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Tema 10: La representación política en España: los partidos políticos. El sistema electoral español, Organización del sufragio y procedimiento electoral.

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Constitución Española · Art. 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Datos clave

  • ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico? → La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
  • ¿Dónde reside la soberanía nacional según el art. 1.2? → En el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
  • ¿Cuál es la forma política del Estado español? → La Monarquía parlamentaria.
  • Los cuatro valores en orden: LI-JU-I-PLU (Libertad, Justicia, Igualdad, Pluralismo político).
  • Un apartado, un dato: 1) qué Estado · 2) de quién es la soberanía · 3) qué forma política.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo es el Estado español: social y democrático de Derecho, con cuatro valores superiores, soberanía nacional en el pueblo español y forma política de Monarquía parlamentaria.

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Constitución Española · Art. 6

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Datos clave

  • ¿Cómo deben ser la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos según el art. 6? → Democráticos.
  • ¿Qué expresan los partidos políticos según el artículo 6? → El pluralismo político.
  • Tres verbos clave: expresan (pluralismo), concurren (a la voluntad popular) y son instrumento (de participación); y una exigencia interna: democráticos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los partidos políticos expresan el pluralismo, concurren a formar la voluntad popular y son instrumento fundamental de participación; se crean libremente y su estructura y funcionamiento han de ser democráticos.

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Constitución Española · Art. 23

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Datos clave

  • ¿Por qué sistema se eligen los representantes según el art. 23.1? → Por sufragio universal, en elecciones periódicas.
  • ¿Qué exige el art. 23.2 para acceder a funciones y cargos públicos? → Condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes.
  • Dos derechos en un artículo: participar/votar (apdo. 1) y acceder a cargos públicos (apdo. 2); no los mezcles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos derechos de los ciudadanos: participar en los asuntos públicos, directamente o mediante representantes libremente elegidos, y acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos con los requisitos legales.

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Constitución Española · Art. 68

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. 3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. 4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. 6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

Datos clave

  • ¿Entre qué cifras oscila el número de Diputados según la Constitución? → Un mínimo de 300 y un máximo de 400.
  • ¿En qué plazo deben celebrarse las elecciones al Congreso? → Entre los treinta y los sesenta días desde la terminación del mandato.
  • ¿En qué plazo debe convocarse el Congreso electo? → Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
  • ¿Cuál es la circunscripción electoral del Congreso? → La provincia; Ceuta y Melilla están representadas por un Diputado cada una.
  • Cinco adjetivos del sufragio, siempre en el mismo orden: universal, libre, igual, directo y secreto.
  • Serie numérica del artículo: 300-400 Diputados, 1 Diputado por Ceuta y por Melilla, 4 años, 30-60 días, 25 días.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Congreso: entre 300 y 400 Diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto; circunscripción provincial; representación proporcional; cuatro años de mandato y plazos de treinta a sesenta y de veinticinco días.

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Constitución Española · Art. 69

1. El Senado es la Cámara de representación territorial. 2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. 3. En las provincias insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores −Gran Canaria, Mallorca y Tenerife− y uno a cada una de las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. 4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores. 5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. 6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

Datos clave

  • ¿Cuántos Senadores se eligen en cada provincia? → Cuatro, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
  • ¿Qué islas eligen tres Senadores? → Gran Canaria, Mallorca y Tenerife.
  • ¿Cuántos Senadores designa cada Comunidad Autónoma? → Uno, y otro más por cada millón de habitantes de su territorio.
  • ¿Cuántos Senadores eligen Ceuta y Melilla? → Dos cada una de ellas.
  • Las tres islas mayores eligen tres Senadores cada una: Gran Canaria, Mallorca y Tenerife.
  • Las ocho islas de un Senador son ocho nombres: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Senado, Cámara de representación territorial: cuatro Senadores por provincia, reglas propias para islas, Ceuta y Melilla, Senadores designados por las Comunidades Autónomas y mandato de cuatro años.

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Constitución Española · Art. 70

1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso: a) A los componentes del Tribunal Constitucional. b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno. c) Al Defensor del Pueblo. d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo. f) A los miembros de las Juntas Electorales. 2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

Datos clave

  • ¿Cuántos grupos de inelegibles/incompatibles lista el art. 70.1? → Seis, en las letras a) a f).
  • ¿Quién está exceptuado de la incompatibilidad de los altos cargos del Estado? → Los miembros del Gobierno.
  • ¿Quién controla la validez de actas y credenciales parlamentarias? → La Jurisdicción, mediante control judicial, según la ley electoral.
  • Son seis grupos, letras a) a f): TC, altos cargos de la Administración, Defensor del Pueblo, jueces y fiscales, militares y policías, y Juntas Electorales.
  • Dato que se pregunta mucho: los miembros del Gobierno SÍ pueden ser Diputados o Senadores a la vez.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley electoral fija la inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores, que incluye en todo caso seis grupos; la validez de actas y credenciales está sometida a control judicial.

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Artículo 1. Ámbito de aplicación de la LOREG

El artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), delimita su ámbito de aplicación.

La Ley Orgánica es de aplicación directa:

a) A las elecciones de Diputados y Senadores a Cortes Generales, sin perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía para la designación de los Senadores previstos en el artículo 69.5 de la Constitución.

b) A las elecciones de los miembros de las Corporaciones Locales.

c) A las elecciones de los Diputados del Parlamento Europeo.

Asimismo, en los términos que establece su Disposición Adicional Primera, es de aplicación a las elecciones a las asambleas de las Comunidades Autónomas, y tiene carácter supletorio de la legislación autonómica en la materia.

Datos clave

  • Se aplica a las elecciones a Cortes Generales (Diputados y Senadores).
  • Los Senadores del artículo 69.5 CE se designan según los Estatutos de Autonomía.
  • Se aplica a las elecciones locales y al Parlamento Europeo.
  • Para las asambleas autonómicas se aplica en los términos de la Disposición Adicional Primera.
  • Carácter supletorio de la legislación electoral autonómica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La LOREG se aplica directamente a las elecciones generales, locales y europeas; a las autonómicas, en los términos de su Disposición Adicional Primera, y es supletoria de la legislación electoral autonómica.

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Artículo 2. Derecho de sufragio activo

El artículo 2 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, determina a quién corresponde el derecho de sufragio y el requisito para ejercerlo.

Titularidad: el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad que no estén comprendidos en ninguno de los supuestos de privación previstos en el artículo 3.

Requisito de ejercicio: es indispensable la inscripción en el censo electoral vigente.

Elecciones municipales: en las elecciones municipales, incluidas las elecciones a Cabildos, a Consejos Insulares, al Consejo General del Valle de Arán y a Juntas Generales, es indispensable para votar figurar inscrito en el Censo de Españoles Residentes en España.

Datos clave

  • Titulares: españoles mayores de edad no privados del derecho de sufragio (art. 3).
  • Requisito indispensable: inscripción en el censo electoral vigente.
  • En municipales, Cabildos, Consejos Insulares, Consejo General del Valle de Arán y Juntas Generales: inscripción en el Censo de Españoles Residentes en España.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Votan los españoles mayores de edad no privados del sufragio, siempre inscritos en el censo vigente; en las municipales y equivalentes se exige figurar en el Censo de Españoles Residentes en España.

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Artículo 6. Elegibilidad e inelegibilidad

El artículo 6 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, regula el derecho de sufragio pasivo y las causas de inelegibilidad e incompatibilidad.

1. Son elegibles los españoles mayores de edad que, poseyendo la cualidad de elector, no estén incursos en alguna de estas causas de inelegibilidad:

a) Miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil regulado por el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, y sus cónyuges.

b) Presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas y del Consejo del artículo 131.2 de la Constitución.

c) Magistrados del Tribunal Constitucional, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Consejeros Permanentes del Consejo de Estado y Consejeros del Tribunal de Cuentas.

d) El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos.

e) El Fiscal General del Estado.

f) Subsecretarios, Secretarios generales, Directores generales de los Departamentos Ministeriales y equiparados; en particular, los Directores de los Departamentos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y los Directores de los Gabinetes de los Ministros y de los Secretarios de Estado.

g) Jefes de Misión acreditados, con carácter de residentes, ante un Estado extranjero u organismo internacional.

h) Magistrados, Jueces y Fiscales en situación de activo.

i) Militares profesionales y de complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía, en activo.

j) Presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas Electorales.

k) Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, Subdelegados del Gobierno y autoridades similares con distinta competencia territorial.

l) El Presidente de la Corporación de Radio Televisión Española y de las sociedades que la integran.

m) Presidentes, Directores y cargos asimilados de entidades estatales autónomas con competencia en todo el territorio nacional, y los Delegados del Gobierno en ellas.

n) Presidentes y Directores generales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social con competencia en todo el territorio nacional.

