Tema 90: La Administración laboral del Estado: Organización y funciones. La Administración laboral autonómica: organización y funciones. La Inspección de Trabajo: Funciones y ámbito de actuación. La potestad sancionadora de la Administración en materia laboral.
Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
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- Constitución Española
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
- Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social
- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
- Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de Creación del Servicio Andaluz de Empleo
- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
- Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDLeg)
- Real Decreto 501/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
- Real Decreto 502/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo
- Decreto 195/2026, de 30 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Constitución Española · Art. 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3.ª Relaciones internacionales. 4.ª Defensa y Fuerzas Armadas. 5.ª Administración de Justicia. 6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. 8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14.ª Hacienda general y Deuda del Estado. 15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. 20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 25.ª Bases de régimen minero y energético. 26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. 28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31.ª Estadística para fines estatales. 32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- ¿En qué apartado del artículo 149.1 está la seguridad pública? → En la 29.ª, sin perjuicio de la creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que establezcan sus Estatutos, en el marco de una ley orgánica.
- ¿Qué materias incluye la regla 18.ª del artículo 149.1? → Bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, procedimiento administrativo común, expropiación forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones.
- ¿Qué dice el último inciso del artículo 149.3? → Que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
- ¿Qué se necesita, según la 32.ª, para convocar una consulta popular por vía de referéndum? → Autorización del Estado: la autorización para la convocatoria es competencia exclusiva estatal.
- Son 32 apartados en el punto 1. Los tres números redondos que hay que tener clavados: 18.ª (procedimiento administrativo común), 29.ª (seguridad pública) y 32.ª (autorización de referéndum).
- Las reglas de cierre del 149.3, en orden: Residual - Prevalencia - Supletoriedad. R-P-S, y la supletoriedad siempre cierra.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las 32 materias de competencia exclusiva del Estado, el servicio de la cultura como deber estatal y las cláusulas de cierre: residual, prevalencia del derecho estatal y supletoriedad.
Esquema
| Comunidades Autónomas | Estado | |
|---|---|---|
| Qué materias | Las no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución | Las que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía |
| Título | En virtud de sus respectivos Estatutos | Por la propia Constitución |
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 31/1995 PRL · Art. 7
Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral. 1. En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones públicas competentes en materia laboral desarrollarán funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, y sancionarán las infracciones a dicha normativa, en los siguientes términos: a) Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos técnicos en materia preventiva, incluidas la asistencia y cooperación técnica, la información, divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así como el seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las empresas, y respecto de las personas trabajadoras autónomas, para la consecución de los objetivos previstos en esta ley. b) Velando por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales mediante las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos, prestarán el asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el mejor cumplimiento de dicha normativa y desarrollarán programas específicos dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control. c) Sancionando el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, con arreglo a lo previsto en el capítulo VII de la misma. 2. Las funciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral que se señalan en el apartado 1 continuarán siendo desarrolladas, en lo referente a los trabajos en minas, canteras y túneles que exijan la aplicación de técnica minera, a los que impliquen fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y utilización de explosivos o el empleo de energía nuclear, por los órganos específicos contemplados en su normativa reguladora. Las competencias previstas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales.
Datos clave
- ¿Qué tres funciones cumple la Administración laboral según el art. 7? → Promoción, vigilancia/control y sanción de la normativa preventiva.
- ¿Quién vigila la prevención en minas y energía nuclear? → Los órganos específicos de su normativa reguladora (art. 7.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Detalla el triple papel de la Administración laboral: promover la prevención, vigilar su cumplimiento y sancionar las infracciones; en minas, explosivos y energía nuclear mantienen sus propios órganos especializados.
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Ley 31/1995 PRL · Art. 8
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 1. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello establecerá la cooperación necesaria con los órganos de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia. El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: a) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional. b) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones en esta materia. c) Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de su función de vigilancia y control, prevista en el artículo 9 de la presente Ley, en el ámbito de las Administraciones públicas. d) Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las Comunidades Autónomas. e) Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le sean encomendadas en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo regulada en el artículo 13 de esta Ley, con la colaboración, en su caso, de los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia. 2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el marco de sus funciones, velará por la coordinación, apoyará el intercambio de información y las experiencias entre las distintas Administraciones públicas y especialmente fomentará y prestará apoyo a la realización de actividades de promoción de la seguridad y de la salud por las Comunidades Autónomas. Asimismo, prestará, de acuerdo con las Administraciones competentes, apoyo técnico especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación. 3. En relación con las Instituciones de la Unión Europea, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo actuará como centro de referencia nacional, garantizando la coordinación y transmisión de la información que deberá facilitar a escala nacional, en particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su Red. 4. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ejercerá la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, prestándole la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de sus competencias.
Datos clave
- ¿Qué Secretaría ejerce el INSHT según el apartado 4? → La Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ¿Ante qué organismo europeo actúa el INSHT como centro de referencia nacional? → Ante la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su Red.
- Asocia INSHT con tres palabras: asesora, coordina y hace de secretaría (de la Comisión Nacional).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Presenta el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT): qué es, sus funciones (asesoramiento, formación, apoyo a la Inspección, cooperación internacional…) y su papel de enlace con la UE y como secretaría de la Comisión Nacional.
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Ley 31/1995 PRL · Art. 9
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII de la presente Ley. b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada. c) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. d) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario dicho informe, así como sobre las enfermedades profesionales en las que concurran dichas calificaciones y, en general, en los supuestos en que aquélla lo solicite respecto del cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales. e) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención establecidos en la presente Ley. f) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 2. Las Administraciones General del Estado y de las comunidades autónomas adoptarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, las medidas necesarias para garantizar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesarios a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, en el ámbito de la Administración General del Estado serán prestados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Estas Administraciones públicas elaborarán y coordinarán planes de actuación, en sus respectivos ámbitos competenciales y territoriales, para contribuir al desarrollo de las actuaciones preventivas en las empresas, especialmente las de mediano y pequeño tamaño y las de sectores de actividad con mayor nivel de riesgo o de siniestralidad, a través de acciones de asesoramiento, de información, de formación y de asistencia técnica. En el ejercicio de tales cometidos, los funcionarios públicos de las citadas Administraciones que ejerzan labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo anterior, podrán desempeñar funciones de asesoramiento, información y comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo, con el alcance señalado en el apartado 3 de este artículo y con la capacidad de requerimiento a que se refiere el artículo 43 de esta ley, todo ello en la forma que se determine reglamentariamente. Las referidas actuaciones comprobatorias se programarán por la respectiva Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere el artículo 17.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su integración en el plan de acción en Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 3. Cuando de las actuaciones de comprobación a que se refiere el apartado anterior, se deduzca la existencia de infracción, y siempre que haya mediado incumplimiento de previo requerimiento, el funcionario actuante remitirá informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se recogerán los hechos comprobados, a efectos de que se levante la correspondiente acta de infracción, si así procediera. A estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de comprobación de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud recogidos en tales informes gozarán de la presunción de certeza a que se refiere la disposición adicional cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 4. Las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores, estarán sujetas a los plazos establecidos en el artículo 14, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Datos clave
- ¿Quién puede paralizar inmediatamente un trabajo por riesgo grave e inminente? → El inspector de Trabajo y Seguridad Social (art. 9.1.f).
- ¿Qué valor tienen los hechos sobre condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud recogidos en los informes de los funcionarios técnicos de las Administraciones? → Presunción de certeza, conforme a la Ley 42/1997 (art. 9.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: vigila, asesora, informa a los juzgados y puede ordenar la paralización inmediata de trabajos ante riesgo grave e inminente.
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Artículo 42. Responsabilidades y su compatibilidad
El artículo 42 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, regula las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la normativa preventiva y su compatibilidad.
1. El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.
2. (Derogado)
3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema.
Datos clave
- El incumplimiento empresarial genera responsabilidades administrativas.
- En su caso, también responsabilidades penales y civiles por daños y perjuicios.
- Las responsabilidades administrativas son compatibles con las indemnizaciones por daños y perjuicios.
- También son compatibles con el recargo de prestaciones económicas de la Seguridad Social.
- El apartado 2 está derogado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si el empresario incumple sus obligaciones preventivas responde administrativamente y, en su caso, penal y civilmente. La sanción administrativa es compatible con las indemnizaciones y con el recargo de prestaciones.
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Ley 31/1995 PRL · Art. 44
Paralización de trabajos. 1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas. Dicha medida será comunicada a la empresa responsable, que la pondrá en conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del Comité de Seguridad y Salud, del Delegado de Prevención o, en su ausencia, de los representantes del personal. La empresa responsable dará cuenta al Inspector de Trabajo y Seguridad Social del cumplimiento de esta notificación. El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de su decisión de forma inmediata a la autoridad laboral. La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tal decisión, podrá impugnarla ante la autoridad laboral en el plazo de tres días hábiles, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de veinticuatro horas. Tal resolución será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que procedan. La paralización de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la hubiera decretado, o por el empresario tan pronto como se subsanen las causas que la motivaron, debiendo, en este último caso, comunicarlo inmediatamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 2. Los supuestos de paralización regulados en este artículo, así como los que se contemplen en la normativa reguladora de las actividades previstas en el apartado 2 del artículo 7 de la presente Ley, se entenderán, en todo caso, sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
Datos clave
- ¿Quién puede levantar la paralización además de la Inspección? → El propio empresario, al subsanar las causas, comunicándolo a la Inspección (art. 44.1).
- ¿Afecta la paralización al salario de los trabajadores? → No, se mantiene el pago del salario e indemnizaciones que procedan (art. 44.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Faculta al Inspector de Trabajo para paralizar de inmediato los trabajos con riesgo grave e inminente, y regula su comunicación, impugnación y levantamiento.
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Ley 31/1995 PRL · Art. 53
Suspensión o cierre del centro de trabajo. El Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, podrán acordar la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo, el cierre del centro de trabajo correspondiente, sin perjuicio, en todo caso, del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
Datos clave
- ¿Quién puede acordar la suspensión o el cierre de un centro de trabajo cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones de seguridad y salud? → El Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
- ¿Qué ocurre con el salario de los trabajadores si se cierra el centro de trabajo? → Se sigue pagando; el cierre no exime del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan.
- Dos niveles de gravedad: suspensión temporal como regla, cierre solo en caso extremo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ante infracciones de excepcional gravedad en seguridad y salud, el Gobierno o la Comunidad Autónoma competente pueden suspender la actividad o cerrar el centro, sin dejar de pagar el salario o las indemnizaciones.
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Artículo 4. Atribución de competencias sancionadoras
El artículo 4 del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, atribuye las competencias sancionadoras.
Administración General del Estado. En su ámbito y en el de sus organismos públicos vinculados o dependientes, sancionan los órganos a los que normativamente se haya atribuido la competencia. El procedimiento se inicia a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o, en las infracciones leves y graves de solicitantes o beneficiarios de prestaciones, como resultado de los datos o antecedentes de la entidad u órgano gestor de la prestación.
Ámbito provincial. La competencia corresponde a:
- a) En las infracciones en materia de Seguridad Social de la sección 1.ª del capítulo III del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, cuyas actas no concurran con actas de liquidación: la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (leves de los apartados 1 a 5 del artículo 21; graves de los apartados 1, 2, 3, 5, 7, 9 en reducciones de cuotas, 10 y 12 del artículo 22; y muy graves de las letras b), d), f) y k) del artículo 23.1); la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (leves de los apartados 4 y 6 del artículo 21; graves de los apartados 4, 6, 8 y 14 del artículo 22; y muy graves de las letras a), c), e) y g) del artículo 23.1); la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, cuando la sanción afecte a prestaciones que gestione (apartado 4 del artículo 21, apartados 4, 6, 8, 13 y 14 del artículo 22 y letras a), c), e) y g) del artículo 23.1); la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en esos mismos supuestos respecto de las prestaciones que gestione; y la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en la infracción grave del artículo 22.9 en bonificaciones y en la muy grave de la letra h) del artículo 23.1.
