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Tema 34: Liderazgo: estilos y competencias para la dirección. Perspectiva estratégica. La negociación y la comunicación eficaz. El desarrollo de personas y la formación. Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

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Artículo 34. Instituto Andaluz de Administración Pública.

1. El Instituto Andaluz de Administración Pública, como agencia administrativa adscrita a la Consejería competente en materia de Administración Pública, es una entidad pública de las previstas en el artículo 54.2 a) de esta Ley, con personalidad y capacidad jurídica pública y patrimonio propio, a la que corresponden la investigación, el estudio, la información y la difusión de las materias que afecten a la Administración Pública, con especial referencia a las Administraciones Públicas andaluzas, la formación del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y la gestión de las pruebas de selección y los cursos de selección que se le encomienden, así como aquellas otras funciones que reglamentariamente se determinen.

2. El Consejo de Gobierno aprobará los estatutos que regulen la estructura y funciones del Instituto Andaluz de Administración Pública, debiendo garantizarse la participación de las organizaciones sindicales en los órganos de la agencia competentes en materia de formación y perfeccionamiento del personal.

Datos clave

  • Naturaleza: agencia administrativa adscrita a la Consejería competente en materia de Administración Pública.
  • Entidad pública del artículo 54.2 a) de la Ley, con personalidad y capacidad jurídica pública y patrimonio propio.
  • Funciones: investigación, estudio, información y difusión de materias de Administración Pública, con especial referencia a las Administraciones Públicas andaluzas.
  • Formación del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
  • Gestión de las pruebas de selección y los cursos de selección que se le encomienden.
  • Sus estatutos los aprueba el Consejo de Gobierno, garantizando la participación sindical en los órganos competentes en formación y perfeccionamiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El IAAP es una agencia administrativa adscrita a Administración Pública que investiga, forma al personal y gestiona pruebas y cursos de selección; sus estatutos los aprueba el Consejo de Gobierno.

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Artículo 19. Concepto y clases de personal directivo público profesional.

1. Dentro de la organización de la Administración General de la Junta de Andalucía, tendrán la consideración de personal directivo público profesional, definido en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aquellas personas que desempeñen los puestos de estructura orgánica de las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, y sus agencias administrativas y de régimen especial, que así se cataloguen en la relación de puestos de dirección pública profesional, en la forma que se determine por ley. Los puestos de dirección pública profesional se clasificarán, de un lado, en personal directivo público profesional alto cargo y, de otro, personal directivo público profesional funcionario de carrera o laboral fijo, en los términos señalados en los apartados siguientes.

Los puestos de trabajo que conforman la dirección pública profesional dependerán directamente de los órganos que asuman la dirección política de cada nivel de gobierno y tendrán atribuidas las funciones que se detallan en este título.

2. Mediante ley se aprobará el Estatuto del personal directivo profesional.

3. Serán puestos de trabajo de la dirección pública profesional del sector público de la Junta de Andalucía los que así vengan definidos en la relación de puestos de dirección pública profesional.

Se catalogarán como puestos a desempeñar por personal directivo público profesional alto cargo exclusivamente los correspondientes a las personas titulares de los siguientes órganos directivos centrales o periféricos:

a) Las secretarías generales técnicas.

b) Las direcciones generales que tengan como ámbito competencial específico la inspección, el control económico-financiero, los tributos, la asistencia jurídica o los recursos humanos.

c) Las delegaciones provinciales o territoriales para las que una norma legal o los decretos del Consejo de Gobierno por los que se aprueben las estructuras orgánicas de las Consejerías así lo establezcan.

Este personal no pierde su consideración de alto cargo y sigue sujeto, además, a su regulación específica. Reglamentariamente, podrán excluirse de los órganos centrales o periféricos aquellos que, por ser de especiales características para el desarrollo de unas determinadas políticas, podrán no ser desempeñados por personal directivo público profesional.

Será necesario poseer una titulación universitaria de grado o equivalente, así como acreditar las competencias profesionales, la experiencia y los conocimientos necesarios de acuerdo con las previsiones de esta ley y de las disposiciones que la desarrollen.

4. Se catalogarán como puestos a desempeñar por personal directivo público profesional funcionario de carrera o laboral fijo los que dependan directamente de cualquier órgano directivo central o periférico, cuyo desempeño requiera el nombramiento de sus titulares mediante decreto o acuerdo del Consejo de Gobierno o de los puestos de personal directivo público profesional de alto cargo, y que tengan atribuidas funciones calificadas como directivas, de acuerdo con lo preceptuado en la presente ley y en el Estatuto del personal directivo público profesional. Reglamentariamente, se determinarán aquellos que, por ser de especial asesoramiento y colaboración personal, no tengan que ser desempeñados por personal directivo público profesional.

