrá definir los objetivos de interés autonómico y determinar las prioridades de acción pública en relación con la actividad turística a través de los correspondientes instrumentos de planificación, previa audiencia de los entes locales afectados, directamente o a través de las entidades que los representen.
3. La coordinación que realice la Administración de la Junta de Andalucía no podrá afectar en ningún caso a la autonomía de las entidades locales y se llevará a cabo de conformidad con el artículo 58.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.
Datos clave
- Principios: coordinación, cooperación, colaboración y descentralización.
- El Consejo de Gobierno coordina las competencias turísticas de las entidades locales (artículos 58 y 59 de la Ley 5/2010).
- Los objetivos de interés autonómico se fijan mediante instrumentos de planificación, previa audiencia de los entes locales afectados.
- La coordinación no puede afectar en ningún caso a la autonomía de las entidades locales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones turísticas andaluzas se relacionan por coordinación, cooperación, colaboración y descentralización; el Consejo de Gobierno coordina a los entes locales sin poder tocar su autonomía.
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Artículo 6. Órganos.
El artículo 6 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, identifica los órganos de la Junta de Andalucía en materia turística.
1. La Junta de Andalucía ejercerá sus competencias administrativas sobre el turismo a través de la Consejería que en cada momento las tenga atribuidas.
2. Adscrito a la Consejería competente en materia de turismo existirá el Consejo Andaluz del Turismo.
Datos clave
- Las competencias administrativas sobre turismo se ejercen a través de la Consejería que en cada momento las tenga atribuidas.
- El Consejo Andaluz del Turismo está adscrito a la Consejería competente en materia de turismo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Junta ejerce el turismo a través de la Consejería que en cada momento lo tenga atribuido, y a esa Consejería se adscribe el Consejo Andaluz del Turismo.
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Artículo 7. El Consejo Andaluz del Turismo.
El artículo 7 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, regula el Consejo Andaluz del Turismo.
1. Sin perjuicio de la existencia de otros órganos consultivos de carácter general, el Consejo Andaluz del Turismo es el órgano consultivo y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de turismo.
2. En él estarán representadas las entidades locales andaluzas a través de la asociación de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación. Asimismo, formarán parte del Consejo las organizaciones empresariales, sindicales y de consumidores y usuarios más representativas, así como aquellas otras que se establezcan reglamentariamente.
3. Su organización y régimen de funcionamiento se establecerán reglamentariamente, pudiendo crearse comisiones de acuerdo con lo que dispongan sus normas de régimen interior.
Datos clave
- Naturaleza: órgano consultivo y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de turismo.
- Las entidades locales se representan a través de la asociación de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación.
- Lo integran también las organizaciones empresariales, sindicales y de consumidores y usuarios más representativas.
- Organización y funcionamiento: se fijan reglamentariamente; pueden crearse comisiones según sus normas de régimen interior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Consejo Andaluz del Turismo es el órgano consultivo y de asesoramiento de la Junta en turismo; reúne a entidades locales, empresarios, sindicatos y consumidores.
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Artículo 11. Plan General del Turismo.
El artículo 11 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, regula el Plan General del Turismo.
1. El Plan General del Turismo se configura como la estrategia para lograr el desarrollo turístico sostenible de Andalucía y es el instrumento básico y esencial en la ordenación de sus recursos turísticos: cualquier otro instrumento de planificación turística deberá ajustarse a sus especificaciones y directrices.
2. Su finalidad esencial es promover el fortalecimiento de la oferta turística andaluza a través de su cualificación y diversificación, de forma que se alcance una mejor distribución de los flujos turísticos que permita reducir la estacionalidad y alcanzar una mayor cohesión territorial.
3. Contenido mínimo:
a) El análisis y diagnóstico de la situación del turismo en Andalucía, tendencias y escenarios previsibles.
b) Las necesidades y objetivos estratégicos del turismo en Andalucía.
c) Las orientaciones generales y prioridades de actuación, así como los planes, instrumentos, programas y proyectos necesarios para su desarrollo y ejecución.
d) La delimitación de ámbitos territoriales homogéneos para la ordenación de los recursos y las actividades turísticas, así como los criterios básicos para su desarrollo turístico sostenible.
e) El sistema de seguimiento y evaluación.
f) Cualquier otro contenido que establezca el acuerdo de aprobación del Plan.
4. El Plan podrá prever, oído el Consejo Andaluz del Turismo, Programas de Recualificación de Destinos y Programas de Turismo Específico.
5. En su elaboración se sustanciará el trámite de información pública y se concederá audiencia a las Administraciones Públicas afectadas y a las asociaciones de municipios y provincias, empresariales, sindicales y de consumidores más representativas, así como a otras entidades legítimamente interesadas o cuya consulta resulte preceptiva según la normativa sectorial.
6. Se someterá a consulta del Consejo Andaluz del Turismo y se recabará informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, sin perjuicio de otros informes preceptivos.
7. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo, podrá aprobar mediante acuerdo el Plan General del Turismo, que será remitido al Parlamento de Andalucía para su conocimiento.
8. Su vigencia será la que determine el Acuerdo de aprobación, sin perjuicio de su revisión y modificación. El Plan podrá prorrogarse por períodos anuales, con un máximo de tres, por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo; la prórroga queda sin efecto en el momento en que comience la vigencia del nuevo Plan que lo sustituya.
