Oposhark

Tema 68: Los servicios sociales: competencias de la Comunidad Autónoma. El sistema andaluz de servicios sociales. Protección a la familia. Protección de menores. Atención y protección a las personas mayores. Atención a las personas con discapacidad. Inmigración. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Regímenes jurídicos.

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Artículo 2. Interés superior del menor.

El artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, regula el interés superior del menor, sus criterios de interpretación y las garantías del proceso.

1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor.

2. A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:

a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas.

b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las necesidades del menor sobre las de la familia.

d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.

3. Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:

a) La edad y madurez del menor.

b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su orientación e identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante de asilo o protección subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o cualquier otra característica o circunstancia relevante.

c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.

d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro.

e) La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.

f) Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores.

Los anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara.

4. En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes.

En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados.

5. Toda resolución de cualquier orden jurisdiccional y toda medida en el interés superior de la persona menor de edad deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en particular:

a) Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.

b) La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para determinar las específicas necesidades de los niños con discapacidad. En las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contará con el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados.

c) La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor o de un defensor judicial si hubiera conflicto de interés o discrepancia con ellos y del Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses. Se presumirá que existe un conflicto de interés cuando la opinión de la persona menor de edad sea contraria a la medida que se adopte sobre ella o suponga una restricción de sus derechos.

d) La adopción de una decisión que incluya en su motivación los criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros intereses presentes y futuros, y las garantías procesales respetadas.

e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisión adoptada que no haya considerado el interés superior del menor como primordial o en el caso en que el propio desarrollo del menor o cambios significativos en las circunstancias que motivaron dicha decisión hagan necesario revisarla. Los menores gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los casos legalmente previstos.

Datos clave

  • Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan.
  • Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretan de forma restrictiva.
  • Se prioriza la permanencia en la familia de origen y, en caso de medida de protección, el acogimiento familiar frente al residencial.
  • Los elementos se valoran conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad.
  • Si no pueden respetarse todos los intereses legítimos, prima el interés superior del menor.
  • Se presume conflicto de interés cuando la opinión del menor sea contraria a la medida que se adopte sobre él.
  • En decisiones especialmente relevantes se cuenta con el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El interés superior del menor se valora como primordial en toda decisión que le afecte, pública o privada. La ley fija criterios para concretarlo, elementos para ponderarlos y garantías procesales que debe respetar cualquier resolución.

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Artículo 12. Actuaciones de protección.

El artículo 12 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, regula las actuaciones de protección de los menores por los poderes públicos.

1. La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. En las actuaciones de protección deberán primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas.

2. Los poderes públicos velarán para que los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitarán servicios accesibles de prevención, asesoramiento y acompañamiento en todas las áreas que afectan al desarrollo de los menores.

3. Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, las actuaciones de los poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de los menores, con independencia de su edad, con aquella, así como su protección, atención especializada y recuperación.

4. Cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad. A tal efecto, el Fiscal deberá realizar un juicio de proporcionalidad que pondere adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable. La realización de pruebas médicas para la determinación de la edad de los menores se someterá al principio de celeridad, exigirá el previo consentimiento informado del afectado y se llevará a cabo con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente. No podrán realizarse, en ningún caso, desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas.

Asimismo, una vez adoptada la medida de guarda o tutela respecto a personas menores de edad que hayan llegado solas a España, las Entidades Públicas comunicarán la adopción de dicha medida al Ministerio del Interior, a efectos de inscripción en el Registro Estatal correspondiente.

5. Las Entidades Públicas garantizarán los derechos reconocidos en esta ley a las personas menores de edad desde el momento que accede por primera vez a un recurso de protección y proporcionarán una atención inmediata integral y adecuada a sus necesidades, evitando la prolongación de las medidas de carácter provisional y de la estancia en los recursos de primera acogida.

6. Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de menores de tres años se revisará cada tres meses, y respecto de mayores de esa edad se revisará cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisión tendrá lugar el primer año cada seis meses y, a partir del segundo año, cada doce meses.

7. Además, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad Pública remitirá al Ministerio Fiscal informe justificativo de la situación de un determinado menor cuando este se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento familiar temporal durante un periodo superior a dos años, debiendo justificar la Entidad Pública las causas por las que no se ha adoptado una medida protectora de carácter más estable en ese intervalo,

8. Los poderes públicos garantizarán los derechos y obligaciones de los menores con discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopción o instituciones similares, velando al máximo por el interés superior del menor. Asimismo, garantizarán que los menores con discapacidad tengan los mismos derechos respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos y a fin de prevenir su ocultación, abandono, negligencia o segregación velarán porque se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.

Datos clave

  • La protección se realiza mediante la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, la guarda y, en caso de desamparo, la tutela por ministerio de la ley.
  • Priman las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas.
  • Si no puede establecerse la mayoría de edad, la persona se considera menor mientras se determina su edad.
  • No pueden realizarse desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas.
  • Medidas no permanentes: revisión cada tres meses para menores de tres años y cada seis meses para mayores de esa edad.
  • Acogimiento permanente: revisión cada seis meses el primer año y cada doce meses a partir del segundo.
  • Informe al Ministerio Fiscal si el menor está en acogimiento residencial o familiar temporal más de dos años.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo protegen los poderes públicos al menor: prevención, detección y reparación del riesgo, guarda y tutela en el desamparo. Prioridades de las medidas, presunción de minoría de edad, límites a las pruebas de edad y plazos de revisión.

Esquema

Revisión de las medidas de protección
MedidaPeriodicidad
No permanente, menor de tres añosNo permanenteCada tres meses
No permanente, mayor de tres añosNo permanenteCada seis meses
Acogimiento permanente, primer añoPermanenteCada seis meses
Acogimiento permanente, desde el segundo añoPermanenteCada doce meses

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Artículo 17. Actuaciones en situaciones de riesgo.

El artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, define la situación de riesgo y regula la intervención de la administración pública competente.

1. Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar.

2. Serán considerados como indicadores de riesgo, entre otros:

a) La falta de atención física o psíquica del niño, niña o adolescente por parte de los progenitores, o por las personas que ejerzan la tutela, guarda, o acogimiento, que comporte un perjuicio leve para la salud física o emocional del niño, niña o adolescente cuando se estime, por la naturaleza o por la repetición de los episodios, la posibilidad de su persistencia o el agravamiento de sus efectos.

b) La negligencia en el cuidado de las personas menores de edad y la falta de seguimiento médico por parte de los progenitores, o por las personas que ejerzan la tutela, guarda o acogimiento.

c) La existencia de un hermano o hermana declarado en situación de riesgo o desamparo, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.

d) La utilización, por parte de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, del castigo habitual y desproporcionado y de pautas de corrección violentas que, sin constituir un episodio severo o un patrón crónico de violencia, perjudiquen su desarrollo.

e) La evolución negativa de los programas de intervención seguidos con la familia y la obstrucción a su desarrollo o puesta en marcha.

f) Las prácticas discriminatorias, por parte de los responsables parentales, contra los niños, niñas y adolescentes que conlleven un perjuicio para su bienestar y su salud mental y física, en particular:

1.º Las actitudes discriminatorias que por razón de género, edad o discapacidad puedan aumentar las posibilidades de confinamiento en el hogar, la falta de acceso a la educación, las escasas oportunidades de ocio, la falta de acceso al arte y a la vida cultural, así como cualquier otra circunstancia que por razón de género, edad o discapacidad, les impidan disfrutar de sus derechos en igualdad.

2.º La no aceptación de la orientación sexual, identidad de género o las características sexuales de la persona menor de edad.

g) El riesgo de sufrir ablación, mutilación genital femenina o cualquier otra forma de violencia en el caso de niñas y adolescentes basadas en el género, las promesas o acuerdos de matrimonio forzado.

h) La identificación de las madres como víctimas de trata.

i) Las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género en los términos establecidos en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

j) Los ingresos múltiples de personas menores de edad en distintos hospitales con síntomas recurrentes, inexplicables y/o que no se confirman diagnósticamente.

k) El consumo habitual de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas por las personas menores de edad.

l) La exposición de la persona menor de edad a cualquier situación de violencia doméstica o de género.

m) Cualquier otra circunstancia que implique violencia sobre las personas menores de edad que, en caso de persistir, pueda evolucionar y derivar en el desamparo del niño, niña o adolescente.

3. La intervención en la situación de riesgo corresponde a la administración pública competente conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable, en coordinación con los centros escolares y servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con las entidades colaboradoras del respectivo ámbito territorial o cualesquiera otras.

4. La valoración de la situación de riesgo conllevará la elaboración y puesta en marcha de un proyecto de intervención social y educativo familiar que deberá recoger los objetivos, actuaciones, recursos y previsión de plazos, promoviendo los factores de protección del menor y manteniendo a éste en su medio familiar. Se procurará la participación de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores en la elaboración del proyecto. En cualquier caso, será oída y tenida en cuenta la opinión de éstos en el intento de consensuar el proyecto, que deberá ser firmado por las partes, para lo que se les comunicará de manera comprensible y en formato accesible. También se comunicará y consultará con el menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce años.

5. Los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, dentro de sus respectivas funciones, colaborarán activamente, según su capacidad, en la ejecución de las medidas indicadas en el referido proyecto. La omisión de la colaboración prevista en el mismo dará lugar a la declaración de la situación de riesgo del menor.

6. La situación de riesgo será declarada por la administración pública competente conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable mediante una resolución administrativa motivada, previa audiencia a los progenitores, tutores, guardadores o acogedores y del menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce años. La resolución administrativa incluirá las medidas tendentes a corregir la situación de riesgo del menor, incluidas las atinentes a los deberes al respecto de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores. Frente a la resolución administrativa que declare la situación de riesgo del menor, se podrá interponer recurso conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

7. Cuando la administración pública competente esté desarrollando una intervención ante una situación de riesgo de un menor y tenga noticia de que va a ser trasladado al ámbito de otra entidad territorial, la administración pública de origen lo pondrá en conocimiento de la de destino al efecto de que, si procede, ésta continúe la intervención que se venía realizando, con remisión de la información y documentación necesaria. Si la administración pública de origen desconociera el lugar de destino, podrá solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin de que procedan a su averiguación. Una vez conocida la localización del menor, se pondrá en conocimiento de la Entidad Pública competente en dicho territorio, que continuará la intervención.

8. En los supuestos en que la administración pública competente para apreciar e intervenir en la situación de riesgo estime que existe una situación de desprotección que puede requerir la separación del menor de su ámbito familiar o cuando, concluido el período previsto en el proyecto de intervención o Convenio, no se hayan conseguido cambios en el desempeño de los deberes de guarda que garanticen que el menor cuenta con la necesaria asistencia moral o material, lo pondrá en conocimiento de la Entidad Pública a fin de que valore la procedencia de declarar la situación de desamparo, comunicándolo al Ministerio Fiscal.

Cuando la Entidad Pública considere que no procede declarar la situación de desamparo, pese a la propuesta en tal sentido formulada por la administración pública competente para apreciar la situación de riesgo, lo pondrá en conocimiento de la administración pública que haya intervenido en la situación de riesgo y del Ministerio Fiscal. Este último hará una supervisión de la situación del menor, pudiendo para ello recabar la colaboración de los centros escolares y los servicios sociales, sanitarios o cualesquiera otros.

9. La administración pública competente para intervenir en la situación de riesgo adoptará, en colaboración con los servicios de salud correspondientes, las medidas adecuadas de prevención, intervención y seguimiento, de las situaciones de posible riesgo prenatal, a los efectos de evitar con posterioridad una eventual declaración de situación de riesgo o desamparo del recién nacido. A tales efectos, se entenderá por situación de riesgo prenatal la falta de cuidado físico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial adictivo, así como cualquier otra acción propia de la mujer o de terceros tolerada por ésta, que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o anomalías físicas, mentales o sensoriales al recién nacido. Los servicios de salud y el personal sanitario deberán notificar esta situación a la administración pública competente, así como al Ministerio Fiscal. Tras el nacimiento se mantendrá la intervención con el menor y su unidad familiar para que, si fuera necesario, se declare la situación de riesgo o desamparo del menor para su adecuada protección.

10. La negativa de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores a prestar el consentimiento respecto de los tratamientos médicos necesarios para salvaguardar la vida o integridad física o psíquica de un menor constituye una situación de riesgo. En tales casos, las autoridades sanitarias, pondrán inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, tales situaciones a los efectos de que se adopte la decisión correspondiente en salvaguarda del mejor interés del menor.

Datos clave

  • Situación de riesgo: perjuicio al desarrollo o bienestar del menor que no alcanza la entidad del desamparo y no exige separarlo de su entorno familiar.
  • Es indicador de riesgo, entre otros, la existencia de un hermano declarado en riesgo o desamparo, salvo cambio evidente de las circunstancias.
  • La valoración conlleva un proyecto de intervención social y educativo familiar con objetivos, actuaciones, recursos y previsión de plazos.
  • Se comunica y consulta con el menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce años.
  • La omisión de la colaboración prevista en el proyecto da lugar a la declaración de la situación de riesgo.
  • La declaración se hace por resolución administrativa motivada, recurrible conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  • La negativa a consentir tratamientos médicos necesarios para salvaguardar la vida o integridad del menor constituye situación de riesgo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La situación de riesgo perjudica al menor sin llegar al desamparo y se trata sin separarlo de su familia: indicadores, proyecto de intervención consensuado, declaración por resolución motivada y paso al desamparo si no hay cambios.

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Artículo 18. Actuaciones en situación de desamparo.

El artículo 18 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, regula las actuaciones en situación de desamparo.

1. Cuando la Entidad Pública constate que el menor se encuentra en situación de desamparo, actuará en la forma prevista en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, asumiendo la tutela de aquél por ministerio de la ley, adoptando las oportunas medidas de protección y poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, se considerará situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo. Asimismo, en ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos.

Se considerará un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situación, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.

En particular se entenderá que existe situación de desamparo cuando se dé alguna o algunas de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad que, valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, supongan una amenaza para la integridad física o mental del menor:

a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde el ejercicio de la guarda, o bien porque éstas no quieran o no puedan ejercerla.

b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables legales se encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del menor y no quieran asumirla, o bien cuando, deseando asumirla, no estén en condiciones para hacerlo, salvo los casos excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser prorrogada más allá del plazo de dos años.

c) El riesgo para la vida, salud e integridad física del menor. En particular cuando se produzcan malos tratos físicos graves, abusos sexuales o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por parte de las personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de aquellas; también cuando el menor sea identificado como víctima de trata de seres humanos y haya un conflicto de intereses con los progenitores, tutores y guardadores; o cuando exista un consumo reiterado de sustancias con potencial adictivo o la ejecución de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada por parte del menor con el conocimiento, consentimiento o la tolerancia de los progenitores, tutores o guardadores. Se entiende que existe tal consentimiento o tolerancia cuando no se hayan realizado los esfuerzos necesarios para paliar estas conductas, como la solicitud de asesoramiento o el no haber colaborado suficientemente con el tratamiento, una vez conocidas las mismas. También se entiende que existe desamparo cuando se produzcan perjuicios graves al recién nacido causados por maltrato prenatal.

d) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad debido al maltrato psicológico continuado o a la falta de atención grave y crónica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de progenitores, tutores o guardadores. Cuando esta falta de atención esté condicionada por un trastorno mental grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo o por otras conductas adictivas habituales, se valorará como un indicador de desamparo la ausencia de tratamiento por parte de progenitores, tutores o guardadores o la falta de colaboración suficiente durante el mismo.

e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda como consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares, cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen el desarrollo del menor o su salud mental.

f) La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra explotación del menor de similar naturaleza o gravedad.

g) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria.

h) Cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor que traiga causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia.

3. Cada Entidad Pública designará al órgano que ejercerá la tutela de acuerdo con sus estructuras orgánicas de funcionamiento.

4. En caso de traslado permanente de residencia de un menor sujeto a una medida de protección desde la Comunidad Autónoma que la adoptó a otra distinta, corresponde a ésta asumir aquella medida o adoptar la que proceda en un plazo máximo de tres meses desde que esta última sea informada por la primera de dicho traslado. No obstante lo anterior, cuando la familia de origen del menor permanezca en la Comunidad Autónoma de origen y sea previsible una reintegración familiar a corto o medio plazo, se mantendrá la medida adoptada y la Entidad Pública del lugar de residencia del menor colaborará en el seguimiento de la evolución de éste. Tampoco será necesaria la adopción de nuevas medidas de protección en los casos de traslado temporal de un menor a un centro residencial ubicado en otra Comunidad Autónoma o cuando se establezca un acogimiento con familia residente en ella, con el acuerdo de ambas Comunidades Autónomas.

5. En los supuestos en los que se detecte una situación de posible desprotección de un menor de nacionalidad española que se encuentre fuera del territorio nacional, para su protección en España será competente la Entidad Pública correspondiente a la Comunidad Autónoma en la que residan los progenitores o tutores del menor. En su defecto, será competente la Entidad Pública correspondiente a la Comunidad Autónoma con la cual el menor o sus familiares tuvieren mayores vínculos. Cuando, conforme a tales criterios, no pudiere determinarse la competencia, será competente la Entidad Pública de la Comunidad Autónoma en la que el menor o sus familiares hubieran tenido su última residencia habitual.

En todo caso, cuando el menor que se encuentra fuera de España hubiera sido objeto de una medida de protección previamente a su desplazamiento, será competente la Entidad Pública que ostente su guarda o tutela.

Los posibles conflictos de competencia que pudieran originarse habrán de resolverse conforme a los principios de celeridad y de interés superior del menor, evitando dilaciones en la toma de decisiones que pudieran generar perjuicios al mismo.

La Administración General del Estado se encargará del traslado del menor a España. La Comunidad Autónoma que corresponda asumirá la competencia desde el momento en que el menor se encuentre en España.

6. En los supuestos en que las medidas de protección adoptadas en un Estado extranjero deban cumplirse en España, se atenderá, en primer lugar, a lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, o norma europea que lo sustituya. En los casos no regulados por la normativa europea, se estará a los Tratados y Convenios internacionales en vigor para España y, en especial, al Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, o Convenio que lo sustituya. En defecto de toda normativa internacional, se estará a las normas españolas de producción interna sobre eficacia en España de medidas de protección de menores.