A estos puestos podrán acceder quienes, teniendo la condición de personal funcionario de carrera o laboral fijo que requiera cada puesto, tengan la titulación universitaria requerida para el acceso a cuerpos de personal funcionario del Grupo A, y cuyas competencias profesionales sean acreditadas de acuerdo con las previsiones de esta ley y de las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.

5. Corresponde a la Consejería competente en materia de Función Pública la aprobación y mantenimiento de la relación de puestos de dirección pública profesional de la Administración General de la Junta de Andalucía. Cada puesto además de su denominación tendrá descritas las características, los requisitos y competencias necesarias para su adecuado desempeño y sus retribuciones de acuerdo con lo que determine el Estatuto del personal directivo público profesional.

Datos clave

  • El personal directivo público profesional se define por remisión al artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
  • Dos clases: personal directivo público profesional alto cargo y personal directivo público profesional funcionario de carrera o laboral fijo.
  • Puestos de alto cargo, exclusivamente: secretarías generales técnicas; direcciones generales de inspección, control económico-financiero, tributos, asistencia jurídica o recursos humanos; y delegaciones provinciales o territoriales cuando una norma legal o los decretos de estructura lo establezcan.
  • El alto cargo no pierde esa consideración; requiere titulación universitaria de grado o equivalente.
  • Para los puestos de funcionario de carrera o laboral fijo se exige la titulación universitaria requerida para el acceso a cuerpos del Grupo A.
  • El Estatuto del personal directivo profesional se aprobará mediante ley.
  • La relación de puestos de dirección pública profesional la aprueba y mantiene la Consejería competente en materia de Función Pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Directivos públicos profesionales: puestos catalogados en la relación de dirección pública profesional; unos son altos cargos (secretarías generales técnicas, ciertas direcciones generales y delegaciones) y otros funcionarios o laborales fijos.

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Artículo 20. Funciones del personal directivo público profesional.

La misión general del personal directivo público profesional es definir, planificar y garantizar el correcto desarrollo de las estrategias y actuaciones a seguir, dentro de su unidad administrativa y en coordinación con las demás, de acuerdo con la acción de gobierno y las prioridades políticas fijadas, impulsando la calidad institucional y los valores públicos, respetando en todo momento el marco legal establecido, los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y ética en la gestión pública, así como los principios de profesionalidad, imparcialidad e integridad en el ejercicio de sus responsabilidades. Implica la realización de actuaciones que, en el ejercicio de competencias propias o delegadas, conllevan la exigencia de especial responsabilidad y competencia técnica y directiva, así como el desempeño, entre otras, de las siguientes funciones:

a) Participar en la definición de las políticas públicas de su ámbito, de acuerdo con las directrices del órgano superior y del Gobierno, garantizando su adecuación a la realidad y su viabilidad práctica.

b) Llevar a cabo la planificación estratégica correspondiente con las políticas públicas, fijar sus objetivos operativos y gestionar el cambio.

c) Liderar, dirigir, motivar, inspirar, coordinar y desarrollar equipos con los profesionales adscritos a su unidad administrativa, y con perspectiva de género.

d) Participar en la gobernanza del ámbito de responsabilidad de su unidad administrativa y promover relaciones relevantes y útiles para las políticas públicas, asumiendo cuando proceda procesos de negociación y de resolución de conflictos.

e) Coordinar las actuaciones con las demás unidades administrativas o entidades que puedan resultar interdependientes.

f) Impulsar la ejecución de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos establecidos, realizar su seguimiento y emprender, cuando sea preciso, acciones correctivas y de mejora.

g) Gestionar los recursos materiales, tecnológicos y económicos con criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad social, medioambiental y financiera.

h) Evaluar la eficiencia de los procesos, el desempeño profesional y los resultados alcanzados, para facilitar la toma de decisiones y para rendir cuentas a la ciudadanía.

i) Impulsar la innovación y mejora de los servicios y actuaciones a realizar dentro de su unidad administrativa y su ámbito competencial.

j) Potenciar la simplificación y la agilización de los procedimientos administrativos.

k) Velar por la transparencia de las actuaciones y por una comunicación pública clara, veraz y efectiva.

l) Rendir cuentas, mediante la emisión de los informes o memorias que procedan, de los logros o niveles de cumplimiento de los objetivos que se le hayan fijado, justificando, en su caso, las desviaciones o los incumplimientos que se hayan producido para la evaluación de su cumplimiento.

