Tema 75: Ordenación del territorio y urbanismo: competencias de la Comunidad Autónoma. Los planes para la ordenación del territorio. La ordenación urbanística. El régimen urbanístico del suelo. La protección de la legalidad urbanística.
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- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
- Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
- Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
Artículo 56. Vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y obras públicas.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda, que incluye en todo caso:
a) La planificación, la ordenación, la gestión, la inspección y el control de la vivienda; el establecimiento de prioridades y objetivos de la actividad de fomento de las Administraciones Públicas de Andalucía en materia de vivienda y la adopción de las medidas necesarias para su alcance; la promoción pública de viviendas; las normas técnicas, la inspección y el control sobre la calidad de la construcción; el control de condiciones de infraestructuras y de normas técnicas de habitabilidad de las viviendas; la innovación tecnológica y la sostenibilidad aplicable a las viviendas; y la normativa sobre conservación y mantenimiento de las viviendas y su aplicación.
b) La regulación administrativa del comercio referido a viviendas y el establecimiento de medidas de protección y disciplinarias en este ámbito.
2. Asimismo, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia sobre las condiciones de los edificios para la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, radiodifusión, telefonía básica y otros servicios por cable, respetando la legislación del Estado en materia de telecomunicaciones.
3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de urbanismo, que incluye, en todo caso, la regulación del régimen urbanístico del suelo; la regulación del régimen jurídico de la propiedad del suelo, respetando las condiciones básicas que el Estado establece para garantizar la igualdad del ejercicio del derecho a la propiedad; el establecimiento y la regulación de los instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística; la política de suelo y vivienda, la regulación de los patrimonios públicos de suelo y vivienda y el régimen de la intervención administrativa en la edificación, la urbanización y el uso del suelo y el subsuelo; y la protección de la legalidad urbanística, que incluye en todo caso la inspección urbanística, las órdenes de suspensión de obras y licencias, las medidas de restauración de la legalidad física alterada, así como la disciplina urbanística.
4. Asimismo, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de derecho de reversión en las expropiaciones urbanísticas, en el marco de la legislación estatal.
5. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, que incluye en todo caso el establecimiento y regulación de las directrices y figuras de planeamiento territorial, las previsiones sobre emplazamientos de infraestructuras y equipamientos, la promoción del equilibrio territorial y la adecuada protección ambiental.
6. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, la competencia exclusiva, que incluye en todo caso: el establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas, así como la regulación del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos y planes; la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, respetando las excepciones que puedan establecerse por motivos medioambientales en las aguas costeras interiores y de transición; la regulación y la gestión del régimen económico-financiero del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos por la legislación general; la ejecución de obras y actuaciones en el litoral andaluz cuando no sean de interés general. Corresponde también a la Comunidad Autónoma la ejecución y la gestión de las obras de interés general situadas en el litoral andaluz, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del presente artículo.
7. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de planificación, construcción y financiación de las obras públicas en el ámbito de la Comunidad, siempre que no estén declaradas de interés general por el Estado.
8. La Comunidad Autónoma de Andalucía participará en la planificación y programación de las obras públicas de interés general competencia del Estado a través de los órganos y procedimientos multilaterales a que se refiere el apartado 1 del artículo 221 de este Estatuto. La Comunidad Autónoma emitirá informe previo sobre la calificación de obra de interés general del Estado. En el supuesto de las obras calificadas de interés general o que afecten a otra Comunidad Autónoma, podrán suscribirse convenios de colaboración para su gestión, de conformidad con lo dispuesto en la legislación del Estado y según lo establecido en el Título IX.
9. La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado emitirá informe previo sobre la determinación de la ubicación de infraestructuras y equipamientos de titularidad estatal en Andalucía.
10. La calificación de interés general del Estado respecto de obras públicas titularidad de la Comunidad Autónoma requerirá informe previo de la misma y se ejecutarán, en todo caso, mediante convenio de colaboración.
Datos clave
- Competencia exclusiva en vivienda, incluida la promoción pública de viviendas y la regulación administrativa del comercio referido a viviendas.
- Competencia exclusiva en urbanismo, incluida la disciplina urbanística.
- Competencia compartida sobre el derecho de reversión en las expropiaciones urbanísticas.
- Competencia exclusiva en ordenación del territorio y en ordenación del litoral.
- Exclusiva en obras públicas en el ámbito de la Comunidad no declaradas de interés general por el Estado.
- La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado emite informe previo sobre la ubicación de infraestructuras estatales en Andalucía.
- La calificación de interés general del Estado de obras autonómicas requiere informe previo y se ejecuta mediante convenio de colaboración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y del litoral y obras públicas no declaradas de interés general son exclusivas; la reversión en expropiaciones urbanísticas es compartida; y en obras estatales Andalucía participa e informa.
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Artículo 4. Ordenación del territorio y ordenación urbanística.
El artículo 4 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, define la ordenación territorial y la urbanística como funciones públicas y fija las garantías que debe asegurar su legislación.
1. La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.
El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve.
2. La legislación sobre la ordenación territorial y urbanística garantizará:
a) La dirección y el control por las Administraciones Públicas competentes del proceso urbanístico en sus fases de ocupación, urbanización, construcción o edificación y utilización del suelo por cualesquiera sujetos, públicos y privados.
b) La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción de los entes públicos en los términos previstos por esta ley y las demás que sean de aplicación.
c) El derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas.
3. La gestión pública urbanística y de las políticas de suelo fomentará la participación privada.
4. (Anulado).
Datos clave
- La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción.
- Esa determinación no confiere derecho a indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.
- El ejercicio de la potestad de ordenación debe ser motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve.
- Se garantiza la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción de los entes públicos.
- La gestión pública urbanística y de las políticas de suelo fomentará la participación privada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ordenación del territorio y la urbanística son funciones públicas que no se negocian: definen el uso del suelo según el interés general, deben motivarse y su ley ha de garantizar control público, plusvalías para la comunidad e información y participación ciudadanas.
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Artículo 11. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo.
El artículo 11 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, regula el régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo.
1. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.
2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.
3. Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.
4. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con silencio administrativo negativo, los actos que autoricen:
a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.
b) Las obras de edificación , construcción e implantación de instalaciones de nueva planta.
c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.
d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la legislación de protección del domino público.
5. Cuando la legislación de ordenación territorial y urbanística aplicable sujete la primera ocupación o utilización de las edificaciones a un régimen de comunicación previa o de declaración responsable, y de dichos procedimientos no resulte que la edificación cumple los requisitos necesarios para el destino al uso previsto, la Administración a la que se realice la comunicación deberá adoptar las medidas necesarias para el cese de la ocupación o utilización comunicada. Si no adopta dichas medidas en el plazo de seis meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales medidas. La Administración podrá repercutir en el sujeto obligado a la presentación de la comunicación previa o declaración responsable el importe de tales perjuicios.
Tanto la práctica de la comunicación previa a la Administración competente, como las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que aquella pudiera adoptar en relación con el acto comunicado, deberán hacerse constar en el Registro de la Propiedad, en los términos establecidos por la legislación hipotecaria y por esta ley.
Datos clave
- El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario.
- La edificabilidad se patrimonializa únicamente con su realización efectiva.
- No se adquieren por silencio administrativo facultades o derechos contrarios a la ordenación territorial o urbanística.
- Son expresos, con silencio administrativo negativo, los actos que autoricen parcelaciones, obras de nueva planta, casas prefabricadas y tala de masas arbóreas.
- Si la Administración no adopta medidas contra una ocupación comunicada que no cumple en seis meses, responde de los perjuicios a terceros de buena fe.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La propiedad del suelo tiene un régimen estatutario: la edificabilidad prevista no es tuya hasta que la realizas y cumples tus deberes, todo acto de edificación necesita control administrativo y por silencio no se gana nada contrario a la ordenación.
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Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de la ordenación del territorio y el urbanismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. La ordenación territorial y urbanística se ajustará al marco de esta Ley, a las normas autonómicas y locales que se dicten en su desarrollo, incluidos los correspondientes instrumentos de ordenación, a la normativa estatal que resulte de aplicación y a las disposiciones, reglamentos y directivas europeas de obligado cumplimiento.
Datos clave
- Objeto: la regulación de la ordenación del territorio y el urbanismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Marco: la propia Ley, sus normas autonómicas y locales de desarrollo, incluidos los instrumentos de ordenación.
- También se ajusta a la normativa estatal aplicable y a las disposiciones, reglamentos y directivas europeas de obligado cumplimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La LISTA regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Andalucía, y esa ordenación se encaja en un marco de normas autonómicas, locales, estatales y europeas.
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Artículo 2. Competencias administrativas.
1. La Comunidad Autónoma ostenta competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.5 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Dicha competencia comprende la ordenación, ejecución y disciplina sobre aquellas actuaciones, usos y asentamientos existentes o futuros cuya incidencia trascienda del ámbito municipal por su objeto, magnitud, impacto regional o subregional o por su carácter estructurante y vertebrador del territorio. En este sentido, tienen incidencia supralocal las actuaciones que afecten a:
a) El sistema de asentamientos.
b) Las vías de comunicaciones e infraestructuras básicas del sistema de transportes.
c) Las infraestructuras supralocales para el ciclo del agua, la energía y las telecomunicaciones.
d) Los equipamientos, espacios libres y servicios de interés supralocal.
e) Las actividades económicas de interés supralocal.
f) El uso y aprovechamiento de los recursos naturales básicos, incluido el suelo, y en especial cuando afecte a los suelos rústicos de especial protección por legislación sectorial y a los suelos preservados por los instrumentos de ordenación territorial previstos en esta Ley.
2. Las competencias en materia de urbanismo, que en esta Ley se otorgan a los Municipios, se desarrollarán en el marco de la ordenación territorial y sin perjuicio de las competencias que en materia de urbanismo corresponden a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el artículo 56.3 del Estatuto de Autonomía.
Datos clave
- La Comunidad Autónoma ostenta competencia exclusiva en ordenación del territorio (artículo 56.5 del Estatuto de Autonomía).
- Comprende la ordenación, ejecución y disciplina de actuaciones cuya incidencia trascienda del ámbito municipal.
- Tienen incidencia supralocal, entre otras, las que afecten al sistema de asentamientos y a las infraestructuras básicas del sistema de transportes.
- También las que afecten al uso de los recursos naturales básicos, incluido el suelo.
- Las competencias urbanísticas municipales se ejercen en el marco de la ordenación territorial (artículo 56.3 del Estatuto).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Junta tiene competencia exclusiva en ordenación del territorio sobre lo que trasciende al municipio; los Municipios ejercen el urbanismo dentro de ese marco y sin perjuicio de las competencias autonómicas.
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Artículo 12. Clases del suelo.
A efectos de la presente Ley, el suelo se clasifica en suelo urbano y suelo rústico.
Datos clave
- El suelo se clasifica en dos clases según el artículo 12 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
- Clases: suelo urbano y suelo rústico.
- La clasificación se establece a efectos de la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
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A efectos de la LISTA andaluza, el suelo se clasifica solo en urbano y rústico.
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Artículo 13. Suelo urbano.
