Tema 1: La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Proceso constituyente. Características generales y estructura. Valor normativo. La reforma constitucional. La defensa jurídica de la Constitución.
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Constitución Española · Art. 1
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Datos clave
- ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico? → La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- ¿Dónde reside la soberanía nacional según el art. 1.2? → En el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
- ¿Cuál es la forma política del Estado español? → La Monarquía parlamentaria.
- Los cuatro valores en orden: LI-JU-I-PLU (Libertad, Justicia, Igualdad, Pluralismo político).
- Un apartado, un dato: 1) qué Estado · 2) de quién es la soberanía · 3) qué forma política.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo es el Estado español: social y democrático de Derecho, con cuatro valores superiores, soberanía nacional en el pueblo español y forma política de Monarquía parlamentaria.
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Constitución Española · Art. 2
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Datos clave
- ¿Qué tres principios recoge el artículo 2 de la CE? → Unidad indisoluble de la Nación española, derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, y solidaridad entre ellas.
- ¿Qué carácter tiene la unidad de la Nación española según el art. 2? → Indisoluble.
- Regla mnemotécnica: U-A-S, el orden literal del artículo es Unidad, Autonomía, Solidaridad.
- El artículo 2 emplea literalmente la expresión 'nacionalidades y regiones'.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Este artículo son los tres pilares territoriales de la Constitución: unidad de España, autonomía de sus partes y solidaridad entre ellas. Es la base de todo el Estado autonómico.
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Constitución Española · Art. 3
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Datos clave
- ¿Qué dos posiciones jurídicas tienen todos los españoles respecto del castellano? → El deber de conocerla y el derecho a usarla.
- ¿Cómo califica el art. 3.3 la riqueza de las modalidades lingüísticas de España? → Como un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
- Castellano = deber + derecho. Demás lenguas = oficialidad territorial vía Estatuto. Modalidades = respeto y protección.
- Fíjate en el matiz: el apartado 3 no habla de lenguas, habla de 'modalidades lingüísticas' como patrimonio cultural.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El castellano es la lengua oficial del Estado, con deber de conocerla y derecho a usarla; las demás lenguas españolas son oficiales en sus Comunidades según sus Estatutos, y las modalidades lingüísticas son patrimonio cultural.
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Constitución Española · Art. 4
1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
Datos clave
- ¿Qué proporción guardan las franjas de la bandera de España? → La franja amarilla central tiene el doble de anchura que cada una de las rojas.
- ¿Quién puede reconocer banderas propias de las Comunidades Autónomas? → Los Estatutos de Autonomía, con carácter potestativo ('podrán').
- Proporción 1:2:1 (roja-amarilla-roja): la amarilla es el doble de ancha que cada roja, no son tres franjas iguales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La bandera de España: tres franjas horizontales roja, amarilla y roja, con la amarilla de doble anchura que cada roja. Los Estatutos pueden reconocer banderas autonómicas, que se usan junto a la de España.
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Constitución Española · 5
La capital del Estado es la villa de Madrid.
Datos clave
- La villa de Madrid es la capital del Estado.
- La Constitución emplea el término "villa" para referirse a Madrid.
Constitución Española · Art. 6
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Datos clave
- ¿Cómo deben ser la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos según el art. 6? → Democráticos.
- ¿Qué expresan los partidos políticos según el artículo 6? → El pluralismo político.
- Tres verbos clave: expresan (pluralismo), concurren (a la voluntad popular) y son instrumento (de participación); y una exigencia interna: democráticos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los partidos políticos expresan el pluralismo, concurren a formar la voluntad popular y son instrumento fundamental de participación; se crean libremente y su estructura y funcionamiento han de ser democráticos.
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Constitución Española · Art. 7
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Datos clave
- ¿Qué tipo de intereses defienden los sindicatos y las asociaciones empresariales según el art. 7? → Los intereses económicos y sociales que les son propios.
- ¿Cómo deben ser la estructura interna y el funcionamiento de sindicatos y asociaciones empresariales? → Democráticos.
- Frase clave para examen: 'intereses económicos y sociales' (no políticos) son los que defienden sindicatos y asociaciones empresariales.
- La creación de los sindicatos y las asociaciones empresariales es libre, y su estructura interna y funcionamiento han de ser democráticos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sindicatos y asociaciones empresariales defienden los intereses económicos y sociales de sus miembros; comparten con otras organizaciones representativas la libertad de creación y la exigencia de funcionamiento democrático.
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Constitución Española · Art. 8
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.
Datos clave
- ¿Qué tres cuerpos forman las Fuerzas Armadas según el art. 8 CE? → El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
- ¿Qué tipo de ley regula las bases de la organización militar? → Ley orgánica.
- Los tres ejércitos: Tierra, Armada, Aire — cuidado, el nombre oficial es 'Armada', no 'Marina'.
- Cuatro misiones en el apartado 1: soberanía, independencia, integridad territorial y ordenamiento constitucional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Fuerzas Armadas las forman el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire; garantizan la soberanía e independencia de España y defienden su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
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Constitución Española · Art. 9
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Datos clave
- Enumera los principios que garantiza el art. 9.3 → Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- ¿Qué tres verbos usa el art. 9.2 para el mandato a los poderes públicos? → Promover las condiciones, remover los obstáculos y facilitar la participación.
- Cuenta siete garantías en el 9.3 y memoriza los extremos: abre 'legalidad' y cierra 'interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos'.
