Tema 94: Empleo, relaciones laborales y seguridad social: competencias de la Comunidad Autónoma. Políticas activas de empleo. La prevención de riesgos laborales y la seguridad en el trabajo. Instrumentos de conciliación, mediación y arbitraje laboral. El trabajo asociativo: sociedades cooperativas andaluzas y sociedades anónimas laborales.
Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
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- Constitución Española
- Ley 4/1983 de 27 de Junio, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
- Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de Creación del Servicio Andaluz de Empleo
- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
- Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas
- Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RDLeg)
- Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo
Artículo 129
1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
Datos clave
- La ley establecerá la participación de los interesados en la Seguridad Social y en organismos públicos que afecten a la calidad de vida o al bienestar general.
- Los poderes públicos promoverán las diversas formas de participación en la empresa.
- Fomentarán las sociedades cooperativas mediante una legislación adecuada.
- Facilitarán el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Manda a la ley regular la participación de los interesados en la Seguridad Social y organismos que afecten a la calidad de vida, y a los poderes públicos fomentar la participación en la empresa y las cooperativas.
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Constitución Española · Art. 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3.ª Relaciones internacionales. 4.ª Defensa y Fuerzas Armadas. 5.ª Administración de Justicia. 6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. 8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14.ª Hacienda general y Deuda del Estado. 15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. 20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 25.ª Bases de régimen minero y energético. 26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. 28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31.ª Estadística para fines estatales. 32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- ¿En qué apartado del artículo 149.1 está la seguridad pública? → En la 29.ª, sin perjuicio de la creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que establezcan sus Estatutos, en el marco de una ley orgánica.
- ¿Qué materias incluye la regla 18.ª del artículo 149.1? → Bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, procedimiento administrativo común, expropiación forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones.
- ¿Qué dice el último inciso del artículo 149.3? → Que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
- ¿Qué se necesita, según la 32.ª, para convocar una consulta popular por vía de referéndum? → Autorización del Estado: la autorización para la convocatoria es competencia exclusiva estatal.
- Son 32 apartados en el punto 1. Los tres números redondos que hay que tener clavados: 18.ª (procedimiento administrativo común), 29.ª (seguridad pública) y 32.ª (autorización de referéndum).
- Las reglas de cierre del 149.3, en orden: Residual - Prevalencia - Supletoriedad. R-P-S, y la supletoriedad siempre cierra.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las 32 materias de competencia exclusiva del Estado, el servicio de la cultura como deber estatal y las cláusulas de cierre: residual, prevalencia del derecho estatal y supletoriedad.
Esquema
| Comunidades Autónomas | Estado | |
|---|---|---|
| Qué materias | Las no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución | Las que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía |
| Título | En virtud de sus respectivos Estatutos | Por la propia Constitución |
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Artículo 1
El artículo 1 de la Ley 4/1983, de 27 de junio, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, dispone la creación de este órgano.
Se crea el Consejo andaluz de relaciones laborales con la composición, estructura y funciones que se establecen en la presente Ley.
Datos clave
- El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales se crea por la Ley 4/1983, de 27 de junio.
- Su composición, estructura y funciones se establecen en esa misma ley.
- El nombre oficial del órgano creado es Consejo andaluz de relaciones laborales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley 4/1983 crea el Consejo andaluz de relaciones laborales y remite a ella misma su composición, estructura y funciones.
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Artículo 3
El artículo 3 de la Ley 4/1983, de 27 de junio, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, regula las funciones del Consejo.
3.1 En general, será función del Consejo facilitar la consulta y la cooperación entre la Administración autonómica y las organizaciones empresariales y sindicales, así como las de éstas entre sí, y favorecer su acceso a los servicios administrados por la Comunidad Autónoma.
3.2 En particular, serán funciones del Consejo las siguientes:
a) Conocer e informar la Memoria de actividad que la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía le someterá anualmente.
b) Formular propuestas referidas a política laboral o social al Consejo de Gobierno de Andalucía o a la Consejería correspondiente.
c) Elaborar o promover dictámenes, estudios o estadísticas en materia de relaciones de trabajo, bien por propia iniciativa, bien a propuesta del Presidente de la Junta de Andalucía o del Consejo de Gobierno.
d) Facilitar, dentro del respeto al principio de autonomía colectiva consagrado en el artículo 37 de la Constitución, la negociación colectiva entre organizaciones empresariales y sindicales, mediante apoyos materiales y personales que posibiliten los más altos niveles de diálogo y entendimiento. El Consejo fomentará, en especial, la negociación colectiva en aquellos sectores donde existan particulares dificultades para la misma.
e) Facilitar y promover la mediación y el arbitraje en los conflictos colectivos de trabajo. A tal fin, el Consejo podrá adoptar medidas encaminadas a su solución mediante el ofrecimiento de mediadores y árbitros y la adopción de propuestas o recomendaciones, en especial respecto de contiendas prolongadas o de amplia repercusión en la Comunidad Autónoma o sobre autorregulación de huelgas y paros en servicios públicos esenciales.
f) Centralizar la documentación relativa a las elecciones para órganos de representación de los trabajadores en la empresa efectuadas dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, velando por el correcto funcionamiento de los servicios provinciales de depósito y registro de actas.
g) Asumir, a través de la Secretaría General, el registro de sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales de ámbito superior a la provincia y que no rebase el de la Comunidad Autónoma.
h) Centralizar, en la Secretaría General, el depósito de convenios colectivos de ámbito superior a la provincia y que no rebase el de la Comunidad Autónoma.
Datos clave
- Función general: facilitar la consulta y la cooperación entre la Administración autonómica y las organizaciones empresariales y sindicales.
- Conoce e informa la Memoria anual de actividad de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social.
- Facilita la negociación colectiva respetando la autonomía colectiva del artículo 37 de la Constitución.
- Facilita y promueve la mediación y el arbitraje en los conflictos colectivos, ofreciendo mediadores y árbitros.
- Centraliza la documentación de las elecciones a órganos de representación de los trabajadores.
- Su Secretaría General lleva el registro de sindicatos y asociaciones empresariales y el depósito de convenios de ámbito superior a la provincia sin rebasar la Comunidad Autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Consejo sirve de cauce de consulta y cooperación entre la Junta y las organizaciones empresariales y sindicales, y tiene ocho funciones concretas: de informes y propuestas a mediación, arbitraje y registros.
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Artículo 19
El artículo 19 de la Ley 4/1983, de 27 de junio, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, fija el cometido específico de su Secretaría General.
Cometido específico de la Secretaría General será la coordinación y tutela de los servicios provinciales de mediación, arbitraje y conciliación, transferidos a la Comunidad Autónoma, asumiendo las funciones expresadas en los apartados f), g) y h) del artículo 3.2 de la presente Ley.
Datos clave
- La Secretaría General coordina y tutela los servicios provinciales de mediación, arbitraje y conciliación transferidos a la Comunidad Autónoma.
- Asume las funciones de los apartados f), g) y h) del artículo 3.2.
- Esas funciones son la documentación electoral, el registro de sindicatos y asociaciones empresariales y el depósito de convenios colectivos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Secretaría General coordina y tutela los servicios provinciales transferidos de mediación, arbitraje y conciliación, y asume las funciones f), g) y h) del artículo 3.2.
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Ley 31/1995 PRL · Art. 5
Objetivos de la política. 1. La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Dicha política se llevará a cabo por medio de las normas reglamentarias y de las actuaciones administrativas que correspondan y, en particular, las que se regulan en este capítulo, que se orientarán a la coordinación de las distintas Administraciones públicas competentes en materia preventiva y a que se armonicen con ellas las actuaciones que conforme a esta Ley correspondan a sujetos públicos y privados, a cuyo fin: a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración local se prestarán cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de lo previsto en este artículo. b) La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la participación de los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 2. A los fines previstos en el apartado anterior las Administraciones públicas promoverán la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza y de manera especial en la oferta formativa correspondiente al sistema nacional de cualificaciones profesionales, así como la adecuación de la formación de los recursos humanos necesarios para la prevención de los riesgos laborales. En el ámbito de la Administración General del Estado se establecerá una colaboración permanente entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Ministerios que correspondan, en particular los de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, al objeto de establecer los niveles formativos y especializaciones idóneas, así como la revisión permanente de estas enseñanzas, con el fin de adaptarlas a las necesidades existentes en cada momento. 3. Del mismo modo, las Administraciones públicas fomentarán aquellas actividades desarrolladas por los sujetos a que se refiere el apartado 1 del artículo segundo, en orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la investigación o fomento de nuevas formas de protección y la promoción de estructuras eficaces de prevención. Para ello podrán adoptar programas específicos dirigidos a promover la mejora del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección. Los programas podrán instrumentarse a través de la concesión de los incentivos que reglamentariamente se determinen que se destinarán especialmente a las pequeñas y medianas empresas. 4. Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, considerando las variables relacionadas con el sexo tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de datos como en el estudio e investigación generales en materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores. 5. La política en materia de prevención de riesgos laborales deberá promover la integración eficaz de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa. Igualmente, la política en materia de seguridad y salud en el trabajo tendrá en cuenta las necesidades y dificultades específicas de las pequeñas y medianas empresas. A tal efecto, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de riesgos laborales deberá incorporarse un informe sobre su aplicación en las pequeñas y medianas empresas que incluirá, en su caso, las medidas particulares que para éstas se contemplen.
Datos clave
- Para no perderte los cinco apartados, ordénalos como 'objetivo general + educación + pymes + igualdad + gestión empresarial': 1-2-3-4-5.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Marca los fines de la política preventiva: proteger a los trabajadores coordinando Administraciones, formando en prevención, ayudando a las pymes, integrando la igualdad de sexo y metiendo la prevención dentro de la gestión de la empresa.
Esquema
| Apartado 4 | Apartado 5 | |
|---|---|---|
| Contenido | Igualdad entre mujeres y hombres | Integración de la prevención en la gestión de la empresa |
| Norma que lo añade | Ley Orgánica 3/2007 | Ley 25/2009 |
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Ley 31/1995 PRL · Art. 7
Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral. 1. En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones públicas competentes en materia laboral desarrollarán funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, y sancionarán las infracciones a dicha normativa, en los siguientes términos: a) Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos técnicos en materia preventiva, incluidas la asistencia y cooperación técnica, la información, divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así como el seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las empresas, y respecto de las personas trabajadoras autónomas, para la consecución de los objetivos previstos en esta ley. b) Velando por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales mediante las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos, prestarán el asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el mejor cumplimiento de dicha normativa y desarrollarán programas específicos dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control. c) Sancionando el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, con arreglo a lo previsto en el capítulo VII de la misma. 2. Las funciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral que se señalan en el apartado 1 continuarán siendo desarrolladas, en lo referente a los trabajos en minas, canteras y túneles que exijan la aplicación de técnica minera, a los que impliquen fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y utilización de explosivos o el empleo de energía nuclear, por los órganos específicos contemplados en su normativa reguladora. Las competencias previstas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales.
Datos clave
- ¿Qué tres funciones cumple la Administración laboral según el art. 7? → Promoción, vigilancia/control y sanción de la normativa preventiva.
