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Tema 43: El Derecho objetivo. Las fuentes del derecho en general y, en especial, del sistema jurídico positivo español. Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia general y límites en el tiempo y en el espacio. El Derecho Civil.

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Artículo 1. Fuentes del ordenamiento jurídico

El artículo 1 del Código Civil, dentro de su título preliminar, establece el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español y su jerarquía.

1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

2. Principio de jerarquía normativa: carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.

3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.

4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.

5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».

6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.

Datos clave

  • Fuentes: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
  • Carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.
  • Costumbre: solo en defecto de ley aplicable, no contraria a la moral o al orden público y probada; los usos jurídicos no meramente interpretativos tienen consideración de costumbre.
  • Principios generales: en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador.
  • Tratados internacionales: no son de aplicación directa hasta su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».
  • Jurisprudencia: complementa el ordenamiento con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo.
  • Jueces y Tribunales: deber inexcusable de resolver en todo caso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres fuentes en orden (ley, costumbre y principios generales), jerarquía normativa, tratados aplicables tras su publicación en el BOE, jurisprudencia que complementa y jueces obligados a resolver siempre.

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Artículo 2. Entrada en vigor, derogación e irretroactividad de las leyes

El artículo 2 del Código Civil regula la vigencia temporal de las leyes: su entrada en vigor, su derogación y su eficacia en el tiempo.

1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa (periodo de vacatio legis).

2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.

3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.

Datos clave

  • Entrada en vigor: a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que la ley disponga otra cosa.
  • Las leyes solo se derogan por otras posteriores.
  • La derogación tiene el alcance que expresamente se disponga y se extiende a todo lo incompatible de la ley nueva sobre la misma materia.
  • Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que esta hubiere derogado.
  • Las leyes no tienen efecto retroactivo si no disponen lo contrario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación salvo que digan otra cosa, solo se derogan por otras posteriores y no son retroactivas si no lo disponen.

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Artículo 3. Interpretación de las normas y equidad

El artículo 3 del Código Civil fija los criterios de interpretación de las normas jurídicas y el papel de la equidad en su aplicación.

1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

De este apartado se desprenden los criterios gramatical (sentido propio de las palabras), sistemático (contexto), histórico (antecedentes históricos y legislativos), sociológico (realidad social del tiempo de aplicación) y teleológico (espíritu y finalidad), siendo este último el que debe atenderse «fundamentalmente».

2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.

Datos clave

  • Criterios de interpretación: sentido propio de las palabras, contexto, antecedentes históricos y legislativos y realidad social del tiempo de aplicación.
  • Se atiende fundamentalmente al espíritu y finalidad de las normas.
  • La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas.
  • Las resoluciones de los Tribunales solo pueden descansar exclusivamente en la equidad cuando la ley expresamente lo permita.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cinco criterios para interpretar las normas, con prioridad del espíritu y la finalidad; la equidad se pondera siempre, pero solo puede ser la única base de una resolución si la ley lo permite.

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Artículo 4. Analogía y supletoriedad del Código Civil

El artículo 4 del Código Civil regula la aplicación analógica de las normas, sus límites y el carácter supletorio del propio Código.

1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes.

Datos clave

  • Analogía: procede cuando la norma no contempla un supuesto específico pero regula otro semejante con identidad de razón.
  • No cabe aplicación analógica de las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal.
  • Esas leyes no se aplican a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
  • El Código Civil se aplica como supletorio en las materias regidas por otras leyes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La analogía cubre lagunas con identidad de razón, pero no se aplica a leyes penales, excepcionales ni temporales; y el Código Civil es supletorio de las demás leyes.

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Artículo 5. Cómputo civil de los plazos

El artículo 5 del Código Civil establece las reglas para el cómputo civil de los plazos.

1. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.

2. En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles.

Datos clave

  • Plazos por días: se excluye el día inicial y el cómputo empieza el día siguiente, salvo que se establezca otra cosa.
  • Plazos por meses o años: se computan de fecha a fecha.
  • Si en el mes del vencimiento no hay día equivalente al inicial, el plazo expira el último día del mes.
  • En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En los plazos por días se excluye el día inicial; los de meses o años van de fecha a fecha; y en el cómputo civil cuentan los inhábiles.