ñ) El Director de la Oficina del Censo Electoral.

o) El Gobernador y Subgobernador del Banco de España y los Presidentes y Directores del Instituto de Crédito Oficial y de las demás Entidades oficiales de crédito.

p) El Presidente, los Consejeros y el Secretario general del Consejo General de Seguridad Nuclear.

2. Son inelegibles:

a) Los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena.

b) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, cuando se haya impuesto pena de inhabilitación para el sufragio pasivo, inhabilitación absoluta o especial o suspensión para empleo o cargo público.

3. Inelegibilidad territorial: durante su mandato no son elegibles por las circunscripciones comprendidas total o parcialmente en su ámbito territorial: a) quien ejerza la función de mayor nivel de cada Ministerio en demarcaciones inferiores al Estado; b) Presidentes, Directores y cargos asimilados de Entidades Autónomas de competencia territorial limitada y los Delegados del Gobierno en ellas; c) Delegados territoriales de RTVE y Directores de las Entidades de Radiotelevisión dependientes de las Comunidades Autónomas; d) Presidentes y Directores de los órganos periféricos de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social; e) Secretarios generales de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno; f) Delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

4. Incompatibilidad. Las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad; las de incompatibilidad se rigen por lo dispuesto para cada proceso electoral. En todo caso son incompatibles los electos en candidaturas de partidos, federaciones o coaliciones declarados ilegales después por sentencia judicial firme, y los electos en candidaturas de agrupaciones de electores declaradas vinculadas a un partido ilegalizado por resolución judicial firme. La incompatibilidad surte efecto en el plazo de quince días naturales desde que la Administración Electoral permanente la comunique, salvo que el interesado formule ante ella una declaración expresa e indubitada de separación y rechazo de las causas de ilegalización. Si después se retractase o mostrase contradicción con esa declaración, quedará definitivamente incurso en incompatibilidad, con efecto desde la notificación de la Administración Electoral permanente, por sí o a instancia del Gobierno a través de la Abogacía del Estado o del Ministerio Fiscal. Contra ello, el afectado, el Gobierno a través de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal pueden recurrir ante la Sala especial del Tribunal Supremo del artículo 61 LOPJ, en los plazos del artículo 49. El mismo régimen se aplica a los integrantes de la candidatura ilegalizada llamados a cubrir la vacante, incluidos los suplentes.

Datos clave

  • Elegibles: españoles mayores de edad con la cualidad de elector y sin causa de inelegibilidad.
  • Inelegibilidad general por cargo: lista de las letras a) a p) del apartado 1.
  • Condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad: inelegibles mientras dure la pena.
  • Rebelión, terrorismo o delitos contra la Administración Pública o las Instituciones del Estado: inelegibilidad aun con sentencia no firme si conlleva inhabilitación.
  • Las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad.
  • Incompatibilidad de electos de partidos ilegalizados: efecto a los quince días naturales salvo declaración expresa de rechazo.
  • Recurso ante la Sala especial del Tribunal Supremo (art. 61 LOPJ) en los plazos del artículo 49.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién puede ser elegido y quién no: elegibles los electores mayores de edad, salvo una larga lista de cargos, ciertos condenados y los inelegibles territoriales; las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad.

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Artículo 8. Administración electoral

El artículo 8 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, define la finalidad y composición de la Administración electoral.

Finalidad: garantizar, en los términos de la Ley, la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad.

Composición: integran la Administración Electoral las Juntas Electorales Central, Provincial, de Zona y, en su caso, de Comunidad Autónoma, así como las Mesas Electorales.

Sedes: la Junta Electoral Central tiene su sede en Madrid; las Provinciales, en las capitales de provincia; y las de Zona, en las localidades cabeza de los partidos judiciales. Las Juntas de Zona de Ceuta y Melilla acumulan en sus distritos las funciones de las Juntas Electorales Provinciales.

Las Juntas celebran sus sesiones en sus propios locales y, en su defecto, en aquellos donde ejercen sus cargos los respectivos Secretarios. A efectos de la Ley, los partidos judiciales coinciden con los de las Elecciones Locales de 1979.

Datos clave

  • Finalidad: transparencia y objetividad del proceso electoral y principio de igualdad.
  • Integrantes: Juntas Electorales Central, Provincial, de Zona y, en su caso, de Comunidad Autónoma, y Mesas Electorales.
  • Junta Electoral Central: sede en Madrid.
  • Juntas de Zona: en las cabezas de partido judicial; partidos judiciales de las Elecciones Locales de 1979.
  • Las Juntas de Zona de Ceuta y Melilla asumen las funciones de las Provinciales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración electoral garantiza la transparencia, la objetividad y la igualdad; la forman las Juntas Electorales (Central, Provincial, de Zona y, en su caso, autonómica) y las Mesas.

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Artículo 9. Junta Electoral Central

El artículo 9 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, regula la composición y funcionamiento de la Junta Electoral Central.

Naturaleza y composición: la Junta Electoral Central es un órgano permanente compuesto por:

a) Ocho Vocales Magistrados del Tribunal Supremo, designados mediante insaculación por el Consejo General del Poder Judicial.

b) Cinco Vocales Catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología, en activo, designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación en el Congreso de los Diputados.

Plazo de designación: en los noventa días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados. Si la propuesta de los Catedráticos no se produce en ese plazo, la Mesa del Congreso, oídos los grupos políticos, procede a su designación en consideración a la representación existente en la Cámara.

Nombramiento y mandato: los Vocales se nombran por Real Decreto y continúan en su mandato hasta la toma de posesión de la nueva Junta, al inicio de la siguiente legislatura.

Presidencia: los Vocales eligen, de entre los de origen judicial, al Presidente y al Vicepresidente en la sesión constitutiva, convocada por el Secretario. El Presidente está exclusivamente dedicado a la Junta desde la convocatoria de un proceso electoral hasta la proclamación de electos y, en su caso, hasta la ejecución de las sentencias de los procedimientos contenciosos, incluido el recurso de amparo del artículo 114.2; el Consejo General del Poder Judicial provee las medidas oportunas.

Secretario: el Secretario general del Congreso de los Diputados.

Datos clave

  • Órgano permanente con trece Vocales.
  • Ocho Magistrados del Tribunal Supremo designados por insaculación por el CGPJ.
  • Cinco Catedráticos en activo a propuesta conjunta de las fuerzas con representación en el Congreso.
  • Designación en los noventa días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso.
  • Nombramiento por Real Decreto.
  • Presidente y Vicepresidente elegidos entre los Vocales de origen judicial.
  • Secretario: el Secretario general del Congreso de los Diputados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta Electoral Central es permanente y tiene trece Vocales: ocho Magistrados del Supremo por insaculación y cinco Catedráticos a propuesta de los grupos del Congreso; preside un Vocal judicial y es Secretario el del Congreso.

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Artículo 23. Secciones y Mesas electorales

El artículo 23 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, regula las Secciones electorales y las Mesas.

Las circunscripciones están divididas en Secciones Electorales. Cada Sección incluye un máximo de dos mil electores y un mínimo de quinientos. Cada término municipal cuenta al menos con una Sección, y ninguna Sección comprende áreas de distintos términos municipales. Los electores de una misma Sección se ordenan en las listas electorales por orden alfabético.

En cada Sección hay una Mesa Electoral. No obstante, cuando el número de electores o la diseminación de la población lo aconsejen, la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, a propuesta del Ayuntamiento, puede disponer la formación de otras Mesas y distribuir entre ellas el electorado de la Sección:

  • Por número de electores: el electorado se distribuye por orden alfabético entre las Mesas, que deben situarse preferentemente en habitaciones separadas dentro de la misma edificación.
  • Por población diseminada: la distribución atiende a la menor distancia entre el domicilio del elector y la Mesa.

