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Tema 78: El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. Los principios constitucionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y al gasto público. Las fuentes del Derecho Financiero. La Ley General Presupuestaria: estructura y principios generales. Régimen de la Hacienda Pública: derechos económicos y obligaciones exigibles.

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Constitución Española · Art. 31

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Datos clave

  • ¿En qué principios se inspira el sistema tributario del art. 31.1? → En los de igualdad y progresividad, y en ningún caso tendrá alcance confiscatorio; se contribuye según la capacidad económica.
  • ¿A qué criterios responden la programación y ejecución del gasto público? → A los criterios de eficiencia y economía, con una asignación equitativa de los recursos públicos.
  • Ingreso = capacidad, igualdad, progresividad, no confiscatorio. Gasto = equitativo, eficiencia y economía.
  • El 31.3 es reserva de ley y habla de prestaciones personales o patrimoniales, no solo de tributos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todos contribuyen según su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, igualitario, progresivo y nunca confiscatorio; el gasto público, equitativo, eficiente y económico; y las prestaciones públicas, solo por ley.

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Artículo 133

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.

4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Datos clave

  • La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.
  • Comunidades Autónomas y Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes.
  • Todo beneficio fiscal que afecte a tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.
  • Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Solo el Estado tiene la potestad originaria tributaria por ley; Comunidades Autónomas y Corporaciones locales pueden crear tributos conforme a la Constitución y las leyes, y los beneficios fiscales estatales requieren ley.

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Artículo 134

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Datos clave

  • El Gobierno elabora los Presupuestos Generales del Estado; las Cortes Generales los examinan, enmiendan y aprueban.
  • Carácter anual; incluyen la totalidad de gastos e ingresos del sector público estatal y el importe de los beneficios fiscales de los tributos del Estado.
  • Presentación ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
  • Si no se aprueban antes del primer día del ejercicio, se prorrogan automáticamente los del ejercicio anterior.
  • Las proposiciones o enmiendas que aumenten créditos o disminuyan ingresos requieren la conformidad del Gobierno.
  • La Ley de Presupuestos no puede crear tributos; podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Atribuye al Gobierno la elaboración de los Presupuestos y a las Cortes su aprobación; fija su carácter anual, la presentación al Congreso tres meses antes de acabar el ejercicio y la prórroga automática si no se aprueban a tiempo.

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Artículo 135

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Los límites de déficit estructural establecidos en el apartado 2 entran en vigor a partir de 2020, según establece la disposición adicional única.3.

Datos clave

  • Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
  • Estado y Comunidades Autónomas no podrán superar el déficit estructural fijado por la Unión Europea; una ley orgánica fijará el máximo en relación con el PIB.
  • Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
  • Emitir deuda pública o contraer crédito exige autorización por ley; el pago de intereses y capital de la deuda goza de prioridad absoluta.
  • El volumen de deuda pública no podrá superar el valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
  • Los límites solo se superan por catástrofes naturales, recesión económica o emergencia extraordinaria, apreciadas por mayoría absoluta de los miembros del Congreso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones: límites de déficit estructural y de deuda, prioridad absoluta del pago de la deuda y excepciones tasadas que aprecia la mayoría absoluta del Congreso.

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Constitución Española · Art. 136

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. 2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. 3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. 4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

Datos clave

  • ¿De quién depende el Tribunal de Cuentas? → Directamente de las Cortes Generales, y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
  • ¿Qué remite el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales? → Un informe anual comunicando, cuando proceda, las infracciones o responsabilidades en que se hubiere incurrido.
  • ¿Qué estatuto tienen los miembros del Tribunal de Cuentas? → La misma independencia e inamovilidad y las mismas incompatibilidades que los Jueces.
  • Tres palabras que fijan su posición: supremo, fiscalizador y dependiente de las Cortes Generales.
  • Estatuto de sus miembros, calcado del judicial: independencia, inamovilidad e incompatibilidades de los Jueces.
  • Periodicidad única en el artículo: el informe es anual.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Tribunal de Cuentas: supremo fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público, dependiente de las Cortes Generales, con informe anual y miembros con estatuto de Juez.

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Constitución Española · Art. 156

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. 2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Datos clave

  • ¿Con qué dos principios debe coordinarse la autonomía financiera de las Comunidades? → Coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles.
  • ¿En qué pueden colaborar las Comunidades Autónomas con el Estado? → En la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios estatales.
  • Autonomía financiera + dos límites: coordinación con Hacienda estatal y solidaridad entre españoles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas tienen autonomía financiera sujeta a coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad, y pueden actuar como delegadas o colaboradoras del Estado en sus recursos tributarios.

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Constitución Española · Art. 157

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. e) El producto de las operaciones de crédito. 2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. 3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Datos clave

  • ¿Qué recursos financian a las Comunidades además de sus impuestos y tasas propios? → Impuestos cedidos y participaciones estatales, el Fondo de Compensación interterritorial, rendimientos de su patrimonio y operaciones de crédito.
  • ¿Qué dos cosas tiene prohibido hacer una Comunidad con sus tributos? → Gravar bienes situados fuera de su territorio y obstaculizar la libre circulación de mercancías o servicios.
  • ¿Qué tipo de ley regula el ejercicio de las competencias financieras autonómicas? → Ley orgánica.
  • Cinco recursos, de la a) a la e): cedidos/participaciones, propios, Fondo de Compensación, patrimonio, crédito.
  • El límite más preguntado: nunca gravar bienes fuera de su territorio ni frenar la libre circulación de mercancías o servicios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades tienen cinco tipos de recursos financieros, no pueden gravar bienes fuera de su territorio ni frenar el mercado común, y una ley orgánica puede ordenar todo esto.

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Constitución Española · Art. 158

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. 2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

Datos clave

  • ¿A qué se destina el Fondo de Compensación? → A gastos de inversión.
  • ¿Qué garantiza la asignación presupuestaria de este artículo? → Un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
  • ¿Quién distribuye el Fondo de Compensación? → Las Cortes Generales, entre las Comunidades Autónomas y, en su caso, las provincias.
  • El Fondo de Compensación es para inversión, no para gasto corriente: memorízalo así.
  • Dos mecanismos distintos: la asignación por nivel mínimo de servicios y el Fondo de Compensación por desequilibrios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos mecanismos: una posible asignación en los Presupuestos Generales del Estado según servicios asumidos y nivel mínimo de servicios, y el Fondo de Compensación para inversión que reparten las Cortes Generales.

