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Tema 70: Agricultura, ganadería, pesca, aprovechamientos agroforestales y desarrollo rural y denominaciones de calidad. Competencias de la Comunidad Autónoma. Régimen jurídico.

Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

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Artículo 1. Objeto

El artículo 1 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, enumera las materias que regula, sobre las que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias conforme al Estatuto de Autonomía.

1) La explotación racional de los recursos pesqueros en aguas interiores.

2) La pesca marítima profesional en aguas interiores y el marisqueo.

3) La pesca marítima de recreo en aguas interiores.

4) La mejora y adaptación de la flota pesquera andaluza.

5) La vertebración del sector pesquero.

6) La regulación y fomento de la acuicultura marina.

7) La comercialización de los productos de la pesca.

8) La investigación, desarrollo tecnológico y formación en materia pesquera y acuícola.

9) Control e inspección de las materias establecidas en este artículo.

10) Las infracciones y sanciones de las materias establecidas en este artículo.

Datos clave

  • Diez materias objeto de regulación.
  • La pesca profesional y la de recreo se regulan en aguas interiores.
  • Incluye el marisqueo y la regulación y fomento de la acuicultura marina.
  • Incluye la mejora y adaptación de la flota pesquera andaluza y la vertebración del sector.
  • También el control, la inspección y el régimen de infracciones y sanciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley andaluza de pesca regula diez materias: recursos, pesca profesional, marisqueo y pesca de recreo en aguas interiores, flota, sector, acuicultura marina, comercialización, investigación y formación, control e infracciones.

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Artículo 3. Fines

El artículo 3 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, fija la finalidad de la regulación.

1) La explotación racional y responsable de los recursos pesqueros.

2) La mejora de la flota pesquera andaluza y su adaptación a los recursos disponibles y accesibles.

3) El ejercicio de un comercio responsable de los productos de la pesca.

4) La consolidación, el fomento, desarrollo, promoción y relanzamiento de la acuicultura marina, para mantener la capacidad productiva mediante la complementación de la actividad acuícola y la actividad pesquera extractiva.

5) La mejora de las condiciones de venta de la producción.

6) El establecimiento de un sistema de gestión y control eficaz que asegure la consecución de estos objetivos.

7) Garantizar a los profesionales del sector el ejercicio de una actividad sostenible y unas condiciones socioeconómicas dignas.

8) El mantenimiento y fomento del tejido socioeconómico de las zonas dependientes de la pesca y de la acuicultura, en las que esta actividad sea un pilar básico de las economías locales y de la generación de empleo.

Datos clave

  • Ocho fines.
  • Explotación racional y responsable de los recursos pesqueros.
  • Adaptación de la flota a los recursos disponibles y accesibles.
  • Complementar la actividad acuícola y la pesquera extractiva para mantener la capacidad productiva.
  • Condiciones socioeconómicas dignas para los profesionales del sector.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ocho fines que mezclan recurso, flota, comercio, acuicultura, venta, control eficaz, profesionales y territorio: pescar de forma racional y responsable y mantener vivas las zonas que dependen de la pesca.

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Artículo 17. De las licencias de pesca y marisqueo

El artículo 17 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, exige licencia para la pesca y el marisqueo.

1. Para el ejercicio de la actividad pesquera en aguas interiores en cualquier modalidad de las previstas en el artículo 20.2 de la Ley, será necesario disponer de una licencia específica expedida por la Consejería de Agricultura y Pesca.

2. Para el ejercicio de la actividad marisquera en cualquier modalidad, a pie o desde embarcación, será necesario disponer de una licencia específica expedida por la Consejería de Agricultura y Pesca.

Datos clave

  • La pesca en aguas interiores exige licencia específica en cualquiera de las modalidades del artículo 20.2.
  • El marisqueo exige licencia específica en cualquier modalidad, a pie o desde embarcación.
  • Ambas licencias las expide la Consejería de Agricultura y Pesca.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pescar en aguas interiores, en cualquier modalidad del artículo 20.2, y mariscar, a pie o desde embarcación, exigen una licencia específica de la Consejería de Agricultura y Pesca.

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Artículo 45. Objetivo

El artículo 45 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, fija el objetivo de la regulación de la acuicultura marina.

La regulación y fomento de la acuicultura marina, como actividad integrante del sector pesquero, tendrán como finalidad conseguir el máximo aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo racional y sostenible de la actividad que respete el medio ambiente y aumente su competitividad.

Datos clave

  • La acuicultura marina es una actividad integrante del sector pesquero.
  • Finalidad: el máximo aprovechamiento de los recursos naturales.
  • Desarrollo racional y sostenible de la actividad.
  • Respeto al medio ambiente y aumento de su competitividad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La acuicultura marina forma parte del sector pesquero y su regulación busca el máximo aprovechamiento de los recursos naturales con un desarrollo racional, sostenible, respetuoso con el medio ambiente y competitivo.

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Artículo 48. Autorización de actividad

El artículo 48 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, regula la autorización de actividad de cultivos marinos.

1. El ejercicio de la actividad de cultivos marinos en cualquier tipo de establecimiento requerirá la autorización de actividad otorgada por la Consejería competente en materia de cultivos marinos, sin perjuicio de los demás permisos, licencias, autorizaciones y concesiones exigibles. La autorización de actividad es el permiso que se otorga a las personas físicas o jurídicas para la instalación, puesta en funcionamiento y explotación de los establecimientos de cultivos marinos.

2. Será necesaria tanto si los establecimientos se ubican en zonas de dominio público marítimo-terrestre como en terrenos de propiedad privada. Si se ubican en dominio público marítimo-terrestre, requerirán la autorización de actividad y el título habilitante para la ocupación de ese dominio, otorgados ambos por la Consejería competente en materia de cultivos marinos, previa autorización medioambiental cuando corresponda. El título habilitante para la ocupación requerirá informe de la Administración General del Estado.

Datos clave

  • Los cultivos marinos requieren autorización de actividad de la Consejería competente en materia de cultivos marinos.
  • Comprende la instalación, puesta en funcionamiento y explotación del establecimiento.
  • Se exige tanto en dominio público marítimo-terrestre como en terrenos privados.
  • En dominio público: además, título habilitante para su ocupación.
  • El título habilitante requiere informe de la Administración General del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo establecimiento de cultivos marinos necesita autorización de actividad de la Consejería competente, esté en dominio público marítimo-terrestre o en terreno privado; en dominio público, además, título habilitante de ocupación con informe estatal.

Esquema

Títulos según la ubicación
Terreno privadoDominio público marítimo-terrestre
Autorización de actividadSíSí
Título habilitante de ocupaciónNo lo menciona el textoSí, con informe de la Administración General del Estado

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Artículo 61. Objetivo

El artículo 61 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, fija el objetivo de la regulación de la comercialización de los productos de la pesca.