En ningún caso el número de electores adscrito a cada Mesa puede ser inferior a doscientos.

Datos clave

  • Cada Sección: máximo de dos mil electores y mínimo de quinientos.
  • Cada término municipal tiene al menos una Sección; ninguna Sección abarca varios municipios.
  • En cada Sección hay una Mesa Electoral.
  • Otras Mesas: las dispone la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral a propuesta del Ayuntamiento.
  • Mínimo de electores por Mesa: doscientos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las circunscripciones se dividen en Secciones de quinientos a dos mil electores, cada una con su Mesa; se pueden crear más Mesas por número de electores o dispersión, nunca con menos de doscientos electores.

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Artículo 31. Censo electoral

El artículo 31 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, define el contenido y la composición del censo electoral.

Contenido: el censo electoral contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para ser elector y no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio.

Composición: el censo electoral está compuesto por el censo de los electores residentes en España y por el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero. Ningún elector podrá figurar inscrito simultáneamente en ambos censos.

Unidad: el Censo Electoral es único para toda clase de elecciones, sin perjuicio de su posible ampliación para las elecciones Municipales y del Parlamento Europeo, conforme a los artículos 176 y 210 de la Ley.

Datos clave

  • Incluye a quienes reúnen los requisitos de elector y no están privados del sufragio.
  • Dos censos: residentes en España y residentes-ausentes en el extranjero.
  • Prohibida la inscripción simultánea en ambos censos.
  • Censo único para toda clase de elecciones.
  • Ampliable para elecciones Municipales y al Parlamento Europeo (arts. 176 y 210).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El censo inscribe a quienes pueden votar y no están privados del sufragio; se compone de residentes en España y residentes-ausentes, sin doble inscripción, y es único para toda clase de elecciones.

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Artículo 44. Presentación de candidaturas

El artículo 44 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, regula quién puede presentar candidaturas y sus límites.

Sujetos: pueden presentar candidatos o listas de candidatos:

a) Los partidos y federaciones inscritos en el registro correspondiente.

b) Las coaliciones constituidas conforme al apartado 2.

c) Las agrupaciones de electores que reúnan los requisitos de las disposiciones especiales de la Ley.

Coaliciones: los partidos y federaciones que pacten concurrir conjuntamente deben comunicarlo a la Junta competente en los diez días siguientes a la convocatoria, haciendo constar la denominación de la coalición, sus normas y las personas titulares de sus órganos de dirección o coordinación.

Límites: ningún partido, federación, coalición o agrupación de electores puede presentar más de una lista en una circunscripción para la misma elección. Los partidos federados o coaligados no pueden presentar candidaturas propias en una circunscripción donde concurran, para idéntica elección, candidatos de las federaciones o coaliciones a que pertenecen.

Continuidad de partidos ilegalizados: no podrán presentarse candidaturas que, de hecho, continúen o sucedan la actividad de un partido declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido. Se tendrá en cuenta la similitud sustancial de estructuras, organización y funcionamiento, de las personas que componen, rigen, representan, administran o integran las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de otras circunstancias relevantes, como la disposición a apoyar la violencia o el terrorismo.

Datos clave

  • Pueden presentar candidaturas: partidos y federaciones inscritos, coaliciones y agrupaciones de electores.
  • Pacto de coalición: comunicación a la Junta competente en los diez días siguientes a la convocatoria.
  • Una sola lista por circunscripción y elección.
  • Los partidos federados o coaligados no pueden concurrir por separado donde concurra su federación o coalición.
  • Prohibidas las candidaturas que continúen o sucedan a un partido ilegalizado y disuelto, o suspendido.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Presentan candidaturas partidos y federaciones inscritos, coaliciones y agrupaciones de electores; una sola lista por circunscripción y elección, y nunca las que continúen a un partido ilegalizado.

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Artículo 44 bis. Composición paritaria de las candidaturas

El artículo 44 bis de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, impone la composición paritaria de las listas electorales.

Ámbito: las candidaturas para las elecciones de diputados y diputadas al Congreso, municipales, de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares, diputados y diputadas al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas y Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos deben tener una composición paritaria de mujeres y hombres, integrándose las listas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa.

Aplicación: la regla se aplica en el conjunto de las listas, sin separar titulares y suplentes.

Asambleas autonómicas y Juntas Generales vascas: sus leyes electorales podrán establecer otros sistemas de elaboración de listas siempre que su objetivo sea favorecer la representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Senado: cuando las candidaturas para el Senado se agrupen en listas (artículo 171), tales listas deberán tener igualmente composición paritaria.

Control: la Junta Electoral solo aceptará las candidaturas que cumplan este precepto tanto para las personas candidatas como para las suplentes.

Datos clave

  • Listas paritarias con personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa.
  • Se aplica al conjunto de la lista, sin separar titulares y suplentes.
  • Afecta a Congreso, municipales, consejos y cabildos insulares, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas y Juntas Generales vascas.
  • Las leyes autonómicas pueden fijar otros sistemas que favorezcan la paridad.
  • En el Senado, solo cuando las candidaturas se agrupen en listas (art. 171).
  • La Junta Electoral rechaza las candidaturas que no cumplan la paridad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las listas electorales deben ser paritarias, con mujeres y hombres ordenados de forma alternativa en toda la lista, titulares y suplentes; la Junta Electoral solo acepta las que cumplen.

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Artículo 51. Duración de la campaña electoral

El artículo 51 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, fija el inicio, la duración y el final de la campaña electoral.

Inicio: la campaña electoral comienza el día trigésimo octavo posterior a la convocatoria de las elecciones.

Duración: la campaña dura quince días.

Final: la campaña termina, en todo caso, a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación, de modo que ese día previo a la votación queda fuera del periodo de campaña.

Datos clave

  • Comienzo: día trigésimo octavo posterior a la convocatoria.
  • Duración: quince días.
  • Final: a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación.
  • El día anterior a la votación no forma parte de la campaña.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La campaña empieza el día trigésimo octavo tras la convocatoria, dura quince días y acaba a las cero horas del día anterior a la votación, que queda fuera de campaña.

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Artículo 72. Voto por correo

El artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, regula la solicitud del voto por correo.

Pueden votar por correo los electores que prevean que en la fecha de la votación no se hallarán en la localidad donde les corresponde votar, o que no puedan personarse, previa solicitud a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, con estos requisitos:

a) El elector solicitará a la Delegación, desde la fecha de la convocatoria y hasta el décimo día anterior a la votación, un certificado de inscripción en el Censo. La solicitud se formula ante cualquier oficina del Servicio de Correos.

b) La solicitud debe formularse personalmente. El funcionario de Correos exigirá la exhibición del documento nacional de identidad y comprobará la coincidencia de la firma. En ningún caso se admite fotocopia del DNI.

c) En caso de enfermedad o incapacidad que impida la solicitud personal, acreditada mediante certificación médica oficial y gratuita, la solicitud podrá efectuarla otra persona autorizada notarial o consularmente mediante documento individual para cada elector, sin incluir a varios electores ni representar una misma persona a más de un elector. La Junta Electoral comprobará en cada caso estas circunstancias.

d) Los servicios de Correos remitirán en el plazo de tres días toda la documentación presentada a la Oficina del Censo Electoral correspondiente.

Datos clave

  • Solicitud dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.
  • Plazo: desde la convocatoria hasta el décimo día anterior a la votación.
  • Se presenta en cualquier oficina de Correos, personalmente y con DNI original; no se admite fotocopia.
  • Enfermedad o incapacidad: certificación médica oficial y gratuita y representante con autorización notarial o consular individual.
  • Un representante no puede representar a más de un elector.
  • Correos remite la documentación a la Oficina del Censo Electoral en tres días.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien no vaya a estar en su localidad o no pueda acudir puede votar por correo: lo pide en Correos, en persona y con DNI, desde la convocatoria hasta el décimo día anterior a la votación.

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Artículo 86. Secreto del voto y desarrollo de la votación

El artículo 86 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, regula el secreto del voto y la forma de votar ante la Mesa.