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Artículo 1. Objeto

Esta ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal.

Datos clave

  • Objeto: régimen presupuestario y económico-financiero del sector público estatal.
  • Incluye la contabilidad, la intervención y el control financiero.
  • Ámbito: el sector público estatal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Ley General Presupuestaria regula el régimen presupuestario, económico-financiero, contable, de intervención y control financiero del sector público estatal.

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Artículo 2. Sector público estatal

El artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, delimita qué entidades forman parte del sector público estatal.

1. A los efectos de esta Ley forman parte del sector público estatal:

a) La Administración General del Estado.

b) El sector público institucional estatal.

2. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:

a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en:

1.° Organismos autónomos.

2.° Entidades Públicas Empresariales.

3.º Agencias Estatales.

b) Las autoridades administrativas independientes.

c) Las sociedades mercantiles estatales.

d) Los consorcios adscritos a la Administración General del Estado.

e) Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado.

f) Los fondos sin personalidad jurídica.

g) Las universidades públicas no transferidas.

h) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados.

i) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado.

3. Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la Administración General del Estado, forman parte del sector público estatal, regulándose su régimen económico-financiero por esta Ley, sin perjuicio de las especialidades que se establezcan en sus normas de creación, organización y funcionamiento. No obstante, su régimen de contabilidad y de control quedará sometido en todo caso a lo establecido en dichas normas, sin que les sea aplicable en dichas materias lo establecido en esta Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Ley no será de aplicación a las Cortes Generales, que gozan de autonomía presupuestaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución; no obstante, se mantendrá la coordinación necesaria para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Datos clave

  • El sector público estatal lo forman la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal.
  • Organismos públicos: organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales.
  • Incluye autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios y fundaciones adscritos.
  • Incluye fondos sin personalidad jurídica y universidades públicas no transferidas.
  • Los órganos con dotación diferenciada sin personalidad jurídica forman parte del sector público estatal.
  • La Ley no se aplica a las Cortes Generales, que gozan de autonomía presupuestaria (artículo 72 de la Constitución).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El sector público estatal es la Administración General del Estado más el sector público institucional, cuya lista hay que saber; los órganos con dotación diferenciada entran y las Cortes Generales quedan fuera de la Ley.

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Artículo 3. Sector público administrativo, empresarial y fundacional

El artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, divide el sector público estatal en sector público administrativo, empresarial y fundacional.

A los efectos de esta Ley, el sector público estatal se divide en los siguientes:

1. El sector público administrativo, integrado por:

a) La Administración General del Estado, los organismos autónomos, las autoridades administrativas independientes, las universidades públicas no transferidas y las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados, así como las entidades del apartado 3 del artículo anterior.

b) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica, que cumplan alguna de las dos características siguientes:

1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro.

2.ª Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como tales a los efectos de esta Ley, los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios.

2. El sector público empresarial, integrado por:

a) Las entidades públicas empresariales.

b) Las sociedades mercantiles estatales.

c) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica no incluidos en el sector público administrativo.

3. El sector público fundacional, integrado por las fundaciones del sector público estatal.

Datos clave

  • El sector público estatal se divide en administrativo, empresarial y fundacional.
  • Administrativo: Administración General del Estado, organismos autónomos, autoridades administrativas independientes, universidades no transferidas y entidades de la Seguridad Social.
  • Otras entidades son administrativas si no producen en régimen de mercado o no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales.
  • Empresarial: entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales, entre otras.
  • Fundacional: las fundaciones del sector público estatal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reparte el sector público estatal en administrativo, empresarial y fundacional, y da dos criterios para decidir si un consorcio, fondo u otro organismo de derecho público es administrativo o empresarial.

Esquema

Los tres sectores del sector público estatal
AdministrativoEmpresarialFundacional
Integrantes fijosAGE, organismos autónomos, autoridades independientes, universidades no transferidas, entidades de la Seguridad SocialEntidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatalesFundaciones del sector público estatal
Consorcios, fondos y otros organismosSi cumplen alguna de las dos característicasSi no están incluidos en el administrativoNo aparecen

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Artículo 4. Régimen jurídico aplicable

1. El régimen económico y financiero del sector público estatal se regula en esta ley, sin perjuicio de las especialidades contenidas en otras normas especiales y lo establecido en la normativa comunitaria.

2. En particular, se someterán a su normativa específica:

a) El sistema tributario estatal.

b) Los principios y normas que constituyen el régimen jurídico del sistema de la Seguridad Social, así como el establecimiento, reforma y supresión de las cotizaciones y prestaciones del sistema.

c) El régimen jurídico general del patrimonio del sector público estatal, así como la regulación de los demanios especiales.

d) El régimen jurídico general de las relaciones financieras entre el sector público estatal y las comunidades autónomas y entidades locales.

e) El régimen jurídico general de las Haciendas locales.

f) Los principios básicos y las normas fundamentales que constituyen el régimen jurídico de las ayudas o subvenciones concedidas por las entidades integrantes del sector público estatal con cargo a sus presupuestos o a fondos de la Unión Europea.

g) El régimen general de la contratación de las entidades integrantes del sector público estatal.

h) El régimen de contracción de obligaciones financieras y de realización de gastos, en aquellas materias que por su especialidad no se hallen reguladas en esta ley.

3. Tendrán carácter supletorio las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho común.

Datos clave

  • El régimen económico y financiero del sector público estatal se regula en la Ley General Presupuestaria.
  • Se someten a normativa específica el sistema tributario estatal y el régimen de la Seguridad Social.
  • También el patrimonio del sector público estatal y los demanios especiales.
  • También las Haciendas locales, las subvenciones y la contratación del sector público estatal.
  • Son supletorias las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho común.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 4 señala qué materias quedan fuera de la LGP y se rigen por su normativa propia, dejando el derecho administrativo (y en su defecto el común) como supletorio.

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Artículo 5. Concepto y derechos integrantes de la Hacienda Pública estatal

1. La Hacienda Pública estatal, está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos.

2. Los derechos de la Hacienda Pública estatal se clasifican en derechos de naturaleza pública y de naturaleza privada.

Son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y los demás derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos autónomos que deriven del ejercicio de potestades administrativas.