La regulación y fomento del proceso de comercialización tiene como objetivo general la mejora de las condiciones de venta de la producción, y en particular:

1) La salubridad e higiene de los productos y de las infraestructuras, instalaciones y equipamientos de recepción, manipulación, conservación, expedición y venta.

2) La modernización de los establecimientos de comercialización en origen y en destino, de las instalaciones auxiliares y de las industrias de transformación.

3) La calidad de los productos mediante su adecuación a las normas de comercialización del mercado único de los productos de la pesca.

4) La participación del sector pesquero, a través de sus organizaciones, en los procesos y procedimientos de venta.

5) La revalorización de la producción, mediante la normalización e identificación de los productos andaluces, sobre todo los de la pesca artesanal de alto valor comercial, y su promoción en los mercados.

6) El ejercicio de un comercio responsable.

Datos clave

  • Objetivo general: mejorar las condiciones de venta de la producción.
  • Salubridad e higiene de productos e instalaciones.
  • Modernización de los establecimientos de comercialización en origen y en destino.
  • Revalorización de los productos andaluces, sobre todo los de la pesca artesanal de alto valor comercial.
  • Ejercicio de un comercio responsable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La comercialización pesquera se regula para mejorar las condiciones de venta, y en particular la higiene, la modernización, la calidad, la participación del sector, la revalorización de lo andaluz y el comercio responsable.

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Artículo 83. Competencias en materia de control

El artículo 83 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, atribuye la competencia de control.

Corresponde a la Consejería de Agricultura y Pesca el control de las actividades reguladas en la Ley en materia de pesca marítima en aguas interiores, marisqueo, acuicultura marina, ordenación del sector pesquero y de las actividades de comercialización de los productos de la pesca.

Datos clave

  • Órgano competente para el control: la Consejería de Agricultura y Pesca.
  • Alcanza la pesca marítima en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura marina.
  • También la ordenación del sector pesquero y la comercialización de los productos de la pesca.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El control de la pesca en aguas interiores, el marisqueo, la acuicultura marina, la ordenación del sector y la comercialización pesquera corresponde a la Consejería de Agricultura y Pesca.

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Artículo 90. Objeto

El artículo 90 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, define el objeto del régimen sancionador.

El régimen sancionador tiene como objeto garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley y demás disposiciones en la materia, mediante la aplicación de las medidas contenidas en este título.

De las resoluciones que se adopten en materia de infracciones y sanciones se dará cuenta a la Unión Europea de acuerdo con la normativa vigente.

Datos clave

  • Objeto: garantizar el cumplimiento de la Ley y demás disposiciones en la materia.
  • Medio: las medidas contenidas en el título sancionador.
  • De las resoluciones sobre infracciones y sanciones se da cuenta a la Unión Europea.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El régimen sancionador sirve para garantizar el cumplimiento de la ley y demás disposiciones de la materia con las medidas de su título; de las resoluciones sobre infracciones y sanciones se da cuenta a la Unión Europea.

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Artículo 8. Comunidades autónomas

El artículo 8 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, regula las competencias de las comunidades autónomas en materia de montes.

1. Las comunidades autónomas ejercen aquellas competencias que en materia de montes y aprovechamientos forestales, y las que en virtud de otros títulos competenciales que inciden en esta ley, tienen atribuidas en sus estatutos de autonomía.

2. La Comunidad Foral de Navarra ejerce las competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales en los términos previstos en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Datos clave

  • Las comunidades autónomas ejercen las competencias de montes y aprovechamientos forestales atribuidas en sus estatutos.
  • También las derivadas de otros títulos competenciales que inciden en la ley.
  • Navarra: conforme a la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las comunidades autónomas ejercen en montes las competencias de sus estatutos y las de otros títulos que inciden en la ley; Navarra, en los términos de su Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento.

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Artículo 48. Agricultura, ganadería, pesca, aprovechamientos agroforestales, desarrollo rural y denominaciones de calidad

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, sin perjuicio de lo que se establece en los apartados siguientes.

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de pesca marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, almadraba y pesca con artes menores, el buceo profesional y la formación y las titulaciones en actividades de recreo.

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª,13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, sobre las siguientes materias:

a) Ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrario, ganadero y agroalimentario y, de forma especial, la mejora y ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y agroforestales. Regulación de los procesos de producción agrarios, con especial atención a la calidad agroalimentaria, la trazabilidad y las condiciones de los productos agroalimentarios destinados al comercio, así como la lucha contra los fraudes en el ámbito de la producción y comercialización agroalimentaria. La agricultura ecológica, la suficiencia alimentaria, y las innovaciones tecnológicas. Sociedades agrarias de transformación. Sanidad vegetal y animal sin efectos sobre la salud humana. Semillas. Organismos genéticamente modificados. Producción agraria, ganadera, protección y bienestar animal. Ferias y certámenes agrícolas, ganaderos y agroalimentarios. Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica agrícola, ganadera y agroalimentaria. Innovación en las industrias agroalimentarias y explotaciones agrarias. Formación. Desarrollo rural integral y sostenible. Regulación y fomento de la producción y uso de la biomasa.

b) Ordenación del sector pesquero andaluz, en particular en lo relativo a las condiciones profesionales para el ejercicio de la pesca, construcción, seguridad y registro de barcos, lonjas de contratación, y la formación, promoción y protección social de los pescadores y trabajadores de la pesca. Investigación, innovación, desarrollo y transferencia tecnológica y formación pesquera.

c) La vigilancia, inspección y control de las competencias reguladas en los apartados anteriores del presente artículo.

4. Corresponde a la Comunidad Autónoma como competencia compartida la planificación del sector pesquero, así como los puertos pesqueros.

5. Corresponde a Andalucía la gestión de las tierras públicas de titularidad estatal, en los supuestos que fije el Estado y de acuerdo con los protocolos que se establezcan.

Datos clave

  • Competencia exclusiva en agricultura, ganadería y desarrollo rural.
  • Competencia exclusiva en pesca marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, almadraba y pesca con artes menores.
  • También exclusiva: buceo profesional y formación y titulaciones en actividades de recreo.
  • Competencia exclusiva de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general (artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª CE).
  • Incluye la sanidad vegetal y animal sin efectos sobre la salud humana.
  • Competencia compartida: planificación del sector pesquero y puertos pesqueros.
  • Gestión de las tierras públicas de titularidad estatal en los supuestos que fije el Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Andalucía tiene competencia exclusiva en agricultura, ganadería, desarrollo rural y pesca en aguas interiores, y exclusiva conforme a las bases económicas en ordenación agraria y pesquera; compartida en planificación pesquera y puertos pesqueros.

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Artículo 83. Denominaciones de origen y otras menciones de calidad.