1. Conforman el suelo urbano los terrenos que, estando integrados en la malla urbana constituida por una red de viales, dotaciones y parcelas propias del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumplan alguna de las siguientes condiciones:
a) Haber sido urbanizados en ejecución de los instrumentos de ordenación urbanística o territorial y de conformidad con sus determinaciones, desde el momento en que se produzca la recepción de las obras de urbanización conforme a esta Ley y a sus normas de desarrollo.
b) Estar transformados urbanísticamente por contar con acceso rodado por vía urbana y conexión en red con los servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica.
c) Estar ocupados por la edificación, al menos, en las dos terceras partes del espacio apto para ello, de acuerdo con el ámbito que el instrumento de ordenación urbanística general establezca.
2. También forman parte del suelo urbano los núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural que sirven de soporte a un asentamiento de población singularizado, identificable y diferenciado, siempre que cuenten con acceso rodado y con las infraestructuras y servicios básicos que se determinen reglamentariamente.
3. A los efectos de esta Ley, tendrán la condición de solar las parcelas de suelo urbano dotadas de las infraestructuras y servicios que determine la ordenación urbanística y, como mínimo, las siguientes:
a) Acceso por vías urbanas pavimentadas, salvo que el instrumento de ordenación establezca lo contrario.
b) Alumbrado público en la vía a que dé frente la parcela, salvo que se encuentren en espacios privados.
c) Servicio urbano de suministro de agua potable, evacuación de aguas residuales y energía eléctrica con capacidad suficiente para el uso previsto.
4. La condición de solar se extingue:
a) Por la inadecuación sobrevenida de su urbanización.
b) Por su integración en actuaciones de transformación urbanística.
Datos clave
- El suelo urbano son terrenos integrados en la malla urbana que cumplan alguna de las condiciones de las letras a) a c).
- Por edificación, se exige ocupación de al menos las dos terceras partes del espacio apto.
- Forman parte del suelo urbano los núcleos rurales tradicionales legalmente asentados con acceso rodado e infraestructuras básicas.
- Solar: parcela con acceso por vías pavimentadas, alumbrado público y suministro de agua, evacuación de aguas residuales y energía eléctrica.
- La condición de solar se extingue por inadecuación sobrevenida de la urbanización o por integración en actuaciones de transformación urbanística.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define el suelo urbano (terrenos integrados en la malla urbana que cumplan una de tres condiciones, más los núcleos rurales tradicionales), los requisitos mínimos de solar y cuándo se pierde esa condición.
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Artículo 14. Suelo rústico.
1. Integran el suelo rústico los terrenos que se deban incluir en alguna o algunas de las siguientes categorías:
a) Suelo rústico especialmente protegido por legislación sectorial. Este suelo incluye los terrenos que tengan establecido en la legislación reguladora de los dominios públicos, de protección del medio ambiente, de la naturaleza o del patrimonio histórico, u otras análogas, y previa aprobación de los actos o disposiciones necesarios para su delimitación o identificación cuando así se contemple en dicha legislación, un régimen jurídico sobre los usos del suelo que demande para su integridad y efectividad su clasificación como suelo rústico.
b) Suelo rústico preservado por la existencia acreditada de procesos naturales o actividades antrópicas susceptibles de generar riesgos, lo que hace incompatible su transformación mediante la urbanización mientras subsistan dichos procesos o actividades.
c) Suelo rústico preservado por la ordenación territorial o urbanística, que incluye los terrenos cuya transformación mediante la urbanización se considere, por los instrumentos de ordenación territorial o urbanística, incompatible con la consecución de los fines y objetivos establecidos en dichos instrumentos por razones de sostenibilidad, protección de los recursos culturales, racionalidad y viabilidad, o por los valores en ellos concurrentes: ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, y aquellos que deban ser reservados para usos de interés general, atendiendo a las características y condiciones del municipio.
d) Suelo rústico común, que incluye el resto del suelo rústico del término municipal.
2. Se identificarán como hábitat rural diseminado existente los terrenos que constituyen el ámbito territorial sobre el que se ubica un conjunto de edificaciones sin estructura urbana y ligadas en su origen a la actividad agropecuaria y del medio rural, que poseen características propias que deben preservarse y que pueden demandar algunas infraestructuras, dotaciones o servicios comunes para cuya ejecución no se precise una actuación urbanizadora.
3. Respecto de las categorías de suelo rústico contenidas en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 y el hábitat rural diseminado del apartado 2, el acuerdo de aprobación de los actos o disposiciones necesarios para su delimitación e identificación en los instrumentos de ordenación territorial o urbanística será remitido por la Administración que lo hubiera adoptado al Registro de la Propiedad, para su incorporación y constancia en la aplicación gráfica registral a que se refiere el artículo 9 de la Ley Hipotecaria, junto con la delimitación georreferenciada de su ámbito espacial.
Datos clave
- Categorías de suelo rústico: especialmente protegido por legislación sectorial, preservado por riesgos, preservado por la ordenación territorial o urbanística y común.
- El suelo rústico común incluye el resto del suelo rústico del término municipal.
- El hábitat rural diseminado es un conjunto de edificaciones sin estructura urbana ligadas en su origen a la actividad agropecuaria.
- Las delimitaciones se remiten al Registro de la Propiedad para la aplicación gráfica registral del artículo 9 de la Ley Hipotecaria, con delimitación georreferenciada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El suelo rústico tiene cuatro categorías (protegido por legislación sectorial, preservado por riesgos, preservado por la ordenación y común) y aparte se identifica el hábitat rural diseminado.
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Artículo 16. Contenido urbanístico de la propiedad del suelo. Derechos generales.
1. El contenido urbanístico de la propiedad del suelo está integrado por el derecho de disposición, uso, disfrute y explotación sostenible, conforme a la clasificación y el destino que tenga en cada momento, de conformidad con la legislación que le sea aplicable y, en particular, con la ordenación territorial y urbanística.
2. Las facultades de la propiedad del suelo alcanzan al vuelo y al subsuelo hasta donde determinen los instrumentos de ordenación que se regulan en la presente Ley, y con las limitaciones y servidumbres que requiera la protección del dominio público.
3. De igual modo, forman parte del contenido urbanístico de la propiedad del suelo el derecho a participar y, en su caso, a promover las actuaciones de transformación urbanística, en la forma establecida en la presente Ley.
Datos clave
- El contenido urbanístico de la propiedad comprende el derecho de disposición, uso, disfrute y explotación sostenible.
- Se ejerce conforme a la clasificación y el destino del suelo en cada momento.
- Las facultades alcanzan al vuelo y al subsuelo hasta donde determinen los instrumentos de ordenación.
- Incluye el derecho a participar y, en su caso, promover las actuaciones de transformación urbanística.
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La propiedad del suelo incluye disponer, usar, disfrutar y explotar de forma sostenible, alcanza vuelo y subsuelo según los instrumentos y da derecho a participar en las actuaciones de transformación.
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Artículo 17. Contenido urbanístico de la propiedad del suelo. Deberes generales.
1. Forman parte del contenido urbanístico de la propiedad del suelo los siguientes deberes:
a) Conservar y mantener el suelo y, en su caso, su masa vegetal, así como cuantos valores en él concurran, en las condiciones requeridas por la ordenación territorial y urbanística y la legislación específica que le sea de aplicación.
b) Destinar los terrenos, construcciones y edificaciones al uso previsto por la ordenación territorial y urbanística y cumplir con el deber legal de conservación en los términos establecidos en esta Ley.
c) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas o, en su caso, formular la declaración responsable o comunicación que sean exigibles, con carácter previo a cualquier acto o uso del suelo.
d) Realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta donde alcance el deber legal de conservación.
2. El cumplimiento de los deberes previstos en el apartado 1 es condición para el legítimo ejercicio de las facultades y derechos, sin que puedan entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades que contravengan las determinaciones de la ordenación territorial o urbanística.
Datos clave
- Deberes: conservar y mantener el suelo, destinarlo al uso previsto, obtener las autorizaciones o formular la declaración responsable o comunicación previa.
- Pueden ordenarse obras adicionales por motivos turísticos o culturales o de mejora del medio urbano, hasta donde alcance el deber legal de conservación.
- El cumplimiento de los deberes es condición para el legítimo ejercicio de las facultades y derechos.
- No se adquieren por silencio administrativo facultades contrarias a la ordenación territorial o urbanística.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuatro deberes generales acompañan a toda propiedad del suelo; cumplirlos es condición para ejercer las facultades, y nunca se adquieren por silencio facultades contrarias a la ordenación.
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Artículo 18. Derechos y deberes de la propiedad del suelo urbano.
1. El contenido urbanístico de la propiedad en suelo urbano comprende los siguientes derechos:
a) Materializar, mediante la edificación y una vez el suelo tenga la condición de solar, el aprovechamiento que corresponda a los terrenos.
b) Destinar las edificaciones realizadas a los usos autorizados por la Administración, de acuerdo a lo establecido en el instrumento de ordenación y en la legislación sectorial de aplicación, desarrollando en ellas las actividades previstas.
c) Participar y, en su caso, promover las actuaciones de transformación urbanística en esta clase de suelo.
2. Forman parte del contenido urbanístico de la propiedad en suelo urbano los siguientes deberes:
a) Ejecutar, en su caso, la urbanización complementaria a la edificación necesaria para que los terrenos alcancen o recuperen la condición de solar.
b) Realizar la edificación en las condiciones y plazos fijados por la ordenación urbanística, una vez que el suelo tenga la condición de solar.
c) Conservar la edificación para que mantenga las condiciones requeridas para su ocupación y, en su caso, rehabilitarla para que las adquiera.
d) Participar o solicitar la expropiación en las actuaciones de transformación urbanística que se promuevan por iniciativa pública.
e) Participar en la ejecución urbanística en el régimen de distribución de beneficios y cargas cuando la Administración imponga la realización de actuaciones sobre el medio urbano, de conformidad con lo dispuesto en la normativa básica estatal.
Datos clave
- Derecho a materializar el aprovechamiento mediante la edificación una vez el suelo tenga la condición de solar.
- Derecho a participar y, en su caso, promover actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano.
- Deber de ejecutar la urbanización complementaria para que los terrenos alcancen o recuperen la condición de solar.
- Deber de edificar en las condiciones y plazos fijados por la ordenación urbanística.
- Deber de participar o solicitar la expropiación en las actuaciones de iniciativa pública.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En suelo urbano el propietario tiene tres derechos (edificar el solar, usar lo edificado, participar en la transformación) y cinco deberes ligados a urbanizar, edificar, conservar y participar.
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Artículo 19. Derechos y deberes de la propiedad del suelo rústico.
El artículo 19 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, regula los derechos y deberes de la propiedad del suelo rústico.
1. El contenido urbanístico de la propiedad en suelo rústico comprende los derechos de disposición, uso, disfrute y explotación de los terrenos, lo que incluye los actos precisos para el desarrollo:
a) De los usos ordinarios que, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, no se encuentren prohibidos por la ordenación territorial y urbanística, quedando sujetos a las limitaciones y requisitos impuestos por la legislación y planificación aplicables por razón de la materia.
b) De los usos extraordinarios que, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, pudieran autorizarse en esta clase de suelo.