- 9.1 sujeción · 9.2 igualdad real (promover, remover, facilitar) · 9.3 los siete principios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos sujetos a la Constitución y al ordenamiento; mandato a los poderes públicos de hacer real la libertad y la igualdad (promover, remover, facilitar) y siete principios garantizados en el art. 9.3.
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Constitución Española · Art. 53
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Datos clave
- ¿Qué procedimiento protege los derechos del art. 14 y la Sección 1ª del Capítulo II? → Uno basado en la preferencia y sumariedad ante tribunales ordinarios, más el recurso de amparo ante el TC.
- ¿Puede alegarse directamente un principio rector del Capítulo III ante un tribunal? → No, solo según lo que dispongan las leyes que lo desarrollen.
- ¿Qué debe respetar siempre una ley que regule el ejercicio de un derecho del Capítulo II? → Su contenido esencial.
- El recurso de amparo del art. 53.2 también cubre la objeción de conciencia del art. 30, aunque esté fuera de la sección 1ª.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija tres niveles de protección de los derechos del Título I: vinculación directa y contenido esencial, recurso de amparo reforzado, y mera orientación para los principios rectores.
Esquema
| Cap. II (general) | Art. 14 + Sección 1ª | Cap. III (principios) | |
|---|---|---|---|
| Protección | Reserva de ley + contenido esencial | Preferencia y sumariedad + amparo ante el TC | Solo orientan la legislación |
| Alegación ante tribunales | Conforme al art. 161.1.a) | Directa, por procedimiento especial y amparo | Solo según las leyes que los desarrollen |
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Constitución Española · Art. 95
1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.
Datos clave
- ¿Qué exige la Constitución antes de firmar un tratado con estipulaciones contrarias a ella? → La previa revisión constitucional.
- ¿Quién puede requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre esa contradicción? → El Gobierno o cualquiera de las Cámaras.
- Legitimados solo tres: Gobierno, Congreso o Senado. Ni las Comunidades Autónomas ni los ciudadanos pueden requerir al Tribunal Constitucional por esta vía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si un tratado choca con la Constitución, hay que reformarla antes de poder firmarlo. Para saber si hay contradicción, solo el Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueden preguntárselo al Tribunal Constitucional.
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Constitución Española · Art. 116
1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. 2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. 3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. 4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. 5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. 6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.
Datos clave
- ¿Qué órgano declara el estado de sitio? → El Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno.
- ¿Cuál es el plazo máximo inicial del estado de alarma? → 15 días.
- ¿Quién asume las funciones del Congreso si está disuelto y se declara uno de estos estados? → La Diputación Permanente.
- Orden de gravedad y de quién manda: alarma (Gobierno, 15 días), excepción (Gobierno con autorización previa del Congreso, 30 días), sitio (lo declara el propio Congreso, por mayoría absoluta).
- Solo en el estado de excepción se exige autorización PREVIA del Congreso para declararlo; en la alarma se le da cuenta después, y en el sitio es el propio Congreso quien lo declara.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula los tres estados excepcionales —alarma, excepción y sitio—, cada uno con distinto órgano que lo declara, plazo máximo y forma de prórroga; mientras dura cualquiera de ellos no cabe disolver el Congreso.
Esquema
| Alarma | Excepción | Sitio | |
|---|---|---|---|
| Quién lo declara | Gobierno (decreto en Consejo de Ministros) | Gobierno, previa autorización del Congreso | Congreso, por mayoría absoluta, a propuesta del Gobierno |
| Duración máxima | 15 días | 30 días | La que fije el Congreso |
| Prórroga | Con autorización del Congreso | Otros 30 días, mismos requisitos | Según decida el Congreso |
| Papel del Congreso | Se le da cuenta | Autoriza antes de declararlo | Es quien lo declara |
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Constitución Española · Art. 155
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- ¿A quién requiere primero el Gobierno antes de adoptar estas medidas? → Al Presidente de la Comunidad Autónoma.
- ¿Qué mayoría del Senado hace falta si el requerimiento no se atiende? → Mayoría absoluta.
- Tras aprobarse las medidas, ¿a quién puede dar instrucciones el Gobierno? → A todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
- Dos filtros antes de intervenir: requerimiento al Presidente autonómico + mayoría absoluta del Senado.
- Es la última medida, no la primera: primero se requiere, solo después se fuerza.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si una Comunidad incumple sus obligaciones o atenta gravemente contra el interés general, el Gobierno puede forzarla, pero solo tras requerir a su Presidente y con mayoría absoluta del Senado.
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Constitución Española · Art. 161
1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. 2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
Datos clave
- ¿Qué plazo tiene el Tribunal Constitucional para ratificar o levantar la suspensión del artículo 161.2? → Un plazo no superior a cinco meses.
- ¿Qué contiene la letra c) del artículo 161.1? → Los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o los de estas entre sí.
- ¿Qué pasa con las sentencias ya dictadas cuando se declara inconstitucional una norma interpretada por la jurisprudencia? → La declaración afecta a esa jurisprudencia, pero las sentencias recaídas no pierden el valor de cosa juzgada.
- Cuatro letras, de la a) a la d): inconstitucionalidad, amparo, conflictos, cajón de sastre. La d) remite a la Constitución y a las leyes orgánicas, no a cualquier ley.
- Cinco meses es el único plazo del artículo, y va con la impugnación del Gobierno del 161.2.