9. Las modificaciones derivadas de sus revisiones se aprobarán por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo, previo informe de las Consejerías afectadas y previa consulta preceptiva al Consejo Andaluz del Turismo.
10. En el seguimiento del Plan intervendrá el Consejo Andaluz del Turismo para supervisar su desarrollo y el cumplimiento de sus planteamientos y objetivos.
Datos clave
- Es el instrumento básico y esencial en la ordenación de los recursos turísticos; los demás instrumentos de planificación turística se ajustan a él.
- Lo aprueba el Consejo de Gobierno mediante acuerdo, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente, y se remite al Parlamento de Andalucía para su conocimiento.
- Prórroga por períodos anuales, con un máximo de tres, por orden de la persona titular de la Consejería.
- Las modificaciones por revisión se aprueban por orden de la persona titular de la Consejería, previa consulta preceptiva al Consejo Andaluz del Turismo.
- Se recaba informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.
- Puede prever Programas de Recualificación de Destinos y Programas de Turismo Específico, oído el Consejo Andaluz del Turismo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Plan General del Turismo es el instrumento básico de ordenación turística de Andalucía: lo aprueba el Consejo de Gobierno, se remite al Parlamento y admite prórrogas anuales hasta un máximo de tres.
Esquema
| Trámite | Órgano y forma | |
|---|---|---|
| Aprobación | Aprobar el Plan | Consejo de Gobierno, mediante acuerdo |
| Prórroga | Anual, máximo tres | Orden de la persona titular de la Consejería |
| Modificación | Por revisión | Orden, previo informe de Consejerías y consulta al Consejo Andaluz del Turismo |
| Parlamento | Remisión | Para su conocimiento |
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Artículo 28. Servicios turísticos.
El artículo 28 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, determina qué servicios tienen carácter turístico.
1. Tienen la consideración de servicios turísticos los siguientes:
a) El alojamiento, cuando se facilite hospedaje o estancia a las personas usuarias de servicios turísticos.
b) La intermediación, consistente en la organización o comercialización de viajes combinados o en la facilitación de servicios de viaje vinculados.
c) La información turística y los servicios de información prestados por guías de turismo, cuando se facilite sobre los recursos o la oferta turística.
d) La organización de actividades de turismo activo, relacionadas con actividades deportivas que se practiquen sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la naturaleza, a las que es inherente el factor riesgo o cierto grado de esfuerzo físico o destreza, y las integrantes del turismo ecológico o ecoturismo, basadas en el aprecio, disfrute, sensibilización, estudio e interpretación de los recursos naturales.
e) La restauración y catering turísticos, referidos a los establecimientos que se dedican de forma habitual y profesional, mediante precio, a servir a la persona usuaria comidas y bebidas para consumir en sus propias dependencias o en instalaciones ajenas al establecimiento.
f) Las actividades dirigidas a la organización de congresos, convenciones u otro tipo de eventos vinculados a la actividad empresarial.
2. Reglamentariamente podrá reconocerse carácter turístico a otros servicios distintos de los señalados.
3. La Consejería competente en materia de turismo ejercerá la ordenación y el control sobre los servicios turísticos desarrollados reglamentariamente, en los términos de la Ley.
Datos clave
- La Ley enumera seis servicios turísticos: alojamiento, intermediación, información turística, turismo activo, restauración y catering turísticos, y organización de congresos y eventos.
- La intermediación comprende la organización o comercialización de viajes combinados o la facilitación de servicios de viaje vinculados.
- Al turismo activo le es inherente el factor riesgo o cierto grado de esfuerzo físico o destreza.
- Otros servicios pueden recibir carácter turístico por vía reglamentaria.
- La ordenación y el control corresponden a la Consejería competente en materia de turismo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley considera servicios turísticos seis actividades: alojamiento, intermediación, información turística, turismo activo, restauración y catering, y congresos y eventos; el reglamento puede añadir otras.
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Artículo 40. Tipos de establecimientos de alojamiento turístico.
El artículo 40 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, clasifica los establecimientos de alojamiento turístico y sus requisitos.
1. Los establecimientos de alojamiento turístico pueden ser de los siguientes tipos:
a) Establecimientos hoteleros.
b) Apartamentos turísticos.
c) Campamentos de turismo o campings.
d) Casas rurales.
e) Cualquier otro que se establezca reglamentariamente.
2. Deberán cumplir los requisitos referidos a sus instalaciones, mobiliario, servicios y, en su caso, superficie de parcela que reglamentariamente se determine, en función del tipo, grupo, categoría, modalidad y especialidad a la que pertenezcan.
3. Reglamentariamente, el Consejo de Gobierno podrá establecer requisitos mínimos adicionales para determinadas clases de establecimientos en función del tipo, grupo, categoría, modalidad y, en su caso, especialidad. De manera específica, atendiendo a la ubicación territorial de los establecimientos y respetando las determinaciones de ordenación territorial y urbanística, podrán establecerse requisitos consistentes en: a) la fijación de un parámetro mínimo, expresado en metros cuadrados, de parcela por cada plaza o unidad de alojamiento turístico; b) la determinación de la superficie de parcela mínima necesaria para su emplazamiento.
4. Sin perjuicio de otras facultades de comprobación, el cumplimiento de estos requisitos será comprobado por la Consejería competente en materia de turismo y por los Ayuntamientos al tramitar, en su caso, las licencias urbanísticas o tras la recepción de la declaración responsable o comunicación previa.