Corresponde a la Comunidad Autónoma, respetando lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, la competencia exclusiva sobre denominaciones de origen y otras menciones de calidad, que incluye, en todo caso, el régimen jurídico de creación y funcionamiento, el reconocimiento de las denominaciones o indicaciones, la aprobación de sus normas reguladoras y todas las facultades administrativas de gestión y control de la actuación de aquéllas.

Datos clave

  • Competencia exclusiva sobre denominaciones de origen y otras menciones de calidad.
  • Se ejerce respetando el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.
  • Incluye el régimen jurídico de creación y funcionamiento y el reconocimiento de las denominaciones o indicaciones.
  • Incluye la aprobación de sus normas reguladoras y las facultades administrativas de gestión y control.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las denominaciones de origen y otras menciones de calidad son competencia exclusiva andaluza: creación, reconocimiento, aprobación de normas y gestión y control, respetando el art. 149.1.13.ª CE.

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Artículo 202. Desarrollo rural

Los poderes públicos de Andalucía, con el objetivo conjunto de fijar la población del mundo rural y de mejorar su calidad de vida, promoverán estrategias integrales de desarrollo rural, dirigidas a constituir las bases necesarias para propiciar un desarrollo sostenible.

Datos clave

  • Sujetos obligados: los poderes públicos de Andalucía.
  • Objetivo conjunto: fijar la población del mundo rural y mejorar su calidad de vida.
  • Instrumento: estrategias integrales de desarrollo rural.
  • Finalidad: constituir las bases necesarias para propiciar un desarrollo sostenible.

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Mandato a los poderes públicos andaluces de promover estrategias integrales de desarrollo rural para fijar población, mejorar la calidad de vida y lograr un desarrollo sostenible.

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Artículo 1. Objeto de la Ley

El artículo 1 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, define su objeto.

1. La Ley tiene por objeto regular y establecer medidas para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural en tanto que suponen condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de determinados derechos constitucionales y en cuanto que tienen el carácter de bases de la ordenación general de la actividad económica en dicho medio.

2. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas en sus Estatutos de Autonomía, la Ley determina objetivos para las políticas de desarrollo rural sostenible de las Administraciones Públicas, regula el marco normativo de la acción de la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias y establece los criterios e instrumentos de colaboración con el resto de Administraciones, para alcanzar una acción pública coordinada y complementaria que mejore la cohesión económica y social entre los territorios y la protección y el uso sostenible de los ecosistemas y recursos naturales.

Datos clave

  • Objeto: medidas para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural.
  • Doble carácter: condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de derechos y bases de la ordenación general de la actividad económica.
  • Respeta las competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas.
  • Regula la acción de la Administración General del Estado y la colaboración con las demás Administraciones.
  • Busca una acción pública coordinada y complementaria.

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La ley fija medidas para el desarrollo sostenible del medio rural con un doble título: condiciones básicas de igualdad en derechos constitucionales y bases de la ordenación general de la actividad económica.

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Artículo 2. Objetivos

El artículo 2 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, fija sus objetivos generales y particulares.

1. Objetivos generales:

a) Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación de actividades competitivas y multifuncionales y la diversificación de su economía.

b) Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el bienestar de sus ciudadanos, asegurando servicios públicos básicos adecuados y suficientes, especialmente para las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión.

c) Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural.

2. En particular, las políticas de desarrollo rural sostenible deberán orientarse a:

a) Fomentar una actividad económica continuada y diversificada, manteniendo un sector agrícola, ganadero, forestal y derivado de la pesca e impulsando el empleo en otros sectores, preferentemente en las zonas rurales consideradas prioritarias.

b) Dotar al medio rural de infraestructuras y equipamientos públicos básicos, en especial en transportes, energía, agua y telecomunicaciones.

c) Potenciar servicios públicos básicos de calidad, en particular en educación, sanidad y seguridad ciudadana.

d) Considerar las necesidades de los ciudadanos del medio rural en las políticas de protección social.

e) Lograr un alto nivel de calidad ambiental, previniendo el deterioro del patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad.

f) Facilitar el acceso a la vivienda y una ordenación territorial y un urbanismo adaptados al medio rural.

g) Fomentar la participación pública en los programas de desarrollo rural sostenible.

h) Garantizar que los servicios en el medio rural sean accesibles a las personas con discapacidad y las personas mayores.

Datos clave

  • Tres objetivos generales: base económica, población y bienestar, y patrimonio y recursos naturales y culturales.
  • Fomento económico preferentemente en las zonas rurales consideradas prioritarias.
  • Infraestructuras básicas: transportes, energía, agua y telecomunicaciones.
  • Servicios públicos básicos: educación, sanidad y seguridad ciudadana.
  • Accesibilidad de los servicios para personas con discapacidad y personas mayores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres objetivos generales (economía, población y bienestar, patrimonio natural y cultural) y ocho orientaciones concretas para las políticas de desarrollo rural sostenible.

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Artículo 5. Programa de Desarrollo Rural Sostenible

El artículo 5 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, regula el Programa de Desarrollo Rural Sostenible.

1. El Programa es el instrumento principal para la planificación de la acción de la Administración General del Estado en relación con el medio rural; se elaborará en coordinación con las Comunidades Autónomas y concretará los objetivos, planes y actuaciones sectoriales de dicha Administración y los concertados con las Comunidades Autónomas.

2. Antes de su aprobación será sometido a informe del Consejo para el Medio Rural y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural.

3. Será aprobado por el Gobierno, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, y tendrá carácter plurianual.

4. El Gobierno podrá acordar modificaciones, previo informe del Consejo para el Medio Rural y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural.

5. Su ejecución se llevará a cabo por las Administraciones competentes.

Datos clave

  • Instrumento principal de planificación de la acción de la Administración General del Estado en el medio rural.
  • Se elabora en coordinación con las Comunidades Autónomas.
  • Informe previo del Consejo para el Medio Rural y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural.
  • Aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.
  • Carácter plurianual; ejecución por las Administraciones competentes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Programa de Desarrollo Rural Sostenible es el instrumento principal de planificación del Estado en el medio rural: plurianual, aprobado por Real Decreto previo informe de dos órganos.

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Artículo 1. Objeto

El artículo 1 de la Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa, define el objeto de la norma.

La Ley tiene por objeto favorecer la conservación de las dehesas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, preservando, desarrollando y revalorizando su riqueza económica, biológica, ambiental, social y cultural, y promoviendo que se gestionen de una manera integral y sostenible.

Reconoce su carácter de sistema de uso mixto agrosilvopastoral, en el que predomina el manejo ganadero. Su pervivencia depende de su viabilidad económica, a la que la Administración Pública debe contribuir, de manera que se facilite su mejora y la conservación de sus valores naturales, se contribuya a la viabilidad económica de los sectores productivos tradicionales, especialmente la ganadería extensiva, y se ponga en valor su importancia ambiental, cultural y social.