Secreto: el voto es secreto.

Lugar: los electores solo pueden votar en la sección y, dentro de ella, en la Mesa Electoral que les corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo 79.1. Se acercan a la Mesa de uno en uno, tras pasar, si lo desean, por la cabina, situada en la misma habitación en un lugar intermedio entre la entrada y la Mesa; dentro de ella el votante puede elegir las papeletas e introducirlas en los sobres.

Identificación y depósito: cada elector manifiesta su nombre y apellidos al Presidente. Los Vocales e interventores comprueban, por las listas del censo o las certificaciones aportadas, su derecho a votar y su identidad, conforme al artículo anterior. El elector entrega por su propia mano al Presidente el sobre o sobres cerrados; este, sin ocultarlos a la vista del público, dice en voz alta el nombre del elector y, añadiendo «Vota», le devuelve los sobres para que los deposite en la urna o urnas.

Listas de votantes: los Vocales y, en su caso, los Interventores que lo deseen anotan en una lista numerada el nombre y apellidos de los votantes por orden de votación, con el número del censo o la certificación censal aportada. Existe una lista numerada por cada Cámara de las Cortes Generales y, en su caso, por cada Asamblea Legislativa autonómica, Corporación Local o Parlamento Europeo. Todo elector puede examinar si ha sido bien anotado.

Datos clave

  • El voto es secreto.
  • Se vota en la Sección y Mesa que corresponda, salvo el artículo 79.1.
  • La cabina se sitúa en la misma habitación, entre la entrada y la Mesa.
  • El elector entrega el sobre al Presidente, que dice su nombre y «Vota», y el elector lo deposita en la urna.
  • Lista numerada de votantes por cada elección; el elector puede comprobar su anotación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El voto es secreto y se emite en la Mesa propia: el elector se identifica, entrega el sobre al Presidente, que dice su nombre y «Vota», y lo deposita él mismo en la urna; se anota en una lista numerada.

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Artículo 95. Escrutinio en la Mesa

El artículo 95 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, regula el escrutinio en las Mesas electorales.

Inicio: terminada la votación, comienza acto seguido el escrutinio.

Carácter: el escrutinio es público y no se suspenderá, salvo causas de fuerza mayor, aunque concurran varias elecciones. El Presidente ordenará la inmediata expulsión de quienes entorpezcan o perturben su desarrollo.

Orden en caso de elecciones coincidentes: primero, las papeletas del Parlamento Europeo; después, las del Congreso de los Diputados; después, las del Senado; después, las de las Entidades Locales; después, las de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma; y después, las de los Cabildos Insulares.

Mecánica: el Presidente extrae uno a uno los sobres de la urna y lee en alta voz la denominación de la candidatura o, en su caso, el nombre de los candidatos votados, mostrando cada papeleta a los vocales, interventores y apoderados. Si algún notario en ejercicio de sus funciones, representante de la lista o miembro de una candidatura duda sobre el contenido de una papeleta, podrá pedirla en el acto para examinarla y deberá concedérsele.

Datos clave

  • El escrutinio comienza inmediatamente tras la votación.
  • Es público y solo se suspende por fuerza mayor.
  • Orden: Parlamento Europeo, Congreso, Senado, Entidades Locales, Asamblea autonómica y Cabildos Insulares.
  • El Presidente extrae y lee los sobres uno a uno.
  • Notarios, representantes y candidatos pueden pedir examinar una papeleta dudosa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tras la votación empieza en el acto el escrutinio en la Mesa, público y sin suspensión salvo fuerza mayor; con elecciones coincidentes se sigue un orden fijo empezando por el Parlamento Europeo.

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Artículo 103. Escrutinio general

El artículo 103 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, regula el momento y el carácter del escrutinio general, que sigue al escrutinio practicado en cada Mesa.

Momento y órgano: el escrutinio general se realiza el quinto día siguiente al de la votación, por la Junta Electoral que corresponda según las disposiciones especiales de la Ley para cada tipo de elección.

Carácter: el escrutinio general es un acto único y tiene carácter público.

Datos clave

  • Fecha: el quinto día siguiente al de la votación.
  • Lo realiza la Junta Electoral que corresponda según las disposiciones especiales.
  • Es un acto único.
  • Tiene carácter público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tras el escrutinio de cada Mesa llega el escrutinio general: lo hace la Junta Electoral competente para cada tipo de elección y es un acto único y público.

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Artículo 108. Actas de escrutinio, reclamaciones y proclamación de electos

El artículo 108 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, regula las actas del escrutinio general, las reclamaciones y la proclamación de electos.

1. Actas. Concluido el escrutinio, la Junta Electoral extiende por triplicado un acta de escrutinio de la circunscripción con el número de electores según las listas del censo y las certificaciones censales, de votantes, de votos de cada candidatura, de votos en blanco y de votos nulos. Se extiende también un acta de la sesión con las incidencias. Ambas las firman el Presidente, los Vocales y el Secretario de la Junta y los representantes y apoderados generales acreditados.

2. Reclamaciones. Los representantes y apoderados disponen de un día para presentar reclamaciones y protestas, que solo pueden referirse a incidencias recogidas en las actas de sesión de las Mesas o en el acta de la sesión de escrutinio de la Junta.

3. Resolución y recurso. La Junta resuelve por escrito en el plazo de un día. Su resolución puede recurrirse ante la propia Junta en el plazo de un día. Al día siguiente de interponerse el recurso, la Junta remite el expediente con su informe a la Junta Electoral Central y emplaza a los representantes de las candidaturas para comparecer ante ella dentro del día siguiente. La Junta Electoral Central, previa audiencia de las partes por plazo no superior a dos días, resuelve dentro del día siguiente y traslada su resolución a las Juntas competentes para la proclamación.

4. Proclamación. Sin reclamaciones o resueltas estas, las Juntas proceden, dentro del día siguiente, a la proclamación de electos, computándose como votos válidos los obtenidos por cada candidatura más los votos en blanco.

4 bis. Suspensión cautelar por ilegalización. Desde la votación hasta la proclamación, el Gobierno a través de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal pueden presentar ante la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 LOPJ un escrito motivado anunciando la demanda de ilegalización o el incidente de ejecución (artículos 11 y 12.3 de la Ley Orgánica 6/2002), que deberá presentarse en un plazo no superior a quince días, y solicitar la suspensión cautelar de la proclamación de los electos del partido afectado, de sus federaciones o coaliciones, o de agrupaciones de electores que pudieran estar vinculadas a él o a un partido ya ilegalizado. La Sala resuelve sobre la suspensión en los dos días siguientes. Al resolver la admisión, se pronuncia sobre la continuidad de la suspensión; si la resolución final declara la ilegalización o la sucesión, declarará también la no proclamación de esos electos. Las subvenciones del artículo 127.2 no se pagan mientras subsista la suspensión y solo si la demanda o el incidente se desestiman. Además, en cualquier momento del mandato de los electos de agrupaciones de electores, cabe pedir que se declare su vinculación con un partido ilegalizado o cuya ilegalización se pretende.

5. Acta de proclamación. Se extiende por triplicado, la suscriben el Presidente y el Secretario de la Junta y contiene el número de electores, votantes, votos de cada candidatura, votos en blanco, válidos y nulos, escaños de cada candidatura y relación nominal de electos, así como las reclamaciones, recursos y sus resoluciones.

6. Destino de los ejemplares: uno lo archiva la Junta; el segundo se remite a la Cámara o Corporación de los electos; el tercero, a la Junta Electoral Central, que en el periodo de cuarenta días publica en el «Boletín Oficial del Estado» los resultados generales y por circunscripciones, sin perjuicio de los recursos contencioso-electorales.

7. Se entregan copias certificadas del acta a los representantes que lo soliciten y credenciales a los electos, que la Junta puede remitir a través del representante de la candidatura.

8. Al tomar posesión, y para adquirir la plena condición de su cargo, los electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución y cumplir los demás requisitos legales o reglamentarios.

