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Tema 72: Las aguas: competencias de la Comunidad Autónoma. La Administración del agua en Andalucía. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos. El dominio público hidráulico. La prevención del riesgo de inundación y sequía. Régimen jurídico.

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Artículo 27. Gestión de las sequías

El artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, regula la gestión de las sequías.

El Ministerio de Medio Ambiente, para las cuencas intercomunitarias y con el fin de minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales sequías, establecerá un sistema global de indicadores hidrológicos que permita prever estas situaciones y sirva de referencia general a los Organismos de cuenca para la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía, sin perjuicio de los artículos 12.2 y 16.2 de la Ley. Dicha declaración implicará la entrada en vigor del Plan especial.

Los Organismos de cuenca elaborarán, en los ámbitos de los Planes Hidrológicos de cuenca, en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, con las reglas de explotación de los sistemas y las medidas sobre el uso del dominio público hidráulico. Previo informe del Consejo de Agua de cada cuenca, se remitirán al Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación.

Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. Estos planes serán informados por el Organismo de cuenca o Administración hidráulica correspondiente, tendrán en cuenta las reglas de los Planes especiales y deberán estar operativos en el plazo máximo de cuatro años.

En las cuencas intracomunitarias, las medidas de los apartados 1 y 2 podrán ser adoptadas por la Administración hidráulica de la Comunidad Autónoma.

Datos clave

  • El Ministerio establece un sistema global de indicadores hidrológicos para las cuencas intercomunitarias.
  • La declaración de alerta y eventual sequía implica la entrada en vigor del Plan especial.
  • Los Organismos de cuenca elaboran los planes especiales en un plazo máximo de dos años.
  • Los planes especiales se aprueban por el Ministerio, previo informe del Consejo de Agua de la cuenca.
  • Plan de Emergencia obligatorio para abastecimientos de 20.000 habitantes o más, operativo en cuatro años.
  • En cuencas intracomunitarias, las medidas puede adoptarlas la Administración hidráulica autonómica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Escalones contra la sequía: indicadores hidrológicos del Ministerio, planes especiales de los Organismos de cuenca (dos años) y planes de emergencia de los abastecimientos de 20.000 habitantes o más (cuatro años).

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Artículo 1. Objeto de la Ley

El artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, delimita el objeto de la Ley.

Es objeto de la Ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio, en el marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución. También lo es el establecimiento de las normas básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de transición, sin perjuicio de su calificación jurídica y de su legislación específica.

Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico.

Corresponde al Estado, en todo caso, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico. Las aguas minerales y termales se regularán por su legislación específica, sin perjuicio de las normas básicas de protección.

Datos clave

  • Regula el dominio público hidráulico, el uso del agua y las competencias del Estado en el marco del artículo 149 de la Constitución.
  • Establece normas básicas de protección de aguas continentales, costeras y de transición.
  • Las aguas superficiales y subterráneas renovables son un recurso unitario subordinado al interés general.
  • Corresponde al Estado la planificación hidrológica.
  • Las aguas minerales y termales se rigen por su legislación específica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Ley de Aguas regula el dominio público hidráulico, el uso del agua y las competencias estatales, y fija normas básicas de protección; las aguas continentales renovables son un recurso unitario de dominio público y la planificación es siempre del Estado.

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Artículo 2. Definición de dominio público hidráulico

El artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, define los bienes que constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley:

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación.

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.

d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos.

e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.

Datos clave

  • Aguas continentales superficiales y subterráneas renovables, con independencia del tiempo de renovación.
  • Cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
  • Lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales en cauces públicos.
  • Acuíferos, a efectos de actos de disposición o afección de los recursos.
  • Aguas procedentes de la desalación de agua de mar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Forman el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades de la Ley: aguas continentales renovables, cauces, lechos de lagos, lagunas y embalses, acuíferos y aguas desaladas.

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Artículo 4. Definición de cauce

El artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, define el cauce, uno de los bienes que integran el dominio público hidráulico.

Según este precepto, álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. La definición se aplica tanto a las corrientes continuas como a las discontinuas, y el criterio que la determina es el de las máximas crecidas ordinarias.

Datos clave

  • Álveo o cauce natural es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.
  • Se aplica a corrientes continuas y discontinuas.
  • Álveo y cauce natural son términos equivalentes en la Ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cauce natural o álveo es el terreno que cubren las aguas en las máximas crecidas ordinarias, sea la corriente continua o discontinua. El criterio clave es «ordinarias».

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Artículo 6. Definición de riberas

El artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, define las riberas y las márgenes y establece las zonas a las que estas quedan sujetas.

Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.

Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se regulará reglamentariamente.

b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.

En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente se determine.

Datos clave

  • Riberas: fajas laterales de los cauces públicos por encima del nivel de aguas bajas.
  • Márgenes: terrenos que lindan con los cauces.
  • Zona de servidumbre: cinco metros de anchura, para uso público.
  • Zona de policía: 100 metros de anchura, con condicionamiento del uso del suelo y las actividades.
  • La anchura de ambas zonas puede modificarse reglamentariamente por razones de seguridad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Riberas y márgenes no son lo mismo; las márgenes soportan dos franjas: servidumbre de cinco metros para uso público y policía de 100 metros que condiciona usos del suelo y actividades. Su anchura puede modificarse reglamentariamente.

Esquema

Zonas de las márgenes
ServidumbrePolicía
AnchuraCinco metros100 metros
FinalidadUso público, regulado reglamentariamenteCondicionar el uso del suelo y las actividades

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Artículo 11. Las zonas inundables

El artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, regula las zonas inundables.

Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos conservarán la calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieren. La inundabilidad no los convierte, por tanto, en dominio público hidráulico.

Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, para que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos en las zonas inundables.

El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, además, normas complementarias de dicha regulación.

Datos clave

  • Zonas inundables: terrenos inundables en crecidas no ordinarias.
  • Conservan la calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieren.
  • Los Organismos de cuenca trasladan los datos sobre avenidas a las Administraciones de ordenación del territorio y urbanismo.
  • El Gobierno puede limitar sus usos por Real Decreto.
  • Los Consejos de Gobierno autonómicos pueden dictar normas complementarias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Inundable no significa dominio público: los terrenos que se inundan en crecidas no ordinarias conservan su calificación y titularidad. Los Organismos de cuenca informan al urbanismo y el Gobierno puede limitar sus usos por Real Decreto.

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Artículo 14. Principios rectores de la gestión en materia de aguas

El artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, establece los principios a los que se somete el ejercicio de las funciones del Estado en materia de aguas:

1.º Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios.

2.º Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.

3.º Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.

Estos principios son también la primera de las bases que, según el artículo 18, deben aplicar las Comunidades Autónomas en su administración hidráulica.

Datos clave

  • 1.º Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios.
  • 2.º Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.
  • 3.º Compatibilidad con la ordenación del territorio, la protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres grupos de principios guían la gestión estatal del agua: los organizativos (unidad de gestión, descentralización, participación…), el respeto a la unidad de cuenca y ciclo, y la compatibilidad con territorio y medio ambiente.

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Artículo 17. Funciones del Estado en relación con el dominio público hidráulico

El artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, enumera las funciones que el Estado ejercerá especialmente en relación con el dominio público hidráulico, en el marco de las competencias que le atribuye la Constitución:

a) La planificación hidrológica y la realización de los planes estatales de infraestructuras hidráulicas o cualquier otro estatal que forme parte de aquéllas.

b) La adopción de las medidas precisas para el cumplimiento de los acuerdos y Convenios internacionales en materia de aguas.

c) El otorgamiento de concesiones referentes al dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma.

d) El otorgamiento de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico, así como su tutela, en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma. La tramitación de estas autorizaciones podrá, no obstante, ser encomendada a las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • Corresponde al Estado la planificación hidrológica y los planes estatales de infraestructuras hidráulicas.
  • También las medidas para cumplir acuerdos y Convenios internacionales en materia de aguas.
  • Concesiones y autorizaciones en cuencas que excedan del ámbito de una sola Comunidad Autónoma.
  • La tramitación de las autorizaciones puede encomendarse a las Comunidades Autónomas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Funciones del Estado sobre el dominio público hidráulico: planificación y planes estatales de infraestructuras, cumplimiento de convenios internacionales, y concesiones y autorizaciones en cuencas que excedan de una Comunidad Autónoma.

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Artículo 18. Régimen jurídico básico aplicable a las Comunidades Autónomas

El artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, fija las bases a las que debe ajustarse la administración hidráulica de la Comunidad Autónoma que, en virtud de su Estatuto de Autonomía, ejerza competencia sobre el dominio público hidráulico en cuencas hidrográficas comprendidas íntegramente dentro de su territorio.

Esas bases son dos:

a) La aplicación de los principios establecidos en el artículo 14 de la Ley.

b) La representación de los usuarios en los órganos colegiados de la Administración hidráulica no será inferior al tercio de los miembros que los integren.

Además, los actos y acuerdos que infrinjan la legislación hidráulica del Estado o no se ajusten a la planificación hidrológica y afecten a su competencia en materia hidráulica podrán ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Datos clave

  • Se aplica a cuencas comprendidas íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma.
  • Primera base: aplicación de los principios del artículo 14.
  • Segunda base: los usuarios tendrán al menos un tercio de los miembros de los órganos colegiados.
  • Los actos contrarios a la legislación hidráulica estatal o a la planificación pueden impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas con cuencas íntegramente en su territorio gestionan el agua con dos bases: los principios del artículo 14 y un tercio mínimo de usuarios en los órganos colegiados. Sus actos contrarios a la legislación estatal son impugnables.

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Artículo 21. Los organismos de cuenca

El artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, prevé la existencia de los organismos de cuenca.

En las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma se constituirán organismos de cuenca, con las funciones y cometidos que regula la propia Ley de Aguas. Su existencia está ligada, por tanto, a las cuencas intercomunitarias, a diferencia de las cuencas comprendidas íntegramente en una Comunidad Autónoma, cuya administración hidráulica corresponde a esta.