Datos clave

  • Misión general: definir, planificar y garantizar el correcto desarrollo de las estrategias y actuaciones de su unidad administrativa, de acuerdo con la acción de gobierno y las prioridades políticas fijadas.
  • Criterios: eficacia, eficiencia, transparencia y ética en la gestión pública; principios de profesionalidad, imparcialidad e integridad.
  • El artículo enumera doce funciones, de la letra a) a la l), «entre otras».
  • Liderazgo: liderar, dirigir, motivar, inspirar, coordinar y desarrollar equipos, con perspectiva de género (letra c).
  • Perspectiva estratégica: planificación estratégica, fijación de objetivos operativos y gestión del cambio (letra b).
  • Negociación: asumir, cuando proceda, procesos de negociación y de resolución de conflictos (letra d).
  • Comunicación: velar por una comunicación pública clara, veraz y efectiva (letra k).
  • Recursos gestionados con criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad social, medioambiental y financiera (letra g).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El directivo público profesional define, planifica y garantiza las estrategias de su unidad según la acción de gobierno; el artículo detalla doce funciones, del diseño de políticas a la rendición de cuentas.

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Artículo 21. Régimen jurídico y retributivo del personal directivo público profesional.

1. El régimen jurídico y retributivo del personal directivo público profesional vendrá determinado por la condición del puesto a desempeñar, se regulará en el Estatuto del personal directivo público profesional que desarrolle este título, y no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. En los términos que reglamentariamente se determine, en todo caso, para un puesto catalogado como de personal directivo público profesional se elaborará y firmará un acuerdo de gestión, que entrará en vigor con el nombramiento y que tendrá carácter público, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, apartado 4, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público respecto al personal directivo que reúna la condición de personal laboral. En el acuerdo se determinarán los objetivos a cumplir, los instrumentos y periodicidad con que se producirá la evaluación de su cumplimiento, y las condiciones retributivas de carácter variable que se le asignen en función de los resultados de dicha evaluación de cumplimiento. El acuerdo de gestión podrá ser modificado de común acuerdo cuando las circunstancias así lo aconsejen. La modificación deberá hacerse pública. Las características, condiciones y proceso de elaboración, seguimiento y publicidad de los acuerdos de gestión se determinarán en el Estatuto del personal directivo público profesional.

El nombramiento será efectuado por el órgano o autoridad competente y será publicado en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

3. El Estatuto del personal directivo público profesional establecerá la duración mínima del nombramiento y de sus posibles prórrogas, en el caso de que la evaluación del desempeño sea satisfactoria.

4. El personal funcionario nombrado como personal directivo público profesional que no sea alto cargo permanecerá en servicio activo sin reserva de puesto. Tras su cese, volverá a desempeñar un puesto de las mismas características al que desempeñaba en el momento de su nombramiento y en la localidad que elija entre la del puesto que desempeñaba y la del puesto de dirección, y se respetarán las condiciones y retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente.

Datos clave

  • El régimen jurídico y retributivo depende de la condición del puesto y no es materia objeto de negociación colectiva (artículo 13 del TREBEP).
  • Para cada puesto directivo se elabora y firma un acuerdo de gestión, que entra en vigor con el nombramiento y tiene carácter público.
  • El acuerdo fija objetivos, instrumentos y periodicidad de la evaluación, y condiciones retributivas variables según resultados.
  • El acuerdo puede modificarse de común acuerdo y la modificación debe hacerse pública.
  • El nombramiento se publica en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
  • El Estatuto fija la duración mínima del nombramiento y sus prórrogas si la evaluación es satisfactoria.
  • El funcionario directivo que no sea alto cargo permanece en servicio activo sin reserva de puesto; al cesar vuelve a un puesto de iguales características en la localidad que elija (la del puesto anterior o la del puesto de dirección).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El régimen del directivo depende del puesto, lo regula su Estatuto y no se negocia; firma un acuerdo de gestión público con objetivos y retribución variable; al cesar, el funcionario vuelve a un puesto equivalente.

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Artículo 22. Selección del personal directivo público profesional.