Datos clave

  • Acta de escrutinio por triplicado.
  • Reclamaciones y protestas: un día; resolución de la Junta: un día; recurso ante la propia Junta: un día.
  • Audiencia ante la Junta Electoral Central: no superior a dos días; resuelve dentro del día siguiente.
  • Proclamación dentro del día siguiente; votos válidos = votos a candidaturas más votos en blanco.
  • Suspensión cautelar de la proclamación: demanda en máximo quince días; la Sala resuelve en dos días.
  • La Junta Electoral Central publica los resultados en el BOE en el periodo de cuarenta días.
  • Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución para adquirir la plena condición del cargo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Del escrutinio general a la proclamación: actas por triplicado, reclamaciones y recursos en plazos de un día, recurso ante la Junta Electoral Central, proclamación, suspensión por ilegalización y juramento o promesa.

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Artículo 109. Objeto del recurso contencioso-electoral

El artículo 109 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, delimita el objeto del recurso contencioso-electoral, cauce específico de control jurisdiccional del resultado de las elecciones.

Pueden ser objeto de recurso contencioso-electoral:

  • Los acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos.
  • La elección y proclamación de los Presidentes de las Corporaciones Locales.

De este modo, el recurso se dirige contra el acto final del proceso electoral, la proclamación de electos, así como contra la elección y proclamación de quienes presiden las Corporaciones Locales.

Datos clave

  • Recurrible: los acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos.
  • Recurrible: la elección y proclamación de los Presidentes de las Corporaciones Locales.
  • Se trata de un recurso específico: el recurso contencioso-electoral.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El recurso contencioso-electoral solo cabe contra dos actos: los acuerdos de las Juntas sobre proclamación de electos y la elección y proclamación de los Presidentes de las Corporaciones Locales.

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Artículo 161. Circunscripciones para Congreso y Senado

El artículo 161 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, determina las circunscripciones electorales para la elección de Diputados y Senadores.

Regla general: para la elección de Diputados y Senadores, cada provincia constituye una circunscripción electoral. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla son consideradas, cada una de ellas, circunscripciones electorales.

Excepción insular para el Senado: en las provincias insulares, a efectos de la elección de Senadores, son circunscripciones cada una de las siguientes islas: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma.

Datos clave

  • La circunscripción es la provincia, para Diputados y Senadores.
  • Ceuta y Melilla son, cada una, una circunscripción.
  • En el Senado, en las provincias insulares la circunscripción es cada isla.
  • Islas circunscripción: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma (once).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para Congreso y Senado la circunscripción es la provincia, y Ceuta y Melilla lo son cada una; para el Senado, en las provincias insulares, la circunscripción es la isla.

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Artículo 162. Composición del Congreso y reparto de Diputados

El artículo 162 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, fija el número de Diputados y su distribución entre circunscripciones.

Composición: el Congreso está formado por trescientos cincuenta Diputados.

Mínimo inicial: a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Ceuta y Melilla están representadas cada una por un Diputado.

Reparto de los doscientos cuarenta y ocho restantes, en proporción a la población:

a) Se obtiene una cuota de reparto dividiendo por doscientos cuarenta y ocho la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares.

b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir su población de derecho por la cuota de reparto.

c) Los Diputados restantes se asignan, uno a cada una, a las provincias cuyo cociente tenga una fracción decimal mayor.

El Decreto de convocatoria debe especificar el número de Diputados a elegir en cada circunscripción.

Datos clave

  • Congreso: trescientos cincuenta Diputados.
  • Mínimo inicial: dos Diputados por provincia.
  • Ceuta y Melilla: un Diputado cada una.
  • Doscientos cuarenta y ocho Diputados se reparten en proporción a la población de derecho.
  • Restos: a las provincias con mayor fracción decimal.
  • El Decreto de convocatoria fija los Diputados de cada circunscripción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Congreso tiene trescientos cincuenta Diputados: dos iniciales por provincia, uno para Ceuta y otro para Melilla, y los doscientos cuarenta y ocho restantes por población con cuota de reparto y mayores restos.

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Artículo 163. Atribución de escaños en el Congreso

El artículo 163 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, establece las reglas de atribución de escaños en las elecciones al Congreso.

Reglas:

a) No se tienen en cuenta las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el 3 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción.

b) Se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de votos de las restantes candidaturas.

c) Se divide el número de votos de cada candidatura por 1, 2, 3, etcétera, hasta un número igual al de escaños de la circunscripción. Los escaños se atribuyen a las candidaturas con los cocientes mayores, en orden decreciente.

Ejemplo práctico legal: 480.000 votos válidos en una circunscripción que elige ocho Diputados, repartidos entre seis candidaturas: A (168.000), B (104.000), C (72.000), D (64.000), E (40.000) y F (32.000). Los ocho cocientes mayores son: A 168.000; B 104.000; A 84.000; C 72.000; D 64.000; A 56.000; B 52.000; A 42.000. Resultado: A obtiene cuatro escaños, B dos y C y D uno cada una.

d) Empates: si coinciden dos cocientes de distintas candidaturas, el escaño se atribuye a la que mayor número total de votos haya obtenido. Si dos candidaturas tienen igual número total de votos, el primer empate se resuelve por sorteo y los sucesivos de forma alternativa.

e) Los escaños de cada candidatura se adjudican a sus candidatos por el orden de colocación en que aparezcan.

Ceuta y Melilla: se proclama electo el candidato que mayor número de votos haya obtenido.

Datos clave

  • Barrera electoral: 3 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción.
  • Divisores 1, 2, 3… hasta el número de escaños de la circunscripción.
  • Escaños a los cocientes mayores en orden decreciente.
  • Empate de cocientes: gana la candidatura con más votos totales; con igual total, primer empate por sorteo y sucesivos de forma alternativa.
  • Adjudicación a los candidatos por el orden de colocación en la lista.
  • Ceuta y Melilla: resulta electo el candidato más votado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reparto de escaños del Congreso: barrera del 3 por 100 en la circunscripción, división de los votos por 1, 2, 3… y escaños a los cocientes mayores; empates por votos totales y, si persisten, sorteo.

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Artículo 165. Número de Senadores

El artículo 165 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, determina el número de Senadores elegidos en cada circunscripción y los designados por las Comunidades Autónomas.

Circunscripciones provinciales: en cada una se eligen cuatro Senadores.

Circunscripciones insulares: tres Senadores en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

Ceuta y Melilla: cada una elige dos Senadores.

Senadores autonómicos: las Comunidades Autónomas designan además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. La designación corresponde a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, conforme a sus Estatutos, que aseguran en todo caso la adecuada representación proporcional. El número de Senadores de cada Comunidad se determina tomando como referencia el censo de población de derecho vigente en el momento de las últimas elecciones generales al Senado.

Datos clave

  • Circunscripción provincial: cuatro Senadores.
  • Gran Canaria, Mallorca y Tenerife: tres Senadores cada una.
  • Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma: uno cada una.
  • Ceuta y Melilla: dos Senadores cada una.
  • Comunidades Autónomas: un Senador más otro por cada millón de habitantes.
  • Designación por la Asamblea Legislativa autonómica con adecuada representación proporcional.
  • Referencia: censo de población de derecho vigente en las últimas elecciones generales al Senado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuántos Senadores elige cada circunscripción (cuatro por provincia, tres o uno por isla, dos por Ceuta y Melilla) y cuántos designan las Comunidades Autónomas: uno más otro por cada millón de habitantes.

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Artículo 1. Libertad de creación y afiliación

El artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, consagra la libertad de creación de partidos y la libertad de afiliación.

Libertad de creación: los ciudadanos de la Unión Europea podrán crear libremente partidos políticos conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la propia ley orgánica.

Libertad de afiliación: la afiliación a un partido político es libre y voluntaria. Nadie puede ser obligado a constituir un partido o a integrarse o a permanecer en el mismo (vertiente positiva y negativa de la libertad).

Agrupaciones de partidos: los partidos políticos podrán constituir e inscribir federaciones, confederaciones y uniones de partidos mediante el cumplimiento de lo previsto en el capítulo y previo acuerdo expreso de sus órganos competentes.