- b) Cuando se practiquen actas de infracción y de liquidación por los mismos hechos: la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme al artículo 31 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social de 1994.
- c) Si no se ha atribuido normativamente a otros órganos: los Jefes de las Inspecciones Provinciales dependientes orgánicamente de la Administración General del Estado.
Comunidades Autónomas. Con competencia en ejecución de la legislación laboral y de la Seguridad Social, la potestad sancionadora la ejercen los órganos que determine cada Comunidad Autónoma, con los límites de distribución que cada una establezca.
Obstrucción. Es competente para resolver el expediente iniciado por acta de infracción por obstrucción la Administración que lo sea por razón de la materia de la actuación inspectora. En la Administración General del Estado, si por cuantía corresponde a la autoridad provincial, resuelve el Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; si corresponde a una Dirección General, resuelve la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que resuelve también los recursos de alzada frente a las resoluciones de los Jefes de Inspección Provincial.
Reglas comunes. El órgano competente para resolver lo es para acordar las sanciones accesorias, salvo disposición contraria. La competencia se determina por la cuantía de la sanción propuesta en el acta; en la acumulación de infracciones del artículo 16 del Reglamento, es competente para todas el que lo sea para imponer la de mayor cuantía. La autoridad central de la Inspección puede dirigirse al órgano que se desvíe reiteradamente de los criterios interpretativos técnicos de los artículos 18.3.7 y 18.3.12 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre.
Datos clave
- El procedimiento se inicia a propuesta de la Inspección o, en infracciones leves y graves de beneficiarios de prestaciones, por la entidad gestora.
- Con actas de infracción y de liquidación por los mismos hechos, sanciona la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Competencia residual en el Estado: los Jefes de las Inspecciones Provinciales.
- En las Comunidades Autónomas sancionan los órganos que cada una determine.
- La competencia se determina por la cuantía de la sanción propuesta en el acta.
- En la acumulación de infracciones es competente el órgano que lo sea para la de mayor cuantía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién sanciona las infracciones de orden social: en el Estado, los órganos con competencia atribuida y, en provincias, Tesorería, INSS, SEPE, ISM o los Jefes de Inspección; en las comunidades, los órganos que cada una determine. Manda la cuantía propuesta.
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Artículo 13. Iniciación del procedimiento sancionador
El artículo 13 del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, regula la iniciación del procedimiento sancionador.
Regla general. El procedimiento sancionador se inicia de oficio, como resultado de la actividad inspectora previa, por acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se extiende y tramita conforme a este capítulo, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo IX.
Sanciones a beneficiarios de prestaciones. El procedimiento para imponer sanciones leves y graves a los solicitantes y beneficiarios de prestaciones de Seguridad Social se inicia por la correspondiente entidad gestora, conforme al capítulo VII del Reglamento.
Datos clave
- El procedimiento sancionador se inicia de oficio.
- Se inicia como resultado de la actividad inspectora previa.
- El documento de iniciación es el acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Las sanciones leves y graves a solicitantes y beneficiarios de prestaciones las inicia la entidad gestora.
- Ese procedimiento especial se rige por el capítulo VII del Reglamento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El procedimiento sancionador de orden social arranca de oficio, tras la actividad inspectora, con el acta de infracción. Excepción: las sanciones leves y graves a solicitantes y beneficiarios de prestaciones las inicia la entidad gestora.
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Artículo 20. Resolución
El artículo 20 del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, regula la resolución del procedimiento sancionador.
Contenido y plazo. El órgano competente, previas las diligencias que estime necesarias, dictará resolución motivada en el plazo de diez días desde que finalice la tramitación del expediente, confirmando, modificando o dejando sin efecto la propuesta de sanción contenida en el acta. Si la deja sin efecto, ordenará el archivo del expediente y, en su caso, el levantamiento de las medidas provisionales del artículo 14.2.
Anulación del acta. Se acordará cuando el acta carezca de los requisitos imprescindibles para alcanzar su fin o cause indefensión a los interesados y no se haya subsanado antes de la resolución.
Reducción y pago. La resolución que confirme el acta aplicará, en su caso, el porcentaje de reducción de la sanción previsto. Si el sujeto responsable manifestó su voluntad de pagar antes de la resolución y, cumplido el plazo, no ingresó ni acreditó la cuantía, la resolución se dicta en el sentido del párrafo primero.
Sanciones accesorias. La resolución decidirá de forma expresa, en su caso, sobre la propuesta de sanciones accesorias.
Plazo máximo y caducidad. El plazo máximo para resolver es de seis meses, computados desde la fecha del acta hasta la notificación de la resolución; su superación produce la caducidad del expediente. Con circunstancias excepcionales puede ampliarse en los términos de los artículos 21.5 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. No se computan las interrupciones imputables a los interesados ni las suspensiones del procedimiento, ni el tiempo entre la remisión de la documentación para el pago a quien manifestó su intención de pagar y el último día del plazo para hacerlo y acreditarlo.
Datos clave
- La resolución motivada se dicta en el plazo de diez días desde que finaliza la tramitación.
- Puede confirmar, modificar o dejar sin efecto la propuesta de sanción del acta.
- Se anula el acta que carezca de requisitos imprescindibles o cause indefensión no subsanada.
- El plazo máximo para resolver es de seis meses desde la fecha del acta hasta la notificación.
- Superar el plazo máximo produce la caducidad del expediente.
- La ampliación excepcional del plazo se rige por los artículos 21.5 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo y cuándo se resuelve: resolución motivada en diez días desde el fin de la tramitación, posibilidad de anular el acta defectuosa y plazo máximo de seis meses desde el acta hasta la notificación, con caducidad si se supera.
Esquema
| Diez días | Seis meses | |
|---|---|---|
| Para qué | Dictar la resolución motivada | Plazo máximo para resolver |
| Desde | Que finaliza la tramitación del expediente | La fecha del acta hasta la notificación |
| Qué decide o produce | Confirma, modifica o deja sin efecto la propuesta | Su superación produce la caducidad |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 1. Infracciones en el orden social
El artículo 1 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, define las infracciones en el orden social.
Concepto. Constituyen infracciones administrativas en el orden social las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en esta Ley y en las leyes del orden social.
Expediente previo. Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin previa instrucción del oportuno expediente, de conformidad con el procedimiento administrativo especial en esta materia, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que puedan concurrir.
Calificación. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves en atención a la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado.
Datos clave
- Son infracciones las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en esta Ley y en las leyes del orden social.
- No pueden sancionarse sin previa instrucción del oportuno expediente.
- El expediente se instruye a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Se califican como leves, graves y muy graves.
- La calificación atiende a la naturaleza del deber infringido y a la entidad del derecho afectado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Son infracciones en el orden social las conductas tipificadas en la LISOS y en las leyes del orden social; solo se sancionan tras expediente a propuesta de la Inspección y se califican como leves, graves y muy graves.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 2. Sujetos responsables de la infracción
El artículo 2 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, determina los sujetos responsables de la infracción.
Son sujetos responsables las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracción y, en particular:
- 1. El empresario en la relación laboral.
- 2. En la relación jurídica de Seguridad Social: los empresarios, trabajadores por cuenta propia o ajena o asimilados, perceptores y solicitantes de prestaciones, las entidades de formación o que organicen la formación profesional para el empleo programada por las empresas, los solicitantes y beneficiarios de ayudas de formación profesional para el empleo, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y demás entidades colaboradoras, las entidades responsables de la gestión de prestaciones respecto del Registro de Prestaciones Sociales Públicas y demás obligados a facilitar información de trascendencia recaudatoria.
- 3. Los empresarios, trabajadores, solicitantes de ayudas y, en general, las personas físicas o jurídicas, respecto de la normativa de colocación, fomento del empleo y formación profesional para el empleo.
- 4. Los transportistas, agentes consignatarios, representantes, trabajadores y demás personas que intervengan en movimientos migratorios.
- 5. Los empresarios y trabajadores por cuenta propia respecto de la normativa sobre trabajo de extranjeros.
- 6. Las cooperativas respecto de sus socios trabajadores y socios de trabajo, conforme a la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
- 7. Las agencias de colocación, las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, respecto de su legislación específica y de la de prevención de riesgos laborales.
- 8. Los empresarios titulares de centro de trabajo, los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia que incumplan la normativa de prevención de riesgos laborales.
- 9. Las entidades que actúen como servicios de prevención ajenos, las que realicen auditorías del sistema de prevención y las acreditadas para desarrollar y certificar la formación en prevención.
- 10. Los titulares de centros de trabajo y empresas de dimensión comunitaria situados en España, respecto de los derechos de información y consulta de los trabajadores.
- 11. Los empresarios incluidos en la normativa sobre desplazamiento de trabajadores en una prestación de servicios transnacional.
- 12. Las sociedades europeas y sociedades cooperativas europeas con domicilio social en España y las demás sociedades, entidades y personas que participen en su constitución o sean titulares de sus centros en España, respecto de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores.
- 13. Las empresas de inserción, respecto de su legislación específica.
- 14. Las fundaciones y asociaciones de utilidad pública beneficiarias de donaciones y patrocinio para la inserción y el empleo de personas con discapacidad, como medida alternativa a la obligación de reserva de empleo.
Datos clave
- Son responsables las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes que incurran en las conductas tipificadas.
- El primer sujeto responsable es el empresario en la relación laboral.
- Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social son responsables en el ámbito de la relación jurídica de Seguridad Social.
- Los promotores y propietarios de obra responden por incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Las cooperativas responden respecto de sus socios trabajadores y de trabajo (Ley 27/1999, de 16 de julio).
- Responden las fundaciones y asociaciones de utilidad pública que aplican medidas alternativas a la reserva de empleo para personas con discapacidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responden las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes que cometan la infracción; el artículo concreta catorce grupos de sujetos según la materia, desde el empresario laboral hasta las fundaciones de inserción.
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Artículo 4. Prescripción de las infracciones
El artículo 4 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, fija los plazos de prescripción de las infracciones, que se cuentan siempre desde la fecha de la infracción.
- Regla general: las infracciones en el orden social prescriben a los tres años.
- Seguridad Social: prescriben a los cuatro años.
- Prevención de riesgos laborales: al año las leves, a los tres años las graves y a los cinco años las muy graves.
- Legislación de sociedades cooperativas: las leves, a los tres meses; las graves, a los seis meses; y las muy graves, al año.
Datos clave
- Plazo general de prescripción de las infracciones en el orden social: tres años.
- Infracciones en materia de Seguridad Social: cuatro años.
- Prevención de riesgos laborales: un año las leves, tres años las graves y cinco años las muy graves.
- Cooperativas: tres meses las leves, seis meses las graves y un año las muy graves.
- El cómputo se inicia desde la fecha de la infracción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Plazos de prescripción de las infracciones del orden social, contados desde la fecha de la infracción: tres años por regla general, cuatro en Seguridad Social, escala propia en prevención de riesgos y en cooperativas.
Esquema
| Leves | Graves | Muy graves | |
|---|---|---|---|
| Regla general | Tres años | Tres años | Tres años |
| Seguridad Social | Cuatro años | Cuatro años | Cuatro años |
| Prevención de riesgos | Un año | Tres años | Cinco años |
| Cooperativas | Tres meses | Seis meses | Un año |
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Artículo 5. Concepto
El artículo 5 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, define las infracciones laborales.
Infracciones laborales. Son las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocación, empleo, formación profesional para el empleo, de trabajo temporal y de inserción sociolaboral, tipificadas y sancionadas conforme a la ley. También lo son las demás acciones u omisiones de los sujetos responsables en las materias de ese capítulo.
Prevención de riesgos laborales. Son infracciones laborales en esta materia las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a la ley.
Implicación de los trabajadores en las sociedades europeas. Son infracciones laborales las acciones u omisiones contrarias a la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, a sus normas de desarrollo, a las disposiciones de otros Estados miembros con eficacia en España, a los acuerdos celebrados conforme a ellas y a las cláusulas normativas de los convenios colectivos que complementan esos derechos.