Datos clave

  • La Entidad Pública asume la tutela por ministerio de la ley y lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.
  • Desamparo: incumplimiento o imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección cuando el menor queda privado de la necesaria asistencia moral o material.
  • La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no puede tenerse en cuenta para valorar el desamparo.
  • Nunca se separa a un menor de sus progenitores por razón de discapacidad del menor o de los progenitores.
  • La guarda voluntaria puede prorrogarse excepcionalmente más allá del plazo de dos años.
  • En traslado permanente a otra Comunidad Autónoma, esta asume o adopta la medida en un plazo máximo de tres meses.
  • La Administración General del Estado se encarga del traslado a España del menor español desprotegido en el extranjero.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el desamparo la Entidad Pública asume la tutela por ministerio de la ley. Qué es el desamparo, qué no cuenta (pobreza, discapacidad), sus supuestos típicos y qué Comunidad Autónoma es competente en traslados y en menores fuera de España.

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Artículo 1. Objeto.

El artículo 1 de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, fija el objeto de la ley y sus objetivos.

La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar un sistema integral de atención y protección a las personas mayores, que cuente con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas de Andalucía así como de los propios sectores sociales a la que va dirigida y cuyas actuaciones respondan a una acción planificada, coordinada y global donde se contemplen medidas en todas las áreas que afectan a estas personas a fin de conseguir los siguientes objetivos:

a) Impulsar y mejorar el bienestar físico, psíquico y social de las personas mayores y proporcionarles un cuidado preventivo, progresivo, integral y continuado, en orden a la consecución del máximo bienestar en sus condiciones de vida, prestando especial atención a aquéllas con mayor nivel de dependencia.

b) Velar por la suficiencia económica de las personas mayores con objeto de favorecer su integración social.

c) Procurar la integración de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida social mediante su participación en las actividades que se lleven a cabo en su entorno físico y cultural, así como fomentar la aportación de sus conocimientos y experiencia a las restantes generaciones.

d) Posibilitar la permanencia de los mayores en el contexto sociofamiliar en el que han desarrollado su vida.

e) Promover las condiciones precisas para que las personas mayores lleven una vida autónoma, ofertando los medios para desarrollar sus potencialidades y frenar los procesos involutivos que acompañan a la edad avanzada.

f) Prevenir y evitar situaciones de riesgo social que puedan dar lugar a situaciones de maltrato y desasistencia.

g) Favorecer la solidaridad entre las generaciones.

h) Fomentar la participación del movimiento asociativo de las personas mayores en el proceso de integración comunitaria.

i) Sensibilizar a la sociedad andaluza respecto de la situación de las personas mayores, con las exigencias que plantea la evolución demográfica actual y futura y con las consecuencias del progresivo envejecimiento de la población de la Comunidad Autónoma.

j) Potenciar la implicación social por medio del desarrollo de medidas que promuevan la solidaridad hacia las personas mayores con especiales necesidades de atención.

k) Establecer los mecanismos de apoyo generacional necesarios, consistentes en medidas de acción positiva que posibiliten que la obligada transición de la vida activa laboral a la situación de jubilación o de inactividad laboral asimilada se realice de la forma menos traumática posible.

l) Propiciar la participación de las personas mayores, a través de las organizaciones en que se integran, en el proceso de toma de decisiones sobre el planeamiento y gestión del sistema de atención y protección diseñado en esta Ley.

m) Promover los valores representados por las personas mayores.

Datos clave

  • Objeto: regular y garantizar un sistema integral de atención y protección a las personas mayores.
  • Cuenta con la colaboración de todas las Administraciones Públicas de Andalucía y de los propios sectores sociales.
  • Cuidado preventivo, progresivo, integral y continuado, con especial atención a quienes tienen mayor nivel de dependencia.
  • Posibilitar la permanencia de los mayores en el contexto sociofamiliar en el que han desarrollado su vida.
  • Prevenir situaciones de riesgo social que puedan dar lugar a maltrato y desasistencia.
  • Favorecer la solidaridad entre las generaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley crea un sistema integral de atención y protección a las personas mayores en Andalucía, con todas las Administraciones Públicas andaluzas y los propios sectores sociales, y le fija trece objetivos.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El artículo 2 de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, delimita su ámbito de aplicación.

1. Tendrán derecho a las prestaciones y servicios previstos en la presente Ley las personas mayores de sesenta y cinco años que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Quienes tengan la consideración de andaluces, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) Extranjeros, apátridas, o refugiados con residencia en cualquier municipio de Andalucía, en los términos establecidos en las normas, tratados y convenios internacionales vigentes en esta materia, y en su defecto atendiendo al principio de reciprocidad.

c) Aquellas otras personas que se encuentren en reconocido estado de necesidad.

2. Podrá establecerse reglamentariamente que todas o algunas de las previsiones de la presente Ley resulten de aplicación a quienes, reuniendo las demás condiciones fijadas en los apartados anteriores, hayan cumplido los cincuenta y cinco años de edad.

Datos clave

  • Tienen derecho las personas mayores de sesenta y cinco años.
  • Deben ser andaluces conforme al artículo 8 del Estatuto de Autonomía, o extranjeros, apátridas o refugiados residentes en Andalucía.
  • También quienes se encuentren en reconocido estado de necesidad.
  • Para extranjeros rigen las normas y tratados internacionales y, en su defecto, el principio de reciprocidad.
  • Reglamentariamente puede extenderse a quienes hayan cumplido los cincuenta y cinco años.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tienen derecho a las prestaciones los mayores de sesenta y cinco años que sean andaluces, extranjeros, apátridas o refugiados residentes en Andalucía, o estén en reconocido estado de necesidad; por reglamento puede llegar a los cincuenta y cinco.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 3. Criterios de actuación.

El artículo 3 de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, establece los criterios de actuación de las Administraciones Públicas de Andalucía.

Las actuaciones que lleven a cabo las Administraciones Públicas de Andalucía en cumplimiento de la presente Ley se regirán por los siguientes criterios:

a) Garantizar que las personas mayores gocen de todos los derechos y libertades que tienen reconocidos por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, sin que sufran discriminación alguna por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, deficiencia o enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social.

b) Adoptar medidas para la prevención de situaciones de abuso y explotación de las personas mayores, tanto en su persona como en su patrimonio.

c) Velar por el cumplimiento de las obligaciones familiares en relación a las personas mayores.

d) Arbitrar las medidas necesarias para garantizar una adecuada coordinación interadministrativa, pudiéndose crear con este fin aquellas estructuras o dispositivos que faciliten la correcta canalización de las demandas.

e) Fomentar la participación de las personas mayores en los niveles de decisión y gestión que les afecten.

f) Adoptar las medidas necesarias a fin de difundir en la sociedad andaluza la importancia de la función social que desarrollan las personas mayores.

Datos clave

  • Garantizar todos los derechos y libertades de las personas mayores sin discriminación por razón de edad u otra condición.
  • Prevenir situaciones de abuso y explotación, tanto en su persona como en su patrimonio.
  • Velar por el cumplimiento de las obligaciones familiares respecto a las personas mayores.
  • Garantizar una adecuada coordinación interadministrativa.
  • Difundir la importancia de la función social que desarrollan las personas mayores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Seis criterios guían la actuación de las Administraciones andaluzas con los mayores: derechos sin discriminación, prevención del abuso, obligaciones familiares, coordinación, participación y valoración de su función social.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 7. Norma general.

El artículo 7 de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, contiene la norma general sobre los servicios sociales para mayores.

1. El Sistema Andaluz de Servicios Sociales engloba a los servicios y centros de atención a las personas mayores de titularidad tanto pública como privada.

2. Se garantizará la adecuada prestación de servicios, tanto comunitarios como especializados, a las personas mayores, en el ámbito de los servicios y centros de servicios sociales, de titularidad pública y privada.

Datos clave

  • El Sistema Andaluz de Servicios Sociales engloba los servicios y centros de atención a las personas mayores.
  • Incluye centros de titularidad tanto pública como privada.
  • Se garantiza la prestación de servicios comunitarios y especializados a las personas mayores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Sistema Andaluz de Servicios Sociales incluye los servicios y centros para mayores sean públicos o privados, y garantiza que se presten servicios comunitarios y especializados.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 11. Servicios Sociales Comunitarios.

El artículo 11 de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, se refiere a los Servicios Sociales Comunitarios en la atención a este colectivo.

Los Servicios Sociales Comunitarios, como estructura básica y primer nivel de atención del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía, atienden, entre otros, al sector de mayores.

Esta atención específica se desarrolla desde la Red de Centros de Servicios Sociales Comunitarios.

Datos clave

  • Los Servicios Sociales Comunitarios son la estructura básica y el primer nivel de atención del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía.
  • Atienden, entre otros, al sector de mayores.
  • Esta atención específica se desarrolla desde la Red de Centros de Servicios Sociales Comunitarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Servicios Sociales Comunitarios son la estructura básica y el primer nivel de atención del Sistema andaluz y atienden, entre otros, a los mayores desde la Red de Centros de Servicios Sociales Comunitarios.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 14. Clasificación.

El artículo 14 de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, clasifica los servicios sociales especializados para mayores.

1. Los servicios sociales especializados, en cuanto instrumentos para la atención a las personas mayores dirigidos a posibilitar su integración social, habrán de procurar estructurarse en los ámbitos más próximos a la ciudadanía, evitando situaciones de desarraigo, y se estructurarán a través de:

a) Centros de participación activa.

b) Centros de día para mayores.

c) Viviendas tuteladas.

d) Centros residenciales para mayores.

e) Otras alternativas.

2. Los Servicios Sociales Especializados tenderán a estructurarse en los ámbitos más próximos a las personas a quienes prestan servicio, evitando situaciones de desarraigo.

Datos clave

  • Centros de participación activa.
  • Centros de día para mayores.
  • Viviendas tuteladas.
  • Centros residenciales para mayores.
  • Otras alternativas.
  • Se estructuran en los ámbitos más próximos a la ciudadanía, evitando situaciones de desarraigo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios sociales especializados para mayores se estructuran en cinco tipos de recursos y deben situarse en los ámbitos más próximos a la ciudadanía para evitar el desarraigo.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 1. Delimitación del ámbito.

El artículo 1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, delimita su ámbito.

1. Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que carezcan de la nacionalidad española.

2. Lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los Tratados internacionales en los que España sea parte.

3. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables.

Datos clave

  • Se consideran extranjeros quienes carezcan de la nacionalidad española.
  • La ley se aplica sin perjuicio de las leyes especiales y de los Tratados internacionales en los que España sea parte.
  • Los nacionales de la Unión Europea y quienes tengan régimen comunitario se rigen por sus propias normas.
  • A estos últimos se les aplica la ley en los aspectos que pudieran ser más favorables.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define quién es extranjero a efectos de la ley (quien carece de nacionalidad española) y deja a salvo leyes especiales, Tratados y el régimen comunitario, que solo cede ante lo más favorable.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 2 bis. La política inmigratoria.

El artículo 2 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, regula la política inmigratoria.

1. Corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución, la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las Comunidades Autónomas y por las Entidades Locales.

2. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas con la inmigración en el respeto a los siguientes principios:

a) la coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea;

b) la ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las necesidades de la situación nacional del empleo;

c) la integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía;

d) la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;

e) la efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en España, en los términos previstos en la Ley;

f) la garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes reconocen a todas las personas;

g) la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas;

h) la persecución de la trata de seres humanos;

i) la igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social;

j) la promoción del diálogo y la colaboración con los países de origen y tránsito de inmigración, mediante acuerdos marco dirigidos a ordenar de manera efectiva los flujos migratorios, así como a fomentar y coordinar las iniciativas de cooperación al desarrollo y codesarrollo.

3. El Estado garantizará el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia.

Datos clave

  • Corresponde al Gobierno la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, conforme al artículo 149.1.2.ª de la Constitución.
  • Ello sin perjuicio de las competencias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
  • Principios: coordinación con la Unión Europea, ordenación de flujos migratorios laborales e integración social mediante políticas transversales.
  • También la lucha contra la inmigración irregular y la persecución de la trata de seres humanos.
  • El Estado garantiza el principio de solidaridad con los territorios de especial incidencia migratoria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno define y dirige la política de inmigración; todas las Administraciones ejercen sus competencias migratorias con diez principios, y el Estado garantiza la solidaridad con los territorios más afectados.

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Artículo 2 ter. Integración de los inmigrantes.

El artículo 2 ter de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, regula la integración de los inmigrantes.

1. Los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros en la sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución y la ley.

2. Las Administraciones Públicas incorporarán el objetivo de la integración entre inmigrantes y sociedad receptora, con carácter transversal a todas las políticas y servicios públicos, promoviendo la participación económica, social, cultural y política de las personas inmigrantes, en los términos previstos en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en las demás leyes, en condiciones de igualdad de trato.

Especialmente, procurarán, mediante acciones formativas, el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y estatutarios de España, de los valores de la Unión Europea, así como de los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, y desarrollarán medidas específicas para favorecer la incorporación al sistema educativo, garantizando en todo caso la escolarización en la edad obligatoria, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales, y el acceso al empleo como factores esenciales de integración.

3. La Administración General del Estado cooperará con las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y los Ayuntamientos para la consecución de las finalidades descritas en el presente artículo, en el marco de un plan estratégico plurianual que incluirá entre sus objetivos atender a la integración de los menores extranjeros no acompañados. En todo caso, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos colaborarán y coordinarán sus acciones en este ámbito tomando como referencia sus respectivos planes de integración.

4. De conformidad con los criterios y prioridades del Plan Estratégico de Inmigración, el Gobierno y las Comunidades autónomas acordarán en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes. Tales programas serán financiados con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que se dotará anualmente, y que podrá incluir fórmulas de cofinanciación por parte de las Administraciones receptoras de las partidas del fondo.

Datos clave

  • Los poderes públicos promueven la plena integración de los extranjeros, sin más límite que el respeto a la Constitución y la ley.
  • La integración es un objetivo transversal a todas las políticas y servicios públicos.
  • Factores esenciales de integración: escolarización en la edad obligatoria, aprendizaje de las lenguas oficiales y acceso al empleo.
  • La cooperación se enmarca en un plan estratégico plurianual que incluye la integración de los menores extranjeros no acompañados.
  • En la Conferencia Sectorial de Inmigración se acuerdan programas de acción bienales.
  • Se financian con un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, dotado anualmente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La integración de los inmigrantes es un objetivo transversal de todas las políticas: formación en valores, escuela, lenguas y empleo, un plan estratégico plurianual y programas bienales pagados con un fondo estatal anual.

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Artículo 3. Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas.

El artículo 3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, regula los derechos de los extranjeros y la interpretación de las normas.

1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas.

Datos clave

  • Los extranjeros gozan de los derechos y libertades del Título I de la Constitución en los términos de los Tratados, de esta ley y de las que regulen cada derecho.
  • Criterio interpretativo general: ejercen sus derechos en condiciones de igualdad con los españoles.
  • Las normas sobre derechos fundamentales se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados vigentes en España.
  • No puede alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales para justificar conductas contrarias a esos derechos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los extranjeros gozan de los derechos del Título I de la Constitución en los términos de Tratados y leyes; se interpreta que los ejercen en igualdad con los españoles y conforme a la Declaración Universal.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 68. Coordinación de las Administraciones Públicas.

El artículo 68 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, regula la coordinación de las Administraciones Públicas en materia de inmigración.

1. La Conferencia Sectorial de Inmigración es el órgano a través del cual se asegurará la adecuada coordinación de las actuaciones que desarrollen las Administraciones Públicas en materia de inmigración.

2. Las Comunidades Autónomas que asuman competencias ejecutivas en la concesión de la autorización inicial de trabajo, deberán desarrollarlas en necesaria coordinación con las competencias estatales en materia de extranjería, inmigración y autorización de residencia, de manera que se garantice la igualdad en la aplicación de la normativa de extranjería e inmigración en todo el territorio, la celeridad de los procedimientos y el intercambio de información entre las Administraciones necesario para el desarrollo de sus respectivas competencias. La coordinación deberá realizarse preservando la capacidad de autoorganización de cada Comunidad Autónoma así como su propio sistema de descentralización territorial.

3. Con carácter previo a la concesión de autorizaciones por arraigo, las Comunidades Autónomas o, en su caso, los Ayuntamientos, emitirán un informe sobre la integración social del extranjero cuyo domicilio habitual se encuentre en su territorio. Reglamentariamente se determinarán los contenidos de dicho informe. En todo caso, el informe tendrá en cuenta el periodo de permanencia, la posibilidad de contar con vivienda y medios de vida, los vínculos con familiares residentes en España, y los esfuerzos de integración a través del seguimiento de programas de inserción sociolaborales y culturales.

4. Las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de seguridad ciudadana y orden público mediante la creación de una policía propia, podrán aportar, en su caso, un informe sobre afectación al orden público en todos los procedimientos de autorización de residencia o su renovación, referidas a extranjeros que se encuentran en España, en los que se prevea la necesidad de informe gubernativo. Tal informe se incorporará al expediente al igual que el que, en su caso, aporten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus competencias sobre seguridad pública.

Datos clave

  • La Conferencia Sectorial de Inmigración asegura la coordinación de las Administraciones Públicas en materia de inmigración.
  • Las Comunidades Autónomas con competencias en la autorización inicial de trabajo deben coordinarse con las competencias estatales.
  • Antes de conceder autorizaciones por arraigo, las Comunidades Autónomas o, en su caso, los Ayuntamientos emiten un informe sobre la integración social del extranjero.
  • El informe valora la permanencia, la vivienda y medios de vida, los vínculos familiares y los esfuerzos de integración.
  • Las Comunidades con policía propia pueden aportar un informe sobre afectación al orden público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Coordinación migratoria: la Conferencia Sectorial de Inmigración como órgano, CCAA coordinadas en la autorización inicial de trabajo, informe de integración para el arraigo e informe autonómico de orden público.

Esquema

Los dos informes autonómicos
Informe de integración socialInforme de orden público
QuiénLas CCAA o, en su caso, los AyuntamientosLas CCAA con policía propia
CuándoAntes de conceder autorizaciones por arraigoProcedimientos de residencia o renovación con informe gubernativo
CarácterSe emite («emitirán»)Potestativo («podrán aportar»)

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Artículo 1. Objeto y finalidad.

El artículo 1 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, fija el objeto y la finalidad de la ley.

1. Esta ley tiene por objeto establecer la definición, acreditación y régimen de las familias numerosas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Constitución.