- El amparo del 161.1.b) va atado al artículo 53.2: si no está ahí el derecho, no hay amparo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Competencias del Tribunal Constitucional (inconstitucionalidad, amparo, conflictos de competencia y demás materias) y la impugnación por el Gobierno de disposiciones autonómicas, con suspensión que el Tribunal ratifica o levanta en cinco meses como máximo.
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Constitución Española · Art. 162
1. Están legitimados: a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.
Datos clave
- ¿Quiénes están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad? → El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, sus Asambleas.
- ¿Quiénes están legitimados para interponer el recurso de amparo? → Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
- Cincuenta y cincuenta: 50 Diputados o 50 Senadores. Mismo número en las dos Cámaras.
- Quien repite en las dos letras es el Defensor del Pueblo. Memoriza esa única intersección y el resto sale por descarte.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién puede interponer el recurso de inconstitucionalidad y el de amparo; en los demás casos decide la ley orgánica. El Defensor del Pueblo es el único que aparece en ambas listas.
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Constitución Española · Art. 163
Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
Datos clave
- ¿Qué condiciones debe reunir la norma para plantear una cuestión de inconstitucionalidad? → Ser una norma con rango de ley, aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, y que el órgano judicial la considere posiblemente contraria a la Constitución.
- ¿Qué efectos tiene el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad? → Los que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
- Tres filtros que caen siempre juntos: rango de ley, aplicable al caso y de su validez depende el fallo. Si falla uno, no hay cuestión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuestión de inconstitucionalidad: el órgano judicial la plantea ante el Tribunal Constitucional si una norma con rango de ley, aplicable al caso y decisiva para el fallo, puede ser contraria a la Constitución. Sin efectos suspensivos.
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Constitución Española · Art. 164
1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. 2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.
Datos clave
- ¿Desde cuándo tienen valor de cosa juzgada las sentencias del Tribunal Constitucional? → A partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y no cabe recurso alguno contra ellas.
- ¿Qué sentencias del Tribunal Constitucional tienen plenos efectos frente a todos? → Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho.
- ¿Qué ocurre con la parte de la ley no afectada por la inconstitucionalidad? → Subsiste su vigencia, salvo que en el fallo se disponga otra cosa.
- Tres datos seguidos: BOE con votos particulares, cosa juzgada al día siguiente, sin recurso alguno.
- La frase que decide el efecto general es «que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho». Subráyala: es la que separa el erga omnes del efecto entre partes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sentencias del TC se publican en el BOE con los votos particulares, son cosa juzgada desde el día siguiente y sin recurso; algunas valen frente a todos, y la parte de ley no afectada sigue vigente salvo que el fallo diga otra cosa.
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Constitución Española · Art. 166
La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.
Datos clave
- La iniciativa de reforma constitucional se ejerce en los términos del artículo 87.
- Se remite en concreto a los apartados 1 y 2 de ese artículo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La iniciativa de reforma constitucional se ejerce en los términos de los apartados 1 y 2 del artículo 87.
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Constitución Española · Art. 167
1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. 2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Datos clave
- ¿Qué mayoría exige con carácter general el artículo 167.1? → Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
- ¿Quién y en qué plazo puede pedir el referéndum del artículo 167? → Una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras, dentro de los quince días siguientes a la aprobación de la reforma.
- ¿Qué doble requisito permite aprobar la reforma sin los tres quintos de ambas Cámaras? → Voto favorable de la mayoría absoluta del Senado y aprobación por el Congreso por mayoría de dos tercios.
- Números del artículo, en orden: 3/5 de cada Cámara, mayoría absoluta del Senado más 2/3 del Congreso, y 1/10 de los miembros de una Cámara en 15 días para pedir el referéndum.
- El referéndum del 167 se pide; no viene solo. Esa palabra, «cuando así lo soliciten», es la clave de la pregunta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reforma ordinaria: tres quintos de cada Cámara, comisión paritaria si no hay acuerdo y, en su defecto, mayoría absoluta del Senado más dos tercios del Congreso. Referéndum solo si lo pide una décima parte de una Cámara en quince días.
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Constitución Española · Art. 168
1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. 2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
Datos clave
- ¿Qué partes de la Constitución obligan a seguir el procedimiento del artículo 168? → La revisión total, o la parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II.
- ¿Qué mayoría se exige en el artículo 168 y en cuántos momentos? → Dos tercios: primero de cada Cámara para aprobar el principio y, tras la disolución, de ambas Cámaras elegidas para aprobar el nuevo texto.
- ¿Es potestativo el referéndum del artículo 168? → No: aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
- Dos tercios dos veces y referéndum siempre. Ese es todo el artículo 168 en una frase.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Procedimiento agravado de reforma: dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación y aprobación por las nuevas Cámaras por dos tercios y referéndum obligatorio.
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Constitución Española · Art. 169
No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116. Disposición adicional primera. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Disposición adicional segunda. La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado. Disposición adicional tercera. La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico. Disposición adicional cuarta. En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. Disposición transitoria primera. En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que en el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes. Disposición transitoria segunda. Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico. Disposición transitoria tercera. La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del artículo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución. Disposición transitoria cuarta. 1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. 2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143. Disposición transitoria quinta. Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144. Disposición transitoria sexta. Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido. Disposición transitoria séptima. Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos: a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a esta Constitución. b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143. c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años. Disposición transitoria octava. 1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981. 2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo. Durante este período, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101. 3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69,3. Disposición transitoria novena. A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159. Disposición derogatoria. 1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945. 2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876. 3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. Disposición final. Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España. POR TANTO, MANDO A TODOS LOS ESPAÑOLES, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO. PALACIO DE LAS CORTES, A VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO. JUAN CARLOS EL PRESIDENTE DE LAS CORTES Antonio Hernández Gil EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Fernando Álvarez de Miranda y Torres EL PRESIDENTE DEL SENADO Antonio Fontán Pérez Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
Datos clave
- No cabe iniciar la reforma constitucional en tiempo de guerra ni durante los estados del artículo 116.