Asimismo lo son las acciones u omisiones contrarias al título IV de la Ley 31/2006 en las sociedades participantes o resultantes de modificaciones estructurales transfronterizas intraeuropeas (fusiones, transformaciones o escisiones). A estos efectos, las infracciones del artículo 10 bis se aplican a esos incumplimientos aunque no den lugar a la constitución de una sociedad.
Datos clave
- Las infracciones laborales son acciones u omisiones de los empresarios contrarias a normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos.
- Abarcan relaciones laborales, colocación, empleo, formación profesional para el empleo, trabajo temporal e inserción sociolaboral.
- En prevención de riesgos laborales pueden cometerlas los diferentes sujetos responsables, no solo el empresario.
- Incluyen los incumplimientos de la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades europeas.
- Las infracciones del artículo 10 bis se aplican a las modificaciones estructurales transfronterizas aunque no se constituya una sociedad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Delimita qué son infracciones laborales: incumplimientos empresariales de normas y convenios en relaciones laborales, empleo y formación; incumplimientos de los sujetos responsables en prevención de riesgos; y los relativos a la implicación de los trabajadores en las sociedades europeas.
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Artículo 39. Criterios de graduación de las sanciones
El artículo 39 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, fija los criterios de graduación de las sanciones.
Grados. Las sanciones pueden imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo.
Criterios generales. Calificada la infracción, la sanción se gradúa atendiendo a la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia, incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la Inspección, cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores o de beneficiarios afectados, perjuicio causado y cantidad defraudada, como circunstancias que pueden agravar o atenuar la graduación.
Infracciones de los artículos 22.3 y 23.1.b). La sanción se impone en grado mínimo cuando la cuantía no ingresada, con recargos e intereses, no supere los 10.000 euros; en grado medio, entre 10.001 y 25.000 euros; y en grado máximo, si es superior a 25.000 euros. En todo caso se impone en grado máximo, cualquiera que sea la cantidad, cuando se haya cotizado en cuantía inferior a la debida mediante la ocultación o falsedad de las declaraciones o datos.
Reserva de puestos para personas con discapacidad. No obstante el artículo 41, la infracción del artículo 15.3 se sanciona en grado máximo cuando, en los dos años anteriores a su comisión, el sujeto ya hubiere sido sancionado en firme por incumplir la reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad o sus medidas alternativas de carácter excepcional.
Prevención de riesgos laborales. Se tienen en cuenta:
- a) La peligrosidad de las actividades de la empresa o centro de trabajo.
- b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos.
- c) La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas.
- d) El número de trabajadores afectados.
- e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas y las instrucciones impartidas por el empresario.
- f) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos del artículo 43 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- g) La inobservancia de las propuestas de los servicios de prevención, los delegados de prevención o el comité de seguridad y salud.
- h) La conducta general del empresario en la estricta observancia de las normas de prevención.
Cooperativas. Se gradúan según el número de socios afectados, repercusión social, malicia o falsedad y capacidad económica de la cooperativa.
Límites y motivación. Los criterios no pueden utilizarse para agravar o atenuar cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o formen parte del propio ilícito. El acta de la Inspección que inicie el expediente y la resolución deben explicitar los criterios tenidos en cuenta; si no se considera relevante ninguno, la sanción se impone en el grado mínimo en su tramo inferior. La infracción que consista en la persistencia continuada de su comisión se sanciona en el máximo de la calificación que corresponda.
Datos clave
- Grados de las sanciones: mínimo, medio y máximo.
- Artículos 22.3 y 23.1.b): grado mínimo hasta 10.000 euros no ingresados, medio de 10.001 a 25.000 euros y máximo por encima de 25.000 euros.
- Grado máximo siempre que se haya cotizado de menos mediante ocultación o falsedad de declaraciones o datos.
- Sin circunstancias relevantes, la sanción se impone en el grado mínimo en su tramo inferior.
- El acta y la resolución deben explicitar los criterios de graduación aplicados.
- La persistencia continuada se sanciona en el máximo de la calificación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sanciones se gradúan en mínimo, medio y máximo según criterios generales, con escalas propias para la cotización, la reserva de empleo de personas con discapacidad, la prevención de riesgos y las cooperativas.
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Artículo 40. Cuantía de las sanciones
El artículo 40 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, fija la cuantía de las sanciones.
1. Relaciones laborales y empleo, Seguridad Social (salvo el apartado 3), movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, empresas de trabajo temporal y empresas usuarias (salvo lo relativo a prevención de riesgos laborales) e infracciones por obstrucción:
- a) Leves: grado mínimo, de 70 a 150 euros; medio, de 151 a 370 euros; máximo, de 371 a 750 euros.
- b) Graves: grado mínimo, de 751 a 1.500 euros; medio, de 1.501 a 3.750 euros; máximo, de 3.751 a 7.500 euros.
- c) Muy graves: grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; medio, de 30.001 a 120.005 euros; máximo, de 120.006 a 225.018 euros.
- c bis) Las graves de los artículos 7.2, 7.14, 18.2.c), 19.2.b), 19.2.e), 19 bis.1.b), 19 ter.2.b) y 19 ter.2.e): grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; medio, de 2.001 a 5.000 euros; máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
- d) Infracción grave del artículo 22.3: multa del 50 al 65 por ciento (mínimo), del 65,01 al 80 por ciento (medio) y del 80,01 al 100 por ciento (máximo) del importe de las cuotas y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, con recargos, intereses y costas. Infracciones muy graves de los artículos 23.1.b) y 23.1.k): multa del 100,01 al 115 por ciento (mínimo), del 115,01 al 130 por ciento (medio) y del 130,01 al 150 por ciento (máximo); en el caso del 23.1.k), sobre las cuotas no ingresadas y descontadas a los trabajadores o el exceso del descuento legal.
- e) Infracción grave de los artículos 22.2, 22.7 a) y 22.16: de 3.750 a 7.500 euros (mínimo), de 7.501 a 9.600 euros (medio) y de 9.601 a 12.000 euros (máximo). Infracción muy grave del artículo 23.1.a): de 12.001 a 30.000 euros, de 30.001 a 120.005 euros y de 120.006 a 225.018 euros. Si en una misma actuación se detectan varias de estas infracciones, la sanción de cada una se incrementa un 20 por ciento si afecta a dos trabajadores, beneficiarios o solicitantes; un 30 por ciento si son tres; un 40 por ciento si son cuatro; y un 50 por ciento si son cinco o más. En ningún caso la del artículo 22.2 podrá exceder de 12.000 euros ni la del 23.1.a) de 225.018 euros por infracción.
- f) Obstrucción en actuaciones dirigidas a comprobar la situación de alta de los trabajadores, cuando pudieran cometerse las infracciones de los artículos 22.2 y 23.1.a): las graves, de 3.750 a 7.500, de 7.501 a 9.600 y de 9.601 a 12.000 euros; las muy graves, de 12.001 a 30.000, de 30.001 a 120.005 y de 120.006 a 225.018 euros.
Las sanciones firmes por las infracciones muy graves de las letras d), e) y f) del artículo 16.1 y de las letras a) y h) del artículo 23.1, y por obstrucción muy grave del párrafo anterior, se harán públicas en la forma reglamentaria.
2. Prevención de riesgos laborales:
- a) Leves: grado mínimo, de 45 a 485 euros; medio, de 486 a 975 euros; máximo, de 976 a 2.450 euros.
- b) Graves: grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros; medio, de 9.831 a 24.585 euros; máximo, de 24.586 a 49.180 euros.
- c) Muy graves: grado mínimo, de 49.181 a 196.745 euros; medio, de 196.746 a 491.865 euros; máximo, de 491.866 a 983.736 euros.
Las sanciones firmes por infracciones muy graves se harán públicas. Las faltas graves y muy graves de los servicios de prevención ajenos, de las entidades auditoras del sistema de prevención y de las acreditadas para la formación en prevención pueden dar lugar, además, a la cancelación de la acreditación otorgada por la autoridad laboral.
3. Reducción en Seguridad Social. Cuando las actas de infracción y de liquidación se refieran a los mismos hechos y se practiquen simultáneamente, la sanción se reduce automáticamente al 50 por ciento si el infractor manifiesta su conformidad con la liquidación e ingresa su importe en plazo. Esta reducción solo se aplica si la cuantía de la liquidación supera la de la sanción propuesta inicialmente.
4. Cooperativas: leves, de 450 a 905 euros; graves, de 906 a 4.545 euros; muy graves, de 4.546 a 45.504 euros.
Datos clave
- Infracciones leves en relaciones laborales y empleo: de 70 a 750 euros; graves, de 751 a 7.500 euros; muy graves, de 7.501 a 225.018 euros.
- Prevención de riesgos laborales: leves de 45 a 2.450 euros; graves de 2.451 a 49.180 euros; muy graves de 49.181 a 983.736 euros.
- La sanción por infracción del artículo 22.2 no puede exceder de 12.000 euros, ni la del 23.1.a) de 225.018 euros.
- Varias infracciones del apartado e) en una actuación: incremento del 20, 30, 40 o 50 por ciento según afecten a dos, tres, cuatro o cinco o más personas.
- Reducción automática del 50 por ciento con conformidad e ingreso de la liquidación, si esta supera la sanción propuesta.
- Cooperativas: de 450 a 905 euros las leves, de 906 a 4.545 euros las graves y de 4.546 a 45.504 euros las muy graves.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuantías de las multas por materia y grado: relaciones laborales, empleo y Seguridad Social; prevención de riesgos, con importes mucho mayores; cooperativas; escalas especiales para la cotización y el alta, y reducción del 50 por ciento por conformidad.
Esquema
| Leves | Graves | Muy graves | |
|---|---|---|---|
| Relaciones laborales y empleo | De 70 a 750 euros | De 751 a 7.500 euros | De 7.501 a 225.018 euros |
| Prevención de riesgos | De 45 a 2.450 euros | De 2.451 a 49.180 euros | De 49.181 a 983.736 euros |
| Cooperativas | De 450 a 905 euros | De 906 a 4.545 euros | De 4.546 a 45.504 euros |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 48. Atribución de competencias sancionadoras
El artículo 48 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, atribuye las competencias sancionadoras.
Administración General del Estado. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones del orden social en su ámbito corresponde al órgano competente, según lo que reglamentariamente se disponga.
Comunidades Autónomas. Cuando la potestad sancionadora corresponda a la Administración de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de ejecución de la legislación del orden social, se ejerce por los órganos y con los límites de distribución que determine cada Comunidad Autónoma.
Sanciones accesorias. La potestad para acordar las sanciones accesorias corresponde a quien la ostente para imponer las de carácter principal de las que deriven.
Datos clave
- En la Administración General del Estado sanciona el órgano competente según lo que se disponga reglamentariamente.
- En las Comunidades Autónomas con competencia de ejecución de la legislación del orden social sancionan los órganos que cada una determine.
- Cada Comunidad Autónoma fija también los límites de distribución de la competencia.
- Las sanciones accesorias las acuerda quien tenga la potestad para imponer las principales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reparte la potestad sancionadora del orden social: en la AGE, el órgano que fije el reglamento; en las Comunidades con competencia de ejecución, los órganos y límites que cada una determine; las accesorias, quien imponga la principal.
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Artículo 1. Objeto y naturaleza del Servicio Andaluz de Empleo.
El artículo 1 de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo, establece su objeto y naturaleza.
1. Se crea el Servicio Andaluz de Empleo como un organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de empleo, como órgano gestor de la política de empleo de la Junta de Andalucía, al que le corresponderán las funciones que se le atribuyen en esta Ley y todas aquellas que le sean traspasadas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de política de empleo.
2. El Servicio Andaluz de Empleo tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y está dotado de autonomía administrativa y financiera para el cumplimiento de sus fines, así como para la gestión de su patrimonio y de los fondos que se le asignan.
3. La organización y funcionamiento del Servicio Andaluz de Empleo se ajustará a la presente Ley, a sus Estatutos y demás disposiciones que le sean de aplicación.
Datos clave
- El Servicio Andaluz de Empleo es un organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía.