2. Los beneficios establecidos al amparo de esta ley tienen como finalidad primordial contribuir a promover las condiciones para que la igualdad de los miembros de las familias numerosas sea real y efectiva en el acceso y disfrute de los bienes económicos, sociales y culturales.

Datos clave

  • Objeto: establecer la definición, acreditación y régimen de las familias numerosas.
  • Se dicta de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Constitución.
  • Finalidad primordial de los beneficios: que la igualdad de los miembros de las familias numerosas sea real y efectiva.
  • Esa igualdad se refiere al acceso y disfrute de los bienes económicos, sociales y culturales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Delimita qué regula la ley (definición, acreditación y régimen de las familias numerosas) y para qué sirven sus beneficios: que la igualdad de sus miembros sea real y efectiva.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 2. Concepto de familia numerosa.

El artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, define el concepto de familia numerosa y los supuestos equiparados.

1. A los efectos de esta ley, se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes.

2. Se equiparan a familia numerosa, a los efectos de esta ley, las familias constituidas por:

a) Uno o dos ascendientes con dos hijos, sean o no comunes, siempre que al menos uno de éstos sea discapacitado o esté incapacitado para trabajar.

b) Dos ascendientes, cuando ambos fueran discapacitados, o, al menos, uno de ellos tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o estuvieran incapacitados para trabajar, con dos hijos, sean o no comunes.

c) El padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio conyugal.

En este supuesto, el progenitor que opte por solicitar el reconocimiento de la condición de familia numerosa, proponiendo a estos efectos que se tengan en cuenta hijos que no convivan con él, deberá presentar la resolución judicial en la que se declare su obligación de prestarles alimentos.

En el caso de que no hubiera acuerdo de los padres sobre los hijos que deban considerarse en la unidad familiar, operará el criterio de convivencia.

d) Dos o más hermanos huérfanos de padre y madre sometidos a tutela, acogimiento o guarda que convivan con el tutor, acogedor o guardador, pero no se hallen a sus expensas.

e) Tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años, o dos, si uno de ellos es discapacitado, que convivan y tengan una dependencia económica entre ellos.

El padre o la madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor.

3. A los efectos de esta ley, se consideran ascendientes al padre, a la madre o a ambos conjuntamente cuando exista vínculo conyugal y, en su caso, al cónyuge de uno de ellos.

Se equipara a la condición de ascendiente la persona o personas que, a falta de los mencionados en el párrafo anterior, tuvieran a su cargo la tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo de los hijos, siempre que éstos convivan con ella o ellas y a sus expensas.

4. Tendrán la misma consideración que los hijos las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo legalmente constituido. Los menores que habiendo estado en alguna de estas situaciones alcancen la mayoría de edad y permanezcan en la unidad familiar, conservarán la condición de hijos en los términos establecidos en el artículo 3 de la presente ley.

5. A los efectos de esta ley, se entenderá por discapacitado aquel que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento y por incapaz para trabajar aquella persona que tenga reducida su capacidad de trabajo en un grado equivalente al de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

Datos clave

  • Familia numerosa: uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes.
  • Equiparada: uno o dos ascendientes con dos hijos si al menos uno es discapacitado o está incapacitado para trabajar.
  • Equiparada: dos ascendientes con dos hijos cuando ambos sean discapacitados o uno tenga un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
  • Equiparada: tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años, o dos si uno es discapacitado.
  • Equiparada: el padre o la madre con dos hijos cuando haya fallecido el otro progenitor.
  • Discapacitado: grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.
  • Incapaz para trabajar: capacidad reducida en grado equivalente a la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Familia numerosa es la de uno o dos ascendientes con tres o más hijos; la ley equipara otros supuestos con dos hijos o con huérfanos y aclara quién cuenta como ascendiente, hijo, discapacitado o incapaz para trabajar.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 4. Categorías de familia numerosa.

El artículo 4 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, establece las categorías de familia numerosa.

1. Las familias numerosas, por razón del número de hijos que reúnan las condiciones de los artículos 2 y 3 de esta ley, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

a) Especial: las de cinco o más hijos y las de cuatro hijos de los cuales al menos tres procedan de parto, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo múltiples.

b) General: las restantes unidades familiares.

2. No obstante, las unidades familiares con cuatro hijos se clasificarán en la categoría especial cuando sus ingresos anuales de las mismas, divididos por el número de miembros que las componen, no superen en cómputo anual el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente, incluidas las pagas extraordinarias.

3. Cada hijo discapacitado o incapacitado para trabajar, en los términos definidos en el apartado 5 del artículo 2, computará como dos para determinar la categoría en que se clasifica la unidad familiar de la que forma parte.

Datos clave

  • Dos categorías: especial y general.
  • Especial: cinco o más hijos.
  • Especial: cuatro hijos de los cuales al menos tres procedan de parto, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo múltiples.
  • Con cuatro hijos también es especial si los ingresos anuales divididos por el número de miembros no superan el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, incluidas pagas extraordinarias.
  • General: las restantes unidades familiares.
  • Cada hijo discapacitado o incapacitado para trabajar computa como dos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos categorías, especial y general, según el número de hijos; con cuatro hijos se llega a especial por partos o adopciones múltiples o por renta baja, y cada hijo discapacitado o incapacitado cuenta como dos.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español.

2. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia responderá a una acción coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, que contemplará medidas en todas las áreas que afectan a las personas en situación de dependencia, con la participación, en su caso, de las Entidades Locales.

Datos clave

  • Objeto: regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.
  • Instrumento: creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
  • La Administración General del Estado garantiza un contenido mínimo común de derechos en todo el territorio.
  • El Sistema responde a una acción coordinada y cooperativa de la AGE y las Comunidades Autónomas.
  • Las Entidades Locales participan, en su caso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley regula las condiciones básicas del derecho subjetivo de ciudadanía a la autonomía personal y la atención a la dependencia, creando el SAAD con un mínimo común garantizado por el Estado en todo el territorio.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 2. Definiciones.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de la presente Ley, se entiende por:

1. Autonomía: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades de la vida diaria.

2. Situación de dependencia: el estado de carácter permanente en el que las personas, debido a dificultades que afectan a su autonomía, precisan de cuidados y apoyos de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades de la vida diaria. Las situaciones de dependencia pueden estar asociadas a la edad, la discapacidad o la enfermedad y también pueden estar originadas o verse agravadas por factores sociales o contextuales como la ausencia de inclusión social, entornos accesibles o condiciones adecuadas para la vida de las personas.

3. Actividades de la vida diaria (AVD): las tareas de la persona que le permiten desenvolverse con autonomía e independencia, tales como: reconocer personas y objetos; orientarse; entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas; el cuidado personal; las actividades domésticas; la movilidad dentro y fuera del hogar; la comunicación, las interacciones y las relaciones interpersonales; la gestión y el cuidado de la salud, o la gestión de la economía doméstica, así como las tareas necesarias para el ejercicio de todos sus derechos.

4. Necesidades de apoyo para la autonomía personal: las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad.

5. Cuidados no profesionales: la atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

6. Cuidadoras principales: de entre las personas que proveen cuidados no profesionales, será persona cuidadora principal aquella que dedica más tiempo a los cuidados y apoyos prestados a la persona en situación de dependencia y se identifica como tal en el Plan Individual de Atención.

7. Cuidados profesionales: los prestados por una institución pública o entidad, con y sin ánimo de lucro, o profesional autónomo entre cuyas finalidades se encuentre la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

8. Asistencia personal: servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal.

9. Tercer sector: organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales.

10. Proyecto de vida: conjunto de propósitos, objetivos, metas y actividades que dan sentido a la vida de cada persona y responden a su voluntad, deseos y preferencias, y que será flexible conforme a cada momento de su etapa vital, sirviendo de guía para mantener la dirección que desea, y vivir una vida con significado.

11. Prestaciones de base comunitaria: aquellas cuya finalidad es posibilitar la permanencia de la persona en el entorno en el que desarrolla o quiere desarrollar su vida y que fomentan activamente, en igualdad de condiciones, su participación en la comunidad en la que vive, involucrándose, vinculándose y coordinándose con los programas, actividades, estructuras y recursos existentes en la misma.

12. Actividades significativas: las actividades que tienen sentido para la persona en situación de dependencia, que le permiten participar en aquello que siente como propio, que está relacionado con sus valores personales, biografía o identidad, y que la hace sentirse involucrada y conectada con su entorno.

13. Entorno comunitario: el espacio de proximidad donde las personas viven, interactúan y participan, y que ofrece condiciones que favorecen su inclusión, su desarrollo personal y su participación social en igualdad de condiciones.

14. Restricciones: actos, practicas, dinámicas u omisiones que tienen el propósito o el efecto de limitar o restringir el movimiento, la libertad de elección o de actuar de forma independiente de una persona o el libre desarrollo de su personalidad.

15. Las sujeciones son un tipo de restricción y pueden ser:

a) Sujeción física o mecánica: la intencionada limitación de la espontánea expresión o comportamiento de una persona, o de la libertad de sus movimientos, o su actividad física, o el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo, con cualquier método, dispositivo o procedimiento físico o mecánico aplicado sobre ella, o adyacente a su cuerpo, que no sea capaz de mover o retirar y del que no puede liberarse con facilidad.

b) Sujeción farmacológica o química: el uso deliberado e intencional de psicofármacos, con independencia del grupo o familia y de sus dosis, que limiten o restrinjan la expresión espontánea, la libertad de movimientos, la actividad física o el funcionamiento mental de una persona, con el objetivo de controlar una conducta, y siempre que no se deba a un trastorno psiquiátrico o médico diagnosticado.

16. Vida independiente: derecho fundamentado en la autodeterminación, la igualdad de oportunidades y el control sobre la propia vida, que garantiza que las personas con discapacidad decidan cómo, dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás personas, contando con los apoyos necesarios, personalizados y flexibles para el ejercicio efectivo de dicha elección y para su plena inclusión en la comunidad.

17. Prestaciones de base domiciliaria: los servicios, apoyos o recursos que se ofrecen dentro del propio domicilio o de la propia comunidad de la persona dependiente.

Datos clave

  • Situación de dependencia: estado de carácter permanente en que la persona precisa cuidados y apoyos de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades de la vida diaria.
  • Las situaciones de dependencia pueden estar asociadas a la edad, la discapacidad o la enfermedad, y originarse o agravarse por factores sociales o contextuales.
  • Cuidados no profesionales: atención en el domicilio por personas de la familia o del entorno no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.
  • Persona cuidadora principal: la que, entre quienes prestan cuidados no profesionales, dedica más tiempo a los cuidados y se identifica como tal en el Plan Individual de Atención.
  • Las sujeciones son un tipo de restricción y pueden ser físicas o mecánicas, o farmacológicas o químicas.
  • Sujeción farmacológica o química: uso deliberado de psicofármacos que limite la expresión, los movimientos o el funcionamiento mental para controlar una conducta, siempre que no se deba a un trastorno diagnosticado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Diccionario de la ley: diecisiete definiciones que el test usa como trampa, desde autonomía y dependencia hasta sujeciones, vida independiente y prestaciones de base comunitaria y domiciliaria.

Esquema

Cuidados no profesionales y profesionales
No profesionalesProfesionales
QuiénFamilia o entorno de la personaInstitución pública o entidad, con y sin ánimo de lucro, o profesional autónomo
DóndeEn su domicilioEn su hogar o en un centro
VínculoNo vinculados a un servicio de atención profesionalizadaEntre sus finalidades está atender a personas dependientes

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Artículo 5. Titulares de derechos.

Artículo 5. Titulares de derechos.

1. Son titulares de los derechos establecidos en la presente ley los españoles que cumplan los siguientes requisitos:

a) Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

b) Para las niñas y niños menores de 6 años se estará a lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera.

c) Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de cinco años el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia. Para las personas titulares de derechos que residan en el extranjero a consecuencia del destino oficial de miembros de su unidad familiar en una misión o servicio público amparado conforme a la normativa estatal sobre acción exterior, se aplicará lo previsto en la disposición adicional decimonovena.

No será necesario el cumplimiento de los requisitos relativos a la nacionalidad española, prevista en este apartado, ni a la residencia en territorio español durante un periodo de cinco años establecido en la letra c) en el caso de las personas que sean:

i) Solicitantes de asilo en España, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa prevista en el artículo 18.1.a) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como beneficiarios de asilo o de protección subsidiaria conforme al artículo 36 de esa ley.

ii) Beneficiarias de protección temporal de acuerdo con lo establecido en el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.

2. Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad española, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. Para los menores que carezcan de la nacionalidad española se estará a lo dispuesto en la legislación de protección a la infancia aplicable, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, así como en los tratados internacionales.

3. El Gobierno podrá establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España.

4. El Gobierno establecerá, previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, las condiciones de acceso al Sistema de Atención a la Dependencia de los emigrantes españoles retornados.

Datos clave

  • Son titulares los españoles que se encuentren en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos y cumplan el requisito de residencia.
  • Residencia: residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Para los menores de cinco años el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia; para los menores de 6 años se estará a la disposición adicional decimotercera.
  • No se exige la nacionalidad española ni los cinco años de residencia a solicitantes y beneficiarios de asilo o protección subsidiaria ni a beneficiarios de protección temporal.
  • El Gobierno podrá establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España.
  • El Gobierno establecerá, previo acuerdo del Consejo Territorial, las condiciones de acceso al Sistema de los emigrantes españoles retornados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién es titular: españoles en situación de dependencia que residan en España y lo hayan hecho cinco años, dos inmediatamente antes de la solicitud; los menores de 6 años van a una disposición adicional y asilo y protección temporal quedan exentos.

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Artículo 6. Finalidad del Sistema.

1. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantiza las condiciones básicas y el contenido común a que se refiere la presente Ley; sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, en materia de promoción de la autonomía personal y la atención y protección a las personas en situación de dependencia; optimiza los recursos públicos y privados disponibles, y contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

2. El Sistema se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados.

3. La integración en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de los centros y servicios a que se refiere este artículo no supondrá alteración alguna en el régimen jurídico de su titularidad, administración, gestión y dependencia orgánica.

Datos clave

  • El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantiza las condiciones básicas y el contenido común de la ley.
  • Sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas.
  • Optimiza los recursos públicos y privados disponibles.
  • Se configura como una red de utilización pública que integra centros y servicios públicos y privados.
  • La integración en el Sistema no altera el régimen jurídico de titularidad, administración, gestión y dependencia orgánica de los centros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El SAAD garantiza las condiciones básicas, canaliza la colaboración administrativa, optimiza recursos y mejora la vida de los ciudadanos; es una red de uso público de centros públicos y privados sin cambiar su titularidad.

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Artículo 7. Niveles de protección del Sistema.

El artículo 7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece los niveles de protección del Sistema.

La protección de la situación de dependencia por parte del Sistema se prestará en los términos establecidos en esta Ley y de acuerdo con los siguientes niveles:

1.º El nivel de protección mínimo establecido por la Administración General del Estado en aplicación del artícu­lo 9.

2.º El nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y la Administración de cada una de las Comunidades Autónomas a través de los Convenios previstos en el artículo 10.

3.º El nivel adicional de protección que pueda establecer cada Comunidad Autónoma.

Datos clave

  • El Sistema presta la protección de la dependencia en tres niveles.
  • Nivel mínimo: establecido por la Administración General del Estado en aplicación del artículo 9.
  • Nivel acordado: entre la Administración General del Estado y cada Comunidad Autónoma mediante los Convenios del artículo 10.
  • Nivel adicional: el que pueda establecer cada Comunidad Autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La protección de la dependencia se ordena en tres niveles: el mínimo que fija el Estado, el que se acuerda por convenio entre el Estado y cada comunidad, y el adicional que pueda añadir cada comunidad.

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Artículo 11. Participación de las Comunidades Autónomas en el Sistema.

Artículo 11. Participación de las Comunidades Autónomas en el Sistema.

1. En el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, corresponden a las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias que les son propias según la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la legislación vigente, las siguientes funciones:

a) Planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el ámbito de su territorio, los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia.

b) Gestionar, en su ámbito territorial, los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia.

c) Establecer los procedimientos y mecanismos de coordinación sociosanitaria necesarios para garantizar una atención integral, adecuada y de calidad a las personas en situación de dependencia.

El Sistema Nacional de Salud garantizará la atención sanitaria a las personas en situación de dependencia en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía sea cual sea su lugar y tipo de residencia, de conformidad con lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

d) Crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios, facilitando la debida acreditación que garantice el cumplimiento de los requisitos y los estándares de calidad.

e) Asegurar la elaboración de los correspondientes Programas Individuales de Atención.

f) Inspeccionar y, en su caso, sancionar los incumplimientos sobre requisitos y estándares de calidad de los centros y servicios y respecto de los derechos de los beneficiarios.

g) Evaluar periódicamente el funcionamiento del Sistema en su territorio respectivo.

h) Aportar a la Administración General del Estado la información necesaria para la aplicación de los criterios de financiación previstos en el artículo 32.

2. En todo caso, las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 podrán definir, con cargo a sus presupuestos, niveles de protección adicionales al fijado por la Administración General del Estado en aplicación del artículo 9 y al acordado, en su caso, conforme al artículo 10, para los cuales podrán adoptar las normas de acceso y disfrute que consideren más adecuadas.

Datos clave

  • Las comunidades autónomas planifican, ordenan, coordinan y dirigen en su territorio los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia.
  • Les corresponde crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios y asegurar la elaboración de los Programas Individuales de Atención.
  • Inspeccionan y, en su caso, sancionan los incumplimientos sobre requisitos y estándares de calidad de los centros y servicios y sobre los derechos de los beneficiarios.
  • El Sistema Nacional de Salud garantizará la atención sanitaria a las personas en situación de dependencia en igualdad de condiciones, sea cual sea su lugar y tipo de residencia.
  • Las comunidades autónomas podrán definir, con cargo a sus presupuestos, niveles de protección adicionales, con las normas de acceso y disfrute que consideren más adecuadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Funciones de las comunidades autónomas en el Sistema: planificar y gestionar sus servicios, coordinación sociosanitaria, registro de centros, PIA, inspección y sanción, y niveles de protección adicionales con cargo a sus presupuestos.

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Artículo 12. Participación de las Entidades Locales.

1. Las Entidades Locales participarán en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades Autónomas y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye.