Datos clave

  • La Hacienda Pública estatal es el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos.
  • Sus derechos se clasifican en derechos de naturaleza pública y de naturaleza privada.
  • Son de naturaleza pública los tributos y los demás derechos que deriven del ejercicio de potestades administrativas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 5 define la Hacienda Pública estatal como los derechos y obligaciones económicos de la AGE y sus organismos autónomos, y distingue derechos de naturaleza pública (los que derivan de potestades administrativas, como los tributos) de los de naturaleza privada.

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Artículo 6. Normas comunes a los derechos de la Hacienda Pública estatal

1. La Administración de los derechos de la Hacienda Pública estatal corresponde, según su titularidad, al Ministerio de Hacienda y a los organismos autónomos, sin perjuicio de las competencias que ésta u otras leyes atribuyen a otros departamentos o entidades del sector público estatal.

2. El manejo o custodia de fondos o valores de naturaleza pública podrá encomendarse a personas o entidades privadas, que deberán prestar garantía en los casos, cuantía y forma que se determine reglamentariamente.

Datos clave

  • La administración de los derechos corresponde, según su titularidad, al Ministerio de Hacienda y a los organismos autónomos.
  • El manejo o custodia de fondos o valores públicos puede encomendarse a personas o entidades privadas.
  • Estas deben prestar garantía en los casos, cuantía y forma que se determine reglamentariamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los derechos de la Hacienda Pública estatal los administran el Ministerio de Hacienda y los organismos autónomos según su titularidad; el manejo de fondos públicos puede encomendarse a privados, que prestarán garantía.

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Artículo 7. Límites a que están sujetos los derechos de la Hacienda Pública estatal

1. No se podrán enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda Pública estatal fuera de los casos regulados por las leyes.

2. Tampoco se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda Pública estatal, sino en los casos y formas que determinen las leyes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de esta ley.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 10 de esta ley, no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno.

Datos clave

  • No pueden enajenarse, gravarse ni arrendarse los derechos económicos fuera de los casos regulados por las leyes.
  • Exenciones, condonaciones, rebajas y moratorias solo en los casos y formas que determinen las leyes.
  • Transacción o arbitraje: solo mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.
  • Se exige previa audiencia del Consejo de Estado en pleno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los derechos de la Hacienda estatal no se enajenan, gravan, arriendan ni condonan salvo por ley; y transigir o someter a arbitraje exige real decreto en Consejo de Ministros previa audiencia del Consejo de Estado en pleno.

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Artículo 8. Ejercicio de acciones judiciales por la Hacienda Pública estatal

La Hacienda Pública estatal podrá ejercitar cualesquiera acciones judiciales que sean precisas para la mejor defensa de sus derechos.

Datos clave

  • La Hacienda Pública estatal puede ejercitar cualesquiera acciones judiciales.
  • Finalidad: la mejor defensa de sus derechos.
  • No se limita el tipo de acción judicial que puede ejercitar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Hacienda Pública estatal puede ejercitar cualesquiera acciones judiciales precisas para defender mejor sus derechos.

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Artículo 9. Normas generales

1. Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal se regularán por las reglas contenidas en esta sección y en las normas especiales que les son aplicables. En particular, la aplicación de los tributos se ajustará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria de acuerdo con su sistema de fuentes.

2. Cuando los organismos autónomos concurran con la Administración General del Estado, tendrá preferencia para el cobro de los créditos esta última.

De igual preferencia gozarán los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos o intereses que sobre aquéllos procedan.

Cuando concurran créditos a favor de la Administración General del Estado con créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, se imputarán a prorrata de su respectivo importe.

Datos clave

  • Los derechos de naturaleza pública se rigen por esta sección y sus normas especiales.
  • La aplicación de los tributos se ajusta a la Ley General Tributaria.
  • Si concurren organismos autónomos con la Administración General del Estado, esta tiene preferencia en el cobro.
  • Igual preferencia tienen los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta.
  • Si concurren créditos del Estado y de cuotas de la Seguridad Social, se imputan a prorrata.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los derechos públicos de la Hacienda estatal se rigen por esta sección y sus normas especiales, los tributos por la LGT; la AGE cobra antes que los organismos autónomos y comparte preferencia, a prorrata, con la Seguridad Social.

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Artículo 10. Prerrogativas correspondientes a los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal

El artículo 10 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula las prerrogativas correspondientes a los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal.

1. Sin perjuicio de las prerrogativas establecidas para cada derecho de naturaleza pública por su normativa reguladora, la cobranza de tales derechos se efectuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes y gozará de las prerrogativas establecidas para los tributos en la Ley General Tributaria, y de las previstas en el Reglamento General de Recaudación.

2. Serán responsables solidarios del pago de los derechos de naturaleza pública pendientes, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar, las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias del artículo 42.2 de la Ley General Tributaria.

En este supuesto, la declaración de responsabilidad corresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se trate de créditos de naturaleza pública cuya gestión recaudatoria haya asumido aquella por ley o por convenio.

El régimen jurídico aplicable a esta responsabilidad será el contenido en la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo.

3. El carácter privilegiado de los créditos de la Hacienda Pública estatal otorga a ésta el derecho de abstención en los procesos concursales, en cuyo curso, no obstante, podrá suscribir los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal así como acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el acuerdo o convenio que pongan fin al proceso judicial. Igualmente podrá acordar la compensación de dichos créditos en los términos previstos en la normativa reguladora de los ingresos públicos.

Para la suscripción y celebración de los acuerdos y convenios a que se refiere el párrafo anterior se requerirá autorización del órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se trate de créditos cuya gestión recaudatoria le corresponda, de conformidad con la ley o en virtud de convenio, con observancia, en este caso de lo convenido.

Cuando se trate de créditos correspondientes al Fondo de Garantía Salarial, la suscripción y celebración de convenios en el seno de procedimientos concursales requerirá la autorización del órgano competente, de acuerdo con la normativa reguladora del organismo autónomo.

En los restantes créditos de la Hacienda Pública estatal la competencia corresponde al Ministro de Hacienda, pudiéndose delegar en los órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Reglamentariamente se establecerán los procedimientos para asegurar la adecuada coordinación en los procedimientos concursales en que concurran créditos de la Hacienda Pública estatal con créditos de la Seguridad Social y del resto de las entidades que integran el sector público Estatal, y en aquellos procedimientos concursales en los que se concurra con procedimientos judiciales o administrativos de ejecución singular correspondientes a las referidas entidades.