- Está adscrito a la Consejería competente en materia de empleo.
- Es el órgano gestor de la política de empleo de la Junta de Andalucía.
- Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y autonomía administrativa y financiera.
- Se rige por la Ley 4/2002, sus Estatutos y demás disposiciones aplicables.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Servicio Andaluz de Empleo es un organismo autónomo administrativo de la Junta, adscrito a la Consejería de empleo, que gestiona la política de empleo con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 3. Funciones del Servicio Andaluz de Empleo.
El artículo 3 de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo, regula sus funciones.
El Servicio Andaluz de Empleo, como Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma, tiene como objetivos específicos el ejercicio de las competencias en materia de empleo y, en particular, las siguientes: fomento del empleo, orientación e información, prospección, registro de demanda e intermediación en el mercado de trabajo y, para ello, este organismo ejerce las siguientes funciones:
1.ª Elaboración de los anteproyectos de los planes de empleo.
2.ª La planificación, gestión, promoción y evaluación de los distintos programas y acciones para el empleo, competencia de la Comunidad Autónoma, y en particular los siguientes:
a) Los relativos a fomento del empleo.
b) La orientación e información profesional y las acciones de apoyo para la mejora del empleo.
c) La intermediación laboral, el registro de demandantes de empleo, la recepción de comunicación de contratos y la gestión de la red Eures en Andalucía.
d) La coordinación con la Consejería competente en materia de formación profesional para el empleo para el desarrollo de las funciones de intermediación laboral y el conjunto de programas y medidas de orientación y formación, al objeto de mejorar las posibilidades de acceso al empleo, adaptación de la formación y recualificación.
e) La prospección del mercado de trabajo y la difusión de información sobre el mercado laboral.
f) La colaboración con los medios de comunicación de masas tanto para promocionar los distintos planes de empleo como para transmitir valores culturales y éticos que estimulen la cantidad y calidad del empleo.
g) La autorización de la condición de centros colaboradores o asociados a aquellas entidades que participen en la ejecución de actividades que sean competencia del Servicio Andaluz de Empleo, así como la autorización y demás competencias sobre las agencias de colocación que actúen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
h) La promoción y el desarrollo del empleo local, atendiendo a las necesidades específicas de cada territorio y en coordinación con las Administraciones Locales.
3.ª La resolución de las convocatorias de ayudas y subvenciones y la suscripción de convenios de colaboración, referentes a las competencias gestionadas por el Servicio Andaluz de Empleo.
4.ª La asistencia técnica a los distintos órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y a los de otras Administraciones Públicas, cuando sea requerido para ello, en materia de empleo.
5.ª La ejecución, como competencias propias, de las acciones formativas que en el ámbito de la formación profesional para el empleo se determinen, conforme a la planificación de la oferta formativa que efectúe la Consejería competente en materia de formación profesional para el empleo. A tales fines, gestionará, como competencias propias, los centros de formación para el empleo que se determinen por parte de la Consejería competente en formación profesional para el empleo.
6.ª Cuantas otras funciones le sean atribuidas, para su ejercicio como competencias propias, por cualquier norma o acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía o aquéllas que, en un futuro, pudieran ser transferidas a la Junta de Andalucía en materia de política de empleo.
Datos clave
- Es el Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Objetivos específicos: fomento del empleo, orientación e información, prospección, registro de demanda e intermediación.
- Elabora los anteproyectos de los planes de empleo.
- Gestiona la intermediación laboral, el registro de demandantes, la comunicación de contratos y la red Eures en Andalucía.
- Autoriza los centros colaboradores o asociados y ejerce las competencias sobre agencias de colocación en Andalucía.
- Resuelve las convocatorias de ayudas y subvenciones y suscribe convenios en su ámbito.
- Ejecuta las acciones formativas de formación profesional para el empleo y gestiona los centros que se determinen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Como Servicio Público de Empleo andaluz, fomenta el empleo, orienta, prospecta, registra la demanda e intermedia, mediante seis funciones; la segunda agrupa ocho programas.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 1. Creación y naturaleza.
El artículo 1 de la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, dispone su creación y naturaleza.
Se crea el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, como organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Datos clave
- El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales se crea por la Ley 10/2006, de 26 de diciembre.
- Es un organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía.
- Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes de la Junta de Andalucía.
- Su creación se ampara en el artículo 4.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de Andalucía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales nace como organismo autónomo administrativo de la Junta, con personalidad jurídica y patrimonio propios e independientes de ella.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 3. Fines y funciones.
El artículo 3 de la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, regula sus fines y funciones.
1. El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales tiene como fines generales fomentar la cultura preventiva en Andalucía, el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud laborales, así como la promoción y apoyo de la mejora de las mismas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos y a los sectores de mayor riesgo.
2. Para el cumplimiento de sus fines generales, tendrá las siguientes funciones:
a) El fomento de la cultura preventiva en el ámbito laboral en Andalucía, así como la difusión y enriquecimiento de la misma.
b) El análisis y el estudio de las condiciones de trabajo relativas a la seguridad y salud laborales en Andalucía, sin perjuicio de las atribuidas a la Administración competente en materia de prevención de riesgos laborales.
c) El análisis y el estudio de la siniestralidad laboral, con referencia a la accidentalidad y a las enfermedades profesionales.
d) La realización de actividades de formación en materia de prevención de riesgos laborales, así como la implantación de programas de formación en sectores productivos, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas y los colectivos en situación de mayor riesgo, así como a los trabajadores autónomos.
e) La organización de campañas de difusión de la cultura de la prevención en el ámbito laboral entre empresas y personas trabajadoras.
f) La creación de foros de encuentro de los agentes implicados en seguridad y salud laborales, para debates, propuestas y consultas.
g) La realización de acciones de información y asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales en sectores productivos, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas y los colectivos en situación de mayor riesgo, así como a los trabajadores autónomos.
h) El establecimiento de canales de estudio e investigación que sirvan de soporte a la política pública andaluza de seguridad y salud laborales.
i) El apoyo de iniciativas y programas de interés social en materia de seguridad y salud laborales.
j) El seguimiento de la incidencia de las enfermedades profesionales en Andalucía.
k) La divulgación de recomendaciones de carácter técnico.
l) La formación de nuevos empresarios.
m) Cualquiera otra que, por su naturaleza o finalidad, pudiera o debiera ser asumida por el mismo.
n) Las restantes que puedan serle atribuidas por la normativa aplicable.
Datos clave
- Fines generales: fomentar la cultura preventiva y estudiar y mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales en Andalucía.
- Presta especial atención a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos y a los sectores de mayor riesgo.
- Analiza la siniestralidad laboral, con referencia a la accidentalidad y a las enfermedades profesionales.
- Realiza formación, campañas de difusión e información y asesoramiento en prevención de riesgos laborales.
- Crea foros de encuentro de los agentes implicados en seguridad y salud laborales.
- Sigue la incidencia de las enfermedades profesionales en Andalucía y forma a nuevos empresarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Instituto fomenta la cultura preventiva y estudia y mejora la seguridad y salud laborales en Andalucía, con especial atención a pymes, autónomos y sectores de mayor riesgo; sus funciones van de la a) a la n).
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Artículo 63. Empleo, relaciones laborales y seguridad social.
1. Corresponden a la Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales, que incluyen en todo caso:
1.º Las políticas activas de empleo, que comprenderán la formación de los demandantes de empleo y de los trabajadores en activo, así como la gestión de las subvenciones correspondientes; la intermediación laboral y el fomento del empleo.
2.º Las cualificaciones profesionales en Andalucía.
3.º Los procedimientos de regulación de ocupación y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos entre centros de trabajo situados en Andalucía.
4.º La Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad en el Trabajo.
5.º La determinación de los servicios mínimos de las huelgas que tengan lugar en Andalucía.
6.º Los instrumentos de conciliación, mediación y arbitraje laborales.
7.º La potestad sancionadora de las infracciones del orden social en el ámbito de sus competencias.
8.º El control de legalidad y, si procede, el registro posterior de los convenios colectivos de trabajo en el ámbito territorial de Andalucía.
9.º La elaboración del calendario de días festivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
2. Corresponde a la Junta de Andalucía la competencia ejecutiva sobre la función pública inspectora en todo lo previsto en el apartado anterior. A tal efecto, los funcionarios de los cuerpos que realicen dicha función dependerán orgánica y funcionalmente de la Junta de Andalucía. A través de los mecanismos de cooperación previstos en el presente Estatuto se establecerán las fórmulas de garantía del ejercicio eficaz de la función inspectora en el ámbito social, ejerciéndose las competencias del Estado y de la Junta de Andalucía de forma coordinada, conforme a los Planes de actuación que se determinen a través de los indicados mecanismos.
3. En materia de Seguridad Social, corresponden a la Comunidad Autónoma las competencias ejecutivas que se determinen en aplicación de la legislación estatal, incluida la gestión de su régimen económico, con pleno respeto al principio de unidad de caja.
Datos clave
- Competencias ejecutivas en empleo y relaciones laborales, en el marco de la legislación del Estado.
- Incluyen las políticas activas de empleo, la intermediación laboral y las cualificaciones profesionales en Andalucía.
- Incluyen la determinación de los servicios mínimos de las huelgas que tengan lugar en Andalucía.
- Incluyen el control de legalidad y el registro posterior de los convenios colectivos y la elaboración del calendario de días festivos.
- Los funcionarios de la función pública inspectora dependen orgánica y funcionalmente de la Junta de Andalucía.
- En Seguridad Social, competencias ejecutivas, incluida la gestión de su régimen económico, con pleno respeto al principio de unidad de caja.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Empleo y relaciones laborales son competencias solo ejecutivas, en el marco de la legislación estatal: nueve materias, la inspección de trabajo dependiente de la Junta y, en Seguridad Social, ejecución con unidad de caja.
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Artículo 1. Definición y objeto del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
El artículo 1 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, define el Sistema y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Sistema. El Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social está constituido por el conjunto de principios legales, normas, órganos, personal y medios materiales, incluidos los informáticos, que contribuyen al adecuado cumplimiento de la misión que tiene encomendada.
Inspección. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un servicio público al que corresponde:
- ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social y exigir las responsabilidades pertinentes;
- el asesoramiento y, en su caso, la conciliación, mediación y arbitraje en dichas materias.
Lo hace de conformidad con los principios del Estado social y democrático de Derecho que consagra la Constitución Española y con los Convenios número 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo.
Normas del orden social. Comprenden las relativas a materias laborales, de prevención de riesgos laborales, de seguridad social y protección social, colocación, empleo, formación profesional para el empleo y protección por desempleo, economía social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el empleo, así como cuantas otras atribuyan la vigilancia de su cumplimiento a la Inspección.
Datos clave
- El Sistema comprende principios legales, normas, órganos, personal y medios materiales, incluidos los informáticos.
- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un servicio público.
- Vigila el cumplimiento de las normas del orden social y exige las responsabilidades pertinentes.
- Asesora y, en su caso, concilia, media y arbitra.
- Actúa conforme a los Convenios número 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Distingue el Sistema de Inspección (principios, normas, órganos, personal y medios) de la Inspección como servicio público que vigila las normas del orden social, asesora y concilia, media o arbitra.
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Artículo 12. De la función inspectora
El artículo 12 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, regula el contenido de la función inspectora.
Quién la ejerce. La función inspectora la desempeñan los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, en su integridad, y los funcionarios del Cuerpo de Subinspectores Laborales, en los términos de la ley. Comprende tres grupos de cometidos.
1. Vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y del contenido de los acuerdos y convenios colectivos, en estos ámbitos:
- a) Sistema de relaciones laborales: relaciones laborales individuales y colectivas; protección, derechos y garantías de los representantes de los trabajadores; igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el trabajo; y desplazamiento de trabajadores en una prestación de servicios transnacional.