5. Reglamentariamente se podrán establecer los requisitos exigibles para prestar el servicio de alojamiento turístico en otros establecimientos distintos de los mencionados.
Datos clave
- Tipos: establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campamentos de turismo o campings, casas rurales y otros reglamentarios.
- Los requisitos dependen del tipo, grupo, categoría, modalidad y especialidad.
- El Consejo de Gobierno puede fijar requisitos mínimos adicionales por vía reglamentaria.
- Por ubicación territorial cabe fijar metros cuadrados mínimos de parcela por plaza o unidad de alojamiento y una parcela mínima.
- Comprueban los requisitos la Consejería competente en turismo y los Ayuntamientos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuatro tipos de alojamiento turístico (hoteles, apartamentos, campings y casas rurales) más los que fije el reglamento, con requisitos según tipo, grupo, categoría, modalidad y especialidad.
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Artículo 63. Funciones de la inspección turística.
El artículo 63 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, atribuye a la inspección en materia de turismo las funciones siguientes:
a) La comprobación y control del cumplimiento de la normativa vigente en materia de turismo, especialmente la persecución de las actividades clandestinas. La inspección podrá requerir la subsanación de las deficiencias apreciadas y, en su caso, proponer el inicio de los procedimientos sancionadores que procedan.
b) La emisión de los informes técnicos que solicite la Administración turística, en particular en casos de clasificación de establecimientos turísticos, funcionamiento de empresas y seguimiento de la ejecución de inversiones subvencionadas.
c) La información y asesoramiento a las personas interesadas, cuando así lo requieran, sobre sus derechos y deberes y sobre la aplicación de la normativa turística vigente.
d) Aquellas otras que, en función de su naturaleza, le encomiende la persona titular de la Consejería competente en materia turística.
Datos clave
- La comprobación y control de la normativa turística persigue especialmente las actividades clandestinas.
- La inspección puede requerir la subsanación de deficiencias y proponer el inicio de procedimientos sancionadores.
- Emite informes técnicos sobre clasificación de establecimientos, funcionamiento de empresas e inversiones subvencionadas.
- Otras funciones pueden serle encomendadas por la persona titular de la Consejería competente en materia turística.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La inspección turística controla el cumplimiento de la normativa (sobre todo la clandestinidad), emite informes técnicos, informa a los interesados y asume lo que le encomiende la persona titular de la Consejería.
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Artículo 64. Los servicios de inspección turística.
El artículo 64 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, regula los servicios de inspección turística y el estatuto de su personal.
1. Las funciones inspectoras en la Comunidad Autónoma de Andalucía serán ejercidas por la Consejería competente en materia de turismo, a la que se adscriben los correspondientes servicios de inspección, con la estructura que se determine reglamentariamente.
2. El personal funcionario de los servicios de inspección de la Junta de Andalucía, en el ejercicio de su cometido en materia turística, tendrá la consideración de agente de la autoridad, con la protección y facultades que le dispensa la normativa vigente. Contará con la correspondiente acreditación, que deberá exhibir en el ejercicio de sus funciones.
3. El personal de los servicios de inspección de turismo está obligado a cumplir el deber de secreto, cuyo incumplimiento será sancionado conforme a las disposiciones vigentes. Asimismo, gozará de independencia en sus apreciaciones, actuando de acuerdo con las previsiones de los planes de inspección y las instrucciones de sus superiores jerárquicos.
4. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector debe observar el respeto y la consideración debidos a las personas interesadas y a las usuarias, informándoles, cuando así lo requieran, de sus derechos y deberes.
Datos clave
- Las funciones inspectoras las ejerce la Consejería competente en materia de turismo.
- El personal funcionario de inspección tiene la consideración de agente de la autoridad.
- Debe exhibir su acreditación en el ejercicio de sus funciones.
- Está obligado al deber de secreto y goza de independencia en sus apreciaciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La inspección turística depende de la Consejería competente; su personal funcionario es agente de la autoridad, debe exhibir acreditación, guarda secreto y actúa con independencia.
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Artículo 69. Infracciones administrativas.
El artículo 69 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, sienta las bases del régimen de infracciones turísticas.
1. Son infracciones administrativas en materia de turismo las acciones u omisiones tipificadas en la Ley.
2. Las disposiciones reglamentarias de ordenación del turismo podrán, dentro del marco de la Ley, complementar o especificar las conductas contrarias a lo dispuesto en ella.
3. Las infracciones a la normativa turística se clasifican en leves, graves y muy graves.
4. La comisión de una infracción administrativa en materia de turismo dará lugar a la tramitación del correspondiente expediente sancionador, conforme a lo previsto en el título correspondiente de la Ley.
Datos clave
- Son infracciones las acciones u omisiones tipificadas en la Ley del Turismo de Andalucía.
- Los reglamentos pueden complementar o especificar las conductas dentro del marco legal.
- Clasificación: leves, graves y muy graves.
- Toda infracción da lugar a la tramitación del expediente sancionador.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Infracción turística es lo que tipifica la Ley; los reglamentos pueden concretar conductas dentro de ella. Hay infracciones leves, graves y muy graves, y cada una abre expediente sancionador.
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Artículo 76. Tipología de las sanciones.