- El mandato de las Cámaras que aprobaron la Constitución no podía extenderse más allá del 15 de junio de 1981.
- Ceuta y Melilla pueden constituirse en Comunidades Autónomas si lo deciden sus Ayuntamientos por mayoría absoluta y las Cortes Generales lo autorizan mediante ley orgánica.
- La reproducción de la iniciativa autonómica de Navarra, si no prospera, exige que haya transcurrido el plazo mínimo del artículo 143.
- La disposición derogatoria deroga la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política.
- A los tres años de la primera elección de los miembros del Tribunal Constitucional se procede por sorteo para renovar un grupo de cuatro de ellos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Límite temporal a la reforma constitucional (ni en guerra ni con estados del art. 116) y cierre de la Constitución: disposiciones adicionales (fueros, Canarias), transitorias (Navarra, Ceuta y Melilla, TC), derogatoria y final.
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La Constitución Española de 1978: estructura y contenido
La Constitución Española de 1978 se compone de un Preámbulo y de 169 artículos, agrupados en un Título Preliminar y diez títulos numerados.
El articulado se distribuye así:
- Título Preliminar: artículos 1 a 9.
- Título I, «De los derechos y deberes fundamentales»: artículos 10 a 55.
- Título II, «De la Corona»: artículos 56 a 65.
- Título III, «De las Cortes Generales»: artículos 66 a 96.
- Título IV, «Del Gobierno y de la Administración»: artículos 97 a 107.
- Título V, «De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales»: artículos 108 a 116.
- Título VI, «Del Poder Judicial»: artículos 117 a 127.
- Título VII, «Economía y Hacienda»: artículos 128 a 136.
- Título VIII, «De la Organización Territorial del Estado»: artículos 137 a 158.
- Título IX, «Del Tribunal Constitucional»: artículos 159 a 165.
- Título X, «De la reforma constitucional»: artículos 166 a 169.
Datos clave
- 169 artículos: un Título Preliminar y diez títulos, precedidos de un Preámbulo.
- Derechos y deberes fundamentales: Título I, artículos 10 a 55.
- Organización Territorial del Estado: Título VIII, artículos 137 a 158.
- Tribunal Constitucional: Título IX, artículos 159 a 165.
- Reforma constitucional: Título X, artículos 166 a 169.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Constitución de 1978 tiene Preámbulo y 169 artículos repartidos en un Título Preliminar y diez títulos. Hay que saber qué artículos abarca cada título, porque es pregunta fija de test.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 1. Naturaleza y jurisdicción del Tribunal Constitucional
El artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, define la posición del Tribunal dentro del sistema de defensa jurídica de la Constitución.
Apartado uno. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica.
De este apartado se desprenden tres rasgos: su condición de intérprete supremo de la Constitución; su independencia respecto de los demás órganos constitucionales; y su sometimiento exclusivo a dos normas, la Constitución y su propia Ley Orgánica.
Apartado dos. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional.
Datos clave
- El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución.
- Es independiente de los demás órganos constitucionales.
- Está sometido sólo a la Constitución y a la Ley Orgánica 2/1979.
- Es único en su orden.
- Extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales, sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica, único en su orden y con jurisdicción en todo el territorio.
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Artículo 2. Competencias del Tribunal Constitucional
El artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, enumera las materias de las que conoce el Tribunal y reconoce su potestad reglamentaria.
Apartado uno. El Tribunal Constitucional conocerá en los casos y en la forma que esta Ley determina:
a) Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.
b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en el artículo cincuenta y tres, dos, de la Constitución.
c) De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
d) De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.
d) bis. De los conflictos en defensa de la autonomía local.
e) De la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales.
e) bis. Del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo setenta y nueve de la presente Ley.
f) De las impugnaciones previstas en el número dos del artículo ciento sesenta y uno de la Constitución.
g) De la verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente Ley.
h) De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las Leyes orgánicas.
Apartado dos. Potestad reglamentaria. El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios, dentro del ámbito de la presente Ley. Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en Pleno, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», autorizados por su Presidente.
Datos clave
- Conoce del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.
- Conoce del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades del artículo 53.2 de la Constitución.
- Conoce de los conflictos de competencia Estado-Comunidades Autónomas o entre éstas, de los conflictos entre órganos constitucionales del Estado y de los conflictos en defensa de la autonomía local.
- Conoce de la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y del control previo de inconstitucionalidad del artículo 79 de la Ley.
- Conoce de las impugnaciones del artículo 161.2 de la Constitución.
- Verifica los nombramientos de sus Magistrados.
- Sus reglamentos los aprueba el Tribunal en Pleno y se publican en el «Boletín Oficial del Estado», autorizados por su Presidente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de lo que conoce el Tribunal Constitucional (inconstitucionalidad, amparo, conflictos, tratados, control previo, impugnaciones del 161.2 CE, verificación de nombramientos) y su potestad para dictar sus propios reglamentos.
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Artículo 27. Objeto de la declaración de inconstitucionalidad
El artículo 27 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, abre la regulación de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad y delimita las normas que pueden ser objeto de control.