2. Las Entidades Locales podrán participar en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la forma y condiciones que el propio Consejo disponga.

Datos clave

  • Las Entidades Locales participan en la gestión de los servicios de atención a la dependencia.
  • Lo hacen según la normativa de su Comunidad Autónoma.
  • Pueden participar en el Consejo Territorial en la forma que el propio Consejo disponga.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Entidades Locales participan en la gestión de los servicios de dependencia según la normativa autonómica y sus competencias, y pueden participar en el Consejo Territorial en la forma que este disponga.

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Artículo 14. Prestaciones de atención a la dependencia.

Artículo 14. Prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

1. Las prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia podrán tener naturaleza de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas a la prevención de las situaciones de dependencia, a la promoción de la autonomía personal y la vida independiente y a proporcionar cuidados y apoyos a las personas en situación de dependencia.

La percepción de una prestación económica o de servicios será compatible con la realización de un trabajo por cuenta ajena o de una actividad por cuenta propia, sin perjuicio del cómputo de los ingresos procedentes de dicho trabajo o actividad a los efectos de lo previsto en el artículo 33.

2. Las prestaciones serán de base comunitaria y acordes a las circunstancias, voluntad, deseos y preferencias de cada persona en situación de dependencia que participará en el diseño, planificación y seguimiento de sus apoyos y cuidados con un enfoque de derechos y centrado en las personas.

En casos excepcionales, en los que no sea posible que la persona en situación de dependencia exprese su voluntad, deseos y preferencias, se recurrirá a quienes ejerzan las medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, que tendrán que determinar la voluntad de la persona y lo que hubiera decidido teniendo en cuenta para ello su trayectoria vital, sus creencias y sus valores.

La determinación del centro residencial o vivienda, prevista en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 24 bis y en el artículo 25, se hará de acuerdo con la voluntad, deseos y preferencias de la persona en situación de dependencia y a su derecho a permanecer en el entorno en el que desarrolla o quiera desarrollar su vida. En todo caso, el derecho de acceso al centro residencial o vivienda elegida se mantendrá hasta que haya disponibilidad en el mismo.

3. Los servicios del Catálogo previstos en el artículo 15 tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas comunidades autónomas.

4. La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado de dependencia y, a igual grado, por el tiempo de espera transcurrido, desde la fecha de solicitud, para acceder al servicio elegido y, a igual grado y tiempo de espera, por la capacidad económica de la persona solicitante. Las personas en situación de dependencia que no puedan acceder a los servicios por aplicación del régimen de prioridad señalado tendrán derecho a la prestación económica vinculada al servicio prevista en el artículo 17 o a un servicio o prestación económica transitoria, de acuerdo con el apartado 5.

5. Para las personas en situación de dependencia valoradas con grado II y grado III, cuando no esté disponible el servicio reconocido en su PIA, se articulará de manera transitoria otro servicio o prestación económica acorde a su voluntad, deseos y preferencias, de entre los previstos para su grado. Dicho servicio o prestación económica podrá ofrecerse en tanto en cuanto accedan a una plaza o servicio del sistema público de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. La atención mediante un servicio de forma transitoria no alterará, en ningún caso, el orden de prioridad de acceso a la prestación reconocida en el PIA de la persona en situación de dependencia. Mediante acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se establecerán las condiciones de la tramitación.

En el supuesto de la prestación económica vinculada establecida en el artículo 17, esta irá destinada a la cobertura de los gastos del servicio reconocido en el PIA al que se refiere el artículo 29, debiendo ser prestado por empresas o entidades de iniciativa social o privadas debidamente acreditadas para la atención a la dependencia.

6. Se prestará una atención libre de sujeciones, ya sean físicas, mecánicas, farmacológicas o químicas, y se reducirá al máximo la aplicación de restricciones en todos los servicios. Para ello, las entidades y empresas prestadoras de servicios implementarán planes de sujeciones cero y reducción de restricciones. Excepcionalmente, en casos de urgencia vital, se podrá utilizar una medida de sujeción o restricción, siempre con carácter proporcional, por el tiempo estrictamente necesario, con la mínima intensidad posible y garantizándose la prohibición de exceso, aplicándose una vez se hayan agotado todas las medidas alternativas posibles para salvaguardar la vida de la persona. Cualquier sujeción deberá valorarse de forma individualizada, estar sometida a un procedimiento documentado que cuente con prescripción médica no genérica, supervisión técnica y con el consentimiento informado caso a caso, no siendo válidos los consentimientos genéricos ni diferidos en el tiempo.

7. La empresa, entidad o profesional que preste los servicios haciendo uso de tecnología deberá garantizar el respeto a los derechos humanos, y en particular a:

a) La libertad y autonomía evitando soluciones tecnológicas que impongan restricciones sobre la toma de decisiones de la persona en situación de dependencia.

b) La dignidad e integridad personal asegurando que los cuidados y apoyos prestados mediante tecnologías digitales mantengan un enfoque humano y respetuoso.

c) La privacidad y protección de datos de carácter personal especialmente cuando se utilicen sistemas de sensores, monitoreo y recolección de datos.

8. Los servicios de promoción de la autonomía personal; teleasistencia; de ayuda a domicilio; de asistencia personal; de centro de día y de noche; de cuidados y apoyos en viviendas y de atención residencial se prestarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas comunidades autónomas mediante centros y servicios públicos, o concertados, ya sean privados o de iniciativa social, debidamente acreditados.

9. Las prestaciones económicas establecidas en virtud de esta ley serán inembargables, salvo para el supuesto previsto en el artículo 608 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Datos clave

  • Las prestaciones pueden ser servicios o prestaciones económicas, y su percepción es compatible con un trabajo por cuenta ajena o una actividad por cuenta propia.
  • Prioridad en el acceso a los servicios: el grado de dependencia; a igual grado, el tiempo de espera desde la solicitud; y a igual grado y tiempo, la capacidad económica.
  • Para los grados II y III, si no está disponible el servicio reconocido en el PIA, se articulará transitoriamente otro servicio o prestación económica de entre los previstos para su grado.
  • La atención transitoria no alterará, en ningún caso, el orden de prioridad de acceso a la prestación reconocida en el PIA.
  • La sujeción solo cabe excepcionalmente en casos de urgencia vital, con prescripción médica no genérica y consentimiento informado caso a caso, sin valer consentimientos genéricos ni diferidos.
  • Las prestaciones económicas son inembargables, salvo para el supuesto previsto en el artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Prestaciones en servicios o en dinero, de base comunitaria y según la voluntad de la persona; los servicios son prioritarios y públicos, el acceso se ordena por grado, espera y capacidad económica, y la atención debe ser libre de sujeciones.

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Artículo 15. Catálogo de servicios.

Artículo 15. Catálogo de servicios.

1. El Catálogo de servicios comprende los siguientes servicios sociales de promoción de la autonomía y atención a la dependencia, en los términos que se especifican en este capítulo:

a) Servicio de prevención de la situación de dependencia.

b) Servicio de promoción de la autonomía personal.

c) Servicio de teleasistencia.

d) Servicio de ayuda a domicilio.

e) Servicio de asistencia personal.

f) Servicio de centro de día y de noche.

g) Servicio de cuidados y apoyos en viviendas.

h) Servicio de atención residencial.

i) Servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal.

2. Los servicios establecidos en el apartado 1 se regulan sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Datos clave

  • El Catálogo comprende los servicios de prevención de la dependencia, promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, asistencia personal y centro de día y de noche.
  • Completan el Catálogo el servicio de cuidados y apoyos en viviendas, el de atención residencial y el de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal.
  • Los servicios del Catálogo se regulan sin perjuicio del artículo 14 de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El catálogo de servicios de la ley: nueve servicios, desde la prevención de la dependencia hasta la provisión de productos de apoyo, sin perjuicio de lo que prevé la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

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Artículo 26. Grados de dependencia.

Artículo 26. Grados de dependencia.

1. La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados:

a) Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de una persona cuidadora o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

c) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

2. Los intervalos para la determinación de los grados se establecerán en el baremo al que se refiere el artículo siguiente.

Datos clave

  • Grado I, dependencia moderada: ayuda para varias actividades de la vida diaria al menos una vez al día, o necesidades de apoyo intermitente o limitado.
  • Grado II, dependencia severa: ayuda dos o tres veces al día, sin requerir el apoyo permanente de una persona cuidadora, o necesidades de apoyo extenso.
  • Grado III, gran dependencia: ayuda varias veces al día y apoyo indispensable y continuo de otra persona por pérdida total de autonomía, o necesidades de apoyo generalizado.
  • Los intervalos para la determinación de los grados se establecerán en el baremo al que se refiere el artículo siguiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres grados de dependencia, moderada, severa y gran dependencia, según cuántas veces al día se necesita ayuda y el tipo de apoyo para la autonomía; los intervalos de cada grado los fija el baremo.

Esquema

Grados de dependencia
Grado IGrado IIGrado III
NombreDependencia moderadaDependencia severaGran dependencia
Ayuda para varias AVDAl menos una vez al díaDos o tres veces al díaVarias veces al día
Otra personaNo lo mencionaNo requiere el apoyo permanente de una persona cuidadoraApoyo indispensable y continuo de otra persona
Apoyo a la autonomíaIntermitente o limitadoExtensoGeneralizado

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Artículo 28. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema.

Artículo 28. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia del derecho a las prestaciones del sistema.

1. El procedimiento se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación, estableciéndose un plazo máximo de 3 meses para su resolución.

2. El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado.

3. La resolución a la que se refiere el apartado anterior determinará los servicios o prestaciones que corresponden a la persona solicitante según el grado de dependencia.

4. En el supuesto de que haya un cambio de residencia, la Comunidad Autónoma de destino determinará, en función de su red de servicios y prestaciones, los que correspondan a la persona en situación de dependencia.

5. Los criterios básicos de procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y las características comunes del órgano y profesionales que procedan al reconocimiento serán previamente consensuados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

6. Los servicios de valoración de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas previstas en la presente ley, se efectuarán directamente por las Administraciones Públicas, no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas.

7. La tramitación de los expedientes guardará el orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que, de oficio, se acuerde motivadamente lo contrario cuando la intersección de factores económicos, de accesibilidad, habitacionales, de condiciones de salud, aislamiento social, régimen penal penitenciario o violencia de género o sexual sitúen a la persona en una situación de especial vulnerabilidad. En estos casos, el expediente se tramitará de urgencia.

Datos clave

  • El procedimiento se inicia a instancia de la persona afectada o de quien ostente su representación, con un plazo máximo de 3 meses para su resolución.
  • La resolución la expide la Administración autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tiene validez en todo el territorio del Estado.
  • Si hay cambio de residencia, la Comunidad Autónoma de destino determina, en función de su red, los servicios y prestaciones que correspondan.
  • La valoración, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas no pueden ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas.
  • Los expedientes siguen el orden de incoación, salvo que de oficio se acuerde motivadamente lo contrario por especial vulnerabilidad; en tal caso se tramitan de urgencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El reconocimiento de la dependencia se inicia a instancia de parte, se resuelve en un máximo de 3 meses por la comunidad autónoma de residencia y vale en todo el Estado; valorar y prescribir no se puede externalizar.

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Disposición final octava. Fundamento constitucional.

La disposición final octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, recoge su fundamento constitucional.

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme al artículo 149.1.1.ª de la Constitución.

Datos clave

  • La ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado del artículo 149.1.1.ª de la Constitución.
  • Esa competencia consiste en regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles.
  • La igualdad se refiere al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes constitucionales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley se apoya en la competencia exclusiva del Estado del artículo 149.1.1.ª de la Constitución: regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en derechos y deberes.

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Artículo 17. Protección de la familia.

1. Se garantiza la protección social, jurídica y económica de la familia. La ley regulará el acceso a las ayudas públicas para atender a las situaciones de las diversas modalidades de familia existentes según la legislación civil.

2. Todas las parejas no casadas tienen el derecho a inscribir en un registro público sus opciones de convivencia. En el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma, las parejas no casadas inscritas en el registro gozarán de los mismos derechos que las parejas casadas.

Datos clave

  • Se garantiza la protección social, jurídica y económica de la familia.
  • La ley regulará el acceso a las ayudas públicas para las diversas modalidades de familia según la legislación civil.
  • Las parejas no casadas tienen derecho a inscribir en un registro público sus opciones de convivencia.
  • En el ámbito autonómico, las parejas no casadas inscritas gozan de los mismos derechos que las casadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se garantiza la protección social, jurídica y económica de la familia; las parejas no casadas pueden inscribirse en un registro público y, en el ámbito autonómico, tienen los mismos derechos que las casadas.

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Artículo 18. Menores.

1. Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes.

2. El beneficio de las personas menores de edad primará en la interpretación y aplicación de la legislación dirigida a éstos.

Datos clave

  • Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía protección y atención integral.
  • Esa protección abarca su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social.
  • Tienen derecho a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes.
  • El beneficio de las personas menores primará en la interpretación y aplicación de la legislación dirigida a ellas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los menores tienen derecho a protección y atención integral para su desarrollo y bienestar familiar, escolar y social y a las prestaciones legales; su beneficio prima al interpretar la legislación dirigida a ellos.

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Artículo 19. Mayores.

Las personas mayores tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual, así como a acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito sanitario, social y asistencial, y a percibir prestaciones en los términos que establezcan las leyes.

Datos clave

  • Las personas mayores tienen derecho a una protección y atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo.
  • El objetivo es una vida digna e independiente y su bienestar social e individual.
  • Derecho a una atención gerontológica adecuada en el ámbito sanitario, social y asistencial.
  • Derecho a percibir prestaciones en los términos que establezcan las leyes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las personas mayores tienen derecho a protección y atención integral para su autonomía y envejecimiento activo, a atención gerontológica adecuada y a las prestaciones que fijen las leyes.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 23. Prestaciones sociales.

1. Se garantiza el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales.

2. Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley.

Datos clave

  • Derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales.
  • Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna.
  • La renta básica se recibe, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Derecho de todos a acceder en igualdad a un sistema público de servicios sociales y a una renta básica que garantice una vida digna, que se recibe en caso de necesidad conforme a la ley.

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Artículo 24. Personas con discapacidad o dependencia.

Las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social.

Datos clave

  • Titulares: las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia.
  • Derecho a acceder a ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública.
  • Finalidad: su desarrollo personal y social.
  • El acceso se produce en los términos que establezca la ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las personas con discapacidad o en situación de dependencia tienen derecho a ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública para su desarrollo personal y social, según la ley.

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Artículo 61. Servicios sociales, voluntariado, menores y familias.

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que en todo caso incluye:

a) La regulación, ordenación y gestión de servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas de protección pública.

b) La regulación y la aprobación de planes y programas específicos dirigidos a personas y colectivos en situación de necesidad social.

c) Instituciones públicas de protección y tutela de personas necesitadas de protección especial, incluida la creación de centros de ayuda, reinserción y rehabilitación.

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de voluntariado, que incluye, en todo caso, la definición de la actividad y la regulación y la promoción de las actuaciones destinadas a la solidaridad y a la acción voluntaria que se ejecuten individualmente o a través de instituciones públicas o privadas.

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de menores:

a) La competencia exclusiva en materia de protección de menores, que incluye, en todo caso, la regulación del régimen de protección y de las instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados, en situación de riesgo, y de los menores infractores, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal.

b) La participación en la elaboración y reforma de la legislación penal y procesal que incida en la competencia de menores a través de los órganos y procedimientos multilaterales a que se refiere el apartado 1 del artículo 221 de este Estatuto.

4. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de promoción de las familias y de la infancia, que, en todo caso, incluye las medidas de protección social y su ejecución.

Datos clave

  • Competencia exclusiva en servicios sociales, incluidas las prestaciones técnicas y económicas con finalidad asistencial.
  • Competencia exclusiva en voluntariado.
  • Competencia exclusiva en protección de menores: desamparados, en situación de riesgo y menores infractores.
  • Participación en la elaboración y reforma de la legislación penal y procesal que incida en menores, vía artículo 221.1.
  • Competencia exclusiva en promoción de las familias y de la infancia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Servicios sociales, voluntariado, protección de menores y promoción de las familias e infancia son competencias exclusivas de Andalucía; en legislación penal y procesal de menores solo participa.

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Artículo 62. Inmigración.

1. Corresponden a la Comunidad Autónoma:

a) Las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes, en el marco de sus competencias.

b) La competencia ejecutiva en materia de autorizaciones de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Andalucía, en necesaria coordinación con la competencia estatal en materia de entrada y residencia y de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Esta competencia incluye la tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo, la tramitación y resolución de los recursos presentados a dichas autorizaciones y la aplicación del régimen de inspección y sanción.

2. La Comunidad Autónoma participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Andalucía y, en particular, la participación preceptiva previa en la fijación del contingente de trabajadores extranjeros a través de los mecanismos previstos en el Título IX.

Datos clave

  • Corresponden a la Comunidad Autónoma las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes.
  • Competencia ejecutiva en autorizaciones de trabajo de extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Andalucía.
  • Incluye la tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo y de los recursos contra ellas, y el régimen de inspección y sanción.
  • Se ejerce en necesaria coordinación con la competencia estatal en materia de entrada y residencia.
  • Participación preceptiva previa en la fijación del contingente de trabajadores extranjeros a través de los mecanismos del Título IX.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En inmigración Andalucía hace políticas de integración, tiene la competencia ejecutiva sobre autorizaciones de trabajo de extranjeros que trabajan en Andalucía y participa de forma preceptiva y previa en la fijación del contingente.

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Artículo 1. Objeto de esta ley.

Esta ley tiene por objeto:

a) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

b) Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Datos clave

  • La ley tiene un doble objeto: garantizar derechos de las personas con discapacidad y establecer el régimen de infracciones y sanciones.
  • Garantiza la igualdad de oportunidades y de trato y el ejercicio real y efectivo de derechos.
  • Medios: autonomía personal, accesibilidad universal, acceso al empleo, inclusión en la comunidad y vida independiente, y erradicación de toda discriminación.
  • Fundamento constitucional: artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española.
  • Fundamento internacional: Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley persigue dos fines: garantizar la igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad y fijar el régimen de infracciones y sanciones que protege esas condiciones básicas.

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Artículo 4. Titulares de los derechos.

Artículo 4. Titulares de los derechos.

1. Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Las disposiciones normativas de los poderes y las Administraciones públicas, las resoluciones, actos, comunicaciones y manifestaciones de estas y de sus autoridades y agentes, cuando actúen en calidad de tales, utilizarán los términos “persona con discapacidad” o “personas con discapacidad” para denominarlas.

2. Además de lo establecido en el apartado anterior, a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Se considerará también, a los efectos de esta ley, que presentan una discapacidad del 33 por ciento las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en grado I, así como una discapacidad del 65 por ciento a las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en grado II y III. Esta asimilación provocará efectos exclusivamente en los ámbitos previstos por ley o por otras normas que expresamente la contemplen, no siendo de aplicación en el ámbito tributario.

Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de la sección 1.ª del capítulo V y del capítulo VIII del título I, así como del título II, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y a las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio.

Independientemente de lo expresado anteriormente, la persona podrá solicitar la valoración con base en su discapacidad real.

3. El reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por el órgano competente en los términos desarrollados reglamentariamente.

La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional.

4. A efectos del reconocimiento del derecho a los servicios de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades se asimilan a dicha situación los estados previos, entendidos como procesos en evolución que puedan llegar a ocasionar una limitación en la actividad.

5. Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos en esta ley se otorgarán a los extranjeros de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. Para los menores extranjeros se estará además a lo dispuesto en las leyes de protección de los derechos de los menores vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, así como en los tratados internacionales.

6. El Gobierno extenderá la aplicación de las prestaciones económicas previstas en esta ley a los españoles residentes en el extranjero, siempre que carezcan de protección equiparable en el país de residencia, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen.

Datos clave

  • Son personas con discapacidad quienes presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena.
  • A los efectos de esta ley, tienen la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
  • Dependencia reconocida oficialmente en grado I: se considera una discapacidad del 33 por ciento; en grado II y III, una discapacidad del 65 por ciento.
  • La asimilación de la dependencia solo produce efectos en los ámbitos previstos por ley o por normas que la contemplen expresamente, y no se aplica en el ámbito tributario.
  • Pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y de clases pasivas por incapacidad permanente para el servicio: grado igual o superior al 33 por ciento a determinados efectos.
  • La persona podrá solicitar la valoración con base en su discapacidad real, y la acreditación del grado de discapacidad tendrá validez en todo el territorio nacional.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién es persona con discapacidad: la definición general, el grado igual o superior al 33 por ciento y las asimilaciones por dependencia y por pensiones de incapacidad; además, cómo se reconoce y acredita el grado.

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Artículo 1. Objeto de la Ley.

La presente ley tiene por objeto:

a) Promover y garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el derecho universal de todas las personas a las prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales, en condiciones de igualdad, con el fin de alcanzar su pleno desarrollo individual y social.

b) Ordenar y regular, a los efectos previstos en el párrafo anterior, el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía de tal manera que se garantice el acceso universal a los servicios y prestaciones en los términos y condiciones establecidos en esta ley y en las que completen la regulación de dicho acceso.

c) Ordenar y regular el acceso a las prestaciones garantizadas del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía como derecho subjetivo, dentro del marco de los requisitos de acceso específicos que se regulen para cada prestación o servicio.

d) Ordenar y regular el papel de la iniciativa privada en materia de servicios sociales, estableciendo el marco normativo general de su actividad, así como las condiciones para su participación en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

e) Garantizar el desarrollo de los instrumentos y medidas necesarias para que los servicios sociales se presten en las mejores condiciones de calidad y con la mayor eficiencia en el uso de los recursos.

Datos clave

  • Objeto: promover y garantizar el derecho universal de todas las personas a las prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales, en condiciones de igualdad.
  • Ordenar y regular el Sistema garantizando el acceso universal a servicios y prestaciones.
  • Regular el acceso a las prestaciones garantizadas como derecho subjetivo.
  • Regular el papel de la iniciativa privada y su participación en el Sistema.
  • Garantizar la calidad de los servicios y la mayor eficiencia en el uso de los recursos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cinco fines de la ley andaluza de servicios sociales: garantizar el derecho universal, ordenar el Sistema Público, regular las prestaciones garantizadas como derecho subjetivo, encuadrar la iniciativa privada y asegurar calidad y eficiencia.

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Artículo 2. Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

1. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía tiene por objeto la protección y la adecuada cobertura de las necesidades sociales, derivadas de la interacción de las personas con su entorno, sea este grupal o comunitario.

2. Las necesidades sociales que concretan este objeto de atención son: las carencias de las personas en el acceso a unos recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas; contar con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social; poder integrarse plenamente en la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a las carencias materiales como a las funcionales, y disponer de cauces para la participación social.

3. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía garantiza su objetivo mediante el acceso a un conjunto de prestaciones y servicios contemplados en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

4. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía fomentará la solidaridad social, la cooperación, la autoayuda y el voluntariado como un complemento necesario para la efectividad de las prestaciones y servicios.

5. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía constituye una red integrada de responsabilidad y control público de atención, cuya finalidad es favorecer la integración social, la igualdad de oportunidades, la autonomía personal, la convivencia y la participación social y el bienestar social de todas las personas, familias y grupos, desarrollando una función promotora, preventiva, protectora y asistencial.

Datos clave

  • Objeto del Sistema: la protección y adecuada cobertura de las necesidades sociales derivadas de la interacción de las personas con su entorno, grupal o comunitario.
  • Garantiza su objetivo mediante las prestaciones y servicios del Catálogo de Prestaciones.
  • Fomenta la solidaridad social, la cooperación, la autoayuda y el voluntariado como complemento necesario.
  • Constituye una red integrada de responsabilidad y control público de atención.
  • Función promotora, preventiva, protectora y asistencial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Sistema Público andaluz cubre las necesidades sociales nacidas de la relación de la persona con su entorno, a través de un Catálogo de Prestaciones, como red integrada de responsabilidad y control público.

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Artículo 4. Ámbito de aplicación.

1. La presente ley se aplicará a todos los servicios, prestaciones y actividades del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

2. Asimismo, será de aplicación a los servicios sociales no integrados en el sistema público las disposiciones que regulen:

a) Los derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales que se definan.

b) La autorización, el registro y la inspección y control de entidades, servicios y centros como garantía del cumplimiento de los requisitos materiales, funcionales y de personal que les sean de aplicación.

c) El régimen de infracciones y sanciones.

d) Aquellas otras disposiciones que expresamente se establezcan.

Datos clave

  • La ley se aplica a todos los servicios, prestaciones y actividades del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.
  • A los servicios sociales no integrados en el sistema público se les aplican las disposiciones sobre derechos y obligaciones de usuarios y profesionales.
  • También las relativas a autorización, registro, inspección y control de entidades, servicios y centros.
  • Y el régimen de infracciones y sanciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley se aplica a todo el Sistema Público; a los servicios sociales privados no integrados solo les alcanzan derechos y obligaciones, autorización y control, régimen sancionador y lo que se disponga expresamente.

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Artículo 24. Naturaleza del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

1. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía es el conjunto de servicios, recursos y prestaciones de las Administraciones Públicas de Andalucía orientados a garantizar el derecho de todas las personas en Andalucía a la protección social, la promoción social y la prevención, en los términos recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en esta ley y en el resto de la normativa vigente en la materia.

2. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía estará integrado por:

a) El conjunto de servicios, recursos y prestaciones que se ofrecen desde la Consejería competente en materia de servicios sociales de la Junta de Andalucía y, en su caso, su ente instrumental.

b) El conjunto de servicios, recursos y prestaciones que se ofrecen desde las entidades locales de Andalucía, y, en su caso, desde sus entes instrumentales.

c) Y, en general, todos aquellos servicios, recursos y prestaciones de titularidad privada que ofrezcan sus servicios a la ciudadanía bajo cualquier forma de contrato con la Administración de la Junta de Andalucía, con las entidades locales o con cualquiera de sus entidades instrumentales.

3. La superior dirección y coordinación de todas las actuaciones, servicios, recursos y prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía corresponderá a la Consejería competente en materia de servicios sociales, que garantizará la adecuada integración y la coordinación de los mismos en orden a posibilitar la igualdad efectiva en el acceso al sistema, bajo los principios rectores recogidos en la presente ley.

4. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se configura por la acción cooperativa entre la ciudadanía, los agentes económicos y sociales y las instituciones. Su finalidad es facilitar la acción de la sociedad para el logro del bienestar social y empoderar a las personas, unidades de convivencia, grupos y comunidades para que sean protagonistas de su propio desarrollo, reduciendo su vulnerabilidad y favoreciendo su autonomía y autodeterminación.

5. Las actuaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se producirán de forma integrada, flexible, adaptativa e innovadora como respuesta a las necesidades de las personas, unidades de convivencia, grupos y comunidades en las que se integran, en los momentos en que precisen apoyos y recursos específicos, especialmente cuando su red social sea débil o deficitaria.

6. Las actuaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía serán desarrolladas en cooperación y coordinación con otros sistemas y políticas públicas que inciden en la calidad de vida y en el bienestar social de la población.

7. Para el logro de sus objetivos, el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se dotará de instrumentos adecuados para la planificación, la evaluación y la mejora continua de la calidad de la atención, así como para el cumplimiento del compromiso ético, la sostenibilidad y la eficiencia, en los términos previstos en esta ley.

Datos clave

  • El Sistema es el conjunto de servicios, recursos y prestaciones de las Administraciones Públicas de Andalucía orientados a la protección social, la promoción social y la prevención.
  • Lo integran los servicios de la Consejería (y su ente instrumental), los de las entidades locales y los privados que actúan bajo cualquier forma de contrato con la Administración.
  • La superior dirección y coordinación corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
  • Se configura por la acción cooperativa entre la ciudadanía, los agentes económicos y sociales y las instituciones.
  • Sus actuaciones son integradas, flexibles, adaptativas e innovadoras.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Sistema Público andaluz reúne los servicios de la Junta, de las entidades locales y de los privados contratados por ellas, bajo la superior dirección y coordinación de la Consejería.

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Artículo 25. Principios rectores.

El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se regirá por los siguientes principios:

a) Universalidad: Los poderes públicos garantizarán a toda la ciudadanía el derecho de acceso a las prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en condiciones de igualdad.

b) Solidaridad: Los poderes públicos asumirán la responsabilidad de orientar sus actuaciones a favorecer la cohesión social mediante la aplicación de políticas públicas redistributivas dirigidas a superar las desigualdades de carácter social.

c) Responsabilidad pública: Las Administraciones Públicas serán las garantes del carácter público y universal del sistema, adoptando cuantas medidas sean necesarias para favorecer su legitimidad social y su sostenibilidad futura.

d) Equidad: Las Administraciones Públicas ejercerán la tutela de los servicios sociales y su uso efectivo en condiciones de equidad para todas las personas y en todo el territorio de Andalucía, fortaleciendo el respeto y la aceptación de la diversidad en razón de edad, sexo, orientación o identidad de género, etnia, cultura, creencias religiosas, situación socioeconómica o capacidad funcional.

e) Calidad: El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía promoverá la mejora continua de la calidad de los servicios sociales a través de un sistema de acreditación y de la evaluación permanente de los resultados y formación continua de los profesionales.

f) Eficiencia social y económica: La Administración Pública garantizará la mejora continua de la eficiencia de los servicios sociales, orientando a las entidades proveedoras sobre criterios de actuación basados en las necesidades y expectativas de los grupos de interés y en función de los objetivos estratégicos del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

g) Responsabilidad social: Los poderes públicos asumirán su responsabilidad ante los impactos que sus decisiones y actuaciones ocasionan en su entorno, la sociedad y el medio ambiente. Asimismo, asumirán los principios de rendición de cuentas, transparencia y comportamiento ético respecto a sus grupos de interés, y el respeto al principio de legalidad y a la normativa internacional sobre los derechos humanos.

h) Accesibilidad universal y diseño para todas las personas: Los poderes públicos garantizarán que el acceso a las prestaciones y servicios de los servicios sociales se realice en condiciones de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.

i) Planificación: Los poderes públicos desarrollarán sus actuaciones en materia de servicios sociales de manera planificada, de tal forma que permita alcanzar los objetivos de la política social.

j) Participación: Las Administraciones Públicas actuarán bajo el principio de la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el desarrollo y evaluación de las políticas sociales, prestando especial atención a la población más vulnerable, como son las personas menores de edad, las personas mayores y todas aquellas que tengan dificultades para hacer valer su acción y opinión.

k) Emprendimiento e innovación social: Los poderes públicos promoverán el talento de emprendedores e innovadores cívicos para abordar los retos sociales, canalizando el más valioso talento humano para buscar las mejores soluciones, compartiendo las prácticas exitosas y favoreciendo su extensión, y que se realicen adaptaciones con calidad dentro del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

l) Prevención: Las políticas de servicios sociales se canalizarán para prevenir y superar las causas que originan situaciones de necesidad social.

m) Atención centrada en la persona y en su contexto: El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía ofrecerá una atención individual basada en la evaluación integral de las necesidades de cada persona en su entorno familiar, grupal y comunitario.

n) Carácter integral y continuidad de la atención: El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía garantizará el carácter integral y la continuidad de la atención mediante la planificación conjunta de la atención, el seguimiento y la evaluación de resultados, así como el fortalecimiento del trabajo cooperativo y en red.

ñ) Interdisciplinariedad: El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se regirá por la interdisciplinariedad de las intervenciones, promoviendo el trabajo en equipo y la integración de las aportaciones de las diversas profesiones del ámbito de la intervención social y cualesquiera otras que resulten idóneas.

o) Intersectorialidad: Las actuaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se regirán por el principio de la intersectorialidad, como estrategia de cooperación horizontal mediante la actuación conjunta de los sectores con capacidad de afectar a las condiciones sociales y económicas que determinan la calidad de vida y el bienestar de las personas.

p) Proximidad: El despliegue territorial de las prestaciones y recursos de servicios sociales buscará la equidad territorial y la mayor proximidad a la población de referencia.

q) Normalización: El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía posibilitará la atención de las personas en su entorno habitual, preferentemente en el domicilio, y articulará, cuando la permanencia en el domicilio no resulte viable, alternativas residenciales idóneas, por su tamaño y proximidad, a la integración en el entorno.

r) Transversalidad de género: Los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, de las políticas en todos los ámbitos de actuación, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la situación específica de unas y otros, al objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género.

s) Respeto a la diversidad: El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía deberá promover, como elemento transversal, el respeto y la aceptación de la diversidad y la diferencia, acorde con los derechos humanos, para conseguir un mayor desarrollo y enriquecimiento personal y de la sociedad en su conjunto.

t) Empoderamiento digital: Los poderes públicos favorecerán la accesibilidad al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía mediante el uso racional de las tecnologías de la información y comunicación, así como de las redes sociales.

u) Desarrollo comunitario: Los poderes públicos velarán por el desarrollo de las comunidades en las que las personas y grupos se integran, dotando a las mismas de los elementos necesarios para la participación de la ciudadanía.

v) Coordinación y cooperación interadministrativa: Los poderes públicos impulsarán mecanismos de coordinación y de cooperación entre sí.

w) Cooperación con la iniciativa privada: Los poderes públicos podrán impulsar mecanismos de cooperación con la iniciativa privada, especialmente con las entidades de iniciativa social.

Datos clave

  • El artículo enumera 23 principios rectores, de la letra a) a la w).
  • Universalidad: acceso de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad.
  • Calidad: mejora continua mediante un sistema de acreditación y evaluación permanente de resultados.
  • Normalización: atención en el entorno habitual, preferentemente en el domicilio.
  • Proximidad: equidad territorial y mayor proximidad a la población de referencia.
  • Intersectorialidad: estrategia de cooperación horizontal entre sectores.
  • Cooperación con la iniciativa privada, especialmente con las entidades de iniciativa social.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Veinticuatro principios rectores del Sistema Público, de la a) a la w): universalidad, solidaridad, responsabilidad pública, equidad, calidad, proximidad, normalización, género y cooperación, entre otros.

Esquema

Interdisciplinariedad e intersectorialidad
InterdisciplinariedadIntersectorialidad
Qué uneDiversas profesiones de la intervención social y otras idóneasSectores con capacidad de afectar a las condiciones sociales y económicas
CómoTrabajo en equipo e integración de aportacionesCooperación horizontal y actuación conjunta

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Artículo 26. Estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

1. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se articula funcionalmente en una red de prestaciones, servicios y recursos, estructurada en dos niveles de atención coordinados y complementarios entre sí:

a) Nivel primario de servicios sociales.

b) Nivel especializado de servicios sociales.

2. En el nivel primario de servicios sociales se ubican los servicios sociales comunitarios, que se prestan a la población desde los centros de servicios sociales comunitarios y mediante los equipos profesionales de los mismos.

3. En el nivel especializado de servicios sociales se ubican los servicios sociales especializados, que integran todos aquellos centros y servicios sociales que sobre la base de criterios de mayor complejidad requieren una especialización técnica concreta o una disposición de recursos determinada.

4. Reglamentariamente se establecerán las prestaciones, servicios y recursos que integran el nivel primario y el nivel especializado de servicios sociales, que vendrán dados por el despliegue que se establezca en el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.

5. En cada uno de estos niveles de atención se establecerán protocolos específicos para la prevención y atención de situaciones de necesidad, así como de las situaciones de urgencia y emergencia social que puedan presentarse.

Datos clave

  • Dos niveles de atención coordinados y complementarios: nivel primario y nivel especializado.
  • En el nivel primario se ubican los servicios sociales comunitarios, prestados desde los centros de servicios sociales comunitarios.
  • En el nivel especializado se ubican los servicios que, por su mayor complejidad, requieren especialización técnica o una disposición de recursos determinada.
  • Las prestaciones de cada nivel se establecen reglamentariamente según el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.
  • En cada nivel habrá protocolos para situaciones de urgencia y emergencia social.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Sistema Público se organiza en dos niveles coordinados: primario, con los servicios sociales comunitarios, y especializado, para situaciones de mayor complejidad.

Esquema

Niveles de atención
PrimarioEspecializado
ServiciosServicios sociales comunitariosServicios sociales especializados
CriterioAtención a la población desde centros comunitariosMayor complejidad: especialización técnica o recursos determinados

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Artículo 27. Servicios sociales comunitarios.