1. La selección del personal directivo público profesional obedecerá a los principios de mérito, capacidad y publicidad, y a criterios de idoneidad, atendiendo a la valoración de capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias profesionales, competencias técnicas y competencias directivas. El Estatuto del personal directivo público profesional establecerá los procesos y los criterios para la aplicación de dichos principios.

2. La selección del personal directivo público profesional se realizará mediante convocatorias y procesos públicos que garanticen el cumplimiento de los principios de transparencia y libre concurrencia, de acuerdo con los requisitos que se determinen para cada puesto. Las convocatorias deberán ser públicas y contener los elementos que se establezcan en el Estatuto del personal directivo público profesional.

Datos clave

  • Principios de selección: mérito, capacidad y publicidad, y criterios de idoneidad.
  • Se valoran capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias profesionales, competencias técnicas y competencias directivas.
  • Selección mediante convocatorias y procesos públicos que garanticen transparencia y libre concurrencia.
  • El Estatuto del personal directivo público profesional establece los procesos, criterios y elementos de las convocatorias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La selección de directivos públicos profesionales se rige por mérito, capacidad, publicidad e idoneidad, mediante convocatorias públicas con transparencia y libre concurrencia.

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Artículo 25. Acreditación de competencias directivas para el personal directivo público profesional funcionario o laboral.

1. El Instituto Andaluz de Administración pública es el organismo competente para realizar procesos abiertos para acreditar las competencias directivas del personal funcionario de carrera o laboral fijo que pueda acceder a puestos de dirección pública profesional para facilitar los procesos de selección.

2. Las convocatorias de los procesos de acreditación se realizarán de forma que garanticen el cumplimiento de los principios de transparencia y libre concurrencia, de acuerdo con los requisitos que se determinen en el Estatuto del personal directivo público profesional.

3. Los procesos de acreditación se basarán en la verificación de capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias profesionales y competencias técnicas y directivas de las personas aspirantes, u otros sistemas predictores del comportamiento.

4. El mantenimiento en el tiempo de la acreditación podrá exigir la participación con aprovechamiento en determinadas actividades de formación y la superación satisfactoria de las pruebas que se determinen en el Estatuto del personal directivo público profesional.

5. El Instituto Andaluz de Administración pública podrá contar con personas expertas y utilizar los recursos internos y externos que considere adecuados para el cumplimiento de los fines encomendados en este título, de conformidad con lo que determine el Estatuto del personal directivo público profesional.

Datos clave

  • Órgano competente para acreditar competencias directivas: el Instituto Andaluz de Administración Pública, mediante procesos abiertos.
  • Destinatarios: personal funcionario de carrera o laboral fijo que pueda acceder a puestos de dirección pública profesional.
  • Las convocatorias garantizan los principios de transparencia y libre concurrencia.
  • Se verifican capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias profesionales y competencias técnicas y directivas, u otros sistemas predictores del comportamiento.
  • El mantenimiento de la acreditación podrá exigir formación con aprovechamiento y la superación satisfactoria de pruebas.
  • El Instituto podrá contar con personas expertas y recursos internos y externos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Instituto Andaluz de Administración pública acredita, en procesos abiertos, las competencias directivas del personal funcionario de carrera o laboral fijo para facilitar su acceso a la dirección pública profesional.

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Artículo 26. Evaluación de cumplimiento del personal directivo público profesional.

1. El personal directivo público profesional estará sujeto a evaluación continua y periódica del cumplimiento de su cargo o puesto, conforme a lo que quede establecido en el acuerdo de gestión, según lo previsto en el artículo 21, apartado 2, y de conformidad con lo que determine el Estatuto del personal directivo público profesional, debiendo tener lugar, como mínimo, cada dos años.

2. Corresponderá realizar dicha evaluación al superior jerárquico de quien dependa o al que esté adscrito, pudiendo este solicitar el asesoramiento o colaboración de la comisión o del Instituto Andaluz de Administración pública, de acuerdo con el Estatuto del personal directivo público profesional.

3. El resultado de dichas evaluaciones de cumplimiento determinará la continuidad en el puesto que se desempeñe como personal directivo público profesional y la cuantía de la parte variable de las retribuciones.

4. Los acuerdos de gestión y los resultados de las evaluaciones serán públicos, en los términos que se establezcan en el Estatuto del personal directivo público profesional.

5. El personal directivo público profesional deberá dedicar a su formación y desarrollo un número mínimo de horas al año de acuerdo con lo que se establezca en el Estatuto del personal directivo público profesional.