Datos clave

  • La cobranza goza de las prerrogativas de los tributos en la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación.
  • Responsables solidarios: quienes incurran en las circunstancias del artículo 42.2 de la Ley General Tributaria.
  • Esa responsabilidad alcanza hasta el valor de los bienes que se hubieran podido embargar o enajenar.
  • El carácter privilegiado da derecho de abstención en los procesos concursales.
  • Las condiciones singulares de pago no pueden ser más favorables que las del acuerdo o convenio concursal.
  • En los restantes créditos, la competencia para los convenios es del Ministro de Hacienda, delegable en la Agencia Tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los derechos públicos de la Hacienda estatal se cobran con las prerrogativas de los tributos; hay responsables solidarios por el artículo 42.2 de la LGT y reglas propias para actuar en los concursos.

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Artículo 11. Nacimiento, adquisición y extinción de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal

1. Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal se adquieren y nacen de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de cada derecho.

2. Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal se extinguen por las causas previstas en la Ley General Tributaria y las demás previstas en las leyes.

Sin perjuicio de lo establecido en esta ley y en la normativa reguladora de cada derecho, el procedimiento, efectos y requisitos de las formas de extinción de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal se someterán a lo establecido en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación.

Datos clave

  • Los derechos de naturaleza pública nacen y se adquieren conforme a la normativa reguladora de cada derecho.
  • Se extinguen por las causas de la Ley General Tributaria y las demás previstas en las leyes.
  • El procedimiento, efectos y requisitos de la extinción se rigen por la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los derechos públicos de la Hacienda estatal nacen según su normativa propia y se extinguen por las causas de la LGT y demás leyes, con procedimiento, efectos y requisitos según la LGT y el Reglamento General de Recaudación.

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Artículo 12. Providencia de apremio y suspensión del procedimiento de apremio

1. Las providencias de apremio acreditativas del descubierto de las deudas correspondientes a los derechos de naturaleza pública, expedidas por los órganos competentes, serán título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrán la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.

2. Los procedimientos administrativos de apremio podrán ser suspendidos en el caso de recursos o reclamaciones interpuestos por los interesados, en la forma y con los requisitos legal o reglamentariamente establecidos.

3. Se suspenderá inmediatamente el procedimiento de apremio, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, o bien que dicha deuda ha prescrito o ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida.

4. Si contra dichos procedimientos se opusieran reclamaciones en concepto de tercería o por otra acción civil por persona que ninguna responsabilidad tenga para con la Hacienda Pública estatal en virtud de obligación o gestión propia o transmitida, relativa a los créditos objeto del procedimiento, se procederá de la siguiente forma:

a) Tratándose de tercería de dominio, una vez que se hayan tomado las medidas de aseguramiento que procedan, se suspenderán dichos procedimientos sólo en la parte que se refiere a los bienes o derechos controvertidos, sustanciándose este incidente en la vía administrativa como previa a la judicial.

Cuando la reclamación fuese denegada en la vía administrativa, proseguirá el procedimiento de apremio, salvo justificación documental en el plazo reglamentariamente establecido de la interposición de demanda judicial.

La Administración pública podrá acordar la suspensión del procedimiento de apremio cuando de la ejecución puedan derivarse perjuicios de imposible o difícil reparación. En ambos casos, el acuerdo de suspensión establecerá las medidas reglamentarias para el aseguramiento de los respectivos créditos.

b) Si la tercería fuera de mejor derecho, proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la tercería.

Datos clave

  • La providencia de apremio es título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio.
  • Tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial.
  • Suspensión inmediata sin garantía si hay error material, aritmético o de hecho, o la deuda está prescrita, ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida.
  • Tercería de dominio: se suspende solo en la parte de los bienes controvertidos, con vía administrativa previa a la judicial.
  • Tercería de mejor derecho: prosigue el procedimiento y el producto se consigna en depósito.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 12 da a la providencia de apremio la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial, regula cuándo se suspende el procedimiento (con o sin garantía) y cómo se tramitan las tercerías de dominio y de mejor derecho.

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Artículo 13. Aplazamiento o fraccionamiento de las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal

1. Podrán aplazarse o fraccionarse, devengando el correspondiente interés de demora, las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal, en virtud de una relación jurídica de derecho público, en los casos, por los medios y a través del procedimiento establecido reglamentariamente.

Dichas cantidades deberán garantizarse excepto en los casos siguientes:

a) Los de baja cuantía cuando sean inferiores a las cifras que fije el Ministro de Hacienda.

b) Cuando el deudor carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio afectara sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, salvo que ello produjera grave quebranto para los intereses de la Hacienda Pública estatal.

2. El aplazamiento y fraccionamiento de las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal por las comunidades autónomas y las corporaciones locales se regirá por su legislación específica, la cual tendrá en cuenta la necesaria reciprocidad entre administraciones.

Datos clave

  • Las deudas de derecho público pueden aplazarse o fraccionarse devengando interés de demora.
  • Deben garantizarse, salvo las de baja cuantía inferiores a las cifras que fije el Ministro de Hacienda.
  • Tampoco si el deudor carece de bienes y la ejecución afectaría sustancialmente a la capacidad productiva y al empleo.
  • Para comunidades autónomas y corporaciones locales rige su legislación específica, con reciprocidad entre administraciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas de derecho público con la Hacienda estatal pueden aplazarse o fraccionarse con interés de demora y garantía, salvo baja cuantía o falta de bienes con riesgo para empleo y actividad.

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Artículo 14. Compensación de deudas

1. En los casos y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente podrán extinguirse total o parcialmente por compensación las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda Pública estatal que se encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor.

Asimismo, podrán compensarse las deudas no comprendidas en el apartado anterior cuando lo prevean las normas reguladoras de los tributos y demás recursos de derecho público.

Cuando una liquidación cuyo importe ha sido ingresado total o parcialmente sea anulada y sustituida por otra, se podrá disminuir ésta en la cantidad previamente ingresada.

2. La extinción mediante compensación de las deudas que las comunidades autónomas y las corporaciones locales tengan con la Administración General del Estado se regulará por su legislación específica.

3. Las deudas que los organismos autónomos, la Seguridad Social, y cualesquiera otras entidades de derecho público tengan con la Administración General del Estado, podrá realizarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles.

La referida compensación no podrá afectar a las cotizaciones sociales.

Asimismo, serán compensables las deudas vencidas, líquidas y exigibles que tengan entre sí las entidades estatales de derecho público.