2. También comprende el derecho a participar en las actuaciones de transformación urbanística en los términos establecidos en esta Ley, sus normas de desarrollo, así como en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
3. En los suelos rústicos especialmente protegidos y en los suelos rústicos preservados, los derechos reconocidos en el apartado 1 quedarán sometidos a la defensa y mantenimiento de los valores, fines y objetivos que motivaron su protección o preservación conforme al régimen que se establezca en la legislación y ordenación sectorial, territorial y urbanística correspondiente. Las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales prevalecerán sobre el resto de instrumentos de ordenación conforme a la legislación básica estatal.
4. El contenido urbanístico de la propiedad en suelo rústico comprende los siguientes deberes:
a) Conservar el suelo, en los términos legalmente establecidos, debiendo dedicarlo a los usos ordinarios de esta clase de suelo o, en su caso, a los usos extraordinarios que pudieran autorizarse, contribuyendo al mantenimiento de las condiciones ambientales y paisajísticas del territorio y a la conservación de las edificaciones existentes conforme a su régimen jurídico, para evitar riesgos y daños o perjuicios a terceras personas o al interés general.
b) Solicitar las licencias, presentar las declaraciones responsables o comunicaciones previas y, en su caso, las autorizaciones previas, tanto para los usos ordinarios como para los usos extraordinarios, así como para todo acto de segregación o división, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en la correspondiente legislación sectorial, y cumplir con el régimen correspondiente a dichas autorizaciones.
c) Los inherentes a las actuaciones de transformación urbanística en suelo rústico común, cuando sean procedentes, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
d) Cuando el suelo rural no esté sometido al régimen de una actuación de urbanización, el propietario tendrá, además de lo previsto en los apartados anteriores, el deber de satisfacer las prestaciones patrimoniales establecidas en esta Ley para legitimar los usos privados extraordinarios, así como el de costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión de las instalaciones y construcciones autorizables con las redes generales de servicios y entregarlas a la Administración competente para su incorporación al dominio público, cuando deban formar parte del mismo.
e) Cuando el suelo rústico común se incluya en una actuación de transformación urbanística, el propietario deberá asumir, como carga real, la participación en los deberes legales de la promoción de la actuación en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas, así como permitir ocupar los bienes necesarios para la realización de las obras, en su caso, al responsable de ejecutar la actuación, en los términos establecidos en esta Ley y en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Datos clave
- La propiedad en suelo rústico comprende los usos ordinarios no prohibidos y los usos extraordinarios que pudieran autorizarse.
- En suelos especialmente protegidos o preservados, los derechos se someten a la defensa de los valores que motivaron la protección.
- Las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales prevalecen sobre el resto de instrumentos de ordenación.
- Deber de solicitar licencias, declaraciones responsables o comunicaciones previas también para todo acto de segregación o división.
- Para legitimar usos privados extraordinarios deben satisfacerse las prestaciones patrimoniales de la Ley.
- En actuaciones de transformación en suelo rústico común, la participación en los deberes se asume como carga real.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ser dueño de suelo rústico da derecho a usarlo y explotarlo en usos ordinarios no prohibidos y en extraordinarios autorizables, y obliga a conservarlo, pedir títulos habilitantes y, según el caso, pagar prestaciones o asumir cargas.
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Artículo 30. Deberes de las actuaciones de reforma interior.
Son deberes vinculados a las promociones de actuaciones de reforma interior, de conformidad con la legislación básica estatal, los siguientes:
a) Entregar al Ayuntamiento, y con destino al patrimonio municipal de suelo, la parcela o parcelas libres de cargas correspondientes al diez por ciento del incremento del aprovechamiento urbanístico en las actuaciones asistemáticas o, en su caso, del incremento del aprovechamiento medio sobre el aprovechamiento urbanístico preexistente en el planeamiento, en las sistemáticas. Dicho porcentaje podrá reducirse hasta un mínimo del cinco por ciento justificadamente en los casos en que se establezca reglamentariamente.
La entrega de suelo podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el abono a la Administración de su valor en metálico o por otras formas de cumplimiento del deber. No se entenderá justificada la sustitución cuando pueda cumplirse el deber mediante la entrega de suelo destinado a la reserva de vivienda protegida.
b) Entregar a la Administración actuante el suelo para nuevos sistemas generales o locales incluidos o adscritos al ámbito, que demande la actuación en función del grado de colmatación del ámbito, pudiendo utilizar las fórmulas contempladas en la legislación de propiedad horizontal.
c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización del ámbito y las de conexión con las redes generales viarias y de infraestructuras y servicios técnicos, así como las obras de ampliación y refuerzo de dichas redes que sean necesarias en función de las dimensiones y características de la actuación. Los promotores de la actuación tendrán derecho al reintegro de los gastos de instalación de las redes de servicios técnicos con cargo a las empresas suministradoras, en la forma que se determine reglamentariamente o, en su defecto, en la forma que determine el Ayuntamiento.
d) Entregar al Ayuntamiento, junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras a que se refiere el párrafo c), que deban formar parte del dominio público como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera de las redes y servicios citados, así como también dichas instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública.
e) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las edificaciones que deban ser demolidas y el realojamiento y retorno de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, cuando tengan derecho a ellos, en los términos establecidos en la legislación básica del suelo.
Datos clave
- Cesión al Ayuntamiento, para el patrimonio municipal de suelo, del diez por ciento del incremento del aprovechamiento.
- Ese porcentaje puede reducirse justificadamente hasta un mínimo del cinco por ciento en los casos reglamentarios.
- La entrega de suelo puede sustituirse por su valor en metálico mediante resolución motivada.
- No se justifica la sustitución si el deber puede cumplirse entregando suelo para vivienda protegida.
- Los promotores tienen derecho al reintegro de los gastos de redes de servicios técnicos con cargo a las empresas suministradoras.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La reforma interior obliga a ceder el 10 % del incremento de aprovechamiento (reducible al 5 %), entregar suelo dotacional, costear y entregar la urbanización e indemnizar y realojar.
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Artículo 32. Deberes de la promoción de las actuaciones de nueva urbanización.
Son deberes vinculados a las promociones de actuaciones de nueva urbanización, de conformidad con la legislación básica estatal:
a) Entregar al Ayuntamiento el suelo urbanizado y libre de cargas correspondiente a los sistemas generales y locales incluidos o adscritos al ámbito de actuación.
b) Entregar al Ayuntamiento, con destino al patrimonio municipal de suelo, el suelo urbanizado y libre de cargas correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto. Se deberá justificar que los usos y tipologías en los que se concrete la cesión de aprovechamiento son adecuados para los fines del citado patrimonio municipal de suelo.
La entrega de suelo podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el abono a la Administración de su valor en metálico o por otras formas de cumplimiento del deber. No se entenderá justificada la sustitución cuando pueda cumplirse el deber mediante la entrega de suelo destinado a la reserva de vivienda protegida.
c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización del ámbito y las de conexión con las redes generales viarias y de infraestructuras y servicios técnicos, así como las obras de ampliación y refuerzo de dichas redes que sean necesarias en función de las dimensiones y características de la actuación. Los promotores de la actuación tendrán derecho al reintegro de los gastos de instalación de las redes de servicios técnicos con cargo a las empresas suministradoras, en la forma que se determine reglamentariamente.
d) Entregar al Ayuntamiento, junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras a que se refiere el párrafo c), que deban formar parte del dominio público como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera de las redes y servicios citados, así como también dichas instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública.
e) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse y garantizar el realojamiento y retorno de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, cuando tengan derecho a ellos, en los términos establecidos en la legislación básica del suelo.
Datos clave
- Entrega al Ayuntamiento del suelo urbanizado y libre de cargas de los sistemas generales y locales del ámbito.
- Cesión, para el patrimonio municipal de suelo, del diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto.
- La entrega de suelo puede sustituirse por su valor en metálico mediante resolución motivada.
- Deber de costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización y de conexión con las redes generales.
- Deber de indemnizar a los titulares de derechos y garantizar el realojamiento y retorno de los ocupantes legales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La nueva urbanización obliga a entregar urbanizado el suelo de sistemas y el 10 % del aprovechamiento medio, costear y entregar la urbanización e indemnizar y realojar.
Esquema
| Mejora urbana | Reforma interior | Nueva urbanización | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje | Diez por ciento del incremento | Diez por ciento del incremento (reducible, art. 30) | Diez por ciento del aprovechamiento medio |
| Destino | Patrimonio público de suelo | Patrimonio municipal de suelo | Patrimonio municipal de suelo |
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Artículo 33. Concepto y alcance de la ordenación territorial.
1. Se entiende por ordenación del territorio, a los efectos de esta Ley, la función pública cuyo contenido se establece en el apartado 3 del artículo 3, desarrollada a través de determinaciones, instrumentos de ordenación y proyectos que identifiquen y movilicen los recursos, oportunidades y potencialidades de desarrollo existentes en el ámbito territorial de referencia.
2. La ordenación del territorio opera al servicio del interés general y desde una escala supralocal, aportando a los instrumentos de ordenación urbanística y a la planificación sectorial la referencia territorial, en el marco de los instrumentos de ordenación previstos en esta Ley, teniendo en cuenta la caracterización y singularidad de los municipios.
3. Con el fin de propiciar la vertebración territorial de Andalucía y un desarrollo equilibrado y sostenible que mejore la competitividad económica y la cohesión social, se establecen los siguientes principios para la ordenación territorial:
a) Implantación racional y equilibrada de los usos y actividades en el territorio, de forma que se garantice su diversidad y se asegure el óptimo aprovechamiento del suelo como recurso natural no renovable.
b) Tratamiento diferenciado de las distintas zonas del territorio desde la perspectiva de la cooperación y competitividad territorial para lograr la vertebración y superar los desequilibrios.
c) Asignación de los usos del suelo en función de las aptitudes del medio físico y las necesidades de la población.
d) Utilización racional de los recursos naturales, desde la perspectiva de la sostenibilidad social, ambiental y económica, en especial de los recursos hídricos, garantizando la eficiencia territorial de su uso.
e) Utilización racional de los espacios de especial valor agrícola, ganadero, forestal, ecológico o cultural, preservándolos de instalaciones, actividades o usos incompatibles con su naturaleza y coadyuvando a la protección de la biodiversidad.
f) Preservación de espacios adecuados para albergar usos de interés general.
g) Preservación del patrimonio natural y cultural, como componente básico de la estructura territorial y para su puesta en valor como recurso de desarrollo local y regional.
h) Implantación de las infraestructuras con criterios de calidad, economía y eficiencia, tanto ambientales como territoriales, con especial atención al sistema de transportes.
i) Prevalencia de los criterios de interés general y social en la ubicación de las infraestructuras, los equipamientos y los servicios de interés supralocal, en los términos establecidos en esta Ley.
Datos clave
- La ordenación del territorio es una función pública que opera al servicio del interés general y desde una escala supralocal.
- Aporta la referencia territorial a los instrumentos de ordenación urbanística y a la planificación sectorial.
