Tema 82: El procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: órganos competentes, fases contables y documentos contables. Actos de gestión, actos contables y actos de control. Los pagos: concepto y clasificación. Procedimientos especiales del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: gastos plurianuales y de tramitación anticipada. El gasto subvencional, el contractual y los gastos de personal. Los encargos a medios propios personificados. Los expedientes de convalidación de gastos. Procedimientos especiales de pagos: pago de nóminas, pagos a justificar, pagos en firme de justificación diferida, pagos por anticipo de caja fija y pagos en el extranjero.
Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
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- Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
- Ley 8/2025, de 22 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026
- Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía
- Orden de 24 de julio de 2018, por la que se regula el procedimiento de anticipo de caja fija y la priorización de pagos menores
- Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía
Artículo 13. Competencias de la Consejería competente en materia de Hacienda
El artículo 13 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dedicado a «Competencias de la Consejería competente en materia de Hacienda», dispone lo siguiente.
Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda:
a) Proponer al Consejo de Gobierno las disposiciones y los acuerdos que procedan según el artículo 12 de esta Ley, y que sean materia de su competencia.
b) Elaborar y someter al acuerdo del Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley del Presupuesto.
c) Dictar las disposiciones y resoluciones de su competencia.
d) La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de la Hacienda de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de las competencias que esta ley atribuye a las agencias administrativas y de régimen especial.
e) Velar por la ejecución del Presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la Junta de Andalucía, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualesquiera otras que la defensa de tales derechos exija.
f) Ordenar los pagos de la Administración de la Junta de Andalucía.
g) La tutela financiera de los entes locales y la colaboración entre estos entes y la Comunidad Autónoma, en los términos previstos en los artículos 60.3 y 192.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
h) El impulso y coordinación de los instrumentos y procedimientos para la aplicación de las normas en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
i) Las demás competencias y funciones que se le atribuyan en esta Ley y demás disposiciones de aplicación.
j) Proponer modificaciones de crédito que afecten a varias secciones presupuestarias, con objeto de cubrir una insuficiencia de crédito en aquellos que tengan la condición de ampliables.
Datos clave
- Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda elaborar y someter al acuerdo del Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley del Presupuesto.
- Le corresponde ordenar los pagos de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Asume la administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de la Hacienda de la Junta, sin perjuicio de las competencias de las agencias administrativas y de régimen especial.
- Ejerce la tutela financiera de los entes locales en los términos de los artículos 60.3 y 192.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- Impulsa y coordina la aplicación de las normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- Propone modificaciones de crédito que afecten a varias secciones presupuestarias para cubrir insuficiencias en créditos ampliables.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Consejería de Hacienda elabora el anteproyecto de Ley del Presupuesto, gestiona y recauda los derechos de la Junta, ordena sus pagos, ejerce la tutela financiera local y propone ciertas modificaciones de crédito.
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Artículo 14. Competencias de las Consejerías
El artículo 14 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dedicado a «Competencias de las Consejerías», dispone lo siguiente.
Corresponde a las Consejerías:
a) Elaborar las propuestas de anteproyecto de estado de gastos de su Presupuesto, en la forma prevista en el artículo 35 de la presente Ley.
b) Administrar los créditos para gastos del Presupuesto y de sus modificaciones.
c) Aprobar, en los casos en que le correspondan conforme al ordenamiento jurídico, los actos administrativos o negocios jurídicos que conlleven la realización de gastos y, en su caso, elevarlos al Consejo de Gobierno para su autorización previa, en los supuestos previstos legalmente.
d) Disponer o comprometer los gastos de su competencia.
e) Contraer o reconocer obligaciones económicas en nombre y por cuenta de la Junta de Andalucía.
f) Proponer el pago de las obligaciones a la Consejería competente en materia de Hacienda.
g) Las demás competencias y funciones que se le atribuyan en esta Ley y demás disposiciones de aplicación.
Datos clave
- Las Consejerías elaboran las propuestas de anteproyecto de estado de gastos de su Presupuesto en la forma del artículo 35.
- Administran los créditos para gastos del Presupuesto y de sus modificaciones.
- Aprueban los actos o negocios jurídicos que conllevan gasto y, en su caso, los elevan al Consejo de Gobierno para su autorización previa.
- Disponen o comprometen los gastos de su competencia y contraen o reconocen obligaciones en nombre y por cuenta de la Junta de Andalucía.
- Proponen el pago de las obligaciones a la Consejería competente en materia de Hacienda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Consejería elabora la propuesta de su estado de gastos, administra sus créditos, aprueba sus actos de gasto, compromete gastos y reconoce obligaciones, pero el pago lo propone a la Consejería de Hacienda.
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Artículo 40. Gastos de carácter plurianual
El artículo 40 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dedicado a «Gastos de carácter plurianual», dispone lo siguiente.
1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que se autoricen y comprometan con cargo a dos o más ejercicios.
La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autorice el Presupuesto.
2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que se encuentren en alguno de los casos que a continuación se indican:
a) Inversiones reales, transferencias y subvenciones de capital, salvo las subvenciones nominativas y las transferencias de financiación de la Ley del Presupuesto de cada ejercicio.
b) Gastos corrientes en bienes y servicios instrumentados mediante contratos, convenios, así como encargos a medios propios personificados previstos en el artículo 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, cuando no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo de un año.
c) Arrendamiento de bienes inmuebles y cualquier otro instrumento jurídico que implique la cesión de uso remunerada sobre los mismos.
d) Cargas financieras del endeudamiento.
e) Subvenciones y otras transferencias corrientes, salvo las subvenciones nominativas y las transferencias de financiación de la Ley del Presupuesto de cada ejercicio.
f) Concesión de préstamos para la financiación de viviendas protegidas de promoción pública o privada.
g) Concesión de préstamos para promoción económica en programas especiales aprobados por el Consejo de Gobierno.
3. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), b), e) y g) del apartado anterior no será superior a seis.
En relación con el párrafo c), el número de ejercicios no será superior a diez.
4. Los créditos que, con cargo a ejercicios futuros, se comprometan en la tramitación de este tipo de expedientes estarán sujetos, según los casos, a las siguientes limitaciones cuantitativas:
a) Para los supuestos a que se refiere los párrafos a) y c) del apartado 2 de este artículo, no podrá superarse el importe acumulado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente del Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes:
1.º El 80 % en el ejercicio inmediatamente siguiente.
2.º El 70 % en el segundo ejercicio.
3.º El 60 % en el tercer ejercicio.
4.º El 50 % en el cuarto ejercicio.
5.º El 50 % en el quinto ejercicio.
6.º El 50 % en el sexto ejercicio.
7.º El 50 % en los ejercicios sexto a décimo, para los gastos contemplados en el párrafo c) del apartado 2 de este artículo.
b) Para los gastos referidos en los párrafos b), e), f) y g) del apartado 2 de este artículo, no podrá superarse el importe acumulado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente del Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes:
1.º El 40 % en el ejercicio inmediatamente siguiente.
2.º El 30 % en el segundo ejercicio.
3.º El 20 % en el tercer ejercicio.
4.º El 20 % en el cuarto ejercicio.
5.º El 20 % en el quinto ejercicio.
6.º El 20 % en el sexto ejercicio.
7.º El 20 % en los ejercicios posteriores al sexto, para los gastos contemplados en el párrafo f) del apartado 2 de este artículo.
c) En los gastos que se especifican en el párrafo d) del apartado 2 de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, se estará a lo que se determine en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas sobre endeudamiento de las Administraciones Públicas.
5. No obstante, la apertura de anualidades futuras y la dotación de crédito para dichas anualidades, las redistribuciones y modificaciones en los límites de crédito de ejercicios futuros y el número de anualidades futuras para gastos corrientes y los relativos a los proyectos de inversión financiados, en ambos casos, con recursos procedentes de la Unión Europea, serán autorizados por la Dirección General de Fondos Europeos y se alcanzará el nivel que esté establecido en los correspondientes programas plurianuales aprobados por la Comisión Europea.
6. Del mismo modo, para los créditos financiados con transferencias y otros ingresos finalistas, tanto la apertura de anualidades futuras como la dotación de los límites de crédito para dichas anualidades serán autorizadas por la Dirección General de Presupuestos y se fijarán en función de la financiación prevista.
7. La Ley del Presupuesto de cada ejercicio podrá establecer limitaciones temporales o cuantitativas diferentes a las establecidas en este artículo.
8. Las modificaciones en los límites de crédito correspondientes a los ejercicios futuros y el número de anualidades futuras establecidos en este artículo o, en su caso, en la Ley del Presupuesto de cada ejercicio, financiados con recursos propios, serán aprobadas por Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda y a instancia de la Consejería, de la agencia administrativa, de régimen especial y pública empresarial referida en el artículo 2.c), o del consorcio afectado.
Cuando la modificación de límites a que se refiere el párrafo anterior no exceda de un importe de 3.000.000 de euros por cada nivel de vinculación de crédito afectado, esta podrá ser autorizada por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. En todo caso, dichos límites deberán ser coherentes con el marco presupuestario a medio plazo.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores de este mismo apartado no será de aplicación en las modificaciones de límites de anualidades que tengan por objeto dar cobertura presupuestaria a las autorizaciones y compromisos de gasto previamente adquiridos que, de acuerdo con lo establecido en la Orden de cierre de cada ejercicio presupuestario, deban ser objeto de traspaso contable a anualidades futuras en el marco del nuevo ejercicio presupuestario.
En este supuesto, tanto la ampliación del límite de crédito como del número de anualidades, en caso de ser necesario, operará de forma automática.
La apertura de anualidades futuras y la dotación de crédito para dichas anualidades en el caso de créditos financiados con recursos propios, con objeto de cumplir lo previsto en la ley, serán autorizadas por la Dirección General de Presupuestos.
Las modificaciones en los límites de crédito de ejercicios futuros y el número de anualidades futuras, y en su caso, redistribuciones, relativas a las cargas financieras del endeudamiento serán autorizadas por la Dirección General competente en materia de tesorería y deuda pública, conforme al apartado 4.c) de este artículo.
9. A los efectos de aplicar los límites regulados en el presente artículo, los créditos a los que se hace mención serán los resultantes de tomar como nivel de vinculación el que se obtiene aplicando las mismas reglas que rigen para los créditos del ejercicio corriente.
No deberán formar parte de la base de cálculo de dichos porcentajes aquellos créditos del presupuesto del ejercicio corriente cuyo gasto no tenga la consideración de gasto plurianual conforme al apartado 1.
10. En los contratos de obras de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del diez por ciento del importe de adjudicación en el momento en que esta se realice. Dicha retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de las obras o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán dentro del límite de crédito correspondiente a los ejercicios futuros a que se refieren los apartados anteriores. La aplicación de la referida retención de crédito se efectuará asimismo sobre el importe de los encargos a medios propios personificados previstos en el artículo 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el momento en el que éstos se ordenen y respecto al ejercicio en que finalicen las obras correspondientes o al siguiente, según el momento en el que se prevea realizar la liquidación final del encargo.
11. Todos los compromisos regulados en este artículo serán objeto de adecuada e independiente contabilización, conforme a las instrucciones dictadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía.
12. La Dirección General de Presupuestos, a propuesta de la Consejería, de la agencia administrativa, de régimen especial y pública empresarial referida en el artículo 2.c), o consorcio correspondiente, podrá resolver sobre la redistribución de los créditos, salvo que estos estuvieran financiados con fondos procedentes de la Unión Europea, siempre y cuando se respete el montante global de límites que corresponda en un mismo ejercicio, sección, servicio y capítulo.
La Dirección General competente en materia de Fondos Europeos, a propuesta de la Consejería, consorcio o agencia correspondiente, podrá resolver sobre la redistribución de los créditos financiados con fondos procedentes de la Unión Europea, de acuerdo con las responsabilidades que ostenta en la programación y control de los mismos.
De dichos acuerdos se dará traslado a la Intervención General, a los oportunos efectos contables.
13. El régimen jurídico previsto en este artículo será aplicable a la autorización o realización de gastos de carácter plurianual de las agencias de régimen especial, públicas empresariales referidas en el artículo 2.c), y consorcios.
Datos clave
- Son plurianuales los gastos que se autorizan y comprometen con cargo a dos o más ejercicios.
- Número máximo de ejercicios: seis para los párrafos a), b), e) y g); diez para arrendamientos de inmuebles.
- Inversiones y arrendamientos: 80 %, 70 %, 60 % y 50 % del crédito del ejercicio corriente en los ejercicios siguientes.
- Gastos corrientes por contratos, subvenciones corrientes y préstamos: 40 %, 30 % y 20 %.
- Modificar límites con recursos propios corresponde al Consejo de Gobierno; hasta 3.000.000 de euros por nivel de vinculación, a la persona titular de Hacienda.
- Contratos de obras plurianuales: retención adicional del diez por ciento del importe de adjudicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los gastos plurianuales se comprometen con cargo a dos o más ejercicios, solo en supuestos tasados, con un máximo de seis o diez ejercicios y porcentajes decrecientes sobre el crédito corriente; el Consejo de Gobierno o Hacienda pueden modificar los límites.
Esquema
| Párrafos a) y c) | Párrafos b), e), f) y g) | |
|---|---|---|
| Primer ejercicio siguiente | 80 % | 40 % |
| Segundo | 70 % | 30 % |
| Tercero | 60 % | 20 % |
| Cuarto a sexto | 50 % | 20 % |
| Más allá del sexto | 50 % hasta el décimo, solo en c) | 20 %, solo en f) |
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Artículo 40 bis. Gastos de tramitación anticipada
El artículo 40 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dedicado a «Gastos de tramitación anticipada», dispone lo siguiente.
1. Son gastos de tramitación anticipada aquellos cuyos expedientes se inicien en el año anterior a aquel ejercicio presupuestario en el que vaya a tener lugar su ejecución y contraprestación.
La tramitación de estos expedientes podrá llegar, como máximo, hasta el momento inmediatamente anterior a la adquisición del compromiso, salvo los expedientes de contratación, que podrán ultimarse incluso con su adjudicación y formalización del correspondiente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. Podrán acogerse a este procedimiento todos los expedientes que generen obligaciones económicas, cualquiera que sea su naturaleza, siempre que cumplan los requisitos señalados en este artículo.