4. Las leyes reguladoras de los distintos ingresos de derecho público podrán prever el establecimiento de sistemas de cuenta corriente a efectos de facilitar la compensación y el pago de los créditos y débitos frente a la Hacienda Pública estatal.

5. Asimismo, la ley establecerá los supuestos en los que los créditos y débitos que diversos sujetos ostentaran frente a la Hacienda Pública estatal puedan, a solicitud de éstos, ser tratados unitariamente a efectos de su compensación.

Datos clave

  • Pueden compensarse las deudas en fase de gestión recaudatoria, voluntaria o ejecutiva, con créditos reconocidos a favor del deudor.
  • La compensación de deudas de comunidades autónomas y corporaciones locales se rige por su legislación específica.
  • Las deudas de organismos autónomos, Seguridad Social y entidades de derecho público con el Estado son compensables si son vencidas, líquidas y exigibles.
  • La compensación no puede afectar a las cotizaciones sociales.
  • Las leyes pueden prever sistemas de cuenta corriente para facilitar la compensación y el pago.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas públicas con la Hacienda estatal pueden compensarse con créditos a favor del deudor; las de entes públicos con la AGE, si son vencidas, líquidas y exigibles, salvo cotizaciones sociales.

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Artículo 15. Prescripción de los derechos de la Hacienda Pública estatal

1. Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirá a los cuatro años el derecho de la Hacienda Pública estatal:

a) A reconocer o liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.

b) Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, a contar desde la fecha de su notificación o, si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.

2. La prescripción de los derechos de la Hacienda Pública estatal se interrumpirá conforme a lo establecido en la Ley General Tributaria y se aplicará de oficio.

3. Los derechos de la Hacienda Pública estatal declarados prescritos deberán ser dados de baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.

4. La declaración y exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, haya lugar por la prescripción de créditos de la Hacienda Pública estatal se ajustará a lo prevenido en la normativa reguladora de la responsabilidad contable.

Datos clave

  • Prescripción general: cuatro años, salvo lo que establezcan las leyes de cada recurso.
  • Derecho a reconocer o liquidar: desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
  • Derecho al cobro: desde la notificación o, si no es preceptiva, desde el vencimiento.
  • La prescripción se interrumpe conforme a la Ley General Tributaria y se aplica de oficio.
  • Los derechos prescritos se dan de baja en cuentas previo expediente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 15 fija en 4 años la prescripción del derecho de la Hacienda Pública estatal a liquidar créditos y a cobrar los ya reconocidos; se interrumpe según la Ley General Tributaria y se aplica de oficio.

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Artículo 16. Derechos económicos de baja cuantía

El Ministro de Hacienda podrá disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen.

Datos clave

  • Competencia: el Ministro de Hacienda.
  • Puede disponer la no liquidación o la anulación y baja en contabilidad.
  • Afecta a deudas inferiores a la cuantía que fije como insuficiente para cubrir el coste de su exacción y recaudación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Ministro de Hacienda puede no liquidar, o anular y dar de baja, las deudas inferiores a la cuantía que fije como insuficiente para cubrir el coste de cobrarlas.

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Artículo 17. Intereses de demora

1. Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal devengarán interés de demora desde el día siguiente al de su vencimiento. Se incluyen en este apartado las cantidades recaudadas a través de entidades colaboradoras, cuentas restringidas, oficinas liquidadoras y demás entidades recaudadoras por cuenta de la Hacienda Pública estatal que no sean ingresadas por dichas entidades en el Tesoro en los plazos establecidos.

2. El interés de demora resultará de la aplicación, para cada año o periodo de los que integren el período de cálculo, del interés legal fijado en la Ley de Presupuestos para dichos ejercicios.

3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las especialidades en materia tributaria.

Datos clave

  • Las cantidades adeudadas devengan interés de demora desde el día siguiente al de su vencimiento.
  • Incluye lo recaudado por entidades colaboradoras no ingresado en el Tesoro en plazo.
  • El interés de demora es el interés legal fijado en la Ley de Presupuestos para cada ejercicio.
  • Se entiende sin perjuicio de las especialidades en materia tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas con la Hacienda estatal devengan interés de demora desde el día siguiente al vencimiento, al tipo del interés legal de cada año; incluye lo recaudado por entidades colaboradoras y no ingresado a tiempo.

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Artículo 19. Derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública estatal

1. La efectividad de los derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública estatal se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado.

2. Podrán aplazarse o fraccionarse las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal, en virtud de una relación jurídica de derecho privado, en los casos y con las condiciones que establezca el Ministro de Hacienda, para los correspondientes a la Administración General del Estado, y, conjuntamente, el Ministro de Hacienda y el correspondiente al Ministerio de adscripción del organismo autónomo, para los restantes.

Datos clave

  • Los derechos de naturaleza privada se hacen efectivos conforme a las normas y procedimientos del derecho privado.
  • Pueden aplazarse o fraccionarse en los casos y condiciones que establezca el Ministro de Hacienda para la Administración General del Estado.
  • Para los organismos autónomos, conjuntamente el Ministro de Hacienda y el del Ministerio de adscripción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los derechos privados de la Hacienda estatal se hacen efectivos por el derecho privado; su aplazamiento o fraccionamiento lo regula el Ministro de Hacienda, o conjuntamente con el ministro de adscripción si es de un organismo autónomo.

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Artículo 20. Fuentes de las obligaciones

Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen.

Datos clave

  • El artículo regula las fuentes de las obligaciones de la Hacienda Pública estatal.
  • Fuentes: la ley.
  • Fuentes: los negocios jurídicos.
  • Fuentes: los actos o hechos que, según derecho, las generen.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que las generen según derecho.

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Artículo 21. Exigibilidad de las obligaciones

El artículo 21 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula la exigibilidad de las obligaciones de la Hacienda Pública estatal.

1. Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución de los presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas.

2. Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el pago no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación.

3. En el ámbito de la Hacienda Pública estatal, no podrá efectuarse el desembolso anticipado de las aportaciones comprometidas en virtud de convenios de colaboración y encomiendas de gestión con carácter previo a la ejecución y justificación de las prestaciones previstas en los mismos, sin perjuicio de lo que puedan establecer las disposiciones especiales con rango de Ley que puedan resultar aplicables en cada caso.