Datos clave

  • Los organismos de cuenca se constituyen en cuencas que excedan el ámbito de una Comunidad Autónoma.
  • Sus funciones y cometidos son los regulados en la Ley de Aguas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los organismos de cuenca existen en las cuencas que exceden el ámbito de una Comunidad Autónoma, con las funciones que les atribuye la propia Ley de Aguas.

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Artículo 50. Usos comunes

El artículo 50 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, regula los usos comunes del agua.

Todos pueden, sin necesidad de autorización administrativa y de conformidad con lo que dispongan las Leyes y Reglamentos, usar de las aguas superficiales, mientras discurren por sus cauces naturales, para beber, bañarse y otros usos domésticos, así como para abrevar el ganado.

Estos usos comunes habrán de llevarse a cabo de forma que no se produzca una alteración de la calidad y caudal de las aguas. Cuando se trate de aguas que circulen por cauces artificiales, tendrán además las limitaciones derivadas de la protección del acueducto. En ningún caso las aguas podrán ser desviadas de sus cauces o lechos, debiendo respetarse el régimen normal de aprovechamiento.

La protección, utilización y explotación de los recursos pesqueros en aguas continentales, así como la repoblación acuícola y piscícola, se regulará por la legislación general del medio ambiente y, en su caso, por su legislación específica.

La Ley no ampara el abuso del derecho en la utilización de las aguas ni el desperdicio o mal uso de las mismas, cualquiera que fuese el título que se alegare.

Datos clave

  • Los usos comunes no requieren autorización administrativa.
  • Comprenden beber, bañarse, otros usos domésticos y abrevar el ganado, en aguas superficiales que discurren por cauces naturales.
  • No pueden alterar la calidad y caudal de las aguas ni desviarlas de sus cauces.
  • En cauces artificiales rigen además las limitaciones de protección del acueducto.
  • La Ley no ampara el abuso del derecho ni el desperdicio o mal uso del agua.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cualquiera puede usar sin autorización el agua superficial que corre por cauces naturales para beber, bañarse, usos domésticos y abrevar el ganado, sin alterar calidad ni caudal y sin desviarla. La Ley no ampara el abuso ni el desperdicio.

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Artículo 52. Formas de adquirir el derecho al uso privativo

El artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, determina cómo se adquiere el derecho al uso privativo del dominio público hidráulico.

El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa. Son, por tanto, las dos únicas vías de adquisición.

La Ley excluye expresamente la prescripción: no podrá adquirirse por prescripción el derecho al uso privativo del dominio público hidráulico.

Datos clave

  • El uso privativo, consuntivo o no, se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa.
  • No puede adquirirse por prescripción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El uso privativo del dominio público hidráulico, consuntivo o no, solo se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa; nunca por prescripción.

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Artículo 59. Concesión administrativa

El artículo 59 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, regula la concesión administrativa como título del uso privativo de las aguas.

Todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa. Las concesiones se otorgarán teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos.

Si para realizar las obras de una nueva concesión fuese necesario modificar la toma o captación de otras preexistentes, el organismo de cuenca podrá imponer, o proponer en su caso, la modificación, siendo los gastos y perjuicios a cargo del peticionario.

Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco años. Su otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada en función del interés público. Las concesiones son susceptibles de revisión conforme al artículo 65.

Los órganos de la Administración Central o de las Comunidades Autónomas podrán acceder a la utilización de las aguas previa autorización especial extendida a su favor o del Patrimonio del Estado, sin perjuicio de terceros.

Cuando para la normal utilización de una concesión fuese absolutamente necesario realizar obras cuyo coste no pueda amortizarse en el tiempo que resta de concesión, el plazo podrá prorrogarse por el tiempo preciso para amortizarlas, con un límite máximo de diez años y por una sola vez, siempre que las obras no se opongan al Plan Hidrológico y el concesionario acredite los perjuicios que se le irrogarían en caso contrario.

Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tienen el carácter de uso, sino que son una restricción general a los sistemas de explotación; se les aplica también la supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones del artículo 60.3. Se fijan en los Planes Hidrológicos de cuenca, previos estudios específicos de los organismos de cuenca para cada tramo de río. El otorgamiento de una concesión no exime de obtener otras autorizaciones o licencias exigidas por otras leyes.

Datos clave

  • Todo uso privativo no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa.
  • El título concesional no garantiza la disponibilidad de los caudales concedidos.
  • Plazo máximo: setenta y cinco años; otorgamiento discrecional pero motivado.
  • Prórroga por obras no amortizables: máximo diez años y por una sola vez.
  • Los caudales ecológicos no son uso, sino una restricción general a los sistemas de explotación.
  • Los caudales ecológicos se fijan en los Planes Hidrológicos de cuenca.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo uso privativo no incluido en el artículo 54 exige concesión: temporal, de setenta y cinco años como máximo, discrecional pero motivada, sin garantía de caudales y prorrogable una sola vez hasta diez años por obras no amortizables.

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Artículo 60. Orden de preferencia de usos

El artículo 60 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, establece el orden de preferencia de usos en el otorgamiento de concesiones.

En las concesiones se observará el orden de preferencia que establezca el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica, teniendo en cuenta las exigencias de protección y conservación del recurso y su entorno. A falta de dicho orden regirá con carácter general el siguiente:

1.º Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal.

2.º Regadíos y usos agrarios.

3.º Almacenamiento hidráulico de energía.

4.º Usos industriales para producción de energía eléctrica.

5.º Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores.

6.º Acuicultura.

7.º Usos recreativos.

8.º Navegación y transporte acuático.

9.º Otros aprovechamientos.

El orden que establezcan los Planes Hidrológicos deberá respetar en todo caso la supremacía del abastecimiento de población y la prioridad del almacenamiento hidráulico de energía frente al resto de usos industriales.

Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, conforme a la legislación general, a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el orden de preferencia del Plan Hidrológico. Dentro de cada clase, en caso de incompatibilidad, se preferirán los usos que mejor satisfagan el interés general, los declarados de utilidad pública o interés social, los que permitan alcanzar en mayor medida los objetivos de la planificación hidrológica y de transición energética y cambio climático, y los que introduzcan mejoras técnicas que reduzcan el consumo de agua o mantengan o mejoren el estado de las masas de agua.

Datos clave

  • Rige primero el orden de preferencia del Plan Hidrológico de la demarcación.
  • Orden supletorio: 1.º abastecimiento de población; 2.º regadíos y usos agrarios; 3.º almacenamiento hidráulico de energía.
  • Siguen: 4.º producción de energía eléctrica; 5.º otros usos industriales; 6.º acuicultura.
  • Finalmente: 7.º usos recreativos; 8.º navegación y transporte acuático; 9.º otros aprovechamientos.
  • Los Planes deben respetar siempre la supremacía del abastecimiento de población.
  • Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa a favor de un aprovechamiento preferente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Manda primero el orden de preferencia del Plan Hidrológico; a falta de él rige un orden supletorio de nueve usos encabezado por el abastecimiento de población. La supremacía del abastecimiento es intocable y toda concesión es expropiable a favor de un uso preferente.

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Artículo 62. Concesiones para riego en régimen de servicio público

El artículo 62 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, regula las concesiones para riego en régimen de servicio público.

Podrán otorgarse concesiones de aguas para riego, en régimen de servicio público, a empresas o particulares, aunque no sean titulares de las tierras beneficiarias del riego, siempre que el peticionario acredite previamente que cuenta con la conformidad de los titulares que reúnan la mitad de la superficie de dichas tierras.

En este supuesto, la Administración concedente aprobará los valores máximos y mínimos de las tarifas de riego, que habrán de incorporar las cuotas de amortización de las obras.

El titular de una concesión para riego en régimen de servicio público no podrá beneficiarse de lo previsto en el artículo 55.3; el derecho a instar una nueva concesión corresponde a los titulares de la superficie regada. Las obras e instalaciones que no hayan revertido a la Administración competente pasarán, en su caso, a la titularidad del nuevo concesionario.

Datos clave

  • Pueden otorgarse a empresas o particulares aunque no sean titulares de las tierras.
  • Requisito: conformidad de los titulares que reúnan la mitad de la superficie.
  • La Administración aprueba los valores máximos y mínimos de las tarifas de riego.
  • Las tarifas incorporan las cuotas de amortización de las obras.
  • El derecho a instar una nueva concesión corresponde a los titulares de la superficie regada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las concesiones de riego en régimen de servicio público pueden ir a empresas o particulares que no sean dueños de las tierras, si cuentan con la conformidad de los titulares de la mitad de la superficie; la Administración aprueba las tarifas máximas y mínimas.

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Artículo 81. Obligación de constituir comunidades de usuarios

El artículo 81 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, impone la obligación de constituir comunidades de usuarios.

Los usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico de una misma toma o concesión deberán constituirse en comunidades de usuarios. Cuando el destino de las aguas sea principalmente el riego, se denominarán comunidades de regantes; en otro caso, recibirán el calificativo que caracterice el destino del aprovechamiento colectivo.

Los estatutos u ordenanzas los redactan y aprueban los propios usuarios y se someten a la aprobación administrativa del Organismo de cuenca. Regulan la organización de la comunidad y la explotación en régimen de autonomía interna de los bienes hidráulicos. El Organismo de cuenca no podrá denegar su aprobación ni introducir variantes sin previo dictamen del Consejo de Estado.

Las comunidades de usuarios de aguas superficiales o subterráneas con intereses comunes podrán formar una comunidad general. Los usuarios individuales y las comunidades podrán formar por convenio una junta central de usuarios para proteger sus derechos frente a terceros y ordenar y vigilar el uso coordinado de sus aprovechamientos.

El Organismo de cuenca podrá imponer, cuando el interés general lo exija, la constitución de comunidades y juntas centrales. Cuando las características del aprovechamiento lo aconsejen o el número de partícipes sea reducido, el régimen de comunidad podrá sustituirse por convenios específicos aprobados por el Organismo de cuenca.