Datos clave

  • Evaluación continua y periódica conforme al acuerdo de gestión (artículo 21, apartado 2).
  • Periodicidad mínima de la evaluación: cada dos años.
  • La realiza el superior jerárquico, que puede pedir asesoramiento a la comisión o al Instituto Andaluz de Administración Pública.
  • El resultado determina la continuidad en el puesto y la cuantía de la parte variable de las retribuciones.
  • Los acuerdos de gestión y los resultados de las evaluaciones son públicos.
  • Obligación de dedicar a formación y desarrollo un número mínimo de horas al año, fijado por el Estatuto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El directivo público profesional se evalúa de forma continua y periódica según su acuerdo de gestión, como mínimo cada dos años; el resultado decide su continuidad y la parte variable de su retribución.

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Artículo 45. Conceptos de formación, aprendizaje y acreditación de competencias.

1. Se entiende por formación el proceso planificado para la adquisición, retención y transferencia de competencias de las personas y para la organización.

2. Se entiende por aprendizaje el proceso individual, de cada persona empleada pública, de adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ya sea a través de la formación planificada o mediante el autodesarrollo, el diálogo, la enseñanza o la experiencia adquirida por otras vías.

3. Se entiende por acreditación de competencias el proceso mediante el cual se reconoce a una persona una competencia, entendida como el conjunto integrado de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, o un conjunto de competencias, de acuerdo con el esquema de acreditación que será desarrollado reglamentariamente.

Datos clave

  • Formación: proceso planificado para la adquisición, retención y transferencia de competencias de las personas y para la organización.
  • Aprendizaje: proceso individual de adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
  • Vías de aprendizaje: formación planificada, autodesarrollo, diálogo, enseñanza o experiencia adquirida por otras vías.
  • Acreditación de competencias: proceso por el que se reconoce a una persona una competencia o un conjunto de competencias.
  • Competencia: conjunto integrado de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
  • El esquema de acreditación se desarrollará reglamentariamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define tres conceptos: formación (proceso planificado de competencias), aprendizaje (proceso individual por cualquier vía) y acreditación de competencias (reconocimiento según un esquema reglamentario).

Esquema

Formación, aprendizaje y acreditación
ConceptoRasgo clave
FormaciónProceso planificadoAdquirir, retener y transferir competencias
AprendizajeProceso individualPor formación o autodesarrollo, diálogo, enseñanza, experiencia
AcreditaciónReconocimientoSegún esquema desarrollado reglamentariamente

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Artículo 46. Objetivos de la formación y el aprendizaje permanente.

El objetivo de la formación y el aprendizaje permanente es la mejora de la Administración y, como consecuencia, de la prestación del servicio público y el progreso de la sociedad mediante:

a) La mejora de las competencias del personal, tanto generales como específicas, que contribuyan al desempeño de sus funciones.

b) La implantación de nuevos sistemas de trabajo.

c) La recualificación de las personas para la adaptación a las nuevas necesidades de la Administración para el servicio a la sociedad.

d) El desarrollo de la carrera profesional.

e) El aprendizaje organizacional.

f) Procesos de difusión y aprovechamiento del conocimiento tácito y explícito de la organización.

g) Puesta a disposición y enriquecimiento de los entornos de aprendizaje.

Datos clave

  • Objetivo: la mejora de la Administración y, como consecuencia, de la prestación del servicio público y el progreso de la sociedad.
  • Se enumeran siete medios, letras a) a g).
  • Mejora de las competencias del personal, tanto generales como específicas.
  • Implantación de nuevos sistemas de trabajo y recualificación de las personas.
  • Desarrollo de la carrera profesional y aprendizaje organizacional.
  • Difusión y aprovechamiento del conocimiento tácito y explícito; enriquecimiento de los entornos de aprendizaje.

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La formación y el aprendizaje permanente buscan mejorar la Administración, y con ello el servicio público y el progreso social, mediante siete vías que van de las competencias del personal a los entornos de aprendizaje.

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Artículo 47. La formación como derecho.

1. El personal sin excepción tiene el derecho a la actualización y perfeccionamiento continuado de sus competencias para mejorar en el desempeño de sus funciones y contribuir a su promoción profesional.