Datos clave

  • Titulares del derecho a crear partidos: los ciudadanos de la Unión Europea.
  • La afiliación es libre y voluntaria.
  • Nadie puede ser obligado a constituir un partido, a integrarse o a permanecer en él.
  • Los partidos pueden constituir e inscribir federaciones, confederaciones y uniones de partidos.
  • Requisito: acuerdo expreso previo de sus órganos competentes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres libertades en uno: crear partidos conforme a la Constitución y a la ley, afiliarse o no (nadie puede ser obligado) y agrupar partidos en federaciones, confederaciones y uniones.

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Artículo 2. Capacidad para constituir

El artículo 2 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, regula quién puede promover un partido y la posibilidad de crear organizaciones juveniles.

Promotores: deben ser personas físicas, mayores de edad, que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, no estén sujetos a ninguna condición legal para el ejercicio de los mismos y no hayan sido penalmente condenados por asociación ilícita, o por alguno de los delitos graves previstos en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal. Esta última causa de incapacidad no afectará a quienes hayan sido judicialmente rehabilitados.

Organizaciones juveniles: los partidos políticos constituidos podrán establecer en sus estatutos la creación y reconocimiento de organizaciones juveniles.

Datos clave

  • Promotores: personas físicas y mayores de edad.
  • Deben estar en pleno ejercicio de sus derechos y no sujetos a condición legal para ejercerlos.
  • Incapacidad: condena penal por asociación ilícita o por delitos graves de los Títulos XXI a XXIV del Código Penal.
  • La incapacidad por condena no afecta a los judicialmente rehabilitados.
  • Los estatutos pueden prever organizaciones juveniles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién puede promover un partido: personas físicas mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos y sin condena por asociación ilícita o delitos graves de los Títulos XXI a XXIV del Código Penal, salvo rehabilitación.

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Artículo 3. Constitución, Estatutos y personalidad jurídica

El artículo 3 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, regula el acta fundacional, la denominación, el contenido mínimo de los estatutos y la adquisición de personalidad jurídica.

1. Acta fundacional. El acuerdo de constitución se formaliza mediante acta fundacional, que debe constar en documento público y contener, en todo caso: la identificación personal de los promotores, la denominación del partido, los integrantes de los órganos directivos provisionales, el domicilio y los estatutos.

Denominación: no podrá incluir términos o expresiones que induzcan a error o confusión sobre su identidad o que sean contrarias a las leyes o los derechos fundamentales. Tampoco podrá coincidir, asemejarse o identificarse, aun fonéticamente, con la de ningún otro partido previamente inscrito en el Registro, con la de algún partido integrante, como resultado de una fusión, de un partido inscrito cuando ello se acredite por cualquier medio de prueba válido en derecho, o con la de algún partido declarado ilegal, disuelto o suspendido por decisión judicial; ni con la identificación de personas físicas, o con la denominación de entidades preexistentes o marcas registradas.

2. Contenido mínimo de los estatutos:

a) Denominación y siglas.

b) Símbolo, con su descripción y representación gráfica.

c) Domicilio (localidad, provincia, calle y código postal).

d) Sitio web y dirección electrónica.

e) Ámbito de actuación: estatal, autonómico, provincial o local.

f) Fines.

g) Requisitos y modalidades de admisión y baja de los afiliados.

h) Derechos y deberes de los afiliados y su régimen disciplinario conforme al artículo 8.

i) Órganos de gobierno y representación, composición, plazos de renovación (como máximo cada cuatro años), atribuciones, órganos competentes para convocar los órganos colegiados, plazo mínimo de convocatoria, duración, forma de elaborar el orden del día (incluido el número de miembros exigidos para proponer puntos), reglas de deliberación y mayoría para adoptar acuerdos, que por regla general será la mayoría simple de los presentes, sean miembros de pleno derecho o compromisarios.

j) Procedimiento de elección de los órganos directivos, directamente o por representación, que debe garantizar la participación de todos los afiliados mediante sufragio libre y secreto, y procedimientos de control democrático de los dirigentes electos.

k) Cargo u órgano que ostenta la representación legal del partido, y determinación del responsable económico-financiero y su procedimiento de designación.

l) Régimen de administración y contabilidad, que incluirá en todo caso los Libros de Contabilidad.

m) Régimen de documentación, que incluirá en todo caso el fichero de Afiliados y el Libro de Actas.

n) Indicación de si cuenta o no con patrimonio fundacional, procedencia de los recursos económicos y procedimiento de rendición de cuentas.

o) Procedimiento y órgano competente para aprobar las cuentas anuales, con obligación de remisión anual al Tribunal de Cuentas dentro del plazo legal.

p) Causas de disolución y destino del patrimonio.

q) Procedimiento de reclamación de los afiliados frente a acuerdos y decisiones de los órganos del partido.

r) Cargo u órgano encargado de la defensa y garantía de los derechos del afiliado.

s) Régimen de infracciones y sanciones de los afiliados y procedimiento para su imposición, que debe instruirse de forma contradictoria, garantizando el derecho a ser informado de los hechos, a ser oído antes de la sanción y a que el acuerdo sancionatorio sea motivado. Se establecerá en todo caso la suspensión cautelar automática de la afiliación de los afiliados incursos en un proceso penal con auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, y la sanción de expulsión de los condenados por alguno de esos delitos.

t) Cualquier otra mención exigida por esta u otra ley.

3. Comunicación de modificaciones. Los partidos deben comunicar al Registro cualquier modificación de sus estatutos y de la composición de sus órganos de gobierno y representación en el plazo máximo de tres meses desde la modificación y, en todo caso, durante el primer trimestre de cada año. Deben además publicarlos en su página web.

4. Personalidad jurídica. Los partidos adquieren personalidad jurídica por la inscripción en el Registro de Partidos Políticos, existente en el Ministerio del Interior, previa presentación del acta fundacional suscrita por los promotores y de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales.

Datos clave

  • El acta fundacional debe constar en documento público.
  • La denominación no puede coincidir ni asemejarse, aun fonéticamente, con la de otro partido inscrito o declarado ilegal, disuelto o suspendido.
  • Renovación de los órganos de gobierno y representación: como máximo cada cuatro años.
  • Mayoría general para acuerdos: mayoría simple de los presentes.
  • Elección de órganos directivos mediante sufragio libre y secreto de todos los afiliados.
  • Suspensión cautelar automática de afiliación con auto de apertura de juicio oral por delito de corrupción; expulsión si hay condena.
  • Modificaciones estatutarias: comunicación al Registro en máximo tres meses y, en todo caso, en el primer trimestre de cada año.
  • La personalidad jurídica se adquiere por inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El partido nace con un acta fundacional en documento público, se dota de estatutos con un contenido mínimo tasado y adquiere personalidad jurídica al inscribirse en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

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Artículo 4. Inscripción en el Registro

El artículo 4 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, regula la inscripción de los partidos en el Registro de Partidos Políticos y sus efectos.

Promotores: realizarán las actuaciones necesarias para la inscripción. Los promotores de partidos no inscritos responderán personal y solidariamente de las obligaciones contraídas con terceros cuando hubieren manifestado actuar en nombre del partido.

Plazo: dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la documentación completa en el Registro, el Ministerio del Interior practicará la inscripción. El plazo queda suspendido si se considera necesario iniciar alguno de los procedimientos previstos en el artículo 5.

Inscripción por transcurso del plazo: salvo suspensión del plazo, transcurridos los veinte días se entenderá producida la inscripción, que confiere la personalidad jurídica, hace pública la constitución y los estatutos, vincula a los poderes públicos y es garantía tanto para los terceros que se relacionan con el partido como para sus propios miembros.

Vigencia: la inscripción produce efectos indefinidamente mientras no se anote su suspensión o disolución, ya sea por notificación de la decisión del propio partido conforme a sus estatutos, por ser declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido, o por ser declarado judicialmente extinguido según el artículo 12 bis. Todo ello sin perjuicio del artículo 10.6 y, en cuanto al alcance y efectos de la suspensión, del artículo 11.8.

Datos clave

  • Promotores de partidos no inscritos: responsabilidad personal y solidaria frente a terceros si actuaron en nombre del partido.
  • Plazo de inscripción: veinte días desde la presentación de la documentación completa.
  • Órgano: Ministerio del Interior.
  • El plazo se suspende si se inicia alguno de los procedimientos del artículo 5.
  • Transcurridos los veinte días sin suspensión, se entiende producida la inscripción.
  • La inscripción confiere personalidad jurídica y produce efectos indefinidamente hasta que se anote su suspensión o disolución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Ministerio del Interior inscribe en veinte días desde la documentación completa; si no suspende el plazo, la inscripción se entiende producida. Los promotores de un partido no inscrito responden personal y solidariamente.