Datos clave

  • Objeto: favorecer la conservación de las dehesas de Andalucía.
  • Gestión integral y sostenible.
  • La dehesa es un sistema de uso mixto agrosilvopastoral con predominio del manejo ganadero.
  • Su pervivencia depende de su viabilidad económica, a la que debe contribuir la Administración.
  • Sector tradicional destacado: la ganadería extensiva.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley busca conservar las dehesas andaluzas y revalorizar su riqueza, con gestión integral y sostenible; las define como sistema agrosilvopastoral con predominio ganadero cuya pervivencia depende de su viabilidad económica.

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Artículo 3. Normativa aplicable

El artículo 3 de la Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa, determina la normativa aplicable a las dehesas.

1. A las dehesas les será de aplicación esta Ley, sin perjuicio de la aplicación de la normativa forestal en lo relativo a sus características y aprovechamientos forestales, así como de la que les corresponda por sus características agropecuarias.

2. Las dehesas incluidas en los espacios naturales protegidos se regirán por su legislación específica, por la normativa general vigente, y por las disposiciones de esta Ley en lo que no sea contrario a aquella.

Datos clave

  • Se aplica la Ley para la Dehesa.
  • Sin perjuicio de la normativa forestal para sus características y aprovechamientos forestales.
  • También la normativa agropecuaria que les corresponda.
  • Dehesas en espacios naturales protegidos: su legislación específica prevalece y la Ley de la Dehesa se aplica en lo que no la contradiga.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

A las dehesas se les aplica esta ley junto con la normativa forestal y la agropecuaria; si están en un espacio natural protegido, manda su legislación específica y esta ley solo en lo que no la contradiga.

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Artículo 1. Objeto

El artículo 1 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, define su objeto en el marco de la normativa de la Unión Europea y de la normativa básica del Estado.

a) La ordenación y control de las denominaciones de calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros de Andalucía y de los consejos reguladores.

b) Las normas para garantizar la calidad, el origen, en su caso, y la conformidad de los productos con sus normas específicas de calidad, protegiendo los derechos de los agentes económicos, operadores y personas consumidoras finales y garantizando a estas una información correcta y completa.

c) El fomento y la promoción de la calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros.

d) Las obligaciones, en materia de calidad, de los agentes económicos y profesionales del sector agroalimentario y pesquero.

e) Los requisitos exigibles a los organismos de evaluación de la conformidad y las obligaciones de los operadores y sus entidades auxiliares para demostrar la conformidad de los productos.

f) La inspección, el control de la calidad, la prevención y lucha contra el fraude y el régimen sancionador en materia de calidad y conformidad.

Datos clave

  • Marco: normativa de la Unión Europea y normativa básica del Estado.
  • Ordenación y control de las denominaciones de calidad y de los consejos reguladores.
  • Garantía de información correcta y completa a las personas consumidoras.
  • Regula los organismos de evaluación de la conformidad.
  • Incluye la prevención y lucha contra el fraude y el régimen sancionador.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley andaluza de calidad agroalimentaria y pesquera ordena las denominaciones de calidad y los consejos reguladores, garantiza calidad y conformidad, la fomenta y regula control, fraude y sanciones.

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Artículo 7. Regímenes de calidad

El artículo 7 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, enumera los regímenes de calidad diferenciada.

1. Son regímenes de calidad diferenciada:

a) Denominación de origen protegida (DOP).

b) Indicación geográfica protegida (IGP).

c) Indicación geográfica de bebidas espirituosas (IGBE).

d) Indicación geográfica de productos vitivinícolas aromatizados (IGPVA).

e) Términos de calidad facultativos en productos agroalimentarios.

f) Términos tradicionales de vinos.

g) Especialidades tradicionales garantizadas (ETG).

h) Producción ecológica.

Forman parte de los regímenes de calidad definidos en el Reglamento (UE) núm. 1151/2012, de 21 de noviembre de 2012, el Reglamento (CE) núm. 110/2008, de 15 de enero de 2008, el Reglamento (UE) núm. 251/2014, de 26 de febrero de 2014, el Reglamento (UE) núm. 1308/2013, de 17 de diciembre de 2013, y el Reglamento (CE) núm. 834/2007, de 28 de junio de 2007, y en la normativa nacional y autonómica de desarrollo.

2. La Comunidad Autónoma podrá establecer reglamentariamente otros términos de calidad facultativos, entre los que se encuentra la «Producción Integrada».

3. Las menciones o productos acogidos a regímenes de calidad diferenciada deberán contar con una normativa específica que recoja, entre otras, las obligaciones legales, el sistema de control y el pliego de condiciones. Dicha normativa será aprobada por la persona titular de la Consejería competente en materia agraria y pesquera.

Datos clave

  • Ocho regímenes de calidad diferenciada.
  • DOP, IGP, IGBE e IGPVA son los vinculados al origen geográfico.
  • También ETG, producción ecológica, términos de calidad facultativos y términos tradicionales de vinos.
  • Reglamento base de los regímenes agrícolas y alimentarios: Reglamento (UE) núm. 1151/2012.
  • La Comunidad Autónoma puede crear otros términos facultativos, como la «Producción Integrada».
  • La normativa específica de cada régimen la aprueba la persona titular de la Consejería competente en materia agraria y pesquera.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ocho regímenes de calidad diferenciada: los ligados al origen (DOP, IGP, IGBE, IGPVA) y otros como la ETG o la producción ecológica; la Comunidad puede crear términos facultativos como la Producción Integrada.

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Artículo 8. Protección

El artículo 8 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, regula la protección de los regímenes de calidad.

1. La protección de los regímenes de calidad diferenciada vinculados al origen geográfico (DOP, IGP, IGBE e IGPVA) y de los términos tradicionales de vinos se extiende al nombre geográfico de la denominación y, desde la producción o elaboración, a todas las fases de la comercialización, incluida la presentación, etiquetado, publicidad y documentación comercial, con las prohibiciones de los Reglamentos (UE) núm. 1151/2012, (CE) núm. 110/2008, (UE) núm. 251/2014 y (UE) núm. 1308/2013.

2. Otras marcas usadas en productos con derecho a un nombre geográfico protegido no podrán emplearse, ni siquiera por sus titulares, en la comercialización del mismo producto no amparado, salvo que no cause perjuicio a los productos protegidos; lo autoriza la persona titular de la Consejería competente en materia agraria y pesquera, con informe previo del consejo regulador. Las etiquetas deberán identificar con claridad el origen de cada producto y su régimen de calidad.

3. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente, dispondrá los medios necesarios para la defensa efectiva de los nombres geográficos protegidos.

4. El término «certificado» o similar queda restringido, en la calidad agroalimentaria, a los productos sujetos a la verificación de la conformidad conforme a normas o pliegos de condiciones públicos, autorizados o privados.

5. En las ETG, la protección prohíbe cualquier práctica que pueda llevar a error a los consumidores, incluida la de hacer creer que el producto es una especialidad tradicional garantizada reconocida por la Comunidad.