- ¿Quién vigila la prevención en minas y energía nuclear? → Los órganos específicos de su normativa reguladora (art. 7.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Detalla el triple papel de la Administración laboral: promover la prevención, vigilar su cumplimiento y sancionar las infracciones; en minas, explosivos y energía nuclear mantienen sus propios órganos especializados.
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Ley 31/1995 PRL · Art. 9
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII de la presente Ley. b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada. c) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. d) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario dicho informe, así como sobre las enfermedades profesionales en las que concurran dichas calificaciones y, en general, en los supuestos en que aquélla lo solicite respecto del cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales. e) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención establecidos en la presente Ley. f) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 2. Las Administraciones General del Estado y de las comunidades autónomas adoptarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, las medidas necesarias para garantizar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesarios a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, en el ámbito de la Administración General del Estado serán prestados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Estas Administraciones públicas elaborarán y coordinarán planes de actuación, en sus respectivos ámbitos competenciales y territoriales, para contribuir al desarrollo de las actuaciones preventivas en las empresas, especialmente las de mediano y pequeño tamaño y las de sectores de actividad con mayor nivel de riesgo o de siniestralidad, a través de acciones de asesoramiento, de información, de formación y de asistencia técnica. En el ejercicio de tales cometidos, los funcionarios públicos de las citadas Administraciones que ejerzan labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo anterior, podrán desempeñar funciones de asesoramiento, información y comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo, con el alcance señalado en el apartado 3 de este artículo y con la capacidad de requerimiento a que se refiere el artículo 43 de esta ley, todo ello en la forma que se determine reglamentariamente. Las referidas actuaciones comprobatorias se programarán por la respectiva Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere el artículo 17.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su integración en el plan de acción en Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 3. Cuando de las actuaciones de comprobación a que se refiere el apartado anterior, se deduzca la existencia de infracción, y siempre que haya mediado incumplimiento de previo requerimiento, el funcionario actuante remitirá informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se recogerán los hechos comprobados, a efectos de que se levante la correspondiente acta de infracción, si así procediera. A estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de comprobación de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud recogidos en tales informes gozarán de la presunción de certeza a que se refiere la disposición adicional cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 4. Las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores, estarán sujetas a los plazos establecidos en el artículo 14, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Datos clave
- ¿Quién puede paralizar inmediatamente un trabajo por riesgo grave e inminente? → El inspector de Trabajo y Seguridad Social (art. 9.1.f).
- ¿Qué valor tienen los hechos sobre condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud recogidos en los informes de los funcionarios técnicos de las Administraciones? → Presunción de certeza, conforme a la Ley 42/1997 (art. 9.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: vigila, asesora, informa a los juzgados y puede ordenar la paralización inmediata de trabajos ante riesgo grave e inminente.
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Ley 31/1995 PRL · Art. 12
Participación de empresarios y trabajadores. La participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo es principio básico de la política de prevención de riesgos laborales, a desarrollar por las Administraciones públicas competentes en los distintos niveles territoriales.
Datos clave
- ¿Qué calificación da el art. 12 a la participación de empresarios y trabajadores en la política preventiva? → Es 'principio básico' de la política de prevención de riesgos laborales.
- Un artículo de una sola frase: quédate con 'principio básico' + 'organizaciones más representativas' + 'todos los niveles territoriales'.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Declara la participación de empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones más representativas, principio básico de la política de prevención, en todos los niveles territoriales.
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Ley 31/1995 PRL · Art. 13
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1. Se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual número de miembros de la Administración General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 3. La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones públicas competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos laborales, de asesoramiento técnico y de vigilancia y control a que se refieren los artículos 7, 8, 9 y 11 de esta Ley y podrá informar y formular propuestas en relación con dichas actuaciones, específicamente en lo referente a: – Criterios y programas generales de actuación. – Proyectos de disposiciones de carácter general. – Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones públicas competentes en materia laboral. – Coordinación entre las Administraciones públicas competentes en materia laboral, sanitaria y de industria. 4. La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. A tal fin, los representantes de las Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales. 5. La Comisión contará con un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por cada uno de los grupos que la integran. La Presidencia de la Comisión corresponderá al Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales, recayendo la Vicepresidencia atribuida a la Administración General del Estado en el Subsecretario de Sanidad y Consumo. 6. La Secretaría de la Comisión, como órgano de apoyo técnico y administrativo, recaerá en la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 7. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo funcionará en Pleno, en Comisión Permanente o en Grupos de Trabajo, conforme a la normativa que establezca el Reglamento interno que elaborará la propia Comisión. En lo no previsto en la presente Ley y en el Reglamento interno a que hace referencia el párrafo anterior la Comisión se regirá por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Datos clave
- ¿Cómo se compone la Comisión Nacional de Seguridad y Salud? → CCAA, AGE y organizaciones empresariales/sindicales, paritariamente (art. 13.2).
- ¿Cuántos votos tiene cada representante social en la Comisión? → Dos, frente a uno de cada Administración (art. 13.4).
- ¿Quién ejerce la Secretaría de la Comisión? → La Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (art. 13.6).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: órgano asesor y de participación institucional entre Administraciones, empresarios y trabajadores.
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Artículo 1. Objeto y naturaleza del Servicio Andaluz de Empleo.
El artículo 1 de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo, establece su objeto y naturaleza.
1. Se crea el Servicio Andaluz de Empleo como un organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de empleo, como órgano gestor de la política de empleo de la Junta de Andalucía, al que le corresponderán las funciones que se le atribuyen en esta Ley y todas aquellas que le sean traspasadas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de política de empleo.
2. El Servicio Andaluz de Empleo tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y está dotado de autonomía administrativa y financiera para el cumplimiento de sus fines, así como para la gestión de su patrimonio y de los fondos que se le asignan.
3. La organización y funcionamiento del Servicio Andaluz de Empleo se ajustará a la presente Ley, a sus Estatutos y demás disposiciones que le sean de aplicación.
Datos clave
- El Servicio Andaluz de Empleo es un organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía.
- Está adscrito a la Consejería competente en materia de empleo.
- Es el órgano gestor de la política de empleo de la Junta de Andalucía.
- Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y autonomía administrativa y financiera.
- Se rige por la Ley 4/2002, sus Estatutos y demás disposiciones aplicables.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Servicio Andaluz de Empleo es un organismo autónomo administrativo de la Junta, adscrito a la Consejería de empleo, que gestiona la política de empleo con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera.
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Artículo 3. Funciones del Servicio Andaluz de Empleo.
El artículo 3 de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo, regula sus funciones.
El Servicio Andaluz de Empleo, como Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma, tiene como objetivos específicos el ejercicio de las competencias en materia de empleo y, en particular, las siguientes: fomento del empleo, orientación e información, prospección, registro de demanda e intermediación en el mercado de trabajo y, para ello, este organismo ejerce las siguientes funciones:
1.ª Elaboración de los anteproyectos de los planes de empleo.
2.ª La planificación, gestión, promoción y evaluación de los distintos programas y acciones para el empleo, competencia de la Comunidad Autónoma, y en particular los siguientes:
a) Los relativos a fomento del empleo.
b) La orientación e información profesional y las acciones de apoyo para la mejora del empleo.
c) La intermediación laboral, el registro de demandantes de empleo, la recepción de comunicación de contratos y la gestión de la red Eures en Andalucía.
d) La coordinación con la Consejería competente en materia de formación profesional para el empleo para el desarrollo de las funciones de intermediación laboral y el conjunto de programas y medidas de orientación y formación, al objeto de mejorar las posibilidades de acceso al empleo, adaptación de la formación y recualificación.
e) La prospección del mercado de trabajo y la difusión de información sobre el mercado laboral.
f) La colaboración con los medios de comunicación de masas tanto para promocionar los distintos planes de empleo como para transmitir valores culturales y éticos que estimulen la cantidad y calidad del empleo.
g) La autorización de la condición de centros colaboradores o asociados a aquellas entidades que participen en la ejecución de actividades que sean competencia del Servicio Andaluz de Empleo, así como la autorización y demás competencias sobre las agencias de colocación que actúen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
h) La promoción y el desarrollo del empleo local, atendiendo a las necesidades específicas de cada territorio y en coordinación con las Administraciones Locales.
3.ª La resolución de las convocatorias de ayudas y subvenciones y la suscripción de convenios de colaboración, referentes a las competencias gestionadas por el Servicio Andaluz de Empleo.
4.ª La asistencia técnica a los distintos órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y a los de otras Administraciones Públicas, cuando sea requerido para ello, en materia de empleo.
5.ª La ejecución, como competencias propias, de las acciones formativas que en el ámbito de la formación profesional para el empleo se determinen, conforme a la planificación de la oferta formativa que efectúe la Consejería competente en materia de formación profesional para el empleo. A tales fines, gestionará, como competencias propias, los centros de formación para el empleo que se determinen por parte de la Consejería competente en formación profesional para el empleo.
6.ª Cuantas otras funciones le sean atribuidas, para su ejercicio como competencias propias, por cualquier norma o acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía o aquéllas que, en un futuro, pudieran ser transferidas a la Junta de Andalucía en materia de política de empleo.
Datos clave
- Es el Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Objetivos específicos: fomento del empleo, orientación e información, prospección, registro de demanda e intermediación.
- Elabora los anteproyectos de los planes de empleo.
- Gestiona la intermediación laboral, el registro de demandantes, la comunicación de contratos y la red Eures en Andalucía.
- Autoriza los centros colaboradores o asociados y ejerce las competencias sobre agencias de colocación en Andalucía.
- Resuelve las convocatorias de ayudas y subvenciones y suscribe convenios en su ámbito.
- Ejecuta las acciones formativas de formación profesional para el empleo y gestiona los centros que se determinen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Como Servicio Público de Empleo andaluz, fomenta el empleo, orienta, prospecta, registra la demanda e intermedia, mediante seis funciones; la segunda agrupa ocho programas.
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Artículo 1. Creación y naturaleza.
El artículo 1 de la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, dispone su creación y naturaleza.
Se crea el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, como organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Datos clave
- El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales se crea por la Ley 10/2006, de 26 de diciembre.
- Es un organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía.
- Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes de la Junta de Andalucía.
- Su creación se ampara en el artículo 4.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de Andalucía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales nace como organismo autónomo administrativo de la Junta, con personalidad jurídica y patrimonio propios e independientes de ella.
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Artículo 3. Fines y funciones.
El artículo 3 de la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, regula sus fines y funciones.
1. El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales tiene como fines generales fomentar la cultura preventiva en Andalucía, el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud laborales, así como la promoción y apoyo de la mejora de las mismas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos y a los sectores de mayor riesgo.