3. Los expedientes de tramitación anticipada que se refieran a alguno de los gastos contemplados en el apartado 2 del artículo 40 de la presente Ley estarán sujetos, según su naturaleza, a los límites cuantitativos señalados para los mismos en la primera anualidad futura.
El resto de los expedientes quedarán sujetos al límite del 50% del crédito correspondiente al Presupuesto en el que se inicien, tomando a estos efectos como nivel de vinculación el establecido en el primer párrafo del artículo 39.2 de esta Ley.
4. Asimismo, en estos expedientes deberán observarse los siguientes requisitos:
a) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y las resoluciones por las que se autoricen los gastos deberán contener la prevención expresa de que el gasto que se proyecta queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto que ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio siguiente, en el momento de dictarse la resolución de adquisición del compromiso.
b) Una vez que entre en vigor el Presupuesto a que se alude en la letra anterior, y previamente a la adquisición del compromiso en ese ejercicio, por los órganos que en su momento hubieran efectuado la propuesta se emitirá informe en el que se hará constar que las actuaciones practicadas conservan plenamente su validez, por subsistir las mismas circunstancias de hecho y de Derecho que condicionaron en su día la citada propuesta.
Datos clave
- Son de tramitación anticipada los expedientes iniciados en el año anterior al de su ejecución y contraprestación.
- Llegan como máximo al momento inmediatamente anterior al compromiso; los contratos pueden llegar a la adjudicación y formalización.
- Los gastos no previstos en el artículo 40.2 tienen un límite del 50% del crédito del Presupuesto en que se inician.
- El gasto queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto del ejercicio siguiente.
- Antes del compromiso se emite informe de que las actuaciones conservan plenamente su validez.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los gastos de tramitación anticipada se inician el año anterior al de su ejecución y llegan, como máximo, hasta justo antes del compromiso, salvo los contratos, que pueden adjudicarse y formalizarse; siempre condicionados a que haya crédito.
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Artículo 52. Competencia en la gestión de los gastos
El artículo 52 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dedicado a «Competencia en la gestión de los gastos», dispone lo siguiente.
1. La competencia en materia de gestión de los gastos corresponderá a quienes la ostenten para adoptar los actos administrativos o negocios jurídicos que los generen y ejecuten, conforme a lo dispuesto en las normas que regulen la estructura orgánica y atribución de competencias en la Administración de la Junta de Andalucía, instituciones, agencias administrativas, de régimen especial, públicas empresariales referidas en el artículo 2.c) y consorcios adscritos, sin perjuicio de que, en los supuestos legalmente establecidos, se requiera la autorización del Consejo de Gobierno previamente a la adopción de los actos administrativos o negocios jurídicos que conlleven la realización de gasto.
A estos efectos, los actos de ejecución presupuestaria del gasto son actos debidos consecuencia de los actos de gestión administrativa o negocios jurídicos de los que derive, de forma que, cuando conlleven un gasto se producirá de forma simultánea la fase de gestión presupuestaria que le corresponda.
2. La desconcentración, la delegación y, en general, los actos por los que se transfieran la titularidad o el ejercicio de las competencias citadas en el apartado anterior se entenderán siempre referidos a ambas competencias, de gestión administrativa y de gestión presupuestaria.
3. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá imputar al presupuesto de gastos de la Consejería, agencia administrativa, agencia de régimen especial, agencia pública empresarial comprendida en el artículo 2.c) o consorcio afectado las obligaciones de pago no atendidas a su vencimiento que hubieran ocasionado minoración de ingresos o incremento de gasto por compensaciones de deudas o deducciones sobre transferencias efectuadas por otras Administraciones Públicas. A tal efecto adoptará, asimismo, los acuerdos y dictará las resoluciones que procedan para la adecuada contabilización de los respectivos gastos e ingresos, realizando estas actuaciones en el ejercicio en el que se produzcan. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 53 bis.
Datos clave
- La competencia en la gestión de los gastos corresponde a quienes la ostenten para adoptar los actos administrativos o negocios jurídicos que los generen y ejecuten.
- En los supuestos legales se requiere autorización previa del Consejo de Gobierno.
- Los actos de ejecución presupuestaria del gasto son actos debidos y la fase de gestión presupuestaria se produce de forma simultánea.
- La desconcentración y la delegación se entienden referidas siempre a la gestión administrativa y a la gestión presupuestaria.
- Hacienda puede imputar al presupuesto del órgano afectado las obligaciones no atendidas a su vencimiento que hayan provocado compensaciones o deducciones de otras Administraciones Públicas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien es competente para dictar el acto que genera un gasto lo es también para gestionarlo presupuestariamente: ambas competencias van unidas, también al delegarlas o desconcentrarlas.
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Artículo 52 bis. Ejecución del presupuesto de gastos
El artículo 52 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dedicado a «Ejecución del presupuesto de gastos», dispone lo siguiente.
1. La ejecución del presupuesto de gastos se realizará a través de las siguientes fases:
a) Aprobación de la realización de gasto. Se corresponde con el acto administrativo o negocio jurídico que conlleva la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o estimada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
b) Disposición. Se corresponde con el acto administrativo o negocio jurídico del que se deriva, en la cuantía y condiciones establecidas, un compromiso de gasto frente a terceros, de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas, de régimen especial, públicas empresariales referidas en el artículo 2.c), los consorcios adscritos, y en general, cualesquier organismo y entidad de derecho público vinculado o dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía sometido a la contabilidad presupuestaria.
c) Reconocimiento de la obligación. Declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública y comporta la propuesta de pago correspondiente.
d) Ordenación del pago y pago material conforme a lo dispuesto en el artículo 73 bis.
2. La sucesión de las fases de gestión del presupuesto de gastos requerirá, en todo caso, de la materialización de los actos administrativos o negocios jurídicos que las generen de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Atendiendo a la naturaleza de los gastos y a criterios de economía y agilidad administrativa, podrán acumularse en un solo acto todas o algunas de las fases de ejecución del gasto en los supuestos y con las condiciones que se determinen por la consejería competente en materia de Hacienda.
3. Con cargo a créditos que figuren en los estados de gastos de la Administración de la Junta de Andalucía, de las agencias administrativas, de régimen especial y las públicas empresariales referidas en el artículo 2.c), y consorcios, correspondientes a servicios cuyo volumen de gasto tenga correlación con el importe de tasas, cánones y precios públicos liquidados por las mismas, o que por su naturaleza o normativa aplicable deban financiarse total o parcialmente con unos ingresos específicos y predeterminados, tales como los provenientes de transferencias finalistas, subvenciones, convenios con otras Administraciones o encargos de ejecución a medios propios personificados, solo podrán gestionarse sus gastos en la medida en que se vaya asegurando su financiación.
4. Con cargo al crédito del Fondo de Contingencia se financiarán únicamente, cuando proceda, las siguientes modificaciones de crédito:
a) Crédito extraordinario.
b) Suplementos de crédito.
c) Ampliaciones.
En ningún caso podrá utilizarse el mencionado crédito para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administración, que carezcan de cobertura presupuestaria.
Su aplicación se decidirá por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda.
Datos clave
- Fases de ejecución del gasto: aprobación de la realización del gasto, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago y pago material.
- La disposición es el compromiso de gasto frente a terceros en la cuantía y condiciones establecidas.
- El reconocimiento de la obligación declara un crédito exigible contra la Hacienda Pública y comporta la propuesta de pago.
- Pueden acumularse en un solo acto todas o algunas fases en los supuestos que determine la Consejería competente en materia de Hacienda.
- Los gastos financiados con ingresos específicos solo se gestionan en la medida en que se vaya asegurando su financiación.
- El Fondo de Contingencia solo financia créditos extraordinarios, suplementos de crédito y ampliaciones; su aplicación la decide el Consejo de Gobierno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las cuatro fases de ejecución del gasto, cuándo pueden acumularse, la regla de los gastos con financiación específica y qué modificaciones puede financiar el Fondo de Contingencia.
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Artículo 53. Competencias normativas
El artículo 53 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dedicado a «Competencias normativas», dispone lo siguiente.
1. Corresponde a las personas titulares de las distintas Consejerías dictar las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de las actuaciones financiadas en los estados de gastos de las secciones presupuestarias a su cargo, en todo aquello que no esté expresamente atribuido a otro órgano.
2. Dichas facultades corresponden a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, como órgano competente en la gestión del gasto de las secciones correspondientes a «Deuda Pública» y «A Corporaciones Locales por participación en ingresos del Estado»; a las personas titulares de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda, las correspondientes a la sección «Gastos de Diversas Consejerías», cada una en el ámbito de sus respectivas competencias; a la persona titular de la Consejería competente en materia de Agricultura, las correspondientes a la sección del «Fondo Andaluz de Garantía Agraria», y a la persona titular de la Consejería competente en materia de Bienestar Social, las de la sección «Pensiones Asistenciales», siendo de aplicación a las mismas cuantas disposiciones establece la presente Ley para las secciones presupuestarias de las Consejerías.
Datos clave
- Las personas titulares de las Consejerías dictan las normas de desarrollo y ejecución de las actuaciones financiadas en sus secciones presupuestarias.
- Hacienda: secciones «Deuda Pública» y «A Corporaciones Locales por participación en ingresos del Estado».
- Administración Pública y Hacienda, cada una en su ámbito: sección «Gastos de Diversas Consejerías».
- Agricultura: sección del «Fondo Andaluz de Garantía Agraria»; Bienestar Social: sección «Pensiones Asistenciales».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada titular de Consejería dicta las normas para ejecutar los gastos de su sección presupuestaria; algunas secciones especiales tienen asignado un titular concreto.
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Artículo 54. Ordenación de pagos
El artículo 54 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dedicado a «Ordenación de pagos», dispone lo siguiente.
1. Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda las funciones de ordenación general de pagos de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. Compete a las personas titulares de la Presidencia o Dirección de las instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c) y los consorcios, la ordenación de los pagos relativos a sus gastos.
3. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá establecer directrices a los entes referidos en el apartado anterior, para el ejercicio de sus funciones de ordenación de los pagos y ejercerá la supervisión de su cumplimiento con el objeto de garantizar las exigencias establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
4. El régimen de la ordenación de pagos se regulará por Decreto a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
Datos clave
- La ordenación general de pagos corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
- Las personas titulares de la Presidencia o Dirección de instituciones, agencias y consorcios ordenan los pagos de sus gastos.
- Hacienda puede establecerles directrices y supervisar su cumplimiento por exigencias de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El régimen de la ordenación de pagos se regula por Decreto a propuesta de la persona titular de Hacienda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ordenación general de pagos es de Hacienda; instituciones, agencias y consorcios ordenan sus propios pagos bajo directrices y supervisión de Hacienda. El régimen se regula por Decreto.
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Artículo 55. Expedición de las órdenes de pago
1. La expedición de las órdenes de pago a cargo del Presupuesto de la Junta de Andalucía deberá ajustarse al Plan que sobre disposición de fondos de la Tesorería General establezca el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
2. A las órdenes de pago libradas con cargo al Presupuesto, se acompañarán los documentos que acrediten la realización de la prestación o el derecho de la persona o entidad acreedora, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.
Datos clave
- Las órdenes de pago se ajustan al Plan de disposición de fondos de la Tesorería General.
- Ese Plan lo establece el Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
- A las órdenes de pago se acompañan los documentos que acrediten la realización de la prestación o el derecho de la persona acreedora.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las órdenes de pago se ajustan al Plan de disposición de fondos y deben acompañarse de documentos que acrediten la prestación o el derecho del acreedor.
Artículo 56. Pagos a justificar
1. Las órdenes de pago cuyos documentos no puedan acompañarse en el momento de su expedición, según establece el artículo anterior, tendrán el carácter de «a justificar», sin perjuicio de su aplicación a los correspondientes créditos presupuestarios.
2. Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo de tres meses. Excepcionalmente podrá ampliarse este plazo hasta doce meses en los casos que reglamentariamente se determinen, estando en cualquier caso sujetos al régimen de responsabilidades previsto en la presente Ley.
3. Durante el mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos justificativos, a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por el órgano competente.
Datos clave
- Tienen carácter «a justificar» las órdenes de pago cuyos documentos no puedan acompañarse en el momento de su expedición.
- Plazo de justificación: tres meses.
- Excepcionalmente puede ampliarse hasta doce meses en los casos reglamentarios.
- La aprobación o reparo de la cuenta se realiza durante el mes siguiente a la aportación de los justificantes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando no es posible acompañar la justificación al expedir la orden, el pago se libra a justificar y el perceptor debe rendir posteriormente la cuenta.
Artículo 56 bis. Procedimiento de anticipo de caja fija
El artículo 56 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dedicado a «Procedimiento de anticipo de caja fija», dispone lo siguiente.
Se establece el procedimiento de anticipo de caja fija como un instrumento de gestión del gasto y del pago que está destinado a la atención inmediata y posterior aplicación al presupuesto, de determinados gastos periódicos o repetitivos, o de otros que se determinen por acuerdo motivado de la persona titular de la Consejería con competencia en materia de hacienda, previo informe de la Intervención General y de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.
Mediante este procedimiento se proveerá a los órganos gestores pagadores de un límite cuantitativo máximo hasta el que podrán tramitar facturas para el pago por la Tesorería General de la Junta de Andalucía o por las tesorerías de las agencias administrativas, de régimen especial, de las agencias públicas empresariales comprendidas en el artículo 2.c), y de los consorcios. Este límite cuantitativo se restituirá a medida que se efectúe la tramitación de la justificación de las facturas pagadas.
Los gastos menores de 3.000 euros que se tramiten a través del procedimiento establecido en el presente artículo no estarán sometidos a intervención previa.
Se habilita a la persona titular de la Consejería con competencia en materia de hacienda para proceder a la regulación y desarrollo de este procedimiento de anticipo de caja fija.
Datos clave
- El anticipo de caja fija es un instrumento de gestión del gasto y del pago para la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos.
- Pueden incluirse otros gastos por acuerdo motivado de Hacienda, previo informe de la Intervención General y de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.
- Provee a los órganos gestores pagadores de un límite cuantitativo máximo, que se restituye al justificar las facturas pagadas.
- Los gastos menores de 3.000 euros tramitados por este procedimiento no se someten a intervención previa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El anticipo de caja fija da a los órganos pagadores un tope de dinero para atender ya gastos periódicos o repetitivos y aplicarlos después al presupuesto; el tope se repone al justificar las facturas.