6. En la producción ecológica y la producción integrada, la protección afecta a todas las fases de comercialización; la indicación producción ecológica y los términos ecológico, biológico, sus derivados o abreviaturas como «BIO» y «ECO» solo podrán emplearse para productos obtenidos según la normativa aplicable.

Datos clave

  • La protección de DOP, IGP, IGBE e IGPVA se extiende al nombre geográfico y a todas las fases de comercialización.
  • Uso de otras marcas en producto no amparado: autorización de la persona titular de la Consejería, con informe previo del consejo regulador.
  • El término «certificado» se restringe a productos sujetos a verificación de la conformidad.
  • ETG: prohibidas las prácticas que puedan llevar a error a los consumidores.
  • «BIO» y «ECO» solo para productos obtenidos según la normativa de producción ecológica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se protegen los regímenes de calidad: nombre geográfico en todas las fases de comercialización, límites al uso de otras marcas, reserva del término «certificado» y de «BIO» y «ECO».

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Artículo 12. Naturaleza, régimen jurídico y ámbito de competencias

El artículo 12 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, regula la naturaleza y el régimen jurídico de los consejos reguladores.

1. La gestión de las DOP, IGP e IGBE será realizada por un órgano de gestión, denominado consejo regulador, en el que estarán representadas las personas productoras o elaboradoras inscritas en los registros que establezca el reglamento específico de la denominación.

2. Conforme al artículo 16, se entiende autorizado el consejo regulador, adquiriendo su naturaleza jurídica, con la publicación de su reglamento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. Los consejos reguladores se constituyen como corporaciones de Derecho Público, con personalidad jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad de obrar. Pueden participar, constituir o relacionarse con asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles y con la Administración. Con carácter general sujetan su actividad al Derecho Privado, excepto en las actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades públicas, sujetas al Derecho Administrativo.

4. Se rigen por esta ley, la normativa básica del Estado, sus normas de desarrollo y el reglamento específico de cada denominación.

5. Sus competencias se limitan a la zona de producción, transformación y elaboración, a las personas inscritas en los registros y a los productos protegidos en cualquier fase hasta su comercialización.

Datos clave

  • Gestionan las DOP, IGP e IGBE.
  • Autorización: con la publicación de su reglamento en el BOJA.
  • Naturaleza: corporaciones de Derecho Público con personalidad jurídica propia y autonomía económica.
  • Actividad sujeta al Derecho Privado salvo en el ejercicio de potestades públicas.
  • Competencias limitadas a su zona, a las personas inscritas y a los productos protegidos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los consejos reguladores gestionan DOP, IGP e IGBE; son corporaciones de Derecho Público autorizadas al publicarse su reglamento en el BOJA, que actúan en Derecho Privado salvo cuando ejercen potestades públicas.

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Artículo 13. Fines y funciones

El artículo 13 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, fija los fines y funciones de los consejos reguladores.

1. Sus fines son la representación, defensa, garantía, formación, investigación, desarrollo e innovación de mercados y promoción tanto de los productos amparados como de la denominación de calidad.

2. Desempeñarán, al menos, las siguientes funciones:

a) Proponer las modificaciones del reglamento específico y del pliego de condiciones.

b) La elección y, en su caso, ejecución del sistema de control y defensa del nombre de la denominación.

c) Orientar la producción y calidad y la promoción genérica de los productos amparados, e informar a los consumidores, garantizando la veracidad y demostrabilidad del etiquetado.

d) Velar por el prestigio de la denominación y denunciar ante los órganos administrativos y jurisdiccionales cualquier uso incorrecto o incumplimiento.

e) Adoptar, en su caso, rendimientos, límites máximos de producción, transformación y comercialización, condiciones de riego u otros aspectos de coyuntura anual.

f) Establecer los requisitos de las etiquetas de los productos amparados.

g) La gestión de los registros definidos en su reglamento.

h) Elaborar estadísticas de producción, elaboración y comercialización.

i) Elaborar y aprobar el presupuesto de cada ejercicio y la liquidación del ejercicio pasado.

j) Gestionar las cuotas y derechos obligatorios para su financiación.

k) Proponer la planificación y programación del control de cada operador inscrito.

l) Colaborar con las autoridades competentes en el mantenimiento de los registros públicos oficiales.

m) Expedir, a petición del órgano de control y previo informe vinculante de certificación, los certificados de origen.

n) Retirar, previo informe vinculante del órgano de control, el derecho al uso de la certificación a los productos que incumplan el pliego de condiciones.

ñ) Colaborar con las administraciones en la elaboración de normas sobre denominaciones de calidad.

o) Las funciones de control que establezca su reglamento.

p) Organizar y convocar sus procesos electorales.

q) Gestionar marcas de titularidad pública cuando se establezca reglamentariamente.

r) Elaborar, en su caso, un plan de control de los operadores inscritos, integrado en el Plan de Control Oficial de la Calidad Agroalimentaria.

s) Cualesquiera otras que le atribuyan su reglamento y la legislación en vigor.

3. Las decisiones sobre las funciones de las letras e, g y j del apartado 2, y las de control de los artículos 24.4 b y 33.1 b, podrán impugnarse en vía administrativa ante la consejería competente en materia agraria y pesquera.

Datos clave

  • Fines: representación, defensa, garantía, formación, investigación, desarrollo e innovación de mercados y promoción.
  • Los certificados de origen se expiden a petición del órgano de control y previo informe vinculante de certificación.
  • La retirada del uso de la certificación exige informe vinculante del órgano de control.
  • Aprueban su presupuesto anual y la liquidación del ejercicio pasado.
  • Son impugnables ante la consejería las decisiones de las letras e, g y j.
  • El plan de control de operadores se integra en el Plan de Control Oficial de la Calidad Agroalimentaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fines y lista mínima de funciones de los consejos reguladores, con especial atención a los certificados de origen, la retirada de la certificación y las decisiones impugnables ante la consejería.

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Artículo 19. Tutela de los consejos reguladores

El artículo 19 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, regula la tutela sobre los consejos reguladores.

1. La consejería competente en materia agraria y pesquera ejercerá la tutela sobre los consejos reguladores.

2. A estos efectos, a través de sus órganos, podrá realizar las actuaciones de control e inspección que estime convenientes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los consejos reguladores.

3. Los consejos reguladores facilitarán a la consejería toda la información que les sea requerida en los plazos establecidos. La consejería auditará, al menos bienalmente, las funciones de verificación del cumplimiento del pliego de condiciones ejercidas por el órgano de control de la denominación.