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Artículo 6. Principios democrático y de legalidad

El artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, establece los principios a los que deben ajustarse los partidos.

Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes.

Al mismo tiempo, se reconoce su libertad organizativa: los partidos políticos tienen libertad para establecer su estructura, organización y funcionamiento, con los únicos límites establecidos en el ordenamiento jurídico.

Datos clave

  • Principio democrático: rige la organización, el funcionamiento y la actividad de los partidos.
  • Principio de legalidad: sujeción a la Constitución y a las leyes.
  • Libertad organizativa para fijar estructura, organización y funcionamiento.
  • Únicos límites: los establecidos en el ordenamiento jurídico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos ideas: los partidos se ajustan a los principios democráticos, la Constitución y las leyes, y a la vez tienen libertad para organizarse con los únicos límites del ordenamiento jurídico.

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Artículo 7. Organización y funcionamiento

El artículo 7 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, concreta la exigencia de democracia interna.

1. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos deben ser democráticos, estableciendo en todo caso fórmulas de participación directa de los afiliados en los términos de sus Estatutos, especialmente en los procesos de elección del órgano superior de gobierno del partido.

2. Asamblea general: sin perjuicio de su capacidad organizativa interna, los partidos deben tener una asamblea general del conjunto de sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio de compromisarios. Como órgano superior de gobierno, le corresponde en todo caso la adopción de los acuerdos más importantes, incluida la disolución del partido.

3. Órganos directivos: se determinarán en los estatutos y deberán ser provistos mediante sufragio libre y secreto.

4. Órganos colegiados: los estatutos o los reglamentos internos deben fijar un plazo de convocatoria suficiente para preparar los asuntos, el número de miembros requerido para incluir asuntos en el orden del día, unas reglas de deliberación que permitan el contraste de pareceres y la mayoría requerida para adoptar acuerdos, que será por regla general la mayoría simple de presentes o representados.

5. Los estatutos deben prever procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos.

6. Igualdad: los partidos deben tener un plan de igualdad interno que incluya medidas para prevenir y detectar la violencia machista, y un protocolo de actuación ante la violencia machista que ejerzan, dentro o fuera de la organización, afiliados o personas no afiliadas con cargo de representación o designadas para una función específica, con independencia del nivel jerárquico o cargo público que ocupen.

Datos clave

  • Estructura interna y funcionamiento democráticos, con participación directa de los afiliados.
  • Asamblea general: órgano superior de gobierno; actúa directamente o mediante compromisarios.
  • La disolución del partido corresponde a la asamblea general.
  • Órganos directivos provistos mediante sufragio libre y secreto.
  • Mayoría general en órganos colegiados: mayoría simple de presentes o representados.
  • Obligación de plan de igualdad interno y de protocolo frente a la violencia machista.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Democracia interna obligatoria: participación directa de los afiliados, asamblea general como órgano superior, directivos por sufragio libre y secreto, mayoría simple como regla, control de dirigentes y plan de igualdad.

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Artículo 8. Derechos y deberes de los afiliados

El artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, regula la condición de afiliado y sus derechos y deberes.

Requisitos: los afiliados deben ser personas físicas, mayores de edad, y no tener limitada ni restringida su capacidad de obrar.

Modalidades: los estatutos podrán establecer diferentes modalidades de afiliación en función del nivel de vinculación al partido. Los afiliados de una misma modalidad tendrán iguales derechos y deberes.

Fichero: los partidos dejarán constancia de la afiliación en el correspondiente fichero, regido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Derechos mínimos de los afiliados de mayor vinculación:

a) Participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación, ejercer el derecho de voto y asistir a la Asamblea general, de acuerdo con los estatutos.

b) Ser electores y elegibles para los cargos del partido.

c) Ser informados sobre la composición de los órganos directivos y de administración, las decisiones adoptadas, las actividades realizadas y la situación económica.

d) Impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos.

e) Acudir al órgano encargado de la defensa de los derechos del afiliado.

El resto de afiliados gozarán de los derechos que determinen los estatutos.

Deberes mínimos de los afiliados:

a) Compartir las finalidades del partido y colaborar para su consecución.

b) Respetar los estatutos y las leyes.

c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos.

d) Abonar las cuotas y otras aportaciones que correspondan según la modalidad de afiliación.

Datos clave

  • Afiliados: personas físicas, mayores de edad y sin capacidad de obrar limitada ni restringida.
  • Posibles modalidades de afiliación según el nivel de vinculación; igualdad dentro de cada modalidad.
  • El fichero de afiliados se rige por la normativa de protección de datos personales.
  • Cinco derechos mínimos: participación y voto, sufragio activo y pasivo, información, impugnación y acceso al órgano de defensa del afiliado.
  • Cuatro deberes mínimos: compartir fines, respetar estatutos y leyes, acatar acuerdos y abonar cuotas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién puede afiliarse (persona física, mayor de edad, sin capacidad de obrar limitada), las modalidades de afiliación y los derechos y deberes mínimos de los afiliados.

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Artículo 9. Actividad

El artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, regula la actividad de los partidos y las conductas que determinan su ilegalización.

1. Libertad de actividad. Los partidos ejercerán libremente sus actividades, respetando los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos, y desarrollarán sus funciones constitucionales de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo.

2. Causa de ilegalización. Un partido será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:

a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.

b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para conseguir objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas.

c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a personas o grupos o a la población, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo e intimidación que genera.

3. Conductas indiciarias. Concurren esas circunstancias cuando se produzca la repetición o acumulación de alguna de estas conductas:

a) Dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando sus acciones o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta.

b) Acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación civil ligada a la actividad terrorista, o que persiguen intimidar, hacer desistir, neutralizar o aislar socialmente a quienes se oponen a ella.

c) Incluir regularmente en sus órganos directivos o listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y medios terroristas, o mantener un amplio número de afiliados con doble afiliación a organizaciones vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que se hayan adoptado medidas disciplinarias conducentes a su expulsión.

d) Utilizar símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con el terrorismo o la violencia.

e) Ceder a los terroristas o a quienes colaboran con ellos los derechos y prerrogativas que el ordenamiento, y en concreto la legislación electoral, concede a los partidos.

f) Colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúen sistemáticamente de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo.

g) Apoyar desde las instituciones en que se gobierna, con medidas administrativas, económicas o de otro orden, a dichas entidades.

h) Promover, dar cobertura o participar en actividades que recompensen, homenajeen o distingan las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen o colaboran con ellas.

i) Dar cobertura a acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la violencia.

4. Valoración. Para apreciar estas actividades y su continuidad a lo largo de la trayectoria del partido, aunque haya cambiado de denominación, se tendrán en cuenta las resoluciones, documentos y comunicados del partido, de sus órganos y de sus Grupos parlamentarios y municipales; sus actos públicos y convocatorias; las manifestaciones y compromisos públicos de sus dirigentes y miembros de esos Grupos; las propuestas formuladas dentro o fuera de las instituciones; y las actitudes significativamente repetidas de afiliados o candidatos. También se considerarán las sanciones administrativas impuestas al partido o a sus miembros y las condenas penales de sus dirigentes, candidatos, cargos electos o afiliados por delitos de los Títulos XXI a XXIV del Código Penal, sin que se hayan adoptado medidas disciplinarias conducentes a su expulsión.

Datos clave

  • Las conductas de ilegalización deben realizarse de forma reiterada y grave.
  • Tres conductas básicas: vulnerar sistemáticamente derechos fundamentales, legitimar la violencia y apoyar políticamente a organizaciones terroristas.
  • Nueve conductas indiciarias (letras a a i) cuya repetición o acumulación revela la causa de ilegalización.
  • Se valora la trayectoria aunque el partido haya cambiado de denominación.
  • Se tienen en cuenta condenas por delitos de los Títulos XXI a XXIV del Código Penal sin expulsión del condenado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los partidos actúan libremente, pero se ilegalizan si vulneran los principios democráticos con conductas reiteradas y graves: tres conductas básicas, nueve indiciarias y una lista de lo que se valora.