Datos clave

  • Obligación para los usuarios de una misma toma o concesión.
  • Si el destino es principalmente el riego, se denominan comunidades de regantes.
  • Los estatutos los aprueban los usuarios y se someten a aprobación del Organismo de cuenca.
  • Denegar o introducir variantes en los estatutos exige previo dictamen del Consejo de Estado.
  • Figuras asociativas: comunidad general y junta central de usuarios.
  • El Organismo de cuenca puede imponer su constitución cuando lo exija el interés general.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los usuarios de una misma toma o concesión deben agruparse en comunidades de usuarios (de regantes si es para riego). Hacen sus estatutos, que aprueba el Organismo de cuenca, y pueden formar comunidades generales y juntas centrales.

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Artículo 95. Apeo y deslinde de los cauces de dominio público

El artículo 95 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, regula el apeo y deslinde de los cauces de dominio público.

El apeo y deslinde de los cauces de dominio público corresponde a la Administración del Estado, que los efectuará por los Organismos de cuenca, según el procedimiento que reglamentariamente se determine.

El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado, dando lugar al amojonamiento.

La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar las inscripciones del Registro de la Propiedad contradictorias con él, siempre que haya intervenido en el expediente el titular registral, conforme a la legislación hipotecaria. También será título suficiente para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente. En todo caso, los titulares de derechos inscritos afectados podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes, siendo susceptible de anotación preventiva la correspondiente reclamación judicial.

Datos clave

  • El apeo y deslinde corresponde a la Administración del Estado, a través de los Organismos de cuenca.
  • El deslinde aprobado declara la posesión y titularidad dominical a favor del Estado.
  • Da lugar al amojonamiento.
  • Es título suficiente para rectificar inscripciones registrales contradictorias si intervino el titular registral.
  • También lo es para la inmatriculación de los bienes de dominio público.
  • La reclamación judicial de los afectados es susceptible de anotación preventiva.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estado deslinda los cauces públicos a través de los Organismos de cuenca. El deslinde aprobado declara posesión y titularidad estatal, da lugar al amojonamiento y sirve para rectificar el Registro o inmatricular.

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Artículo 116. Acciones constitutivas de infracción

El artículo 116 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, tipifica las acciones constitutivas de infracción.

El incumplimiento de lo establecido en la Ley será sancionado con arreglo a su Título sobre infracciones y al Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La responsabilidad será solidaria cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno.

Se consideran infracciones administrativas:

a) Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas.

b) La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa.

c) El incumplimiento de las condiciones de las concesiones y autorizaciones, sin perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión.

d) La ejecución, sin autorización, de obras, trabajos, siembras o plantaciones en los cauces públicos o en zonas sujetas a limitación en su destino o uso.

e) La invasión, la ocupación o la extracción de áridos de los cauces, sin autorización.

f) Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, sin autorización.

g) El incumplimiento de las prohibiciones de la Ley o la omisión de los actos a que obliga.

h) La apertura de pozos y la instalación de instrumentos para extraer aguas subterráneas sin concesión o autorización del Organismo de cuenca.

i) La no presentación de declaración responsable o el incumplimiento de sus previsiones o de las condiciones impuestas por la Administración.

j) La inexactitud, falsedad u omisión en los datos o documentos de la declaración responsable.

Por las infracciones de las letras b) y h) responden el titular del terreno, el promotor de la captación, el empresario que ejecuta la obra y el técnico director de la misma.

Datos clave

  • Responsabilidad solidaria cuando no pueda determinarse el grado de participación de cada responsable.
  • Infracción: daños al dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas.
  • Infracción: derivar agua o alumbrar aguas subterráneas sin concesión o autorización.
  • Infracción: invasión, ocupación o extracción de áridos de los cauces sin autorización.
  • Infracción: vertidos no autorizados que deterioren la calidad del agua.
  • En las letras b) y h) responden el titular del terreno, el promotor, el empresario y el técnico director.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Catálogo de infracciones de la Ley de Aguas: daños al dominio público, captaciones y derivaciones sin título, obras, áridos y vertidos sin autorización, incumplimientos y declaraciones responsables. Responsabilidad solidaria si no se puede individualizar.

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Artículo 50. Agua.

1. En materia de aguas que transcurran íntegramente por Andalucía le corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre:

a) Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas transcurran por Andalucía. Aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio.

b) Aguas minerales y termales.

c) La participación de los usuarios, la garantía del suministro, la regulación parcelaria y las obras de transformación, modernización y consolidación de regadíos y para el ahorro y uso eficiente del agua.

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia sobre la participación en la planificación y gestión hidrológica de aprovechamientos hidráulicos intercomunitarios, en los términos previstos en la legislación del Estado. Corresponde a la Comunidad Autónoma dentro de su ámbito territorial la competencia ejecutiva sobre adopción de medidas adicionales de protección y saneamiento de los recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos, ejecución y explotación de obras de titularidad estatal si se establece mediante convenio, y facultades de policía del dominio público hidráulico atribuidas por la legislación estatal.

Datos clave

  • Competencia exclusiva sobre aguas que transcurran íntegramente por Andalucía.
  • Incluye recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, y aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio.
  • Incluye también las aguas minerales y termales.
  • Participación en la planificación y gestión hidrológica de aprovechamientos hidráulicos intercomunitarios, en los términos de la legislación del Estado.
  • Competencia ejecutiva sobre medidas adicionales de protección y saneamiento de los recursos hídricos y facultades de policía del dominio público hidráulico.
  • La ejecución y explotación de obras de titularidad estatal le corresponde si se establece mediante convenio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Andalucía tiene competencia exclusiva sobre las aguas que discurren solo por su territorio y, sobre las cuencas intercomunitarias, solo participa en la planificación y ejerce funciones ejecutivas.

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Artículo 1. Objeto

El artículo 1 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, delimita su objeto.

El real decreto regula los procedimientos para realizar la evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y riesgo y los planes de gestión de los riesgos de inundación en todo el territorio español.

El objeto de esta regulación es doble:

a) Obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos asociados a las inundaciones.

b) Lograr una actuación coordinada de todas las Administraciones Públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas sobre la salud y la seguridad de las personas y de los bienes, así como sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras, asociadas a las inundaciones del territorio al que afecten.

Datos clave

  • Regula la evaluación preliminar del riesgo de inundación.
  • Regula los mapas de peligrosidad y riesgo y los planes de gestión de los riesgos de inundación.
  • Se aplica en todo el territorio español.
  • Busca conocer y evaluar adecuadamente los riesgos de inundación.
  • Busca una actuación coordinada de las Administraciones y la sociedad para reducir sus consecuencias negativas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El real decreto ordena tres instrumentos frente a las inundaciones en toda España: evaluación preliminar, mapas de peligrosidad y riesgo y planes de gestión, con un doble fin: conocer el riesgo y actuar coordinadamente.

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Artículo 5. Objetivo de la evaluación preliminar del riesgo de inundación

El artículo 5 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, fija el objetivo de la evaluación preliminar del riesgo de inundación.

En cada demarcación hidrográfica se realizará una evaluación preliminar del riesgo de inundación con objeto de determinar aquellas zonas del territorio para las cuales se haya llegado a la conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o en las cuales la materialización de ese riesgo puede considerarse probable.

Esta evaluación es el punto de partida del sistema: las zonas que identifica son las que después se cartografían en los mapas de peligrosidad y se tratan en los planes de gestión.

Datos clave

  • Se realiza una evaluación preliminar en cada demarcación hidrográfica.
  • Determina las zonas con riesgo potencial de inundación significativo.
  • O aquellas en que la materialización del riesgo puede considerarse probable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En cada demarcación hidrográfica se hace una evaluación preliminar para localizar las zonas con riesgo potencial significativo de inundación o donde ese riesgo es probable; es la base de mapas y planes.

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Artículo 8. Mapas de peligrosidad por inundación

El artículo 8 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, regula los mapas de peligrosidad por inundación.

Para cada demarcación hidrográfica se elaborarán mapas de peligrosidad para las zonas determinadas conforme al artículo 5. Contemplarán, al menos, los escenarios siguientes:

a) Alta probabilidad de inundación, cuando proceda.

b) Probabilidad media de inundación (periodo de retorno mayor o igual a 100 años).

c) Baja probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos (periodo de retorno igual a 500 años).

En las zonas costeras donde exista un nivel adecuado de protección, el mapa se limitará al escenario de baja probabilidad.

Para cada escenario los mapas deberán contener la extensión previsible de la inundación y calados del agua o nivel de agua, según proceda; cuando se considere necesario, información adicional como los caudales y/o velocidades máximas de la corriente; y, en las inundaciones causadas por aguas costeras y de transición, el régimen de oleaje y de mareas, las zonas sometidas a procesos erosivos y las tendencias en la subida del nivel medio del mar por el cambio climático.

Además, se representará la delimitación de los cauces públicos y de las zonas de servidumbre y policía, la zona de flujo preferente en su caso, la zona de dominio público marítimo-terrestre, la ribera del mar si difiere de aquella y su zona de servidumbre de protección.

Datos clave

  • Se elaboran para las zonas determinadas en la evaluación preliminar del artículo 5.
  • Alta probabilidad, cuando proceda.
  • Probabilidad media: periodo de retorno mayor o igual a 100 años.
  • Baja probabilidad o eventos extremos: periodo de retorno igual a 500 años.
  • En costas con protección adecuada, solo el escenario de baja probabilidad.
  • Contenido mínimo: extensión previsible de la inundación y calados o nivel del agua.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los mapas de peligrosidad se hacen para las zonas de la evaluación preliminar y recogen al menos tres escenarios: alta probabilidad, media (retorno de 100 años o más) y baja o extrema (500 años).

Esquema

Escenarios de los mapas de peligrosidad
EscenarioPeriodo de retorno
Alta probabilidadCuando procedaNo se fija
Probabilidad mediaSiempreMayor o igual a 100 años
Baja o eventos extremosSiempre; único en costas protegidasIgual a 500 años

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Artículo 11. Principios rectores y objetivos

El artículo 11 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, fija los principios rectores y objetivos de los planes de gestión del riesgo de inundación.