No obstante lo anterior, el acreedor de la Administración, en los términos que se determinen en el convenio de colaboración o encomienda de gestión, podrá tener derecho a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias que resulten necesarias para realizar la actuaciones financiadas hasta un límite máximo del 10 por ciento de la cantidad total a percibir. En tal caso, se deberán asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía salvo cuando el acreedor de la Administración sea una entidad del sector público estatal o la normativa reguladora del gasto de que se trate establezca lo contrario.

Datos clave

  • Exigibles solo si resultan de la ejecución de los presupuestos, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias autorizadas.
  • No se paga si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación.
  • Prohibido el desembolso anticipado de aportaciones de convenios y encomiendas antes de su ejecución y justificación.
  • Anticipo por operaciones preparatorias: límite máximo del 10 por ciento de la cantidad total.
  • El anticipo exige garantía, salvo si el acreedor es una entidad del sector público estatal o la normativa del gasto dispone otra cosa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las obligaciones de la Hacienda estatal solo son exigibles por tres vías; no se paga sin contraprestación cumplida o garantizada, y en convenios y encomiendas el anticipo tiene un tope del 10 %.

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Artículo 22. Extinción de las obligaciones

1. Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal se extinguen por las causas contempladas en el Código Civil y en el resto del ordenamiento jurídico.

2. La gestión de los créditos presupuestarios en orden a extinguir las obligaciones de la Hacienda Pública estatal se realizará de conformidad con lo dispuesto en el título II de esta ley y disposiciones de desarrollo.

Datos clave

  • Las obligaciones se extinguen por las causas del Código Civil y del resto del ordenamiento jurídico.
  • La gestión de los créditos presupuestarios para extinguirlas se rige por el título II de la Ley.
  • También por sus disposiciones de desarrollo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal se extinguen por las causas del Código Civil y del resto del ordenamiento; la gestión presupuestaria para extinguirlas sigue el título II de la ley.

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Artículo 23. Prerrogativas

1. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

2. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Hacienda Pública estatal corresponderá al órgano administrativo que sea competente por razón de la materia, sin perjuicio de la posibilidad de instar, en su caso, otras modalidades de ejecución de acuerdo con la Constitución y las leyes.

3. El órgano administrativo encargado del cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente, en la forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial.

Datos clave

  • No cabe embargo ni mandamiento de ejecución sobre bienes afectados a un servicio público o función pública.
  • Tampoco sobre bienes cuyos rendimientos estén legalmente afectados a fines diversos, ni sobre títulos de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas.
  • El cumplimiento de las resoluciones judiciales corresponde al órgano administrativo competente por razón de la materia.
  • Si hace falta modificación presupuestaria, debe concluirse en los tres meses siguientes a la notificación de la resolución judicial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 23 declara inembargables los bienes de la Hacienda Pública estatal afectados a un servicio público o a fines legalmente determinados, y da 3 meses al órgano administrativo competente para tramitar la modificación presupuestaria necesaria para cumplir una sentencia.

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Artículo 24. Intereses de demora

Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.

En materia tributaria, de contratación administrativa y de expropiación forzosa se aplicará lo dispuesto en su legislación específica.

Datos clave

  • Si la Administración no paga en los tres meses siguientes a la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, debe intereses.
  • Se abona el interés del artículo 17.2 sobre la cantidad debida.
  • Se devenga desde que el acreedor, transcurrido el plazo, reclame por escrito.
  • En materia tributaria, contratación administrativa y expropiación forzosa rige su legislación específica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si la Administración no paga en tres meses desde la notificación de la sentencia o del reconocimiento, debe el interés del artículo 17 apartado 2, pero solo desde que el acreedor reclame por escrito tras ese plazo.

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Artículo 25. Prescripción de las obligaciones

1. Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación, del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.

2. Con la expresada salvedad en favor de leyes especiales, la prescripción se interrumpirá conforme a las disposiciones del Código Civil.

3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública estatal que hayan prescrito, serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.

Datos clave

  • Prescripción general de las obligaciones: cuatro años, salvo leyes especiales.
  • Reconocimiento o liquidación: desde que concluyó el servicio o prestación o pudo ejercitarse el derecho.
  • Exigencia del pago de obligaciones reconocidas: desde la notificación del reconocimiento o liquidación.
  • La prescripción se interrumpe conforme al Código Civil.
  • Las obligaciones prescritas se dan de baja en cuentas previo expediente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 25 fija en 4 años la prescripción del derecho a que la Hacienda Pública estatal reconozca una obligación no solicitada y del derecho a exigir el pago de obligaciones ya reconocidas, interrumpiéndose conforme al Código Civil.

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Artículo 26. Principios y reglas de programación presupuestaria

El artículo 26 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula los principios y reglas de programación presupuestaria.

1. La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2. Las disposiciones legales y reglamentarias, en fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos que componen el sector público estatal que afecte a los gastos públicos, deben valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales.

Datos clave

  • Principios: estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad y transparencia.
  • También eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
  • Se rige conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
  • Toda actuación que afecte a los gastos públicos debe valorar sus repercusiones y efectos.
  • Debe supeditarse estrictamente a las disponibilidades presupuestarias y a los escenarios presupuestarios plurianuales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Siete principios rigen la programación presupuestaria estatal, y toda actuación del sector público estatal que afecte al gasto debe valorar sus efectos y ajustarse a lo disponible.

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Artículo 27. Principios y reglas de gestión presupuestaria

El artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece los principios y reglas de gestión presupuestaria.

1. La gestión del sector público estatal está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en los límites de un escenario plurianual.

2. Los créditos presupuestarios de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por las modificaciones realizadas conforme a esta ley.

El carácter limitativo y vinculante de dichos créditos será el correspondiente al nivel de especificación con que aparezcan en aquéllos.

3. Los recursos del Estado, los de cada uno de sus organismos autónomos y los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados.

4. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.

Se exceptúan de la anterior disposición las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el tribunal o autoridad competentes y las previstas en la normativa reguladora de dichos ingresos, el reembolso del coste de las garantías aportadas por los administrados para obtener la suspensión cautelar del pago de los ingresos presupuestarios, en cuanto adquiera firmeza la declaración de su improcedencia, y las participaciones en la recaudación de los tributos cuando así esté previsto legalmente.

Los importes por impagados, retrocesiones o reintegros de pagos indebidos de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social y los correspondientes a los reintegros de transferencias corrientes efectuadas entre entidades del Sistema de la Seguridad Social se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración de las obligaciones satisfechas en cualquier caso.

A los efectos de este apartado se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones que sean procedentes.