Apartado uno. Finalidad. Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad regulados en este título, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados.
Apartado dos. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad:
a) Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes orgánicas.
b) Las demás Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley. En el caso de los Decretos legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto en el número seis del artículo ochenta y dos de la Constitución.
c) Los Tratados Internacionales.
d) Los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.
e) Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas, con la misma salvedad formulada en el apartado b) respecto a los casos de delegación legislativa.
f) Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
El objeto del control abarca, por tanto, tanto normas estatales como autonómicas con rango o fuerza de ley, los tratados internacionales y los reglamentos parlamentarios (de las Cámaras, de las Cortes Generales y de las Asambleas legislativas autonómicas). Respecto de los Decretos legislativos, estatales o autonómicos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artículo 82.6 de la Constitución.
Datos clave
- Por estos procedimientos el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución.
- Enjuicia la conformidad o disconformidad con la Constitución de las Leyes, disposiciones o actos impugnados.
- Son impugnables los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes orgánicas.
- También las demás Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley.
- Decretos legislativos: competencia del Tribunal sin perjuicio del artículo 82.6 de la Constitución.
- Son impugnables los Tratados Internacionales y los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.
- Lo son las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas y los Reglamentos de sus Asambleas legislativas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Por los procedimientos de inconstitucionalidad el Tribunal garantiza la primacía de la Constitución. Pueden ser controlados Estatutos y leyes orgánicas, leyes y normas con fuerza de ley estatales y autonómicas, tratados y reglamentos parlamentarios.
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Artículo 78. Declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales
El artículo 78 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula el procedimiento de control previo de los tratados internacionales, en conexión con el artículo 95 de la Constitución.
Apartado uno. Legitimación y objeto. El Gobierno o cualquiera de ambas Cámaras podrán requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere prestado aún el consentimiento del Estado.
Apartado dos. Tramitación y plazos. Recibido el requerimiento, el Tribunal Constitucional emplazará al solicitante y a los restantes órganos legitimados, a fin de que, en el término de un mes, expresen su opinión fundada sobre la cuestión. Dentro del mes siguiente al transcurso de este plazo y salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, el Tribunal Constitucional emitirá su declaración, que, de acuerdo con lo establecido en el artículo noventa y cinco de la Constitución, tendrá carácter vinculante.
Apartado tres. Aclaraciones. En cualquier momento podrá el Tribunal Constitucional solicitar de los órganos mencionados en el apartado anterior o de otras personas físicas o jurídicas u otros órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas, cuantas aclaraciones, ampliaciones o precisiones estimen necesarias, alargando el plazo de un mes antes citado en el mismo tiempo que hubiese concedido para responder a sus consultas, que no podrá exceder de treinta días.
Datos clave
- Legitimados: el Gobierno o cualquiera de ambas Cámaras.
- Objeto: tratado internacional con texto definitivamente fijado y sin consentimiento del Estado prestado aún.
- Plazo de un mes para que el solicitante y los restantes órganos legitimados expresen su opinión fundada.
- Declaración dentro del mes siguiente al transcurso de ese plazo.
- La declaración tiene carácter vinculante, conforme al artículo 95 de la Constitución.
- El plazo puede alargarse por el tiempo concedido para aclaraciones, que no podrá exceder de treinta días.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Control previo de tratados: el Gobierno o cualquiera de las Cámaras piden al TC que diga si un tratado ya fijado pero aún no consentido choca con la Constitución; su declaración es vinculante.
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Antecedentes de la Constitución de 1978: el constitucionalismo histórico español
Los antecedentes de la Constitución Española de 1978 se encuentran en el constitucionalismo histórico español, una sucesión de textos de signo muy diverso en la que, como se ha señalado a propósito de la Constitución de 1845, el cambio del grupo en el poder solía determinar el cambio de Constitución. Muchas de las soluciones adoptadas en 1978 (la soberanía nacional, el bicameralismo, la declaración de derechos, la justicia constitucional o la descentralización territorial) tienen su precedente en alguno de esos textos.
El Estatuto de Bayona de 1808 no llegó a ser una Constitución propiamente española: fue una carta otorgada marcada por el sello napoleónico. La primera Constitución española es la de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, y conocida por ello como «la Pepa». Se elaboró en plena Guerra de la Independencia (1808-1814) por las Cortes que la Regencia reunió en la isla de León el 24 de septiembre de 1810. Sus rasgos principales fueron:
- la soberanía nacional, que pasa del Rey a la Nación, representada por los diputados sin estamentos ni mandato imperativo;
- la separación de poderes, la más rígida de nuestra historia, inspirada en la Constitución francesa de 1791 y en la de los Estados Unidos, lo que impidió el nacimiento del régimen parlamentario;
- unas Cortes de Cámara única, elegidas por sufragio universal masculino indirecto;
- la ausencia de una tabla de derechos, aunque recogía derechos dispersos como la libertad personal o la propiedad, y la proclamación de España como Estado confesional.
En la Comisión Constitucional destacaron Diego Muñoz Torrero, su presidente, y Agustín Argüelles, encargado de redactar el proyecto y su discurso preliminar. Con 384 artículos es la más extensa de nuestras Constituciones. Estuvo vigente de 1812 a 1814, de 1820 a 1823 y de 1836 a 1837: Fernando VII la derogó a su vuelta en 1814 y tuvo que jurarla tras el pronunciamiento de Riego en 1820, que abrió el Trienio liberal.