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Artículo 6. Eficacia general de las normas jurídicas

El artículo 6 del Código Civil regula la eficacia general de las normas jurídicas: la ignorancia de la ley, el error de derecho, la exclusión voluntaria de la ley aplicable, la nulidad de los actos contrarios a normas imperativas y el fraude de ley.

1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen.

2. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.

3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

Datos clave

  • La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.
  • El error de derecho produce únicamente los efectos que las leyes determinen.
  • Exclusión voluntaria de la ley y renuncia de derechos: válidas solo si no contrarían el interés o el orden público ni perjudican a terceros.
  • Actos contrarios a normas imperativas y prohibitivas: nulos de pleno derecho, salvo que la norma establezca un efecto distinto.
  • Fraude de ley: actos al amparo del texto de una norma que persiguen un resultado prohibido; no impiden la aplicación de la norma eludida.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ignorancia de la ley no excusa, la renuncia a la ley aplicable tiene límites, los actos contra normas imperativas o prohibitivas son nulos y el fraude de ley no evita la norma eludida.

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Artículo 7. Buena fe y abuso del derecho

El artículo 7 del Código Civil consagra los límites al ejercicio de los derechos: la buena fe y la prohibición del abuso del derecho.

1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

Datos clave

  • Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.
  • La Ley no ampara el abuso del derecho ni su ejercicio antisocial.
  • Criterios del abuso: intención del autor, objeto o circunstancias del acto u omisión.
  • Requisitos: sobrepasar manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero.
  • Consecuencias: indemnización y medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los derechos se ejercen de buena fe, y el abuso del derecho que daña a tercero da lugar a indemnización y a medidas que impidan que siga.

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Artículo 8. Territorialidad de las leyes penales, de policía y de seguridad pública

El artículo 8 del Código Civil, incluido en el capítulo dedicado a las normas de derecho internacional privado, consagra el principio de territorialidad de determinadas leyes.

1. Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español.

El artículo conserva únicamente este apartado 1, ya que su apartado 2 fue derogado por la disposición derogatoria única.2.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero. La redacción del artículo procede del Decreto 1836/1974, de 31 de mayo.

Datos clave

  • Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español.
  • Se trata de un criterio territorial, con independencia de la nacionalidad.
  • El apartado 2 fue derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero.
  • Redacción procedente del Decreto 1836/1974, de 31 de mayo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las leyes penales, de policía y de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español; es lo único que queda del artículo.

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Artículo 9. Ley personal de las personas físicas y jurídicas

El artículo 9 del Código Civil fija la ley personal y las normas de conflicto en materia de capacidad, estado civil, familia y sucesiones.

1. La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior.

2. Los efectos del matrimonio se regirán, en orden sucesivo:

  • por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo;
  • en su defecto, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio;
  • a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración;
  • y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio.

La nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el artículo 107.

3. Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento.

4. La determinación y el carácter de la filiación por naturaleza se regirán por la ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. A falta de residencia habitual del hijo, o si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiación, se aplicará la ley nacional del hijo en ese momento. Si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiación o si el hijo careciere de residencia habitual y de nacionalidad, se aplicará la ley sustantiva española. En lo relativo al establecimiento de la filiación por adopción, se estará a lo dispuesto en el apartado 5. La ley aplicable al contenido de la filiación, por naturaleza o por adopción, y al ejercicio de la responsabilidad parental, se determinará con arreglo al Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños.

5. La adopción internacional se regirá por las normas contenidas en la Ley de Adopción Internacional. Igualmente, las adopciones constituidas por autoridades extranjeras surtirán efectos en España con arreglo a las disposiciones de la citada Ley.