2. Para el cumplimiento de sus fines generales, tendrá las siguientes funciones:
a) El fomento de la cultura preventiva en el ámbito laboral en Andalucía, así como la difusión y enriquecimiento de la misma.
b) El análisis y el estudio de las condiciones de trabajo relativas a la seguridad y salud laborales en Andalucía, sin perjuicio de las atribuidas a la Administración competente en materia de prevención de riesgos laborales.
c) El análisis y el estudio de la siniestralidad laboral, con referencia a la accidentalidad y a las enfermedades profesionales.
d) La realización de actividades de formación en materia de prevención de riesgos laborales, así como la implantación de programas de formación en sectores productivos, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas y los colectivos en situación de mayor riesgo, así como a los trabajadores autónomos.
e) La organización de campañas de difusión de la cultura de la prevención en el ámbito laboral entre empresas y personas trabajadoras.
f) La creación de foros de encuentro de los agentes implicados en seguridad y salud laborales, para debates, propuestas y consultas.
g) La realización de acciones de información y asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales en sectores productivos, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas y los colectivos en situación de mayor riesgo, así como a los trabajadores autónomos.
h) El establecimiento de canales de estudio e investigación que sirvan de soporte a la política pública andaluza de seguridad y salud laborales.
i) El apoyo de iniciativas y programas de interés social en materia de seguridad y salud laborales.
j) El seguimiento de la incidencia de las enfermedades profesionales en Andalucía.
k) La divulgación de recomendaciones de carácter técnico.
l) La formación de nuevos empresarios.
m) Cualquiera otra que, por su naturaleza o finalidad, pudiera o debiera ser asumida por el mismo.
n) Las restantes que puedan serle atribuidas por la normativa aplicable.
Datos clave
- Fines generales: fomentar la cultura preventiva y estudiar y mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales en Andalucía.
- Presta especial atención a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos y a los sectores de mayor riesgo.
- Analiza la siniestralidad laboral, con referencia a la accidentalidad y a las enfermedades profesionales.
- Realiza formación, campañas de difusión e información y asesoramiento en prevención de riesgos laborales.
- Crea foros de encuentro de los agentes implicados en seguridad y salud laborales.
- Sigue la incidencia de las enfermedades profesionales en Andalucía y forma a nuevos empresarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Instituto fomenta la cultura preventiva y estudia y mejora la seguridad y salud laborales en Andalucía, con especial atención a pymes, autónomos y sectores de mayor riesgo; sus funciones van de la a) a la n).
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Artículo 26. Trabajo.
1. En el ejercicio del derecho constitucional al trabajo, se garantiza a todas las personas:
a) El acceso gratuito a los servicios públicos de empleo.
b) El acceso al empleo público en condiciones de igualdad y según los principios constitucionales de mérito y capacidad.
c) El acceso a la formación profesional.
d) El derecho al descanso y al ocio.
2. Se garantiza a los sindicatos y a las organizaciones empresariales el establecimiento de las condiciones necesarias para el desempeño de las funciones que la Constitución les reconoce. La ley regulará la participación institucional en el ámbito de la Junta de Andalucía de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma.
Datos clave
- Se garantiza el acceso gratuito a los servicios públicos de empleo.
- Se garantiza el acceso al empleo público en igualdad y según los principios de mérito y capacidad.
- Se garantizan el acceso a la formación profesional y el derecho al descanso y al ocio.
- Se garantizan a sindicatos y organizaciones empresariales las condiciones para desempeñar sus funciones constitucionales.
- Una ley regulará la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Junta de Andalucía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estatuto andaluz garantiza a todas las personas cuatro derechos laborales (empleo gratuito, empleo público por mérito y capacidad, formación profesional, descanso y ocio) y apoya a sindicatos y patronales.
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Artículo 58. Actividad económica.
1. La Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas en:
1.º La ordenación administrativa de la actividad comercial, incluidos las ferias y mercados interiores; la regulación de los calendarios y horarios comerciales, respetando en su ejercicio el principio constitucional de unidad de mercado y la ordenación general de la economía; el desarrollo de las condiciones y la especificación de los requisitos administrativos necesarios para ejercer la actividad comercial; la regulación administrativa de todas las modalidades de venta y formas de prestación de la actividad comercial; la clasificación y la planificación territorial de los equipamientos comerciales, incluido el establecimiento y la autorización de grandes superficies comerciales; el establecimiento y la ejecución de las normas y los estándares de calidad relacionados con la actividad comercial; la adopción de medidas de policía administrativa con relación a la disciplina de mercado, y la ordenación administrativa del comercio interior, por cualquier medio, incluido el electrónico, sin perjuicio en este último caso de lo previsto en la legislación del Estado.
2.º Régimen de las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad de la información y del conocimiento, en el marco de la legislación del Estado.
3.º Fomento, regulación y desarrollo de las actividades y empresas de artesanía.
4.º Fomento, ordenación y organización de cooperativas y de entidades de economía social. La regulación y el fomento del cooperativismo que incluye:
a) La regulación del asociacionismo cooperativo.
b) La enseñanza y la formación cooperativas.
c) La fijación de los criterios, la regulación de las condiciones, la ejecución y el control de las ayudas públicas al mundo cooperativo.
5.º Promoción de la competencia en los mercados respecto de las actividades económicas que se realizan principalmente en Andalucía y el establecimiento y regulación de un órgano independiente de defensa de la competencia.
2. La Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, sobre las siguientes materias:
1.º Fomento y planificación de la actividad económica en Andalucía.
2.º Sector público económico de la Comunidad Autónoma, en cuanto no está contemplado por otras normas de este Estatuto.
3.º Industria, salvo las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la Defensa.
4.º Defensa de los derechos de los consumidores, la regulación de los procedimientos de mediación, información y educación en el consumo y la aplicación de reclamaciones.
5.º Autorización para la creación y organización de mercados de valores y centros de contratación ubicados en Andalucía. Supervisión de estos mercados y centros, y de las sociedades rectoras de los agentes que intervengan en los mismos.
3. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía el desarrollo y la gestión de la planificación general de la actividad económica. Esta competencia incluye, en todo caso:
a) El desarrollo de los planes estatales.
b) La participación en la planificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 222 de este Estatuto.
c) La gestión de los planes, incluyendo los fondos y los recursos de origen estatal destinados al fomento de la actividad económica, en los términos que se acuerden con el Estado mediante convenio.
4. La Comunidad Autónoma asume competencias ejecutivas en:
1.º Reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolios, e intervención de empresas cuando lo exija el interés general.
2.º Ferias internacionales que se celebren en Andalucía.
3.º Propiedad intelectual e industrial.
4.º Control, metrología y contraste de metales.
5.º Defensa de la competencia en el desarrollo de las actividades económicas que alteren o puedan alterar la libre competencia del mercado en un ámbito que no supere el territorio de Andalucía, incluidas la inspección y la ejecución del régimen sancionador.
Datos clave
- Competencias exclusivas en comercio interior, incluidos calendarios y horarios comerciales y la autorización de grandes superficies comerciales.
- Competencias exclusivas en artesanía, cooperativas y entidades de economía social.
- Establecimiento y regulación de un órgano independiente de defensa de la competencia.
- Competencias exclusivas, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, en fomento y planificación de la actividad económica, industria y defensa de los consumidores.
- La participación en la planificación se rige por el artículo 222 del Estatuto.
- Competencias ejecutivas en ferias internacionales, propiedad intelectual e industrial, y control, metrología y contraste de metales.
- Defensa de la competencia en un ámbito que no supere el territorio de Andalucía, incluidas la inspección y el régimen sancionador.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Actividad económica en cuatro bloques: exclusivas plenas (comercio, artesanía, cooperativas), exclusivas sujetas a las bases estatales (fomento, industria, consumo), desarrollo de la planificación general y competencias ejecutivas.
Esquema
| Exclusiva | Ejecutiva | |
|---|---|---|
| Ferias | Ferias y mercados interiores | Ferias internacionales |
| Competencia | Promoción y órgano independiente | Defensa en ámbito andaluz con sanciones |
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Artículo 63. Empleo, relaciones laborales y seguridad social.
1. Corresponden a la Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales, que incluyen en todo caso:
1.º Las políticas activas de empleo, que comprenderán la formación de los demandantes de empleo y de los trabajadores en activo, así como la gestión de las subvenciones correspondientes; la intermediación laboral y el fomento del empleo.
2.º Las cualificaciones profesionales en Andalucía.
3.º Los procedimientos de regulación de ocupación y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos entre centros de trabajo situados en Andalucía.
4.º La Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad en el Trabajo.
5.º La determinación de los servicios mínimos de las huelgas que tengan lugar en Andalucía.
6.º Los instrumentos de conciliación, mediación y arbitraje laborales.
7.º La potestad sancionadora de las infracciones del orden social en el ámbito de sus competencias.
8.º El control de legalidad y, si procede, el registro posterior de los convenios colectivos de trabajo en el ámbito territorial de Andalucía.
9.º La elaboración del calendario de días festivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
2. Corresponde a la Junta de Andalucía la competencia ejecutiva sobre la función pública inspectora en todo lo previsto en el apartado anterior. A tal efecto, los funcionarios de los cuerpos que realicen dicha función dependerán orgánica y funcionalmente de la Junta de Andalucía. A través de los mecanismos de cooperación previstos en el presente Estatuto se establecerán las fórmulas de garantía del ejercicio eficaz de la función inspectora en el ámbito social, ejerciéndose las competencias del Estado y de la Junta de Andalucía de forma coordinada, conforme a los Planes de actuación que se determinen a través de los indicados mecanismos.
3. En materia de Seguridad Social, corresponden a la Comunidad Autónoma las competencias ejecutivas que se determinen en aplicación de la legislación estatal, incluida la gestión de su régimen económico, con pleno respeto al principio de unidad de caja.
Datos clave
- Competencias ejecutivas en empleo y relaciones laborales, en el marco de la legislación del Estado.
- Incluyen las políticas activas de empleo, la intermediación laboral y las cualificaciones profesionales en Andalucía.
- Incluyen la determinación de los servicios mínimos de las huelgas que tengan lugar en Andalucía.
- Incluyen el control de legalidad y el registro posterior de los convenios colectivos y la elaboración del calendario de días festivos.
- Los funcionarios de la función pública inspectora dependen orgánica y funcionalmente de la Junta de Andalucía.
- En Seguridad Social, competencias ejecutivas, incluida la gestión de su régimen económico, con pleno respeto al principio de unidad de caja.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Empleo y relaciones laborales son competencias solo ejecutivas, en el marco de la legislación estatal: nueve materias, la inspección de trabajo dependiente de la Junta y, en Seguridad Social, ejecución con unidad de caja.
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Artículo 166. Protección de los derechos laborales y sindicales.
Los poderes públicos velarán por los derechos laborales y sindicales de los trabajadores en todos los sectores de actividad.
Datos clave
- El artículo 166 del Estatuto de Autonomía para Andalucía se dedica a la protección de los derechos laborales y sindicales.
- El mandato se dirige a los poderes públicos.
- Deben velar por los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.
- La protección alcanza a todos los sectores de actividad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los poderes públicos velan por los derechos laborales y sindicales de los trabajadores en todos los sectores de actividad.
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Artículo 169. Políticas de empleo.
1. Los poderes públicos fomentarán el acceso al empleo de los jóvenes y orientarán sus políticas a la creación de empleo estable y de calidad para todos los andaluces y andaluzas. A tales efectos, establecerán políticas específicas de inserción laboral, formación y promoción profesional, estabilidad en el empleo y reducción de la precariedad laboral.