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Artículo 90. La fiscalización previa
El artículo 90 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dedicado a «La fiscalización previa», dispone lo siguiente.
1. La fiscalización previa de los gastos y las obligaciones consiste en el examen de los expedientes administrativos que conllevan gasto, con el fin de verificar que su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad vigente, en los términos previstos en este artículo y en lo que se disponga reglamentariamente.
2. Serán objeto de fiscalización previa los expedientes administrativos que conlleven alguna de las siguientes fases de ejecución del gasto, y justificación de libramientos, definidas en la normativa de desarrollo de esta Ley:
a) La aprobación de la realización de gasto.
b) La disposición del gasto.
c) El reconocimiento de la obligación.
d) La justificación de los pagos de justificación posterior.
3. La Intervención General podrá establecer, mediante resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que los extremos a comprobar en la fiscalización previa sean los siguientes:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de disposición de gastos con cargo a ejercicios futuros se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 40 de esta Ley.
b) Que la aprobación de la realización de gasto, el acto o negocio jurídico del que se deriva una disposición de los gastos y el reconocimiento de las obligaciones se proponen al órgano competente.
c) Que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente.
d) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determine la Intervención General.
4. Si la Intervención, al realizar la fiscalización, se manifestase en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos de forma motivada. La formulación del reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado, bien por subsanación de las deficiencias, o bien, en el caso de no aceptación del reparo, por la resolución del procedimiento previsto en el apartado siguiente.
En el supuesto de que la función interventora se desarrolle en el régimen previsto en el apartado anterior, consistente en la previa delimitación del alcance por resolución de la Intervención General, únicamente procederá la formulación de reparos cuando no se cumpla alguno de los aspectos de comprobación establecidos. En caso contrario, el ámbito de comprobación se extenderá a los aspectos de legalidad económico-presupuestaria y únicamente procederá la formulación de reparo en los casos siguientes:
a) Cuando no exista crédito presupuestario suficiente y adecuado a la naturaleza del gasto que se proponga autorizar.
b) En los casos de falta de competencia del órgano al que se propone la aprobación del acto administrativo o negocio jurídico que conlleva la realización del gasto.
c) Si no queda acreditada la legitimidad de la persona o entidad en cuyo favor se contrae la disposición de gasto.
d) Si no se acredita documentalmente la efectiva realización de la prestación y el derecho del acreedor.
e) En los supuestos en los que, siendo preceptiva la fiscalización previa, se haya omitido este trámite.
5. Si el órgano al que afecta el reparo no estuviera conforme con el mismo, se procederá de la siguiente forma:
a) Cuando haya sido formulado por la Intervención que efectúa la fiscalización previa, corresponderá a la Intervención General conocer de la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquella.
b) Cuando el reparo emane de la Intervención General o esta, previa tramitación del expediente por la persona titular de la Viceconsejería correspondiente, haya confirmado el reparo de una Intervención, subsistiendo la discrepancia, corresponderá la resolución:
1.° A la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, cuando el importe del gasto no exceda de 150.000 euros.
2.° Al Consejo de Gobierno en los demás casos.
6. No están sometidos a fiscalización previa de la aprobación de la realización y disposición del gasto:
a) Los contratos menores, así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación contractual.
b) Los gastos del Capítulo II de la clasificación económica del estado de gastos menores de 3.000 euros o los gastos de la misma naturaleza menores de los importes que se establezcan reglamentariamente.
c) Los gastos de honorarios de los agentes recaudadores.
d) Los gastos de depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación, derivados de las expropiaciones forzosas.
e) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que se deriven o sus modificaciones.
Reglamentariamente podrán excluirse de fiscalización previa, en cualquiera de las fases previstas en el apartado 2 de este artículo, aquellos gastos, distintos o no a los descritos anteriormente, para los que se considere más adecuada otra forma de control.
La Intervención General podrá establecer procedimientos de control posterior sobre los gastos excluidos de fiscalización previa.
7. La fiscalización previa podrá ejercerse aplicando técnicas de muestreo o comprobaciones periódicas a los gastos de personal y de subvenciones, así como a cualesquiera otros en los que concurra la circunstancia de afectar a un gran número de actos, documentos o expedientes. A tales efectos, la Intervención General determinará los actos, documentos y expedientes sobre los que la fiscalización previa podrá ser ejercitada sobre una muestra y no sobre el total de los expedientes, estableciendo los procedimientos aplicables para la muestra, de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información.
8. En los supuestos en los que la fiscalización previa o la comprobación material del gasto prevista en el apartado 2 del artículo anterior fuesen preceptivas y se hubiesen omitido, no se podrá continuar el expediente administrativo que conlleve gasto ni, por tanto, reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni fiscalizar favorablemente estas actuaciones hasta que, en su caso, se resuelva dicha omisión, mediante su convalidación por el Consejo de Gobierno o la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, en los términos que se determinen reglamentariamente.
Datos clave
- La fiscalización previa examina los expedientes que conllevan gasto para verificar que se ajustan a la legalidad vigente.
- Se fiscalizan la aprobación del gasto, la disposición, el reconocimiento de la obligación y la justificación de los pagos de justificación posterior.
- El reparo, siempre motivado, suspende la tramitación del expediente hasta que sea solventado.
- Discrepancias: Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras si el gasto no excede de 150.000 euros; Consejo de Gobierno en los demás casos.
- Excluidos de fiscalización previa: contratos menores, gastos del Capítulo II menores de 3.000 euros, honorarios de agentes recaudadores, expropiaciones y gastos de tracto sucesivo.
- La omisión de fiscalización se resuelve mediante convalidación por el Consejo de Gobierno o la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La fiscalización previa comprueba que los expedientes con gasto se ajustan a la legalidad. El artículo fija qué fases se fiscalizan, cuándo cabe reparo, quién resuelve las discrepancias y qué gastos quedan excluidos.
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Artículo 120 bis. Procedimiento de gestión presupuestaria
El artículo 120 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dedicado a «Procedimiento de gestión presupuestaria», dispone lo siguiente.
1. Las fases de aprobación de la realización del gasto y de disposición en materia de subvenciones, con excepción de las tramitadas con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), las subvenciones financiadas con cargo al crédito del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en relación con los artículos 21.1.a) y b), 28 a 31, 33 y 34 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, y aquellas que se determinen por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe de la Intervención General que versará sobre la justificación y procedencia de la medida a adoptar, se ajustarán a las siguientes normas:
a) La aprobación de la convocatoria de subvenciones regladas, conllevará la aprobación de la realización del gasto sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 115 de esta Ley.
b) La concesión directa de subvenciones, conllevará la aprobación de la realización y disposición del gasto.
c) La resolución de concesión de las subvenciones conlleva la disposición del gasto correspondiente.
2. Las convocatorias de las subvenciones fijarán el importe del gasto aprobado, que representará la cuantía máxima destinada a las subvenciones convocadas, así como los créditos presupuestarios a los que se imputará el mismo, con la indicación, en su caso, de la posibilidad de adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual o de tramitación anticipada, de acuerdo con lo establecido en los artículos 40 y 40 bis de esta Ley.
Por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda, oídas las Consejerías con competencia en materia de subvenciones y ayudas, se determinará el procedimiento de tramitación de la aprobación y el compromiso de gasto.
Datos clave
- La aprobación de la convocatoria de subvenciones regladas conlleva la aprobación de la realización del gasto.
- La concesión directa conlleva la aprobación de la realización y la disposición del gasto.
- La resolución de concesión conlleva la disposición del gasto.
- La convocatoria fija el importe del gasto, que es la cuantía máxima, y los créditos a los que se imputa.
- Se exceptúan las subvenciones del PFEA, del FEAGA, ciertas del FEADER y las que determine Hacienda previo informe de la Intervención General.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En subvenciones, cada acto arrastra una fase del gasto: la convocatoria aprueba el gasto, la concesión directa lo aprueba y dispone y la resolución de concesión lo dispone. La convocatoria fija la cuantía máxima.
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Artículo 124. Pago y justificación
El artículo 124 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dedicado a «Pago y justificación», dispone lo siguiente.
1. No podrá proponerse el pago de las subvenciones mientras no se compruebe formalmente la justificación. La falta de comprobación de la documentación justificativa en los términos establecidos en las bases reguladoras, una vez transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el artículo 124 bis, podrá dar lugar a la solicitud de intereses de demora desde dicho momento y hasta el pago de la subvención si el mismo, finalmente, procede.
En el cómputo del plazo de seis meses no se tendrán en cuenta los periodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable al órgano concedente.
2. La falta de justificación en los términos establecidos en las bases reguladoras por causas imputables a las personas o entidades beneficiarias de subvenciones impedirá a las Consejerías y a las agencias proponer el pago a dichas beneficiarias de las concedidas con posterioridad con cargo al mismo programa presupuestario.
El órgano que, a tenor del artículo 115, sea titular de la competencia para la concesión de subvenciones, así como el competente para proponer el pago, podrán, mediante resolución motivada, exceptuar la limitación contenida en el párrafo anterior cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso pueda delegarse esta competencia.
3. La norma reguladora de cada subvención podrá establecer, de manera justificada, la obligación de acreditar, antes de proponerse el pago, que las personas o entidades beneficiarias se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de Derecho Público.
No obstante, iniciados los procedimientos de reintegro, o las actuaciones con sucesores o responsables, el órgano concedente, como medida cautelar, podrá solicitar a la Consejería competente en materia de Hacienda la suspensión de los libramientos de pago de las cantidades pendientes de abonar a la persona beneficiaria, sin superar, en ningún caso, el importe que fije la propuesta o resolución de inicio de los referidos procedimientos. El régimen jurídico de esta medida cautelar es el previsto para la retención de pagos en los apartados 2 a 4 del artículo 35 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. En las subvenciones cuya justificación se efectúe con posterioridad al cobro de la misma, no podrá abonarse a la persona o entidad beneficiaria un importe superior al 50% de la subvención, sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores, excepto en los supuestos en que el importe de aquéllas sea igual o inferior a 6.000 euros.
Las normas reguladoras de la concesión de subvenciones establecerán la limitación contenida en el párrafo anterior.
5. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada, cuando en este último supuesto así se haya establecido en las bases reguladoras.
En caso de que las bases reguladoras así lo establezcan, los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe se imputa total o parcialmente a la subvención, indicando en este último caso la cuantía que resulte afectada por la subvención. Cuando las bases reguladoras establezcan la justificación telemática de subvenciones, no será exigible el estampillado.
Cuando se haya previsto la justificación telemática de las subvenciones en las bases reguladoras, estas podrán establecer que se presenten tanto copias auténticas como copias digitalizadas por los propios interesados de los justificantes del gasto y de los documentos acreditativos del pago, sin perjuicio de la obligación del beneficiario de conservar las facturas o documentos justificativos originales, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, conforme a lo dispuesto en el párrafo g) del artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las copias digitalizadas por los propios interesados habrán de cumplir los requisitos electrónicos que se establezcan en las bases reguladoras, sin perjuicio de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la relevancia del justificante en el procedimiento de concesión o de justificación lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se pueda solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que se podrá requerir la exhibición de la factura o documento original.
6. Las agencias sujetas a control previo o financiero permanente, beneficiarias de subvenciones concedidas por la Administración de la Junta de Andalucía, podrán justificarlas mediante cuenta justificativa simplificada.
Datos clave
- No puede proponerse el pago mientras no se compruebe formalmente la justificación.
- Pasado el plazo de seis meses sin comprobar, pueden solicitarse intereses de demora.
- La falta de justificación impide pagar nuevas subvenciones del mismo programa, salvo resolución motivada e indelegable por especial interés social.
- Con justificación posterior no puede abonarse más del 50% sin justificar pagos anteriores, salvo subvenciones de hasta 6.000 euros.
- Las agencias sujetas a control previo o financiero permanente pueden justificar mediante cuenta justificativa simplificada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sin justificación comprobada no hay pago; quien no justifica por su culpa no cobra las siguientes del mismo programa; con justificación posterior, tope del 50 % antes de justificar, salvo importes de hasta 6.000 euros.
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Artículo 32. Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados.
El artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados.
1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta, de derecho público o privado, previo encargo, siempre que esta merezca la calificación de medio propio personificado conforme a los apartados siguientes, y sin perjuicio de los requisitos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para los medios propios estatales.
El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.
2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una única entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación:
a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.
En todo caso, existe ese control análogo cuando el poder adjudicador, u otros poderes adjudicadores o personas jurídicas controlados del mismo modo por él, puedan conferirle encargos de ejecución obligatoria para el ente destinatario por así establecerlo sus estatutos o acto de creación, de manera que exista una unidad de decisión entre ellos, de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que realiza el encargo.
La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que depende el medio propio, calculadas de manera que representen los costes reales de las unidades producidas directamente por él; para las actividades subcontratadas con empresarios particulares se atenderá al coste efectivo cuando sea inferior al resultante de aplicar las tarifas.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo.
Para calcular ese 80 por ciento se tomará el promedio del volumen global de negocios, los gastos soportados por los servicios prestados al poder adjudicador en relación con la totalidad de los gastos del medio propio, u otro indicador alternativo fiable, referidos a los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo.
Cuando, por la fecha de creación o de inicio de actividad o por la reorganización de las actividades, esos indicadores no estuvieran disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores a la formalización del encargo o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con justificar que el cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial mediante proyecciones de negocio.
c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-privada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública.
d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya a ser medio propio.
2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser medio propio, de que cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de los encargos de conformidad con su objeto social.
Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo deberá determinar: el poder adjudicador respecto del cual tiene esa condición; precisar el régimen jurídico y administrativo de los encargos que se les puedan conferir; y establecer la imposibilidad de que participen en licitaciones públicas convocadas por el poder adjudicador del que sean medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
En todo caso, se presumirá que cumple el requisito establecido en el número 2.º de la presente letra cuando haya obtenido la correspondiente clasificación respecto a los grupos, subgrupos y categorías que ostente.
3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que la persona jurídica controlada, siendo un poder adjudicador, realice un encargo al poder adjudicador que la controla o a otra persona jurídica controlada, directa o indirectamente, por el mismo poder adjudicador, siempre que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica a la que se realice el encargo.
4. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más poderes adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación:
a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente destinatario del mismo un control conjunto análogo al que ostentarían sobre sus propios servicios o unidades.
Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén representados todos los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada representante representar a varios de estos últimos o a la totalidad de ellos.
2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia decisiva sobre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas del ente destinatario del encargo.
3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los intereses de los entes que puedan conferirle encargos.
La compensación y las tarifas se establecen conforme a las mismas reglas indicadas en la letra a) del apartado 2.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo con lo establecido en la letra b) del apartado 2 de este artículo.
c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras c) y d).
6. Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de acuerdo con los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo, pueda ser calificado como medio propio personificado del primero o primeros, no tendrán la consideración jurídica de contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes normas:
a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos del artículo 63.6. El documento de formalización establecerá el plazo de duración del encargo.
c) Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se derive del encargo, sea igual o superior a doce millones de euros.
Esta autorización deberá obtenerse antes de la suscripción del encargo; una vez obtenida, corresponde a los órganos competentes aprobar el gasto y suscribir el encargo.
Para obtenerla se remitirán al menos el texto del encargo, el informe del servicio jurídico y el certificado de existencia de crédito o, en poderes adjudicadores con presupuesto estimativo, los documentos equivalentes que acrediten la financiación.
Requerirán igualmente la previa autorización del Consejo de Ministros las modificaciones de encargos autorizados por el Consejo de Ministros, cuando superen el 20 por cien del importe del encargo.
La autorización que otorgue el Consejo de Ministros será genérica para la suscripción del encargo, sin que en ningún caso implique una validación de los trámites realizados, ni exima de la responsabilidad que corresponda a las partes respecto de la correcta tramitación y realización del encargo.
7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en ejecución del encargo recibido de conformidad con el presente artículo, se le aplicarán las siguientes reglas:
a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean procedentes, de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se le aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la presente Ley.
b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No se considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso necesario para producir dicha prestación.
Este límite no se aplica a los contratos de obras que celebren los medios propios a los que se haya encargado una concesión, de obras o de servicios, ni a la gestión del servicio público mediante entidades de derecho público creadas a tal fin o mediante sociedades de derecho privado de capital íntegramente público, ni a los contratos de los medios propios encargados de servicios informáticos y tecnológicos a la Administración Pública o cuyas funciones sean el fomento de las telecomunicaciones, el desarrollo de la sociedad de la información y sociedad digital.
Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje por razones de seguridad, por la naturaleza de la prestación que requiera un mayor control o por razones de urgencia; la justificación se acompañará al documento de formalización y se publicará con él en la Plataforma de Contratación.
Datos clave
- El encargo a un medio propio personificado no tiene la consideración de contrato.
- Requisito de control análogo al que el poder adjudicador ejerce sobre sus propios servicios, con influencia decisiva.
- Más del 80 por ciento de la actividad del medio propio debe realizarse para el poder adjudicador que lo controla, calculado sobre los tres ejercicios anteriores.
- Si el medio propio es de personificación jurídico-privada, todo su capital o patrimonio debe ser público.
- La condición de medio propio debe reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación.
- Autorización del Consejo de Ministros para encargos de doce millones de euros o más, y para modificaciones que superen el 20 por cien.
- Las prestaciones parciales contratadas con terceros no pueden exceder del 50 por ciento de la cuantía del encargo, salvo excepciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El encargo a un medio propio personificado no es contrato si hay control análogo, más del 80 % de actividad para quien lo controla, capital público si es privado y reconocimiento estatutario.
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Artículo 33. Encargos de entidades pertenecientes al sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador a medios propios personificados.
1. Las entidades del sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador podrán ejecutar de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios a cambio de una compensación valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos, de conformidad con lo dispuesto en el apartado siguiente. El encargo que cumpla estos requisitos no tendrá la consideración de contrato.
2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una entidad perteneciente al Sector Público que no tenga la consideración de poder adjudicador, aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes:
a) Que el ente que hace el encargo ostente control, directo o indirecto, en el sentido del artículo 32.2.a), primer y segundo párrafos de esta Ley, sobre el ente destinatario del mismo.
b) Que la totalidad del capital social o patrimonio del ente destinatario del encargo sea de titularidad pública.
c) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por la entidad que realiza el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que realiza el encargo.
3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que una entidad del Sector Público estatal realice un encargo a otra del mismo sector, siempre que la entidad que realiza el encargo y la que lo reciba estén controladas, directa o indirectamente, por la misma entidad de dicho sector y, además, la totalidad del capital social o patrimonio de la entidad destinataria del encargo sea de titularidad pública. En este supuesto, el requisito del apartado 2.c) anterior, cuya acreditación deberá reflejarse en la forma dispuesta en él, se entenderá cumplido por referencia al conjunto de actividades que se hagan en el ejercicio de los cometidos que le hayan sido confiados por la entidad que realiza el encargo, por la entidad que controla directa o indirectamente tanto a la entidad que realiza el encargo como a la que lo recibe, así como por cualquier otra entidad también controlada directa o indirectamente por la anterior. En estos casos, la compensación a percibir por la entidad que reciba el encargo deberá ser aprobada por la entidad pública que controla a la entidad que realiza el encargo y a la que lo recibe, debiendo adecuarse dicha compensación y las demás condiciones del encargo a las generales del mercado de forma que no se distorsione la libre competencia.
La posibilidad que establece el párrafo anterior también podrá ser utilizada por las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas dentro de cada uno sus respectivos sectores públicos.
Datos clave
- Aplicable a entidades del sector público que no son poder adjudicador.
- El encargo que cumpla los requisitos no tiene la consideración de contrato.
- Requisitos: control directo o indirecto (artículo 32.2.a), capital o patrimonio totalmente público y más del 80 por ciento de la actividad para la entidad que encarga.
- Cabe el encargo entre entidades del sector público estatal controladas por la misma entidad.
- En ese caso, la compensación la aprueba la entidad pública que controla a ambas y debe ajustarse a las condiciones de mercado.
- Las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas pueden usar esa posibilidad en sus sectores públicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades del sector público que no son poder adjudicador también pueden encargar a medios propios: control directo o indirecto, capital íntegramente público y más del 80 % de actividad para ellas.
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Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido.
Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido.
1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.
En aquellos contratos cuya ejecución requiera de la cesión de datos por parte de entidades del sector público al contratista, el órgano de contratación en todo caso deberá especificar en el expediente de contratación cuál será la finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos.
2. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 7 del artículo 99 para los contratos adjudicados por lotes.
3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la subsección 5.ª, de la Sección 2.ª, del Capítulo I, del Título I, del Libro II, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el apartado 1 del artículo 174. En el caso de procedimientos para adjudicar los contratos basados en acuerdos marco invitando a una nueva licitación a las empresas parte del mismo, regulados en el artículo 221.4, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento de licitación a que hace referencia el artículo 221.5 último párrafo.
Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
4. En el expediente se justificará adecuadamente:
a) La elección del procedimiento de licitación.
b) La clasificación que se exija a los participantes.
c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.
d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.
f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.
5. Si la financiación del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta procedencia, aunque se trate de órganos de una misma Administración pública, se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato, debiendo acreditarse en aquel la plena disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusión de una garantía para su efectividad.
Datos clave
- La celebración de contratos por las Administraciones Públicas requiere la previa tramitación del expediente, que inicia el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que se publica en el perfil de contratante.
- El expediente se refiere a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de los lotes del artículo 99.7.
- Se incorporan el pliego de cláusulas administrativas particulares, el de prescripciones técnicas, el certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la intervención, en su caso.
- Debe justificarse: elección del procedimiento, clasificación exigida, criterios de solvencia y de adjudicación, valor estimado, necesidad de la Administración, informe de insuficiencia de medios en servicios y la decisión de no dividir en lotes.
- Con financiación de distinta procedencia se tramita un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Antes de contratar, la Administración tramita un expediente: lo inicia el órgano de contratación motivando la necesidad, incorpora pliegos y crédito y justifica siete extremos.
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Artículo 117. Aprobación del expediente.
1. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido previamente, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la aprobación del órgano competente. Esta resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante.
2. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley.
Datos clave
- Completado el expediente, el órgano de contratación dicta resolución motivada que lo aprueba y dispone la apertura del procedimiento de adjudicación.
- Dicha resolución implica también la aprobación del gasto, salvo supuestos excepcionales.
- La resolución se publica en el perfil de contratante.
- Los expedientes pueden ultimarse incluso con la adjudicación y formalización aunque la ejecución deba iniciarse en el ejercicio siguiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Una vez completo el expediente, el órgano de contratación dicta una resolución motivada que lo aprueba, abre la adjudicación y, salvo excepciones, aprueba también el gasto; debe publicarse en el perfil de contratante.
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Artículo 27. Autorización de gastos de carácter plurianual
El artículo 27 de la Ley 8/2025, de 22 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026, dedicado a «Autorización de gastos de carácter plurianual», dispone lo siguiente.
En el ejercicio 2026, como excepción a lo establecido en el artículo 40.4.b) del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, para los gastos corrientes en bienes y servicios instrumentados mediante contratos, convenios, así como los encargos a medios propios, cuando no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo de un año, no podrá superarse el importe acumulado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente del presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes:
1.º El 60% en el ejercicio inmediatamente siguiente.
2.º El 50% en el segundo ejercicio.
3.º El 40% en el tercer ejercicio.
4.º El 30% en el cuarto ejercicio.
5.º El 30% en el quinto ejercicio.
6.º El 30% en el sexto ejercicio.
Datos clave
- Es una excepción para 2026 al artículo 40.4.b) del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública.
- Afecta a gastos corrientes en bienes y servicios por contratos, convenios y encargos a medios propios.
- Porcentajes: 60% el ejercicio siguiente, 50% el segundo, 40% el tercero y 30% del cuarto al sexto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para 2026 fija los topes de compromisos plurianuales en gastos corrientes en bienes y servicios: 60 %, 50 % y 40 % los tres primeros ejercicios siguientes y 30 % del cuarto al sexto.
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Artículo 28. Competencias del Consejo de Gobierno para la autorización de gastos
El artículo 28 de la Ley 8/2025, de 22 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026, dedicado a «Competencias del Consejo de Gobierno para la autorización de gastos», dispone lo siguiente.
1. Se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar, con carácter previo a su aprobación, los actos administrativos o negocios jurídicos que conlleven la realización de cualquier tipo de gastos de Consejerías, agencias y consorcios adscritos cuyo importe global sea igual o superior a ocho millones de euros (8.000.000 euros), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12. d) , 52 y 52 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y en los términos del apartado 2 de la disposición final undécima del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía.
Del mencionado régimen de autorización quedarán excluidos los siguientes expedientes de gasto:
a) Los que se tramiten para la ejecución de los créditos incluidos en las secciones 32, a corporaciones locales por participación en ingresos del Estado, y 35, Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, del estado de gastos del Presupuesto.
b) Los relativos a las transferencias para la financiación de las agencias y consorcios adscritos.
c) Los relativos a las transferencias de financiación y las transferencias con asignación nominativa a las sociedades mercantiles del sector público andaluz y entidades asimiladas a que se refiere el artículo 4 de esta ley.
d) Los correspondientes a las transferencias de financiación a las universidades públicas andaluzas.
e) Los destinados a la dotación para operaciones financieras de los fondos regulados en el artículo 5.5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
f) Los que se tramiten para la concertación de las operaciones financieras contempladas en el artículo 67 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
g) Los que se tramiten para la concesión de subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto y las consideradas de imposición legal. A estas subvenciones tampoco se les aplicará lo dispuesto en el artículo 115.2 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
2. Asimismo, se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para la autorización de contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra, y el número de anualidades supere el de cuatro años a partir de la adjudicación del contrato.
3. Los citados acuerdos, cuando se produzcan en materia contractual, deberán concurrir antes de la aprobación de los expedientes de contratación.
4. Los contratos y cualquier otra operación que pretendan celebrar las sociedades mercantiles del sector público andaluz, y las fundaciones y demás entidades previstas en el artículo 5.3 y 4 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como los fondos carentes de personalidad jurídica del apartado 5 de dicho artículo, en los mismos términos y cuantías previstos en los apartados anteriores, requerirán autorización previa del Consejo de Gobierno.
5. Los expedientes relativos a las operaciones de endeudamiento cuya emisión o concertación se tramite ante el Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35, serán autorizados, en su caso, por el Consejo de Gobierno simultáneamente con la autorización prevista en el citado precepto. No obstante, la fiscalización del gasto por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía y del acto que conlleve su aprobación, que corresponderá al órgano competente por razón de la materia, se realizará en el momento previo a la puesta en circulación de la emisión o a la formalización de la operación de endeudamiento.
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria sexta del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero.
Datos clave
- Requieren acuerdo previo del Consejo de Gobierno los gastos de importe global igual o superior a ocho millones de euros (8.000.000 euros).
- Quedan excluidos, entre otros, los de las secciones 32 y 35, las transferencias de financiación, las universidades públicas y las subvenciones nominativas o de imposición legal.
- Los contratos de arrendamiento financiero o con opción de compra de más de cuatro anualidades requieren acuerdo del Consejo de Gobierno.
- En materia contractual, el acuerdo debe concurrir antes de la aprobación del expediente de contratación.
- Las sociedades mercantiles, fundaciones y fondos requieren la misma autorización previa en iguales términos y cuantías.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Consejo de Gobierno autoriza previamente los gastos de ocho millones de euros o más, con siete exclusiones, y los arrendamientos financieros de más de cuatro anualidades; lo mismo rige para sociedades, fundaciones y fondos.
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Artículo 3. Contabilización a través del Sistema
El artículo 3 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, dedicado a «Contabilización a través del Sistema», dispone lo siguiente.
1. Los procedimientos para la contabilización de los hechos y actos de contenido económico indicados en el artículo 1, se llevarán a cabo a través del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales (Sistema GIRO), implantado por Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 17 de diciembre de 2014.
2. La contabilización de los asientos que, en cumplimiento del Plan General de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía hayan de producirse, se realizarán a partir de los datos contenidos en los documentos contables de la contabilidad presupuestaria y de la contabilidad extrapresupuestaria que constituyan la base de los mismos.
Datos clave
- La contabilización se lleva a cabo a través del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos (Sistema GIRO).
- El Sistema GIRO se implantó por Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 17 de diciembre de 2014.