- El artículo enumera nueve principios (letras a a i) para la ordenación territorial.
- El suelo se considera recurso natural no renovable cuyo óptimo aprovechamiento debe asegurarse.
- Prevalecen los criterios de interés general y social en la ubicación de infraestructuras, equipamientos y servicios de interés supralocal.
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La ordenación del territorio es una función pública supralocal al servicio del interés general que da referencia territorial al urbanismo y a la planificación sectorial; se rige por nueve principios.
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Artículo 34. Instrumentos de ordenación territorial.
1. La ordenación territorial se realizará a través de los siguientes instrumentos:
a) El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
b) Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.
c) Los Proyectos de Actuación Autonómicos, cuando desarrollan actuaciones no previstas en el planeamiento territorial vigente que, de conformidad con lo previsto en esta Ley, sean declaradas de interés autonómico.
2. Los planes de ordenación del territorio concretarán la naturaleza y efectos de sus determinaciones, con arreglo a lo previsto en el artículo 5.
3. Los instrumentos de ordenación del territorio se someterán a evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con lo previsto en la legislación ambiental.
4. La documentación de los planes de ordenación del territorio será la necesaria para desarrollar y justificar adecuadamente sus contenidos específicos, conforme a lo que reglamentariamente se establezca.
5. En caso de discrepancias entre los distintos documentos de los instrumentos de ordenación territorial, la prevalencia entre ellos será la siguiente: Normativa, Cartografía de Ordenación y Memoria Económica. La Memoria de Ordenación constituye el documento de referencia para la interpretación del contenido del instrumento de ordenación territorial.
Datos clave
- Instrumentos: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y Proyectos de Actuación Autonómicos.
- Los Proyectos de Actuación Autonómicos desarrollan actuaciones no previstas en el planeamiento territorial declaradas de interés autonómico.
- Los instrumentos de ordenación del territorio se someten a evaluación ambiental estratégica.
- Prevalencia documental en caso de discrepancia: Normativa, Cartografía de Ordenación y Memoria Económica.
- La Memoria de Ordenación es el documento de referencia para la interpretación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los instrumentos de ordenación territorial son el Plan de Andalucía, los subregionales y los Proyectos de Actuación Autonómicos; se someten a evaluación ambiental estratégica y tienen un orden de prevalencia documental.
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Artículo 39. Objeto y finalidad.
1. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía tiene por objeto establecer los elementos básicos para la organización y estructura del territorio de la Comunidad Autónoma, siendo el marco de referencia territorial para los demás planes e instrumentos regulados en esta Ley y para las Actuaciones con Incidencia en la Ordenación del Territorio, así como para la acción pública en general.
2. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía tiene por finalidad:
a) El equilibrio y la cohesión social y económica del territorio, y la mejora de la competitividad para el desarrollo económico y de la calidad de vida de los ciudadanos, integrando el sistema de transportes y la movilidad en el territorio.
b) La utilización racional de los recursos naturales y la consecución de un territorio más resiliente y menos vulnerable ante el cambio climático.
c) La integración coordinada de las políticas de desarrollo territorial de la Unión Europea y del Estado, y la puesta de manifiesto de las determinaciones que deban ser referentes para dichas políticas.
d) Propiciar la coordinación y cooperación con las regiones del entorno geopolítico próximo y con las pertenecientes a los mismos organismos de ámbito europeo.
e) Establecer el marco para la cooperación interadministrativa de la Administración Autonómica con el resto de Administraciones Públicas en materia territorial y urbanística, y de estas entre sí, así como con las entidades representativas de los intereses sociales, económicos y sectoriales, para diseñar políticas de carácter sectorial dirigidas al interés general de los ciudadanos.
3. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía se coordinará con el Plan Andaluz de Acción por el Clima en relación con aquellos aspectos que tengan incidencia en materia de cambio climático.
Datos clave
- El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía establece los elementos básicos para la organización y estructura del territorio de la Comunidad Autónoma.
- Es el marco de referencia territorial para los demás planes e instrumentos de la Ley y para las Actuaciones con Incidencia en la Ordenación del Territorio.
- Persigue un territorio más resiliente y menos vulnerable ante el cambio climático.
- Se coordina con el Plan Andaluz de Acción por el Clima en los aspectos con incidencia en el cambio climático.
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El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía fija los elementos básicos de la estructura territorial y es el marco de referencia de los demás planes y de la acción pública; tiene cinco finalidades.
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Artículo 40. Contenido.
1. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía tendrá el siguiente contenido:
a) El diagnóstico de las oportunidades y problemas territoriales, los objetivos específicos a alcanzar y la definición de las propuestas de actuación durante el periodo de vigencia del plan.
b) El esquema de articulación territorial, integrado por el sistema de ciudades, sus funciones urbanas y sus áreas de influencia, los principales ejes de comunicación del territorio, los criterios para la mejora de la accesibilidad y las infraestructuras básicas del sistema de transportes, hidráulicas, de las telecomunicaciones, de la energía y otras análogas.
c) Los criterios territoriales básicos para la delimitación y selección de áreas de ordenación territorial, ambiental, económica y sectorial, y su integración en el sistema de transportes.
d) Los criterios territoriales básicos para la ordenación del espacio litoral, para la localización de los espacios libres, equipamientos y servicios e infraestructuras de ámbito o carácter supralocal y para la localización de viviendas protegidas.
e) Los criterios territoriales básicos para la gestión sostenible del agua y de los demás recursos naturales, así como para la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural, natural, paisajístico y arquitectónico.
f) La identificación, en su caso, de actuaciones concretas territoriales con relevancia estratégica.
g) La indicación de las zonas afectadas por procesos naturales o actividades antrópicas susceptibles de generar riesgos catastróficos y la definición de las determinaciones territoriales de actuación a contemplar para su prevención, incluidas las necesarias para contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación del territorio a las nuevas condiciones derivadas del mismo.
h) Los criterios territoriales básicos dirigidos a evitar la formación de nuevos asentamientos en suelo rústico, de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca.
i) La indicación de las áreas o sectores que deban ser objeto de Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional o de Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, así como los programas coordinados destinados a desarrollar las estrategias y directrices territoriales del Plan.
j) Las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y de los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio que deban ser objeto de aplicación directa y aquellas que han de ser objeto de adaptación estableciendo un plazo para ello, transcurrido el cual serán de aplicación directa para la Administración y los ciudadanos sus determinaciones, según la naturaleza de las mismas.
k) La concreción de aquellas determinaciones del plan cuya alteración precisará su revisión.
l) La estimación económica de las acciones comprendidas en el plan y sus prioridades de ejecución.
m) Las previsiones para el desarrollo y ejecución del plan.
n) Los criterios de periodicidad y contenido necesario para la elaboración de memorias de gestión en las que se evalúe el grado de cumplimiento de las determinaciones del plan y sus efectos.
Para ello se definirá un sistema de indicadores objetivos de gestión, sostenibilidad y resultado para conocer la evaluación y efectuar el informe de seguimiento del plan.
ñ) Los demás aspectos que el Consejo de Gobierno considere necesario incluir para la consecución de los objetivos del plan.
Datos clave
- El contenido del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía se enumera en las letras a) a ñ).
- Incluye el esquema de articulación territorial: sistema de ciudades, ejes de comunicación e infraestructuras básicas.
- Indica las áreas que deban ser objeto de Planes subregionales o de Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio.
- Fija las determinaciones de aplicación directa y las que requieren adaptación en un plazo, transcurrido el cual son de aplicación directa.
- Define un sistema de indicadores objetivos de gestión, sostenibilidad y resultado para el seguimiento.
- El Consejo de Gobierno puede incluir los demás aspectos que considere necesarios.
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Enumera el contenido del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía: diagnóstico, articulación territorial, criterios básicos, riesgos, desarrollo, revisión, estimación económica y seguimiento.
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Artículo 43. Definición, objetivos y ámbito.
1. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional establecen los elementos básicos para la organización y estructura del territorio en su ámbito y tienen los siguientes objetivos:
a) Propiciar en su ámbito la utilización adecuada, racional y equilibrada del territorio y de sus recursos naturales, tanto por parte de las Administraciones Públicas y entidades públicas, como por los agentes privados.
b) Constituir el marco de referencia territorial para la formulación, desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las Administraciones Públicas y entidades públicas, así como para el desarrollo de las actividades de los particulares con incidencia en el territorio.
2. El ámbito de los planes abarcará necesariamente el conjunto de términos municipales, completos y contiguos, que por sus características físicas, funcionales y socioeconómicas conformen un área coherente de ordenación territorial. Su delimitación se llevará a cabo atendiendo a las determinaciones establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Datos clave
- Los Planes subregionales establecen los elementos básicos para la organización y estructura del territorio en su ámbito.
- Son marco de referencia territorial para las políticas, planes, programas y proyectos públicos y para las actividades de los particulares.
- Su ámbito abarca términos municipales completos y contiguos que conformen un área coherente de ordenación territorial.
- La delimitación atiende a las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
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Los planes subregionales organizan la estructura territorial de un área coherente formada por términos municipales completos y contiguos, y sirven de marco de referencia para Administraciones y particulares.
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Artículo 44. Contenido y documentación.
1. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional tendrán el siguiente contenido:
a) Los objetivos territoriales a alcanzar y las propuestas a desarrollar durante la vigencia del plan.
b) Definición de la estructura funcional básica del territorio objeto de ordenación, con indicación del sistema de infraestructuras básicas, el sistema de asentamientos y los equipamientos y servicios de carácter supralocal necesarios para el desarrollo de los objetivos propuestos y que permitan la interconexión urbano-rural en el ámbito.
c) En relación con la compatibilidad de usos en el territorio:
1.º Objetivos y directrices para la preservación, ordenación y gestión del paisaje del ámbito.
2.º Determinaciones para la preservación del suelo rústico atendiendo a los valores naturales, productivos y paisajísticos, del patrimonio histórico, así como a otros recursos de interés presentes en el ámbito del plan.
3.º Delimitación de las zonas afectadas por procesos naturales o actividades antrópicas susceptibles de generar riesgos de cualquier tipo, estableciendo directrices y normas de aplicación en las mismas, incluidas las necesarias para contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación del territorio a las nuevas condiciones derivadas del mismo.
4.º Indicación de las afecciones sectoriales delimitadas por la Administración competente según la materia, así como el inventario de los dominios públicos y sus servidumbres.
5.º Identificación de actividades con incidencia en la ordenación del territorio existentes y delimitación de zonas preferentes para su implantación.
d) En relación con el sistema de asentamientos:
1.º Definición de los elementos integrantes del sistema de asentamientos, así como la caracterización de los municipios a los efectos de determinar el instrumento de ordenación urbanística general exigible en el marco de lo establecido en esta Ley.
2.º Determinaciones para el desarrollo y crecimiento de los núcleos urbanos.
3.º Previsión y directrices de localización e implantación de equipamientos y servicios de carácter supralocal, así como de viviendas protegidas.
4.º Previsión y directrices de localización y desarrollo de áreas estratégicas para el sistema económico y productivo del ámbito.