Los planes deben elaborarse partiendo de los siguientes principios generales:

a) Solidaridad: las medidas de protección no deben afectar negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de una demarcación compartida, salvo que se hayan coordinado y acordado entre las partes.

b) Coordinación entre las Administraciones públicas e instituciones implicadas, a partir de una clara delimitación de los objetivos respectivos.

c) Coordinación con otras políticas sectoriales, como ordenación del territorio, protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio ambiente.

d) Respeto al medio ambiente, evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas fluviales y costeros y potenciando las medidas de tipo no estructural.

e) Planteamiento estratégico con criterios de sostenibilidad a largo plazo.

Los organismos de cuenca en las cuencas intercomunitarias, las Administraciones competentes en las intracomunitarias, las de costas y las autoridades de Protección Civil establecerán los objetivos de gestión del riesgo para cada zona del artículo 5, centrados en reducir las consecuencias adversas potenciales para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica e infraestructuras.

Los planes tendrán en cuenta, entre otros aspectos, costes y beneficios, extensión de la inundación y vías de evacuación, zonas con potencial de retención, llanuras aluviales, los objetivos medioambientales del artículo 92 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas, la ordenación del territorio y el uso del suelo. Abarcarán todos los aspectos de la gestión del riesgo, centrándose en la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y podrán incluir prácticas de uso sostenible del suelo, restauración hidrológico-agroforestal y la inundación controlada de determinadas zonas. Contendrán, al menos, lo establecido en la parte A del anexo del real decreto.

Datos clave

  • Principios: solidaridad, coordinación administrativa, coordinación con políticas sectoriales, respeto al medio ambiente y sostenibilidad a largo plazo.
  • El respeto al medio ambiente potencia las medidas de tipo no estructural.
  • Fijan los objetivos los organismos de cuenca, las Administraciones de cuencas intracomunitarias, las de costas y Protección Civil.
  • Los planes se centran en la prevención, protección y preparación, con previsión y alerta temprana.
  • Contenido mínimo: parte A del anexo del real decreto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los planes de gestión del riesgo de inundación parten de cinco principios (solidaridad, coordinación administrativa, coordinación sectorial, medio ambiente y sostenibilidad) y se centran en prevención, protección y preparación.

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Artículo 1. Objeto y finalidad

El artículo 1 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, establece que la Ley tiene por objeto regular el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas en materia de agua, con el fin de lograr su protección y uso sostenible. En concreto, regula:

a) La organización y actuación de la Administración del Agua, así como la planificación y gestión integral del ciclo hidrológico.

b) La participación pública en los órganos administrativos y en la planificación y gestión del agua, así como la información al público sobre el medio hídrico y la difusión de estadísticas del agua.

c) Las obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su régimen de ejecución.

d) El régimen de abastecimiento, saneamiento y depuración en el ciclo integral del agua de uso urbano, así como las entidades supramunicipales.

e) La evaluación y gestión de los riesgos de inundación, así como la prevención de efectos por sequía.

f) Los ingresos destinados a la ejecución de las infraestructuras del ciclo integral del agua y al funcionamiento de los servicios públicos vinculados al mismo.

g) El régimen sancionador por los incumplimientos de las normas reguladoras de los usos y obligaciones en materia de agua.

h) La protección, mejora y recuperación de la calidad de las aguas continentales, de transición, costeras y del resto del medio marino vinculadas a ellas, mediante la prevención, reducción y control de la contaminación, así como el régimen jurídico de los vertidos al medio hídrico, dentro del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma.

La finalidad de la Ley es garantizar las necesidades básicas de uso de agua de la población y hacer compatible el desarrollo económico y social de Andalucía con el buen estado de los ecosistemas acuáticos y terrestres.

Datos clave

  • Regula las competencias de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas en materia de agua.
  • Fin: lograr la protección y el uso sostenible del agua.
  • Incluye la organización de la Administración del Agua y la gestión integral del ciclo hidrológico.
  • Incluye riesgos de inundación, sequía, régimen sancionador y vertidos.
  • Finalidad: garantizar las necesidades básicas de agua de la población y compatibilizar el desarrollo con el buen estado de los ecosistemas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Ley de Aguas de Andalucía regula las competencias autonómicas y locales sobre el agua para protegerla y usarla de forma sostenible, y busca garantizar las necesidades básicas de la población sin dañar los ecosistemas.

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Artículo 3. Demarcaciones y Distritos Hidrográficos de Andalucía

El artículo 3 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, organiza territorialmente las aguas andaluzas. Las aguas superficiales continentales de Andalucía, así como las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas, se integran en demarcaciones hidrográficas intracomunitarias y demarcaciones hidrográficas intercomunitarias.

Son demarcaciones hidrográficas intracomunitarias aquellas cuyas cuencas hidrográficas están situadas íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su delimitación geográfica corresponde al Consejo de Gobierno mediante decreto.

El ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias sobre las que ejerza competencias la Junta de Andalucía será el establecido en la legislación del Estado.

Para la gestión de las aguas de competencia de la Comunidad Autónoma se podrán establecer distritos hidrográficos, cuya delimitación territorial realizará también el Consejo de Gobierno mediante decreto.

Datos clave

  • Las aguas andaluzas se integran en demarcaciones intracomunitarias e intercomunitarias.
  • Intracomunitarias: cuencas situadas íntegramente en Andalucía.
  • El Consejo de Gobierno delimita por decreto las demarcaciones intracomunitarias.
  • El ámbito de las demarcaciones intercomunitarias lo fija la legislación del Estado.
  • Pueden establecerse distritos hidrográficos, delimitados por decreto del Consejo de Gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las aguas andaluzas se organizan en demarcaciones intracomunitarias, delimitadas por decreto del Consejo de Gobierno, e intercomunitarias, cuyo ámbito fija el Estado; además pueden crearse distritos hidrográficos.

Esquema

Demarcaciones hidrográficas en Andalucía
IntracomunitariasIntercomunitarias
CuencasÍntegramente en AndalucíaIntercomunitarias en las que ejerza competencias la Junta
DelimitaciónConsejo de Gobierno por decretoLegislación del Estado

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Artículo 5. Principios

El artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, enumera los principios por los que se rige la actuación administrativa en materia de agua y los ecosistemas asociados:

1. Prevención, conservación y restauración del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y, en cuanto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y humedales dependientes.

2. Uso sostenible del agua, basado en la protección a largo plazo de los recursos, su utilización racional y solidaria y el fomento de la reutilización y el ahorro.

3. Protección de la salud en los usos destinados al ser humano, especialmente en las aguas de consumo, priorizando para ellas el agua de mejor calidad disponible y sus infraestructuras.

4. Unidad de gestión del agua y sistemas de explotación de la demarcación hidrográfica, en las diferentes fases del ciclo hidrológico.

5. Eficacia, desconcentración funcional y territorial, participación pública, proximidad e igualdad de trato de la ciudadanía con la Administración del Agua.

6. Colaboración, coordinación, información, lealtad institucional y asistencia activa entre la Administración autonómica y los gobiernos locales en el ciclo integral del agua de uso urbano.

7. Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, basada en la protección, regeneración y mejora del dominio público hidráulico y la salvaguarda de las zonas asociadas.

8. Participación pública y transparencia, rendición de cuentas de las entidades prestadoras, garantía de calidad de los servicios y simplificación de trámites, con la corresponsabilidad de los usuarios.

9. Sometimiento de la gestión del agua y la ejecución de obras hidráulicas a la planificación hidrológica.

10. Sometimiento de las infraestructuras hidráulicas a su viabilidad medioambiental, social y económica.

11. Recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los de infraestructuras, medioambientales y del recurso, conforme al principio de que quien contamina paga, incentivando un uso responsable y penalizando el despilfarro.

12. Cautela en la gestión de las aguas, en particular en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones, evitando perjudicar los usos concedidos o autorizados.

Datos clave

  • La Ley enumera doce principios de la actuación administrativa en materia de agua.
  • Uso sostenible: utilización racional y solidaria, reutilización y ahorro.
  • Protección de la salud: el agua de mejor calidad se prioriza para el consumo humano.
  • Unidad de gestión del agua y de los sistemas de explotación de la demarcación.
  • Recuperación de costes conforme al principio de que quien contamina paga.
  • Cautela en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Doce principios guían la actuación administrativa sobre el agua: buen estado ecológico, uso sostenible, salud, unidad de gestión, participación, planificación, recuperación de costes y cautela, entre otros.

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Artículo 7. Derechos y obligaciones de los usuarios del agua

El artículo 7 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, regula los derechos y obligaciones de los usuarios del agua.

Los usuarios a los que se refiere el artículo 4.21.a de la Ley tienen los siguientes derechos: 1.º disfrutar de un medio hídrico de calidad; 2.º obtener la prestación del servicio con garantía y calidad adecuada a su uso, con parámetros y un sistema de reclamaciones fijados reglamentariamente; 3.º ser informados con antelación suficiente de los cortes de servicio programados por razones operativas; 4.º conocer los componentes de las tarifas y las condiciones de prestación, especialmente el funcionamiento de la depuración y las medidas de ahorro, con información clara, inequívoca, comprensible y adaptada; 5.º disponer de contadores homologados y verificados, instalados por las entidades suministradoras a su costa; 6.º acceder a la información disponible en materia de agua, en particular sobre el estado de las masas de agua; 7.º participar de forma activa y real en la planificación y gestión del agua; y 8.º gozar de igualdad de trato con la Administración del Agua.

Sus obligaciones son: 1.ª utilizar el agua con criterios de racionalidad y sostenibilidad; 2.ª contribuir a evitar el deterioro de la calidad de las masas de agua; 3.ª reparar las averías en las instalaciones de las que sean responsables; 4.ª contribuir a la recuperación de los costes de la gestión del agua mediante el pago de cánones y tarifas; 5.ª facilitar el acceso a los inspectores de las entidades locales y suministradoras, según las ordenanzas municipales; y 6.ª cumplir las demás obligaciones de las ordenanzas municipales sobre gestión y uso eficiente del agua.