2. Los poderes públicos establecerán políticas específicas para la inserción laboral de las personas con discapacidad, y velarán por el cumplimiento de las reservas previstas en la legislación aplicable.
3. Los poderes públicos diseñarán y establecerán políticas concretas para la inserción laboral de los colectivos con especial dificultad en el acceso al empleo, prestando especial atención a los colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
Datos clave
- Los poderes públicos fomentarán el acceso al empleo de los jóvenes.
- Orientarán sus políticas a la creación de empleo estable y de calidad.
- Establecerán políticas de inserción laboral, formación y promoción profesional, estabilidad en el empleo y reducción de la precariedad.
- Habrá políticas específicas para la inserción laboral de las personas con discapacidad y se velará por las reservas legales.
- Se atenderá especialmente a los colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los poderes públicos fomentarán el empleo juvenil y el empleo estable y de calidad, con políticas específicas para personas con discapacidad y para colectivos con especial dificultad o riesgo de exclusión.
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Artículo 171. Seguridad y salud laboral.
1. La Administración Pública contribuirá a garantizar la seguridad y salud laboral de los trabajadores, para lo cual diseñará instrumentos precisos de control y reducción de la siniestralidad laboral, así como mecanismos de inspección y prevención de los riesgos laborales.
2. La Comunidad Autónoma se dotará de instrumentos propios para la lucha contra la siniestralidad laboral.
Datos clave
- La Administración Pública contribuirá a garantizar la seguridad y salud laboral de los trabajadores.
- Diseñará instrumentos de control y reducción de la siniestralidad laboral.
- Diseñará mecanismos de inspección y prevención de los riesgos laborales.
- La Comunidad Autónoma se dotará de instrumentos propios para luchar contra la siniestralidad laboral.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración contribuirá a garantizar la seguridad y salud laboral con instrumentos de control de la siniestralidad e inspección y prevención, y la Comunidad tendrá instrumentos propios contra la siniestralidad.
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Artículo 172. Trabajadores autónomos y cooperativas.
1. Una ley del Parlamento de Andalucía regulará las políticas de apoyo y fomento de la actividad del trabajador autónomo.
2. Serán objeto de atención preferente, en las políticas públicas, las cooperativas y demás entidades de economía social.
Datos clave
- Una ley del Parlamento de Andalucía regulará las políticas de apoyo y fomento del trabajador autónomo.
- Las cooperativas son objeto de atención preferente en las políticas públicas.
- La misma atención preferente alcanza a las demás entidades de economía social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Una ley del Parlamento regulará el apoyo y fomento del trabajo autónomo, y las cooperativas y la economía social tendrán atención preferente en las políticas públicas.
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Artículo 173. Relaciones laborales.
La Comunidad Autónoma tendrá política propia de relaciones laborales, que comprenderá, en todo caso:
1.º Las políticas activas de empleo, la intermediación y el fomento del empleo y del autoempleo.
2.º Las políticas de prevención de riesgos laborales y protección de la seguridad y salud laboral.
3.º La promoción del marco autonómico para la negociación colectiva.
4.º La promoción de medios de resolución extrajudicial de conflictos laborales.
Datos clave
- La Comunidad Autónoma tendrá política propia de relaciones laborales.
- Comprende las políticas activas de empleo, la intermediación y el fomento del empleo y del autoempleo.
- Comprende la prevención de riesgos laborales y la protección de la seguridad y salud laboral.
- Comprende la promoción del marco autonómico para la negociación colectiva.
- Comprende la promoción de medios de resolución extrajudicial de conflictos laborales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Andalucía tendrá política propia de relaciones laborales: empleo y autoempleo, prevención de riesgos, marco autonómico de negociación colectiva y resolución extrajudicial de conflictos.
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Artículo 1. Objeto.
El artículo 1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, fija el objeto de la ley.
La presente ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de las sociedades cooperativas andaluzas, así como el de sus federaciones y el de las asociaciones en las que estas se integran.
Datos clave
- La Ley 14/2011, de 23 de diciembre, regula el régimen jurídico de las sociedades cooperativas andaluzas.
- También regula el régimen de sus federaciones.
- Incluye el de las asociaciones en las que las cooperativas se integran.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas regula tres cosas: las cooperativas andaluzas, sus federaciones y las asociaciones en que estas se integran.
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Artículo 2. Concepto.
El artículo 2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, define el concepto de sociedad cooperativa andaluza.
Las sociedades cooperativas andaluzas son empresas organizadas y gestionadas democráticamente que realizan su actividad de forma responsable y solidaria con la comunidad y en las que sus miembros, además de participar en el capital, lo hacen también en la actividad societaria prestando su trabajo, satisfaciendo su consumo o valiéndose de sus servicios para añadir valor a su propia actividad empresarial.
Datos clave
- Son empresas organizadas y gestionadas democráticamente.
- Realizan su actividad de forma responsable y solidaria con la comunidad.
- Sus miembros participan en el capital y también en la actividad societaria.
- Esa participación consiste en prestar su trabajo, satisfacer su consumo o valerse de sus servicios para añadir valor a su propia actividad empresarial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La cooperativa andaluza es una empresa democrática, responsable y solidaria con la comunidad, en la que los socios no solo aportan capital: también participan en la actividad.
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Artículo 4. Principios.
El artículo 4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, enumera los principios generales que informan la constitución y funcionamiento de las sociedades cooperativas andaluzas:
a) Libre adhesión y baja voluntaria de los socios y socias.
b) Estructura, gestión y control democráticos.
c) Igualdad de derechos y obligaciones de las personas socias.
d) Participación de los socios y socias en la actividad de la cooperativa, así como en los resultados obtenidos en proporción a dicha actividad.
e) Autonomía e independencia.
f) Promoción de la formación e información de sus miembros.
g) Cooperación empresarial y, en especial, intercooperación.
h) Fomento del empleo estable y de calidad, con singular incidencia en la conciliación de la vida laboral y familiar.
i) Igualdad de género, con carácter transversal al resto de principios.
j) Sostenibilidad empresarial y medioambiental.
k) Compromiso con la comunidad y difusión de estos principios en su entorno.
Datos clave
- La ley enumera once principios, de la letra a) a la k).
- Libre adhesión y baja voluntaria; estructura, gestión y control democráticos.
- Igualdad de derechos y obligaciones de las personas socias.
- Participación en los resultados en proporción a la actividad en la cooperativa.
- Cooperación empresarial y, en especial, intercooperación.
- Fomento del empleo estable y de calidad, con incidencia en la conciliación.
- La igualdad de género tiene carácter transversal al resto de principios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Once principios inspiran a las cooperativas andaluzas, de la libre adhesión a la difusión en el entorno; la igualdad de género es transversal al resto.
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Artículo 13. Cualidad y clases de personas socias.
El artículo 13 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, regula quién puede ser socio y qué clases de personas socias existen.
1. Podrá ser socia de una sociedad cooperativa toda persona física o jurídica, pública o privada, así como las sociedades civiles y las comunidades de bienes y derechos, con las especialidades previstas para algunos tipos de cooperativas en esta ley y su desarrollo reglamentario.
2. En las sociedades cooperativas pueden existir, con carácter general, las siguientes clases de personas socias: comunes, de trabajo, inactivas y colaboradoras.
Datos clave
- Puede ser socia toda persona física o jurídica, pública o privada.
- También pueden serlo las sociedades civiles y las comunidades de bienes y derechos.
- Hay especialidades para algunos tipos de cooperativas.
- Clases de personas socias: comunes, de trabajo, inactivas y colaboradoras.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Puede ser socia cualquier persona física o jurídica, pública o privada, e incluso sociedades civiles y comunidades de bienes; las clases de socios son comunes, de trabajo, inactivos y colaboradores.
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Artículo 26. Órganos sociales.
El artículo 26 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, distingue entre órganos sociales preceptivos y potestativos.
1. Los órganos preceptivos de las sociedades cooperativas para su dirección y administración serán los siguientes:
a) Asamblea General.
b) Órgano de administración, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36 y siguientes.
2. Son órganos potestativos de las sociedades cooperativas, además de los que puedan establecerse estatutariamente con arreglo a los criterios fijados en el artículo 45, el Comité Técnico y la Intervención, a los que se refieren los artículos 43 y 44, respectivamente.
Datos clave
- Órganos preceptivos: la Asamblea General y el órgano de administración.
- El órgano de administración se regula en el artículo 36 y siguientes.
- Órganos potestativos: el Comité Técnico (artículo 43) y la Intervención (artículo 44).
- Pueden crearse otros órganos estatutarios con arreglo al artículo 45.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Toda cooperativa tiene dos órganos obligatorios, Asamblea General y órgano de administración; el Comité Técnico y la Intervención son potestativos, igual que otros que creen los estatutos.
Esquema
| Preceptivos | Potestativos | |
|---|---|---|
| Órganos | Asamblea General y órgano de administración | Comité Técnico, Intervención y otros estatutarios |
| Artículos | Administración: artículo 36 y siguientes | Comité Técnico: 43; Intervención: 44; otros: 45 |
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Artículo 83. Clasificación y normas generales.
El artículo 83 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, clasifica las sociedades cooperativas andaluzas.
1. Las sociedades cooperativas andaluzas se clasifican en:
a) Sociedades cooperativas de primer grado, que a su vez se subdividen en:
1.º Cooperativas de trabajo.
2.º Cooperativas de consumo.
3.º Cooperativas de servicios.
4.º Cooperativas especiales.
b) Sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado, que a su vez se clasifican en:
1.º Homogéneas.
2.º Heterogéneas.
2. Los criterios que determinan la inclusión de cada sociedad cooperativa en uno u otro de los tipos enumerados en el apartado 1 responderán a la cualidad de las personas socias o a la actividad que estas desarrollen en la empresa, en ningún caso, a su objeto social.
3. Las sociedades cooperativas podrán realizar cualquier actividad económico-social lícita, rigiéndose, en primer lugar, por las disposiciones específicas de este título que les sean aplicables y por sus normas de desarrollo, y, en lo no previsto en ellas, por las de carácter general establecidas en la presente ley.
4. Respecto de las sociedades cooperativas de primer grado, con independencia de los contemplados en el presente título, podrán establecerse, reglamentariamente, otros subtipos especiales, siempre y cuando reúnan unas características singulares que aconsejen la aplicación de un régimen jurídico específico.
5. Con independencia de los tipos previstos en el apartado 1, las sociedades cooperativas podrán establecer otras fórmulas de cooperación, con arreglo a lo que se disponga reglamentariamente.
Datos clave
- Las cooperativas de primer grado se subdividen en de trabajo, de consumo, de servicios y especiales.
- Las de segundo o ulterior grado se clasifican en homogéneas y heterogéneas.
- La clasificación responde a la cualidad de las personas socias o a su actividad, nunca al objeto social.
- Pueden realizar cualquier actividad económico-social lícita.
- Se rigen primero por las disposiciones específicas del título y después por las generales de la ley.
- Reglamentariamente pueden crearse otros subtipos especiales de primer grado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las cooperativas andaluzas son de primer grado (trabajo, consumo, servicios y especiales) o de segundo o ulterior grado (homogéneas y heterogéneas); se clasifican por sus socios o su actividad, nunca por el objeto social.