El artículo 76 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, establece las sanciones que pueden imponerse por las infracciones contra la Ley y demás disposiciones en materia de turismo.
a) Sanciones principales: el apercibimiento y la multa.
b) Sanciones accesorias: la suspensión temporal del ejercicio de servicios turísticos y la clausura temporal del establecimiento o de la unidad de alojamiento; y el cese definitivo del ejercicio de servicios turísticos y la clausura definitiva del establecimiento.
Datos clave
- Sanciones principales: apercibimiento y multa.
- Accesoria temporal: suspensión del ejercicio de servicios turísticos y clausura temporal del establecimiento o unidad de alojamiento.
- Accesoria definitiva: cese definitivo del ejercicio de servicios turísticos y clausura definitiva del establecimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos sanciones principales (apercibimiento y multa) y unas accesorias que pueden ser temporales (suspensión y clausura temporal) o definitivas (cese y clausura definitiva).
Esquema
| Clase | Sanciones | |
|---|---|---|
| Principales | Principales | Apercibimiento y multa |
| Accesorias temporales | Accesorias | Suspensión temporal y clausura temporal del establecimiento o unidad de alojamiento |
| Accesorias definitivas | Accesorias | Cese definitivo y clausura definitiva del establecimiento |
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Artículo 1. Objeto
El artículo 1 del texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, delimita su objeto: la regulación administrativa del comercio interior en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Esta regulación persigue una finalidad concreta: ordenar y modernizar el sector de la distribución comercial.
Datos clave
- Norma: texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía (Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo).
- Objeto: la regulación administrativa del comercio interior en Andalucía.
- Finalidad: ordenar y modernizar el sector de la distribución comercial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley del Comercio Interior de Andalucía tiene por objeto la regulación administrativa del comercio interior en Andalucía, con la finalidad de ordenar y modernizar la distribución comercial.
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Artículo 3. Actividad comercial minorista
El artículo 3 del texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, define la actividad comercial minorista.
1. De acuerdo con el artículo 1.2 de la Ley 7/1996, de 16 de enero, se entiende por actividad comercial de carácter minorista, a los efectos de este texto refundido, el ejercicio profesional y con ánimo de lucro de ofertar artículos o mercancías para su venta a los destinatarios finales.
2. El apartado 2 enumera actividades que, en particular, no tienen la condición de actividades comerciales de carácter minorista. Entre ellas figuran:
a) La venta por fabricantes, dentro del propio recinto industrial, de los residuos y subproductos obtenidos en el proceso de producción.
b) La venta directa por personas agricultoras y ganaderas de productos agropecuarios en estado natural y en su lugar de producción, o en los centros cooperativos de recogida de tal producción.
Datos clave
- La definición se apoya en el artículo 1.2 de la Ley 7/1996, de 16 de enero.
- Actividad minorista: ejercicio profesional y con ánimo de lucro de ofertar artículos o mercancías para su venta a los destinatarios finales.
- No es comercio minorista la venta por fabricantes, en el propio recinto industrial, de residuos y subproductos de la producción.
- Tampoco la venta directa por agricultores y ganaderos de productos agropecuarios en estado natural en su lugar de producción o en centros cooperativos de recogida.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Comercio minorista es ofertar profesionalmente y con ánimo de lucro artículos o mercancías para su venta a los destinatarios finales; ciertas ventas de fabricantes y de agricultores o ganaderos no lo son.
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Artículo 6. Régimen administrativo de la actividad comercial
El artículo 6 del texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, fija el principio que rige el régimen administrativo de la actividad comercial.
El ejercicio de la actividad comercial en Andalucía responde al principio de libertad de empresa y se desarrolla en el marco de la economía de mercado. Todo ello sin perjuicio de las determinaciones contenidas en el propio texto refundido y en las disposiciones que lo desarrollen, así como de aquellas otras normas que regulen la actividad comercial.
Datos clave
- Principio rector: libertad de empresa.
- Marco: la economía de mercado.
- Límites: las determinaciones del texto refundido, sus disposiciones de desarrollo y las demás normas que regulen la actividad comercial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La actividad comercial en Andalucía se rige por la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, sin perjuicio de lo que fijen el texto refundido, su desarrollo y otras normas comerciales.
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Artículo 7. Inspección
El artículo 7 del texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, regula la inspección comercial.
1. Corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía y a los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, la inspección de productos, actividades, instalaciones y establecimientos comerciales, así como solicitar cuanta información resulte precisa.
2. En la Administración de la Junta de Andalucía, las funciones inspectoras en materia de comercio interior las ejerce la Consejería competente en materia de comercio interior, a la que se adscriben los servicios de Inspección, sin perjuicio de las competencias de otros órganos de la Junta. Esta Consejería establecerá reglamentariamente las funciones, el régimen de actuación y la composición de los servicios de la inspección comercial, y elaborará los planes de inspección, en coordinación con otros órganos de la Administración estatal, autonómica y local.
3. Cuando por motivos de especialidad técnica, por acumulación de tareas, por razones de urgencia o por insuficiencia de personas inspectoras no sea posible llevar a cabo adecuadamente las tareas de la inspección de comercio, la Dirección General competente en materia de comercio interior podrá habilitar a otras personas funcionarias para su realización, conforme a un procedimiento que garantice su formación especializada.
4. Las personas inspectoras, así como las que tengan asignadas las funciones de inspección en los Ayuntamientos, tendrán en el ejercicio de su cometido la consideración de autoridad pública, con la protección y facultades que les dispensa la normativa vigente.