Los usuarios de la letra b del apartado 21 del artículo 4 tienen los mismos derechos, salvo los ordinales 3.º y 5.º y sin perjuicio del artículo 44.6, y las mismas obligaciones salvo las ordinales 5.ª y 6.ª, más estas: disponer de contadores homologados; cumplir los títulos de concesión o autorización y reponer el medio hídrico a su estado anterior al finalizar las concesiones, aunque la consejería podrá acordar mantener instalaciones o medidas alternativas cuando la reposición resulte desproporcionada; y permitir el acceso de las autoridades, sus agentes y la guardería fluvial para la inspección y control, conforme al artículo 104.

Datos clave

  • Derecho a ser informado con antelación suficiente de los cortes de servicio programados.
  • Los contadores homologados los instalan las entidades suministradoras a su costa.
  • Derecho a participar de forma activa y real en la planificación y gestión del agua.
  • Obligación de contribuir a la recuperación de costes mediante cánones y tarifas.
  • Los usuarios del artículo 4.21.b no tienen los derechos 3.º y 5.º.
  • Al finalizar la concesión deben reponer el medio hídrico a su estado anterior.
  • Deben permitir el acceso de la guardería fluvial para inspección y control.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los usuarios del agua tienen ocho derechos y seis obligaciones; los usuarios de la letra b del artículo 4.21 pierden algunos de ellos y asumen otros deberes, como reponer el medio hídrico al acabar la concesión.

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Artículo 8. Competencias

El artículo 8 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, atribuye a la Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de las aguas de su competencia, un amplio listado de competencias. Entre ellas:

a) La elaboración de la planificación hidrológica en las demarcaciones intracomunitarias y la participación en la de las demarcaciones intercomunitarias, en los términos de la legislación básica.

b) En la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, el ejercicio de competencias sobre los volúmenes asignados a Andalucía por la planificación hidrológica. En el sistema del Chanza, la Junta ordenará la distribución de los volúmenes asignados a este sistema, de acuerdo con las competencias cuya ejecución le encomiende la Administración del Estado.

c) La ordenación y concesión de los usos del agua, el control de la calidad del medio hídrico y las funciones de policía sobre el dominio público hidráulico, sin perjuicio de las funciones reservadas al Estado o compartidas con él en las demarcaciones que exceden del ámbito territorial de Andalucía.

d) La ordenación de los usos de las aguas subterráneas y la recarga de acuíferos.

e) El establecimiento de normas de protección en el dominio público hidráulico, sus zonas asociadas y las zonas inundables.

f) La planificación, programación y ejecución de las obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias sobre obras de interés general del Estado que este le delegue.

g) La concesión para la desalación de aguas de las demarcaciones hidrográficas de Andalucía y la autorización de las obras e instalaciones destinadas a ello, que deberán contar con el título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre otorgado por la Administración General del Estado.

h) La regulación y gestión de las situaciones de alerta y eventual sequía y la forma de aprovechamiento de las infraestructuras.

i) Las competencias sobre las comunidades de usuarios establecidas por esta Ley y la legislación básica.

j) La ordenación y regulación de los sistemas de gestión supramunicipales del agua de uso urbano y la determinación de su ámbito territorial.

k) El establecimiento de las condiciones de prestación de los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano, de la calidad exigible y su control.

l) Las funciones de policía sobre los usos concedidos o autorizados y las instalaciones y obras hidráulicas en general.

m) La regulación de los criterios básicos de tarifación del ciclo integral del agua de uso urbano (número de tramos de facturación y consumos de cada uno, periodos de facturación, conceptos repercutibles fijos y variables, etc.), sin perjuicio de la facultad de los entes locales para fijar el precio de las tarifas.

n) La protección y el desarrollo de los derechos de los usuarios y su participación en la Administración del Agua.

ñ) La regulación y establecimiento de ayudas económicas a las entidades locales para actuaciones del ciclo integral del agua de uso urbano y las medidas de fomento a otras entidades y particulares.

o) El control de la contaminación, mediante la fijación de valores límites de vertido y el cumplimiento de los objetivos medioambientales.

p) El establecimiento, aprobación y ejecución de los programas de seguimiento del estado de las aguas continentales y litorales de competencia autonómica.

q) La clasificación del estado de las aguas y la elaboración de informes sobre el mismo.

r) La operación y el mantenimiento de los dispositivos de vigilancia y control de la calidad de las aguas.

s) La declaración de zonas sensibles y menos sensibles, conforme a la normativa sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, y de zonas vulnerables, conforme a la normativa sobre contaminación por nitratos de origen agrario.

t) El otorgamiento de las autorizaciones de vertido y el control y seguimiento de sus condiciones.

u) El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de aguas.

v) En general, cuantas competencias atribuye la legislación básica a la Administración del Agua y ostenta la Comunidad Autónoma en relación con las aguas que discurren íntegramente por el territorio de Andalucía.

Estas competencias se ejercerán sin perjuicio de las establecidas en materia de calidad del medio hídrico en el Capítulo III del Título IV de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Las ejercen el Consejo de Gobierno y la consejería competente en materia de agua, directamente o a través de sus entidades instrumentales.

Datos clave

  • Planificación hidrológica de las demarcaciones intracomunitarias y participación en las intercomunitarias.
  • En el Guadalquivir, competencias sobre los volúmenes asignados a Andalucía; en el sistema del Chanza, distribución de los volúmenes asignados.
  • Concesión para la desalación, con título estatal de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
  • Criterios básicos de tarifación, sin perjuicio de que los entes locales fijen el precio de las tarifas.
  • Declaración de zonas sensibles, menos sensibles y vulnerables, y autorizaciones de vertido.
  • Las ejercen el Consejo de Gobierno y la consejería competente en materia de agua.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta de Andalucía asume, sobre las aguas de su competencia, la planificación, concesiones, policía, obras, sequía, ciclo urbano, tarifación básica, calidad, vertidos y potestad sancionadora, entre otras competencias.

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Artículo 9. Competencias del Consejo de Gobierno

El artículo 9 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, enumera las competencias que corresponden al Consejo de Gobierno en materia de agua:

a) Delimitar las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía.

b) Aprobar inicialmente los planes hidrológicos de las demarcaciones intracomunitarias de Andalucía.

c) Aprobar los planes hidrológicos específicos y los programas específicos de medidas previstos en el artículo 26.

d) Aprobar el régimen jurídico del uso del agua en situaciones extraordinarias de emergencia por sequía.

e) Autorizar la constitución de bancos públicos del agua en las demarcaciones hidrográficas de competencia de la Comunidad Autónoma o, en su caso, en los distritos hidrográficos.

f) Declarar de interés de la Comunidad Autónoma las obras hidráulicas.

g) Determinar el ámbito territorial en el que deban constituirse sistemas de gestión supramunicipales del agua de uso urbano.

h) Desarrollar mediante decreto las normas sobre los servicios públicos de suministro domiciliario y de saneamiento y depuración de las aguas de uso urbano.

i) Imponer las sanciones cuya competencia le corresponda de acuerdo con esta Ley.

j) Las demás facultades que se le atribuyan en esta Ley o en su normativa de desarrollo y aplicación.

Datos clave

  • Delimita las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias.
  • Aprueba inicialmente los planes hidrológicos de las demarcaciones intracomunitarias.
  • Aprueba el régimen jurídico del uso del agua en emergencia por sequía.
  • Autoriza la constitución de bancos públicos del agua.
  • Declara de interés de la Comunidad Autónoma las obras hidráulicas.
  • Desarrolla por decreto las normas de suministro domiciliario, saneamiento y depuración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo de Gobierno delimita las demarcaciones intracomunitarias, aprueba inicialmente sus planes hidrológicos, regula la emergencia por sequía, autoriza bancos públicos del agua y declara obras de interés autonómico.

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Artículo 10. Órganos de la Administración Andaluza del Agua

El artículo 10 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, dispone que los órganos de la consejería competente en materia de agua serán los que se determinen mediante decreto del Consejo de Gobierno, que deberán cumplir lo siguiente:

1. Incluir órganos colegiados de participación administrativa y social, de carácter decisorio, asesores y de control, para cumplir los principios de participación y transparencia. Los órganos asesores emitirán informes preceptivos en la planificación y gestión.

2. Sin perjuicio del artículo 36.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en los órganos de participación social se integrarán los agentes económicos y sociales de mayor implantación en el correspondiente ámbito, así como las organizaciones que representen intereses de usuarios domésticos, de defensa del medio ambiente y de los sectores agrario, industrial, turístico y otros sectores económicos vinculados al uso del agua.

3. Como órgano de consulta y participación social existirá un Observatorio del Agua, con las funciones del artículo 17.

4. En los órganos decisorios de participación social, la participación de los usuarios no será inferior al tercio de sus componentes. Se distribuirá reglamentariamente entre los usos con estos criterios: los usos agrarios, en función de la superficie regable; los usos urbanos, en función de la población abastecida; y los usos industriales y restantes usos asociados a actividades económicas, en función del volumen de agua consumida.

Datos clave

  • Los órganos se determinan por decreto del Consejo de Gobierno.
  • Órganos colegiados decisorios, asesores y de control; los asesores emiten informes preceptivos.
  • El Observatorio del Agua es órgano de consulta y participación social.
  • Los usuarios tendrán al menos un tercio de los componentes de los órganos decisorios de participación social.
  • Representación: usos agrarios por superficie regable, urbanos por población abastecida e industriales por volumen consumido.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los órganos de la Administración Andaluza del Agua se fijan por decreto del Consejo de Gobierno e incluyen órganos colegiados de participación, un Observatorio del Agua y al menos un tercio de usuarios en los decisorios.

Esquema

Reparto de la participación de los usuarios
UsoCriterio
AgrarioUsos agrariosSuperficie regable
UrbanoUsos urbanosPoblación abastecida
Industrial y económicoIndustriales y restantes usos económicosVolumen de agua consumida

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Artículo 11. Funciones de la Administración Andaluza del Agua

El artículo 11 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, atribuye a la consejería competente en materia de agua, directamente o a través de sus entidades instrumentales, las funciones que la legislación básica asigna a los organismos de cuenca y que correspondan a la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las que fije su decreto de estructura orgánica. En particular:

1. Expropiación: las agencias públicas de la Junta cuyos fines estén referidos a actuaciones en materia de agua podrán ejercer, por delegación de la persona titular de la consejería, facultades expropiatorias en relación con las obras hidráulicas de su competencia.