2. A tal efecto, y como elemento de interés público destinado a mejorar su eficacia y eficiencia, la Administración programará acciones de aprendizaje para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio público y para la promoción profesional del personal. La oferta, programación, contenidos, profesorado o personal destinatario de las actividades formativas no incurrirán en discriminación directa o indirecta por ninguna razón, atendiendo a la diversidad.

El órgano encargado de la formación y el aprendizaje, con la participación negociada de la representación sindical, elaborará su programación teniendo en cuenta los requerimientos de la organización y de las personas como elementos principales de su demanda. En dicha programación deberá garantizarse un adecuado equilibrio territorial, debiendo realizarse periódicamente la oportuna evaluación de racionalidad, eficacia, eficiencia e impacto de la política de formación del personal. En todo caso se atenderá el derecho de acceder a la formación en condiciones de igualdad para todas las personas de la organización.

3. El tiempo dedicado a la formación regulada en el apartado 2 se considerará como trabajo efectivo, pudiendo fijarse un horario para la realización de la actividad formativa.

4. La evaluación positiva de actividades de aprendizaje y formación servirá para la acreditación de competencias.

5. El personal podrá acudir a actividades formativas durante los permisos por nacimiento para la madre biológica; por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente; y del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija; así como durante las excedencias por motivos familiares e incapacidad temporal, siempre que su estado de salud o las circunstancias que han dado derecho a su disfrute se lo permitan.

Para garantizar el acceso a la formación de todo el personal, se potenciarán todas aquellas iniciativas que tiendan a favorecer la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar. Al objeto de fomentar la participación de personas con cualquier tipo de discapacidad y otros colectivos que puedan tener mayores dificultades en la realización de las acciones formativas, la Administración deberá adoptar las medidas adecuadas.

6. Con el objeto de actualizar los conocimientos del personal, se otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en las actividades formativas relacionadas con las funciones o tareas de su puesto de trabajo, a quienes se hayan incorporado procedentes de los permisos por nacimiento para la madre biológica; por adopción, guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente; y del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija; o hayan reingresado desde la situación de excedencia por cuidado de familiares. Esta preferencia únicamente se otorgará en el supuesto de no haber ejercido el derecho previsto en el apartado 5.

7. La denegación de la asistencia a actividades de formación por quien sea la persona jerárquicamente superior de quien solicita la acción formativa deberá ser motivada.

8. Se garantizará un número mínimo y máximo de horas anuales de formación a realizar en horario laboral.

Datos clave

  • Derecho del personal, sin excepción, a la actualización y perfeccionamiento continuado de sus competencias.
  • La programación la elabora el órgano encargado de la formación con la participación negociada de la representación sindical, garantizando un adecuado equilibrio territorial.
  • Evaluación periódica de racionalidad, eficacia, eficiencia e impacto de la política de formación.
  • El tiempo dedicado a la formación del apartado 2 se considera trabajo efectivo.
  • La evaluación positiva de actividades de aprendizaje y formación sirve para la acreditación de competencias.
  • Se puede acudir a formación durante permisos por nacimiento, adopción, guarda o acogimiento, excedencias por motivos familiares e incapacidad temporal.
  • Preferencia durante un año en la adjudicación de plazas tras reincorporarse de esos permisos o de excedencia por cuidado de familiares, solo si no se ejerció el derecho del apartado 5.
  • La denegación de asistencia por el superior jerárquico debe ser motivada; se garantiza un número mínimo y máximo de horas anuales de formación en horario laboral.

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Todo el personal tiene derecho a formarse; la formación programada cuenta como trabajo efectivo, cabe durante permisos familiares e incapacidad temporal, y su denegación por el superior debe motivarse.

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Artículo 48. La formación como deber.

El personal debe contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos a través de su participación en las actividades formativas y a través de la transferencia del conocimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28, apartado 2 .b ), de esta ley. A tal fin, deberá asistir, salvo causa justificada, a las actividades programadas, cuando la finalidad de estas sea adquirir las competencias adecuadas para el desempeño de las funciones o tareas que le sean propias, así como las competencias o formación necesaria derivada del dictado de normas que afecten a su trabajo.

Datos clave

  • El personal debe contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos participando en actividades formativas y transfiriendo conocimiento.
  • Remisión al artículo 28, apartado 2.b), de la ley.
  • Deber de asistir, salvo causa justificada, a las actividades programadas.
  • Supuestos: adquirir las competencias adecuadas para las funciones o tareas propias, y la formación derivada del dictado de normas que afecten a su trabajo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Formarse también es un deber: el personal debe asistir, salvo causa justificada, a la formación programada para su puesto o derivada de normas nuevas que afecten a su trabajo.