5. Las actas de inspección deberán hacer constar: los datos identificativos del establecimiento o actividad de la persona interesada y de las personas inspectoras actuantes; los hechos constatados, con expresión del lugar, fecha y hora, destacando los hechos relevantes a efectos de tipificación de la infracción; la infracción que tales hechos puedan constituir, con expresión del precepto infringido, graduación de la sanción y persona presuntamente responsable; y las alegaciones o aclaraciones efectuadas, en su caso, en el acto por la persona interesada.
6. Las actas de la inspección, debidamente formalizadas, tendrán valor probatorio respecto a los hechos reflejados en ellas constatados personalmente por las personas inspectoras actuantes, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar o señalar las personas interesadas.
7. Si se investigan actividades comerciales canalizadas a través de medios de telecomunicación, como la venta on line o a distancia, en las que no sea posible extender el acta ante la persona responsable o su presencia pueda frustrar la finalidad de la inspección, debe notificarse el contenido del acta a dicha persona para que aporte los datos requeridos y pueda hacer las manifestaciones pertinentes.
Datos clave
- La inspección corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía y a los Ayuntamientos.
- En la Junta la ejerce la Consejería competente en materia de comercio interior, que elabora los planes de inspección.
- La Dirección General competente puede habilitar a otras personas funcionarias por especialidad técnica, acumulación de tareas, urgencia o insuficiencia de personas inspectoras.
- Las personas inspectoras tienen la consideración de autoridad pública.
- Las actas debidamente formalizadas tienen valor probatorio sobre los hechos constatados personalmente.
- En la venta on line o a distancia, el contenido del acta se notifica a la persona responsable.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Inspección comercial: la ejercen la Junta y los Ayuntamientos; en la Junta, la Consejería de comercio interior. Los inspectores son autoridad pública y sus actas tienen valor probatorio.
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Artículo 15. Régimen de horarios
El artículo 15 del texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, establece el régimen de horarios comerciales.
1. El régimen de horarios de apertura y cierre de los establecimientos comerciales será el establecido en este texto refundido y en sus normas de desarrollo.
2. Los establecimientos comerciales de Andalucía estarán sujetos a alguno de los siguientes regímenes:
a) Régimen general de horarios.
b) Régimen de libertad horaria.
Datos clave
- Los horarios de apertura y cierre se rigen por el texto refundido y sus normas de desarrollo.
- Existen dos regímenes: el régimen general de horarios y el régimen de libertad horaria.
- Todo establecimiento comercial de Andalucía queda sujeto a alguno de ellos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los horarios de apertura y cierre se rigen por el texto refundido y su desarrollo, y todo establecimiento comercial andaluz queda sujeto al régimen general o al de libertad horaria.
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Artículo 82. Infracciones
El artículo 82 del texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, abre el régimen de infracciones en materia de comercio interior.
1. Sin perjuicio de las responsabilidades que de otro orden pudieran derivarse, constituyen infracciones administrativas en materia de comercio interior las acciones u omisiones tipificadas en el texto refundido.
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
Datos clave
- Son infracciones las acciones u omisiones tipificadas en el texto refundido.
- La responsabilidad administrativa se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden.
- Clasificación: leves, graves y muy graves.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Son infracciones en comercio interior las acciones u omisiones tipificadas en el texto refundido, sin perjuicio de otras responsabilidades, y se clasifican en leves, graves y muy graves.
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Artículo 1. Competencias de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local
El artículo 1 del Decreto 191/2026, de 30 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, enumera las competencias de esta Consejería. Lo hace de conformidad con lo establecido en el Decreto del Presidente 9/2026, de 9 de julio.
Corresponden a la Consejería las siguientes competencias:
- a) La propuesta, desarrollo, ejecución, coordinación y control de las directrices generales del Consejo de Gobierno en relación con las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de turismo.
- b) Las recogidas en el Capítulo III del Título V del Estatuto de Autonomía para Andalucía, correspondientes a la Administración de Justicia, salvo la configuración, la implantación y el mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación, sin perjuicio de su dirección funcional por esta Consejería.
- c) Las relativas a violencia de género que guarden relación directa con la Administración de Justicia.
- d) La ordenación de los servicios de justicia gratuita y de orientación jurídica gratuita.
- e) La superior representación y coordinación de las relaciones con la Administración de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Ministerio de Justicia, así como con cuantas instituciones y organismos participen o colaboren con la Administración de Justicia.
- f) Los instrumentos y procedimientos de mediación y otros medios adecuados de solución de controversias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.
- g) Las relativas a notariado y registros públicos, de acuerdo con el artículo 77 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- h) Las relativas a justicia juvenil.
- i) La atención a las víctimas de terrorismo y a las víctimas de delitos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.
- j) Las relativas a colegios profesionales, fundaciones y asociaciones.
- k) Las relaciones institucionales de la Administración de la Junta de Andalucía con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
- l) La expedición de los títulos profesionales de la abogacía para aquellas personas que hayan superado la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía y que hayan solicitado su expedición por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- m) El impulso, coordinación y seguimiento de medidas de mejora de la calidad normativa, racionalización de los procedimientos administrativos; la simplificación, eliminación y reducción de cargas y trabas burocráticas, así como del gasto ineficiente, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras consejerías en esta materia.