2. Planificación hidrológica: elaborar la planificación y sus revisiones en las demarcaciones comprendidas íntegramente en Andalucía y colaborar en la que corresponde al Estado, particularmente en la parte andaluza de las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y Segura; establecer objetivos de protección de las aguas; regular el apoyo técnico y las medidas de auxilio económico y fomento; y programar y articular los programas de medidas.

3. Ordenación: estudiar y proponer los sistemas supramunicipales de gestión de infraestructuras del ciclo integral del agua de uso urbano; proponer las aglomeraciones urbanas a efectos de depuración; proponer al Consejo de Gobierno los estándares de calidad de los servicios públicos del agua; y ordenar en el nivel supramunicipal los servicios de aducción y depuración.

4. Dominio público hidráulico: otorgar concesiones y autorizaciones para los usos del agua y su control; administrar, vigilar y controlar el dominio público hidráulico con funciones de policía; proteger las aguas continentales y litorales; llevar el registro de aprovechamientos y vertidos, autorizar el intercambio de derechos y administrar los bancos públicos del agua; autorizar actuaciones que afecten al régimen de las aguas o a los usos en zonas de servidumbre y policía; y aprobar los deslindes del dominio público hidráulico.

5. Infraestructuras: planificar, programar y ejecutar las infraestructuras declaradas de interés de la Comunidad Autónoma; aprobar planes de explotación y normas de explotación; planificar, en colaboración con las entidades locales, las infraestructuras de aducción y depuración supramunicipales; coordinar a las Administraciones en abastecimiento y saneamiento; definir objetivos de eficiencia a través del Observatorio del Agua y, en su ausencia, del Consejo Andaluz del Agua; y autorizar los usos de las infraestructuras de conexión entre sistemas.

6. Sequía e inundaciones: definir el sistema global de indicadores hidrológicos de referencia para declarar situaciones de alerta y eventual sequía; elaborar un sistema de información geográfica de zonas inundables; y coordinar los planes de gestión del riesgo de inundación con las Administraciones de protección civil y ordenación territorial, urbanística y del medio rural.

7. Otras materias: promocionar entidades vinculadas al agua; informar los instrumentos de ordenación territorial antes de su aprobación y los de planeamiento urbanístico tras su aprobación inicial; gestionar sus recursos económicos y elaborar su presupuesto; fomentar la investigación; recabar información obligatoria de Administraciones y usuarios; y divulgar información en materia de agua.

Datos clave

  • La consejería ejerce las funciones que la legislación básica atribuye a los organismos de cuenca.
  • Las agencias públicas pueden ejercer facultades expropiatorias por delegación de la persona titular de la consejería.
  • Colabora en la planificación estatal de la parte andaluza del Guadalquivir, Guadiana y Segura.
  • Aprueba los deslindes del dominio público hidráulico y administra los bancos públicos del agua.
  • Informa los instrumentos de ordenación territorial antes de su aprobación y el planeamiento urbanístico tras su aprobación inicial.
  • Define el sistema global de indicadores hidrológicos para declarar la alerta y eventual sequía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La consejería de agua ejerce en Andalucía las funciones que la legislación básica da a los organismos de cuenca: planificación, ordenación, dominio público hidráulico, infraestructuras, sequía e inundaciones y otras.

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Artículo 13. Competencias de los municipios

El artículo 13 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, atribuye a los municipios, en materia de aguas, la ordenación y la prestación de los siguientes servicios del ciclo integral del agua de uso urbano:

a) El abastecimiento de agua en alta o aducción: captación y alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias principales y el almacenamiento en depósitos de cabecera de los núcleos de población.

b) El abastecimiento de agua en baja: distribución, almacenamiento intermedio y suministro o reparto de agua potable hasta las acometidas particulares o instalaciones propias para el consumo.

c) El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de intercepción con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento.

d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende la intercepción y el transporte mediante colectores generales y su tratamiento hasta el vertido del efluente a las masas de aguas continentales o marítimas.

e) La reutilización, en su caso, del agua residual depurada, en los términos de la legislación básica.

f) La aprobación de las tasas o tarifas como contraprestación por los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano en su término municipal, sin perjuicio del artículo siguiente y, en cuanto a la tarifa, de la normativa del régimen de precios autorizados en Andalucía.

g) El control y seguimiento de vertidos a la red de saneamiento municipal y el establecimiento de medidas o programas de reducción de sustancias peligrosas en dicha red.

h) La autorización de vertidos a fosas sépticas y a las redes de saneamiento municipales.

i) La potestad sancionadora, incluida la de aprobar reglamentos que tipifiquen infracciones y sanciones, en relación con los usos del agua en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley.

La potestad de ordenación implica la competencia municipal para aprobar reglamentos del servicio y para la planificación, proyectos, dirección y ejecución de las obras hidráulicas de su ámbito territorial, y su explotación, mantenimiento, conservación e inspección, respetando la planificación hidrológica. Los servicios municipales podrán desarrollarse por los propios municipios o a través de las diputaciones provinciales y los entes supramunicipales.

Datos clave

  • Los municipios ordenan y prestan los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano.
  • Abastecimiento en alta o aducción y abastecimiento en baja.
  • Saneamiento, depuración y, en su caso, reutilización del agua residual depurada.
  • Aprueban las tasas o tarifas de los servicios del ciclo integral del agua.
  • Autorizan vertidos a fosas sépticas y a las redes de saneamiento municipales.
  • Pueden prestar los servicios por sí o a través de diputaciones provinciales y entes supramunicipales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los municipios ordenan y prestan el ciclo integral del agua de uso urbano: abastecimiento en alta y baja, saneamiento, depuración y reutilización, además de tasas, vertidos a su red y potestad sancionadora.

Esquema

Abastecimiento en alta y en baja
En alta o aducciónEn baja
Qué incluyeCaptación, potabilización, transporte por arterias principalesDistribución y almacenamiento intermedio
Dónde terminaDepósitos de cabecera de los núcleosAcometidas particulares o instalaciones propias

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Artículo 16. El Consejo Andaluz del Agua

El artículo 16 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, regula el Consejo Andaluz del Agua dentro de la organización de la Administración del Agua en Andalucía.

El Consejo Andaluz del Agua se define como el órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno andaluz en materia de agua. La Ley no fija directamente su composición ni sus funciones, sino que remite a lo que se establezca por decreto del Consejo de Gobierno.

Datos clave

  • El Consejo Andaluz del Agua es órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno andaluz.
  • Su ámbito es la materia de agua.
  • Su composición y funciones se establecen por decreto del Consejo de Gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo Andaluz del Agua es el órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno andaluz en materia de agua; su composición y funciones las fija un decreto del Consejo de Gobierno.

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Artículo 23. Orden de preferencia de usos

El artículo 23 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, regula el orden de preferencia de usos del agua.

Los planes hidrológicos de demarcación establecerán el orden de preferencia de uso de agua por cuencas, subcuencas, sistemas de explotación o masas de agua. Con carácter supletorio, para las aguas de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establece la siguiente escala de preferencia:

a) Usos domésticos para la satisfacción de las necesidades básicas de consumo de boca y de salubridad.

b) Usos urbanos no domésticos en actividades económicas de bajo consumo de agua.

c) Usos agrarios, industriales, turísticos y otros usos no urbanos en actividades económicas y usos urbanos en actividades económicas de alto consumo.

d) Otros usos no establecidos en los apartados anteriores.

Dentro del nivel de la letra c), la priorización se establecerá en función de su sostenibilidad, el mantenimiento de la cohesión territorial y el mayor valor añadido en términos de creación de empleo y generación de riqueza para Andalucía, considerando preferentes frente a otros usos industriales los que se desarrollen en un espacio industrial protegido y los necesarios para los proyectos tractores de la industria de Andalucía. Reglamentariamente se establecerá un procedimiento para determinar el orden supletorio de prioridad de usos en actividades económicas, con audiencia a los usuarios y a sus organizaciones.

El plan hidrológico fijará las condiciones y requisitos para la declaración de utilidad pública o interés social de las distintas clases de uso, a efectos de la expropiación forzosa de los aprovechamientos de menor rango, y dicha declaración servirá también para el otorgamiento de concesiones y la autorización de cesión de derechos para usos de menor rango.

Datos clave

  • El orden de preferencia lo establecen los planes hidrológicos de demarcación.
  • Escala supletoria para aguas de competencia exclusiva de Andalucía.
  • a) Usos domésticos de consumo de boca y salubridad.
  • b) Usos urbanos no domésticos de bajo consumo.
  • c) Usos agrarios, industriales, turísticos y urbanos de alto consumo; d) otros usos.
  • En la letra c) se priorizan los usos en espacio industrial protegido y los proyectos tractores frente a otros usos industriales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién fija el orden de preferencia de usos del agua (los planes hidrológicos de demarcación) y la escala supletoria a)–d) para las aguas de competencia exclusiva andaluza, con el desempate interno de la letra c).

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Artículo 40. Servidumbre de protección de cauces

El artículo 40 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, regula las zonas de servidumbre de protección de cauces a las que se refiere el artículo 6.1.a del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

En estas zonas se garantizará con carácter general la continuidad ecológica, para lo cual deberán permanecer regularmente libres de obstáculos, sin perjuicio del derecho a sembrar en los términos establecidos por la legislación básica.

Las condiciones técnicas para garantizar la continuidad ecológica en las actuaciones de las Administraciones Públicas para fines de interés general se establecerán reglamentariamente y, hasta entonces, se regirán por su normativa técnica específica. No obstante, la consejería competente en materia de agua podrá establecer condicionantes técnicos específicos según las circunstancias.

Se declaran de utilidad pública las actuaciones que deban hacerse en estas zonas con el fin de protección de los cauces, a los efectos de la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para su ejecución.