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Artículo 84. Concepto y ámbito.
El artículo 84 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, define las sociedades cooperativas de trabajo.
1. Son sociedades cooperativas de trabajo las que agrupan con la cualidad de socios y socias a personas físicas que, mediante su trabajo en común, realizan cualquier actividad económica de producción de bienes o servicios para terceros. La relación de las personas socias trabajadoras con la cooperativa es de carácter societario.
2. Podrán ser personas socias trabajadoras aquellas que legalmente tengan capacidad para contratar la prestación de sus servicios. Respecto a las personas extranjeras, se estará a lo dispuesto en su legislación específica.
3. Los trabajadores y trabajadoras con contrato laboral por tiempo indefinido con más de un año de antigüedad en la sociedad cooperativa deberán ser admitidos como socias y socios, de solicitarlo conforme al artículo 18. No obstante, estatutariamente, podrá hacerse depender la adquisición de dicha condición a la superación de un periodo de prueba societario, conforme a lo previsto en el artículo siguiente.
Datos clave
- Agrupan a personas físicas que, mediante su trabajo en común, producen bienes o servicios para terceros.
- La relación de las personas socias trabajadoras con la cooperativa es de carácter societario.
- Pueden ser socias trabajadoras quienes tengan capacidad legal para contratar la prestación de sus servicios.
- Los trabajadores indefinidos con más de un año de antigüedad deben ser admitidos como socios si lo solicitan.
- Los estatutos pueden exigir la superación de un período de prueba societario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las cooperativas de trabajo agrupan a personas físicas que trabajan en común para producir bienes o servicios para terceros; su relación con la cooperativa es societaria, no laboral.
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Artículo 115. Interés público de la cooperación. Principios generales.
El artículo 115 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, declara de interés público la promoción del cooperativismo y fija los principios de la actuación pública.
1. La Junta de Andalucía asume como tarea de interés público la promoción, desarrollo y estímulo de las sociedades cooperativas andaluzas, por su carácter de empresas generadoras de democracia económica, así como por su contribución a la vertebración territorial, considerándolas, asimismo, un instrumento privilegiado en orden a canalizar en el ámbito empresarial la actividad emprendedora de la población andaluza. Asimismo, asume como tarea de interés público el fortalecimiento de las estructuras de integración económica y representativa de dichas empresas.
2. La Administración de la Junta de Andalucía actuará en el orden cooperativo, con carácter general, a través de la consejería competente en materia de sociedades cooperativas, sin perjuicio de las facultades de otras consejerías en relación con la actividad empresarial que desarrollen estas entidades para el cumplimiento de su objeto social.
3. La Junta de Andalucía fomentará la formación en las sociedades cooperativas, y con este fin:
a) Formulará programas de formación, promoviendo la participación en ellos de las propias sociedades cooperativas, tanto en lo que atañe a su gestión como en lo referente a su eventual financiación, a través de los respectivos fondos de formación y sostenibilidad.
b) Supervisará las actividades de formación cooperativa realizadas con cargo a su presupuesto.
c) Incluirá la enseñanza del cooperativismo en el sistema educativo en sus distintas clases y niveles y fomentará la creación de cooperativas orientadas a la enseñanza.
4. Serán objeto de especial promoción aquellas sociedades cooperativas que incorporen a su actividad la innovación, contribuyan a la cooperación e integración empresarial o desarrollen su labor con arreglo a principios de sostenibilidad empresarial y mejora medioambiental, conciliación de la vida laboral y familiar, e igualdad de género.
También se prestará especial atención a las empresas cooperativas incluidas en los sectores de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sociosanitario, de interés social, del medio natural, agrario, educacional, cultural y en vías de transformación, pudiendo ampliarse dichos sectores mediante disposición reglamentaria.
Se valorará, singularmente, la capacidad de las sociedades cooperativas de generar empleo estable y de calidad y de contribuir al desarrollo equilibrado del territorio, así como de contribuir a la formación de sus socios y socias, y se promoverá la creación de aquellas que fomenten la ocupación en sectores de población con especiales dificultades para el acceso al mercado laboral. Asimismo, se promoverá la creación y consolidación de sociedades cooperativas cuya actividad consista en la prestación de servicios que satisfagan un interés público o social.
5. Serán objeto de especial promoción aquellas entidades cooperativas, ya sean empresas, o sus asociaciones, que establezcan mecanismos que aseguren efectivamente la presencia equilibrada de socios y socias en sus órganos de dirección.
Datos clave
- La Junta de Andalucía asume como tarea de interés público la promoción, desarrollo y estímulo de las cooperativas andaluzas.
- Las considera empresas generadoras de democracia económica y un instrumento privilegiado para canalizar la actividad emprendedora.
- Actúa en el orden cooperativo a través de la consejería competente en materia de sociedades cooperativas.
- Fomenta la formación con programas, supervisión e inclusión del cooperativismo en el sistema educativo.
- Promociona especialmente las cooperativas innovadoras, sostenibles, conciliadoras y con igualdad de género.
- Atiende especialmente a sectores como las tecnologías de la información, el sociosanitario, el agrario o el educacional.
- Promociona las entidades que aseguran la presencia equilibrada de socios y socias en sus órganos de dirección.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Promover las cooperativas es tarea de interés público para la Junta, por generar democracia económica y vertebrar el territorio; fomenta su formación y promociona especialmente a las innovadoras, sostenibles e igualitarias.
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Artículo 1. Concepto de «sociedad laboral».
El artículo 1 de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, define la sociedad laboral y los requisitos para obtener esa calificación.
1. Las sociedades laborales son aquellas sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que se someten a los preceptos establecidos en la presente ley.
2. Podrán obtener la calificación de «Sociedad Laboral» las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que al menos la mayoría del capital social sea propiedad de trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa, en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido.
b) Que ninguno de los socios sea titular de acciones o participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social, salvo que:
La sociedad laboral se constituya inicialmente por dos socios trabajadores con contrato por tiempo indefinido, en la que tanto el capital social como los derechos de voto estarán distribuidos al cincuenta por ciento, con la obligación de que en el plazo máximo de 36 meses se ajusten al límite establecido en este apartado.
Se trate de socios que sean entidades públicas, de participación mayoritariamente pública, entidades no lucrativas o de la economía social, en cuyo caso la participación podrá superar dicho límite, sin alcanzar el cincuenta por ciento del capital social.
En los supuestos de transgresión sobrevenida de los límites que se indican en los apartados a) y b), la sociedad estará obligada a acomodar a la ley la situación de sus socios, en el plazo de dieciocho meses a contar desde el primer incumplimiento.
c) Que el número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios no sea superior al cuarenta y nueve por ciento del cómputo global de horas-año trabajadas en la sociedad laboral por el conjunto de los socios trabajadores. No computará para el cálculo de este límite el trabajo realizado por los trabajadores con discapacidad de cualquier clase en grado igual o superior al treinta y tres por ciento.
Si fueran superados los límites previstos en este apartado, la sociedad deberá alcanzarlos, de nuevo, en el plazo máximo de doce meses. El órgano del que dependa el Registro de Sociedades Laborales podrá conceder hasta dos prórrogas, por un plazo máximo de doce meses cada una, siempre que se acredite en cada solicitud de prórroga que se ha avanzado en el proceso de adaptación a los límites previstos. El plazo de adaptación en los casos de subrogación legal o convencional de trabajadores será de treinta y seis meses, pudiendo solicitarse igualmente las prórrogas previstas en este apartado.
3. La superación de límites y las circunstancias que originen dicha situación, así como su adaptación posterior a la ley, deberán ser comunicadas al Registro de Sociedades Laborales, en el plazo de un mes desde que se produzcan, a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 15 de la presente ley.
Datos clave
- Pueden ser sociedades laborales las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada.
- Al menos la mayoría del capital debe pertenecer a trabajadores con relación laboral por tiempo indefinido.
- Ningún socio puede tener más de la tercera parte del capital, salvo excepciones.
- Excepción: constitución por dos socios trabajadores al cincuenta por ciento, con 36 meses para ajustarse.
- Las entidades públicas, no lucrativas o de economía social pueden superar el tercio sin alcanzar el cincuenta por ciento.
- La transgresión sobrevenida de los límites de capital debe corregirse en dieciocho meses.
- Las horas-año de los trabajadores indefinidos no socios no pueden superar el cuarenta y nueve por ciento; si se superan, hay doce meses, con hasta dos prórrogas de doce meses.
- La superación de límites se comunica al Registro de Sociedades Laborales en el plazo de un mes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Una sociedad anónima o limitada es laboral si la mayoría del capital es de trabajadores indefinidos, nadie supera un tercio del capital y los indefinidos no socios no pasan del 49 % de las horas de los socios trabajadores. Cada límite tiene su plazo de ajuste.
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Artículo 2. Competencia administrativa.
El artículo 2 de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, atribuye la competencia administrativa sobre la calificación de sociedad laboral.
1. Corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social o, en su caso, a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los correspondientes traspasos de funciones y servicios en materia de calificación y registro de sociedades laborales, el otorgamiento de la calificación de «Sociedad Laboral», así como el control del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley y, en su caso, la facultad de resolver sobre la descalificación. La calificación otorgada por una autoridad competente tendrá plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que la sociedad realice ningún trámite adicional o cumpla nuevos requisitos.
A tal efecto se llevarán a cabo actuaciones de armonización, colaboración e información entre el Registro del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Registro Mercantil y los Registros de las Comunidades Autónomas. En particular, el Registro del Ministerio, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas, integrará en una base de datos común la información que obre en los distintos registros autonómicos que sea necesaria para el ejercicio de las competencias de supervisión y control.
2. La calificación de «Sociedad Laboral» se otorgará previa solicitud de la sociedad, a la que acompañará la documentación que se determine reglamentariamente. En todo caso, las sociedades de nueva constitución aportarán copia autorizada de la correspondiente escritura, en la que conste expresamente la voluntad de los otorgantes de fundar una sociedad laboral.
Si la sociedad es preexistente, deberá aportar certificación literal del Registro Mercantil sobre los asientos vigentes relativos a la misma, copia autorizada de la escritura de elevación a público de los acuerdos de la Junta General favorables a la calificación de sociedad laboral y a la modificación de los artículos de sus estatutos para adaptarlos a lo previsto en esta ley, así como del Libro registro de acciones nominativas o del Libro registro de socios que refleje la titularidad de las acciones o participaciones.
3. Los trámites necesarios para la calificación e inscripción de una sociedad como sociedad laboral podrán realizarse a través de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos que se habiliten al efecto.
4. La calificación prevista en el presente artículo no será de aplicación a lo establecido en el capítulo III de la presente ley.
Datos clave
- La calificación corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social o a las Comunidades Autónomas con traspasos en la materia.
- La misma autoridad controla los requisitos y resuelve sobre la descalificación.
- La calificación tiene plena eficacia en todo el territorio nacional sin trámites adicionales.
- El Registro del Ministerio integra en una base de datos común la información de los registros autonómicos.
- La calificación se otorga previa solicitud de la sociedad.