- Los asientos del Plan General de Contabilidad Financiera se realizan a partir de los documentos contables presupuestarios y extrapresupuestarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Toda la contabilización se hace a través del Sistema GIRO, implantado por Orden de 17 de diciembre de 2014, y los asientos financieros salen de los documentos contables presupuestarios y extrapresupuestarios.
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Artículo 4. El documento contable y sus fases
El artículo 4 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, dedicado a «El documento contable y sus fases», dispone lo siguiente.
1. Todos los actos y hechos económicos que deban ser registrados en la contabilidad de la ejecución o modificación del presupuesto de gastos e ingresos o en la contabilidad extrapresupuestaria deberán estar soportados en un documento contable.
2. El documento contable es la unidad mínima del sistema de información contable.
3. Los documentos contables se tramitarán por el Sistema GIRO en dos fases sucesivas, la fase de propuesta y la fase de documento contable:
- a) En la fase de propuesta, las oficinas de gestión introducirán en el Sistema GIRO los datos preceptivos de las operaciones contables, confeccionando de esta forma la propuesta de documento contable, soporte de la anotación contable en la contabilidad preliminar o previa del presupuesto de ingresos, de gastos y de operaciones extrapresupuestarias. Las propuestas de documentos contables habrán de estar suscritas por el órgano competente.
Estas propuestas se podrán generar desde otros módulos asociados al Sistema GIRO, como el Registro de facturas, el Gestor de subvenciones o el Sistema de Información de Recursos Humanos (Sistema SIRhUS), en los que se podrá instrumentar la forma de suscripción de éstas.
A los efectos contemplados en la presente Orden, el Sistema SIRhUS tendrá la consideración de sistema auxiliar de la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, constando en el mismo todos los datos de detalle que justifican y garantizan la legitimidad de los pagos propuestos a las distintas personas perceptoras, integradas en la nómina general que se elabore en su ámbito.
- b) En la fase de documento contable, los documentos quedan contabilizados como soporte de la contabilidad oficial del presupuesto de ingresos, de gastos y de operaciones extrapresupuestarias. A tal efecto los documentos contables serán debidamente intervenidos con la firma de la persona titular de la Intervención competente.
4. El Sistema GIRO identificará la fase de propuesta y la de documento contable mediante un solo código identificativo.
Datos clave
- Todos los actos y hechos económicos que deban registrarse en la contabilidad deben estar soportados en un documento contable.
- El documento contable es la unidad mínima del sistema de información contable.
- Se tramita por el Sistema GIRO en dos fases sucesivas: fase de propuesta y fase de documento contable.
- Las propuestas las suscribe el órgano competente; los documentos se intervienen con la firma de la persona titular de la Intervención competente.
- El Sistema SIRhUS tiene la consideración de sistema auxiliar de la contabilidad pública de la Junta de Andalucía.
- Ambas fases se identifican mediante un solo código identificativo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todo hecho económico debe tener soporte en un documento contable, unidad mínima del sistema, que se tramita en GIRO en dos fases: propuesta (oficina de gestión) y documento contable (intervenido).
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Artículo 5. Órganos y unidades administrativas intervinientes en la contabilidad
El artículo 5 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, dedicado a «Órganos y unidades administrativas intervinientes en la contabilidad», dispone lo siguiente.
1. Los órganos y las unidades administrativas que intervienen en la contabilidad son la Intervención General de la Junta de Andalucía, las oficinas de gestión, contables y de tesorería y la Dirección General competente en materia de Patrimonio.
2. Las oficinas de gestión son unidades administrativas a las que se atribuyen las funciones derivadas de la ejecución o modificación del presupuesto, y en su caso, de las operaciones extrapresupuestarias, asignándoles una contabilidad en fase preliminar. Dichas oficinas se corresponden con las unidades de gestión económica y presupuestaria de las Consejerías y de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía citadas en el artículo 2 sometidas a contabilidad presupuestaria, tanto en el área de gastos como en la de ingresos y extrapresupuestaria.
Asimismo, tendrán esta condición las Direcciones Generales competentes en materia de Presupuestos y Fondos Europeos, cuando actúen como proponentes en expedientes de modificaciones presupuestarias.
3. Las oficinas contables son aquellas unidades administrativas que tienen atribuida la competencia derivada de la contabilidad oficial de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía citadas en el artículo 2. Se corresponden con la Intervención General de la Junta de Andalucía y sus Intervenciones Centrales, Delegadas y Provinciales.
4. Las oficinas de tesorería son las unidades administrativas con competencias en la ordenación y materialización de los pagos y en la realización, en su caso, de las propuestas de documentos contables de ingresos y de operaciones extrapresupuestarias de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía citadas en el artículo 2. Se corresponden con la Tesorería General de la Junta de Andalucía y las tesorerías de las entidades vinculadas o dependientes de ella citadas en el artículo 2.
5. Además de las oficinas descritas anteriormente, podrán existir centros de consulta e información del presupuesto de gastos e ingresos y operaciones extrapresupuestarias.
6. Cada una de las personas usuarias de los órganos y unidades administrativas que intervienen en la contabilidad, tendrá acceso a las autorizaciones a las que, en función de las tareas que tiene asignadas, le hayan de corresponder.
7. Todas las operaciones realizadas por las distintas oficinas que intervienen en la gestión contable quedarán registradas en el Gestor de expedientes del Sistema GIRO, al que hace referencia el artículo 30.
Datos clave
- Intervienen en la contabilidad la Intervención General, las oficinas de gestión, contables y de tesorería y la Dirección General competente en materia de Patrimonio.
- Oficinas de gestión: unidades de gestión económica y presupuestaria, con contabilidad en fase preliminar.
- Oficinas contables: la Intervención General y sus Intervenciones Centrales, Delegadas y Provinciales.
- Oficinas de tesorería: la Tesorería General de la Junta de Andalucía y las tesorerías de las entidades del artículo 2.
- Todas las operaciones quedan registradas en el Gestor de expedientes del Sistema GIRO.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Intervienen en la contabilidad la Intervención General, las oficinas de gestión, contables y de tesorería y la Dirección General de Patrimonio; cada tipo de oficina tiene su papel y todo queda en el Gestor de expedientes de GIRO.
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Artículo 7. Funciones de las oficinas de gestión
El artículo 7 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, dedicado a «Funciones de las oficinas de gestión», dispone lo siguiente.
Las funciones de las oficinas de gestión, en el proceso de contabilización del presupuesto de gastos e ingresos y en relación con la contabilidad extrapresupuestaria, serán las siguientes:
- a) La propuesta de modificaciones de créditos correspondiente a su respectiva sección presupuestaria, o a aquellas secciones para las que estén autorizadas.
- b) La contabilización de las redistribuciones de créditos con objeto de hacer efectiva la desconcentración de los mismos.
- c) La propuesta de documentos relativos a la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos y de operaciones extrapresupuestarias.
- d) El suministro de la información necesaria para la toma de decisiones de los órganos competentes en su ámbito de actuación.
- e) Cualquier otra que pudiera atribuírsele por la Intervención General, como consecuencia del desarrollo del Sistema GIRO y de cualquier otro sistema que participe de la gestión contable.
Datos clave
- Las oficinas de gestión proponen las modificaciones de créditos de su sección presupuestaria o de las secciones para las que estén autorizadas.
- Contabilizan las redistribuciones de créditos para hacer efectiva su desconcentración.
- Proponen los documentos de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos y de operaciones extrapresupuestarias.
- Suministran la información necesaria para la toma de decisiones de los órganos competentes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las oficinas de gestión proponen modificaciones de crédito y documentos de ejecución, contabilizan redistribuciones para desconcentrar créditos, informan para decidir y asumen lo que les atribuya la Intervención General.
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Artículo 8. Funciones de las oficinas contables
El artículo 8 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, dedicado a «Funciones de las oficinas contables», dispone lo siguiente.
1. Las funciones comunes de las oficinas contables serán las siguientes:
- a) La contabilidad oficial de las operaciones del presupuesto de gastos realizadas por los órganos gestores de su ámbito de fiscalización.
- b) El seguimiento de la justificación de libramientos a través del correspondiente módulo.
- c) La imputación al presupuesto del ejercicio corriente de los documentos de anualidades futuras y de remanentes de créditos comprometidos, contabilizados en ejercicios anteriores en los términos que al efecto establezca la normativa que regula el cierre de cada ejercicio.
2. Las Intervenciones Delegadas y Centrales tendrán, además, las siguientes funciones:
- a) La contabilización de las modificaciones de créditos cuya aprobación sea competencia de los respectivos órganos gestores.
- b) Las Intervenciones Centrales o Delegadas de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía citadas en el artículo 2, que cuenten con centros contables periféricos tendrán, a su vez, la competencia para la coordinación y apoyo en el desarrollo del Sistema GIRO, así como para la resolución de las cuestiones que se planteen por los distintos órganos gestores de su ámbito.
3. Las oficinas contables con funciones de intervención y contabilización de pagos e ingresos de la Tesorería llevarán a cabo las siguientes funciones:
- a) La contabilidad oficial de las operaciones del presupuesto de ingresos y de la contabilidad extrapresupuestaria propuestas en la contabilidad previa por los órganos gestores de su ámbito de fiscalización.
- b) La contabilización de la fase de pago derivada de las operaciones de ejecución del presupuesto de gastos y de las operaciones extrapresupuestarias, así como la intervención material de dichos pagos.
Datos clave
- Funciones comunes de las oficinas contables: contabilidad oficial de las operaciones del presupuesto de gastos y seguimiento de la justificación de libramientos.
- Imputan al ejercicio corriente los documentos de anualidades futuras y de remanentes de créditos comprometidos.
- Las Intervenciones Delegadas y Centrales contabilizan las modificaciones de créditos de competencia de los órganos gestores.
- Las oficinas con funciones de Tesorería contabilizan la fase de pago y realizan la intervención material de los pagos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las oficinas contables llevan la contabilidad oficial del gasto, siguen los libramientos e imputan anualidades futuras y remanentes; las Intervenciones Delegadas y Centrales y las de Tesorería tienen funciones añadidas.
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Artículo 10. Funciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía
El artículo 10 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, dedicado a «Funciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía», dispone lo siguiente.
1. Las funciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía, como centro directivo y gestor de la contabilidad pública, serán las siguientes:
- a) La práctica del asiento de apertura de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos así como de los créditos iniciales del presupuesto de gastos y del Anexo de Inversiones, tanto de ejercicio corriente como de anualidades futuras.
- b) La generación de las vinculaciones de créditos para cada ejercicio de acuerdo con la normativa vigente.
- c) La práctica de los asientos iniciales correspondientes a los residuos de ejercicios anteriores del estado de gastos y del estado de ingresos del presupuesto, y de los asientos iniciales de las operaciones extrapresupuestarias y de anualidades futuras de ingresos.
- d) Dictar las instrucciones necesarias para el funcionamiento del Sistema contable.
- e) La definición de los niveles de acceso al Sistema contable de las oficinas de gestión y oficinas contables.
- f) Facilitar a los diferentes órganos e instituciones interesados, que no tengan acceso al Sistema contable, la información necesaria para la toma de decisiones.
- g) La coordinación y el apoyo al desarrollo del Sistema contable, así como resolver las diversas cuestiones que pudieran plantearse por los distintos órganos y unidades administrativas.
- h) La formación y la rendición de la Cuenta General de la Junta de Andalucía.
- i) La realización de las operaciones de consolidación de la información contable que, en su caso sean precisas, para la rendición de las mismas conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás normativa de aplicación.
- j) El suministro de la información contable exigida por la normativa de aplicación en materia de estabilidad presupuestaria.
- k) Aquellas otras funciones atribuidas legal o reglamentariamente.
2. Las funciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía como oficina contable serán las siguientes:
- a) La actuación como oficina contable de la Dirección General competente en materia de Presupuestos y de las secciones del presupuesto de gastos relativas al Parlamento de Andalucía y las entidades dependientes de dicha Institución, así como de aquellas otras secciones del presupuesto que se le asignen.
- b) La contabilización de todas aquellas operaciones que por su naturaleza no proceda registrar en ninguna de las restantes unidades administrativas o que por sus características específicas se considere que han de llevarse a cabo de forma centralizada.
- c) La realización de rectificaciones de asientos a solicitud de las restantes oficinas contables y de las oficinas de gestión cuya corrección no sea posible realizar desde dichas unidades administrativas.
Datos clave
- La Intervención General es el centro directivo y gestor de la contabilidad pública.
- Practica el asiento de apertura de las previsiones iniciales de ingresos y de los créditos iniciales de gastos y del Anexo de Inversiones.
- Dicta las instrucciones de funcionamiento del Sistema contable y define los niveles de acceso.
- Forma y rinde la Cuenta General de la Junta de Andalucía.
- Como oficina contable actúa para la Dirección General de Presupuestos y las secciones del Parlamento de Andalucía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Intervención General es el centro directivo y gestor de la contabilidad pública: abre el presupuesto, dicta instrucciones, fija accesos y forma y rinde la Cuenta General; además actúa como oficina contable.
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Artículo 15. Fases y documentos contables de la ejecución del presupuesto de gastos
El artículo 15 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, dedicado a «Fases y documentos contables de la ejecución del presupuesto de gastos», dispone lo siguiente.
1. Las fases contables de ejecución reflejan en los créditos de gastos el diferente estado de ejecución de los mismos y se corresponden con los actos administrativos de autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación, que incluirá la propuesta de pago.
2. La fase de retención del crédito o reserva de crédito se recoge también en la contabilidad como previa, complementaria e instrumental de las fases indicadas en el apartado anterior.
3. Los documentos contables de ejecución son los destinados a contabilizar las distintas fases de ejecución de los créditos del presupuesto de gastos.
4. Las fases contables de ejecución y sus documentos contables serán los siguientes:
- a) Fase y documento de reserva de crédito, «RC»: refleja los créditos que, con carácter temporal o indefinido se retienen para una determinada finalidad, se utilizan para la no disponibilidad de créditos o se reservan de forma cautelar para garantizar la suficiencia de las operaciones de traspaso o de cualquier otra índole.
- b) Fase de autorización de gasto, «A»: refleja la autorización del gasto efectuada por los órganos competentes, según las normas de ejecución del gasto.
- c) Fase de compromiso de gasto o disposición, «D»: refleja los compromisos de gasto de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de ella citadas en el artículo 2, frente a terceros. El documento «D» se expedirá en el momento anterior a la adquisición del compromiso del gasto, una vez conocido su importe exacto.