- b) Prevención de riesgos laborales: sus normas y las jurídico-técnicas que inciden en las condiciones de trabajo, y la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- c) Sistema de la Seguridad Social: campo de aplicación, inscripción, afiliación, altas y bajas, cotización y recaudación; obtención y disfrute de prestaciones, incluidas las de desempleo y cese de actividad, mejoras voluntarias y sistemas complementarios por convenio colectivo; Mutuas Colaboradoras y otras formas de colaboración en la gestión, sin perjuicio de las funciones de los órganos de control de la gestión económico-financiera; la inspección de la Seguridad Social por el Ministerio conforme al artículo 5.2.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994; y otras funciones previstas en su normativa.
- d) Empleo: colocación y empleo; control de las subvenciones y ayudas de fomento del empleo y de formación profesional para el empleo, sin perjuicio del control financiero de los órganos competentes; formación profesional para el empleo, salvo que la normativa autonómica disponga otras fórmulas de inspección; y empresas de trabajo temporal y agencias de colocación.
- e) Migraciones: movimientos migratorios y trabajo de extranjeros.
- f) Cooperativas y otras fórmulas de economía social y condiciones de constitución de sociedades laborales, salvo que la legislación autonómica disponga lo contrario.
- g) Cualesquiera otros ámbitos cuya vigilancia se encomiende legalmente a la Inspección.
2. Asistencia técnica:
- a) Información y asistencia técnica a las empresas con ocasión de la función inspectora, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
- b) Información y asistencia técnica a los trabajadores y a sus representantes; comunicación de los resultados de las actuaciones cuando medie denuncia de estos (artículo 20.4) e indicación de las vías administrativas o judiciales para satisfacer sus derechos.
- c) Asistencia técnica a entidades y organismos de la Seguridad Social y a las autoridades de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, cuando la soliciten.
- d) Información, asistencia y colaboración con otros órganos de las Administraciones Públicas sobre normas del orden social o control de ayudas y subvenciones públicas.
- e) Emisión de los informes que le recaben los órganos judiciales, cuando lo establezca una norma legal.
3. Conciliación, mediación y arbitraje:
- a) Conciliación y mediación en huelgas y otros conflictos, cuando sea aceptada por las partes.
- b) Arbitraje en huelgas y otros conflictos laborales cuando las partes expresamente lo soliciten y en los supuestos legalmente establecidos. El arbitraje es incompatible con el ejercicio simultáneo de la función inspectora por la misma persona sobre las empresas sometidas a su control y vigilancia.
- c) Los inspectores guardarán la debida reserva sobre la información obtenida en el arbitraje o la mediación y no la comunicarán a los servicios de inspección para la vigilancia y control.
Estas funciones se desarrollan sin perjuicio de las facultades de otros órganos de las Administraciones Públicas y de los sistemas de solución de conflictos laborales gestionados por la autonomía colectiva.
Datos clave
- La función inspectora corresponde en su integridad al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
- Los Subinspectores Laborales la ejercen en los términos de la ley.
- Comprende cometidos de vigilancia y exigencia, de asistencia técnica y de conciliación, mediación y arbitraje.
- La asistencia técnica se presta especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
- La conciliación y mediación exigen la aceptación de las partes; el arbitraje, su solicitud expresa o un supuesto legal.
- El arbitraje es incompatible con el ejercicio simultáneo de la función inspectora por la misma persona sobre las mismas empresas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La función inspectora corresponde en su integridad a los Inspectores y, en los términos de la ley, a los Subinspectores, y tiene tres grupos de cometidos: vigilancia y exigencia, asistencia técnica, y conciliación, mediación y arbitraje.
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Artículo 13. Facultades de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social para el desempeño de sus competencias
El artículo 13 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, enumera las facultades de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
Carácter. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social tienen el carácter de autoridad pública y están autorizados para:
1. Entrada. Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y permanecer en él. Si el centro coincide con el domicilio de una persona física, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Al efectuar la visita, deberán identificarse documentalmente y comunicar su presencia al empresario, a su representante o a la persona inspeccionada, salvo que consideren que ello puede perjudicar el éxito de sus funciones.
2. Acompañamiento. Hacerse acompañar por la empresa o su representante, las personas trabajadoras, sus representantes y las personas peritas y técnicas de la empresa o de sus entidades asesoras, así como por peritos o expertos de la Administración Pública española, de otros Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, de la Autoridad Laboral Europea u otras personas habilitadas oficialmente.
3. Diligencias de investigación, examen, reconstrucción o prueba necesarias para la función del artículo 12.1 y, en particular:
- a) Requerir información, solo o ante testigos, al empresario o al personal de la empresa, y exigir la identificación o razón de su presencia de las personas que se encuentren en el centro.
- b) Exigir la comparecencia del empresario, sus representantes y encargados, trabajadores, perceptores o solicitantes de prestaciones y demás sujetos, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector.
- c) Examinar en el centro toda la documentación con trascendencia para verificar el cumplimiento de la legislación del orden social (libros, registros, programas informáticos y archivos en soporte magnético, contabilidad, documentos de afiliación, alta, baja y cotización, justificantes de retribuciones, documentación preventiva…) y requerir su presentación en las oficinas públicas. La documentación conservada en soporte electrónico deberá suministrarse, si se requiere, en dicho soporte y en formato tratable, legible y compatible con los de uso generalizado.
- d) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos y grabación de imágenes, levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empresario o a su representante, y obtener copias y extractos de los documentos.
4. Medidas cautelares. Adoptar, en cualquier momento de las actuaciones, las medidas cautelares oportunas y proporcionadas para impedir la destrucción, desaparición o alteración de la documentación, siempre que no causen perjuicio de difícil o imposible reparación a los sujetos responsables ni impliquen violación de derechos.
5. Medidas finales. Proceder, en su caso, en cualquiera de las formas del artículo 22.
Datos clave
- Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social tienen el carácter de autoridad pública.
- Pueden entrar libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, en todo centro de trabajo sujeto a inspección.
- Si el centro coincide con el domicilio de una persona física necesitan su expreso consentimiento o autorización judicial.
- Deben identificarse y comunicar su presencia, salvo que ello perjudique el éxito de sus funciones.
- La documentación electrónica debe entregarse en formato tratable, legible y compatible si se requiere.
- Las medidas cautelares deben ser proporcionadas y no causar perjuicio de difícil o imposible reparación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los inspectores son autoridad pública y pueden entrar sin aviso en los centros, ir acompañados, practicar diligencias (requerir información, citar, examinar documentos, tomar muestras), adoptar medidas cautelares y finales.
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Artículo 14. Funciones de los Subinspectores Laborales
El artículo 14 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, regula las funciones de los Subinspectores Laborales.
Dependencia técnica. Los funcionarios del Cuerpo de Subinspectores Laborales desarrollan las funciones inspectoras y las competencias de este artículo bajo la dirección y supervisión técnica del Inspector de Trabajo y Seguridad Social responsable de la unidad, grupo o equipo al que estén adscritos, sin perjuicio de su dependencia de los órganos directivos de la Inspección.
Escala de Empleo y Seguridad Social. Actúan, en los términos reglamentarios, en:
- a) El cumplimiento en la contratación de las normas de empleo, acceso al empleo, bonificaciones, subvenciones, ayudas e incentivos al empleo o a la formación profesional para el empleo.
- b) Las normas que prohíben la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años.
- c) La normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales.
- d) Las normas de campo de aplicación, inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas, cotización y recaudación, colaboración obligatoria de las empresas y prestaciones de la Seguridad Social, incluidas las de desempleo y cese de actividad.
- e) Los requisitos de la normativa sobre trabajo de extranjeros en España.
- f) La colaboración en la investigación y señalamiento de bienes embargables y en la identificación del deudor o de los responsables solidarios o subsidiarios.
- g) El asesoramiento a empresarios y trabajadores con ocasión de su función inspectora.
- h) Otras funciones de similar naturaleza encomendadas por los responsables de su unidad.
Escala de Seguridad y Salud Laboral. Actúan en:
- a) El control de la normativa de prevención de riesgos laborales en los aspectos que afecten directamente a las condiciones materiales de trabajo.
- b) La vigilancia de la normativa jurídico-técnica con incidencia en prevención.
- c) Los programas de actuación preventiva derivados del análisis de la siniestralidad laboral.
- d) La información y asesoramiento sobre la forma más efectiva de cumplir la normativa preventiva.
- e) Otras funciones de análoga naturaleza que se les encomienden.
Facultades. En ejecución de las órdenes de servicio, los Subinspectores Laborales tienen la consideración de agentes de la autoridad y pueden proceder en la forma de los apartados 1 a 4 del artículo 13.
Medidas. Los de la Escala de Empleo y Seguridad Social pueden proceder conforme a los apartados 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 17 y 18 del artículo 22. Los de la Escala de Seguridad y Salud Laboral, conforme a los apartados 1, 2, 5, 12 y 18 del artículo 22, y comunicar internamente las actuaciones de sus apartados 7, 9 y 10.
Visado. Las actas de infracción y, en su caso, de liquidación de los Subinspectores Laborales serán visadas por el Inspector bajo cuya dirección técnica actúen, en los términos que se determinen reglamentariamente según la naturaleza o calificación de la infracción o la cuantía de la sanción propuesta.
Datos clave
- Los Subinspectores Laborales actúan bajo la dirección y supervisión técnica del Inspector responsable de su unidad, grupo o equipo.
- Hay dos Escalas: Empleo y Seguridad Social, y Seguridad y Salud Laboral.
- Tienen la consideración de agentes de la autoridad.
- La Escala de Empleo y Seguridad Social comprueba la prohibición de admitir al trabajo a menores de dieciséis años.
- La Escala de Seguridad y Salud Laboral puede proceder conforme a los apartados 1, 2, 5, 12 y 18 del artículo 22.
- Sus actas de infracción y de liquidación son visadas por el Inspector bajo cuya dirección técnica actúan.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Subinspectores actúan bajo la dirección técnica de un Inspector, en dos Escalas con funciones propias; son agentes de la autoridad, usan las facultades de los apartados 1 a 4 del artículo 13 y solo parte de las medidas del artículo 22; sus actas se visan.
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Artículo 19. Ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
El artículo 19 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, delimita el ámbito de actuación de la Inspección.
Sujetos. La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se extiende a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, y a las comunidades de bienes u otras entidades sin personalidad jurídica, en cuanto sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas del orden social.
Lugares en que se ejerce:
- a) Las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aunque estén regidos o gestionados por las Administraciones Públicas o por entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de ellas, con sujeción en este caso a su normativa específica. También los locales, viviendas u otros lugares en que residan, se alojen o puedan permanecer los trabajadores durante los descansos, cuando los haya puesto a su disposición el empresario en cumplimiento de una norma legal, convenio colectivo o contrato de trabajo.
- b) Los vehículos y medios de transporte en que se preste trabajo, incluidos trenes, aviones y aeronaves civiles, y sus instalaciones auxiliares en tierra. También los buques de pabellón español de la marina mercante y de pesca que se hallen en puertos del territorio español o en aguas en que España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, y sus instalaciones auxiliares en tierra y en territorio español.
- c) Los puertos, aeropuertos, vehículos y puntos de salida, escala y destino, en lo relativo a los viajes de emigración e inmigración interior.
- d) Las entidades y empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social.
- e) Las entidades públicas o privadas que colaboren con las Administraciones Públicas en protección y promoción social.
- f) Las sociedades cooperativas, en su constitución y funcionamiento y en el cumplimiento de las normas del orden social respecto de sus socios trabajadores o de trabajo, y las sociedades laborales en cuanto a su calificación.
Excepción. Los centros, establecimientos, locales e instalaciones cuya vigilancia esté legalmente atribuida a otros órganos se rigen por su normativa específica, sin perjuicio de la competencia de la Inspección en las materias no afectadas por ella.
Mutuas. La inspección de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social la ejerce la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conforme al texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto), y comunica al órgano de dirección y tutela el resultado, los informes y las propuestas.
Datos clave
- La Inspección alcanza a personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, y a comunidades de bienes y entidades sin personalidad jurídica.
- Actúa también en centros gestionados por Administraciones Públicas, con sujeción a su normativa específica.