- Las sociedades de nueva constitución aportan la escritura con la voluntad expresa de fundar una sociedad laboral.
- Los trámites pueden hacerse por medios electrónicos, y la calificación no se aplica al capítulo III.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Califica, controla y descalifica a las sociedades laborales el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o la Comunidad Autónoma con traspasos; la calificación vale en todo el territorio nacional y se pide con la documentación de la sociedad.
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Artículo 5. Capital social. Clases de acciones y participaciones.
El artículo 5 de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, regula el capital social y las clases de acciones y participaciones.
1. El capital social estará dividido en acciones nominativas o en participaciones sociales. Las acciones y participaciones, sean de la clase que sean, tendrán el mismo valor nominal y conferirán los mismos derechos económicos, sin que sea válida la creación de acciones o participaciones privadas del derecho de voto.
2. Las acciones y participaciones de las sociedades laborales se dividirán en dos clases: las que sean propiedad de los trabajadores cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido y las restantes. La primera clase se denominará «clase laboral» y la segunda «clase general». La sociedad laboral podrá ser titular de acciones y participaciones de ambas clases.
3. En los supuestos de transmisión de acciones o participaciones que supongan un cambio de clase por razón de su propietario, los administradores sin necesidad de acuerdo de la Junta General procederán a formalizar la modificación del artículo o artículos de los estatutos a los que ello afecte, otorgando la pertinente escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil, una vez inscrita en el Registro de Sociedades Laborales.
4. La memoria anual de las sociedades laborales recogerá las variaciones de capital social que haya experimentado dicha sociedad durante el ejercicio económico de referencia.
Datos clave
- El capital se divide en acciones nominativas o en participaciones sociales.
- Todas tienen el mismo valor nominal y los mismos derechos económicos.
- No es válida la creación de acciones o participaciones sin derecho de voto.
- Hay dos clases: «clase laboral» (trabajadores indefinidos) y «clase general» (las restantes).
- Ante un cambio de clase, los administradores modifican los estatutos sin acuerdo de la Junta General.
- La escritura se inscribe en el Registro Mercantil tras su inscripción en el Registro de Sociedades Laborales.
- La memoria anual recoge las variaciones del capital social del ejercicio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El capital de la sociedad laboral se divide en acciones nominativas o participaciones de igual valor nominal y derechos económicos, todas con voto, en dos clases: laboral, de los trabajadores indefinidos, y general, las restantes.
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Artículo 15. Pérdida de la calificación.
El artículo 15 de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, regula la pérdida de la calificación de sociedad laboral.
1. Serán causas legales de pérdida de la calificación como «Sociedad Laboral» las siguientes:
1.ª La superación de los límites establecidos en el artículo 1, sin perjuicio de las excepciones previstas en el mismo.
2.ª La falta de dotación, la dotación insuficiente o la aplicación indebida de la reserva especial.
2. Verificada la existencia de causa legal de pérdida de la calificación, cuando no se haya comunicado conforme al apartado 3 del artículo 1, o en el caso de comunicación cuando hayan transcurrido los plazos de adaptación previstos en dicho artículo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, tras la instrucción del oportuno expediente, descalificará a la sociedad como «Sociedad Laboral», ordenando su baja en el Registro de Sociedades Laborales. Efectuado el correspondiente asiento, se remitirá certificación de la resolución y de la baja al Registro Mercantil para la práctica de nota marginal en la hoja abierta a la sociedad.
3. El procedimiento se ajustará a lo que se disponga en la normativa a que se hace referencia en la disposición final cuarta de esta ley.
4. La sociedad también perderá la calificación de laboral por acuerdo de la Junta General, adoptado con los requisitos y las mayorías establecidas para la modificación de los estatutos.
5. La descalificación como laboral conllevará la pérdida y el reintegro de los beneficios y ayudas públicas, adquiridos como consecuencia de su condición de sociedad laboral desde el momento en el que la sociedad incurra en la causa de descalificación.
6. Los Estatutos sociales podrán establecer como causa de disolución la pérdida de la condición de «Sociedad Laboral» de la sociedad.
Datos clave
- Causas legales: superar los límites del artículo 1 y la falta, insuficiencia o aplicación indebida de la reserva especial.
- La descalificación procede si no se comunicó la superación o si transcurrieron los plazos de adaptación.
- La acuerda el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o el órgano autonómico competente, tras expediente, con baja en el Registro de Sociedades Laborales.
- Se remite certificación al Registro Mercantil para nota marginal.
- También se pierde por acuerdo de la Junta General con los requisitos y mayorías de la modificación de estatutos.
- Conlleva la pérdida y el reintegro de los beneficios y ayudas públicas desde que se incurre en la causa.
- Los estatutos pueden prever la pérdida de la condición como causa de disolución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La sociedad pierde la calificación de laboral por superar los límites del artículo 1, por fallos en la reserva especial o por acuerdo de su Junta General; la descalificación obliga a devolver beneficios y ayudas públicas.
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Artículo 83. Unidades de negociación.
1. Los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden.
2. Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de comunidad autónoma, podrán establecer, mediante acuerdos interprofesionales, cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando, en su caso, las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito.
Estas cláusulas podrán igualmente pactarse en convenios o acuerdos colectivos sectoriales, de ámbito estatal o autonómico, por aquellos sindicatos y asociaciones empresariales que cuenten con la legitimación necesaria, de conformidad con lo establecido en esta ley.
3. Dichas organizaciones de trabajadores y empresarios podrán igualmente elaborar acuerdos sobre materias concretas. Estos acuerdos, así como los acuerdos interprofesionales a que se refiere el apartado 2, tendrán el tratamiento de esta ley para los convenios colectivos.
Datos clave
- Los convenios colectivos tienen el ámbito de aplicación que acuerden las partes.
- Las organizaciones más representativas, estatales o autonómicas, pueden fijar por acuerdos interprofesionales la estructura de la negociación colectiva.
- Esos acuerdos pueden fijar las reglas para resolver la concurrencia entre convenios de distinto ámbito.
- Las cláusulas también pueden pactarse en convenios o acuerdos sectoriales estatales o autonómicos.
- Los acuerdos interprofesionales y sobre materias concretas reciben el tratamiento legal de los convenios colectivos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los convenios tienen el ámbito que pacten las partes. Las organizaciones más representativas, estatales o autonómicas, pueden ordenar la estructura de la negociación por acuerdos interprofesionales, que se tratan como convenios.
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Artículo 91. Aplicación e interpretación del convenio colectivo.
1. Sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la jurisdicción social, el conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos corresponderá a la comisión paritaria de los mismos.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en los convenios colectivos y en los acuerdos a que se refiere el artículo 83.2 y 3, se podrán establecer procedimientos, como la mediación y el arbitraje, para la solución de las controversias colectivas derivadas de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos. El acuerdo logrado a través de la mediación y el laudo arbitral tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que los convenios colectivos regulados en esta ley, siempre que quienes hubiesen adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un convenio colectivo conforme a lo previsto en los artículos 87, 88 y 89.
Estos acuerdos y laudos serán susceptibles de impugnación por los motivos y conforme a los procedimientos previstos para los convenios colectivos. Específicamente cabrá el recurso contra el laudo arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto, o cuando el laudo hubiese resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión.
3. En los supuestos de conflicto colectivo relativo a la interpretación o aplicación del convenio deberá intervenir la comisión paritaria del mismo con carácter previo al planteamiento formal del conflicto en el ámbito de los procedimientos no judiciales a que se refiere el apartado anterior o ante el órgano judicial competente.
4. Las resoluciones de la comisión paritaria sobre interpretación o aplicación del convenio tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que los convenios colectivos regulados en esta ley.
5. Los procedimientos de solución de conflictos a que se refiere este artículo serán, asimismo, de aplicación en las controversias de carácter individual, cuando las partes expresamente se sometan a ellos.
Datos clave
- La aplicación e interpretación de los convenios corresponde a su comisión paritaria, sin perjuicio de la jurisdicción social.
- Convenios y acuerdos del artículo 83.2 y 3 pueden establecer la mediación y el arbitraje para las controversias colectivas.
- El acuerdo de mediación y el laudo arbitral tienen la eficacia de un convenio si las partes tienen legitimación según los artículos 87, 88 y 89.
- Cabe recurso contra el laudo si no se observaron requisitos y formalidades o si resolvió puntos no sometidos.
- En conflicto colectivo sobre el convenio interviene la comisión paritaria con carácter previo.
- Estos procedimientos se aplican a controversias individuales si las partes se someten expresamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las dudas de aplicación e interpretación del convenio las conoce la comisión paritaria, que debe intervenir antes de plantear un conflicto colectivo. Mediación y arbitraje pueden pactarse y sus resultados valen como un convenio si firman legitimados.
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Artículo 2. Definición de la política de empleo.
El artículo 2 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, define la política de empleo y sus dos componentes.
1. Integran la política de empleo las políticas activas de empleo y las políticas de protección frente al desempleo, cuyo diseño y ejecución deberán coordinarse mediante la colaboración de las Administraciones públicas con competencias en la materia y con la participación de los interlocutores sociales.
2. Conforman las políticas activas de empleo el conjunto de decisiones, medidas, servicios y programas orientados a la contribución a la mejora de la empleabilidad y reducción del desempleo, al pleno desarrollo del derecho al empleo digno, estable y de calidad, a la generación de trabajo decente y a la consecución del objetivo de pleno empleo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 40 de la Constitución y en el marco de la estrategia coordinada para el empleo de la Unión Europea. La eficacia de la política de pleno empleo se referirá al cumplimiento de los objetivos señalados por la política europea de empleo.
3. Conforman las políticas de protección frente al desempleo el conjunto de prestaciones y subsidios orientados a la protección económica de las situaciones de desempleo, de conformidad con lo previsto por el artículo 41 de la Constitución.
Datos clave
- La política de empleo la integran las políticas activas de empleo y las de protección frente al desempleo.
- Su diseño y ejecución se coordinan entre las Administraciones competentes con participación de los interlocutores sociales.
- Las políticas activas buscan mejorar la empleabilidad, reducir el desempleo y alcanzar el pleno empleo.
- Se basan en los artículos 35 y 40 de la Constitución y en la estrategia coordinada para el empleo de la Unión Europea.
- Las políticas de protección frente al desempleo son prestaciones y subsidios conforme al artículo 41 de la Constitución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La política de empleo tiene dos piezas: las políticas activas (empleabilidad y pleno empleo, arts. 35 y 40 CE) y las de protección frente al desempleo (prestaciones y subsidios, art. 41 CE), coordinadas entre Administraciones.
Esquema
| Políticas activas | Protección frente al desempleo | |
|---|---|---|
| Qué son | Decisiones, medidas, servicios y programas | Prestaciones y subsidios |
| Para qué | Empleabilidad, reducir el desempleo, pleno empleo | Protección económica de las situaciones de desempleo |
| Constitución | Artículos 35 y 40 | Artículo 41 |
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Artículo 4. Objetivos de la política de empleo.