- d) Fase de obligaciones reconocidas, «O»: refleja las obligaciones contraídas frente a terceros como consecuencia del cumplimiento por parte de estos de la prestación a su cargo y de haberse dictado los correspondientes actos de reconocimiento y liquidación de la obligación. Dicho reconocimiento lleva implícita la propuesta del pago de la obligación reconocida a la Tesorería General de la Junta de Andalucía o a las tesorerías de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía citadas en el artículo 2, sin perjuicio de que el pago deba posponerse en los supuestos que proceda de acuerdo con la normativa aplicable. Los documentos «O» se expedirán respectivamente en cada uno de estos supuestos contra el saldo del documento con fase D que ampara el compromiso previo.
- e) Fase de ordenación del pago: el ordenador de pagos competente dispone la ejecución de los pagos de las obligaciones reconocidas. La ordenación de los pagos no implica la edición de ningún nuevo documento contable.
- f) Fase de pago material: se corresponde con la realización de los pagos, materiales o virtuales, que efectúan la Tesorería General de la Junta de Andalucía o las tesorerías de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía citadas en el artículo 2, atendiendo a la ejecución de los mismos dispuesta por el ordenador de pagos.
5. Los documentos contables pueden agrupar varias fases. Los documentos que agrupan varias fases serán los siguientes:
- a) Documento «AD»: se expedirá en todos aquellos casos en los que se conozca, desde el inicio del expediente, el importe exacto del compromiso del gasto a contraer, o cuando se trate de gastos cuya fiscalización queda diferida al momento en el que se conozca el citado importe exacto y supondrá la contabilización acumulada de las fases de autorización y compromiso de un expediente de gasto.
- b) Documento «ADO»: se expedirá cuando se proponga el reconocimiento de la obligación de gastos exentos de fiscalización, o cuando se produzcan en unidad de acto las fases de autorización, disposición y contracción de la obligación.
- c) Documento «DO»: se expedirá cuando, una vez autorizado el gasto, se proponga simultáneamente la adquisición de un compromiso de gasto y el reconocimiento de la obligación.
Datos clave
- Fases contables de ejecución: autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación, que incluye la propuesta de pago.
- La retención o reserva de crédito es fase previa, complementaria e instrumental.
- Documentos: «RC» reserva de crédito, «A» autorización, «D» compromiso o disposición y «O» obligaciones reconocidas.
- El documento «D» se expide antes de adquirir el compromiso, una vez conocido su importe exacto.
- La ordenación del pago no implica la edición de ningún nuevo documento contable.
- Documentos que agrupan fases: «AD», «ADO» y «DO».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las fases del gasto (RC, A, D, O, ordenación y pago material) reflejan su estado de ejecución; la ordenación no genera documento y hay documentos que agrupan fases: AD, ADO y DO.
Esquema
| Fases | Cuándo | |
|---|---|---|
| AD | Autorización y compromiso | Importe exacto conocido desde el inicio o fiscalización diferida hasta conocerlo |
| ADO | Autorización, disposición y obligación | Gastos exentos de fiscalización o fases en unidad de acto |
| DO | Compromiso y obligación | Gasto ya autorizado; ambas se proponen simultáneamente |
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Artículo 16. Documentos de ejercicios futuros y de residuos de ejercicios anteriores
El artículo 16 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, dedicado a «Documentos de ejercicios futuros y de residuos de ejercicios anteriores», dispone lo siguiente.
1. Se podrán expedir documentos contables de ejercicios futuros y de residuos de ejercicios anteriores.
2. Los documentos contables de ejercicios futuros afectarán únicamente a las fases de retenciones, autorizaciones y disposiciones.
3. Los documentos contables de residuos de ejercicios anteriores tendrán como única función la anulación de documentos que contengan la fase de obligación reconocida.
Datos clave
- Pueden expedirse documentos contables de ejercicios futuros y de residuos de ejercicios anteriores.
- Los de ejercicios futuros solo afectan a las fases de retenciones, autorizaciones y disposiciones.
- Los de residuos solo sirven para anular documentos con fase de obligación reconocida.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Se pueden expedir documentos de ejercicios futuros, solo para retenciones, autorizaciones y disposiciones, y de residuos de ejercicios anteriores, con la única función de anular documentos con obligación reconocida.
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Artículo 20. Tramitación de las propuestas y documentos contables del presupuesto de gastos
El artículo 20 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, dedicado a «Tramitación de las propuestas y documentos contables del presupuesto de gastos», dispone lo siguiente.
La realización de las distintas fases del procedimiento contable de ejecución del gasto se llevará a cabo a través de un tramitador contable del Sistema GIRO, que registrará desde el alta de las propuestas, incluyendo, en su caso, las modificaciones y bajas, que se pudieran producir, hasta la terminación del procedimiento contable del gasto.
Datos clave
- Las fases del procedimiento contable de ejecución del gasto se realizan a través de un tramitador contable del Sistema GIRO.
- El tramitador registra desde el alta de las propuestas hasta la terminación del procedimiento contable del gasto.
- Incluye, en su caso, las modificaciones y bajas que se produzcan.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las fases del procedimiento contable del gasto se tramitan con un tramitador contable de GIRO, que registra todo desde el alta de la propuesta hasta el final, con modificaciones y bajas.
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Artículo 23. Seguimiento de obligaciones con justificación posterior
El artículo 23 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, dedicado a «Seguimiento de obligaciones con justificación posterior», dispone lo siguiente.
El seguimiento de obligaciones con justificación posterior es un módulo del Sistema GIRO que permite el control contable de los documentos con fase de pago que hayan de ser objeto de alguno de los tipos de justificación posterior, así como la verificación del cumplimiento de los plazos de justificación.
Datos clave
- Es un módulo del Sistema GIRO.
- Permite el control contable de los documentos con fase de pago sujetos a justificación posterior.
- Verifica el cumplimiento de los plazos de justificación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El seguimiento de obligaciones con justificación posterior es un módulo de GIRO que controla contablemente los documentos con fase de pago pendientes de justificar y vigila sus plazos.
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Artículo 24. Propuestas y documentos contables de obligaciones sujetas a justificación posterior
El artículo 24 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, dedicado a «Propuestas y documentos contables de obligaciones sujetas a justificación posterior», dispone lo siguiente.
1. Los documentos contables podrán indicar que el pago de los mismos está sujeto a justificación por parte de su perceptor.
2. Los documentos contables de pago correspondientes a obligaciones sujetas a justificación posterior podrán ser expedidos en alguno de los siguientes supuestos:
- a) Cuando hayan de realizarse al acreedor pagos cuyos justificantes no pueden disponerse hasta que no se hayan materializado, por desconocerse el importe exacto u otra causa que imposibilite la definitiva justificación. La fecha límite de justificación será la que establezcan las normas de aplicación al procedimiento de gasto en el que se realiza el libramiento, o en su defecto, las que se establecen en el Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria.
- b) Cuando el acreedor de los mismos, conforme a lo exigido en las normas del procedimiento de gasto de aplicación, deba aportar documentación acreditativa posterior a la materialización del pago, y de modo particular en las subvenciones en las que se otorgue un plazo para la justificación de la aplicación de los fondos posterior a dicha materialización.
3. Los documentos contables que indican que el pago está sujeto a justificación serán los siguientes:
- a) «OJ».
- b) «ADOJ».
- c) «DOJ».
4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 18.2 se podrán emitir los siguientes documentos barrados:
- a) Documento «OJ/».
- b) Documento «ADOJ/».
- c) Documento «DOJ/».
5. La tramitación de estos documentos se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido con carácter general para los documentos contables de gastos en fase de propuesta y en fase de contabilidad oficial.
6. En estos documentos el plazo límite de justificación se podrá asignar bien a una fecha concreta, o a un plazo determinado que se computará a partir de la realización del pago.
Datos clave
- Procede la justificación posterior cuando los justificantes no pueden disponerse hasta materializar el pago o cuando el acreedor deba aportar documentación posterior, como en las subvenciones.
- Documentos sujetos a justificación: «OJ», «ADOJ» y «DOJ».
- Documentos barrados: «OJ/», «ADOJ/» y «DOJ/».
- El plazo límite de justificación puede ser una fecha concreta o un plazo desde la realización del pago.
- En defecto de norma específica, rige el Decreto 40/2017, de 7 de marzo, de la Tesorería General de la Junta de Andalucía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Un documento contable puede indicar que su pago queda sujeto a justificación posterior en dos supuestos; se usan los documentos OJ, ADOJ y DOJ, y sus versiones barradas, con un plazo de justificación fijado.
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Artículo 28. Contabilización y justificación de la nómina
El artículo 28 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, dedicado a «Contabilización y justificación de la nómina», dispone lo siguiente.
1. La nómina general de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de ella citadas en el artículo 2, que se elabore y apruebe en el Sistema SIRhUS, generará documentos ADO, y documentos O, en su caso, sin datos de justificación. Los pagos correspondientes a dicha nómina tendrán, a todos los efectos, la consideración de pagos en firme de justificación previa.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio de que se consideren pagos en firme a los restantes efectos, los documentos contables con fase O que se imputen a créditos del presupuesto de gastos, cofinanciados con fondos de la Unión Europea, y que requieran la cumplimentación de la lista de comprobación FE08, o similar, se grabarán con datos de justificación, a fin de que en el plazo de 45 días desde la contabilización del pago material, los órganos gestores procedan a grabar los documentos J acreditativos del cumplimiento y del resultado de dicha verificación, sin cuyo requisito no podrá ser fiscalizada de conformidad la siguiente propuesta de pago.
Datos clave
- La nómina general elaborada en el Sistema SIRhUS genera documentos ADO y, en su caso, O, sin datos de justificación.
- Sus pagos tienen la consideración de pagos en firme de justificación previa.
- Si están cofinanciados con fondos de la Unión Europea y requieren la lista FE08, se graban con datos de justificación.
- Los documentos J se graban en el plazo de 45 días desde la contabilización del pago material.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La nómina general elaborada en SIRhUS genera documentos ADO y, en su caso, O sin datos de justificación: son pagos en firme. Lo cofinanciado con fondos UE que exija la lista FE08 se graba con justificación.
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Disposición adicional segunda. Nóminas gestionadas en otros sistemas de información distintos de SIRhUS
La disposición adicional segunda de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, regula las nóminas gestionadas en otros sistemas de información distintos de SIRhUS.
1. Las nóminas de retribuciones de personal de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas o de régimen especial, de los consorcios adscritos, de las agencias públicas empresariales a las que se refiere el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, o de cualesquiera organismos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía sometidos a contabilidad presupuestaria, que se elaboren y aprueben en otros sistemas de información diferentes del Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRhUS), en tanto que se integren en un único sistema de información, tendrán la misma consideración de pagos en firme y se tramitarán con los mismos documentos contables establecidos en el artículo 28.1 y estarán sujetas, en su caso, a los procesos de verificación previstos en el artículo 28.2 de la presente orden.
2. La Tesorería General de la Junta de Andalucía procederá a la gestión del pago de estas nóminas en GIRO y al envío del fichero con la relación de personas perceptoras a las respectivas entidades financieras, mediante los protocolos de comunicaciones gestionados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Datos clave
- Las nóminas elaboradas en sistemas distintos de SIRhUS tienen la misma consideración de pagos en firme.
- Se tramitan con los documentos del artículo 28.1 y se sujetan a las verificaciones del artículo 28.2.
- La Tesorería General gestiona su pago en GIRO y envía el fichero de personas perceptoras a las entidades financieras.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las nóminas de la Junta y sus entes elaboradas fuera de SIRhUS, mientras no se integren en un único sistema, son pagos en firme, usan los documentos del artículo 28.1 y las paga la Tesorería General en GIRO.
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Artículo 1. Objeto y ámbito subjetivo de aplicación
El artículo 1 de la Orden de 24 de julio de 2018, por la que se regula el procedimiento de anticipo de caja fija y la priorización de pagos menores, dedicado a «Objeto y ámbito subjetivo de aplicación», dispone lo siguiente.
1. La presente orden tiene por objeto regular y desarrollar el procedimiento de anticipo de caja fija establecido en el artículo 56 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía definido como un instrumento de gestión del gasto y del pago destinado a la atención inmediata y posterior aplicación al Presupuesto de determinados gastos periódicos o repetitivos, referidos en el artículo 2 de esta Orden, o de otros que se determinen por acuerdo motivado de la persona titular de la Consejería con competencia en materia de Hacienda, previo informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Dirección General competente en materia de Tesorería
2. Mediante este procedimiento se proveerá a los órganos gestores pagadores de un límite cuantitativo máximo hasta el que podrán tramitar facturas para el pago por la Tesorería General de la Junta de Andalucía o por las tesorerías de las agencias administrativas, de régimen especial, de las agencias públicas empresariales comprendidas en el artículo 2.c) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y de los consorcios adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía. Este límite cuantitativo se restituirá a medida que se efectúe la tramitación de la justificación de las facturas pagadas
3. Asimismo, se establece la priorización de pagos menores, aplicable tanto a los pagos tramitados por el procedimiento de anticipo de caja fija, como a aquellos pagos derivados del procedimiento general de gestión del gasto cuyo importe sea inferior a cinco mil euros.
Datos clave
- La Orden desarrolla el procedimiento de anticipo de caja fija del artículo 56 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública.
- Se destina a gastos periódicos o repetitivos o a otros que acuerde Hacienda, previo informe de la Intervención General y de la Dirección General de Tesorería.
- Los órganos gestores pagadores disponen de un límite cuantitativo máximo que se restituye al justificar las facturas pagadas.
- La priorización de pagos menores se aplica a pagos de importe inferior a cinco mil euros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Orden desarrolla el anticipo de caja fija del artículo 56 bis del texto refundido andaluz: un límite máximo para pagar gastos periódicos o repetitivos y aplicarlos después al Presupuesto. Además fija la priorización de pagos menores.
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Artículo 3. Autorización de pagos a realizar por el procedimiento de anticipo de caja fija
El artículo 3 de la Orden de 24 de julio de 2018, por la que se regula el procedimiento de anticipo de caja fija y la priorización de pagos menores, dedicado a «Autorización de pagos a realizar por el procedimiento de anticipo de caja fija», dispone lo siguiente.