- Puede actuar en viviendas o alojamientos puestos a disposición de los trabajadores por el empresario por obligación legal, convencional o contractual.
- Incluye buques de pabellón español de la marina mercante y de pesca en puertos o aguas bajo jurisdicción española.
- La inspección de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Inspección alcanza a cualquier sujeto obligado por normas del orden social, público o privado, y actúa en empresas, transportes, buques españoles, puertos, colaboradoras de la Seguridad Social y cooperativas, entre otros lugares.
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Artículo 22. Medidas derivadas de la actividad inspectora
El artículo 22 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, enumera las medidas que pueden adoptar los inspectores de Trabajo y Seguridad Social una vez finalizada la actividad comprobatoria inspectora:
- 1. Advertir y requerir al sujeto responsable, en vez de iniciar un procedimiento sancionador, cuando las circunstancias lo aconsejen y siempre que no se deriven perjuicios directos a los trabajadores o a sus representantes.
- 2. Requerir al sujeto responsable para que, en el plazo que se le señale, adopte las medidas para cumplir la normativa de orden social o subsane las deficiencias en prevención de riesgos laborales, incluso con justificación ante el funcionario actuante.
- 3. Informar o proponer la sustitución de sanciones principales o accesorias, conforme al Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
- 4. Requerir a las Administraciones Públicas por incumplimiento de disposiciones sobre la salud o seguridad del personal civil a su servicio.
- 5. Iniciar el procedimiento sancionador mediante actas de infracción o de infracción por obstrucción.
- 6. Efectuar requerimientos de pago por deudas a la Seguridad Social e iniciar expedientes liquidatorios por débitos, conceptos de recaudación conjunta o bonificaciones indebidas mediante actas de liquidación.
- 7. Promover procedimientos de oficio para la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas y encuadramiento en el régimen adecuado.
- 8. Instar la suspensión o cese en la percepción de prestaciones sociales obtenidas o disfrutadas incumpliendo su normativa.
- 9. Instar la declaración del recargo de las prestaciones económicas por accidente de trabajo o enfermedad profesional causados por falta de medidas de seguridad y salud laboral.
- 10. Proponer recargos o reducciones en las primas de aseguramiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales según el comportamiento preventivo de la empresa.
- 11. Iniciar el procedimiento para la correcta aplicación o devolución de cantidades indebidamente aplicadas en la colaboración en la gestión de la Seguridad Social.
- 12. Ordenar la paralización inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa de prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.
- 13. Comunicar los incumplimientos en ayudas y subvenciones de fomento del empleo, formación profesional para el empleo y promoción social, e iniciar el expediente de devolución cuando proceda.
- 14. Proponer a su superior jerárquico comunicaciones y demandas de oficio ante la Jurisdicción Social, conforme a la Ley 36/2011, de 10 de octubre.
- 15. Poner en conocimiento de la autoridad del Estado miembro de origen los hechos sancionables de empresas establecidas en otros Estados de la Unión Europea.
- 16. Informar sobre la identificación de los sujetos responsables, incluidos los solidarios o subsidiarios, y sobre el señalamiento de bienes para la vía ejecutiva.
- 17. Informar a los Servicios Públicos de Empleo para las acciones de orientación, capacitación y formación de los trabajadores en situación de trabajo no declarado, empleo irregular u otros incumplimientos.
- 18. Cuantas otras medidas se deriven de la legislación en vigor.
Datos clave
- Las medidas se adoptan una vez finalizada la actividad comprobatoria inspectora.
- La advertencia y requerimiento sustituye al procedimiento sancionador si no hay perjuicios directos a los trabajadores.
- El procedimiento sancionador se inicia mediante actas de infracción o de infracción por obstrucción.
- Las deudas a la Seguridad Social se liquidan mediante actas de liquidación.
- La paralización inmediata exige riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.
- Pueden instar el recargo de prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional por falta de medidas de seguridad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dieciocho medidas que el inspector puede adoptar al acabar la comprobación: advertir, requerir, sancionar, liquidar, paralizar trabajos, instar recargos y suspensiones, proponer demandas de oficio, entre otras.
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Artículo 27. Creación del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social
El artículo 27 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, crea el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Naturaleza. Se crea como un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada de la del Estado y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, consistentes en el ejercicio de las funciones que le encomienda la ley. Se articula en torno a una estructura central y una estructura territorial.
Régimen jurídico. Es el establecido en la propia ley y en el capítulo II del título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Su régimen contable, presupuestario y de control, así como el de rendición de cuentas, es el previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, para las entidades integrantes del sector público administrativo estatal.
Adscripción. El Organismo Estatal está adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al que corresponde su dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad.
Estatutos. Corresponde al Gobierno aprobarlos mediante real decreto, previa consulta con las Comunidades Autónomas, a iniciativa del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Datos clave
- El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un organismo autónomo con personalidad jurídica propia y diferenciada de la del Estado.
- Se articula en una estructura central y una estructura territorial.
- Su régimen contable, presupuestario y de control es el de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
- Al Ministerio de adscripción le corresponde su dirección estratégica y la evaluación y control de resultados.
- Sus Estatutos los aprueba el Gobierno por real decreto, previa consulta con las Comunidades Autónomas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Crea el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social como organismo autónomo con personalidad propia, estructura central y territorial, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Artículo 33. Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
El artículo 33 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, regula la Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Designación. En cada Comunidad Autónoma tiene la consideración de Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el cargo público designado por esta para desempeñar específicamente tales funciones en las materias de competencia de la Comunidad, de acuerdo con el correspondiente convenio de colaboración.
Funciones. Conforme a lo que indique el convenio de colaboración, le corresponden en materias de su competencia:
- a) El impulso y seguimiento de la actividad inspectora respecto de las competencias de la Comunidad Autónoma en su territorio.
- b) Promover acuerdos y convenios entre el Organismo Estatal y la Comunidad Autónoma.
- c) Presentar las memorias de actividades de la Inspección en su ámbito territorial, conforme a su propia normativa.
- d) Supervisar los resultados de las actuaciones inspectoras que afecten a centros regidos o administrados por la Comunidad Autónoma.
- e) Proponer planes y programas específicos de formación del personal inspector adaptados a las peculiaridades económicas y laborales de su territorio.
- f) Proponer criterios técnicos y operativos en función de las particularidades de la actividad laboral o económica de la Comunidad, o de peculiaridades geográficas, en especial por razones de insularidad.
- g) Proponer al titular de la Dirección del Organismo Estatal la instrucción de medidas disciplinarias respecto de los funcionarios de la Inspección adscritos al Organismo Estatal en su territorio.
- h) Adoptar las instrucciones sobre guardias y organización de los servicios, en coordinación con la Administración General del Estado.
- i) Cuantas otras dispongan los convenios de colaboración y la normativa vigente.
Datos clave
- La Autoridad Autonómica es el cargo público designado por cada Comunidad Autónoma para esas funciones.
- Sus funciones se ejercen conforme a lo que indique el convenio de colaboración.
- Impulsa y sigue la actividad inspectora en las competencias autonómicas.
- Propone al titular de la Dirección del Organismo Estatal la instrucción de medidas disciplinarias.
- Puede proponer criterios técnicos por peculiaridades geográficas, en especial por insularidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Comunidad Autónoma designa un cargo público como Autoridad Autonómica de la Inspección, con nueve funciones que se ejercen conforme al convenio de colaboración: impulso, propuestas, supervisión e instrucciones de servicio.
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Artículo 133. Competencias de la Inspección
1. La inspección en materia de Seguridad Social se ejercerá a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, desarrollando las funciones y competencias que tiene atribuidas por la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la presente ley y normas concordantes.
2. Específicamente corresponderá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social:
a) La vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la presente ley y, en especial, de los fraudes y morosidad en el ingreso y recaudación de cuotas de la Seguridad Social.
b) La inspección de la gestión, funcionamiento y cumplimiento de la legislación que les sea de aplicación a las entidades colaboradoras en la gestión.
c) La asistencia técnica a entidades y organismos de la Seguridad Social, cuando les sea solicitada.
3. Las competencias transcritas serán ejercidas de acuerdo con las facultades y procedimientos establecidos en las disposiciones aplicables.
4. Lo dispuesto en la presente ley en materia de inspección no será de aplicación a los Regímenes Especiales de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, en tanto no se disponga otra cosa por el Gobierno.
Datos clave
- La inspección en materia de Seguridad Social se ejerce a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Vigila en especial los fraudes y la morosidad en el ingreso y recaudación de cuotas.
- Inspecciona la gestión y funcionamiento de las entidades colaboradoras en la gestión.
- Presta asistencia técnica a entidades y organismos de la Seguridad Social cuando se le solicita.
- No se aplica a los Regímenes Especiales de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, mientras el Gobierno no disponga otra cosa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La inspección de Seguridad Social la ejerce la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: vigila obligaciones y fraude en cuotas, inspecciona a las entidades colaboradoras y da asistencia técnica cuando se le pide.
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Artículo 135. Infracciones y sanciones
1. En materia de infracciones y sanciones, se estará a lo dispuesto en la presente ley y en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
2. Las resoluciones relativas a las sanciones que las entidades gestoras de las prestaciones impongan a los trabajadores y beneficiarios de prestaciones, conforme a lo establecido en el artículo 47 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, serán recurribles ante los órganos jurisdiccionales del orden social, previa reclamación ante la entidad gestora competente en la forma prevista en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Datos clave
- En infracciones y sanciones de Seguridad Social rige esta ley y el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
- Las sanciones de las entidades gestoras a trabajadores y beneficiarios se imponen conforme al artículo 47 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social.
- Son recurribles ante los órganos jurisdiccionales del orden social.
- Antes hay que presentar reclamación ante la entidad gestora competente (artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las infracciones y sanciones se rigen por esta ley y la LISOS; las sanciones de las entidades gestoras a trabajadores y beneficiarios se recurren ante el orden social tras reclamación previa.
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Artículo 1. Organización general del Departamento
El artículo 1 del Real Decreto 501/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fija la organización general de este Departamento.
Competencias. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el Departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Seguridad Social y clases pasivas, así como de la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración y de políticas de inclusión. Estas competencias se entienden en coordinación y sin perjuicio de las que corresponden a otros departamentos ministeriales.
Órganos superiores y directivos. Bajo la superior dirección de la persona titular del Departamento, el Ministerio actúa a través de:
- a) La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.
- b) La Secretaría de Estado de Migraciones.
- c) La Secretaría General de Inclusión, con rango de Subsecretaría.
- d) La Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Gabinete. Como órgano de asistencia inmediata a la persona titular del Departamento existe un Gabinete, con rango de dirección general, con la estructura del artículo 23.2 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Datos clave
- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propone y ejecuta la política del Gobierno en Seguridad Social y clases pasivas.
- También elabora y desarrolla la política en extranjería, inmigración, emigración y políticas de inclusión.
- Cuenta con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Secretaría de Estado de Migraciones.
- La Secretaría General de Inclusión tiene rango de Subsecretaría.
- El Gabinete de la persona titular tiene rango de dirección general.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué hace el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con qué órganos actúa: dos Secretarías de Estado, una Secretaría General de Inclusión con rango de Subsecretaría y la Subsecretaría, más un Gabinete con rango de dirección general.
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Artículo 1. Organización general del Departamento
El artículo 1 del Real Decreto 502/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, fija la organización general de este Departamento.
Competencias. El Ministerio de Trabajo y Economía Social es el Departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de trabajo y relaciones laborales, de empleo, de trabajo autónomo, de economía social y de responsabilidad social de las empresas. Estas competencias se entienden en coordinación y sin perjuicio de las que corresponden a otros Departamentos ministeriales.
Órganos superiores y directivos. Bajo la superior dirección de la persona titular del Departamento, el Ministerio desarrolla sus funciones a través de:
- a) La Secretaría de Estado de Trabajo.
- b) La Secretaría de Estado de Economía Social.
- c) La Subsecretaría de Trabajo y Economía Social.