El artículo 4 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, enumera en quince letras, de la a) a la ñ), los objetivos de la política de empleo:
a) Favorecer las condiciones para la generación de mercados de trabajo inclusivos en que se garantice la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso al empleo y en las acciones orientadas a conseguirlo, procurando, en particular, la presencia equilibrada de personas trabajadoras de ambos sexos en cualesquiera sectores, actividades o profesiones, así como condiciones laborales compatibles con la corresponsabilidad de los trabajos de cuidados.
b) El impulso a la creación de empleos de calidad y estables que faciliten la transición hacia un mercado de trabajo más eficiente que a su vez garantice niveles adecuados de bienestar económico para las personas trabajadoras, de acuerdo a sus circunstancias individuales y familiares.
c) El mantenimiento del empleo y la progresión profesional de las personas ocupadas, mediante la mejora y la actualización preventivas y activas de sus cualificaciones a través de la formación en el trabajo, así como la difusión de nuevos yacimientos de empleo, especialmente en el caso de sectores, enclaves o empresas en proceso de reconversión.
d) La ampliación y mejora de las cualificaciones, competencias, habilidades y empleabilidad de personas desempleadas y ocupadas, señaladamente mediante la detección y atención de sus necesidades e intereses formativos y de readaptación profesional, singularmente, en el ámbito de las entidades de la economía social, así como la adaptación de su perfil profesional a las demandas de empresas y sectores productivos.
e) La atención especializada de colectivos prioritarios para las políticas de empleo y la eliminación de cualquier clase de discriminación asegurando políticas adecuadas de incorporación laboral dirigidas a los citados colectivos.
f) La adecuación, cuantitativa y cualitativa, de oferta y demanda de empleo, mediante la implementación de servicios de intermediación y colocación eficientes orientados a la prospección y captación de ofertas de trabajo y a la redirección de estas últimas a las personas candidatas más idóneas.
g) La dotación de un servicio integrado de información de los servicios de empleo, garantizando la protección de datos personales y los derechos digitales de las personas usuarias.
h) La promoción de la movilidad funcional y sectorial, favoreciendo el tránsito hacia profesiones y actividades en proceso de crecimiento.
i) El acompañamiento, personal e individualizado, en su caso en colaboración con los servicios sociales, sanitarios y educativos durante los procesos de inserción en el mercado laboral y de transición entre formación y empleo o entre empleos.
j) La garantía de la libre circulación de las personas trabajadoras, en el ámbito estatal y en el marco del Espacio Económico Europeo, facilitando e impulsando su movilidad geográfica.
k) Su articulación con el fenómeno migratorio, favoreciendo siempre la integración social de la población inmigrante, en particular de las personas jóvenes extuteladas en su transición hacia la autonomía.
l) El fomento de iniciativas de emprendimiento y de economía social viables, mediante el desarrollo de actividades de prospección, asesoramiento, información y auditoría de la viabilidad de los proyectos.
m) El mantenimiento de un nivel de vida digno durante el proceso de búsqueda de ocupación, a través de un sistema eficaz de protección ante situaciones de desempleo o cese de actividad.
n) La anticipación a las necesidades de generación de empleo mediante la programación de actuaciones a medio y largo plazo.
ñ) La atención y asesoramiento a las personas, empresas y demás entidades empleadoras, así como la prospección de necesidades del tejido productivo.
Datos clave
- Primer objetivo: mercados de trabajo inclusivos, con igualdad de oportunidades y presencia equilibrada de ambos sexos.
- Se impulsa la creación de empleos de calidad y estables y el mantenimiento del empleo mediante formación en el trabajo.
- Se busca la atención especializada de los colectivos prioritarios y la eliminación de toda discriminación.
- Se persigue adecuar oferta y demanda mediante servicios de intermediación y colocación eficientes.
- Se garantiza la libre circulación de trabajadores en el ámbito estatal y en el Espacio Económico Europeo.
- Se fomentan el emprendimiento y la economía social viables.
- Se mantiene un nivel de vida digno mediante la protección ante el desempleo o el cese de actividad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quince objetivos, de la a) a la ñ): mercados inclusivos, empleo de calidad, formación, colectivos prioritarios, intermediación, movilidad, emprendimiento, protección ante el desempleo y anticipación, entre otros.
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Artículo 5. Principios rectores de la política de empleo.
El artículo 5 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, establece los principios rectores de la política de empleo:
a) Los principios de igualdad y no discriminación en el acceso y consolidación del empleo y desarrollo profesional por motivo de edad, sexo, discapacidad, salud, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, opinión política, afiliación sindical, así como por razón de lengua, dentro del Estado español o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social favoreciendo de esta manera la cohesión social. Tales principios regirán, en particular, el diseño y ejecución de las políticas de empleo, la garantía y cumplimiento de los servicios garantizados y compromisos reconocidos en esta ley, así como el acceso a los servicios de empleo, básicos y complementarios, y otros programas o actuaciones orientados a la inserción, permanencia o progresión en el mercado de trabajo.
b) El principio de transparencia en el funcionamiento del mercado de trabajo, a cuyos efectos deberán difundirse, a través del Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo, las políticas de empleo diseñadas, en los diferentes niveles, por las Administraciones competentes en la materia, los servicios de empleo, básicos y complementarios, prestados, así como las ofertas y demandas de empleo gestionadas.
c) Los principios de colaboración institucional y coordinación entre la Agencia Española de Empleo, los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y las demás Administraciones públicas con competencias en la materia, en el marco de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo y la Estrategia coordinada para el empleo de la Unión Europea, promoviendo la cohesión y el equilibrio territorial y garantizando la igualdad de acceso a las políticas activas de empleo a cualquier persona en todo el Estado.
d) Los principios de adaptación, acompañamiento y activación, a fin de promover una atención personalizada adecuada a las necesidades de las personas y empresas usuarias de los servicios públicos de empleo, así como la activación laboral de la población en edad de trabajar.
e) Los principios de eficacia y eficiencia en el diseño y ejecución de las políticas de empleo, así como en la prestación de los servicios de empleo, básicos y complementarios, a las personas demandantes y personas, empresas u otras entidades empleadoras usuarias, a cuyos efectos se establecerán las correspondientes herramientas de seguimiento y control de calidad.
f) El principio de adecuación a las características del territorio, teniendo en cuenta la realidad del mercado de trabajo, las peculiaridades locales y sectoriales y los actores socioeconómicos.
Estos principios informarán, a su vez, todas las actuaciones de las entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo.
Datos clave
- Principios de igualdad y no discriminación en el acceso, consolidación del empleo y desarrollo profesional.
- Principio de transparencia, con difusión a través del Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo.
- Principios de colaboración institucional y coordinación entre la Agencia Española de Empleo, los servicios autonómicos y las demás Administraciones.
- Principios de adaptación, acompañamiento y activación.
- Principios de eficacia y eficiencia, con herramientas de seguimiento y control de calidad.
- Principio de adecuación a las características del territorio.
- Los principios informan también las actuaciones de las entidades colaboradoras.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Seis letras de principios rectores: igualdad y no discriminación; transparencia; colaboración y coordinación; adaptación, acompañamiento y activación; eficacia y eficiencia; y adecuación al territorio. Vinculan también a las entidades colaboradoras.
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Artículo 7. Dimensión autonómica y local de la política de empleo.
El artículo 7 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, regula la dimensión autonómica y local de la política de empleo.
1. La política de empleo, en su diseño y modelo de gestión, deberá tener en cuenta su dimensión autonómica y local para ajustarla a las necesidades del territorio y de las personas y entidades usuarias de los servicios de empleo. En particular, y sin perjuicio de facilitar e impulsar la movilidad geográfica, se favorecerán las iniciativas de generación de empleo en esos ámbitos y se garantizará la atención personalizada, especializada y continuada de las personas demandantes de los servicios y de las personas, empresas y demás entidades empleadoras usuarias de los mismos.
2. En su ámbito territorial, corresponde a las Comunidades Autónomas, de conformidad con la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía, el desarrollo de la política de empleo, el fomento del empleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y medidas que les hayan sido transferidos, así como de los programas comunes que se establezcan, conjuntamente con el desarrollo y diseño de los programas propios adaptados a las características territoriales.
3. Corresponde a las Corporaciones Locales, en el marco de sus competencias, la colaboración y cooperación con las demás administraciones para el logro de los objetivos del artículo 4 y demás contenidos en la legislación de referencia, siendo de especial relevancia el desarrollo de la dimensión local de la política de empleo.
Los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, en ejecución de los servicios y programas de políticas activas de empleo, podrán establecer los mecanismos de colaboración oportunos con las entidades locales. Se reconoce la singularidad institucional de las Corporaciones Locales en la puesta en marcha y desarrollo de las políticas de empleo, que se articulará a través del principio de cooperación y de convenios con otras Administraciones.
Las entidades locales podrán participar en el proceso de concertación territorial de las políticas activas de empleo, mediante su representación y participación en los órganos de participación institucional de ámbito autonómico que cada Comunidad Autónoma decida en ejercicio de su competencia.
Los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas serán los responsables de trasladar al marco del Sistema Nacional de Empleo la dimensión territorial de las políticas activas de empleo y de determinar la representación de las entidades locales en los órganos de participación institucional de ámbito autonómico.
Datos clave
- La política de empleo debe tener en cuenta su dimensión autonómica y local.
- Se garantiza una atención personalizada, especializada y continuada a demandantes y entidades empleadoras.
- A las Comunidades Autónomas corresponden el desarrollo de la política de empleo, el fomento del empleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas transferidos y comunes.
- Las Comunidades Autónomas también diseñan programas propios adaptados a su territorio.
- A las Corporaciones Locales corresponde colaborar y cooperar para los objetivos del artículo 4, con especial relevancia de la dimensión local.
- La singularidad institucional local se articula mediante el principio de cooperación y convenios.
- Los servicios autonómicos trasladan la dimensión territorial al Sistema Nacional de Empleo y determinan la representación local en sus órganos de participación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La política de empleo se ajusta al territorio: las Comunidades Autónomas la desarrollan y ejecutan la legislación laboral, y las Corporaciones Locales colaboran y cooperan, con singularidad institucional reconocida.
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Artículo 23. Definición y competencias.
El artículo 23 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, define los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas y sus competencias.
1. Son servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas aquellos órganos o entidades a los que, en sus respectivos ámbitos, corresponde la gestión y desarrollo de las políticas activas de empleo, así como garantizar la prestación de los servicios de empleo, comunes y complementarios, previstos en esta ley.
2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas podrán recurrir, a efectos de prestación de los servicios de empleo, comunes y complementarios, a Corporaciones Locales o a otras entidades, públicas o privadas, que colaboren con los mismos. A tal efecto, las normativas autonómicas podrán desarrollar la cartera complementaria de servicios de empleo, así como la implantación y desarrollo de sus propios programas de empleo y de fomento de la actividad económica en su ámbito territorial.
3. En los términos previstos por la respectiva normativa autonómica, los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas elaborarán los instrumentos de diseño, planificación y coordinación de la política autonómica de empleo, elaborados en coordinación con la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, el Plan Anual, las Orientaciones Específicas y la Estrategia Europea de Empleo.
4. Los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas participarán en la elaboración de la estrategia e instrumentos de planificación y coordinación de la política estatal de empleo en los términos previstos en la presente ley.