Datos clave

  • Se refiere a la zona de servidumbre del artículo 6.1.a del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
  • Debe garantizarse la continuidad ecológica, con la zona libre de obstáculos.
  • Se mantiene el derecho a sembrar según la legislación básica.
  • La consejería puede fijar condicionantes técnicos específicos.
  • Las actuaciones de protección de cauces se declaran de utilidad pública a efectos expropiatorios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La zona de servidumbre de protección de cauces debe garantizar la continuidad ecológica y quedar libre de obstáculos, salvo el derecho a sembrar; sus actuaciones de protección son de utilidad pública para expropiar.

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Artículo 41. Zona de policía

El artículo 41 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, regula la zona de policía a la que se refiere el artículo 6.1.b del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

La zona de policía incluirá la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo de las aguas.

Las limitaciones de usos en las zonas de servidumbre y policía serán las establecidas en el Texto Refundido, en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y en la restante legislación básica estatal, así como en el plan hidrológico y el plan de gestión del riesgo de inundación de la respectiva Demarcación.

En las zonas de servidumbre y policía la Consejería competente en materia de aguas podrá autorizar las actividades no vulnerables frente a las avenidas que no supongan una reducción significativa de la capacidad de las vías de intenso desagüe, así como las actuaciones que reduzcan las consecuencias adversas potenciales de la inundación para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio histórico y la actividad económica o que disminuyan la probabilidad de inundaciones, siempre que no deterioren el estado de las masas de agua asociadas.

Datos clave

  • Se refiere a la zona de policía del artículo 6.1.b del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
  • Incluye las zonas donde se concentra preferentemente el flujo de las aguas.
  • Las limitaciones de usos son las de la legislación básica, el plan hidrológico y el plan de gestión del riesgo de inundación.
  • Pueden autorizarse actividades no vulnerables frente a avenidas que no reduzcan significativamente las vías de intenso desagüe.
  • Siempre que no deterioren el estado de las masas de agua asociadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La zona de policía incluye las zonas de flujo preferente; las limitaciones de uso vienen de la legislación básica y de los planes, y la Consejería puede autorizar actividades no vulnerables y actuaciones que reduzcan el riesgo.

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Artículo 44. Asignación de recursos

El artículo 44 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, regula la asignación de los recursos hídricos por la Consejería competente en materia de agua.

La Consejería asignará los recursos hídricos disponibles, estableciendo su procedencia, y podrá disponer la sustitución de caudales por otros de diferente origen para racionalizar el aprovechamiento, de acuerdo con la planificación hidrológica. Si la sustitución origina perjuicios a los titulares de derechos sobre las aguas utilizadas, los nuevos usuarios beneficiados asumirán los costes. La sustitución puede hacerse con aguas residuales regeneradas adecuadas a la finalidad de la concesión y con aguas desaladas, asumiendo los beneficiarios los costes de los tratamientos adicionales y demás costes.

Los recursos hídricos de mejor calidad se asignarán a los abastecimientos a la población. Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tienen el carácter de uso, por lo que no existe deber de indemnizar los costes que generen; son una restricción general a los sistemas de explotación.

La Consejería podrá modificar, adaptar, reajustar y ampliar la cantidad de recursos en origen, la duración temporal y la regulación estacional de las concesiones a las poblaciones. Los derechos de uso privativo no aseguran la disponibilidad de caudales y no serán indemnizables las restricciones en situaciones de sequía.

Además, podrá determinar el punto en que debe instalarse la toma de una concesión nueva o ampliada, y ordenar la incorporación o ampliación de abastecimientos mediante la conexión de las instalaciones municipales a la red, previo informe de la entidad local. Si el municipio se niega, podrá imponerle multas coercitivas o ejecutar subsidiariamente las obras a su costa.

Datos clave

  • La Consejería asigna los recursos y puede sustituir caudales por otros de diferente origen.
  • Los beneficiados por la sustitución asumen los costes de los perjuicios y tratamientos.
  • Los recursos de mejor calidad se asignan al abastecimiento de la población.
  • Los caudales ecológicos no son uso ni generan deber de indemnizar.
  • Las restricciones por sequía no son indemnizables.
  • Ante la negativa municipal a conectarse: multas coercitivas o ejecución subsidiaria a costa del municipio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Consejería asigna los recursos hídricos y puede sustituir caudales a costa de los beneficiados; el agua mejor va al abastecimiento, los caudales ecológicos no son uso y las restricciones por sequía no se indemnizan.

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Artículo 45. Concesiones de uso de aguas

El artículo 45 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, remite el régimen de las concesiones de uso de aguas a la legislación básica, con varias particularidades.

Modificación de usos: a solicitud de los titulares, la consejería podrá modificar los usos previstos en los títulos concesionales si no se alteran los derechos de otros concesionarios ni se perjudica el régimen de explotación o el dominio público hidráulico. Si la modificación se declara de utilidad pública o interés social, podrá hacerse para usos de menor rango en el orden del artículo 23.

Otorgamiento: para nuevas concesiones o ampliaciones se tendrán en cuenta las disponibilidades globales de la demarcación, aun cuando existan recursos libres en el sistema de explotación, y los efectos sobre el ciclo integral del agua y los derechos de los usuarios aguas abajo.

Plazo: las concesiones se otorgarán por un plazo máximo de veinte años. Podrán otorgarse por plazo superior cuando se acredite que las inversiones necesarias lo requieren para garantizar su viabilidad, con el límite temporal y la posible prórroga del artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Si el destino es el riego o el abastecimiento a población, el titular podrá obtener una nueva concesión conforme al artículo 53.3 del Texto Refundido.

Revisión: la consejería podrá revisar las concesiones cuando el objeto pueda cumplirse con menor dotación o mejor técnica, o a instancia del titular para destinar el agua a usos de mayor utilidad pública que reduzcan consumos. Serán revisadas cuando no se hayan utilizado parcialmente los caudales, por causa imputable al titular, durante tres años ininterrumpidos o cinco con interrupción en un periodo de diez años. La revisión por uso ineficiente o parcial no genera indemnización.

Caducidad: si por causa imputable al titular no se ha hecho ningún uso del derecho durante tres años seguidos o cinco con interrupción dentro de un periodo de diez años, la consejería lo declarará caducado.

Otras reglas: se revisará la última concesión que afecte a un derecho anterior; tras la modernización de regadíos, redes o instalaciones industriales se revisarán las concesiones, destinando los recursos al Banco Público del Agua, sin indemnización; las ayudas a la modernización fijarán objetivos de ahorro; el procedimiento de revisión es el de los artículos 157 a 160 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico; todos los titulares deben instalar y mantener sistemas de medición de caudal homologados; y las Juntas Centrales de Usuarios podrán ser titulares de derechos de uso privativo.

Datos clave

  • Plazo máximo general de las concesiones: veinte años, ampliable si lo exigen las inversiones.
  • Se consideran las disponibilidades globales de la demarcación aunque haya recursos libres en el sistema.
  • Revisión por uso parcial: tres años ininterrumpidos o cinco con interrupción en diez años.
  • Caducidad por falta total de uso: tres años seguidos o cinco con interrupción en diez años.
  • La revisión por uso ineficiente o parcial no da derecho a indemnización.
  • Revisión según los artículos 157 a 160 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
  • Obligación de instalar sistemas de medición de caudal homologados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Particularidades andaluzas de las concesiones de agua: modificación de usos, criterios de otorgamiento, plazo máximo de veinte años, revisión y caducidad por falta de uso, y deber de medir caudales.

Esquema

Revisión frente a caducidad
RevisiónCaducidad
SupuestoCaudales no utilizados parcialmenteNingún uso del derecho
PlazoTres años ininterrumpidos o cinco con interrupción en diezTres años seguidos o cinco con interrupción en diez
CausaImputable al titularImputable al titular

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Artículo 58. Normativa aplicable

El artículo 58 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, determina la normativa aplicable a la prevención del riesgo de inundación en Andalucía.

La evaluación preliminar del riesgo de inundación, la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo y los planes de gestión de los riesgos de inundación se regirán por lo establecido en la legislación estatal básica.

Las limitaciones de usos en las zonas inundables serán las establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el Reglamento del dominio público hidráulico y en la restante legislación básica estatal, así como en el plan hidrológico y en el de gestión del riesgo de inundación de la respectiva Demarcación.

Datos clave

  • La evaluación preliminar, los mapas y los planes de gestión del riesgo se rigen por la legislación estatal básica.
  • Las limitaciones de usos en zonas inundables proceden del Texto Refundido y del Reglamento del dominio público hidráulico.
  • También del plan hidrológico y del plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La prevención del riesgo de inundación en Andalucía se rige por la legislación estatal básica, y las limitaciones de uso en zonas inundables por esa legislación y por los planes de la Demarcación.

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Artículo 59. Zonificación del riesgo de inundación

El artículo 59 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, regula la zonificación del riesgo de inundación.

La Consejería competente en materia de Agua elaborará mapas de peligrosidad por inundaciones y mapas de riesgo de inundación, a la escala que resulte más apropiada para las zonas determinadas.

Los mapas de peligrosidad incluirán las zonas geográficas que podrían inundarse atendiendo a los escenarios de probabilidad definidos en la legislación básica estatal, de forma coordinada con las demás Administraciones Públicas competentes. Para cada escenario se indicarán los contenidos previstos por la legislación básica aplicable.

Igualmente, la Consejería competente en materia de Aguas delimitará las zonas de flujo preferente conforme a la legislación básica estatal.

Datos clave

  • La Consejería competente en materia de Agua elabora los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación.
  • Se elaboran a la escala más apropiada.
  • Los escenarios de probabilidad son los de la legislación básica estatal.
  • La Consejería delimita las zonas de flujo preferente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Consejería competente en Agua elabora los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación a la escala más apropiada y delimita las zonas de flujo preferente, todo conforme a la legislación básica estatal.

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Artículo 61. Integración en la planificación hidrológica

El artículo 61 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, exige la integración de los instrumentos de prevención del riesgo de inundación en la planificación hidrológica.

Los instrumentos de prevención del riesgo de inundación previstos en el capítulo se elaborarán en coherencia con los procesos de redacción de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias e intracomunitarias. Las determinaciones básicas establecidas en dichos instrumentos se incorporarán a estos planes hidrológicos.