1. Los servicios sociales comunitarios, de titularidad y gestión pública, constituyen la estructura básica del nivel primario de servicios sociales. La organización y gestión de estos servicios y sus centros corresponde a las entidades locales de cada territorio, de ámbito municipal o supramunicipal, en el marco de la planificación autonómica y en el ejercicio de las competencias propias en materia de servicios sociales que les atribuyen el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

2. En este sentido, los servicios sociales comunitarios se configuran como el primer nivel de referencia para la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención, tratamiento, seguimiento, evaluación de la atención y coordinación con otros agentes institucionales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, garantizando la universalidad en el acceso al mismo y su proximidad a las personas usuarias, familias, unidades de convivencia y grupos de la comunidad.

3. Los servicios sociales comunitarios posibilitarán el acceso de las personas usuarias al conjunto del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía y constituirán el nivel de referencia para la prevención de situaciones de vulnerabilidad social, la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención, el seguimiento y la evaluación de la atención, así como la coordinación con otros agentes e instituciones presentes en el territorio, al objeto de articular la respuesta a las necesidades individuales, familiares, grupales y comunitarias de atención.

4. Los servicios sociales comunitarios estarán referenciados a un territorio y a una población determinada y se desarrollarán desde los centros de servicios sociales comunitarios.

Datos clave

  • Los servicios sociales comunitarios son de titularidad y gestión pública.
  • Constituyen la estructura básica del nivel primario de servicios sociales.
  • Su organización y gestión corresponde a las entidades locales, de ámbito municipal o supramunicipal.
  • Son el primer nivel de referencia para la valoración de necesidades, la planificación y la intervención.
  • Están referenciados a un territorio y a una población determinada y se desarrollan desde los centros de servicios sociales comunitarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios sociales comunitarios, de titularidad y gestión pública, son la base del nivel primario; los organizan las entidades locales y son el primer nivel de referencia y la puerta al sistema.

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Artículo 32. Servicios sociales especializados.

El artículo 32 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, regula los servicios sociales especializados, que forman el segundo nivel del Sistema Público de Servicios Sociales.

1. Los servicios sociales especializados constituyen la estructura del nivel especializado de servicios sociales.

2. Integran todos aquellos centros y servicios sociales que configuran el nivel de intervención específico para el desarrollo de aquellas actuaciones que, atendiendo a su mayor complejidad, requieran una especialización técnica concreta o una disposición de recursos determinados.

3. El acceso a los servicios sociales especializados se producirá por derivación de los servicios sociales comunitarios, a excepción de las situaciones de urgencia social que requieran su atención inmediata en este nivel de complejidad.

Al servicio social especializado de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica se accederá mediante la resolución judicial que establezca el cargo de apoyo, que deberá ser aceptado por la entidad designada por la Administración.

4. Cuando una persona usuaria sea derivada a los servicios sociales especializados y a fin de garantizar la calidad del proceso, la persona profesional responsable de la atención en este nivel se coordinará con la persona profesional responsable de los servicios sociales comunitarios a efectos de información, intervención y seguimiento.

5. Las Administraciones Públicas podrán contratar, concertar o convenir prestaciones de los servicios sociales especializados entre sí, o con la iniciativa privada que sea titular de dichos servicios o de los centros desde los que se prestan, para lo que deberán cumplir lo establecido en los artículos 81 y siguientes de la presente ley, incorporándose en este caso al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. En todo caso, el seguimiento y evaluación será competencia de la Consejería competente.

6. Las prestaciones y recursos de servicios sociales especializados tendrán su referencia territorial en las áreas de servicios sociales y en otros ámbitos territoriales superiores, como el autonómico.

Datos clave

  • Los servicios sociales especializados constituyen la estructura del nivel especializado.
  • El acceso se produce por derivación de los servicios sociales comunitarios, salvo situaciones de urgencia social que requieran atención inmediata.
  • Al servicio de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica se accede mediante resolución judicial que establezca el cargo de apoyo.
  • Las Administraciones pueden contratar, concertar o convenir prestaciones especializadas cumpliendo los artículos 81 y siguientes de la ley.
  • El seguimiento y evaluación es competencia de la Consejería competente.
  • Su referencia territorial son las áreas de servicios sociales y ámbitos superiores, como el autonómico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios sociales especializados son el nivel de intervención para los casos más complejos: se llega a ellos por derivación de los comunitarios, salvo urgencia social, y se coordinan con estos en información, intervención y seguimiento.

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Artículo 36. Principios orientadores de la organización territorial.

Los servicios sociales se estructurarán territorialmente de acuerdo con los siguientes principios:

a) Descentralización.

b) Desconcentración.

c) Equidad territorial.

d) Proximidad a la ciudadanía.

e) Eficacia y eficiencia en la satisfacción de las necesidades sociales.

f) Accesibilidad a la información y a los servicios sociales.

g) Coordinación y trabajo en red.

Datos clave

  • Descentralización.
  • Desconcentración.
  • Equidad territorial y proximidad a la ciudadanía.
  • Eficacia y eficiencia en la satisfacción de las necesidades sociales.
  • Accesibilidad a la información y a los servicios sociales.
  • Coordinación y trabajo en red.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Siete principios para estructurar territorialmente los servicios sociales: descentralización, desconcentración, equidad territorial, proximidad, eficacia y eficiencia, accesibilidad, y coordinación y trabajo en red.

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Artículo 41. Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

El artículo 41 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, regula el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

1. El Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales es el instrumento que determinará el conjunto de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

2. El Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales definirá, entre otras, las características de calidad, la necesidad a la que da respuesta, los criterios de financiación y la naturaleza jurídica de cada prestación.

3. El Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales especificará las prestaciones que serán ofertadas desde los servicios sociales comunitarios, así como las que corresponderán a los servicios sociales especializados.

4. El Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales se mantendrá actualizado de forma permanente, incorporando al mismo nuevas prestaciones en respuesta a las necesidades cambiantes en la población y el entorno. En todo caso, deberá ser revisado cada tres años. Asimismo, se podrán retirar o modificar, motivadamente, prestaciones existentes en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales cuando la disponibilidad de evidencias surgidas de la evaluación de resultados así lo aconseje, previo informe facultativo del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía cuando se trate de prestaciones garantizadas.

5. En el proceso de elaboración del catálogo se asegurará la participación ciudadana, profesional y de las Administraciones Públicas implicadas.

6. Las prestaciones del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales tendrán la consideración de servicio público.

7. Reglamentariamente, y a propuesta de la Consejería competente en materia de servicios sociales, se aprobará el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que al menos contará con:

a) Denominación, definición y modalidad.

b) Tipo de prestación: garantizada o no garantizada.

c) Población destinataria.

d) Requisitos y procedimiento de acceso.

e) Plazo de concesión, cuando proceda.

f) Participación de las personas usuarias en la financiación, cuando proceda.

g) Causas de suspensión o extinción, cuando proceda.

h) Administración Pública a quien compete su prestación, origen de la financiación, tipo de gestión de la prestación y titular del centro en el que se presta.

Datos clave

  • El Catálogo determina el conjunto de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.
  • Especifica qué prestaciones ofrecen los servicios sociales comunitarios y cuáles los especializados.
  • Debe ser revisado cada tres años.
  • Retirar o modificar prestaciones garantizadas exige informe facultativo del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía.
  • Las prestaciones del Catálogo tienen la consideración de servicio público.
  • Se aprueba reglamentariamente a propuesta de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Catálogo de Prestaciones fija qué prestaciones tiene el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, quién las da, cómo se financian y su naturaleza; se actualiza de forma permanente, se revisa cada tres años y se aprueba reglamentariamente.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 42. Prestaciones garantizadas.

El artículo 42 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, define las prestaciones garantizadas y enumera las que, como mínimo, debe recoger el Catálogo.

1. Se considerarán prestaciones garantizadas aquellas cuyo reconocimiento tiene el carácter de derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria para las Administraciones Públicas, en las condiciones establecidas en cada caso en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales y en el ejercicio de las competencias propias en materia de servicios sociales que les atribuyen el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

2. El Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales describirá de forma clara las prestaciones garantizadas, entre las que, al menos, estarán:

a) Los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento.

b) La elaboración y ejecución del Proyecto de Intervención Social, a fin de garantizar una adecuada atención acorde con la valoración social de la persona, familia o unidad de convivencia, donde se incorporarán los objetivos a alcanzar, los medios disponibles, los plazos máximos de tramitación y ejecución, así como las acciones específicas orientadas a fomentar, en su caso, la inclusión personal, social, educativa y laboral.

c) El servicio de teleasistencia.

d) La atención inmediata en situaciones de urgencia y emergencia social.

e) Los servicios específicos para la protección de niños o niñas en situación de riesgo o desamparo.

f) La protección jurídica y social de las personas menores de edad en situación de desamparo, así como de las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, cuando por resolución judicial, la medida de apoyo corresponda a una fundación o persona jurídica sin ánimo de lucro por no haberse podido designar una persona física, familiar o allegado, u otra persona jurídica sin ánimo de lucro que tuviera relación con la persona apoyada.

g) Las prestaciones económicas específicas y directas orientadas a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, que deberán incorporar un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción sociolaboral.

h) Las prestaciones contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y en su normativa de desarrollo.

i) La protección y amparo a las personas víctimas de violencia de género o trata, así como, en su caso, a su unidad de convivencia.

j) El reconocimiento de la situación de discapacidad, determinando su tipo y grado.

k) El servicio de ayuda a domicilio de los servicios sociales comunitarios no vinculados a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

l) El alojamiento alternativo.

m) La prestación de servicios de apoyo psicosocial y psicoeducativa de atención a la infancia y la familia.

n) El tratamiento integral para las personas con problemas de drogodependencia y otras adicciones.

ñ) Atención a personas mayores víctimas de violencia intrafamiliar.

o) Las prestaciones económicas para menores en acogimiento familiar.

3. La efectividad jurídica de las prestaciones garantizadas contempladas en el punto anterior estará sujeta a la aprobación y publicación del catálogo definido en el artículo 41, salvo las referidas en las letras h ) y j ), que se rigen, en este aspecto, por su propia normativa.

Datos clave

  • Las prestaciones garantizadas tienen carácter de derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria para las Administraciones Públicas.
  • Entre ellas: información, valoración, orientación y asesoramiento; teleasistencia; atención inmediata en urgencia y emergencia social.
  • También el reconocimiento de la situación de discapacidad, determinando su tipo y grado.
  • Incluye el servicio de ayuda a domicilio no vinculado a la Ley 39/2006 y el alojamiento alternativo.
  • La letra o) añade las prestaciones económicas para menores en acogimiento familiar.
  • Su efectividad está sujeta a la aprobación y publicación del catálogo del artículo 41, salvo las letras h) y j).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las prestaciones garantizadas son derechos subjetivos exigibles que las Administraciones deben proveer; la ley enumera las que, como mínimo, recogerá el Catálogo, y su efectividad depende de que este se apruebe, salvo dependencia y discapacidad.

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Artículo 49. Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía las siguientes competencias:

a) Establecer las prioridades y directrices de la política general de servicios sociales.

b) Aprobar el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

c) Aprobar el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Establecer los criterios y las fórmulas de coordinación general del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía y de coordinación transversal entre los departamentos de la Junta de Andalucía cuando sea necesario para la mejor gestión y eficacia de la política de servicios sociales.

e) Fijar los precios públicos que correspondan por la prestación de los servicios sociales, sin perjuicio de las previsiones contenidas en el artículo 145.3 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f) Ejercer la potestad sancionadora de acuerdo con lo establecido en el título VI de la presente ley.

g) Cualquier otra que se le atribuya por la normativa vigente, así como aquellas otras que, siendo necesarias para el desarrollo y ejecución de la política de servicios sociales, no estén expresamente atribuidas a otra Administración Pública.

h) Garantizar la suficiencia financiera y técnica de las prestaciones garantizadas, que sean objeto de su competencia, dentro del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

Datos clave

  • El Consejo de Gobierno establece las prioridades y directrices de la política general de servicios sociales.
  • Aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.
  • Aprueba el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  • Fija los precios públicos por la prestación de los servicios sociales, sin perjuicio del artículo 145.3 de la Ley 4/1988, de 5 de julio.
  • Ejerce la potestad sancionadora conforme al título VI de la ley.
  • Garantiza la suficiencia financiera y técnica de las prestaciones garantizadas de su competencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Competencias del Consejo de Gobierno: directrices de la política social, aprobar el Catálogo y el Plan Estratégico, coordinación general, precios públicos, potestad sancionadora y suficiencia financiera de las garantizadas.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 50. Consejería competente en materia de servicios sociales.

Corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales:

a) Adoptar las medidas necesarias para ejecutar las directrices que establezca el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de servicios sociales y para desarrollar y ejecutar sus disposiciones y acuerdos.

b) La superior dirección y coordinación de todas las actuaciones, servicios, recursos y prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

c) Elaborar el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía y elaborar y aprobar los planes específicos y territoriales, así como efectuar el seguimiento de los mismos.

d) Elaborar y aprobar el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.

e) Elaborar el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía y adoptar las medidas necesarias para su aplicación.

f) Definir y coordinar la Estrategia de calidad, el Sistema de Información de los Servicios Sociales y el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía.

g) Crear y, en su caso, gestionar aquellos servicios sociales que se estimen necesarios dentro del ámbito de sus competencias.

h) Elaborar y desarrollar protocolos de coordinación con otros sistemas de protección social que puedan confluir con el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en áreas concretas de la intervención social.

i) Conceder y, en su caso, gestionar las prestaciones que se estimen necesarias, sin perjuicio de la colaboración de las entidades locales cuando así se establezca en su normativa específica.

j) Elaborar y, en su caso, aprobar los instrumentos técnicos comunes de intervención social.

k) Suscribir los convenios de colaboración en materia de servicios sociales con la Administración del Estado o con la Administración Local.

l) Asesorar y prestar asistencia técnica a las entidades e instituciones que participen en la prestación de los servicios sociales a fin de que su actuación se adecue a lo dispuesto en la presente ley y a su normativa de desarrollo.

m) Fomentar e impulsar programas de formación en el ámbito de los servicios sociales, así como el impulso de la investigación y la divulgación de los resultados obtenidos en los mismos.

n) Ejercer las competencias en materia de autorización, acreditación y registro de entidades, centros y servicios sociales.

ñ) Fomentar la participación ciudadana, el asociacionismo, el voluntariado y otras fórmulas de ayuda mutua, así como prestar apoyo a los órganos de participación y cooperación previstos en esta ley.

o) Ejercer la potestad inspectora para garantizar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias ordenadoras de los servicios sociales.

p) Ejercer la potestad sancionadora.

q) Cualquier otra competencia atribuida por disposición legal o reglamentaria.

r) Atribuir, coordinar y supervisar las potestades relacionadas con los servicios sociales que sean ejercidas por las entidades de gestión pública contempladas en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Datos clave

  • La Consejería tiene la superior dirección y coordinación de todas las actuaciones, servicios, recursos y prestaciones del Sistema.
  • Elabora el Plan Estratégico y elabora y aprueba los planes específicos y territoriales.
  • Elabora y aprueba el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.
  • Elabora el Catálogo de Prestaciones (que aprueba el Consejo de Gobierno).
  • Define y coordina la Estrategia de calidad, el Sistema de Información y el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía.
  • Ejerce las competencias de autorización, acreditación y registro, la potestad inspectora y la potestad sancionadora.
  • Suscribe convenios de colaboración con la Administración del Estado o con la Administración Local.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Competencias de la Consejería: ejecutar las directrices del Consejo de Gobierno, dirigir el sistema, elaborar Plan y Catálogo, aprobar el Mapa, autorizar y registrar entidades, inspeccionar y sancionar.

Esquema

Quién elabora y quién aprueba
ElaboraAprueba
Plan EstratégicoConsejeríaConsejo de Gobierno
Catálogo de PrestacionesConsejeríaConsejo de Gobierno
Mapa de Servicios SocialesConsejeríaConsejería
Planes específicos y territorialesConsejeríaConsejería

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Artículo 51. Entidades locales.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, son competencias propias de las entidades locales de Andalucía en materia de servicios sociales las competencias generales establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las que se determinan como competencias propias en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y aquellas que así estén definidas por la normativa sectorial, y específicamente las siguientes:

a) Estudiar y detectar las necesidades sociales en su ámbito territorial.

b) Planificar, en el marco del Plan Estratégico de Servicios Sociales y del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, los servicios sociales comunitarios en su ámbito territorial.

c) Promover el establecimiento de centros y servicios que constituyen el equipamiento propio de los servicios sociales comunitarios y, en su caso, de los servicios sociales especializados.

d) Proporcionar la dotación de espacios y centros y el personal suficiente y adecuado para las prestaciones de los servicios sociales comunitarios, de acuerdo a los criterios que establezca el Mapa de Servicios Sociales.

e) Gestionar las prestaciones del catálogo correspondientes a los servicios sociales comunitarios.

f) Fomentar la participación ciudadana en la prevención y resolución de los problemas sociales detectados en su territorio.

g) Elaborar planes de actuación local en materia de servicios sociales, de acuerdo con la planificación estratégica de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

h) Aportar la participación financiera que les corresponda en el mantenimiento de los servicios sociales comunitarios.

i) Colaborar en las funciones de inspección y control de la calidad, de acuerdo a la legislación autonómica.

j) Realizar programas de sensibilización social, de participación ciudadana, promoción del asociacionismo, del voluntariado y de otras formas de ayuda mutua.

k) Coordinar las actuaciones de las entidades con o sin ánimo de lucro que desarrollen servicios sociales en el municipio.

l) Coordinar la política municipal de servicios sociales con la desarrollada por otros sistemas de protección social.

m) Detectar precozmente las situaciones de riesgo social individuales y comunitarias.

n) Cualquier otra que le sea atribuida de acuerdo con la legislación vigente.

2. Estas competencias se ejercerán en el marco del Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía y de acuerdo con la planificación territorial establecida en el Mapa de Servicios Sociales.

3. A fin de alcanzar una mayor eficacia y rentabilidad social de los recursos disponibles, las competencias enumeradas en el apartado 1 de este artículo se ejercerán por los municipios, por sí mismos o asociados, o a través de las fórmulas de colaboración interadministrativa previstas en la legislación sobre régimen local. La asociación de municipios deberá ajustarse a la distribución de zonas básicas de servicios sociales aprobada en el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, los municipios podrán optar a prestar los servicios sociales comunitarios a través de la asistencia material de la provincia al municipio, mediante los mecanismos establecidos al efecto en el artículo 14 de la citada Ley 5/2010, de 11 de junio.