Datos clave

  • La tutela corresponde a la consejería competente en materia agraria y pesquera.
  • Puede realizar actuaciones de control e inspección sobre los consejos reguladores.
  • Los consejos deben facilitar la información requerida en los plazos establecidos.
  • Auditoría, al menos bienal, de la verificación del pliego de condiciones por el órgano de control.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La consejería competente en materia agraria y pesquera tutela a los consejos reguladores: puede controlarlos e inspeccionarlos, recibe la información que pida y audita al menos bienalmente al órgano de control.

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Artículo 26. Controles oficiales

El artículo 26 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, regula los controles oficiales de la calidad.

1. Conforme al Reglamento (UE) 2017/625, de 15 de marzo, es control oficial de la calidad agroalimentaria y pesquera toda forma de control realizada por:

a) Los servicios de la Administración de la Junta de Andalucía, en su ámbito competencial.

b) Los órganos de control de las DOP, IGP, IGBE e IGPVA a los que se haya delegado expresamente la verificación del pliego de condiciones antes de la comercialización.

c) Los organismos independientes de control a los que se hayan delegado expresamente funciones de control oficial.

2. La consejería competente en materia agraria y pesquera organizará los controles oficiales. Su objetivo fundamental es la prevención y lucha contra el fraude en materia de calidad agroalimentaria, la verificación de las características de los productos y el cumplimiento de la normativa de calidad comercial o diferenciada en todas las etapas de la producción, transformación y distribución.

3. En la calidad diferenciada, el control oficial de la consejería incluirá los productos envasados presentes en el punto de venta al consumidor final. En la calidad comercial, por circunstancias excepcionales derivadas de las investigaciones, podrá extenderse, previa comunicación al órgano competente, a otras etapas, como los puntos de venta.

4. A fin de garantizar su eficacia, los controles se realizarán generalmente sin previo aviso.

5. El control oficial verificará: a) la calidad e idoneidad de los productos y los medios de producción; b) la veracidad del etiquetado, presentación y publicidad; c) la lealtad de las transacciones comerciales; d) la identidad y actividad de los operadores; e) el adecuado uso de las denominaciones de calidad; f) las obligaciones de calidad comercial de los operadores.

Datos clave

  • Referencia europea: Reglamento (UE) 2017/625, de 15 de marzo.
  • Pueden realizar control oficial la Junta, los órganos de control de las denominaciones con delegación expresa y organismos independientes de control con delegación.
  • Objetivo fundamental: prevención y lucha contra el fraude en materia de calidad agroalimentaria.
  • En la calidad diferenciada, el control alcanza los productos envasados en el punto de venta al consumidor final.
  • Los controles se realizan generalmente sin previo aviso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién hace control oficial de calidad agroalimentaria, cuál es su objetivo (luchar contra el fraude), dónde alcanza, que suele hacerse sin previo aviso y qué verifica.

Esquema

Control en el punto de venta
Calidad diferenciadaCalidad comercial
Punto de ventaIncluye los productos envasados en el punto de venta al consumidor finalSolo por circunstancias excepcionales de las investigaciones
RequisitoNinguno añadido por el textoPrevia comunicación al órgano competente

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Artículo 41. Clasificación de las infracciones en materia de calidad agroalimentaria y pesquera

El artículo 41 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, regula la clasificación de las infracciones.

1. Los incumplimientos de la ley y demás disposiciones vigentes en la materia se consideran infracciones administrativas, sancionadas conforme a la normativa en vigor.

2. Corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía y, dentro de ella, a las diferentes consejerías en sus ámbitos competenciales, la titularidad de la potestad sancionadora por las infracciones tipificadas en la ley.

3. Son infracciones las acciones u omisiones tipificadas en la ley, que se clasifican en leves, graves y muy graves.

4. En ningún caso tendrá la consideración de sanción la denegación de la utilización del nombre geográfico o su suspensión temporal por la retirada de la certificación por parte del organismo de evaluación de la conformidad.

Datos clave

  • Los incumplimientos de la ley son infracciones administrativas.
  • Potestad sancionadora: la Junta de Andalucía, a través de las consejerías en sus ámbitos competenciales.
  • Clasificación: leves, graves y muy graves.
  • No es sanción la denegación o suspensión temporal del uso del nombre geográfico por retirada de la certificación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los incumplimientos son infracciones administrativas leves, graves o muy graves; sanciona la Junta a través de sus consejerías, y retirar el uso del nombre geográfico por falta de certificación no es sanción.

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Artículo 1. Objeto

El artículo 1 de la Ley 5/2011, de 6 de octubre, del Olivar de Andalucía, define el objeto de la norma.

El objeto de la Ley es establecer el marco normativo para el mantenimiento y mejora del cultivo del olivar en Andalucía, el desarrollo sostenible de sus territorios y el fomento de la calidad y promoción de sus productos.

Datos clave

  • Establece el marco normativo del olivar en Andalucía.
  • Mantenimiento y mejora del cultivo del olivar.
  • Desarrollo sostenible de los territorios de olivar.
  • Fomento de la calidad y promoción de sus productos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Ley del olivar fija el marco normativo andaluz con tres fines: mantener y mejorar el cultivo, desarrollar de forma sostenible sus territorios y fomentar la calidad y promoción de sus productos.

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Artículo 1. Objeto

El artículo 1 de la Ley andaluza 2/2025, de 12 de diciembre, dedicada al impulso de la producción ecológica, define su objeto y sus objetivos estratégicos.

1. La ley tiene por objeto el impulso y la promoción de la producción ecológica, así como de otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía, mejorando su conocimiento y consumo.

2. Objetivos estratégicos:

a) Reforzar la resiliencia del sector agroalimentario frente a las dificultades actuales y futuras.

b) La protección, promoción y desarrollo de la producción ecológica y otras producciones certificadas, con campañas de información y comunicación institucional y la promoción de su consumo y conocimiento.

c) La priorización de estas producciones en la contratación pública y el establecimiento de bonificaciones en materia de tasas tributarias.

d) Favorecer la innovación, la investigación, la digitalización, el asesoramiento y la transferencia de conocimiento para su mejora, transformación y comercialización.

e) Incrementar la sostenibilidad del sistema agroalimentario andaluz, reduciendo su huella medioambiental y fomentando la economía circular, contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático.

f) Mejorar la gobernanza y el funcionamiento de los órganos consultivos y de participación en torno a la producción ecológica.

g) Distinguir a las personas o entidades que destaquen por su trabajo, actividad o méritos en la producción ecológica.

Datos clave

  • Objeto: impulso y promoción de la producción ecológica y de otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas.
  • Siete objetivos estratégicos, letras a) a g).
  • Priorización de estas producciones en la contratación pública.
  • Bonificaciones en materia de tasas tributarias.
  • Fomento de la economía circular y adaptación al cambio climático.
  • Distinciones a personas o entidades destacadas en la producción ecológica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley andaluza quiere impulsar y promocionar la producción ecológica y otras producciones certificadas, y para ello fija siete objetivos estratégicos, de la resiliencia del sector a las distinciones.