5.º Determinaciones para evitar la formación de nuevos asentamientos en suelo rústico, de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca
e) En relación con el sistema de infraestructuras básicas:
1.º Esquema del sistema de comunicaciones y transportes, y previsiones y criterios para la mejora de la movilidad sostenible del ámbito.
2.º Previsiones y directrices para la localización e implantación de las infraestructuras del ciclo integral del agua, tratamiento y eliminación de residuos, de telecomunicación, energéticas y otras análogas.
f) Las determinaciones de los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y de los planes urbanísticos vigentes en su ámbito que deban ser objeto de adaptación, justificando las alteraciones propuestas para ellos.
g) La concreción de aquellas determinaciones del plan cuya alteración precisará su revisión.
h) La estimación económica de las acciones comprendidas en el Plan y sus prioridades de ejecución.
i) Las previsiones para el desarrollo y ejecución, determinando los instrumentos de ordenación y gestión territorial para el desarrollo de las actuaciones propuestas, así como los mecanismos necesarios de compensación, en su caso.
j) Los criterios de periodicidad y contenido necesario para la elaboración de memorias de gestión en las que se evalúe y analice el grado de cumplimiento de las determinaciones del plan y de sus efectos. Para ello se definirá un sistema de indicadores objetivos de gestión, sostenibilidad y resultado para conocer la evaluación y efectuar el informe de seguimiento del plan.
k) Los demás aspectos que el Consejo de Gobierno considere necesario incluir para la consecución de los objetivos del plan.
2. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional deberán incorporar los siguientes documentos:
a) Memoria informativa, que contendrá el análisis y diagnóstico de las oportunidades y problemas para la ordenación del territorio en el momento de la elaboración del plan, así como la información sobre los dominios públicos existentes.
b) Memoria de ordenación, que contendrá la definición de los objetivos y directrices de la ordenación, las propuestas y medidas y, en su caso, las determinaciones objeto de adaptación de los planes a que se hace referencia en el apartado 1.f).
c) Memoria económica, con la estimación de las acciones comprendidas en el plan y su orden de prioridad de ejecución.
d) Normativa, que contendrá las determinaciones de ordenación y de gestión del plan y su naturaleza, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
e) Documentación gráfica, con cartografía georreferenciada de información y propuesta, para la correcta comprensión de su contenido, que incluirá la delimitación de los dominios públicos existentes con sus servidumbres y afecciones.
Datos clave
- El contenido de los Planes subregionales se enumera en las letras a) a k) del apartado 1.
- Incluyen determinaciones para evitar la formación de nuevos asentamientos en suelo rústico.
- Caracterizan los municipios para determinar el instrumento de ordenación urbanística general exigible.
- Documentos obligatorios: Memoria informativa, Memoria de ordenación, Memoria económica, Normativa y Documentación gráfica.
- La documentación gráfica incluye cartografía georreferenciada y la delimitación de los dominios públicos con sus servidumbres y afecciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija el contenido de los planes subregionales (objetivos, estructura, usos, asentamientos, infraestructuras, adaptaciones, revisión, economía, seguimiento) y sus cinco documentos.
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Artículo 48. Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio.
1. Se consideran Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio los instrumentos de planificación sectorial y las estrategias sectoriales de la Junta de Andalucía que, por razón de su contenido y alcance, y de conformidad con la legislación específica de aplicación, tienen una repercusión directa sobre las relaciones y actividades que se desarrollan en el territorio y, por ello, su elaboración y tramitación deben llevarse a cabo de conformidad con lo establecido en esta Ley.
2. Los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, sin perjuicio de los contenidos específicos establecidos por la correspondiente legislación sectorial o por el acuerdo que disponga su formulación, incluirán los siguientes contenidos:
a) La expresión territorial del análisis y diagnóstico del sector.
b) La especificación de los objetivos territoriales a conseguir, de acuerdo con las necesidades sectoriales y las directrices establecidas por los planes de ordenación del territorio para la planificación sectorial.
c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y con las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que les afecten.
Datos clave
- Son Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio los instrumentos de planificación sectorial y las estrategias sectoriales de la Junta de Andalucía con repercusión directa sobre el territorio.
- Su elaboración y tramitación se ajustan a la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
- Contenido mínimo: expresión territorial del análisis y diagnóstico del sector, objetivos territoriales y justificación de su coherencia con los planes de ordenación del territorio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Son Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio las planificaciones y estrategias sectoriales de la Junta con repercusión territorial directa; deben incluir diagnóstico territorial, objetivos y coherencia con los planes territoriales.
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Artículo 54. Efectos generales de la aprobación de los planes de ordenación del territorio.
1. Los planes de ordenación del territorio serán públicos y vinculantes. El grado de vinculación dependerá de la naturaleza de sus determinaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.
2. La aprobación de planes de ordenación del territorio implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres.
La declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se referirá a los proyectos que se realicen en ejecución directa de los planes de ordenación del territorio y también a los bienes y derechos comprendidos en los replanteos de los proyectos y en las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente. No obstante, se podrán utilizar otras formas de obtención de los terrenos conforme a esta Ley y a la legislación civil.
A los efectos indicados en el párrafo anterior, los proyectos de obras y sus modificaciones deberán comprender la definición de su localización y la determinación concreta e individualizada de los terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que se estime preciso ocupar o adquirir, para la construcción, defensa, seguridad o servicio de aquellas.
Datos clave
- Los planes de ordenación del territorio son públicos y vinculantes.
- El grado de vinculación depende de la naturaleza de sus determinaciones (artículo 5).
- Su aprobación implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios.
- La declaración alcanza a los proyectos de ejecución directa, a sus replanteos y a las modificaciones de obras posteriores.
- Cabe utilizar otras formas de obtención de los terrenos conforme a la Ley y a la legislación civil.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los planes de ordenación del territorio son públicos y vinculantes según la naturaleza de sus determinaciones, y su aprobación implica la utilidad pública y necesidad de ocupación a efectos expropiatorios.
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Artículo 60. Niveles e instrumentos de la ordenación urbanística.
1. La ordenación urbanística es una función pública que comprende la planificación y organización de la ocupación y utilización del suelo, así como de la transformación de éste mediante la urbanización y edificación y sus consecuencias para el entorno.
2. Las determinaciones de la ordenación urbanística se estructuran en dos niveles:
a) Ordenación urbanística general.
b) Ordenación urbanística detallada.
3. La ordenación urbanística se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos:
a) Instrumentos de ordenación urbanística general:
1.º El Plan General de Ordenación Municipal.
2.º El Plan de Ordenación Intermunicipal.
3.º El Plan Básico de Ordenación Municipal.
b) Instrumentos de ordenación urbanística detallada:
1.º Los Planes de Ordenación Urbana.
2.º Los Planes Parciales de Ordenación.
3.º Los Planes de Reforma Interior.
4.º Los Estudios de Ordenación.
5.º Los Planes Especiales.
c) Instrumentos complementarios de la ordenación urbanística:
1.º Los Estudios de Detalle.
2.º Los Catálogos.
3.º Las Ordenanzas Municipales de Edificación y de Urbanización.
4.º Las Normas Directoras para la Ordenación Urbanística.
Datos clave
- La ordenación urbanística es una función pública.
- Dos niveles: ordenación urbanística general y ordenación urbanística detallada.
- Instrumentos generales: Plan General de Ordenación Municipal, Plan de Ordenación Intermunicipal y Plan Básico de Ordenación Municipal.
- Instrumentos de ordenación detallada: Planes de Ordenación Urbana, Planes Parciales de Ordenación, Planes de Reforma Interior, Estudios de Ordenación y Planes Especiales.
- Instrumentos complementarios: Estudios de Detalle, Catálogos, Ordenanzas Municipales de Edificación y de Urbanización y Normas Directoras.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ordenación urbanística tiene dos niveles, general y detallada, y se lleva a cabo con tres instrumentos generales, cinco detallados y cuatro complementarios.
Esquema
| General | Detallada | Complementarios | |
|---|---|---|---|
| 1.º | Plan General de Ordenación Municipal | Planes de Ordenación Urbana | Estudios de Detalle |
| 2.º | Plan de Ordenación Intermunicipal | Planes Parciales de Ordenación | Catálogos |
| 3.º | Plan Básico de Ordenación Municipal | Planes de Reforma Interior | Ordenanzas de Edificación y de Urbanización |
| 4.º | — | Estudios de Ordenación | Normas Directoras |
| 5.º | — | Planes Especiales | — |
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Artículo 61. Criterios para la ordenación urbanística.
El artículo 61 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, establece los criterios a los que debe ajustarse la ordenación urbanística.
1. Con el fin de procurar un desarrollo urbano y territorial sostenible, la ordenación urbanística promoverá una ocupación racional y eficiente del suelo y, a tal fin, los instrumentos de ordenación urbanística general y los Planes de Ordenación Urbana establecerán directrices y estrategias que eviten la dispersión urbana, revitalicen la ciudad existente y su complejidad funcional, y favorezcan la economía circular. Para ello fomentarán la consolidación de los núcleos urbanos existentes y la diversidad de usos mediante actuaciones de mejora, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, debiendo los nuevos crecimientos cumplir con lo establecido en el artículo 31.
2. La ordenación urbanística, en relación a las dotaciones del municipio, tanto públicas –sistemas generales o locales– como privadas, deberá:
a) Dotar a la ciudad de espacios libres y zonas verdes en proporción suficiente para atender las necesidades de esparcimiento de la población y para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. En su ordenación se procurará la conexión en red de estos espacios, la utilización de arbolado y superficies permeables y la integración de los elementos naturales y patrimoniales preexistentes.
b) Resolver los problemas de movilidad mejorando la red viaria, ciclista y peatonal y fomentando los medios de transporte colectivo y el acceso a las dotaciones a través de los mismos.
c) Priorizar la utilización del espacio público urbano por el peatón frente a los vehículos motorizados y la conexión de éste con el entorno rural, garantizando las condiciones de accesibilidad universal.
d) Incluir los equipamientos comunitarios en proporción suficiente a la demanda de la ciudadanía o completar los existentes, priorizando su acercamiento a las necesidades cotidianas de la población para favorecer la ciudad de proximidad.
e) Establecer redes eficientes de infraestructuras y servicios técnicos y, en especial, las de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, telecomunicaciones, así como las energéticas, fomentando las energías renovables y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.
f) En estos suelos se incluirá, cuando deban formar parte de actuaciones de nueva urbanización cuyo uso predominante sea el residencial, los suelos que el instrumento de ordenación adscriba a la dotación pública de viviendas sometidas a algún régimen de protección, con destino exclusivo al alquiler, tanto en los supuestos en que así se determine por la legislación aplicable, como cuando de la memoria del correspondiente instrumento se derive la necesidad de contar con este tipo de viviendas de naturaleza rotatoria, y cuya finalidad sea atender necesidades temporales de colectivos con especiales dificultades de acceso a la vivienda.
3. Los criterios y directrices que establezca el Plan General de Ordenación Municipal deberán garantizar, en todo caso, una adecuada equidistribución de cargas y beneficios entre las diferentes actuaciones de nueva urbanización que se prevean o se posibilite delimitar.