Datos clave

  • Los instrumentos de prevención del riesgo de inundación se elaboran en coherencia con los planes hidrológicos.
  • Afecta a demarcaciones intercomunitarias e intracomunitarias.
  • Sus determinaciones básicas se incorporan a los planes hidrológicos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los instrumentos de prevención del riesgo de inundación se elaboran en coherencia con los planes hidrológicos de las demarcaciones, y sus determinaciones básicas se incorporan a esos planes.

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Artículo 63. Planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía

El artículo 63 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, regula los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía.

Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación de los planes especiales en situaciones de alerta y eventual sequía de las demarcaciones hidrográficas andaluzas, que permitan la gestión planificada en dichas situaciones, con delimitación de sus fases, medidas aplicables en cada una a los sistemas de explotación y limitaciones de usos, con el objetivo de reducir el consumo de agua.

Estos planes dispondrán las actuaciones necesarias para asegurar el abastecimiento a la población y a las instalaciones que presten servicios de interés general y, en la medida de lo posible, a los restantes usuarios según el orden de prioridad. Se establecerán criterios de modulación de las dotaciones para garantizar una superficie mínima a regar que permita unas rentas básicas a los usuarios agrarios y la supervivencia de la arboleda y los cultivos permanentes.

Los municipios, por sí solos o agrupados en sistemas supramunicipales de agua, con más de diez mil habitantes deberán obligatoriamente aprobar planes de emergencia ante situaciones de sequía, con el asesoramiento técnico de la consejería competente en materia de agua. Una vez aprobados serán obligatorios y, si el municipio no exige su cumplimiento, la consejería podrá imponerlos subsidiariamente y a costa del municipio.

Por Orden de la persona titular de la consejería se declarará la entrada y salida de los sistemas en las fases que representen restricciones de uso, previo informe de la Comisión para la Gestión de la Sequía. En cada distrito hidrográfico se constituirá una comisión para la gestión de la sequía, cuya composición y funcionamiento se regularán reglamentariamente.

Datos clave

  • El Consejo de Gobierno aprueba los planes especiales de alerta y eventual sequía.
  • Prioridad: abastecimiento a la población e instalaciones de servicios de interés general.
  • Municipios o sistemas supramunicipales de más de diez mil habitantes: plan de emergencia ante sequía obligatorio.
  • La consejería puede imponer el plan subsidiariamente y a costa del municipio.
  • La entrada y salida en fases de restricción se declara por Orden de la persona titular de la consejería.
  • Comisión para la gestión de la sequía en cada distrito hidrográfico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo de Gobierno aprueba los planes especiales de sequía; los municipios de más de diez mil habitantes deben tener plan de emergencia, y las fases de restricción se declaran por Orden previa informe de la Comisión.

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Artículo 63 bis. Gestión de los recursos hídricos en situación de sequía

El artículo 63 bis de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, regula la gestión de los recursos hídricos no convencionales en situación de sequía.

Cuando la sequía lo requiera, y previo informe de la Comisión de Gestión de la Sequía, la Consejería competente en materia de aguas, mediante anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», podrá requerir a todo titular de una instalación capaz de producir aguas regeneradas, desaladas o cualquier otro recurso hídrico no convencional que en el plazo de quince días le notifique: las características técnicas de la instalación y sus usuarios actuales o potenciales; la distribución temporal del volumen y caudal producible; los usos permitidos según la calidad garantizada; la contraprestación económica; los convenios en vigor con los usuarios; y cualquier otra información requerida. El incumplimiento de este deber es infracción leve (artículo 106.1.n) y, en caso de reincidencia, grave (artículo 106.2.g).

La Consejería podrá realizar, mediante anuncio en el BOJA, una oferta pública para asignar estos recursos y, previo informe de la Comisión, una asignación obligatoria a usuarios de aguas procedentes de masas en mal estado o de sistemas en sequía prolongada, que no dará lugar a indemnización. Los criterios de asignación respetarán la prelación de usos del plan hidrológico y darán prioridad a los titulares cuyos volúmenes no estén disponibles por la sequía.

El plazo de presentación de solicitudes no podrá ser inferior a 15 días y la tramitación tendrá carácter de urgencia conforme al artículo 33 de la Ley 39/2015. La Comisión acordará la asignación provisional, que puede superar el volumen disponible indicando el orden de atención. Publicada en el BOJA, en un plazo no superior a 15 días deberá firmarse un convenio entre el titular de la instalación y el solicitante; si no, el volumen pasa al siguiente solicitante. Con el convenio informado favorablemente y los informes sanitarios y de compatibilidad con la planificación, la Consejería otorgará autorización temporal de uso privativo y la inscribirá de oficio en el registro de aguas.

El derecho se extingue automáticamente al finalizar la declaración de excepcional sequía, salvo otro plazo justificado, y estas autorizaciones no pueden ser objeto de contratos de cesión de derechos del artículo 47. Todos los procedimientos y notificaciones se realizarán por medios electrónicos, sin perjuicio del artículo 14 de la Ley 39/2015.

Datos clave

  • Requerimiento de información a titulares de instalaciones de aguas regeneradas o desaladas: plazo de quince días.
  • No comunicar los datos es infracción leve; la reincidencia, grave.
  • La asignación obligatoria de estos recursos no da lugar a indemnización.
  • Plazo de solicitudes: no inferior a 15 días; tramitación urgente.
  • Convenio entre titular y solicitante en un plazo no superior a 15 días.
  • El derecho se extingue al finalizar la declaración de excepcional sequía.
  • Procedimientos y notificaciones por medios electrónicos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En sequía la Consejería puede requerir datos a quienes producen aguas regeneradas o desaladas, ofertarlas o asignarlas sin indemnización, mediante un procedimiento urgente que acaba en autorización temporal.

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Artículo 19. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión del agua

El artículo 19 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, regula la consideración del cambio climático en la planificación y gestión del agua.

La planificación y la gestión hidrológica, a efectos de su adaptación al cambio climático, tendrán como objetivos conseguir la seguridad hídrica para las personas, para la protección de la biodiversidad y para las actividades socioeconómicas, de acuerdo con la jerarquía de usos, reduciendo la exposición y vulnerabilidad al cambio climático e incrementando la resiliencia.

Deberán adecuarse a las directrices y medidas de la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica, sin perjuicio de las competencias autonómicas. Esta Estrategia es el instrumento programático de planificación de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley.

La planificación y la gestión deberán incluir los riesgos derivados del cambio climático: los impactos sobre los regímenes de caudales y los recursos de los acuíferos; los cambios en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como avenidas y sequías; el incremento de la temperatura del agua; y el ascenso del nivel del mar sobre las masas de agua subterránea, las zonas húmedas y los sistemas costeros.

Para abordarlos, deberán anticiparse a los impactos previsibles, identificando la exposición y vulnerabilidad; gestionar los riesgos sobre los cultivos y el regadío, la refrigeración de centrales térmicas y nucleares y demás usos; considerar los impactos sobre las tipologías de las masas de agua; determinar la adaptación de los usos a los recursos disponibles; considerar los principios de la Estrategia del Agua; incluir actuaciones de mejora de la seguridad hídrica, entre ellas las medidas basadas en la naturaleza; incluir los impactos de la retención de sedimentos en los embalses y su movilización; elaborar el plan de financiación; y realizar el seguimiento de los impactos.

En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección hidrológico forestal y prevención de la erosión.

Datos clave

  • Objetivo: seguridad hídrica para las personas, la biodiversidad y las actividades socioeconómicas.
  • La planificación se adecua a la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica.
  • La Estrategia se aprueba por Acuerdo del Consejo de Ministros en el plazo de un año.
  • Riesgos a considerar: caudales, fenómenos extremos, temperatura del agua y ascenso del nivel del mar.
  • Incluye las medidas basadas en la naturaleza y la movilización de sedimentos de los embalses.
  • Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación consideran la corrección hidrológico forestal y la prevención de la erosión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La planificación hidrológica debe buscar la seguridad hídrica frente al cambio climático, adecuarse a la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica e incluir sus riesgos y medidas de adaptación.

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Artículo 20. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión del dominio público marítimo-terrestre

El artículo 20 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, regula la consideración del cambio climático en la planificación y gestión del dominio público marítimo-terrestre.

La planificación y gestión del medio marino se orientarán al incremento de su resiliencia a los efectos del cambio climático.

La planificación y gestión de la costa deberán adecuarse a las directrices y medidas de la Estrategia de Adaptación de la Costa a los Efectos del Cambio Climático, elaborada en cumplimiento de la disposición adicional octava de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, y perseguirá dos objetivos: incrementar la resiliencia de la costa española al cambio climático y a la variabilidad climática, e integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de la costa.

La gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre y sus prórrogas se llevará a cabo según el título III de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, teniendo en cuenta su artículo 13 ter, así como otra normativa y convenios internacionales aplicables, considerando factores como el estado de los ecosistemas, las condiciones hidromorfológicas, climáticas y de dinámica costera y la presión acumulada de los usos en cada tramo de costa.

Los plazos de duración de los títulos de ocupación se computarán desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, sin superar los plazos máximos de la Ley de Costas y de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados tras la entrada en vigor de esta ley que lo incumplan.

Datos clave

  • La gestión del medio marino se orienta a incrementar su resiliencia al cambio climático.
  • La costa se gestiona conforme a la Estrategia de Adaptación de la Costa a los Efectos del Cambio Climático.
  • La Estrategia deriva de la disposición adicional octava de la Ley 2/2013.
  • Los títulos de ocupación se gestionan conforme al título III de la Ley de Costas y su artículo 13 ter.
  • Los plazos de los títulos se computan desde el otorgamiento e incluyen todas las prórrogas.
  • Son nulos de pleno derecho los actos que superen los plazos máximos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Medio marino y costa se gestionan para ganar resiliencia al cambio climático; los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre computan sus plazos desde el otorgamiento, prórrogas incluidas.

¿Me lo sé? Flashcards

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