El Estatuto Real de 1834, vigente de 1834 a 1836, fue una carta otorgada flexible, breve e incompleta, de solo 50 artículos y sin declaración de derechos. Descansaba en la soberanía compartida de las Cortes con el Rey y en una separación de poderes flexible que permitió el nacimiento por primera vez en España del régimen parlamentario. Fue el primer texto en hablar de Cortes Generales, compuestas por dos Estamentos: el de Próceres y el de Procuradores del Reino.
La Constitución de 1837, vigente de 1837 a 1845, nació de la crisis del Estatuto Real tras el Motín de los Sargentos de La Granja de 1836. Obra de los progresistas, fue un texto conciliador: trasladó la soberanía nacional al Preámbulo, articuló de forma flexible la separación de poderes e incorporó por vez primera una declaración sistemática y homogénea de derechos. Sus Cortes se componían de dos cuerpos colegisladores iguales en facultades, el Congreso de los Diputados y el Senado, denominaciones que se han mantenido hasta hoy.
La Constitución de 1845, vigente de 1845 a 1868, fue obra de los moderados. Volvió a la soberanía compartida por las Cortes y el Rey, reforzó la posición de la Corona, estableció un Senado de nombramiento real y vitalicio y suprimió el juicio por jurado y la Milicia Nacional.
La Constitución de 1869, vigente de 1869 a 1873, fue el trasunto de la Revolución de septiembre de 1868, «la Gloriosa». Consagró la soberanía nacional, el sufragio universal, la Monarquía como poder constituido y una amplia declaración de derechos en su Título I, con la libertad de cultos como auténtica novedad. Se inspiró en la Constitución belga de 1831 y en la norteamericana de 1787. A esta etapa pertenecen también el reinado de Amadeo I de Saboya y la Constitución federal de 1873, que quedó nonata.
La Constitución de 1876, obra de Antonio Cánovas del Castillo, sostuvo el régimen de la Restauración desde la proclamación de Alfonso XII hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. Era un texto breve y abierto de 89 artículos, que permitía la alternancia de partidos, basado en la soberanía del Rey con las Cortes, en el principio no escrito de la doble confianza y en el reconocimiento del catolicismo como religión del Estado con tolerancia de los demás cultos en la práctica privada. Fue la de más prolongada vigencia hasta que la de 1978 la superó.
La Constitución de 1931, de la Segunda República, fue promulgada el 9 de diciembre de 1931 por el presidente de las Cortes, Julián Besteiro, y estuvo vigente de 1931 a 1939. Con 125 artículos en nueve títulos más uno preliminar, se inspiró en la Constitución alemana de Weimar y en la austriaca para la justicia constitucional. Definió la República como un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones, estableció unas Cortes unicamerales, creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, declaró que el Estado no tiene religión oficial y reconoció por primera vez el voto de la mujer en igualdad con el hombre.
El régimen franquista se organizó mediante las llamadas Leyes Fundamentales, que la disposición derogatoria de la Constitución de 1978 deroga expresamente: el Fuero del Trabajo de 1938, la Ley Constitutiva de las Cortes de 1942, el Fuero de los Españoles y la Ley de Referéndum Nacional de 1945, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 y la Ley Orgánica del Estado de 1967. Como esas leyes preveían su propia modificación, el paso a la democracia pudo hacerse partiendo de la legalidad anterior, algo nuevo en una historia en la que las Constituciones se habían establecido sobre los escombros de las precedentes.
Datos clave
- El Estatuto de Bayona de 1808 fue una carta otorgada de sello napoleónico; la primera Constitución propiamente española es la de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812.
- La Constitución de 1812 estuvo vigente de 1812 a 1814, de 1820 a 1823 y de 1836 a 1837, y con 384 artículos es la más extensa de la historia española.
- El Estatuto Real de 1834, carta otorgada de 50 artículos, fue el primer texto en hablar de Cortes Generales.
- La Constitución de 1837 incorporó por vez primera una declaración sistemática de derechos y las denominaciones Congreso de los Diputados y Senado.
- La Constitución de 1869, nacida de la revolución de 1868, consagró la soberanía nacional, el sufragio universal y una amplia declaración de derechos.
- La Constitución de 1876, obra de Cánovas del Castillo, tenía 89 artículos y estuvo vigente hasta 1923.
- La Constitución de 1931 creó el Tribunal de Garantías Constitucionales y reconoció por primera vez el voto de la mujer en igualdad con el hombre.
- La disposición derogatoria de la Constitución de 1978 deroga las Leyes Fundamentales del franquismo, entre ellas el Fuero de los Españoles de 1945 y la Ley Orgánica del Estado de 1967.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Recorrido por el constitucionalismo histórico español, de Bayona y Cádiz a la Segunda República y las Leyes Fundamentales, con los rasgos de cada texto que más se preguntan: soberanía, Cámaras, derechos y vigencia.
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Características generales y estructura de la Constitución Española de 1978
La Constitución Española de 1978 es la norma fundamental del Estado y presenta una serie de rasgos que la distinguen de los textos del constitucionalismo histórico español. Por sus características se enmarca en el constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, al que pertenecen, entre otras, la Constitución italiana de 1947 y la Ley Fundamental de Bonn de 1949, y es ya la Constitución más longeva de nuestra historia, por delante de la de 1876.
Características generales
- Texto extenso. Con 169 artículos es una Constitución larga, sobre todo en comparación con las Constituciones del siglo XIX, que tenían entre setenta y ochenta artículos. Solo la Constitución de Cádiz de 1812, con 384 artículos, es más extensa.