- n) Las relativas al desarrollo y ejecución de las actividades encaminadas a la coordinación con las Entidades Locales andaluzas, y la ordenación, ejecución y control de todas las medidas tendentes a la gestión de las competencias que en materia de administración local estén atribuidas a la Junta de Andalucía.
La Consejería reúne así cuatro grandes ámbitos: turismo, justicia, desregulación (calidad normativa y simplificación) y administración local.
Datos clave
- Las competencias se atribuyen de conformidad con el Decreto del Presidente 9/2026, de 9 de julio.
- En materia de turismo, le corresponden la propuesta, desarrollo, ejecución, coordinación y control de las directrices generales del Consejo de Gobierno.
- Asume las competencias del Capítulo III del Título V del Estatuto sobre Administración de Justicia, salvo la configuración, implantación y mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación.
- Notariado y registros públicos, de acuerdo con el artículo 77 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- Mantiene las relaciones institucionales con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
- Expide los títulos profesionales de la abogacía a quienes superen la prueba de evaluación de aptitud profesional y los soliciten a la Comunidad Autónoma.
- Impulsa la calidad normativa y la simplificación, eliminación y reducción de cargas y trabas burocráticas y del gasto ineficiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de competencias de la Consejería, atribuidas conforme al Decreto del Presidente 9/2026: cuatro bloques (turismo, justicia, desregulación y administración local) con varias salvedades que conviene retener.
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Artículo 2. Organización general de la Consejería
El artículo 2 del Decreto 191/2026, de 30 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, regula la organización general de la Consejería.
Órganos directivos centrales. La Consejería, bajo la superior dirección de su titular, se estructura para el ejercicio de sus competencias en los siguientes órganos directivos centrales, según el orden de prelación que se indica:
- a) Viceconsejería.
- b) Secretaría General de Turismo.
- c) Secretaría General de Justicia.
- d) Secretaría General de Desregulación.
- e) Secretaría General de Administración Local.
- f) Secretaría General Técnica.
- g) Dirección General de Ordenación del Turismo y la Hostelería.
- h) Dirección General de Promoción e Impulso del Turismo y la Restauración.
- i) Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Recursos Humanos.
- j) Dirección General de Atención Judicial y Víctimas.
- k) Dirección General de Simplificación y Eficacia Administrativa.
Ámbito provincial. La Consejería gestionará sus competencias a través de los servicios periféricos correspondientes, con la estructura territorial que se determine.
Órganos adscritos. Quedan adscritos a la Consejería:
- a) Consejo Andaluz de Turismo.
- b) Comisión de Coordinación de los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- c) Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre la Consejería de Justicia e Interior y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
- d) Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.
- e) Comisión Mixta de los Letrados de la Administración de Justicia y la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- f) Comisión Mixta entre la Administración de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Abogados.
- g) Comisión Mixta entre la Administración de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Procuradores.
- h) Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
- i) Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas en Andalucía.
- j) Consejo Asesor de Mediación de Andalucía.
- k) Consejo de Ayuda a las Víctimas de Terrorismo en Andalucía.
- l) Consejo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- m) Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- n) Observatorio de Justicia Juvenil de Andalucía.
- ñ) Consejo Andaluz de Concertación Local.
- o) Comisión de Publicaciones y Actividades Formativas y de Difusión.
- p) Comisión de Transparencia.
- q) Comisión Estadística y Cartográfica.
Entidades instrumentales adscritas:
- a) La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A., Medio Propio, que se adscribe funcionalmente, sin perjuicio de la dirección funcional por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en las funciones encomendadas en materia de deporte.
- b) La Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, que se adscribe funcionalmente.
- c) La Sociedad Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.
Gabinete. Para el apoyo y asistencia inmediata a la persona titular de la Consejería existirá un Gabinete, cuya composición será establecida de acuerdo con lo dispuesto en la normativa específica vigente.
Datos clave
- Once órganos directivos centrales: Viceconsejería, cinco Secretarías Generales (Turismo, Justicia, Desregulación, Administración Local y Técnica) y cinco Direcciones Generales.
- El orden de prelación lo encabeza la Viceconsejería, seguida de la Secretaría General de Turismo.
- En el ámbito provincial actúa a través de los servicios periféricos, con la estructura territorial que se determine.
- Entre los órganos adscritos figuran el Consejo Andaluz de Turismo y el Consejo Andaluz de Concertación Local.
- La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A., Medio Propio, se adscribe funcionalmente, con dirección funcional de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en materia de deporte.
- Quedan adscritas también la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y la Sociedad Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.
- Existe un Gabinete para el apoyo y asistencia inmediata a la persona titular de la Consejería.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Estructura de la Consejería: once órganos directivos centrales por orden de prelación, servicios periféricos en provincias, una larga lista de órganos adscritos, tres entidades instrumentales y un Gabinete de apoyo al titular.
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Artículo 5. Secretaría General de Turismo
El artículo 5 del Decreto 191/2026, de 30 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, regula la Secretaría General de Turismo.
A la persona titular de la Secretaría General de Turismo, con rango de Viceconsejería, le corresponden las atribuciones previstas en el artículo 28 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. En particular, le corresponden las siguientes atribuciones:
- a) El diseño, impulso y coordinación de las estrategias, planes, programas y recursos en materia de turismo.
- b) El impulso, la elaboración y el seguimiento del Plan General del Turismo o de los instrumentos de planificación que lo desarrollen.