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Artículo 1. Objeto

El artículo 1 de la Ley 3/2026, de 13 de marzo, de Montes de Andalucía, define el objeto de la norma.

La ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la organización, uso y administración de los montes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de la legislación básica estatal.

Datos clave

  • Objeto: el régimen jurídico de los montes en Andalucía.
  • Abarca la organización, el uso y la administración de los montes.
  • Se dicta en el marco de la legislación básica estatal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley fija el régimen jurídico de los montes de Andalucía: cómo se organizan, se usan y se administran, siempre dentro del marco de la legislación básica estatal.

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Artículo 4. Concepto de monte

El artículo 4 de la Ley 3/2026, de 13 de marzo, de Montes de Andalucía, define el concepto legal de monte.

1. Se entiende por monte todo terreno rústico en el que vegetan especies forestales, sean de origen natural o procedentes de siembra o plantación, que cumple funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.

2. Tienen también la consideración de monte:

a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.

b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican.

c) Los terrenos rústicos antes destinados a la agricultura sin constancia oficial de uso agrícola en los últimos veinte años, que hayan adquirido las características del apartado 1 y tengan una superficie mínima de una hectárea o sean colindantes con otros montes. Ese periodo podrá modificarse en los planes de ordenación de los recursos forestales.

d) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con una superficie mínima de una hectárea.

e) Todo terreno que la Administración forestal adscriba, de oficio o a instancia de parte, al uso forestal o a la finalidad de ser repoblado.

3. No tienen la consideración legal de monte:

a) Los terrenos dedicados a usos agrícolas, incluidos los cultivos temporales en régimen intensivo con especies forestales aromáticas, condimentarias, medicinales o para la producción de cortezas o frutos.

b) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con una superficie inferior a una hectárea, a cuya vegetación se aplica la legislación de protección de la flora y la fauna.

c) Los terrenos clasificados legalmente como urbanos.

d) Las superficies dedicadas a cultivos de plantas ornamentales.

e) Los viveros forestales.

Datos clave

  • Monte: terreno rústico con especies forestales que cumple funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.
  • Son monte los terrenos yermos, roquedos y arenales.
  • Antiguos terrenos agrícolas sin uso agrícola oficial en los últimos veinte años, con al menos una hectárea o colindantes con montes.
  • Enclaves forestales en terrenos agrícolas: monte si tienen al menos una hectárea; no lo son si es inferior.
  • No son monte los terrenos urbanos, los cultivos de plantas ornamentales ni los viveros forestales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define qué es monte: terreno rústico con especies forestales que cumple ciertas funciones. Añade cinco supuestos asimilados y cinco exclusiones; la hectárea marca la frontera de los enclaves.

Esquema

¿Monte o no monte?
Es monteNo es monte
Enclave forestal en terreno agrícolaSuperficie mínima de una hectáreaSuperficie inferior a una hectárea
TerrenosYermos, roquedos y arenalesClasificados legalmente como urbanos
Producción vegetalTerreno rústico con especies forestales y funciones del apartado 1Usos agrícolas, plantas ornamentales y viveros forestales

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Artículo 6. Objetivos generales

El artículo 6 de la Ley 3/2026, de 13 de marzo, de Montes de Andalucía, enumera sus objetivos generales.

a) La protección de los montes andaluces a través de su gestión forestal sostenible, con medidas de fomento e incentivos a la propiedad privada y la promoción y defensa del patrimonio público forestal.

b) La función social del monte y su uso múltiple como proveedor de bienes y servicios para el conjunto de la sociedad.

c) El desarrollo del sector forestal y su tejido productivo como fuente de empleo y fijación de la población en el medio rural, impulsando la movilización de los recursos del monte.

d) La adaptación de los montes a los previsibles nuevos escenarios climáticos y el fomento de su papel como sumideros de carbono.

e) La prevención frente a los incendios forestales, mediante la planificación, gestión y restauración de los montes.

f) La conservación, mejora y restauración de los ecosistemas forestales y su biodiversidad.

g) La consolidación del régimen jurídico de los montes públicos.

h) La preservación de los valores culturales de los paisajes forestales y de las actividades etnológicas asociadas al aprovechamiento de sus recursos naturales.

i) La simplificación y agilización de los procedimientos administrativos en materia de montes, la colaboración entre Administraciones y el acercamiento de la Administración forestal a la ciudadanía.

j) El fomento de la colaboración público-privada.

Datos clave

  • Diez objetivos generales, letras a) a j).
  • Protección de los montes mediante su gestión forestal sostenible.
  • Función social y uso múltiple del monte.
  • Papel de los montes como sumideros de carbono.
  • Prevención de incendios forestales mediante planificación, gestión y restauración.
  • Último objetivo: el fomento de la colaboración público-privada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Diez objetivos generales guían la ley: desde proteger los montes con gestión forestal sostenible hasta fomentar la colaboración público-privada, pasando por clima, incendios y empleo rural.

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Artículo 7. Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía

El artículo 7 de la Ley 3/2026, de 13 de marzo, de Montes de Andalucía, regula las competencias de la Comunidad Autónoma en materia forestal.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de la normativa básica estatal, ostenta las potestades y ejerce las funciones que establece esta ley, a través de la Consejería competente en materia forestal.

2. La Consejería competente en materia forestal velará por el cumplimiento de la ley, ejerciendo las potestades de autorización, control, supervisión, intervención administrativa, fomento y policía que garanticen una gestión forestal sostenible.

Datos clave

  • Las competencias se ejercen a través de la Consejería competente en materia forestal.
  • Sin perjuicio de la normativa básica estatal.
  • Potestades: autorización, control, supervisión, intervención administrativa, fomento y policía.
  • Finalidad: garantizar una gestión forestal sostenible.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta ejerce las potestades de la ley a través de la Consejería competente en materia forestal, que vela por su cumplimiento con potestades de autorización, control, fomento o policía.

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Artículo 8. Competencias de la Administración local

El artículo 8 de la Ley 3/2026, de 13 de marzo, de Montes de Andalucía, regula las competencias de la Administración local en materia forestal.

1. Las entidades locales ejercerán las competencias en materia forestal previstas en su legislación especial, en la legislación básica estatal y en la legislación autonómica en materia de montes. Entre estas competencias se incluye la gestión de los montes catalogados de utilidad pública de su titularidad.

2. Para la gestión de los montes de su titularidad, las entidades locales podrán suscribir convenios de cooperación con la Administración forestal autonómica.

Datos clave

  • Fuentes de las competencias locales: legislación especial, legislación básica estatal y legislación autonómica de montes.
  • Incluyen la gestión de los montes catalogados de utilidad pública de su titularidad.
  • Pueden suscribir convenios de cooperación con la Administración forestal autonómica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales ejercen las competencias forestales que les dan tres bloques normativos, incluida la gestión de sus montes de utilidad pública, y pueden firmar convenios con la Junta.