- Texto consensuado. Es un hecho único en nuestra historia constitucional que no solo haya sido aceptada por todos, sino elaborada prácticamente por todos. Durante el debate constitucional fue descrita como «la constitución del consenso», y el trabajo de la Ponencia que redactó el anteproyecto se caracterizó por las largas negociaciones y el espíritu de consenso.
- Nacida de la legalidad anterior. El nuevo sistema democrático se estableció partiendo de la legalidad del régimen precedente y valiéndose de sus instrumentos, una novedad respecto de un pasado en el que las Constituciones se levantaban sobre los escombros del sistema anterior.
- Constitución rígida. Su procedimiento de reforma es diferente del procedimiento legislativo ordinario y está reforzado en todas sus fases. El Título X prevé dos procedimientos, uno ordinario y otro agravado, y esta rigidez es una de las garantías de la supremacía formal de la Constitución.
- Inspiración en el Derecho comparado. Junto a los precedentes históricos españoles, el texto recoge fórmulas del constitucionalismo europeo de posguerra: así, el artículo 9.2 tiene una redacción casi idéntica a la del artículo 3.2 de la Constitución italiana.
- Contenido. Proclama la soberanía del pueblo español, constituido en un Estado social y democrático de Derecho cuya forma política es la Monarquía parlamentaria; menciona por primera vez de forma explícita a los partidos políticos, y su gran novedad es el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones en su artículo 2.
- Fuerza normativa directa. Según el artículo 9.1, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; su alcance se estudia al tratar el valor normativo de la Constitución.
Estructura
La Constitución se abre con un Preámbulo, en el que la Nación española, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática, consolidar un Estado de Derecho, proteger a todos los españoles y pueblos de España, promover el progreso de la cultura y de la economía, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en unas relaciones pacíficas entre todos los pueblos de la Tierra.
El articulado, de 169 artículos, se divide en once títulos, el Título Preliminar y los Títulos I a X:
- Título Preliminar (artículos 1 a 9).
- Título I, De los derechos y deberes fundamentales (artículos 10 a 55), dividido en cinco capítulos: De los españoles y los extranjeros; Derechos y libertades, con la Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas y la Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos; De los principios rectores de la política social y económica; De las garantías de las libertades y derechos fundamentales, y De la suspensión de los derechos y libertades.
- Título II, De la Corona (artículos 56 a 65).
- Título III, De las Cortes Generales (artículos 66 a 96), con tres capítulos: De las Cámaras; De la elaboración de las leyes, y De los Tratados Internacionales.
- Título IV, Del Gobierno y de la Administración (artículos 97 a 107).
- Título V, De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (artículos 108 a 116).
- Título VI, Del Poder Judicial (artículos 117 a 127).
- Título VII, Economía y Hacienda (artículos 128 a 136).
- Título VIII, De la Organización Territorial del Estado (artículos 137 a 158), con tres capítulos: Principios generales; De la Administración Local, y De las Comunidades Autónomas.
- Título IX, Del Tribunal Constitucional (artículos 159 a 165).
- Título X, De la reforma constitucional (artículos 166 a 169).
Tras el articulado figuran cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. La disposición derogatoria deroga la Ley para la Reforma Política y las Leyes Fundamentales del régimen anterior, y la disposición final establece que la Constitución entra en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado y que se publicará también en las demás lenguas de España.
Desde el punto de vista de su contenido, el texto incluye una parte dogmática, formada por el Título Preliminar, donde se definen los principios y valores constitucionales, y por el Título I, dedicado a los derechos y libertades. El resto de títulos constituye la parte orgánica, que define la Jefatura del Estado, los poderes del Estado y sus relaciones y la organización territorial del poder, e incluye un título dedicado al Tribunal Constitucional, como garante último del sistema, y otro que establece los procedimientos de reforma.
Datos clave
- La Constitución de 1978 tiene 169 artículos; solo la de Cádiz de 1812, con 384, es más extensa.
- Se articula en once títulos: el Título Preliminar y los Títulos I a X.
- Tras el articulado contiene cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.
- La parte dogmática la forman el Título Preliminar y el Título I; el resto de títulos integra la parte orgánica.
- El Título I, De los derechos y deberes fundamentales, comprende los artículos 10 a 55 y se divide en cinco capítulos.
- Es una Constitución rígida: el Título X (artículos 166 a 169) regula un procedimiento de reforma ordinario y otro agravado.
- Se enmarca en el constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, junto a la Constitución italiana de 1947 y la Ley Fundamental de Bonn de 1949.
- Entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, según su disposición final.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Rasgos de la Constitución de 1978 (extensa, consensuada, nacida de la legalidad anterior, rígida, inspirada en el Derecho comparado y con fuerza normativa directa) y su estructura: Preámbulo, once títulos y disposiciones finales.
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El proceso constituyente de 1977-1978: de la Ley para la Reforma Política a la publicación de la Constitución
El proceso constituyente que culminó en la Constitución Española de 1978 se caracterizó por partir de la legalidad anterior: no hubo ruptura formal con el régimen precedente, sino que sus propios instrumentos, en particular las Cortes Españolas, se utilizaron para abrir paso a un sistema democrático.
La Ley para la Reforma Política y las elecciones de 1977
Adolfo Suárez fue nombrado presidente del Gobierno el 3 de julio de 1976. Su programa perseguía la instauración de un sistema político democrático y el compromiso de celebrar elecciones antes del 30 de junio de 1977. El instrumento fue la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política:
- las Cortes Españolas la aprobaron el 18 de noviembre de 1976;
- fue ratificada en referéndum nacional el 15 de diciembre de 1976, convocado por el Real Decreto 2635/1976, con el voto afirmativo de más del 94 por ciento de los votantes, que representaban más del 77 por ciento del electorado;
- se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 5 de enero de 1977.