5. El presupuesto y sus modificaciones contendrán información suficiente y adecuada para permitir la verificación del cumplimiento de los principios y reglas que los rigen y de los objetivos que se proponga alcanzar.

Datos clave

  • La gestión se somete a un presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en un escenario plurianual.
  • Los créditos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la que fueron autorizados.
  • El carácter limitativo y vinculante depende del nivel de especificación de los créditos.
  • Los recursos se destinan a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo afectación por ley.
  • Derechos y obligaciones se aplican al presupuesto por su importe íntegro.
  • Importe íntegro: el resultante tras aplicar exenciones y bonificaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reglas de gestión presupuestaria: presupuesto anual en marco plurianual, créditos solo para su finalidad, recursos para el conjunto de obligaciones salvo afectación legal y aplicación por importe íntegro, con excepciones tasadas.

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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta ley establece los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español y será de aplicación a todas las Administraciones tributarias en virtud y con el alcance que se deriva del artículo 149.1.1.ª, 8.ª, 14.ª y 18.ª de la Constitución.

Lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que aprueban el Convenio y el Concierto Económico en vigor, respectivamente, en la Comunidad Foral de Navarra y en los Territorios Históricos del País Vasco.

2. Esta ley establece, asimismo, los principios y las normas jurídicas generales que regulan las actuaciones de la Administración tributaria por aplicación en España de la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios internacionales.

A los efectos de esta ley, se entenderá por asistencia mutua el conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español preste, reciba o desarrolle con la Unión Europea y otras entidades internacionales o supranacionales, y con otros Estados en virtud de la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios internacionales. La asistencia mutua podrá comprender la realización de actuaciones ante obligados tributarios.

La asistencia mutua a la que se refiere este apartado participa de la naturaleza jurídica de las relaciones internacionales a las que se refiere el artículo 149.1.3.ª de la Constitución.

Datos clave

  • La ley establece los principios y normas jurídicas generales del sistema tributario español y se aplica a todas las Administraciones tributarias.
  • Título competencial: artículo 149.1.1.ª, 8.ª, 14.ª y 18.ª de la Constitución.
  • Sin perjuicio del Convenio (Comunidad Foral de Navarra) y del Concierto Económico (Territorios Históricos del País Vasco).
  • Regula también las actuaciones derivadas de la asistencia mutua entre Estados miembros de la UE y de los convenios para evitar la doble imposición.
  • La asistencia mutua podrá comprender actuaciones ante obligados tributarios.
  • La asistencia mutua participa de la naturaleza de las relaciones internacionales del artículo 149.1.3.ª de la Constitución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La LGT fija los principios y normas generales del sistema tributario español y se aplica a todas las Administraciones tributarias, sin perjuicio del Convenio navarro y del Concierto vasco. También regula la asistencia mutua.

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Artículo 2. Concepto, fines y clases de los tributos.

1. Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.

Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.

2. Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos:

a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

b) Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

c) Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.

Datos clave

  • Tributos: ingresos públicos consistentes en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública por la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir.
  • Fin primordial: obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos; también pueden ser instrumentos de la política económica general.
  • Clases: tasas, contribuciones especiales e impuestos, cualquiera que sea su denominación.
  • Tasas: utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, o servicios o actividades en régimen de derecho público que no sean de solicitud o recepción voluntaria o no se presten por el sector privado.
  • Contribuciones especiales: beneficio o aumento de valor de los bienes por obras públicas o establecimiento o ampliación de servicios públicos.
  • Impuestos: exigidos sin contraprestación; hecho imponible constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los tributos son prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública al realizarse el supuesto de hecho legal, con el fin primordial de sostener el gasto público. Son tasas, contribuciones especiales e impuestos.

Esquema

Clases de tributos
TasaContribución especialImpuesto
Hecho imponibleUso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, o servicio o actividad pública que afecta al obligadoBeneficio o aumento de valor de los bienes por obras o servicios públicosNegocios, actos o hechos que revelan capacidad económica
Nota distintivaAfecta o beneficia de modo particular al obligadoBeneficio o aumento de valor de sus bienesExigido sin contraprestación

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Artículo 3. Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario.

1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

A estos efectos, se prohíbe el establecimiento de cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal que pueda suponer una minoración de la deuda tributaria devengada de acuerdo con la normativa vigente.

2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.

Datos clave

  • Ordenación: capacidad económica y principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.
  • Prohibido cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal que minore la deuda tributaria devengada.
  • Aplicación: principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados de obligaciones formales.
  • La aplicación asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ordenación del sistema tributario descansa en la capacidad económica y seis principios materiales; su aplicación, en la proporcionalidad, la eficacia y la limitación de costes indirectos. Se prohíben las amnistías que minoren la deuda.

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Artículo 7. Fuentes del ordenamiento tributario.

1. Los tributos se regirán:

a) Por la Constitución.

b) Por los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza tributaria y, en particular, por los convenios para evitar la doble imposición, en los términos previstos en el artículo 96 de la Constitución.

c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias en materia tributaria de conformidad con el artículo 93 de la Constitución.

d) Por esta ley, por las leyes reguladoras de cada tributo y por las demás leyes que contengan disposiciones en materia tributaria.

e) Por las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores y, específicamente en el ámbito tributario local, por las correspondientes ordenanzas fiscales.

En el ámbito de competencias del Estado, corresponde al Ministro de Hacienda dictar disposiciones de desarrollo en materia tributaria, que revestirán la forma de orden ministerial, cuando así lo disponga expresamente la ley o reglamento objeto de desarrollo. Dicha orden ministerial podrá desarrollar directamente una norma con rango de ley cuando así lo establezca expresamente la propia ley.

2. Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho común.

Datos clave

  • Fuentes por orden: Constitución; tratados o convenios internacionales (artículo 96 CE), en particular los de doble imposición; normas de la Unión Europea y organismos internacionales (artículo 93 CE).
  • Después: esta ley, las leyes de cada tributo y demás leyes tributarias; y las disposiciones reglamentarias de desarrollo.
  • En el ámbito tributario local: las ordenanzas fiscales.
  • El Ministro de Hacienda dicta disposiciones de desarrollo en forma de orden ministerial cuando lo disponga expresamente la ley o reglamento desarrollado.
  • La orden ministerial podrá desarrollar directamente una norma con rango de ley cuando la propia ley lo establezca expresamente.
  • Supletorias: disposiciones generales del derecho administrativo y preceptos del derecho común.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los tributos se rigen por cinco escalones: Constitución, tratados con cláusulas tributarias, normas de la UE y organismos supranacionales, leyes y reglamentos u ordenanzas fiscales; supletoriamente, derecho administrativo y derecho común.