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Artículo 11. Montes públicos. Dominio público forestal y montes patrimoniales

El artículo 11 de la Ley 3/2026, de 13 de marzo, de Montes de Andalucía, clasifica los montes públicos por su naturaleza jurídica en demaniales o patrimoniales.

1. Son de dominio público o demaniales e integran el dominio público forestal:

a) Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

b) Los montes comunales en tanto su aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.

c) Aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, se afecten a un uso o servicio público, o estén implícita o tácitamente afectados en virtud de la normativa sobre patrimonio de las Administraciones públicas.

2. Son montes patrimoniales los de propiedad pública que no sean demaniales.

Datos clave

  • Los montes públicos pueden ser de dominio público o patrimoniales.
  • Demaniales: los incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
  • Demaniales: los comunales mientras su aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.
  • Demaniales: los afectados a un uso o servicio público.
  • Patrimoniales: los de propiedad pública que no sean demaniales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los montes públicos son demaniales o patrimoniales. Son demaniales los catalogados de utilidad pública, los comunales y los afectados a uso o servicio público; el resto son patrimoniales.

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Artículo 14. Régimen jurídico de los montes demaniales

El artículo 14 de la Ley 3/2026, de 13 de marzo, de Montes de Andalucía, establece el régimen jurídico de los montes demaniales.

1. Todos los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad, de acuerdo con la legislación básica estatal en materia de montes.

2. En los expedientes sobre montes públicos demaniales de los que pudiera derivarse una declaración de demanialidad distinta de la forestal e incompatible con esta, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior sobre la declaración del interés general prevalente.

3. Cuando un monte público demanial se halle afectado por otra demanialidad diferente a la forestal pero compatible con esta, se tramitará, a instancia de cualquiera de las dos Administraciones implicadas, un expediente de mutación demanial o, en su caso, de concurrencia, para armonizar el doble carácter demanial.

Datos clave

  • Los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
  • No están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad.
  • Demanialidad incompatible: se aplica la declaración del interés general prevalente.
  • Demanialidad compatible: expediente de mutación demanial o de concurrencia.
  • Lo puede instar cualquiera de las dos Administraciones implicadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no tributan por su titularidad. Si concurre otra demanialidad, la solución depende de si es compatible.

Esquema

Otra demanialidad sobre un monte demanial
Incompatible con la forestalCompatible con la forestal
SoluciónDeclaración del interés general prevalente (artículo anterior)Expediente de mutación demanial o, en su caso, de concurrencia

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Artículo 51. Plan Forestal Andaluz

El artículo 51 de la Ley 3/2026, de 13 de marzo, de Montes de Andalucía, regula el Plan Forestal Andaluz.

1. El Plan Forestal Andaluz es el instrumento fundamental de la planificación forestal en Andalucía, dentro de los parámetros del Plan Forestal Español, y constituye el marco estratégico de la política forestal andaluza.

2. Su grado de cumplimiento se evaluará al menos cada diez años, realizándose las adecuaciones correspondientes, sin perjuicio de su actualización para adaptarlo a las circunstancias.

3. Su elaboración y la de sus adecuaciones corresponde a la Consejería competente en materia forestal, con un proceso participativo y de consulta y el informe del Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad.

4. Corresponde al Consejo de Gobierno su aprobación mediante decreto, dando conocimiento al Parlamento de Andalucía. Tras la aprobación se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en la sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía.

Datos clave

  • Instrumento fundamental de la planificación forestal en Andalucía, dentro del Plan Forestal Español.
  • Evaluación de su cumplimiento: al menos cada diez años.
  • Lo elabora la Consejería competente en materia forestal.
  • Requiere informe del Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad.
  • Lo aprueba el Consejo de Gobierno mediante decreto, con conocimiento del Parlamento de Andalucía.
  • Publicación en el BOJA y en la sección de Transparencia del Portal de la Junta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Plan Forestal Andaluz es el instrumento fundamental y marco estratégico de la política forestal; lo elabora la Consejería, lo aprueba el Consejo de Gobierno por decreto y se evalúa al menos cada diez años.

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Artículo 59. Disposiciones generales

El artículo 59 de la Ley 3/2026, de 13 de marzo, de Montes de Andalucía, establece las disposiciones generales sobre aprovechamientos forestales.

1. Son aprovechamientos forestales los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de corcho, pastos, caza, frutos, hongos, plantas melíferas, aromáticas y medicinales, resina, y los demás productos y servicios con valor de mercado característicos de los montes, incluidos los servicios ambientales del artículo 75 de la ley.

2. La caza se exceptúa de este capítulo y su aprovechamiento se rige por la regulación específica en materia cinegética.

3. La titularidad del monte será en todos los casos la propietaria de los recursos forestales producidos en su monte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento conforme a la ley, sus disposiciones de desarrollo y la normativa estatal aplicable.

4. El aprovechamiento se realizará garantizando la persistencia, conservación y mejora de los montes.

5. Se realizará de acuerdo con los planes de ordenación de recursos forestales, cuando existan, y se ajustará al instrumento de ordenación forestal vigente y a los condicionados administrativos que se establezcan.

6. El titular de un aprovechamiento maderable, leñoso o corchero cuyos productos se comercialicen deberá comunicar la cuantía exacta, en cantidad de producto y precio de venta, a la Consejería competente en materia forestal en el plazo máximo de un mes desde su finalización.

Datos clave

  • Los aprovechamientos forestales incluyen la biomasa forestal, el corcho, los pastos, la resina y los servicios ambientales.
  • La caza se rige por su regulación específica cinegética.
  • La titularidad del monte es propietaria de los recursos forestales, incluidos frutos espontáneos.
  • Deben garantizar la persistencia, conservación y mejora de los montes.
  • Aprovechamientos maderables, leñosos o corcheros comercializados: comunicar cantidad y precio en el plazo máximo de un mes desde su finalización.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera los aprovechamientos forestales (con la caza aparte), atribuye los recursos al titular del monte y obliga a comunicar en un mes los aprovechamientos maderables, leñosos o corcheros comercializados.

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Artículo 129. Régimen jurídico del ejercicio de la potestad sancionadora

El artículo 129 de la Ley 3/2026, de 13 de marzo, de Montes de Andalucía, fija el régimen jurídico del ejercicio de la potestad sancionadora en materia forestal.

El ejercicio de la potestad sancionadora se ajustará a las reglas establecidas en la legislación básica en las materias de montes y de régimen jurídico del sector público, así como del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

Datos clave

  • La potestad sancionadora se ajusta a la legislación básica de montes.
  • También a la legislación básica de régimen jurídico del sector público.
  • Y a la del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La potestad sancionadora forestal se ajusta a la legislación básica de montes, a la de régimen jurídico del sector público y a la del procedimiento administrativo común.

¿Me lo sé? Flashcards

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