La Ley definió un sistema basado en la soberanía popular, la supremacía de la ley y unas Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal, directo y secreto: un Congreso de 350 diputados, elegido con sistema proporcional, y un Senado de 207 senadores electos con sistema mayoritario, a los que se sumaban 41 de designación real. Estableció, además, un procedimiento de reforma constitucional.
Siguieron el Real Decreto-ley 12/1977, sobre el derecho de asociación política, que permitió la legalización de diversas formaciones; el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales, y el Real Decreto 679/1977, de 15 de abril, que convocó las elecciones generales. Estas se celebraron el 15 de junio de 1977, con una participación del 79 por ciento. En el Congreso, Unión de Centro Democrático obtuvo 165 escaños, el Partido Socialista Obrero Español 103, Alianza Popular 16 y el Partido Comunista de España 12. Los parlamentarios ocuparon sus escaños el 13 de julio, y la Legislatura Constituyente comenzó oficialmente el 22 de julio de 1977 con una sesión conjunta de ambas Cámaras en presencia de los Reyes.
La elaboración en el Congreso de los Diputados
El Congreso ejerció la iniciativa constitucional que le otorgaba el artículo 3 de la Ley para la Reforma Política. El 26 de julio de 1977 el Pleno aprobó una moción que creaba una Comisión Constitucional encargada de redactar un proyecto de Constitución. En su sesión constitutiva, el 1 de agosto de 1977, la Comisión designó la Ponencia que redactaría el anteproyecto, formada por siete diputados conocidos como los «padres de la Constitución»:
- por Unión de Centro Democrático, Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo;
- por el Grupo Socialista, Gregorio Peces-Barba Martínez;
- por Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne;
- por el Grupo Comunista, Jordi Solé Tura;
- por la Minoría Catalana, Miquel Roca Junyent.
La Ponencia celebró 29 sesiones entre agosto y diciembre de 1977, con carácter reservado. El anteproyecto se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes de 5 de enero de 1978 y recibió más de 3.000 enmiendas en 779 escritos. El informe de la Ponencia se publicó el 17 de abril de 1978. La Comisión, que pasó a llamarse de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, lo debatió en veinticuatro sesiones durante mayo y junio, y su dictamen se publicó el 1 de julio de 1978. El Pleno del Congreso lo debatió en doce sesiones y lo aprobó el 21 de julio de 1978 por 258 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones.
La tramitación en el Senado y la Comisión Mixta
En el Senado se presentaron 1.254 escritos de enmienda. La Comisión de Constitución debatió el texto en diecisiete sesiones entre el 18 de agosto y el 14 de septiembre de 1978, y el Pleno lo hizo en diez sesiones entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre, aprobando unas modificaciones al texto remitido por el Congreso. Como los textos de ambas Cámaras discrepaban, la Ley para la Reforma Política exigía constituir una Comisión Mixta de diputados y senadores. La presidió Antonio Hernández Gil, presidente de las Cortes, sus sesiones fueron secretas y su dictamen se publicó el 28 de octubre de 1978.
Aprobación, referéndum, sanción y publicación
El 31 de octubre de 1978 el dictamen de la Comisión Mixta se sometió a votación nominal y pública en sesiones plenarias de cada Cámara:
- en el Congreso, 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones, sobre 345 votos emitidos;
- en el Senado, 226 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones, sobre 239 asistentes.
Por el Real Decreto 2550/1978, de 3 de noviembre, se convocó el referéndum, que se celebró el 6 de diciembre de 1978: el proyecto fue aprobado por el 87,78 por ciento de los votantes, que representaba el 58,97 por ciento del censo electoral. El Rey Juan Carlos I sancionó la Constitución el miércoles 27 de diciembre de 1978, en sesión conjunta del Congreso y del Senado en el Palacio de las Cortes. El Boletín Oficial del Estado la publicó el 29 de diciembre de 1978, en su número 311, junto con las versiones en las restantes lenguas de España; según su disposición final, entró en vigor el mismo día de su publicación.
Datos clave
- La Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política fue ratificada en referéndum el 15 de diciembre de 1976 y publicada en el BOE el 5 de enero de 1977.
- Las elecciones generales se celebraron el 15 de junio de 1977 y la Legislatura Constituyente comenzó oficialmente el 22 de julio de 1977.
- La Comisión Constitucional del Congreso designó el 1 de agosto de 1977 una Ponencia de siete diputados, los «padres de la Constitución».
- El Pleno del Congreso aprobó el texto el 21 de julio de 1978 y la Comisión Mixta Congreso-Senado, presidida por Antonio Hernández Gil, resolvió las discrepancias.
- Las Cortes aprobaron la Constitución el 31 de octubre de 1978: en el Congreso, 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones.
- El referéndum de 6 de diciembre de 1978 la aprobó con el 87,78 por ciento de los votantes.
- El Rey la sancionó el 27 de diciembre de 1978 y se publicó en el BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, fecha de su entrada en vigor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cronología del proceso constituyente: Ley para la Reforma Política, elecciones de 1977, ponencia de siete diputados, paso por Congreso, Senado y Comisión Mixta, aprobación del 31 de octubre, referéndum, sanción y publicación.