1. Las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y las Secretarías Generales u órganos equivalentes de las agencias y consorcios incluidos en el ámbito subjetivo de la presente Orden podrán solicitar a la Dirección General competente en materia de Tesorería la autorización de fondos en efectivo para la realización de los pagos que deriven de la tramitación de los gastos por el procedimiento de anticipo de caja fija para cualquiera de los órganos gestores de su Consejería, agencia o consorcio.
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que justifique la imposibilidad de realizar el pago de dichos gastos mediante transferencia bancaria, conforme al procedimiento previsto en el Título IV del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria. Dicha documentación justificativa deberá estar suscrita por la persona titular del órgano del que dependa el órgano gestor para el que se solicite la autorización de fondos en efectivo.
Cuando el órgano que solicita el anticipo de caja fija, requiera la utilización de tarjetas de débito prepago, recargable, monedero o similar para la realización de los pagos, deberá incluir en la documentación justificativa la identificación de la persona empleada pública a la que se autoriza el uso de la tarjeta y una descripción de los gastos cuyo pago se realizará con este medio.
El importe máximo de fondos en efectivo que se podrá autorizar será de seiscientos euros, salvo que en la documentación que acompañe a la solicitud, según se indica en los párrafos anteriores, se incluya la petición de un importe superior y se justifique expresamente su necesidad, sin que en ningún caso el importe autorizado pueda superar los cinco mil euros.
La resolución de autorización y las modificaciones posteriores, en su caso, serán comunicadas a la Intervención General de la Junta de Andalucía para su traslado a las correspondientes Intervenciones actuantes.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 18.3 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, las cajas pagadoras de efectivo con cargo a las que se efectuarán los pagos que se contemplan en la presente Orden se autorizarán a las personas titulares de los órganos de los que dependan los órganos gestores. A este efecto, se autorizará para cada una de ellas la apertura de una cuenta con la denominación del órgano gestor al que se autoriza, seguida de la expresión «Fondos en efectivo», con las siguientes especialidades en cuanto a su régimen de funcionamiento:
- a) La cuenta se utilizará exclusivamente para que la Tesorería General de la Junta de Andalucía transfiera a la misma los fondos previstos mediante la ordenación y realización de los correspondientes pagos extrapresupuestarios. Debido a su finalidad meramente instrumental, la entidad seleccionada para la apertura de la cuenta será alguna de las entidades de crédito que hayan resultado adjudicatarias en la licitación general de las cuentas tesoreras de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y serán cuentas no retribuidas.
- b) De la custodia, retirada de fondos de la cuenta y aplicación al pago de estos fondos será directamente responsable la persona empleada pública que sea formalmente designada por el órgano del que dependa el órgano gestor para el que se solicite la autorización de fondos en efectivo y que tendrá firma autorizada, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en el artículo 21.2 y 3 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria.
La disposición de los fondos de la cuenta deberá estar autorizada por la firma mancomunada de, al menos, dos personas empleadas públicas con firma autorizada que deberán ser designadas por la persona titular del órgano administrativo que solicitó la apertura de la cuenta. Las disposiciones de fondos podrán consistir en la retirada de efectivo para abonar los pagos que hayan de realizarse en metálico o bien en la recarga de las tarjetas autorizadas con el saldo necesario para abonar los gastos tramitados conforme a este procedimiento.
Dichas designaciones, deberán ser comunicadas a la Dirección General competente en materia de Tesorería en el momento de la solicitud de autorización de los fondos en efectivo, indicando el cargo o puesto de trabajo que ocupen en el órgano de la Administración de la Junta de Andalucía o en la agencia o consorcio. Asimismo, deberá comunicarse cualquier modificación que se produzca en estas designaciones.
3. Todos los pagos realizados mediante estos fondos en efectivo, ya sea para su abono en metálico o mediante tarjeta de débito prepago, recargable, monedero o similar, se tramitarán necesariamente por el procedimiento de anticipo de caja fija, estableciéndose por el centro directivo competente los controles necesarios en el correspondiente sistema de información contable (GIRO) para que en ningún momento la cuantía autorizada sobrepase los límites establecidos. Dichos controles se implementarán en el sistema a solicitud del órgano al que corresponda la dirección funcional del ámbito en que se adopta la medida en cada caso
Datos clave
- Las Secretarías Generales Técnicas, o equivalentes, solicitan los fondos en efectivo a la Dirección General competente en materia de Tesorería.
- Debe justificarse la imposibilidad de pagar mediante transferencia bancaria.
- Importe máximo en efectivo: seiscientos euros; con justificación expresa, nunca más de cinco mil euros.
- Se abre una cuenta «Fondos en efectivo», no retribuida, en una entidad adjudicataria de las cuentas tesoreras.
- La disposición de fondos exige firma mancomunada de al menos dos personas empleadas públicas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuándo y cómo se autorizan fondos en efectivo para pagar por anticipo de caja fija: quién los pide, la justificación exigida, el tope de seiscientos euros (máximo cinco mil) y la cuenta «Fondos en efectivo» con firma mancomunada.
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Artículo 4. Tramitación de los gastos
El artículo 4 de la Orden de 24 de julio de 2018, por la que se regula el procedimiento de anticipo de caja fija y la priorización de pagos menores, dedicado a «Tramitación de los gastos», dispone lo siguiente.
1. Los gastos que hayan de atenderse a través del procedimiento de anticipo de caja fija, deberán seguir la tramitación establecida en función de la naturaleza de cada expediente de gasto, de acuerdo con los procedimientos administrativos vigentes, quedando de ello constancia documental.
2. El procedimiento de anticipo de caja fija no excluye la fiscalización previa de los gastos que lo soportan, en el caso en que ésta sea preceptiva, debiéndose cumplir la normativa contable aplicable.
En todo caso, y conforme a lo que dispone el artículo 56.bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, los gastos menores de tres mil euros que se tramiten a través de este procedimiento, no estarán sometidos a intervención previa.
Si al fiscalizar un pago realizado a través del procedimiento de anticipo de caja fija la Intervención actuante observara que la obligación o gasto a que correspondiera no hubiera sido previamente fiscalizado estando obligado a ello, no se podrá continuar el expediente de gasto ni, por tanto, reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni fiscalizar favorablemente estas actuaciones hasta que se resuelva dicha omisión, mediante su convalidación por el Consejo de Gobierno o la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, en los términos establecidos en el artículo 90.8 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
3. Las facturas, recibos o cualquier otro justificante que se tramiten mediante el procedimiento de anticipo de caja fija, deberán contener o venir acompañados de la expresión «Páguese» firmada por el órgano competente en materia de gestión de gasto y propuesta de pago, o persona empleada pública designada formalmente para este específico cometido, dirigido a la persona responsable de la custodia y aplicación de los fondos en efectivo, teniendo dicha expresión la calificación de orden de pago que deberá ser atendida por la persona destinataria, sin perjuicio de las responsabilidades en las que pueda incurrir la persona firmante de la orden cursada
4. Se excluyen de la obligación de facturación electrónica a las facturas que se tramiten mediante el procedimiento de anticipo de caja fija, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, así como por el segundo párrafo del artículo 3 de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz.
Datos clave
- Los gastos siguen la tramitación propia de la naturaleza de cada expediente.
- El anticipo de caja fija no excluye la fiscalización previa preceptiva; los gastos menores de tres mil euros no se someten a intervención previa.
- Si se omitió la fiscalización obligatoria, se requiere convalidación conforme al artículo 90.8 del texto refundido.
- La expresión «Páguese» firmada tiene la calificación de orden de pago.
- Estas facturas quedan excluidas de la obligación de facturación electrónica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los gastos por anticipo de caja fija siguen su tramitación normal y no se libran de la fiscalización previa preceptiva, salvo los menores de tres mil euros. La expresión «Páguese» vale como orden de pago y no hay factura electrónica obligatoria.
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Artículo 5. Justificación de la aplicación de los fondos
El artículo 5 de la Orden de 24 de julio de 2018, por la que se regula el procedimiento de anticipo de caja fija y la priorización de pagos menores, dedicado a «Justificación de la aplicación de los fondos», dispone lo siguiente.
1. Los órganos gestores tramitarán las correspondientes propuestas de pago para imputar al Presupuesto los gastos abonados a través del procedimiento de anticipo de caja fija, a medida que sus necesidades de reposición lo aconsejen y, necesariamente, efectuarán una rendición de cuentas al final del ejercicio presupuestario.
Los órganos gestores de las Consejerías, agencias y consorcios incluidos en el ámbito subjetivo de la presente Orden adoptarán las medidas oportunas para que los gastos se realicen con constancia de crédito, cuidando especialmente del cumplimiento de esta norma
2. La estructura y forma de dicha rendición de cuentas, así como la contabilidad auxiliar y el control de los fondos en efectivo, se sujetarán a las instrucciones que, a tal efecto, se dicten por la Intervención General de la Junta de Andalucía.
3. Teniendo en cuenta las cantidades abonadas por el anticipo de caja fija, se expedirán por los órganos gestores correspondientes, las propuestas de documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos que procedan. Dichas propuestas se expedirán, en todo caso, en firme con imputación a las partidas presupuestarias a las que corresponda el gasto realizado, y aportando la documentación justificativa procedente, siendo propuestos por la autoridad que sea competente para la ejecución del gasto, e implicando la autorización de todos los gastos incluidos en dicha propuesta.
Tras la fiscalización favorable y contabilización de los documentos contables de pago realizados para imputar al Presupuesto los gastos abonados a través del procedimiento de anticipo de caja fija, se repondrán por ese mismo importe los fondos disponibles mediante operaciones de carácter extrapresupuestario.
Datos clave
- Los órganos gestores tramitan propuestas de pago para imputar al Presupuesto los gastos abonados, según sus necesidades de reposición.
- Rinden cuentas necesariamente al final del ejercicio presupuestario.
- La rendición de cuentas, la contabilidad auxiliar y el control se sujetan a instrucciones de la Intervención General.
- Las propuestas se expiden en firme con imputación a las partidas presupuestarias correspondientes.
- Tras la fiscalización favorable, los fondos se reponen mediante operaciones extrapresupuestarias.
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Lo pagado por caja fija se imputa después al Presupuesto mediante propuestas en firme; hay rendición de cuentas obligatoria al cierre del ejercicio y, tras fiscalizar y contabilizar, se reponen los fondos.
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Artículo 24. Fases de la fiscalización previa
El artículo 24 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, dedicado a «Fases de la fiscalización previa», dispone lo siguiente.
Serán objeto de fiscalización previa las fases de los expedientes de gasto correspondientes a los actos del procedimiento administrativo mediante el que se ejecutan los créditos presupuestarios, incluso si se tramitan de forma acumulada. Dichas fases son las que se relacionan a continuación:
- a) La autorización del gasto. La fiscalización consistirá en la verificación de que dicha autorización se realiza por órgano competente, que existe crédito adecuado y suficiente, y que se cumple lo preceptuado en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en caso de contraerse compromisos para ejercicios futuros, así como de la legalidad de los trámites propios de la naturaleza del gasto que se autoriza.
- b) El compromiso o disposición de gasto. La fiscalización comprenderá la verificación del cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a la selección del tercero con el que se compromete el crédito autorizado.
- c) El reconocimiento de la obligación, que lleva implícita la propuesta de pago. Se comprobará que queda acreditado el legítimo derecho de la persona acreedora a la obligación reconocida y al pago propuesto.
- d) La justificación de los pagos de justificación posterior, que verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos para la justificación diferida de los pagos.
Datos clave
- Se fiscalizan las fases de los expedientes de gasto incluso si se tramitan de forma acumulada.
- Autorización: órgano competente, crédito adecuado y suficiente y cumplimiento del artículo 40 del texto refundido si hay compromisos futuros.
- Compromiso o disposición: cumplimiento de la normativa de selección del tercero.
- Reconocimiento de la obligación, que lleva implícita la propuesta de pago: legítimo derecho de la persona acreedora.
- Justificación de los pagos de justificación posterior: requisitos de la justificación diferida.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Se fiscalizan previamente las fases del expediente de gasto, aunque se tramiten acumuladas: autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación (con la propuesta de pago) y justificación de los pagos de justificación posterior.
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Artículo 29. Fiscalización previa de la justificación de los pagos de justificación posterior
El artículo 29 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, dedicado a «Fiscalización previa de la justificación de los pagos de justificación posterior», dispone lo siguiente.
La fiscalización de las justificaciones de los pagos de justificación posterior consistirá en comprobar que el acreedor ha presentado los documentos acreditativos de la obligación contraída, de acuerdo con la naturaleza del gasto de que se trate.
No obstante, tratándose de subvenciones, se aplicará lo dispuesto en el siguiente artículo.
Datos clave
- Se comprueba que el acreedor ha presentado los documentos acreditativos de la obligación contraída.
- La comprobación atiende a la naturaleza del gasto de que se trate.
- En las subvenciones se aplica el artículo 30 del Reglamento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fiscalizar la justificación de un pago de justificación posterior es comprobar que el acreedor ha presentado los documentos que acreditan la obligación, según la naturaleza del gasto; para subvenciones rige el artículo siguiente.
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Artículo 30. Reglas especiales de fiscalización en materia de subvenciones
El artículo 30 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, dedicado a «Reglas especiales de fiscalización en materia de subvenciones», dispone lo siguiente.
1. La persona titular de la Intervención General podrá acordar que la fiscalización del compromiso de gasto en subvenciones se limite a la comprobación de los extremos definidos en los párrafos a), b) y c) del artículo 90.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y de aquellos otros que dicho órgano determine en atención a su trascendencia en el proceso de gestión, incluida la aportación de certificación expedida por el órgano instructor del procedimiento acreditativa de la comprobación del cumplimiento de los requisitos necesarios para que las personas solicitantes puedan resultar beneficiarias, en los términos que se mencionan en el artículo 132 de este Reglamento, relativo al informe emitido por la Intervención General sobre los proyectos de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones.
2. La fiscalización del reconocimiento de obligaciones de justificación previa y de las propuestas de justificación de los pagos de justificación posterior, se realizará sobre la comprobación formal, por parte del órgano concedente, de la adecuada justificación y de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión y disfrute de las subvenciones, que deberá ser objeto de certificación por aquél conforme al modelo que se apruebe por la persona titular de la Intervención General.