Datos clave
- Los servicios públicos de empleo autonómicos gestionan y desarrollan las políticas activas de empleo.
- Garantizan la prestación de los servicios de empleo, comunes y complementarios.
- Pueden recurrir a Corporaciones Locales u otras entidades públicas o privadas colaboradoras.
- Las normativas autonómicas pueden desarrollar la cartera complementaria de servicios y programas propios.
- Elaboran los instrumentos de la política autonómica en coordinación con la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, el Plan Anual, las Orientaciones Específicas y la Estrategia Europea de Empleo.
- Participan en la elaboración de la estrategia e instrumentos de la política estatal de empleo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los servicios públicos de empleo autonómicos gestionan las políticas activas y garantizan los servicios de empleo; pueden apoyarse en entidades colaboradoras, planifican la política autonómica y participan en la estatal.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 31. Concepto de las políticas activas de empleo.
El artículo 31 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, define las políticas activas de empleo.
Se entiende por políticas activas de empleo el conjunto de servicios y programas de orientación, intermediación, empleo, formación en el trabajo y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento dirigidas a impulsar la creación de empleo y a mejorar las posibilidades de acceso a un empleo digno, por cuenta ajena o propia, de las personas demandantes de los servicios de empleo, al mantenimiento y mejora de su empleabilidad y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.
Elevar la empleabilidad de las personas demandantes de los servicios de empleo, reducir las brechas de género, y conseguir el ajuste simultáneo entre oferta y demanda de empleo, a través de una mayor fluidez de la información y de unos servicios de empleo eficaces y eficientes, serán objetivos prioritarios de las políticas activas. En particular, se deberá garantizar, a las personas pertenecientes a colectivos prioritarios para la política de empleo, la prestación de los servicios especializados para facilitar su inserción laboral o, en su caso, el mantenimiento del empleo y la promoción profesional.
Datos clave
- Las políticas activas son servicios y programas de orientación, intermediación, empleo, formación en el trabajo y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
- Buscan impulsar la creación de empleo y el acceso a un empleo digno, por cuenta ajena o propia.
- También persiguen la empleabilidad y el fomento del espíritu empresarial y de la economía social.
- Objetivos prioritarios: elevar la empleabilidad, reducir las brechas de género y ajustar oferta y demanda.
- A los colectivos prioritarios se les garantizan servicios especializados de inserción, mantenimiento del empleo y promoción profesional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las políticas activas son servicios y programas de orientación, intermediación, empleo, formación en el trabajo y asesoramiento al emprendimiento; sus objetivos prioritarios son empleabilidad, brechas de género y ajuste entre oferta y demanda.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 32. Desarrollo de las políticas activas de empleo.
El artículo 32 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, regula el desarrollo de las políticas activas de empleo.
1. Las políticas activas deberán desarrollarse en todo el Estado, en el marco de los instrumentos de planificación y coordinación de la política de empleo incluidos en el capítulo III del título I de la ley, teniendo en cuenta la cartera común y los servicios complementarios prestados por los Servicios del Sistema Nacional de Empleo y los requerimientos de los mercados de trabajo locales, con objeto de favorecer la colocación de las personas demandantes de empleo.
2. Los servicios y programas de políticas activas de empleo se diseñarán y llevarán a cabo por la Agencia Española de Empleo y los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
3. Los recursos económicos destinados a las políticas activas de empleo serán gestionados, en el ámbito de sus respectivas competencias, por esos servicios públicos de empleo. Los servicios y programas podrán ser gestionados directamente por ellos o mediante la colaboración público-privada o público-pública, a través de la suscripción de contratos-programa, la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, especialmente mediante la suscripción de acuerdos marco, suscripción de convenios o cualquier otra forma jurídica ajustada a Derecho.
4. Anualmente, la Agencia Española de Empleo y los servicios autonómicos elevarán a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales una memoria sobre el gasto, incluido el necesario para la gestión del sistema, y los resultados de las políticas activas de empleo en el conjunto del Estado, con el objetivo de otorgar mayor transparencia, compartir buenas prácticas y mejorar la eficacia y eficiencia del gasto. El seguimiento y evaluación de los resultados, realizados conforme al Título VI de la ley, se recogerán en el Informe Conjunto sobre el empleo, que permitirá definir las orientaciones y recomendaciones para el fomento del empleo digno y plantear las mejoras necesarias.
5. La Agencia Española de Empleo y los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas podrán celebrar contratos-programa para la ejecución de políticas activas de empleo con otras entidades del sector público, singularmente con entidades locales y universidades públicas, así como con las cámaras de comercio, industria, servicios y, en su caso, navegación. Estos contratos-programa gozarán de naturaleza administrativa, quedando excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre que no tengan la consideración de contratos públicos de acuerdo con la misma. En todo caso, se garantizarán los principios de publicidad, objetividad, transparencia y no discriminación.
Los contratos-programa tendrán el siguiente contenido mínimo:
a) Descripción de los servicios y programas de políticas activas de empleo objeto del contrato-programa.
b) Objetivos concretos que se pretenden alcanzar.
c) Compromisos y obligaciones de las partes.
d) Financiación; la aportación que realice la Agencia Española de Empleo o el servicio público de empleo autonómico correspondiente no tendrá carácter subvencional, estando sometida a los controles interno y externo establecidos en la legislación presupuestaria.
e) Sistema de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos.
f) Periodo de vigencia, el cual no podrá superar los cuatro años.
g) Causas de resolución del contrato-programa.
La celebración de los contratos-programa corresponderá, en la Agencia Española de Empleo, a la persona titular de su Dirección y, en los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, a la persona titular del órgano que establezcan sus normas de organización.
Datos clave
- Las políticas activas se diseñan y ejecutan por la Agencia Española de Empleo y los servicios de empleo autonómicos según sus competencias.
- Pueden gestionarse directamente o mediante colaboración público-privada o público-pública: contratos-programa, subvenciones, contratación, acuerdos marco o convenios.
- Anualmente se eleva a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales una memoria sobre el gasto y los resultados.
- El seguimiento y la evaluación se recogen en el Informe Conjunto sobre el empleo.
- Los contratos-programa tienen naturaleza administrativa y quedan excluidos de la Ley 9/2017 si no son contratos públicos.
- Su vigencia no puede superar los cuatro años y la aportación no tiene carácter subvencional.
- En la Agencia los celebra la persona titular de su Dirección.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las políticas activas las diseñan y ejecutan la Agencia Española de Empleo y los servicios autonómicos, directamente o en colaboración; memoria anual a la Conferencia Sectorial y contratos-programa de máximo cuatro años.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 50. Colectivos de atención prioritaria para la política de empleo.
El artículo 50 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, regula los colectivos de atención prioritaria para la política de empleo.
1. El Gobierno y las Comunidades Autónomas adoptarán, de acuerdo con los preceptos constitucionales y estatutarios, así como con los compromisos asumidos en el ámbito de la Unión Europea y en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades para el acceso y mantenimiento del empleo y para el desarrollo de su empleabilidad, con el objeto de promover una atención específica hacia las personas integrantes de los mismos en la planificación, diseño y ejecución de las políticas de empleo.
Se considerarán colectivos vulnerables de atención prioritaria, a los efectos de esta ley, a las personas jóvenes especialmente con baja cualificación, personas en desempleo de larga duración, personas con discapacidad, personas con capacidad intelectual límite, personas con trastornos del espectro autista, personas LGTBI, en particular trans, personas mayores de cuarenta y cinco años, personas migrantes, personas beneficiarias de protección internacional y solicitantes de protección internacional en los términos establecidos en la normativa específica aplicable, personas víctimas de trata de seres humanos, mujeres con baja cualificación, mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social, personas gitanas, o pertenecientes a otros grupos poblacionales étnicos o religiosos, personas trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración, personas afectadas por drogodependencias y otras adicciones, personas víctimas del terrorismo, así como personas cuya guardia y tutela sea o haya sido asumida por las Administraciones públicas, personas descendientes en primer grado de las mujeres víctimas de violencia de género y personas adultas con menores de dieciséis años o mayores dependientes a cargo, especialmente si constituyen familias monomarentales y monoparentales, entre otros colectivos de especial vulnerabilidad, que son de atención prioritaria en las políticas activas de empleo, u otros que se puedan determinar en el marco del Sistema Nacional de Empleo. Asimismo, los programas específicos y las medidas de acción positiva se reforzarán en los supuestos en que se produzcan situaciones de interseccionalidad.
Respecto al colectivo de personas con discapacidad, se reconocerá como personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo: las personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud mental, con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento; así como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.
2. Teniendo en cuenta las especiales circunstancias de estos colectivos, corresponde al Sistema Nacional de Empleo, en sus distintos niveles territoriales y funcionales y de manera coordinada y articulada, asegurar el diseño de itinerarios individuales y personalizados de empleo que combinen las diferentes medidas y políticas, debidamente ordenadas y ajustadas al perfil profesional de las personas que los integran y a sus necesidades específicas. Cuando ello sea necesario, los servicios públicos de empleo se coordinarán con los servicios sociales mediante protocolos de coordinación aprobados para tal fin.
La condición de colectivo prioritario determinará el establecimiento de objetivos cuantitativos y cualitativos, con perspectiva de género, que deberán establecerse simultáneamente a la identificación. Periódicamente, en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se evaluará la evolución del cumplimiento de tales objetivos, a los efectos de proseguir con las mismas acciones o adaptarlas. En la medida de lo posible, los objetivos se establecerán de forma desagregada para cada uno de los colectivos prioritarios. Con el fin de garantizar una atención integral, se fortalecerá la coordinación con los servicios sociales.
3. Los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la particular atención que deberán prestar a los colectivos considerados como prioritarios, podrán identificar los suyos propios, con la finalidad de prestarles una atención diferenciada a la vista de las peculiaridades de los distintos territorios, siendo igualmente financiados como los establecidos en el apartado 1.
4. Reglamentariamente se podrá adaptar la relación de colectivos vulnerables de atención prioritaria a la realidad socio-laboral de cada territorio y de cada momento y se concretará, cuando sea preciso, la forma de identificar la pertenencia a tales colectivos.
Datos clave
- El Gobierno y las Comunidades Autónomas adoptarán programas específicos para personas con especiales dificultades de acceso y mantenimiento del empleo.
- Son colectivos prioritarios, entre otros, jóvenes con baja cualificación, desempleados de larga duración, personas con discapacidad y mayores de cuarenta y cinco años.
- Con mayores dificultades: parálisis cerebral, trastorno de la salud mental, discapacidad intelectual o autismo con grado igual o superior al 33 por ciento.
- También la discapacidad física o sensorial con grado igual o superior al 65 por ciento.
- El Sistema Nacional de Empleo asegura itinerarios individuales y personalizados de empleo.
- Se fijan objetivos cuantitativos y cualitativos con perspectiva de género, evaluados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
- Las Comunidades Autónomas pueden identificar colectivos prioritarios propios, financiados igual que los estatales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno y las CCAA adoptan programas específicos para colectivos vulnerables de atención prioritaria; la ley da una lista abierta, fija umbrales de discapacidad del 33 y 65 por ciento y exige itinerarios personalizados.