4. Los instrumentos que establezcan la ordenación urbanística detallada respetarán los criterios que, respecto a estándares y reservas dotacionales, establezcan los instrumentos de ordenación general, de conformidad con lo que se disponga reglamentariamente, propiciando una aplicación flexible de usos.
Con el objeto de mitigar los efectos del cambio climático y de garantizar el esparcimiento de la ciudadanía, se destinará a zonas verdes como mínimo un diez por ciento de la superficie de los ámbitos en los que se delimite una actuación de transformación urbanística de nueva urbanización o de reforma interior. Reglamentariamente podrá modularse este porcentaje para determinados municipios en un porcentaje superior o inferior en función de las características territoriales y naturales en los que se ubican y para determinadas actuaciones de reforma interior en las que no resulte posible la localización de la reserva o la misma no tenga entidad suficiente para integrase en la red de espacios libres del municipio.
5. Los instrumentos de ordenación urbanística o territorial establecerán una reserva de vivienda protegida atendiendo a los siguientes criterios:
a) En las actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización y de reforma interior se reservará el suelo necesario para atender la demanda de vivienda protegida que se identifique en los planes municipales de vivienda y suelo, sin contravenir lo dispuesto en la legislación básica de suelo.
b) El Plan General de Ordenación Municipal, el Plan Básico de Ordenación Municipal, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía o el Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional podrán prever una redistribución de dichos porcentajes en sus respectivos ámbitos de ordenación. En este último caso, podrá establecerse excepcionalmente una reserva inferior o eximirla para determinados municipios, siempre que se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social.
c) Conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente, podrá eximirse de la reserva, total o parcialmente, a las siguientes actuaciones de transformación urbanística:
1.ª Actuaciones que tengan una densidad inferior a quince viviendas por hectárea y que, además, por su tipología no se consideren aptas para la construcción de este tipo de viviendas.
2.ª Actuaciones que se desarrollen en municipios en proceso de regresión poblacional o en aquellos donde la diferencia entre el precio medio de la vivienda libre y el de la vivienda protegida no sea superior al diez por ciento de este.
6. Los instrumentos de ordenación urbanística podrán destinar el subsuelo de las dotaciones públicas de los municipios a usos lucrativos privados, aparcamientos u otro tipo de dotaciones privadas siempre que se acredite un mejor funcionamiento en términos sociales y económicos de las dotaciones públicas del municipio y se garantice la protección del bien de dominio público en su integridad, así como la correcta funcionalidad y mantenimiento del uso o servicio público implantado en la superficie.
A tal fin, podrán utilizarse, en su caso, fórmulas de colaboración público-privadas, pudiendo además desafectarse el subsuelo de conformidad con lo previsto en la normativa patrimonial que resulte de aplicación, siendo inscribibles las fincas resultantes en el Registro de la Propiedad en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
Datos clave
- La ordenación urbanística debe evitar la dispersión urbana, revitalizar la ciudad existente y favorecer la economía circular.
- Se destina a zonas verdes como mínimo un diez por ciento de la superficie de los ámbitos de nueva urbanización o de reforma interior.
- La reserva de vivienda protegida atiende a la demanda identificada en los planes municipales de vivienda y suelo.
- Cabe eximir de la reserva a actuaciones con densidad inferior a quince viviendas por hectárea no aptas por su tipología.
- También a municipios en regresión poblacional o con diferencia de precio entre vivienda libre y protegida no superior al diez por ciento.
- El subsuelo de las dotaciones públicas puede destinarse a usos lucrativos privados, aparcamientos u otras dotaciones privadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ordenación urbanística andaluza busca una ciudad compacta, verde y de proximidad: evita la dispersión, exige al menos un diez por ciento de zonas verdes en nuevas actuaciones, reserva vivienda protegida y permite usar el subsuelo dotacional.
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Artículo 63. El Plan General de Ordenación Municipal.
1. El Plan General de Ordenación Municipal tiene por objeto establecer, en el marco de la ordenación territorial, el modelo general de ordenación del municipio, que comprende:
a) La clasificación del suelo con la delimitación del suelo urbano y del suelo rústico.
b) La delimitación y la normativa general de las categorías de suelo rústico, así como, en su caso, de los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado.
c) El esquema de los elementos estructurantes y del futuro desarrollo urbano, que comprenderá, entre otros, los sistemas generales de espacios libres y zonas verdes, de movilidad y de equipamientos comunitarios, así como las redes de infraestructuras y servicios conforme a los estándares que se establezcan reglamentariamente.
d) La delimitación de los bienes y espacios que deban contar con una singular protección por su valor histórico, cultural, urbanístico o arquitectónico.
e) Los criterios y directrices para los nuevos desarrollos de las actuaciones de nueva urbanización en el suelo rústico, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 y su coherencia con la ciudad existente.
2. Además, también deberá establecer las siguientes determinaciones que complementan el modelo general de ordenación del municipio:
a) El resto de normativa de las categorías de suelo rústico así como, en su caso, de los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado.
b) En su caso, la propuesta de delimitación de la actuación o actuaciones de transformación de nueva urbanización que se estimen convenientes o necesarias debiendo remitir su ordenación detallada al correspondiente Plan Parcial de Ordenación. A las propuestas de delimitación de estas actuaciones les será de aplicación lo establecido en el artículo 31.
3. Las determinaciones relativas a las categorías, la regulación de usos, condiciones de edificación, medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos y protecciones del suelo rústico del Plan General de Ordenación Municipal, así como otras expresamente recogidas en el mismo, tendrán carácter de Norma en el suelo rústico, que deberán ser complementadas con Directrices para la delimitación de actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización que no estén previstas en el instrumento de ordenación, así como para la ordenación detallada de las ya delimitadas. Para el suelo urbano y para las actuaciones de transformación urbanística en esta clase de suelo, salvo que el Plan disponga otra cosa, tendrán carácter de Directriz.
4. El Plan General de Ordenación Municipal es el marco para coordinar las políticas sectoriales sobre su ámbito de conformidad con lo dispuesto en la ordenación territorial.
Datos clave
- El Plan General de Ordenación Municipal establece el modelo general de ordenación del municipio.
- Incluye la clasificación del suelo con la delimitación del suelo urbano y del suelo rústico.
- Los nuevos desarrollos de nueva urbanización en suelo rústico se ajustan al artículo 31.
- Sus determinaciones sobre suelo rústico tienen carácter de Norma; en suelo urbano, salvo disposición en contrario, carácter de Directriz.
- Es el marco para coordinar las políticas sectoriales sobre su ámbito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Plan General de Ordenación Municipal fija el modelo general del municipio: clasificación, suelo rústico, elementos estructurantes, protecciones y criterios de nueva urbanización.
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Artículo 65. El Plan Básico de Ordenación Municipal.
El artículo 65 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, regula el Plan Básico de Ordenación Municipal.
1. Salvo que el instrumento de ordenación territorial disponga lo contrario, en los municipios que tengan una población inferior a 10.000 habitantes, siempre que no sean litorales o formen parte de la aglomeración urbana de un centro regional, el Plan General de Ordenación Municipal y el Plan de Ordenación Urbana podrán ser sustituidos por un Plan Básico de Ordenación Municipal.
2. Contendrá las determinaciones de la ordenación urbanística general establecidas en los párrafos a), b) y d) del artículo 63.1 y en el párrafo b) del artículo 63.2, así como la delimitación del sistema general de espacios libres, y la ordenación urbanística detallada del suelo urbano conforme a los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 66.1. El alcance de estas determinaciones podrán ser modulado reglamentariamente en función de características singulares del municipio.
Datos clave
- Pueden utilizarlo los municipios con población inferior a 10.000 habitantes, salvo que el instrumento de ordenación territorial disponga lo contrario.
- Quedan excluidos los municipios litorales y los que formen parte de la aglomeración urbana de un centro regional.
- Puede sustituir al Plan General de Ordenación Municipal y al Plan de Ordenación Urbana.
- Incluye la delimitación del sistema general de espacios libres y la ordenación detallada del suelo urbano.
- El alcance de sus determinaciones puede modularse reglamentariamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los municipios de menos de 10.000 habitantes, no litorales ni de una aglomeración urbana de centro regional, pueden sustituir el Plan General y el Plan de Ordenación Urbana por un Plan Básico de Ordenación Municipal.
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Artículo 66. Los Planes de Ordenación Urbana.
1. Los Planes de Ordenación Urbana tienen por objeto establecer la ordenación detallada del suelo urbano, mediante todas o algunas de las siguientes determinaciones, que no podrán contradecir las de los Planes de Generales de Ordenación Municipal:
a) La división de su ámbito en diferentes zonas, en función de sus usos globales y pormenorizados.
b) La distinción, dentro de cada zona, de los terrenos que deben destinarse a sistemas generales y locales, con cumplimiento de los criterios que se establezcan reglamentariamente.
c) Las alineaciones y rasantes de la red viaria, salvo los terrenos en los que se prevean actuaciones urbanísticas o de transformación urbanística.
d) La normativa de edificación y urbanización, en su caso.
e) Las directrices para la intervención en la ciudad existente.
f) En su caso, la delimitación de las actuaciones urbanísticas y de transformación urbanística que se estimen convenientes o necesarias. A la delimitación de las actuaciones de transformación urbanística le será de aplicación lo establecido en los artículos 27 y 29.
g) La delimitación de los bienes y espacios que deban contar con una protección por su valor histórico, cultural, urbanístico o arquitectónico, estableciendo las determinaciones precisas para su conservación, protección y mejora, o remitiendo las mismas a un Plan Especial o Catálogo.
2. Todo el suelo urbano deberá ser ordenado, excepto los ámbitos de transformación urbanística que se remitan a un instrumento posterior. Al establecer la ordenación urbanística detallada podrán realizarse meros ajustes en la clasificación del suelo, siempre que estos no afecten a parcelas completas.
3. En cada municipio se podrá definir un Plan de Ordenación Urbana para todo el suelo urbano o varios Planes de Ordenación Urbana que ordenen las diferentes zonas en que se pueda dividir el suelo urbano, esté aprobado o no el Plan General de Ordenación Municipal.
Datos clave
- Los Planes de Ordenación Urbana establecen la ordenación detallada del suelo urbano.
- Sus determinaciones no pueden contradecir las del Plan General de Ordenación Municipal.
- Todo el suelo urbano debe ser ordenado, salvo los ámbitos de transformación remitidos a un instrumento posterior.
- Se admiten meros ajustes de clasificación que no afecten a parcelas completas.
- Puede haber uno o varios Planes de Ordenación Urbana, esté aprobado o no el Plan General.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Planes de Ordenación Urbana ordenan en detalle el suelo urbano sin contradecir el Plan General; todo el suelo urbano debe quedar ordenado y puede haber uno o varios por municipio.
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Artículo 67. Los Planes Parciales de Ordenación.
1. Los Planes Parciales de Ordenación tienen por objeto delimitar y establecer la ordenación detallada y la programación de una actuación de nueva urbanización en suelo rústico.
2. Los Planes Parciales de Ordenación contendrán las determinaciones precisas en función de su objeto, según se determine reglamentariamente, debiendo respetar las establecidas por el Plan General de Ordenación Municipal.