3. En los supuestos de reintegro de subvenciones, para la fiscalización de la justificación, el órgano concedente deberá emitir, conforme al modelo que se apruebe por la persona titular de la Intervención General, la certificación prevista en el artículo 1.4.c) del Decreto-ley 1/2020, de 10 de febrero, para el impulso del proceso de justificación, comprobación, adecuación de la información contable y reintegro de los libramientos con justificación posterior.
Datos clave
- La fiscalización del compromiso de gasto en subvenciones puede limitarse a los extremos del artículo 90.3.a), b) y c) del texto refundido y a los que fije la Intervención General.
- Puede exigirse certificación del órgano instructor sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas beneficiarias.
- En el reconocimiento de obligaciones y la justificación, el órgano concedente certifica la adecuada justificación conforme al modelo de la Intervención General.
- En los reintegros se emite la certificación del artículo 1.4.c) del Decreto-ley 1/2020, de 10 de febrero.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En subvenciones la fiscalización se simplifica: el compromiso puede limitarse a ciertos extremos, y en el reconocimiento, la justificación y el reintegro se apoya en certificaciones del órgano instructor o concedente.
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Artículo 34. Los reparos y observaciones
El artículo 34 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, dedicado a «Los reparos y observaciones», dispone lo siguiente.
1. Si la Intervención, al realizar la fiscalización, se manifestase en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos de forma motivada.
2. El reparo suspenderá la tramitación del procedimiento hasta que sea solventado.
3. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias advertidas y remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención, para su fiscalización.
4. Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, podrá iniciar el procedimiento de discrepancia descrito en el artículo siguiente.
5. En el supuesto de que la función interventora se desarrolle en el régimen de fiscalización previsto en el artículo 28.2, solo procederá la formulación de reparo cuando no se cumpla alguno de los extremos a que debe limitarse la comprobación que se hayan establecido para los respectivos gastos.
6. En caso de que el ámbito de comprobación de los aspectos de legalidad no esté previamente delimitado, únicamente procederá la formulación de reparo en los casos siguientes:
- a) Cuando no exista crédito presupuestario suficiente y adecuado a la naturaleza del gasto que se proponga autorizar.
- b) En los casos de falta de competencia del órgano al que se propone la aprobación del gasto o del que deba ostentarla en la relación jurídica subyacente.
- c) Si no queda acreditada la legitimidad de la persona o entidad en cuyo favor se contrae el compromiso de gasto.
- d) Si no se acredita documentalmente la efectiva realización de la prestación y el derecho de la persona acreedora.
- e) En los supuestos en los que, siendo preceptiva la fiscalización previa, se haya omitido este trámite.
7. En los supuestos de aplicación del régimen de fiscalización previa a que se refiere el apartado anterior, las Intervenciones podrán formular las observaciones complementarias que consideren procedentes respecto de los demás requisitos y trámites de cada expediente, que en ningún caso tendrán efectos suspensivos.
Datos clave
- Ante el desacuerdo con los actos o el procedimiento, la Intervención formula reparos de forma motivada.
- El reparo suspende la tramitación del procedimiento hasta que sea solventado.
- Si se acepta, se subsanan las deficiencias; si no, puede iniciarse el procedimiento de discrepancia.
- Sin ámbito delimitado, solo hay reparo en cinco supuestos, entre ellos falta de crédito, falta de competencia u omisión de la fiscalización.
- Las observaciones complementarias no tienen en ningún caso efectos suspensivos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ante un desacuerdo, la Intervención formula reparo motivado, que suspende la tramitación hasta solventarse; aceptado, se subsana; no aceptado, cabe discrepancia. Sin ámbito delimitado, solo hay reparo en cinco casos.
Esquema
| Reparo | Observación complementaria | |
|---|---|---|
| Efecto | Suspende la tramitación hasta que sea solventado | En ningún caso tiene efectos suspensivos |
| Cuándo | Desacuerdo con los actos o el procedimiento (tasado si no hay ámbito delimitado) | Sobre los demás requisitos y trámites del expediente |
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Artículo 36. La omisión de fiscalización y convalidación del gasto
El artículo 36 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, dedicado a «La omisión de fiscalización y convalidación del gasto», dispone lo siguiente.
1. En los supuestos en los que, siendo preceptivas, se hubieran omitido la fiscalización previa o la comprobación material del gasto, no se podrá continuar la tramitación del gasto ni, por tanto, reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.
2. Procederá la instrucción de un procedimiento de convalidación de gastos cuando concurran los siguientes requisitos:
- a) Que el acto o expediente a que se refiera contenga un gasto realmente realizado, entendiéndose, a tal efecto, que el gasto se ha realizado cuando su autorización ha surtido efectos frente a terceros mediante la notificación o publicación oportuna o cuando de la actividad material de la Administración resulte la asunción del correspondiente compromiso de gasto.
- b) Que el gasto no se encuentre excluido de fiscalización previa.
- c) Que se haya omitido el trámite de fiscalización previa regulado en el artículo 24 de este Reglamento.
3. El acuerdo de convalidación de gastos previsto en este artículo tiene, como único efecto, subsanar la omisión del trámite de la fiscalización previa del acto o expediente. Como consecuencia de lo anterior, no podrán someterse a convalidación los actos o expedientes en los que, además de la omisión de la fiscalización previa, se haya incurrido en otros defectos, sin que estos se hayan previamente subsanado.
4. Cuando la Intervención actuante conozca de un acto o expediente en el que se haya omitido la fiscalización previa lo manifestará así a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo un informe, en el que pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:
- a) Las razones por las que estima que se ha omitido la fiscalización previa.
- b) Las infracciones de la legalidad económica, presupuestaria y contable que, en opinión de la Intervención actuante, se hayan producido en el momento en que se adoptó el acto sin fiscalización o intervención previa, así como el juicio, favorable o desfavorable, que el expediente le hubiera merecido, de haberse sometido a fiscalización en el momento procedimental oportuno.
- c) Las prestaciones o gastos que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto.
5. El órgano gestor del expediente, a la vista del informe de la Intervención, actuará del modo siguiente:
- a) Si el juicio sobre la fiscalización del expediente en el momento procedimental oportuno fuese favorable propondrá a la persona titular de la Consejería su sometimiento al Consejo de Gobierno o a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, según que el gasto u obligación sea o no superior a 150.000 euros, para la convalidación del gasto.
- b) Si el informe de la Intervención pusiera de manifiesto errores materiales o aritméticos u otras deficiencias fácilmente subsanables, con las que estuviera conforme el órgano gestor, actuará conforme dispone el párrafo a) anterior, previo cumplimiento de las indicaciones contenidas en el informe de la intervención.
- c) Si el informe de la Intervención pusiera de manifiesto infracciones sustantivas o formales que pudieran viciar el acto o expediente de nulidad o anulabilidad, el órgano gestor correspondiente solicitará informe de la asesoría jurídica.
6. La asesoría jurídica, en el plazo de diez días desde que se le remitan las actuaciones, emitirá informe en el que se pronunciará sobre aquellas infracciones que, según la Intervención, pudieran viciar el acto o expediente de nulidad o anulabilidad, valorando, en este último caso, las posibilidades de subsanación.
7. Cuando, a juicio de la asesoría jurídica, en el acto o expediente concurran circunstancias de cualquier tipo que hagan imposible promover un procedimiento de convalidación, deberá aquella pronunciarse, cuando se le remitan las actuaciones para su informe, acerca de la posibilidad de resarcimiento al particular por la prestación efectuada, por la vía que considere procedente, o si, por el contrario, no procede resarcimiento alguno por parte de la Administración.
8. Emitido el informe a que se refiere el apartado 4, pasarán las actuaciones al órgano gestor, el cual llevará a efecto las indicaciones que en el mismo se contengan o expondrá motivadamente las razones que, a su entender, autoricen el apartamiento del mismo, sometiendo el expediente a convalidación, si esta fuera procedente, u ordenando, en su caso, la incoación del correspondiente procedimiento dirigido a resolver el posible resarcimiento al particular.
9. Si la persona titular de la Consejería a la que pertenezca el órgano gestor del expediente acordara someter el asunto a la decisión del Consejo de Gobierno o de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, lo comunicará a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, por conducto de la persona titular de la Intervención General, con cinco días de antelación a la reunión en que se conozca del asunto.
10. Al expediente se unirá una memoria que incluya una explicación de la omisión de la preceptiva fiscalización previa y, en su caso, las observaciones que se estimen convenientes respecto del informe de la Intervención, así como el documento acreditativo de la reserva de crédito correspondiente. La persona titular de la Intervención General emitirá informe, dentro del plazo establecido en el apartado anterior, al objeto de constatar que el expediente de gasto es susceptible de ser convalidado.
11. La persona titular de la Intervención General o las personas a cargo de las diferentes Intervenciones deberán dar cuenta a la persona titular de la Viceconsejería de cada departamento y, en su caso, de la Presidencia o Dirección de cada agencia, de todos los informes emitidos en los que se haya puesto de manifiesto la omisión de la fiscalización previa.
12. Las personas titulares de la Viceconsejería, o Presidencia o Dirección de la agencia llevarán a cabo las actuaciones necesarias, a fin de que se adopten las medidas dirigidas a impedir la reiteración de los hechos y corregir, en su caso, los comportamientos que los han ocasionado.
Datos clave
- Omitida la fiscalización previa o la comprobación material preceptivas, no puede continuarse el gasto hasta resolver la omisión.
- Requisitos de la convalidación: gasto realmente realizado, no excluido de fiscalización previa y omisión del trámite del artículo 24.
- El acuerdo de convalidación tiene como único efecto subsanar la omisión de la fiscalización previa.
- Convalida el Consejo de Gobierno o la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras según el gasto sea o no superior a 150.000 euros.
- La asesoría jurídica informa en el plazo de diez días.
- Se comunica a Hacienda, por conducto de la Intervención General, con cinco días de antelación a la reunión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si se omitió la fiscalización previa o la comprobación material preceptiva, el gasto se paraliza hasta resolverlo; la convalidación solo subsana esa omisión y la acuerda el Consejo de Gobierno o la Comisión General según los 150.000 euros.
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Artículo 51. Ámbito de aplicación
El artículo 51 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, dedicado a «Ámbito de aplicación», dispone lo siguiente.
1. Las disposiciones previstas en el presente capítulo resultarán de aplicación al control de los gastos que se satisfagan a través de nóminas de retribuciones del personal que presta sus servicios en la Administración de la Junta de Andalucía, en sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como en los consorcios a los que se refiere el artículo 4 del Texto Refundido de la mencionada Ley.
2. A los gastos del personal que no estén incluidos en el presente capítulo les será de aplicación la modalidad de control a que esté sometida la entidad en la que presten sus servicios.
Datos clave
- El capítulo regula el control de los gastos satisfechos a través de nóminas de retribuciones.
- Ámbito: Administración de la Junta, agencias administrativas, de régimen especial, públicas empresariales del artículo 2.c) y consorcios del artículo 4.
- Al personal no incluido se le aplica la modalidad de control de la entidad en que preste servicios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El capítulo de control de nóminas se aplica a las retribuciones del personal de la Junta, sus agencias del artículo 2.c) y los consorcios del artículo 4; el resto del personal sigue el control de su entidad.
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Artículo 52. Personal de Consejerías y agencias administrativas
El artículo 52 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, dedicado a «Personal de Consejerías y agencias administrativas», dispone lo siguiente.
1. El control de los gastos que se satisfagan a través de nóminas de retribuciones del personal que presta sus servicios en las Consejerías y las agencias administrativas, con independencia del régimen de control al que se sometan el resto de los gastos presupuestarios del servicio o agencia administrativa, se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto en la sección 2.ª del Capítulo III de este Reglamento, en todo lo que no resulte incompatible con cuanto se dispone en este capítulo.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, al control de los gastos del personal al servicio de la Administración de Justicia que se satisfagan a través de nóminas de retribuciones, le resultará de aplicación lo previsto en su normativa específica.
Datos clave
- Las nóminas de Consejerías y agencias administrativas se controlan conforme a la sección 2.ª del Capítulo III del Reglamento.
- Se aplica con independencia del régimen de control del resto de gastos del servicio o agencia.
- Las nóminas del personal al servicio de la Administración de Justicia se rigen por su normativa específica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las nóminas de Consejerías y agencias administrativas se controlan por la sección 2.ª del Capítulo III, sea cual sea el control del resto de sus gastos; las de la Administración de Justicia, por su normativa específica.
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Artículo 57. Fiscalización del reconocimiento de la obligación
El artículo 57 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, dedicado a «Fiscalización del reconocimiento de la obligación», dispone lo siguiente.
Para la fiscalización del reconocimiento de las obligaciones relativas a los gastos de personal serán de aplicación las normas generales establecidas en este Reglamento y en concreto se comprobará que la obligación responde a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados previamente con carácter favorable y que el reconocimiento de la obligación se realiza por el órgano competente.
Datos clave
- Se aplican las normas generales del Reglamento a la fiscalización del reconocimiento de obligaciones de gastos de personal.
- Se comprueba que la obligación responde a gastos aprobados, comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.
- Se comprueba que el reconocimiento lo realiza el órgano competente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para fiscalizar el reconocimiento de obligaciones de personal se aplican las normas generales y se comprueba que responden a gastos aprobados, comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente, reconocidos por órgano competente.
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Artículo 134. Informe sobre la memoria justificativa de la propuesta de declaración de medio propio personificado
El artículo 134 del Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía, dedicado a «Informe sobre la memoria justificativa de la propuesta de declaración de medio propio personificado», dispone lo siguiente.
Corresponde a la Intervención General, con carácter previo a la declaración de medio propio a que se refiere el artículo 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, el informe de la memoria justificativa prevista en su apartado 3, que versará sobre la acreditación en la misma del cumplimiento de los requisitos para la consideración de medio propio personificado de la Junta de Andalucía a los efectos de los encargos regulados en la mencionada ley.
Datos clave
- La Intervención General informa la memoria justificativa con carácter previo a la declaración de medio propio.
- La memoria es la prevista en el apartado 3 del artículo 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
- El informe versa sobre el cumplimiento de los requisitos de medio propio personificado a efectos de los encargos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Antes de declarar un medio propio personificado, la Intervención General informa la memoria justificativa del artículo 53 bis.3 de la Ley 9/2007, sobre si acredita los requisitos para recibir encargos.