- c) La ordenación del sector turístico.
- d) La definición de las directrices y programas de la política de fomento del turismo a través del plan estratégico de subvenciones de la Consejería.
- e) La planificación normativa en materia de turismo y la coordinación de su tramitación.
- f) La promoción interior y exterior de Andalucía como destino turístico.
- g) La dirección, supervisión y control del órgano y entidades adscritas a la misma, todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a la persona titular de la Viceconsejería.
- h) El impulso, diseño y la planificación de las acciones dirigidas a la potenciación de la calidad, de la innovación y de la sostenibilidad del turismo, sus destinos, recursos, servicios y empresas.
- i) La protección de los derechos y deberes de las personas usuarias y de las prestadoras de los servicios turísticos.
- j) El establecimiento de directrices y programas en materia del servicio de información turística prestado por las oficinas de turismo y, en particular, respecto de la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía.
- k) El establecimiento e impulso de directrices para la participación de la Consejería y sus entes instrumentales en proyectos e iniciativas en el marco de las políticas de la Unión Europea y de cooperación con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, en materia de turismo.
- l) El impulso del sistema de inteligencia turística y transferencia del conocimiento orientado a la mejora de la gestión del turismo.
- m) La dirección funcional de los sistemas de información sobre las materias de su competencia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Agencia Digital de Andalucía.
- n) Cualesquiera otras competencias que le atribuya la legislación vigente.
De la Secretaría General de Turismo dependerán la Dirección General de Ordenación del Turismo y la Hostelería y la Dirección General de Promoción e Impulso del Turismo y la Restauración.
Se adscriben a la Secretaría General de Turismo:
- a) La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A., Medio Propio, que se adscribe orgánica y funcionalmente, sin perjuicio de la dirección funcional por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en las funciones encomendadas en materia de deporte.
- b) La Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.
- c) La Sociedad Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., que se adscribe funcionalmente.
Datos clave
- La Secretaría General de Turismo tiene rango de Viceconsejería.
- Ejerce las atribuciones previstas en el artículo 28 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
- Impulsa, elabora y sigue el Plan General del Turismo o los instrumentos de planificación que lo desarrollen.
- Le corresponde la promoción interior y exterior de Andalucía como destino turístico.
- Fija directrices y programas sobre el servicio de información turística de las oficinas de turismo y, en particular, de la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía.
- Dependen de ella la Dirección General de Ordenación del Turismo y la Hostelería y la Dirección General de Promoción e Impulso del Turismo y la Restauración.
- La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía se le adscribe orgánica y funcionalmente; la Sociedad Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., funcionalmente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Secretaría General de Turismo, con rango de Viceconsejería, diseña y coordina la política turística, impulsa el Plan General del Turismo, promociona Andalucía como destino y de ella dependen las dos Direcciones Generales de turismo.
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Artículo 10. Dirección General de Ordenación del Turismo y la Hostelería
El artículo 10 del Decreto 191/2026, de 30 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, regula la Dirección General de Ordenación del Turismo y la Hostelería.
A la persona titular de esta Dirección General le corresponden las competencias previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. En particular, le corresponden las siguientes atribuciones:
- a) La gestión y el desarrollo de la ordenación de los sectores turístico y hostelero, así como del Registro de Turismo de Andalucía y la debida coordinación de éste.
- b) La elaboración y tramitación de las disposiciones de carácter general y de los instrumentos de colaboración, directrices, planes y programas en materia de turismo.
- c) La coordinación de la inspección turística, la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de inspección en materia de turismo, así como el ejercicio de las competencias en materia sancionadora atribuida por la legislación vigente.
- d) La gestión y control de los servicios, empresas y establecimientos turísticos, asegurando la coordinación y uniformidad de criterios interpretativos de la normativa.
- e) La propuesta, a la persona titular de la Consejería, de la expedición de los títulos de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas y emitir los certificados correspondientes.
- f) El establecimiento de medidas para el impulso a la profesionalización del sector turístico, el fomento de la formación de las personas profesionales del turismo, y de colaboración en la mejora del empleo, sin perjuicio de las competencias en materia de mejora del empleo de otras consejerías.
- g) El impulso de instrumentos de ordenación y planificación de los recursos turísticos y la participación en la planificación territorial con incidencia turística.
- h) La coordinación con las entidades locales andaluzas en materia de control y ordenación urbanística de los servicios y actividades turísticas.
- i) Las actuaciones destinadas a promover la mejora de la sostenibilidad de la oferta turística, de las infraestructuras y los servicios turísticos.
- j) La gestión, fomento y ejecución de las acciones y programas dirigidos a la potenciación de la calidad e innovación del turismo.
- k) La implantación de estrategias encaminadas al desarrollo y mejora de los destinos turísticos basadas en la calidad.
- l) La gestión de proyectos e iniciativas en el marco de las políticas de la Unión Europea.
- m) Fomento de programas de investigación, innovación y conocimiento en materia de turismo sostenible, así como el impulso de iniciativas de actividad científico-técnica en materia turística.
- n) La tramitación de los procedimientos que se deriven de la prórroga, mantenimiento o revocación de las declaraciones de campos de golf de Interés Turístico de Andalucía, así como la gestión de incidencias que afecten al alcance y efectos jurídicos de dichas declaraciones.