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El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido

El Derecho Financiero es la rama del Derecho público que regula la actividad financiera de los entes públicos, es decir, el ordenamiento jurídico de la Hacienda pública. Su estudio exige delimitar primero esa actividad, después la disciplina que la regula, el debate sobre su autonomía y, por último, las materias que comprende.

La actividad financiera

La actividad financiera es la actividad desarrollada por los entes públicos que tiene por objeto la obtención de los ingresos necesarios para la realización de los gastos con los que satisfacer las necesidades colectivas. En ella se distinguen dos vertientes o ámbitos de actuación: el ingreso público y el gasto público.

El fenómeno financiero puede estudiarse desde distintos enfoques. El Derecho Financiero y Tributario, como disciplina jurídica, forma parte de las ciencias sociales y está hermanado en ciertos aspectos con otras, como la económica o la política; a la ciencia jurídica le corresponde la apreciación jurídica de la actividad financiera.

Concepto

La doctrina española define el Derecho Financiero por su objeto, la Hacienda pública:

  • Sainz de Bujanda señala que una parte considerable de la doctrina se orienta a definir el Derecho financiero como aquella rama jurídica que tiene por objeto la Hacienda pública.
  • Rodríguez Bereijo lo define como el ordenamiento jurídico propio y singular de la Hacienda pública.
  • En términos descriptivos, es la ordenación jurídica de los ingresos y gastos de los entes públicos.

Como hay tantas Haciendas públicas como entes públicos, el concepto abarca no solo la Hacienda del Estado, sino también las Haciendas territoriales (autonómicas, provinciales y municipales) y la Hacienda de la Unión Europea.

La autonomía del Derecho Financiero

La cuestión de la autonomía se plantea en varios planos:

  • Autonomía didáctica: la conveniencia de enseñar la materia como disciplina propia.
  • Autonomía científica: la existencia de un objeto y de unos principios propios que permitan construirla como rama diferenciada de la ciencia del Derecho.
  • Autonomía dogmática: la existencia de instituciones y categorías jurídicas propias.

El debate doctrinal tiene dos posiciones clásicas. Una sostiene la autonomía dogmática del Derecho tributario, pero no la del Derecho financiero, al que solo reconoce autonomía didáctica. Es la posición de Albiñana García-Quintana en su Derecho Financiero y Tributario (1979), que previene contra la utilización de las construcciones científicas del Derecho tributario para fundamentar dogmáticamente la parte del Derecho financiero que excede del tributario; recuerda como ejemplo histórico a Pugliese, que bajo el título de Derecho financiero solo estudió en rigor Derecho tributario.

La otra tesis admite la autonomía científica del Derecho financiero sobre la base de la conexión entre ingreso y gasto público, que tras la Constitución de 1978 encuentra apoyo en su artículo 31. El apartado 1 dispone que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, y el apartado 2 que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y que su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. La entrada en vigor de la Constitución propició una cierta convergencia: la conexión ingreso-gasto se da por válida y la discusión se centra en el momento en que opera y en la eficacia jurídica que despliega.

En todo caso, la autonomía no supone aislamiento. Cazorla Prieto presenta el Derecho Financiero y Tributario como una disciplina autónoma dentro de la ciencia jurídica, en cuyo fondo común se integra.

Contenido

El contenido del Derecho Financiero se ordena en torno a las dos vertientes de la actividad financiera y a los sujetos que la ejercen.

Los ingresos públicos son cantidades de dinero percibidas por un ente público para financiar el gasto que ha de afrontar y satisfacer las necesidades públicas que le competen. Pueden ser de varias clases:

  • tributos, en sus tres categorías: impuesto, tasa y contribución especial;
  • deuda pública;
  • ingresos de Derecho público no tributarios, como el precio público;
  • ingresos de Derecho privado, patrimoniales y de actividades empresariales.

El Derecho Tributario es una parte importante del Derecho Financiero y regula el establecimiento y la aplicación de los tributos. Se ha desarrollado sobre su instituto jurídico básico, el tributo, y se divide en una parte general, con los conceptos básicos del tributo, y una parte especial, que estudia los sistemas tributarios de los entes públicos territoriales. Comprende los principios constitucionales tributarios, las fuentes, los procedimientos de aplicación y de revisión y el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria.

El gasto público son las salidas de fondos del patrimonio de un ente público con la finalidad de satisfacer las necesidades económicas que le compete atender. Su ordenación jurídica corresponde al Derecho Presupuestario, que regula el presupuesto y su ciclo. Hay programas universitarios, como el de Cazorla Prieto, que exponen el gasto público antes que los ingresos por razones didácticas y de conveniencia científica.

Completa el contenido el estudio del poder financiero, que comprende el poder sobre el gasto público y el poder tributario del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. La Constitución atribuye al Estado, en su artículo 133.1, la potestad originaria para establecer los tributos, mediante ley.

Datos clave

  • La actividad financiera es la desarrollada por los entes públicos para obtener los ingresos necesarios para realizar los gastos con los que satisfacer las necesidades colectivas.
  • Sainz de Bujanda recoge la definición del Derecho financiero como la rama jurídica que tiene por objeto la Hacienda pública; Rodríguez Bereijo, como el ordenamiento jurídico propio y singular de la Hacienda pública.
  • Albiñana reconoce autonomía dogmática al Derecho tributario y solo autonomía didáctica al Derecho financiero.
  • La tesis de la autonomía científica del Derecho financiero se apoya en la conexión ingreso-gasto, reforzada por el artículo 31.2 de la Constitución.
  • El artículo 31.2 de la Constitución exige una asignación equitativa de los recursos públicos y una programación y ejecución del gasto conforme a los criterios de eficiencia y economía.
  • Los tributos son de tres categorías: impuesto, tasa y contribución especial.
  • El Derecho Tributario regula el establecimiento y la aplicación de los tributos; el Derecho Presupuestario ordena el gasto público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Derecho Financiero ordena jurídicamente los ingresos y gastos de los entes públicos. Hay que llevarse su concepto, los tres planos de la autonomía con las tesis de Albiñana y de la conexión ingreso-gasto, y su contenido.

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