6. La ley aplicable a la protección de menores se determinará de acuerdo con el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996. La ley aplicable a las medidas de apoyo para personas con discapacidad será la de su residencia habitual. En el caso de cambio de residencia a otro Estado, se aplicará la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en España de las medidas de apoyo acordadas en otros Estados. Será de aplicación, sin embargo, la ley española para la adopción de medidas de apoyo provisionales o urgentes (párrafo modificado, con efectos de 3 de septiembre de 2021, por la Ley 8/2021, de 2 de junio).

7. La ley aplicable a las obligaciones de alimentos entre parientes se determinará de acuerdo con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias o texto legal que lo sustituya.

8. La sucesión por causa de muerte se regirá por la Ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la Ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez, aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes.

9. En las situaciones de doble nacionalidad previstas en las leyes españolas se estará a lo que determinen los tratados internacionales y, si nada estableciesen, será preferida la nacionalidad coincidente con la última residencia habitual y, en su defecto, la última adquirida. Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales. Si ostentare dos o más nacionalidades y ninguna de ellas fuera la española, se estará a lo que establece el apartado siguiente.

10. Se considerará como ley personal de los que carecieren de nacionalidad o la tuvieren indeterminada la ley del lugar de su residencia habitual.

11. La ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad, y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción. En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta las respectivas leyes personales.

Datos clave

  • Ley personal de las personas físicas: la nacionalidad; rige capacidad, estado civil, derechos y deberes de familia y sucesión por causa de muerte.
  • El cambio de ley personal no afecta a la mayoría de edad ya adquirida.
  • Efectos del matrimonio: ley personal común; ley elegida en documento auténtico antes de la celebración; residencia habitual común inmediatamente posterior; lugar de celebración.
  • Filiación por naturaleza: ley de la residencia habitual del hijo; subsidiariamente, ley nacional del hijo y, en último término, ley sustantiva española.
  • Responsabilidad parental y protección de menores: Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996; alimentos entre parientes: Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007.
  • Medidas de apoyo a personas con discapacidad: ley de su residencia habitual; ley española para medidas provisionales o urgentes.
  • Sucesión: ley nacional del causante al fallecer, cualesquiera que sean la naturaleza y situación de los bienes.
  • Apátridas o nacionalidad indeterminada: ley de la residencia habitual; personas jurídicas: ley de su nacionalidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley personal es la nacional y rige capacidad, familia y sucesión; el artículo fija las conexiones del matrimonio, la filiación, la discapacidad, la doble nacionalidad, los apátridas y las personas jurídicas.

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Artículo 10. Ley aplicable a los bienes y a las obligaciones

El artículo 10 del Código Civil establece las normas de conflicto relativas a los bienes, los derechos de propiedad intelectual e industrial, las obligaciones contractuales y no contractuales y la representación.

1. La posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen. La misma ley será aplicable a los bienes muebles. A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes en tránsito, éstos se considerarán situados en el lugar de su expedición, salvo que el remitente y el destinatario hayan convenido, expresa o tácitamente, que se consideren situados en el lugar de su destino.

2. Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, así como todos los derechos que se constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a la ley del lugar de su abanderamiento, matrícula o registro. Los automóviles y otros medios de transporte por carretera quedarán sometidos a la ley del lugar donde se hallen.

3. La emisión de los títulos-valores se atendrá a la ley del lugar en que se produzca.

4. Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte.

5. Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate; en su defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la residencia habitual común, y, en último término, la ley del lugar de celebración del contrato. No obstante, a falta de sometimiento expreso, se aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la ley del lugar en que éstos radiquen.

6. A las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en defecto de sometimiento expreso de las partes y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8, les será de aplicación la ley del lugar donde se presten los servicios.

7. Las donaciones se regirán, en todo caso, por la ley nacional del donante.

8. En los contratos celebrados entre personas que se encuentren en España, las personas físicas que gocen de capacidad de conformidad con la ley española solo podrán invocar su discapacidad resultante de la ley de otro país si, en el momento de la celebración del contrato, la otra parte hubiera conocido tal discapacidad o la hubiera ignorado en virtud de negligencia por su parte (apartado modificado, con efectos de 3 de septiembre de 2021, por la Ley 8/2021, de 2 de junio).