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Artículo 10. Disolución o suspensión judicial

El artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, regula la disolución y la suspensión judicial de los partidos.

1. Además de por decisión de sus miembros, conforme a las causas y procedimientos estatutarios, procede la disolución o, en su caso, la suspensión de un partido por decisión de la autoridad judicial competente. La disolución surte efectos desde su anotación en el Registro de Partidos Políticos, previa notificación del propio partido o del órgano judicial que la decrete.

2. Causas de disolución judicial:

a) Incurrir en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal.

b) Vulnerar de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos (artículos 7 y 8).

c) Que, de forma reiterada y grave, su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas del artículo 9.

3. Suspensión judicial: solo procede si así lo dispone el Código Penal. Puede acordarse también como medida cautelar, en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en los términos del artículo 11.8.

4. Órganos competentes:

  • Supuesto a): Juez competente en el orden jurisdiccional penal, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.
  • Supuestos b) y c): Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el procedimiento del artículo 11, que tendrá carácter preferente.

5. Coincidencia de procedimientos: la coincidencia temporal de ambos procesos judiciales respecto de un mismo partido no interfiere en la continuación de ambos, produciendo cada uno sus efectos. No podrá acordarse la disolución voluntaria de un partido cuando se haya iniciado un proceso de declaración judicial de ilegalidad.

Datos clave

  • La disolución surte efectos desde su anotación en el Registro de Partidos Políticos.
  • Tres causas de disolución judicial: asociación ilícita, falta grave y reiterada de democracia interna y actividad contraria a los principios democráticos (art. 9).
  • Asociación ilícita: la resuelve el juez del orden penal.
  • Causas b) y c): Sala especial del Tribunal Supremo del artículo 61 LOPJ, por procedimiento preferente.
  • La suspensión judicial solo procede si lo dispone el Código Penal o como medida cautelar.
  • Iniciado un proceso de ilegalización, no cabe la disolución voluntaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Un partido se disuelve por decisión de sus miembros o del juez. Hay tres causas de disolución judicial: la asociación ilícita la ve el juez penal; la falta de democracia interna y las conductas del art. 9, la Sala especial del Supremo.

Esquema

Disolución judicial: quién decide
Órgano competenteProcedimiento
a) Asociación ilícitaJuez del orden jurisdiccional penalLOPJ, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Penal
b) Falta de democracia internaSala especial del Tribunal Supremo (art. 61 LOPJ)El del artículo 11, con carácter preferente
c) Conductas del artículo 9Sala especial del Tribunal Supremo (art. 61 LOPJ)El del artículo 11, con carácter preferente

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Artículo 11. Procedimiento

El artículo 11 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, regula el procedimiento de declaración de ilegalidad ante la Sala especial del Tribunal Supremo.

1. Legitimación. Están legitimados para instar la declaración de ilegalidad y la consecuente disolución por las causas b) y c) del artículo 10.2 el Gobierno y el Ministerio Fiscal. El Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Gobierno a que solicite la ilegalización, quedando el Gobierno obligado a formalizar la solicitud, previa deliberación del Consejo de Ministros, por las causas del artículo 9. La tramitación de este acuerdo se ajusta al procedimiento establecido por la Mesa del Congreso y del Senado, respectivamente.

2. Demanda. Se presenta ante la Sala especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, adjuntando los documentos que acrediten los motivos de ilegalidad.

3. Emplazamiento y admisión. La Sala emplaza inmediatamente al partido afectado y, en su caso, a las personas electas en candidaturas de agrupaciones de electores, para que comparezcan en el plazo de ocho días. Después, la Sala analiza la admisión y puede inadmitir la demanda mediante auto si: a) se interpuso por persona no legitimada o no debidamente representada; b) manifiestamente no se cumplen los requisitos sustantivos o de forma; c) la demanda carece manifiestamente de fundamento. La posible causa de inadmisión se pone de manifiesto a las partes para alegaciones en el plazo común de diez días.

4. Contestación: admitida la demanda, se emplaza al demandado para contestar en el plazo de veinte días.

5. Prueba: si las partes lo proponen o la Sala lo considera necesario, se abre un período de prueba regido por los capítulos V y VI del Título I del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

6. Alegaciones y sentencia: se da vista de la prueba a las partes para alegaciones por plazo sucesivo de veinte días; transcurrido, el proceso queda concluso para sentencia, que debe dictarse en veinte días.

7. Sentencia. Puede declarar la disolución o desestimar la demanda; no es objeto de recurso alguno, sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y es ejecutiva desde su notificación. Si se decreta la disolución, la Sala ordena cancelar la inscripción registral. En su caso, declara también si existe vinculación con el partido ilegalizado de las candidaturas de agrupaciones de electores. Si se desestima, la demanda solo podrá reiterarse si se presentan nuevos elementos de hecho suficientes para valoraciones distintas.

8. Medidas cautelares. Durante el proceso, de oficio o a instancia de parte, la Sala puede adoptar cualquiera de las medidas cautelares de la Ley de Enjuiciamiento Civil; en particular, la suspensión cautelar de las actividades del partido hasta la sentencia, ordenando la anotación preventiva en el Registro de Partidos Políticos.

Datos clave

  • Legitimados: el Gobierno y el Ministerio Fiscal.
  • Congreso o Senado pueden instar al Gobierno, que queda obligado a solicitar la ilegalización previa deliberación del Consejo de Ministros.
  • Órgano: Sala especial del Tribunal Supremo del artículo 61 LOPJ.
  • Comparecencia: ocho días; alegaciones sobre inadmisión: diez días comunes.
  • Contestación: veinte días; alegaciones sobre la prueba: veinte días sucesivos; sentencia: veinte días.
  • Sentencia sin recurso, salvo amparo ante el Tribunal Constitucional, y ejecutiva desde su notificación.
  • Cabe suspensión cautelar de actividades con anotación preventiva en el Registro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Procedimiento de ilegalización ante la Sala especial del Supremo: lo instan el Gobierno o el Fiscal, con plazos de ocho, diez y veinte días, y la sentencia no admite recurso salvo amparo y es ejecutiva desde su notificación.

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Artículo 12. Efectos de la disolución judicial

El artículo 12 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, regula los efectos de la disolución judicial de un partido.

1. La disolución judicial produce los efectos previstos en las leyes y, en particular:

a) Tras la notificación de la sentencia, cese inmediato de toda la actividad del partido disuelto. Su incumplimiento genera responsabilidad conforme al Código Penal.

b) Los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de la ley. Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido o la utilización de otro ya inscrito que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto.

c) Apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario.

2. Ejecución: corresponde a la Sala sentenciadora asegurar, en ejecución de sentencia, que se respeten y ejecuten todos los efectos legales de la disolución.

3. Partidos sucesores: corresponde a la Sala sentenciadora, previa audiencia de los interesados, declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto. Para determinar la conexión tendrá en cuenta la similitud sustancial de ambos partidos, de su estructura, organización y funcionamiento, de las personas que los componen, rigen, representan o administran, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de otras circunstancias relevantes, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo. Además de las partes del proceso, pueden instar el pronunciamiento el Ministerio del Interior y el Ministerio Fiscal, cuando se presente el partido para su inscripción conforme a los artículos 4 y 5.

4. La Sala rechazará fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con manifiesto abuso de derecho o que entrañen abuso de la personalidad jurídica, fraude de ley o procesal.

Datos clave

  • Cese inmediato de toda la actividad tras la notificación de la sentencia.
  • Se presume fraudulento el nuevo partido que continúe o suceda al disuelto.
  • Liquidación patrimonial por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora.
  • El patrimonio neto se destina por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario.
  • La Sala sentenciadora declara la improcedencia de la sucesión, previa audiencia de los interesados.
  • Pueden instar ese pronunciamiento también el Ministerio del Interior y el Ministerio Fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué pasa tras disolver judicialmente un partido: cese inmediato de su actividad, presunción de fraude para el partido sucesor y liquidación del patrimonio, con la Sala sentenciadora vigilando la ejecución.

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