5. Una vez garantizados los servicios sociales comunitarios en su municipio, los ayuntamientos, de acuerdo con su capacidad financiera, podrán prestar los servicios sociales especializados que consideren necesarios, de acuerdo con los requisitos previstos en la legislación estatal y autonómica en el marco de la planificación establecida por la Comunidad Autónoma conforme a lo previsto en la legislación aplicable.

6. Las diputaciones provinciales gestionarán los servicios sociales comunitarios de los municipios conforme a lo dispuesto en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

7. Las diputaciones provinciales podrán gestionar servicios sociales comunitarios que atiendan a varios municipios de acuerdo con la normativa de régimen local y mediante las fórmulas legalmente previstas para ello.

8. Del mismo modo, las diputaciones provinciales podrán gestionar, conforme a la planificación y demás facultades de coordinación de la Administración de la Junta de Andalucía, centros y establecimientos de servicios sociales especializados de ámbito provincial y supramunicipal de su titularidad, sin perjuicio de lo previsto en la legislación estatal.

Datos clave

  • Base: artículo 92 del Estatuto de Autonomía, Ley 7/1985, de 2 de abril, y Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
  • Las entidades locales planifican los servicios sociales comunitarios en su ámbito territorial y gestionan las prestaciones del catálogo correspondientes a ellos.
  • Detectan precozmente las situaciones de riesgo social individuales y comunitarias.
  • Las competencias se ejercen en el marco del Plan Estratégico y del Mapa de Servicios Sociales.
  • La asociación de municipios debe ajustarse a la distribución de zonas básicas de servicios sociales aprobada en el Mapa.
  • Garantizados los servicios comunitarios, los ayuntamientos pueden prestar servicios sociales especializados según su capacidad financiera.
  • Las diputaciones provinciales gestionan los servicios sociales comunitarios de los municipios conforme a la Ley 5/2010.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Competencias propias de las entidades locales en servicios sociales: detectar necesidades, planificar y gestionar los comunitarios, dotar centros y personal, cofinanciar y coordinar; y papel de municipios y diputaciones.

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Artículo 83. Autorización de centros y servicios.

El artículo 83 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, regula la autorización de centros y servicios.

1. Los centros y servicios de día y de noche y los centros y servicios de atención residencial, en tanto desarrollan algunas prestaciones ligadas a la salud pública y por razones de interés general precisarán de autorización administrativa en los siguientes supuestos:

a) Para su puesta en funcionamiento.

b) Para las modificaciones sustanciales que afecten a la estructura física de las instalaciones o a la estructura funcional.

2. (Suprimido).

3. Para los demás tipos de centros y supuestos no recogidos en el apartado primero, y en aquellos otros que se establezcan reglamentariamente, se aplicará el régimen de declaración responsable o comunicación administrativa. Reglamentariamente, se establecerán los supuestos, las condiciones y el procedimiento de tramitación del régimen de declaración responsable o comunicación administrativa. La comunicación administrativa tendrá por objeto disponer de un inventario general de las infraestructuras y servicios existentes para desarrollar la planificación del sistema público de servicios sociales de Andalucía.

4. Reglamentariamente, se determinarán las condiciones exigidas a los centros a los que se refiere el apartado 1, que deberán comprender, al menos:

a) Las condiciones físicas y arquitectónicas de la edificación, garantizándose la accesibilidad en los términos previstos en la normativa vigente.

b) Las instalaciones y equipamientos exigibles.

c) Los requisitos relativos al personal que va a desarrollar el servicio.

d) Los requisitos funcionales, tales como la cartera de servicios, la elaboración de memorias, planes generales de intervención, desarrollo de programas y metodología, y procedimientos de trabajo, entre otros.

5. La tramitación de las declaraciones responsables para el ejercicio de un derecho, así como el otorgamiento de las autorizaciones administrativas provisionales o definitivas y renovaciones corresponden a la Consejería competente en materia de servicios sociales y tiene como finalidad el cumplimiento de los requisitos de seguridad, de calidad y los estándares mínimos establecidos por la normativa de servicios sociales para cada una de las actividades a desarrollar.

Datos clave

  • Precisan autorización los centros y servicios de día y de noche y los de atención residencial.
  • La autorización se exige para su puesta en funcionamiento y para modificaciones sustanciales de su estructura física o funcional.
  • El apartado 2 está suprimido.
  • Para los demás centros y supuestos rige el régimen de declaración responsable o comunicación administrativa.
  • La comunicación administrativa sirve para disponer de un inventario general de infraestructuras y servicios.
  • La tramitación y las autorizaciones provisionales o definitivas y renovaciones corresponden a la Consejería competente en materia de servicios sociales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los centros y servicios de día y de noche y los residenciales necesitan autorización para abrir y para modificaciones sustanciales; el resto va por declaración responsable o comunicación, y todo lo tramita la Consejería competente en servicios sociales.

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Artículo 87. Finalidad.

La Inspección de Servicios Sociales tiene como fin contribuir al buen funcionamiento del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía, garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios y centros de servicios sociales y promover la mejora continua del nivel de calidad en la prestación de los servicios sociales en Andalucía.

Datos clave

  • Órgano: la Inspección de Servicios Sociales.
  • Fin: contribuir al buen funcionamiento del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía.
  • Garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios y centros.
  • Promover la mejora continua del nivel de calidad en la prestación de los servicios sociales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Inspección de Servicios Sociales persigue tres fines: el buen funcionamiento del sistema, la garantía de los derechos de los usuarios y la mejora continua de la calidad.

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Artículo 101. Participación de la iniciativa social y privada mediante el régimen del concierto social.

El artículo 101 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, regula la participación de la iniciativa social y privada mediante el régimen del concierto social.

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por concierto social el instrumento por medio del cual se produce la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de entidades, cuya financiación, acceso y control sean públicos. Las Administraciones Públicas de Andalucía con competencias en materia de servicios sociales, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social, darán prioridad a las entidades de iniciativa social para la gestión de los servicios previstos en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía mediante el régimen de concierto social.

2. Excepcionalmente, en ausencia de entidades de iniciativa social que cumplan las condiciones establecidas en esta ley, las administraciones públicas podrán concertar con entidades privadas con ánimo de lucro, salvo en el caso del servicio social de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica que deberá en todo caso ser prestado por una fundación o persona jurídica sin ánimo de lucro, entre cuyos fines figure la promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad.

3. El concierto social se establece como una modalidad diferenciada del concierto regulado en la normativa de contratación del sector público, siendo necesario establecer condiciones especiales, dadas las especificidades de los servicios sociales debiendo cumplir los principios informadores de la normativa europea en materia de concertación. El acceso a las plazas concertadas será siempre a través de la Administración Pública competente.

4. Reglamentariamente se establecerán los aspectos y criterios a los cuales han de someterse los conciertos sociales, que contemplarán siempre los principios recogidos en la presente ley. Estos aspectos y criterios se referirán al cumplimiento de los requisitos previstos, a la tramitación de la solicitud, a la formalización, condiciones de actuación de las entidades concertadas, a la vigencia o la duración máxima del concierto y sus causas de extinción, a las condiciones para su renovación o su modificación, a las obligaciones de las entidades que presten el servicio concertado y de la Administración Pública otorgante del concierto social, a la sumisión del concierto al derecho administrativo, y otras condiciones necesarias en el marco de lo previsto en la presente ley.

Datos clave

  • Concierto social: instrumento de prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de entidades, con financiación, acceso y control públicos.
  • En análogas condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social, tienen prioridad las entidades de iniciativa social.
  • Excepcionalmente puede concertarse con entidades privadas con ánimo de lucro si no hay entidades de iniciativa social.
  • El apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica lo presta siempre una fundación o persona jurídica sin ánimo de lucro.
  • Es una modalidad diferenciada del concierto de la normativa de contratación del sector público.
  • El acceso a las plazas concertadas es siempre a través de la Administración Pública competente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El concierto social presta servicios sociales públicos a través de entidades con financiación, acceso y control públicos; en igualdad de condiciones se prefiere a la iniciativa social y solo excepcionalmente se concierta con entidades con ánimo de lucro.

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Artículo 124. Concepto y clasificación de las infracciones.

1. Se considera infracción, en el ámbito de esta ley, aquella acción u omisión de los diferentes sujetos responsables contraria a la normativa legal o reglamentaria tipificada y sancionada en esta ley.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de acuerdo con criterios de riesgo para la salud, seguridad, gravedad de la alteración social producida por los hechos, cuantía del beneficio obtenido, intencionalidad, número de personas afectadas y reincidencia.

Datos clave

  • Infracción: acción u omisión contraria a la normativa legal o reglamentaria tipificada y sancionada en la ley.
  • Se clasifican en leves, graves y muy graves.
  • Criterios: riesgo para la salud, seguridad, gravedad de la alteración social, cuantía del beneficio obtenido, intencionalidad, número de personas afectadas y reincidencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Infracción es la acción u omisión contraria a la normativa tipificada y sancionada en esta ley; se gradúa en leve, grave o muy grave según siete criterios.

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Artículo 1. Objeto.

El artículo 1 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, fija el objeto de la ley.

La presente ley tiene por objeto:

a) Promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incidiendo especialmente en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y fomentando la capacitación y el empoderamiento personal y social de las personas con discapacidad.

b) Impulsar el desarrollo de una sociedad inclusiva y accesible que permita a las personas con discapacidad, poniendo un énfasis especial en la situación de mujeres y niñas, el pleno desarrollo de sus capacidades en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía.

c) Asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas de atención a las personas con discapacidad.

d) Establecer el régimen sancionador autonómico en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Datos clave

  • Promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
  • Principios destacados: igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
  • Impulsar una sociedad inclusiva y accesible, con énfasis en la situación de mujeres y niñas.
  • Asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas.
  • Establecer el régimen sancionador autonómico en la materia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley andaluza de discapacidad persigue cuatro objetivos: garantizar derechos según la Convención Internacional, impulsar una sociedad inclusiva, dar transversalidad a la actuación pública y fijar un régimen sancionador.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

El artículo 2 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, regula su ámbito subjetivo de aplicación.

1. Esta ley es de aplicación a las personas con discapacidad con vecindad administrativa en Andalucía.

2. Se consideran personas con discapacidad las definidas en los apartados 1 y 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

3. Asimismo, a efectos del reconocimiento del derecho a los servicios y actuaciones que tiendan a prevenir la aparición o intensificación de discapacidades, se asimilarán a dicha situación los estados previos, entendidos como procesos en evolución que puedan llegar a ocasionar una limitación en la actividad o desemboquen en alguna discapacidad.

4. Los andaluces o andaluzas con discapacidad en el exterior podrán acceder a lo dispuesto en esta ley en los términos previstos en la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los andaluces en el mundo.

5. Las personas extranjeras con discapacidad accederán a los servicios, prestaciones y demás beneficios de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.

6. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, para acceder a los distintos servicios, prestaciones y demás beneficios se deberán cumplir los requisitos específicos que en cada caso se establezcan por la normativa aplicable.

7. La presente ley también será de aplicación a las familias y representantes legales de las personas con discapacidad, y a las entidades públicas o privadas que las representan.

Datos clave

  • Se aplica a las personas con discapacidad con vecindad administrativa en Andalucía.
  • Son personas con discapacidad las definidas en los apartados 1 y 2 del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
  • Se asimilan los estados previos a efectos de prevenir la aparición o intensificación de discapacidades.
  • Los andaluces en el exterior acceden en los términos de la Ley 8/2006, de 24 de octubre.
  • Las personas extranjeras acceden conforme a la normativa de extranjería e inmigración.
  • También se aplica a familias, representantes legales y entidades que representan a las personas con discapacidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley se aplica a las personas con discapacidad con vecindad administrativa en Andalucía, según la definición estatal; también a estados previos, andaluces en el exterior, extranjeros, familias y entidades.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 3. Calificación y reconocimiento de la situación de discapacidad.

El artículo 3 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, regula la calificación y reconocimiento de la situación de discapacidad.

1. El procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación de la situación de discapacidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios y normas aprobados por la legislación estatal.

2. La competencia para resolver las solicitudes de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad le corresponderá a la Consejería competente en materia de servicios sociales.

Datos clave

  • El procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación sigue los criterios y normas de la legislación estatal.
  • Resolver las solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
  • El reconocimiento abarca la declaración y la calificación del grado de discapacidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El reconocimiento del grado de discapacidad sigue los criterios de la legislación estatal, pero resuelve la Consejería andaluza competente en servicios sociales.

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Artículo 5. Fines.

El artículo 5 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, enumera los fines esenciales de la ley.

1. Son fines esenciales de la presente ley los siguientes:

a) Garantizar la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, así como prevenir y erradicar cualquier causa de discriminación por razón de la discapacidad, haciendo especial hincapié en la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad.

b) Promover la participación activa de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos sociales, sanitarios, culturales, deportivos, laborales, económicos y políticos.

c) Fomentar la visibilidad, capacitación, empoderamiento y liderazgo de las personas con discapacidad, en especial de mujeres y niñas.

d) Prevenir situaciones de discapacidad y dependencia y propiciar la calidad de vida, la autodeterminación y la vida independiente en la comunidad para las personas con discapacidad.

e) Promover condiciones de vida dignas para las personas con discapacidad mediante la atención integral de sus necesidades.

f) Fomentar el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas con discapacidad, con garantía del desarrollo de sus potencialidades, respeto a su diversidad y participando en la toma de decisiones, con el objeto de que ejerzan plenamente los derechos que como menores tienen.

g) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.

h) Ofrecer un apoyo, información y formación a las personas que prestan cuidados y a las familias.

i) Promover el valor de la accesibilidad universal como factor de calidad de vida en la sociedad andaluza.

j) Promover un aprendizaje inclusivo y reducir las desigualdades en salud de las personas con discapacidad.

k) Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género y garantizar acciones positivas que contribuyan a compensar las desigualdades de género que se suman a las que devienen por razón de discapacidad.

l) Preservar los derechos de las personas con discapacidad víctimas de violencia, con especial atención a las situaciones de violencia de género o violencia sexual y a las personas con necesidades de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.

m) Promover el respeto a la orientación e identidad sexual de las personas con discapacidad.

n) Promover el respeto a la imagen de las personas con discapacidad, preservar su privacidad, la no utilización o reproducción de su imagen sin las garantías jurídicas adecuadas.

ñ) Mejorar la información y el conocimiento sobre la discapacidad en Andalucía, y transmitir una imagen real y positiva de la discapacidad a fin de evitar la estigmatización social de las personas con discapacidad.

o) Prevenir la discriminación en el acceso al empleo, incorporando actuaciones que faciliten la inclusión e integración transversal de la igualdad de oportunidades en el diseño, implantación y evaluación de las políticas públicas de empleo.

2. Los fines descritos en el apartado anterior van dirigidos a promover un modelo de intervención social basado en la autonomía personal de las personas con discapacidad, atendiendo a su calidad de vida, al disfrute de sus derechos y respeto a la diferencia, a la incorporación de la perspectiva de género y a la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad de la condición humana.

Datos clave

  • Garantizar la igualdad de oportunidades y erradicar la discriminación por discapacidad, con especial hincapié en la doble discriminación de las mujeres con discapacidad.
  • Fomentar la visibilidad, capacitación, empoderamiento y liderazgo, en especial de mujeres y niñas.
  • Prevenir situaciones de discapacidad y dependencia y propiciar la vida independiente en la comunidad.
  • Promover el valor de la accesibilidad universal como factor de calidad de vida.
  • Prevenir la discriminación en el acceso al empleo.
  • Modelo de intervención social basado en la autonomía personal y en la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad humana.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley enumera dieciséis fines, de la igualdad y la no discriminación al empleo, con atención constante a mujeres y niñas, y los orienta a un modelo basado en la autonomía personal.

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Artículo 34. Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía.

El artículo 34 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, regula las prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía para estas personas.

1. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía desarrollará las prestaciones de servicios sociales recogidas en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, así como aquellas otras prestaciones complementarias que pudieran establecerse para mejorar las mismas o atender situaciones de necesidad no cubiertas por estas.

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá establecer prestaciones económicas de carácter periódico destinadas a personas con discapacidad que no puedan atender sus necesidades básicas de subsistencia, distintas y compatibles con las prestaciones del sistema de la Seguridad Social y de las que pueda otorgar la Administración del Estado.

3. Se preverán subvenciones para financiar los gastos derivados de la adquisición de ayudas técnicas, asistencia en centros, ayudas a la movilidad y a la comunicación, así como aquellas otras que favorezcan la inclusión social de las personas con discapacidad.

4. Los servicios sociales destinados a las personas con discapacidad que sean prestados por la iniciativa privada podrán llevarse a cabo a través de conciertos sociales como modalidades diferenciadas de las recogidas en la normativa de contratación del sector público. En cualquier caso, los procedimientos para la formalización de estos instrumentos de colaboración se someterán a los principios de publicidad, transparencia y no discriminación.

5. En el establecimiento de los conciertos sociales serán consideradas de manera preferente, en igualdad de condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social, las instituciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, promovidas por las personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales.

Datos clave

  • El Sistema desarrolla las prestaciones del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
  • Andalucía puede establecer prestaciones económicas periódicas para quienes no puedan atender sus necesidades básicas de subsistencia.
  • Esas prestaciones son distintas y compatibles con las de la Seguridad Social y la Administración del Estado.
  • Se prevén subvenciones para ayudas técnicas, asistencia en centros y ayudas a la movilidad y a la comunicación.
  • Los conciertos sociales se rigen por los principios de publicidad, transparencia y no discriminación.
  • Preferencia, en igualdad de condiciones, para las entidades sin ánimo de lucro promovidas por personas con discapacidad, sus familiares o representantes legales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios sociales andaluces desarrollan las prestaciones estatales de discapacidad y dependencia, pueden añadir prestaciones económicas periódicas y subvenciones, y usar conciertos sociales con preferencia a entidades sin ánimo de lucro.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 79. Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad.

El artículo 79 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, regula el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad.

1. El Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad es el órgano colegiado de participación social y asesoramiento que tiene por objeto promover el impulso y la coordinación de las actuaciones previstas en esta ley, velar por su cumplimiento y hacer un seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

2. El Consejo estará integrado por representantes de la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales, del movimiento asociativo de personas con discapacidad y, en su caso, de sus familiares o representantes legales, así como de las organizaciones empresariales, sindicales y de personas consumidoras y usuarias más representativas. Asimismo, en la composición de este Consejo se respetará la representación equilibrada de mujeres y hombres.