9. Las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven. La gestión de negocios se regulará por la ley del lugar donde el gestor realice la principal actividad. En el enriquecimiento sin causa se aplicará la ley en virtud de la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido.

10. La ley reguladora de una obligación se extiende a los requisitos del cumplimiento y a las consecuencias del incumplimiento, así como a su extinción. Sin embargo, se aplicará la ley del lugar de cumplimiento a las modalidades de la ejecución que requieran intervención judicial o administrativa.

11. A la representación legal se aplicará la ley reguladora de la relación jurídica de la que nacen las facultades del representante, y a la voluntaria, de no mediar sometimiento expreso, la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas.

Datos clave

  • Bienes inmuebles y muebles: ley del lugar donde se hallen; bienes en tránsito: lugar de expedición, salvo pacto de considerarlos en el de destino.
  • Buques, aeronaves y ferrocarril: ley del lugar de abanderamiento, matrícula o registro; automóviles: ley del lugar donde se hallen.
  • Obligaciones contractuales: ley elegida expresamente con conexión con el negocio; ley nacional común; residencia habitual común; lugar de celebración.
  • Sin sometimiento expreso: inmuebles, ley del lugar donde estén sitos; compraventa de muebles corporales en establecimientos mercantiles, ley del lugar del establecimiento.
  • Contrato de trabajo: ley del lugar donde se presten los servicios; donaciones: ley nacional del donante.
  • Obligaciones no contractuales: ley del lugar del hecho; gestión de negocios: lugar de la principal actividad del gestor.
  • Representación voluntaria sin sometimiento expreso: ley del país donde se ejerciten las facultades.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Normas de conflicto sobre bienes, transportes, títulos-valores, propiedad intelectual, contratos, trabajo, donaciones, obligaciones no contractuales y representación.

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Artículo 11. Forma de los actos jurídicos

El artículo 11 del Código Civil determina la ley aplicable a las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos.

1. Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley del país en que se otorguen (lex loci actus). No obstante, serán también válidos:

  • los celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido;
  • los celebrados conforme a la ley personal del disponente o la común de los otorgantes;
  • los actos y contratos relativos a bienes inmuebles otorgados con arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que éstos radiquen.

Si tales actos fueren otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su navegación, se entenderán celebrados en el país de su abanderamiento, matrícula o registro. Los navíos y las aeronaves militares se consideran como parte del territorio del Estado al que pertenezcan.

2. Si la ley reguladora del contenido de los actos y contratos exigiere para su validez una determinada forma o solemnidad, será siempre aplicada, incluso en el caso de otorgarse aquéllos en el extranjero.

3. Será de aplicación la ley española a los contratos, testamentos y demás actos jurídicos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero.

Datos clave

  • Regla general: la forma se rige por la ley del país en que se otorgue el acto.
  • También son válidos los actos conformes a la ley aplicable a su contenido, a la ley personal del disponente o a la común de los otorgantes.
  • Inmuebles: válidos los otorgados conforme a las formas del lugar en que radiquen.
  • Actos a bordo de buques o aeronaves en navegación: se entienden celebrados en el país de abanderamiento, matrícula o registro.
  • Navíos y aeronaves militares: parte del territorio del Estado al que pertenezcan.
  • Forma exigida para la validez por la ley del contenido: se aplica siempre, incluso en el extranjero.
  • Actos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares españoles: ley española.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La forma de los actos se rige por la ley del país donde se otorgan, con alternativas que también los hacen válidos; la forma exigida por la ley del contenido se aplica siempre, y los actos consulares españoles siguen la ley española.

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Artículo 12. Aplicación de las normas de conflicto

El artículo 12 del Código Civil contiene las reglas generales de aplicación de las normas de conflicto: calificación, reenvío, orden público, fraude de ley, remisión a Estados plurilegislativos y aplicación de oficio.

1. La calificación para determinar la norma de conflicto aplicable se hará siempre con arreglo a la ley española.

2. La remisión al derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española.

3. En ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público.

4. Se considerará como fraude de ley la utilización de una norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa española.