- ñ) El análisis y, en su caso, la emisión de informes en relación con los instrumentos de planificación y los proyectos normativos promovidos por otras consejerías que tengan incidencia en la actividad turística, dentro del ámbito de competencias de esta Dirección General.
- o) La valoración del cumplimiento de los requisitos de los proyectos empresariales turísticos para ser declarados de interés estratégico y la propuesta de asignación de iniciativas empresariales turísticas a la Unidad Aceleradora de Proyectos.
- p) La dirección funcional de los sistemas de información sobre las materias de su competencia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Agencia Digital de Andalucía.
- q) Cualesquiera otras competencias que le atribuya la legislación vigente.
Además, la persona titular de la Dirección General de Ordenación del Turismo y la Hostelería impulsará la estrategia de actuación en materia de calidad turística orientada a la asistencia y atención a turistas.
Datos clave
- Ejerce las competencias previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
- Gestiona la ordenación de los sectores turístico y hostelero y el Registro de Turismo de Andalucía.
- Coordina la inspección turística y los planes de inspección, y ejerce las competencias sancionadoras atribuidas por la legislación vigente.
- Propone a la persona titular de la Consejería la expedición de los títulos de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas y emite los certificados correspondientes.
- Tramita la prórroga, mantenimiento o revocación de las declaraciones de campos de golf de Interés Turístico de Andalucía.
- Valora los proyectos empresariales turísticos para su declaración de interés estratégico y propone su asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos.
- Impulsa la estrategia de calidad turística orientada a la asistencia y atención a turistas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dirección General que ordena el sector turístico y hostelero: lleva el Registro de Turismo de Andalucía, la inspección y la potestad sancionadora, los títulos de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas y los campos de golf de Interés Turístico.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 11. Dirección General de Promoción e Impulso del Turismo y la Restauración
El artículo 11 del Decreto 191/2026, de 30 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, regula la Dirección General de Promoción e Impulso del Turismo y la Restauración.
A la persona titular de esta Dirección General le corresponden las competencias previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. En particular, le corresponden las siguientes atribuciones:
- a) La gestión y ejecución de las acciones, programas, subvenciones y demás medidas de promoción y fomento destinadas al apoyo, impulso y dinamización de la actividad económica turística, incluida la hostelería, y de la oferta turística andaluza, con especial atención a la mejora de la competitividad empresarial, la modernización y la desestacionalización espacial y temporal incluido el equilibrio territorial de la oferta y la demanda.
- b) El impulso, desarrollo y ejecución de programas y actuaciones dirigidos a la creación, diversificación, consolidación, mejora, promoción y fomento de la oferta turística, productos, segmentos y experiencias turísticas de interés para Andalucía, así como a su adaptación a la evolución de la demanda turística.
- c) La gestión de actuaciones de apoyo a iniciativas específicas de promoción y fomento del turismo, en coordinación con las entidades instrumentales competentes.
- d) La potenciación de la promoción, el fomento y la comercialización turística, especialmente a través de nuevas tecnologías, canales digitales y fórmulas de colaboración con entidades del sector.
- e) El impulso de actuaciones de fomento y promoción de la hostelería con incidencia turística.
- f) El impulso y la gestión de actuaciones de colaboración público-privada y público pública con la industria turística, incluida la hostelería, en el ámbito de las competencias de la Dirección General.
- g) La tramitación, gestión, seguimiento, justificación y control de subvenciones, transferencias, convenios, encargos, instrumentos de colaboración y demás expedientes de gasto vinculados al ámbito de las competencias de la Dirección General.
- h) La gestión y ejecución de iniciativas financiadas con fondos europeos u otros instrumentos financieros cuando tengan por objeto el fomento y la promoción de la actividad económica turística, incluida la hostelería, la diversificación y mejora de la oferta turística, la comercialización turística, la digitalización, la sostenibilidad competitiva, la mejora de la posición del sector en los mercados.
- i) La emisión de informes, observaciones y propuestas en relación con proyectos normativos, instrumentos de planificación, programas, iniciativas o actuaciones promovidas por otros órganos directivos o Administraciones Públicas, cuando incidan directamente en el ámbito de las competencias de la Dirección General.
- j) La coordinación y el seguimiento de la ejecución presupuestaria de los créditos vinculados a la política turística, así como el apoyo presupuestario necesario para su planificación, gestión y evaluación.
- k) La dirección funcional de los sistemas de información sobre las materias de su competencia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Agencia Digital de Andalucía.
- l) Cualesquiera otras competencias que le atribuya la legislación vigente.
Datos clave
- Ejerce las competencias previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
- Gestiona acciones, programas y subvenciones de promoción y fomento de la actividad económica turística, incluida la hostelería.
- Presta especial atención a la competitividad empresarial, la modernización y la desestacionalización espacial y temporal, incluido el equilibrio territorial de la oferta y la demanda.
- Potencia la comercialización turística, especialmente a través de nuevas tecnologías y canales digitales.
- Impulsa la colaboración público-privada y público pública con la industria turística.
- Gestiona iniciativas financiadas con fondos europeos u otros instrumentos financieros para el fomento y la promoción turística.
- Coordina y sigue la ejecución presupuestaria de los créditos vinculados a la política turística.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dirección General encargada de promocionar y fomentar la actividad turística y la hostelería: subvenciones, comercialización digital, colaboración público-privada, fondos europeos y seguimiento presupuestario de los créditos turísticos.