Datos clave
- Objeto: delimitar y establecer la ordenación detallada y la programación de una actuación de nueva urbanización en suelo rústico.
- Su contenido se determina reglamentariamente según su objeto.
- Deben respetar las determinaciones del Plan General de Ordenación Municipal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Planes Parciales delimitan, ordenan en detalle y programan una actuación de nueva urbanización en suelo rústico, respetando el Plan General.
Esquema
| Plan Parcial | Plan de Reforma Interior | Estudio de Ordenación | |
|---|---|---|---|
| Actuación | Nueva urbanización | Reforma interior | Mejora urbana |
| Suelo | Rústico | Urbano | Urbano (área homogénea) |
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Artículo 70. Los Planes Especiales.
El artículo 70 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, regula los Planes Especiales.
1. Los Planes Especiales desarrollan y complementan las determinaciones de los instrumentos de ordenación urbanística, no pudiendo sustituir a los restantes instrumentos de ordenación urbanística en sus funciones propias, sin perjuicio de las limitaciones de uso que puedan establecer. Podrán formularse en ausencia de dichos instrumentos o de previsión expresa en los mismos, no pudiendo contradecir sus determinaciones.
2. Su ámbito o incidencia podrá ser municipal o supralocal, de acuerdo con su objeto y finalidad.
3. Los Planes Especiales podrán tener alguno o algunos de los siguientes objetos:
a) Establecer determinaciones complementarias para conservar, proteger y mejorar la situación del patrimonio histórico, cultural, urbanístico y arquitectónico, el medio ambiente y el paisaje, así como para implementar medidas contra el cambio climático en ámbitos definidos sobre cualquier clase de suelo.
b) Establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger servicios, infraestructuras o equipamientos, debiendo valorar y justificar de manera expresa la incidencia de sus determinaciones con las que, en su caso, establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales, garantizando la accesibilidad universal y la eficiencia energética en los términos que se establezca reglamentariamente.
c) Establecer la ordenación detallada de los sistemas generales de puertos y aeropuertos.
d) Establecer reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo.
e) Delimitar las áreas del ejercicio del derecho de tanteo y retracto para controlar los asentamientos irregulares en suelo rústico.
f) Regenerar ámbitos urbanos consolidados y degradados en su situación física, social, económica y ambiental.
g) Establecer medidas de adecuación ambiental y territorial para agrupaciones de edificaciones irregulares.
h) Delimitar, en su caso, y establecer las medidas de preservación y protección en los ámbitos tradicionales de casas-cueva cuando requieran ordenación urbanística.
i) Regular el hábitat rural diseminado.
j) Desarrollar las actuaciones propuestas por los instrumentos de ordenación territorial.
k) Cualquier otro que se establezca por los instrumentos de ordenación urbanística.
Datos clave
- Los Planes Especiales desarrollan y complementan los instrumentos de ordenación urbanística, sin sustituirlos en sus funciones propias.
- Pueden formularse en ausencia de dichos instrumentos, sin contradecir sus determinaciones.
- Su ámbito o incidencia puede ser municipal o supralocal.
- Entre sus objetos: ordenación detallada de los sistemas generales de puertos y aeropuertos.
- También pueden delimitar áreas de tanteo y retracto para controlar asentamientos irregulares en suelo rústico y regular el hábitat rural diseminado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Planes Especiales desarrollan y complementan la ordenación urbanística sin sustituirla ni contradecirla, pueden ser municipales o supralocales y tienen una lista abierta de objetos.
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Artículo 75. Competencias en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística.
El artículo 75 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, reparte las competencias en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística.
1. Corresponde a los municipios las competencias relativas a la tramitación y aprobación de todos los instrumentos de ordenación urbanística y sus innovaciones, salvo lo establecido en el apartado 2 de este artículo.
2. Corresponde a la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo:
a) Tramitar y aprobar definitivamente los Planes de Ordenación Intermunicipal y tramitar y aprobar los Planes Especiales que tengan incidencia supralocal y sus innovaciones.
b) Emitir informe preceptivo en los instrumentos de ordenación urbanística. Este informe será vinculante en los instrumentos de ordenación urbanística general y en aquellos que en ausencia de estos o por no estar previstos en ellos delimiten actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización o ámbitos de Hábitat Rural Diseminado. En los planes básicos de ordenación municipal y en los planes de ordenación intermunicipal que contengan determinaciones de ordenación urbanística detallada, el informe sólo será vinculante en lo relativo a las determinaciones de ordenación urbanística general.
El informe, cuyo contenido se regulará reglamentariamente, se emitirá en el plazo máximo de tres meses. No podrá aprobarse ningún instrumento que contenga determinaciones contrarias al contenido de dicho informe, cuando este sea vinculante.
c) Redactar y aprobar las Normas Directoras.
Datos clave
- Los municipios tramitan y aprueban los instrumentos de ordenación urbanística y sus innovaciones, salvo las excepciones del apartado 2.
- La Consejería competente aprueba definitivamente los Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes Especiales de incidencia supralocal.
- La Consejería emite informe preceptivo, vinculante en los instrumentos de ordenación urbanística general.
- El informe se emite en el plazo máximo de tres meses.
- La Consejería redacta y aprueba las Normas Directoras.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los municipios tramitan y aprueban casi todos los instrumentos urbanísticos; la Consejería se queda con los intermunicipales, los especiales supralocales, las Normas Directoras y un informe preceptivo, vinculante en ciertos casos, en tres meses.
Esquema
| Vinculante entero | Vinculante solo en ordenación general | |
|---|---|---|
| Instrumentos | Ordenación urbanística general y los que delimiten nueva urbanización o Hábitat Rural Diseminado | Planes básicos e intermunicipales con ordenación detallada |
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Artículo 78. Procedimiento.
1. La Administración competente para la tramitación aprobará inicialmente el instrumento de ordenación urbanística y lo someterá a información pública por plazo no inferior a veinte días.
2. Durante la tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística, la Administración competente para la aprobación inicial podrá acordar la suspensión del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para áreas concretas o usos determinados, siempre que se justifique la necesidad y la proporcionalidad de dicha previsión. El plazo máximo de la suspensión que se establezca no podrá ser superior a tres años desde el acuerdo de aprobación inicial. En todo caso, la suspensión acordada se extinguirá con la publicación y entrada en vigor del instrumento de ordenación urbanística.
3. Cuando el instrumento de ordenación urbanística deba someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria conforme a la legislación ambiental, el documento de aprobación inicial tendrá la consideración de versión preliminar del plan y se acompañará del estudio ambiental correspondiente. En este caso, ambos documentos se someterán a información pública por plazo no inferior a cuarenta y cinco días.
4. Durante la información pública se solicitarán los informes sectoriales previstos legalmente como preceptivos e informe de la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo conforme a lo dispuesto en el apartado 2.b) del artículo 75. Asimismo, en los instrumentos de ordenación urbanística general se solicitará informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia de delimitación de los términos municipales.
Los informes se limitarán, conforme a su normativa específica, a los aspectos de control de la legalidad y de tutela de los intereses sectoriales y tendrán carácter vinculante exclusivamente sobre estos aspectos cuando así se establezca en la citada normativa. Los informes deberán ser emitidos en el plazo establecido en su normativa reguladora o, en su defecto, en el plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual se entenderán emitidos con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del procedimiento, salvo que afecte al dominio o al servicio públicos. A falta de solicitud del preceptivo informe, en el supuesto de informe vinculante desfavorable, o en los casos de silencio citados en los que no opera la presunción del carácter favorable del informe, no podrá aprobarse definitivamente el correspondiente instrumento de ordenación urbanística.
No obstante, si la Administración competente para la tramitación no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se hubiesen recibido los correspondientes informes, o bien porque, habiéndose recibido, resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano sectorial competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al promotor en los casos en que el procedimiento se tramite a iniciativa privada y este último podrá también reclamar a la Administración competente la emisión del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
La solicitud y remisión de los informes preceptivos y las actuaciones del procedimiento ambiental se sustanciarán a través de un órgano colegiado de coordinación, cuyas competencias, organización y funcionamiento se determinarán reglamentariamente y al que corresponderá coordinar el contenido y alcance de los diferentes pronunciamientos, dentro de los límites establecidos por la legislación sectorial que regula su emisión.
5. Durante el periodo de información pública, en función de la naturaleza y alcance del instrumento de ordenación urbanística, se practicarán, además, los siguientes trámites:
a) Audiencia a los municipios colindantes en la tramitación del Plan General de Ordenación Municipal y Plan Básico de Ordenación Municipal.
b) Solicitud de informe a los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, para que puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos intereses.
c) Llamamiento al trámite de información pública a las personas propietarias, según las certificaciones catastrales y del Registro de la Propiedad solicitadas a tal efecto, incluidas en la delimitación de los instrumentos de ordenación urbanística que establezcan la ordenación detallada y sus modificaciones.
Este trámite no será obligatorio en los instrumentos de ordenación urbanística que afecten a una pluralidad indeterminada de propietarios ni en las revisiones de los Planes de Ordenación Urbana y de los Planes Básicos de Ordenación Municipal.
d) Consulta a las compañías suministradoras, respecto a las infraestructuras y servicios técnicos.
6. Será preceptiva nueva información pública, siempre que la Administración competente para la tramitación del instrumento, ejerciendo la potestad planificadora que le corresponde, y mediante la resolución o acuerdo correspondiente, introduzca en el mismo modificaciones sustanciales que no deriven de los trámites previstos en los apartados anteriores. Deberá solicitarse nuevo informe sectorial si las modificaciones afectaran al contenido de un informe ya emitido.
7. Cuando el instrumento de ordenación urbanística deba someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria conforme a la legislación ambiental, el instrumento de ordenación urbanística y el estudio ambiental estratégico, modificados tras los informes y trámites anteriores, tendrán la consideración de propuesta final del plan.
8. Cuando, de conformidad con lo señalado en el apartado 4 de este artículo, se hubiera emitido informe preceptivo y vinculante por la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, le será remitido nuevamente, a través del órgano colegiado de coordinación, a efectos de que lo ratifique o, en su caso, emita nuevo informe con carácter previo a la aprobación definitiva. El informe de ratificación o, en su caso, el nuevo informe deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes, transcurrido el cual se entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del procedimiento. En el caso de que fuera necesario nuevo informe, transcurrido dicho plazo se estará a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 78.
Datos clave
- Información pública tras la aprobación inicial: plazo no inferior a veinte días.
- Con evaluación ambiental estratégica ordinaria, la información pública es de al menos cuarenta y cinco días.
- La suspensión de aprobaciones, autorizaciones y licencias no puede superar tres años desde la aprobación inicial.
- Los informes sectoriales se emiten en su plazo o, en su defecto, en tres meses; pasado ese plazo se entienden favorables, salvo que afecten al dominio o servicio públicos.
- Ante la falta de informes, se requiere al superior jerárquico, que dispone de diez días hábiles, y el informe se entrega en otros diez días hábiles.