5. Cuando una norma de conflicto remita a la legislación de un Estado en el que coexistan diferentes sistemas legislativos, la determinación del que sea aplicable entre ellos se hará conforme a la legislación de dicho Estado.

6. Los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho español.

Datos clave

  • Calificación: siempre con arreglo a la ley española.
  • Remisión al derecho extranjero: a su ley material; solo se admite el reenvío a la ley española.
  • La ley extranjera no se aplica en ningún caso si es contraria al orden público.
  • Fraude de ley: utilizar una norma de conflicto para eludir una ley imperativa española.
  • Estados plurilegislativos: el sistema aplicable se determina conforme a la legislación de dicho Estado.
  • Tribunales y autoridades aplican de oficio las normas de conflicto del derecho español.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reglas de aplicación de las normas de conflicto: calificación española, sin reenvío salvo a la ley española, límite del orden público, fraude de ley, Estados plurilegislativos y aplicación de oficio.

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Artículo 13. Ámbito de aplicación del Código Civil

El artículo 13 del Código Civil delimita qué normas del Código tienen aplicación general y directa en toda España y su carácter supletorio respecto de los derechos especiales o forales.

1. Las disposiciones del título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las leyes y las reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del libro I, con excepción de las normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, tendrán aplicación general y directa en toda España.

2. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas según sus normas especiales.

Datos clave

  • Aplicación general y directa en toda España: título preliminar (efectos de las leyes y reglas generales de aplicación).
  • También el título IV del libro I, excepto las normas relativas al régimen económico matrimonial.
  • En lo demás se respetan plenamente los derechos especiales o forales vigentes.
  • El Código Civil rige como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada territorio según sus normas especiales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El título preliminar y el título IV del libro I (salvo el régimen económico matrimonial) se aplican en toda España; en lo demás, el Código es supletorio de los derechos forales.

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Artículo 14. Vecindad civil

El artículo 14 del Código Civil regula la vecindad civil como criterio de sujeción al derecho civil común o al especial o foral, y sus formas de adquisición.

1. La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil.

2. Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o en uno de los de derecho especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad. Por la adopción, el adoptado no emancipado adquiere la vecindad civil de los adoptantes.

3. Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, el hijo tendrá la que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes; en su defecto, tendrá la del lugar del nacimiento y, en último término, la vecindad de derecho común. Sin embargo, los padres, o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria potestad, podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran los seis meses siguientes al nacimiento o a la adopción. La privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad, o el cambio de vecindad de los padres, no afectarán a la vecindad civil de los hijos. En todo caso el hijo desde que cumpla catorce años y hasta que transcurra un año después de su emancipación podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres. Si no estuviera emancipado, habrá de ser asistido en la opción por el representante legal.

4. El matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cualquiera de los cónyuges no separados, ya sea legalmente o de hecho, podrá, en todo momento, optar por la vecindad civil del otro.

5. La vecindad civil se adquiere:

1.º Por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad.

2.º Por residencia continuada de diez años, sin declaración en contrario durante este plazo.

Ambas declaraciones se harán constar en el Registro Civil y no necesitan ser reiteradas.

6. En caso de duda prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento.

Datos clave

  • La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil.
  • Padres con distinta vecindad: la del progenitor con filiación determinada antes; en su defecto, la del lugar de nacimiento; en último término, la de derecho común.
  • Los padres pueden atribuir al hijo la vecindad de cualquiera de ellos en los seis meses siguientes al nacimiento o a la adopción.
  • Opción del hijo: desde los catorce años y hasta un año después de la emancipación; si no está emancipado, asistido por su representante legal.
  • El matrimonio no altera la vecindad civil; el cónyuge no separado puede optar en todo momento por la del otro.
  • Adquisición por residencia continuada: dos años con declaración de voluntad, o diez años sin declaración en contrario; ambas declaraciones constan en el Registro Civil.
  • En caso de duda prevalece la vecindad del lugar de nacimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La vecindad civil decide si se aplica el derecho común o el foral: se adquiere por filiación, adopción, opción o residencia de dos años con declaración o diez sin declaración en contrario.