Gabinete. Como órgano de asistencia inmediata a la persona titular de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y titular del Departamento existe un Gabinete, con rango de Subsecretaría. Una de las personas asesoras, con rango de Dirección General, tendrá la función de coordinación jurídica, conforme al artículo 23.1 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Consejo Económico y Social. Conforme a la Ley 21/1991, de 17 de junio, por la que se crea el Consejo Económico y Social, este queda adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Datos clave
- El Ministerio de Trabajo y Economía Social propone y ejecuta la política del Gobierno en trabajo, relaciones laborales, empleo, trabajo autónomo, economía social y responsabilidad social de las empresas.
- Órganos superiores y directivos: Secretaría de Estado de Trabajo, Secretaría de Estado de Economía Social y Subsecretaría de Trabajo y Economía Social.
- El Gabinete de la persona titular tiene rango de Subsecretaría.
- Una persona asesora con rango de Dirección General asume la coordinación jurídica.
- El Consejo Económico y Social queda adscrito al Ministerio (Ley 21/1991, de 17 de junio).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Ministerio de Trabajo y Economía Social lleva trabajo y relaciones laborales, empleo, trabajo autónomo, economía social y responsabilidad social de las empresas; actúa con dos Secretarías de Estado y una Subsecretaría y tiene adscrito el Consejo Económico y Social.
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Artículo 2. Secretaría de Estado de Trabajo
El artículo 2 del Real Decreto 502/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, regula la Secretaría de Estado de Trabajo.
Función. A la Secretaría de Estado de Trabajo, bajo la superior autoridad de la persona titular del Departamento, le corresponde desarrollar la política del Gobierno en materia de trabajo y relaciones laborales, de empleo y de trabajo autónomo.
Órganos directivos dependientes:
- a) La Dirección General de Trabajo.
- b) La Dirección General de Trabajo Autónomo.
- c) La Dirección General de Nuevas Formas de Empleo.
Unidades con nivel orgánico de subdirección general:
- a) Un Gabinete, órgano de apoyo y asistencia inmediata a la persona titular de la Secretaría de Estado, con la estructura del artículo 23.3 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre.
- b) La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. Ejerce las funciones atribuidas al Estado miembro por la normativa europea relativa al Fondo Social Europeo, a la Iniciativa de Empleo Juvenil, al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, al Fondo de Ayuda Europea a las personas más Desfavorecidas y al Fondo Social Europeo Plus; propone las normas estatales sobre subvencionabilidad de los gastos financiados por estos Fondos; gestiona, sigue y certifica las actividades financiadas con ellos y asume las funciones de Autoridad de Gestión, de Certificación, con función de contabilidad o asimilables; realiza las verificaciones y propone medidas correctoras de los sistemas de gestión y control; recibe los ingresos de la Comisión Europea, en concepto de reembolso o de prefinanciación, y propone los pagos a organismos intermedios o beneficiarios; y mantiene la relación con la Comisión Europea, la participación en comités y la interlocución con autoridades y agentes sociales, salvo en programación y evaluación.
- c) La Subdirección General de Programación y Evaluación del Fondo Social Europeo. Programa y planifica las formas de intervención de la Unión Europea en desarrollo de capital humano, en coordinación con la Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas, las Corporaciones Locales y los agentes sociales, garantizando los principios de complementariedad, cooperación, subsidiariedad y cumplimiento normativo; ejerce las funciones del Estado miembro en la programación y evaluación de esos fondos; elabora las propuestas de modificación de los programas operativos; realiza su evaluación en coordinación con las administraciones territoriales; y asume la relación con la Comisión Europea, la representación en comités y redes y los análisis, estudios, informes y propuestas legislativas en programación y evaluación.
- d) La Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral. Formula el Plan Estadístico Nacional y sus programas anuales en el ámbito del Departamento y elabora sus estadísticas; coordina la actividad estadística del Departamento a través de la Comisión Ministerial de Estadística y difunde públicamente sus estadísticas; coordina la materia estadística con el Instituto Nacional de Estadística, otros Departamentos, otras administraciones, organismos internacionales y la Oficina Estadística de la Unión Europea; participa en los registros, bases de datos y sistemas de información; realiza estudios e informes para la toma de decisiones en empleo, relaciones laborales y economía social; explota y sigue los indicadores del mercado de trabajo; analiza y evalúa las políticas laborales y de empleo y coordina con la Secretaría General Técnica los aspectos económicos de las memorias del análisis de impacto normativo; y apoya los estudios que requiera la relación con los organismos multilaterales.
Organismos adscritos a través de la Secretaría de Estado de Trabajo:
- el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social;
- el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A.;
- el Fondo de Garantía Salarial, O.A.;
- el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P.
Órganos colegiados adscritos: el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Consejo del Trabajo Autónomo.
Fundaciones. Queda adscrita, a través de la Secretaría de Estado de Trabajo, la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, F.S.P. Quedan vinculadas al Ministerio la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P., y la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P., actuando la Secretaría de Estado de Trabajo como órgano de coordinación del Ministerio.
Datos clave
- La Secretaría de Estado de Trabajo desarrolla la política del Gobierno en trabajo y relaciones laborales, empleo y trabajo autónomo.
- De ella dependen las Direcciones Generales de Trabajo, de Trabajo Autónomo y de Nuevas Formas de Empleo.
- La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo tiene nivel orgánico de subdirección general.
- Se adscriben a través de ella el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el SEPE, el FOGASA y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Órganos adscritos: Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Consejo del Trabajo Autónomo.
- Se le adscribe la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, F.S.P.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Secretaría de Estado de Trabajo desarrolla la política de trabajo y relaciones laborales, empleo y trabajo autónomo: tiene tres direcciones generales, cuatro unidades con nivel de subdirección general y, adscritos, cuatro organismos, tres órganos colegiados y una fundación.
Esquema
| Unidad Administradora | S. G. de Programación y Evaluación | |
|---|---|---|
| Núcleo | Gestión, seguimiento y certificación de las actividades financiadas | Programación, planificación y evaluación de las formas de intervención |
| Autoridad | De Gestión, de Certificación, con función de contabilidad o asimilables | Funciones del Estado miembro en programación y evaluación |
| Comisión Europea | Relación, salvo en programación y evaluación | Relación y representación en comités y redes en programación y evaluación |
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Artículo 3. Dirección General de Trabajo
El artículo 3 del Real Decreto 502/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, regula la Dirección General de Trabajo.
Funciones. Corresponden a la Dirección General de Trabajo:
- a) La ordenación y desarrollo de las relaciones laborales individuales y colectivas, las condiciones de trabajo, la prevención de riesgos laborales, los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, y la elaboración e interpretación de las normas de empleo, protección por desempleo y empresas de trabajo temporal.
- b) La elaboración y seguimiento de sus propuestas presupuestarias y la tramitación de sus obligaciones de contenido económico.
- c) La certificación de la capacidad representativa de las organizaciones sindicales cuando el ámbito supere el de una Comunidad Autónoma, y el procesamiento de las actas electorales de Ceuta y Melilla.
- d) El depósito de estatutos de organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, de pactos o acuerdos colectivos no inscribibles en el Registro de convenios y el registro de los reglamentos de los comités de empresa, de ámbito nacional o supracomunitario.
- e) La resolución sobre las ayudas previas a la jubilación ordinaria y las ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por reestructuraciones de empresas y a las personas trabajadoras de la estiba portuaria.
- f) Los estudios e informes sobre planes de viabilidad y reordenación de sectores y empresas en crisis.
- g) y h) La coordinación administrativa interna y la coordinación funcional de los órganos periféricos de la Administración General del Estado en sus funciones.
- i) La tramitación de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada, de los vinculados al Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo y de otros de intervención administrativa en las relaciones laborales.
- j) La conciliación, mediación y arbitraje en conflictos laborales y el seguimiento de los conflictos colectivos.
- k) La tramitación de los procedimientos sancionadores en materia laboral, de empresas de trabajo temporal, de empleo, protección por desempleo y prevención de riesgos laborales de su competencia, y la preparación de la resolución de órganos superiores.
- l) El depósito, registro y publicación de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, y el seguimiento de la negociación colectiva.
- m) La autorización de actividades y demás actuaciones relativas a las empresas de trabajo temporal de su competencia.
- n), ñ) y o) La elaboración de proyectos normativos, los informes y consultas sobre su interpretación y el apoyo técnico-jurídico para la transposición y aplicación de directivas e instrumentos comunitarios o internacionales.
- p) La tramitación y resolución de los procedimientos de pérdida del derecho al cobro o de reintegro de las subvenciones de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P., y las sanciones y demás potestades administrativas sobre ellas.
Estructura. Dependen de la Dirección General, con nivel orgánico de subdirección general:
- a) La Subdirección General de Relaciones Laborales: funciones de los párrafos b) a m).
- b) La Subdirección General de Ordenación Normativa: funciones de los párrafos a), n), ñ) y o).
La función del párrafo p) la ejerce directamente la persona titular de la Dirección General. Queda adscrita a la Dirección General de Trabajo la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, regulada por el Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre.
Datos clave
- La Dirección General de Trabajo ordena las relaciones laborales, las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales.
- Tramita los despidos colectivos, las suspensiones de contratos, las reducciones de jornada y los procedimientos del Mecanismo RED.
- Tramita los procedimientos sancionadores laborales de su competencia.
- Depende de ella la Subdirección General de Relaciones Laborales y la Subdirección General de Ordenación Normativa.
- La función del párrafo p) la ejerce directamente su titular.
- Se le adscribe la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Dirección General de Trabajo ordena las relaciones laborales, tramita despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada, registra convenios y planes de igualdad y sanciona en su ámbito; reparte sus funciones entre dos subdirecciones y su titular.
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Artículo 9. Subsecretaría de Trabajo y Economía Social
El artículo 9 del Real Decreto 502/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, regula la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social.
Funciones. La Subsecretaría ostenta la representación ordinaria del Ministerio y la dirección de sus servicios comunes, y ejerce las atribuciones del artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En particular:
- a) El apoyo y asesoramiento técnico a la persona titular del Departamento en los planes de actuación del Ministerio.
- b) El estudio de los elementos organizativos y los proyectos organizativos de ámbito ministerial.
- c) La supervisión de la fundamentación técnico-jurídica de los asuntos que se sometan a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, a las Comisiones Delegadas del Gobierno y al Consejo de Ministros.
- d) La coordinación y gestión de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales.
- e) El informe de los proyectos de normas de otros Ministerios.
- f) La coordinación de la acción exterior y de la cooperación internacional y, a través de la Secretaría General Técnica, de las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el exterior, coordinándose con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
- g) El respaldo al Delegado de Protección de Datos del Ministerio.
Cuando estas funciones estén desconcentradas o delegadas, le corresponde su coordinación y control, respectivamente.
Secretaría General Técnica. Depende de la Subsecretaría, con rango de dirección general, y ejerce las competencias del artículo 10.
Órganos adscritos. Con nivel orgánico de Subdirección General, y sin perjuicio de su dependencia de los Ministerios de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de Hacienda, se adscriben a la Subsecretaría la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.
Órganos dependientes con nivel orgánico de Subdirección General:
- a) El Gabinete Técnico: coordina y sigue las unidades de la Subsecretaría y, en particular, asume la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres del personal y las funciones del artículo 3 del Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, sobre las Unidades de Igualdad; el apoyo en Gobierno Abierto; la coordinación de las campañas de publicidad institucional; la Unidad de Información de Transparencia; y la Unidad de inclusión del personal con discapacidad (disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre).
- b) La Subdirección General de Administración Financiera y de la Oficina Presupuestaria: gestión económica de los créditos de los servicios comunes; gestión de la tesorería, cajas pagadoras, habilitación y pagaduría; subvenciones y contratación de la Subsecretaría; transferencias a organismos autónomos; y elaboración del anteproyecto de presupuestos, seguimiento de la ejecución y modificaciones presupuestarias (Real Decreto 2855/1979, de 21 de diciembre, de Oficinas Presupuestarias).