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Artículo 49. Modalidades de aprendizaje y formación.

Las acciones de formación y aprendizaje deben tener relación con las competencias y práctica profesional del personal a quien se dirigen, responder a los requerimientos detectados y cumplir los demás requisitos establecidos en relación con su contenido, metodología, profesorado, recursos materiales y evaluación. A estos efectos, la actividad de los órganos responsables de la formación tendrá entre sus objetivos consolidar la elaboración de mapas de competencias ligados a la carrera profesional, a la selección y al aprendizaje.

Datos clave

  • Las acciones formativas deben relacionarse con las competencias y la práctica profesional del personal destinatario.
  • Deben responder a los requerimientos detectados.
  • Requisitos sobre contenido, metodología, profesorado, recursos materiales y evaluación.
  • Objetivo de los órganos de formación: consolidar mapas de competencias ligados a la carrera profesional, a la selección y al aprendizaje.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La formación debe estar ligada a las competencias y práctica del personal y a necesidades detectadas, y los órganos de formación deben consolidar mapas de competencias ligados a carrera, selección y aprendizaje.

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Tendencias actuales en el liderazgo y la dirección pública: liderazgo basado en valores, nuevas capacidades directivas e innovación

Las tendencias actuales en el liderazgo y la dirección de las Administraciones públicas parten de una idea compartida por los organismos internacionales: un servicio público profesional, capaz y receptivo es un motor fundamental de la confianza de la ciudadanía en las instituciones, y la calidad de quienes lo dirigen es decisiva para lograrlo. El marco de referencia es la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre liderazgo y capacidad del servicio público, adoptada el 17 de enero de 2019 a propuesta del Comité de Gobernanza Pública, completada por los trabajos posteriores de la OCDE sobre la alta función pública y por la Declaración de la OCDE sobre innovación en el sector público.

1. Un liderazgo público basado en valores

La Recomendación de 2019 contiene 14 principios agrupados en tres grandes ejes:

  • Un servicio público guiado por valores, en el que valores comúnmente compartidos orientan una cultura, un liderazgo y un diseño de políticas y servicios centrados en los resultados y en la ciudadanía.
  • Un servicio público fiable y capaz, que identifica las competencias que necesita y alinea sus sistemas de empleo para atraerlas, desarrollarlas y motivar su uso.
  • Un servicio público receptivo y adaptable, con la capacitación, los recursos y la agilidad necesarios para afrontar retos cambiantes y emergentes.

La Recomendación entiende por altos cargos del servicio público («senior-level public servants») a los empleados públicos que toman decisiones y ejercen influencia en los niveles jerárquicos más altos; los responsables políticos y sus gabinetes y asesores quedan fuera de su ámbito. Define las competencias como características observables, en forma de conocimiento aplicado o de comportamiento real, que contribuyen al buen desempeño en un puesto o función.

Para construir capacidad de liderazgo, la Recomendación pide:

  • Clarificar lo que se espera de los altos cargos como líderes políticamente imparciales de las organizaciones públicas, en quienes se confía para cumplir las prioridades del gobierno y que encarnan los más altos estándares de integridad sin temor a represalias de motivación política.
  • Considerar criterios de mérito y procedimientos transparentes en su nombramiento y hacerles responsables de su rendimiento.
  • Asegurar que tengan el mandato, las competencias y las condiciones necesarias para ofrecer un asesoramiento imparcial basado en la evidencia y «decir la verdad al poder» («speak truth to power»).
  • Desarrollar las capacidades de liderazgo de los altos cargos actuales y potenciales.

2. Las cuatro capacidades de liderazgo de la OCDE

El documento de trabajo de la OCDE «Leadership for a high performing civil service» (Daniel Gerson, 2020) resume un proyecto en el que un grupo de 10 países de la OCDE elaboró, entre 2017 y 2019, nueve estudios de caso sobre los retos emergentes de liderazgo en los gobiernos centrales. De ellos extrae cuatro capacidades de liderazgo necesarias para responder a problemas de política complejos:

  • Liderazgo basado en valores («values-based leadership»): los altos directivos deben conciliar valores múltiples y a menudo en competencia que orientan sus decisiones hacia el interés público.
  • Apertura e inclusión («open inclusion»): los buenos líderes cuestionan sus propias percepciones buscando voces y perspectivas más allá de las que suelen escuchar (apertura) y garantizan la seguridad psicológica para que esas voces contribuyan (inclusión).
  • Gestión responsable de la organización («organisational stewardship»): refuerzan una cultura basada en la confianza y en los valores y dotan a su plantilla de las competencias, herramientas y entornos de trabajo adecuados.
  • Colaboración en red («networked collaboration»): mirando más allá de su propia organización, colaboran a través de redes con otros actores públicos y externos.