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Artículo 15. Vecindad civil de quien adquiere la nacionalidad española

El artículo 15 del Código Civil determina la vecindad civil del extranjero que adquiere la nacionalidad española y de quien la recupera.

1. El extranjero que adquiera la nacionalidad española deberá optar, al inscribir la adquisición de la nacionalidad, por cualquiera de las vecindades siguientes:

a) La correspondiente al lugar de residencia.

b) La del lugar del nacimiento.

c) La última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes.

d) La del cónyuge.

Esta declaración de opción se formulará, según los casos, por el propio optante, solo o con los apoyos que la persona con discapacidad, en su caso, precise, o por su representante legal (párrafo modificado, con efectos de 3 de septiembre de 2021, por la Ley 8/2021, de 2 de junio). Cuando la adquisición de la nacionalidad se haga por declaración o a petición del representante legal, la autorización necesaria deberá determinar la vecindad civil por la que se ha de optar.

2. El extranjero que adquiera la nacionalidad por carta de naturaleza tendrá la vecindad civil que el Real Decreto de concesión determine, teniendo en cuenta la opción de aquél, de acuerdo con lo que dispone el apartado anterior u otras circunstancias que concurran en el peticionario.

3. La recuperación de la nacionalidad española lleva consigo la de aquella vecindad civil que ostentara el interesado al tiempo de su pérdida.

4. La dependencia personal respecto a una comarca o localidad con especialidad civil propia o distinta, dentro de la legislación especial o foral del territorio correspondiente, se regirá por las disposiciones de este artículo y las del anterior.

Datos clave

  • La opción de vecindad se ejercita al inscribir la adquisición de la nacionalidad española.
  • Vecindades elegibles: lugar de residencia, lugar de nacimiento, última vecindad de cualquiera de los progenitores o adoptantes, o la del cónyuge.
  • La declaración la formula el optante, solo o con los apoyos que precise, o su representante legal.
  • Adquisición por declaración o a petición del representante legal: la autorización debe determinar la vecindad.
  • Carta de naturaleza: vecindad que determine el Real Decreto de concesión, teniendo en cuenta la opción del interesado.
  • Recuperación de la nacionalidad: se recupera la vecindad civil que se ostentaba al tiempo de su pérdida.
  • Dependencia de comarcas o localidades con especialidad civil propia: se rige por los artículos 14 y 15.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien adquiere la nacionalidad española elige vecindad al inscribirla entre cuatro opciones; por carta de naturaleza decide el Real Decreto; y quien la recupera vuelve a su vecindad anterior.

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Artículo 16. Conflictos de leyes interregionales

El artículo 16 del Código Civil regula los conflictos de leyes derivados de la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional (derecho interregional).

1. Los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional se resolverán según las normas contenidas en el capítulo IV con las siguientes particularidades:

1.ª Será ley personal la determinada por la vecindad civil.

2.ª No será aplicable lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 sobre calificación, remisión y orden público.

2. El derecho de viudedad regulado en la Compilación aragonesa corresponde a los cónyuges sometidos al régimen económico matrimonial de dicha Compilación, aunque después cambie su vecindad civil, con exclusión en este caso de la legítima que establezca la ley sucesoria. El derecho expectante de viudedad no podrá oponerse al adquirente a título oneroso y de buena fe de los bienes que no radiquen en territorio donde se reconozca tal derecho, si el contrato se hubiera celebrado fuera de dicho territorio, sin haber hecho constar el régimen económico matrimonial del transmitente. El usufructo viudal corresponde también al cónyuge supérstite cuando el premuerto tuviese vecindad civil aragonesa en el momento de su muerte.

3. Los efectos del matrimonio entre españoles se regularán por la ley española que resulte aplicable según los criterios del artículo 9 y, en su defecto, por el Código Civil. En este último caso se aplicará el régimen de separación de bienes del Código Civil si conforme a una y otra ley personal de los contrayentes hubiera de regir un sistema de separación.