- c) La Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios: gestión de los recursos humanos; relaciones de puestos de trabajo y planes de empleo; provisión de puestos; formación y acción social; relaciones con las organizaciones sindicales; coordinación de los recursos humanos de los organismos autónomos; control e inspección de los servicios y apoyo a las evaluaciones de políticas públicas del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas; y competencias del delegado de protección de datos conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
- d) La Oficialía Mayor: registro general; servicios generales y régimen interior; recursos materiales; inventario de bienes muebles e inmuebles de los servicios centrales y de las Consejerías en el exterior; mantenimiento de los edificios y arrendamientos; prevención de riesgos laborales de los servicios centrales; contratación y supervisión de obras, salvo en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social; cesiones en uso del patrimonio sindical acumulado y gestión del patrimonio sindical histórico; e información administrativa y atención al ciudadano.
- e) La Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para los servicios centrales, interprovinciales y del exterior y los organismos autónomos adscritos, salvo el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A.: sistemas de información; redes de telefonía y datos y su seguridad; presencia en internet del Ministerio; auditorías de calidad y seguridad de los sistemas, con imparcialidad e independencia; política informática y administración digital; e inventario de medios tecnológicos.
Datos clave
- La Subsecretaría ostenta la representación ordinaria del Ministerio y la dirección de sus servicios comunes.
- Ejerce las atribuciones del artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
- De ella depende, con rango de dirección general, la Secretaría General Técnica.
- Se le adscriben la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.
- Dependen de ella el Gabinete Técnico, la Subdirección General de Administración Financiera y de la Oficina Presupuestaria, la de Recursos Humanos e Inspección de Servicios, la Oficialía Mayor y la de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- La Oficialía Mayor gestiona el registro general y el patrimonio sindical acumulado e histórico.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Subsecretaría de Trabajo y Economía Social representa ordinariamente al Ministerio, dirige sus servicios comunes y ejerce las atribuciones del artículo 63 de la Ley 40/2015; de ella dependen la Secretaría General Técnica y cinco unidades con nivel de subdirección general.
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Artículo 1. Competencias de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
El artículo 1 del Decreto 195/2026, de 30 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, enumera las competencias de esta Consejería de la Junta de Andalucía.
Corresponden a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo:
- a) La coordinación y el impulso del servicio de empleo autonómico, con especial atención a la orientación e intermediación laboral atribuidas por el artículo 3 de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo; en particular, la intermediación laboral, la orientación de las personas demandantes y la dinamización de la oferta de empleo; la atención a las necesidades de cada territorio en coordinación con las Administraciones Locales; y la ejecución y coordinación de la Estrategia Europea de Empleo en Andalucía.
- b) Las relaciones laborales individuales y colectivas; condiciones de trabajo; mediación, arbitraje y conciliación; y en general las competencias de la Autoridad Laboral en Andalucía, salvo la determinación de servicios mínimos del personal laboral o estatutario de entidades que presten un servicio esencial en el sector sanitario. Se dejan a salvo las competencias de la Consejería competente en administración pública respecto del personal de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y de régimen especial.
- c) Las políticas de prevención de riesgos laborales, con la misma salvedad, promoviendo la cultura preventiva y combatiendo la siniestralidad laboral, según los artículos 63.1.4.º y 171 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- d) Las políticas de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, sin perjuicio de las competencias de conciliación de otra Consejería, incluida la empleabilidad de las mujeres y de colectivos con especiales dificultades y la igualdad en la negociación colectiva.
- e) Las competencias funcionales sobre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de empleo, relaciones laborales y prevención de riesgos laborales asignadas a la Junta de Andalucía.
- f) La formación en el ámbito laboral.
- g) El fomento y la promoción del trabajo autónomo y del autoempleo.
- h) La economía social y, en especial, las cooperativas y las sociedades laborales.
- i) El fomento de las capacidades y la competitividad de las empresas andaluzas mediante ayudas de carácter transversal.
- j) El fomento de las políticas de incentivos para el empleo, de su calidad y estabilidad.
- k) La promoción y el desarrollo del empleo local, en coordinación con las Administraciones Locales.
- l) El comercio interior y la artesanía: planificación, ordenación, promoción y desarrollo.
Datos clave
- La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ejerce las competencias de la Autoridad Laboral en Andalucía.
- Se exceptúa la determinación de servicios mínimos del personal que presta un servicio esencial en el sector sanitario.
- Ejerce las competencias funcionales sobre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en empleo, relaciones laborales y prevención de riesgos laborales.
- La orientación e intermediación laboral se vincula al artículo 3 de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, del Servicio Andaluz de Empleo.
- La prevención de riesgos laborales se apoya en los artículos 63.1.4.º y 171 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- Incluye la economía social, en especial cooperativas y sociedades laborales, y el comercio interior y la artesanía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Competencias de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo: servicio de empleo, Autoridad Laboral, prevención de riesgos, igualdad laboral, formación, autónomos, economía social, empresa, empleo local y comercio interior y artesanía.
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Artículo 2. Organización general de la Consejería
El artículo 2 del Decreto 195/2026, de 30 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, fija la organización general de la Consejería.
Órganos directivos centrales. Bajo la superior dirección de su titular, la Consejería se estructura en los siguientes órganos, según este orden de prelación:
- a) Viceconsejería.
- b) Secretaría General de Servicio Público de Empleo y Formación.
- c) Secretaría General de Empresa y Trabajo Autónomo.
- d) Secretaría General Técnica.
- e) Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral.
- f) Dirección General de Formación en el ámbito laboral.
- g) Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social.
- h) Dirección General de Incentivos para el Empleo.
- i) Dirección General de Comercio y Artesanía.
Ámbito provincial. La Consejería gestiona sus competencias a través de los servicios periféricos correspondientes, con la estructura territorial establecida.
Entidades instrumentales adscritas: el Servicio Andaluz de Empleo y el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
Servicio Andaluz de Empleo. Bajo la Presidencia de la persona titular de la Viceconsejería, se estructura en la Dirección-Gerencia, ejercida por la persona titular de la Secretaría General de Servicio Público de Empleo y Formación, y la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral.
Consorcios adscritos: Centro de Formación Medioambiental y Desarrollo Sostenible (en liquidación) (FORMADES); Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga (en liquidación) (FORMAN); y Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.
Órganos adscritos: el Consejo Económico y Social de Andalucía y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, al que se adscribe funcionalmente el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA).
Gabinete. Para el apoyo y asistencia inmediata a la persona titular de la Consejería existirá un Gabinete, cuya composición se establece conforme a la normativa específica vigente.
Datos clave
- El primer órgano directivo central en el orden de prelación es la Viceconsejería.
- La Consejería cuenta con tres Secretarías Generales y cinco Direcciones Generales.
- Entidades instrumentales adscritas: Servicio Andaluz de Empleo e Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
- El Servicio Andaluz de Empleo está bajo la Presidencia de la persona titular de la Viceconsejería.
- Su Dirección-Gerencia la ejerce la persona titular de la Secretaría General de Servicio Público de Empleo y Formación.
- El SERCLA se adscribe funcionalmente al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Organización de la Consejería: Viceconsejería, tres Secretarías Generales y cinco Direcciones Generales, más el Servicio Andaluz de Empleo y el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales como entidades instrumentales.
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Artículo 8. Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral
El artículo 8 del Decreto 195/2026, de 30 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, regula la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral.
Competencias generales. A su titular le corresponden las competencias del artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Es el órgano directivo al que corresponden las competencias propias de la Autoridad Laboral en materia de relaciones laborales y las relativas a la seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras, los mecanismos de inspección, prevención de riesgos laborales y lucha contra la siniestralidad laboral, sin perjuicio de las competencias de la Consejería competente en administración pública respecto del personal de la Junta de Andalucía.
Atribuciones particulares:
- a) Las relaciones laborales individuales y colectivas, incluidas la mediación, arbitraje y conciliación, sin perjuicio de las competencias del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales.
- b) La determinación de los servicios mínimos en las huelgas, salvo las del personal laboral o estatutario de entidades que presten un servicio esencial en el sector sanitario.
- c) y d) El fomento de los planes de igualdad en las empresas y la promoción de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en colaboración con la Consejería competente en igualdad.
- e) La investigación y difusión de los aspectos laborales de la responsabilidad social corporativa.
- f) Las sancionadoras por infracciones en el orden social, sin perjuicio de las atribuidas a otros órganos por razón de la materia y de su cuantía.
- g) La promoción de la seguridad y salud laboral y los planes para combatir la siniestralidad.
- h) La autorización, registro y acreditación de entidades y personas en prevención de riesgos laborales.
- i) La coordinación de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales, como órganos técnicos.
- j) El sistema de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la investigación de sus causas y las estadísticas de siniestralidad.
- k) La dirección, control y tutela del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
- l) Las derivadas del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de protección sociolaboral a ex-trabajadores andaluces afectados por reestructuraciones, y de la Ley 1/2016, de 1 de marzo, sobre ayudas a los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo núm. 160/2004 de la empresa Hitemasa.
- m) La dirección funcional de los Sistemas de Información de su ámbito, sin perjuicio de la coordinación general de la Viceconsejería.
- n) Cualesquiera otras que le atribuya la legislación vigente.
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Queda adscrito a esta Dirección General, cuya persona titular ostenta la Dirección-Gerencia del Instituto.
Datos clave
- Ejerce las competencias propias de la Autoridad Laboral en relaciones laborales y en seguridad y salud laboral.
- Le corresponden las competencias sancionadoras por infracciones en el orden social, sin perjuicio de las atribuidas a otros órganos por materia y cuantía.
- Determina los servicios mínimos en las huelgas, salvo en servicios esenciales del sector sanitario.
- Coordina los Centros de Prevención de Riesgos Laborales.
- El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales queda adscrito a esta Dirección General.
- Su titular ostenta la Dirección-Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dirección General que actúa como Autoridad Laboral en relaciones laborales y seguridad y salud: servicios mínimos, sanciones del orden social, prevención de riesgos, siniestralidad y tutela del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
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Artículo 13. Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo
El artículo 13 del Decreto 195/2026, de 30 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, regula la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo.
Competencias. Corresponde a la Dirección-Gerencia el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 9 de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo, y por el artículo 15 de los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo, aprobados por Decreto 96/2011, de 19 de abril.
Funciones. Le corresponden además:
- a) La organización, coordinación y racionalización del funcionamiento de las unidades y servicios del Servicio Andaluz de Empleo.
- b) Las funciones generales de administración, registro y archivo.
- c) La elaboración, tramitación e informe de los proyectos de disposiciones de carácter general en su ámbito.
- d) La gestión de la contratación administrativa del organismo, sin perjuicio de las competencias de otros órganos.
- e) La planificación, coordinación y seguimiento de la actividad administrativa de los órganos centrales y territoriales.
- f) La elaboración y coordinación de los planes de control.
- g) El impulso y coordinación de los sistemas de información y del intercambio de información con otras administraciones y entidades colaboradoras.
- h) El estudio y prospección del mercado de trabajo en Andalucía y las estadísticas e indicadores de empleo para planificar, seguir y evaluar las políticas públicas de empleo.
- i) La planificación, coordinación, gestión y seguimiento de las Escuelas de Formación adscritas y de su programación formativa, incluidas las clasificadas como Centros de Referencia Nacional.
- j) La coordinación de la participación en programas financiados con fondos europeos, el seguimiento de sus indicadores y la coordinación de las auditorías y controles de los organismos competentes.
- k) El apoyo técnico y administrativo a los órganos de gobierno del Servicio Andaluz de Empleo.
Datos clave
- La Dirección-Gerencia ejerce las competencias del artículo 9 de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre.
- También las del artículo 15 de los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo, aprobados por Decreto 96/2011, de 19 de abril.
- Gestiona la contratación administrativa del organismo.
- Planifica y coordina las Escuelas de Formación, incluidas las clasificadas como Centros de Referencia Nacional.
- Coordina la participación en programas con fondos europeos y sus auditorías y controles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo ejerce las competencias de su ley de creación y de sus Estatutos, y además organiza el organismo, su contratación, los planes de control, las Escuelas de Formación y los fondos europeos.