3. Serán funciones de este Consejo:

a) Informar con carácter facultativo la elaboración de cualquier proyecto o iniciativa normativa de las Administraciones Públicas de Andalucía que afecte específicamente a las personas con discapacidad.

b) Proponer iniciativas y recomendaciones para el adecuado cumplimiento de esta ley.

c) Informar, previamente a su aprobación, los planes previstos en los artículos 27 y 70 de esta ley.

d) Aquellas otras que se determinen reglamentariamente.

4. El Consejo estará adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se regulará su composición y funcionamiento.

Datos clave

  • Es el órgano colegiado de participación social y asesoramiento en la materia.
  • Lo integran representantes de la Junta, de las entidades locales, del movimiento asociativo y de organizaciones empresariales, sindicales y de consumidores.
  • Su composición respeta la representación equilibrada de mujeres y hombres.
  • Informa con carácter facultativo los proyectos normativos que afecten específicamente a las personas con discapacidad.
  • Informa previamente a su aprobación los planes de los artículos 27 y 70 de la ley.
  • Está adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales; su composición y funcionamiento se regulan por Decreto del Consejo de Gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad es el órgano colegiado de participación y asesoramiento: informa normas y planes, propone iniciativas y está adscrito a servicios sociales.

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Artículo 1. Objeto.

El artículo 1 de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, enumera el objeto de la ley.

Es objeto de la presente ley:

a) Promover en la sociedad andaluza y en sus instituciones los valores de la infancia y adolescencia.

b) Adaptar la actuación de los poderes públicos a las necesidades de la infancia y adolescencia en Andalucía, garantizando una especial protección.

c) Regular el ejercicio de los derechos que les son reconocidos a las niñas, niños y adolescentes y establecer procedimientos y recursos para facilitar su ejercicio.

d) Regular los deberes de las niñas, niños y adolescentes que tienen como ciudadanas y ciudadanos de la sociedad de la que forman parte en el ámbito familiar, educativo y social.

e) Determinar el ámbito competencial de la atención a la infancia y adolescencia en Andalucía.

f) Regular la actuación de las administraciones públicas de Andalucía, en materia de prevención y protección de la infancia y adolescencia.

g) Promover y regular la participación de las niñas, niños y adolescentes como actores sociales.

h) Crear un sistema de información sobre protección de la infancia y adolescencia complementario al sistema de información estatal.

i) Promover la infancia y la adolescencia como un valor de la sociedad andaluza.

Datos clave

  • Promover en la sociedad andaluza y en sus instituciones los valores de la infancia y adolescencia.
  • Regular el ejercicio de los derechos y también los deberes de las niñas, niños y adolescentes.
  • Determinar el ámbito competencial de la atención a la infancia y adolescencia en Andalucía.
  • Promover y regular la participación de las niñas, niños y adolescentes como actores sociales.
  • Crear un sistema de información sobre protección de la infancia complementario al estatal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley andaluza de infancia tiene nueve objetivos: promover los valores de la infancia, adaptar la acción pública, regular derechos y también deberes, fijar competencias, regular la protección, la participación y un sistema de información.

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Artículo 3. Interés superior del menor.

El artículo 3 de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, consagra el interés superior del menor como principio inspirador.

1. De conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico, el interés superior de la persona menor es el principio inspirador en todas las políticas y actuaciones de las administraciones públicas de Andalucía.

2. La normativa andaluza será elaborada y aplicada bajo el enfoque y la perspectiva de la infancia y adolescencia, las decisiones serán tomadas valorando el impacto en las niñas, niños y adolescentes, y todas las políticas públicas estarán dirigidas hacia ellos y ellas, primando siempre su interés superior sobre cualquier otro interés legítimo con el que pueda concurrir y hubiera conflicto.

Datos clave

  • El interés superior de la persona menor es el principio inspirador de todas las políticas y actuaciones de las administraciones públicas de Andalucía.
  • La normativa andaluza se elabora y aplica bajo el enfoque y la perspectiva de la infancia y adolescencia.
  • Las decisiones se toman valorando su impacto en las niñas, niños y adolescentes.
  • En caso de conflicto, prima su interés superior sobre cualquier otro interés legítimo concurrente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El interés superior del menor inspira toda la acción pública andaluza: las normas se hacen con perspectiva de infancia, se valora su impacto y, si hay conflicto, ese interés prima sobre cualquier otro legítimo.

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Artículo 9. Promoción, prevención, protección y apoyo a la familia.

El artículo 9 de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, regula la promoción, prevención, protección y apoyo a la familia.

1. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer en un entorno familiar adecuado para su desarrollo, por lo que esta ley primará la permanencia en su entorno familiar, salvo que esta permanencia sea contraria al interés superior de la persona menor.

2. Los padres, madres y las personas tutoras, guardadoras o acogedoras en primer término y simultánea o subsidiariamente, todas las administraciones públicas, entidades y ciudadanía en general, han de contribuir con las obligaciones, competencias y responsabilidades que el ordenamiento jurídico les asigna, en los ámbitos personal, familiar y social.

3. Las administraciones públicas de Andalucía integrarán en sus políticas, planes y acciones para la promoción, prevención y el apoyo a las familias y otorgarán la protección y atención necesarias para que estas puedan asumir plenamente sus responsabilidades como grupo y medio natural para el adecuado crecimiento y bienestar de las niñas, niños y adolescentes.

Datos clave

  • Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer en un entorno familiar adecuado para su desarrollo.
  • La ley prima la permanencia en el entorno familiar, salvo que sea contraria al interés superior de la persona menor.
  • Contribuyen en primer término los padres, madres y personas tutoras, guardadoras o acogedoras.
  • Simultánea o subsidiariamente contribuyen todas las administraciones públicas, entidades y ciudadanía.
  • Las administraciones andaluzas integran en sus políticas la promoción, prevención y apoyo a las familias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El menor tiene derecho a crecer en un entorno familiar adecuado y la ley prima que permanezca en él salvo que sea contrario a su interés superior; responden primero los progenitores y tutores, y luego las administraciones.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 22. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía.

El artículo 22 de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, atribuye funciones a la Administración de la Junta de Andalucía.

La Administración de la Junta de Andalucía ejercerá las siguientes funciones:

a) Propuesta, desarrollo, coordinación y evaluación de iniciativas que garanticen el buen trato a la infancia y adolescencia.

b) Diseño, fomento, coordinación y evaluación de las políticas preventivas para evitar la exclusión y la pobreza infantil, así como la identificación y aplicación de estrategias para su afrontamiento y reducción.

c) Planificación, financiación, evaluación y control de los recursos destinados a la infancia y adolescencia.

d) Elaboración de planes en los que se determinen las actuaciones de apoyo psicosocial, de ayudas económicas, inserción y acceso al empleo de la unidad familiar.

e) Desarrollo de estrategias y medidas para garantizar el derecho a la efectiva participación de la infancia y adolescencia.

f) Protección de menores y desempeño de las actuaciones previstas en el título V, en materia de protección de la infancia y adolescencia.

g) Ejecución de las medidas judiciales impuestas por los juzgados de menores, así como en las actuaciones de mediación en el ámbito penal de menores.

h) Protección de la juventud y la infancia en relación con el contenido de la programación de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, de Andalucía y de las comunicaciones audiovisuales de Andalucía, según lo establecido en la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía.

i) Promoción y gestión de convenios, contratos y conciertos sociales de los contemplados en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, y demás acuerdos con entidades de iniciativa social y entidades con ánimo de lucro necesarios para la colaboración de estas en la atención a la infancia y adolescencia, y en la investigación y divulgación del conocimiento adquirido.

j) Establecimiento de las medidas necesarias para el desarrollo y la ejecución de las disposiciones y acuerdos que se establezcan en los distintos instrumentos internacionales en materia de prevención y protección de la infancia y adolescencia.

Datos clave

  • Iniciativas que garanticen el buen trato a la infancia y adolescencia.
  • Políticas preventivas para evitar la exclusión y la pobreza infantil.
  • Planificación, financiación, evaluación y control de los recursos destinados a la infancia y adolescencia.
  • Protección de menores y actuaciones del título V.
  • Ejecución de las medidas judiciales impuestas por los juzgados de menores y mediación penal de menores.
  • Protección frente a contenidos de los medios de comunicación según la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía.
  • Convenios, contratos y conciertos sociales de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta de Andalucía asume diez funciones en materia de infancia: buen trato, pobreza infantil, recursos, apoyo familiar, participación, protección, medidas judiciales de menores, medios de comunicación, convenios e instrumentos internacionales.

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Artículo 87. Situación de riesgo.

El artículo 87 de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, regula la actuación protectora en las situaciones de riesgo.

1. La actuación protectora en las situaciones de riesgo tendrá por objeto salvaguardar y restituir los derechos de la persona protegida, mediante una actuación en su propio medio que permita disminuir los factores de riesgo y potenciar los de protección, de manera que pueda continuar en su entorno familiar sin menoscabo de su bienestar ni de su desarrollo.

2. Las Entidades Locales de Andalucía son las administraciones públicas competentes para detectar, valorar, intervenir, declarar y llevar a cabo las actuaciones oportunas, en las situaciones de riesgo definidas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. La valoración y la intervención se realizarán por los servicios sociales correspondientes de la Entidad Local competente por razón del territorio, y conllevará el diseño y el desarrollo de un proyecto de intervención familiar temporalizado en función de la edad y vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes.

3. A los efectos de esta ley, serán indicadores de riesgo los previstos en el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

4. En aquellos casos en los que, por las circunstancias familiares o la gravedad de la situación, además de la actuación realizada por los servicios sociales se requiera de una intervención más específica e integradora, corresponderá a los equipos de tratamiento familiar la elaboración y ejecución de un proyecto de tratamiento interdisciplinar con la familia.

5. Los servicios sociales de la Entidad Local deberán contar con recursos complementarios dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de la familia, además del apoyo técnico y de la coordinación con otros servicios municipales, sanitarios, educativos y cualquier otro medio que se estime necesario para la consecución de los objetivos y el proyecto propuesto.

6. Los servicios sociales de la Entidad Local podrán requerir el apoyo de la autoridad judicial a través del Ministerio Fiscal, en virtud del artículo 158 del Código Civil, para promover actuaciones que posibiliten la intervención familiar a personas profesionales de estos servicios, cuando no sea pertinente la propuesta de declaración de desamparo y exista negativa de alguno de los padres, madres, personas tutoras, guardadoras o acogedoras, para poder llevar a cabo dicha intervención.

7. Para su conocimiento, los servicios sociales remitirán información al órgano competente para la declaración de la situación de riesgo, sobre los proyectos de intervención familiar que se estén llevando a cabo, así como de las propuestas de separación del núcleo familiar que se realicen a la Entidad Pública.

Datos clave

  • Objeto: salvaguardar y restituir los derechos del menor mediante una actuación en su propio medio, sin salir de su entorno familiar.
  • Las Entidades Locales de Andalucía son competentes para detectar, valorar, intervenir y declarar las situaciones de riesgo.
  • La intervención conlleva un proyecto de intervención familiar temporalizado según la edad y vulnerabilidad del menor.
  • Son indicadores de riesgo los del artículo 17.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
  • Los equipos de tratamiento familiar elaboran y ejecutan un proyecto de tratamiento interdisciplinar cuando se requiere intervención más específica.
  • Ante la negativa de los progenitores, los servicios sociales pueden pedir apoyo judicial a través del Ministerio Fiscal (artículo 158 del Código Civil).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el riesgo se actúa sin sacar al menor de su familia; lo detectan, valoran, declaran e intervienen las Entidades Locales con un proyecto de intervención familiar temporalizado.

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Artículo 94. Situación de desamparo.

El artículo 94 de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, regula la situación de desamparo.

1. La Administración de la Junta de Andalucía asume la tutela de todas aquellas niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de desamparo.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Código Civil, serán situaciones de desamparo las circunstancias recogidas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

3. Las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en una situación de guarda de hecho no serán declarados en desamparo si se constata que se les presta la adecuada atención y no concurren circunstancias que requieran la adopción de medidas de protección. En estos casos la Entidad Pública lo pondrá en conocimiento del juzgado correspondiente a los efectos previstos en el artículo 237 del Código Civil.

Datos clave

  • La Administración de la Junta de Andalucía asume la tutela de los menores en situación de desamparo.
  • Son situaciones de desamparo las recogidas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, conforme al artículo 172 del Código Civil.
  • Los menores en guarda de hecho no se declaran en desamparo si reciben la adecuada atención.
  • En ese caso la Entidad Pública lo comunica al juzgado a los efectos del artículo 237 del Código Civil.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta de Andalucía asume la tutela de los menores en desamparo, cuyos supuestos fija la Ley Orgánica 1/1996; no hay desamparo en la guarda de hecho si el menor está bien atendido.

Esquema

Riesgo y desamparo
RiesgoDesamparo
Quién actúaEntidades Locales de AndalucíaAdministración de la Junta de Andalucía
Qué pasa con el menorSigue en su entorno familiarLa Junta asume su tutela
SupuestosIndicadores de riesgo de la Ley Orgánica 1/1996Circunstancias de la Ley Orgánica 1/1996 (artículo 172 del Código Civil)

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Artículo 99. El acogimiento familiar.

El artículo 99 de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, regula el acogimiento familiar.

1. El acogimiento familiar tiene por objetivo lograr la plena integración y participación de las niñas, niños y adolescentes en un núcleo familiar, adecuado a sus necesidades, para ofrecerles un entorno afectivo de convivencia. Implica el ejercicio de la guarda por parte de las familias acogedoras.

2. La Administración Pública velará por la adecuada selección, formación continuada y seguimiento periódico de las familias acogedoras en todas sus modalidades, con recursos humanos y materiales necesarios.

3. El procedimiento administrativo para la constitución del acogimiento familiar se desarrollará reglamentariamente.

Datos clave

  • Objetivo: la plena integración y participación de los menores en un núcleo familiar adecuado a sus necesidades.
  • Ofrece un entorno afectivo de convivencia.
  • Implica el ejercicio de la guarda por parte de las familias acogedoras.
  • La Administración vela por la selección, formación continuada y seguimiento periódico de las familias acogedoras.
  • El procedimiento de constitución se desarrolla reglamentariamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El acogimiento familiar integra al menor en un núcleo familiar adecuado con un entorno afectivo; la familia acogedora ejerce la guarda y la Administración la selecciona, forma y sigue.

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Artículo 108. El acogimiento residencial.

El artículo 108 de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, regula el acogimiento residencial.

1. La Entidad Pública y el personal de los centros de protección de menores actuarán conforme a los principios y obligaciones establecidos en el capítulo I del título II de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, con pleno respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes acogidos.

2. El acogimiento residencial se acordará por la Entidad Pública o por decisión judicial.

3. El acogimiento residencial tendrá carácter provisional y la menor duración posible dependiendo de la evolución personal de la niña, niño o adolescente y de las posibilidades de integración familiar.

4. El acogimiento residencial sólo se acordará en aquellos casos en los que se acredite que no es posible una medida de protección de tipo familiar.

5. El acogimiento residencial no se acordará para los menores de trece años, salvo que no sea posible una alternativa familiar, en cuyo caso no podrá tener una duración superior a tres meses para los menores de siete años ni de seis meses para los mayores de siete años, debiendo priorizarse durante esos plazos las actuaciones tendentes a su integración en un núcleo familiar.

6. El acogimiento residencial responderá a un modelo de atención donde primen el interés superior de las personas acogidas, la calidad técnica y la calidez de las actuaciones profesionales y una dinámica de funcionamiento basada en el modelo de convivencia de la familia, garantizando la satisfacción de las necesidades básicas de la infancia y adolescencia.

7. El procedimiento administrativo para la constitución del acogimiento residencial se desarrollará reglamentariamente.

Datos clave

  • Se acuerda por la Entidad Pública o por decisión judicial.
  • Tiene carácter provisional y la menor duración posible.
  • Solo se acuerda si se acredita que no es posible una medida de protección de tipo familiar.
  • No se acuerda para menores de trece años, salvo que no sea posible una alternativa familiar.
  • En ese caso, duración máxima de tres meses para menores de siete años y de seis meses para mayores de siete años.
  • Su funcionamiento se basa en el modelo de convivencia de la familia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El acogimiento residencial es provisional, lo más breve posible y solo cuando no cabe una medida familiar; para menores de trece años solo si no hay alternativa familiar y con duración máxima de tres o seis meses.

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Artículo 131. Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

El artículo 131 de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, regula la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

1. La protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados garantizará los derechos que les corresponden como menores de edad y se posibilitará su integración social plena independientemente de las posibilidades que existan para regresar con su familia.

2. Los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados bajo la protección de la Administración de la Junta de Andalucía tendrán derecho al acceso a todos los servicios y prestaciones cuya competencia tenga atribuida la Comunidad Autónoma de Andalucía, independientemente del estado de tramitación de su residencia o asilo, y en especial, en materias relacionadas con salud, educación, servicios y prestaciones sociales básicas, empleo, formación profesional y ocupacional.

3. Los profesionales que atienden a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados además deberán estar formados en interculturalidad y sobre las necesidades que puedan tener estas personas menores para recibir la protección especializada que necesitan.

4. Las administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se tramiten las solicitudes de autorización de residencia y/o de la nacionalidad española de las personas bajo tutela o guarda de la Junta de Andalucía, de conformidad con la legislación de extranjería.

Datos clave

  • Se garantizan sus derechos como menores de edad y su integración social plena con independencia de las posibilidades de regreso con su familia.
  • Bajo protección de la Junta, acceden a todos los servicios y prestaciones de competencia autonómica, independientemente del estado de tramitación de su residencia o asilo.
  • Especialmente en salud, educación, servicios sociales básicos, empleo y formación profesional y ocupacional.
  • Los profesionales que los atienden deben estar formados en interculturalidad.
  • Las administraciones garantizan que se tramiten sus solicitudes de autorización de residencia y/o de nacionalidad española.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los menores migrantes no acompañados tienen garantizados sus derechos como menores y su plena integración, acceso a todos los servicios autonómicos sea cual sea su situación documental, y la Administración debe tramitar su residencia o nacionalidad.

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