3. Los sistemas de alta función pública

La segunda aportación del mismo trabajo es un modelo para analizar los sistemas de alta función pública, es decir, las políticas, procesos y herramientas que desarrollan esas capacidades y apoyan a los directivos en su ejercicio. El modelo distingue dos grupos de funciones: las que llevan a personas capaces a los puestos de liderazgo y las que les proporcionan un entorno favorable una vez en el puesto. Para el primer grupo recomienda:

  • Perfiles de puesto que identifiquen las capacidades de liderazgo adecuadas, a menudo alineados con marcos de competencias de liderazgo.
  • Mecanismos de selección y nombramiento adecuados al puesto, que evalúen las capacidades requeridas.
  • Desarrollo de una cantera de candidatos con la capacidad y la motivación necesarias.
  • Diversidad de personas y trayectorias en el conjunto de la alta función pública.

4. El directivo como impulsor del aprendizaje y de la innovación

Otra tendencia es atribuir al directivo la responsabilidad de desarrollar a su equipo. La Recomendación de 2019 pide crear una cultura y un entorno de aprendizaje en el servicio público, identificando el desarrollo de los empleados como una tarea de gestión central de todo directivo público y animando a los empleados a implicarse en su autodesarrollo y aprendizaje continuos. También pide asegurar que los directivos tengan las capacidades y el apoyo necesarios para gestionar el rendimiento e identificar y desarrollar el talento.

La Declaración de la OCDE sobre innovación en el sector público, adoptada el 22 de mayo de 2019, añade el compromiso de animar y capacitar a todos los empleados públicos para innovar: reconocer las ventajas de una cultura de apertura, de aprendizaje de los errores y de colaboración entre compartimentos y sectores, y dar permiso a las organizaciones y a los empleados públicos para asumir riesgos adecuados y explorar nuevas ideas, tecnologías y formas de trabajar como parte de su actividad principal.

5. Dirección basada en datos, escucha y flexibilidad

Por último, la Recomendación de 2019 incorpora prácticas de dirección que hoy se consideran ordinarias:

  • Planificar la gestión de personas con evidencia sobre las competencias necesarias y disponibles, usando los datos de personal para analíticas estratégicas y predictivas, con las garantías de privacidad necesarias.
  • Consultar periódicamente a los empleados sobre su bienestar y compromiso para informar el liderazgo y mejorar la toma de decisiones.
  • Asegurar la comunicación continua entre la primera línea y los altos cargos, y horizontalmente mediante redes y comunidades de práctica.
  • Ofrecer, cuando sea posible y se ajuste a las necesidades de la organización, opciones de trabajo adaptable y a distancia para mejorar la productividad.

Datos clave

  • La Recomendación de la OCDE sobre liderazgo y capacidad del servicio público se adoptó el 17 de enero de 2019.
  • Contiene 14 principios en tres ejes: servicio público guiado por valores, fiable y capaz, y receptivo y adaptable.
  • Pide altos cargos con mandato, competencias y condiciones para dar un asesoramiento imparcial y «decir la verdad al poder».
  • La OCDE (Gerson, 2020) identifica cuatro capacidades de liderazgo: liderazgo basado en valores, apertura e inclusión, gestión responsable de la organización y colaboración en red.
  • Esas capacidades salen de nueve estudios de caso elaborados por 10 países de la OCDE entre 2017 y 2019.
  • El modelo de sistemas de alta función pública distingue dos grupos de funciones: llevar a personas capaces al puesto y darles un entorno favorable.
  • El desarrollo de los empleados es una tarea de gestión central de todo directivo público.
  • La Declaración de la OCDE sobre innovación en el sector público (22 de mayo de 2019) pide dar permiso para asumir riesgos adecuados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las tendencias en dirección pública giran en torno a la Recomendación de la OCDE de 2019: liderazgo basado en valores, altos cargos imparciales elegidos por mérito, cuatro capacidades de liderazgo, el directivo como formador y una dirección apoyada en datos y escucha.

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