Datos clave

  • Los conflictos interregionales se resuelven con las normas del capítulo IV del título preliminar.
  • Particularidad 1.ª: la ley personal es la determinada por la vecindad civil.
  • Particularidad 2.ª: no se aplican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 (calificación, remisión y orden público).
  • Viudedad aragonesa: corresponde a los cónyuges sometidos al régimen de la Compilación aragonesa aunque cambien de vecindad, excluyendo la legítima de la ley sucesoria.
  • El derecho expectante de viudedad no es oponible al adquirente a título oneroso y de buena fe en los términos del apartado 2.
  • Usufructo viudal: también si el premuerto tenía vecindad civil aragonesa al morir.
  • Efectos del matrimonio entre españoles: ley española aplicable según el artículo 9 y, en su defecto, el Código Civil, con separación de bienes si ambas leyes personales la imponen.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los conflictos entre legislaciones civiles españolas se resuelven con el capítulo IV usando la vecindad civil como ley personal; el artículo añade reglas sobre la viudedad aragonesa y los efectos del matrimonio entre españoles.

¿Me lo sé? Flashcards

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Constitución Española · Art. 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Datos clave

  • Enumera los principios que garantiza el art. 9.3 → Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
  • ¿Qué tres verbos usa el art. 9.2 para el mandato a los poderes públicos? → Promover las condiciones, remover los obstáculos y facilitar la participación.
  • Cuenta siete garantías en el 9.3 y memoriza los extremos: abre 'legalidad' y cierra 'interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos'.
  • 9.1 sujeción · 9.2 igualdad real (promover, remover, facilitar) · 9.3 los siete principios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todos sujetos a la Constitución y al ordenamiento; mandato a los poderes públicos de hacer real la libertad y la igualdad (promover, remover, facilitar) y siete principios garantizados en el art. 9.3.

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Artículo 96

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Datos clave

  • Los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España.
  • Sus disposiciones solo pueden derogarse, modificarse o suspenderse en la forma prevista en los propios tratados o según las normas generales del Derecho internacional.
  • La denuncia de tratados y convenios internacionales sigue el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los tratados válidamente celebrados y publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno; solo se derogan, modifican o suspenden según el propio tratado o el Derecho internacional. La denuncia sigue el procedimiento del art. 94.

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Constitución Española · Art. 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3.ª Relaciones internacionales. 4.ª Defensa y Fuerzas Armadas. 5.ª Administración de Justicia. 6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. 8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14.ª Hacienda general y Deuda del Estado. 15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. 20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 25.ª Bases de régimen minero y energético. 26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. 28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31.ª Estadística para fines estatales. 32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿En qué apartado del artículo 149.1 está la seguridad pública? → En la 29.ª, sin perjuicio de la creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que establezcan sus Estatutos, en el marco de una ley orgánica.
  • ¿Qué materias incluye la regla 18.ª del artículo 149.1? → Bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, procedimiento administrativo común, expropiación forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones.
  • ¿Qué dice el último inciso del artículo 149.3? → Que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
  • ¿Qué se necesita, según la 32.ª, para convocar una consulta popular por vía de referéndum? → Autorización del Estado: la autorización para la convocatoria es competencia exclusiva estatal.
  • Son 32 apartados en el punto 1. Los tres números redondos que hay que tener clavados: 18.ª (procedimiento administrativo común), 29.ª (seguridad pública) y 32.ª (autorización de referéndum).
  • Las reglas de cierre del 149.3, en orden: Residual - Prevalencia - Supletoriedad. R-P-S, y la supletoriedad siempre cierra.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las 32 materias de competencia exclusiva del Estado, el servicio de la cultura como deber estatal y las cláusulas de cierre: residual, prevalencia del derecho estatal y supletoriedad.

Esquema

Cláusulas residuales del apartado 3
Comunidades AutónomasEstado
Qué materiasLas no atribuidas expresamente al Estado por la ConstituciónLas que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía
TítuloEn virtud de sus respectivos EstatutosPor la propia Constitución

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