- El informe de ratificación de la Consejería se emite en el plazo máximo de un mes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tras la aprobación inicial hay información pública de veinte días (cuarenta y cinco con evaluación ambiental ordinaria), suspensión de licencias hasta tres años e informes sectoriales en tres meses, favorables si hay silencio salvo dominio o servicio públicos.
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Artículo 147. Potestades públicas.
1. Las Administraciones Públicas asegurarán el cumplimiento de la legislación y ordenación territorial y urbanística mediante el ejercicio de las siguientes potestades:
a) La intervención administrativa sobre la actividad urbanística de ejecución y edificación, en las formas dispuestas en esta Ley.
b) La inspección de la ejecución de los actos y usos sujetos a intervención administrativa.
c) El restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística.
d) La sanción de las infracciones territoriales y urbanísticas.
e) El ejercicio de acciones administrativas y judiciales frente a actos o acuerdos administrativos que infrinjan el ordenamiento jurídico.
2. La disciplina territorial y urbanística comporta el ejercicio, de forma inexcusable, de todas las potestades anteriores cuando concurran los presupuestos legales, con arreglo a los principios de legalidad, competencia, planificación y programación, proporcionalidad, seguridad jurídica y oficialidad.
3. Las medidas de restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística tienen carácter real y alcanzan a las terceras personas adquirentes de los inmuebles objeto de tales medidas, dada su condición de subrogados por ley en las responsabilidades contraídas por la persona causante de la ilegalidad territorial o urbanística.
Datos clave
- Potestades: intervención administrativa, inspección, restablecimiento de la legalidad, sanción y ejercicio de acciones administrativas y judiciales.
- La disciplina territorial y urbanística comporta el ejercicio inexcusable de esas potestades cuando concurran los presupuestos legales.
- Principios: legalidad, competencia, planificación y programación, proporcionalidad, seguridad jurídica y oficialidad.
- Las medidas de restablecimiento tienen carácter real y alcanzan a los terceros adquirentes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco potestades con las que la Administración hace cumplir la ordenación territorial y urbanística; ejercerlas es inexcusable y las medidas de restablecimiento persiguen al inmueble aunque cambie de dueño.
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Artículo 148. Naturaleza y funciones de la inspección.
1. La inspección para la protección de la ordenación territorial y urbanística constituye el ejercicio de una potestad dirigida a comprobar que los actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción, edificación, instalación y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, se ajustan a la legislación y ordenación territorial y urbanística y, en particular, a lo dispuesto en esta Ley.
2. Los municipios y la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo deben desarrollar las funciones inspectoras, sancionadoras y de restablecimiento de la legalidad en el ámbito de sus respectivas competencias, en el marco de su planificación y programación, y de conformidad con los principios de cooperación y colaboración interadministrativas. Para ello elaborarán y aprobarán Planes de Inspección Territorial y Urbanística.
De conformidad con lo previsto en la legislación de régimen local, corresponde a las Diputaciones Provinciales prestar la asistencia técnica y material que resulte necesaria para asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales en materia de inspección y disciplina urbanística.
A estos efectos, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Ayuntamientos podrán suscribir convenios en el marco de sus competencias, en materia de disciplina territorial y urbanística.
3. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector gozará de plena autonomía y tendrá, a todos los efectos, la condición de agente de la autoridad. Está facultado para requerir y examinar toda clase de documentos relativos al instrumento urbanístico y su ejecución, comprobar la adecuación de los actos en relación con la legislación y ordenación territorial y urbanística aplicables, y obtener la información necesaria para el cumplimiento de su cometido, incluida la de carácter reservado con trascendencia tributaria y la que se contenga en toda clase de Registros Públicos, de conformidad con lo previsto en su normativa reguladora. Tanto las Administraciones Públicas como los particulares están obligados a prestarle la colaboración que precise. El personal inspector ejercerá sus funciones provisto de un documento oficial que acredite su condición.
4. La inspección tiene como funciones prioritarias:
a) Velar por el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística.
b) Vigilar, investigar y controlar la actuación de todas las personas implicadas en la actividad de ejecución y de edificación y uso del suelo regulada en esta Ley, e informar y asesorar sobre los aspectos legales relativos a la actividad inspeccionada.
c) Denunciar las anomalías que observe en la aplicación o desarrollo de los instrumentos territoriales y urbanísticos, de conformidad con la planificación y programación de las actuaciones inspectoras.
d) Informar a las Administraciones Públicas y autoridades competentes sobre la adecuación a la legalidad de las actuaciones y adoptar las medidas provisionales y definitivas que juzgue convenientes para el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística.
e) Colaborar, en el marco de sus respectivas competencias, con las Administraciones Públicas competentes, los Órganos Judiciales y con el Ministerio Fiscal, así como hacer cumplir efectivamente las medidas provisionales y definitivas que, para el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística, aquellos hayan acordado.
f) Desempeñar cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control le sean encomendadas, y aquellas que le sean asignadas reglamentariamente.
Datos clave
- Ejercen la inspección los municipios y la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
- Se aprueban Planes de Inspección Territorial y Urbanística.
- Las Diputaciones Provinciales prestan asistencia técnica y material a los municipios.
- El personal inspector goza de plena autonomía y tiene la condición de agente de la autoridad.
- Puede obtener información incluso reservada con trascendencia tributaria y la de Registros Públicos.
- Ejerce sus funciones provisto de un documento oficial que acredite su condición.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La inspección urbanística comprueba que parcelaciones, obras y usos se ajustan a la ordenación. La ejercen municipios y Consejería con Planes de Inspección; el inspector es agente de la autoridad con plena autonomía.
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Artículo 151. Restablecimiento de la legalidad ante actuaciones sin título preceptivo o contraviniéndolo.
1. Ante actuaciones realizadas sin licencia o título habilitante exigido por esta Ley o contraviniendo sus términos, la Administración acordará su legalización o impondrá las medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística, según resulten o no conformes con ella. Reglamentariamente se desarrollarán los supuestos y condiciones en los que, con carácter excepcional y en aplicación del principio de proporcionalidad, quepa la legalización, aun existiendo elementos de disconformidad no sustanciales con la ordenación aplicable, cuando las medidas necesarias para la adecuación de la realidad a la ordenación territorial y urbanística resulten imposibles o sean de muy difícil ejecución.
2. La legalización de las actuaciones se llevará a cabo mediante la obtención del correspondiente título habilitante para su ejecución o mediante su adecuación al mismo y, en todo caso, requerirá la previa obtención de las autorizaciones e informes administrativos que resulten necesarios conforme a las leyes sectoriales que resulten de aplicación.
3. Las medidas para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística consistirán en la prohibición de iniciar o de continuar la actuación en curso, cese de suministros, desmantelamiento de servicios, infraestructuras o instalaciones análogas, demolición total o parcial, desmonte, reconstrucción, reagrupación de parcelas y cuantas sean necesarias en función del contenido y el alcance de la ilegalidad. Reglamentariamente se concretarán estas medidas.
La resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad podrá incluir las medidas precisas para garantizar su ejecución, y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.
4. En el caso de parcelaciones urbanísticas, el restablecimiento de la legalidad se llevará a cabo mediante la reagrupación de las parcelas a través de una reparcelación forzosa, en la forma y en las condiciones que se determinen reglamentariamente. Quedarán excluidas de la reagrupación las parcelas sobre las que existan edificaciones para las que haya transcurrido la limitación temporal del artículo 153.
Datos clave
- Ante actuaciones sin título o contrarias a él, la Administración acuerda su legalización o impone medidas de adecuación a la ordenación.
- Cabe legalización excepcional con disconformidades no sustanciales, por proporcionalidad, cuando la adecuación sea imposible o de muy difícil ejecución.
- La legalización exige obtener el título habilitante o adecuarse a él y las autorizaciones e informes sectoriales.
- Las medidas incluyen prohibición de iniciar o continuar, cese de suministros, demolición, desmonte, reconstrucción y reagrupación de parcelas.
- En parcelaciones urbanísticas se reagrupan las parcelas mediante reparcelación forzosa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ante obras sin título o contra él, la Administración legaliza si son conformes o impone medidas de adecuación si no lo son; en parcelaciones, el restablecimiento es la reagrupación mediante reparcelación forzosa.
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Artículo 152. Procedimiento para restablecer la legalidad territorial y urbanística.
1. El procedimiento para restablecer la legalidad se ajustará a lo dispuesto en la normativa de procedimiento administrativo común, en los siguientes apartados y en lo que se establezca en el desarrollo reglamentario.
2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será de un año a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.
3. Cuando se trate de usos en ejecución, la Administración competente para iniciar el procedimiento dispondrá la paralización inmediata de dichas actuaciones y procederá a la incoación del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística.
Junto al acuerdo de paralización se adoptarán cuantas medidas cautelares provisionales sean necesarias para garantizar la total interrupción de la actividad, tales como el precintado de las obras, la retirada de materiales y maquinaria o la suspensión de suministros. Las referidas medidas podrán adoptarse incluso con carácter previo al acuerdo de inicio en los casos de urgencia inaplazable, y de forma motivada.
La notificación del acuerdo de paralización podrá realizarse, indistintamente, al promotor, al propietario, al responsable o, en su defecto, a cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución, realización o desarrollo, y esté relacionada con el mismo. Practicada la notificación, se procederá de forma inmediata a la ejecución de las medidas cautelares provisionales adoptadas.
4. Con carácter previo al inicio del procedimiento o durante su tramitación se emitirán los correspondientes informes técnico y jurídico sobre la compatibilidad de las actuaciones con la ordenación territorial o urbanística vigente. Conforme a lo dispuesto en la normativa de procedimiento administrativo común, se dará audiencia a la persona interesada antes de adoptar la resolución que proceda.
5. Cuando de la tramitación del procedimiento resulte la total imposibilidad de legalización de las actuaciones, la resolución que se adopte dispondrá las medidas pertinentes para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística prevista en el artículo anterior y establecerá los plazos en que dichas medidas deben ejecutarse por las personas interesadas.
6. Si de la tramitación del procedimiento se infiere que las obras o usos pudieran ser compatibles con la ordenación vigente, se concederá a los interesados un plazo de dos meses para que insten la legalización mediante la solicitud del correspondiente título habilitante preceptivo o procedan a ajustar las obras o usos al título otorgado. En el caso de que se inste dicha legalización, el procedimiento de protección de legalidad se suspenderá en los términos establecidos reglamentariamente.
Transcurrido el plazo concedido al efecto sin haberse instado la legalización con la documentación necesaria o sin haberse ajustado las obras o usos al título concedido, se continuará el procedimiento de restablecimiento, ordenando las medidas para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística. No obstante, la Administración Pública actuante podrá acordar la imposición sucesiva de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas, con un máximo de cinco mil euros y, en todo caso y como mínimo, seiscientos euros.
Si del procedimiento de legalización se concluye que las obras no son compatibles con la ordenación aplicable, se continuará el procedimiento de restablecimiento, ordenando las medidas para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística.
7. Si no procede la legalización, pero se comprueba que ha transcurrido el plazo para restablecer la legalidad territorial y urbanística, así se declarará en la resolución que se dicte, sin perjuicio de la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación. Esta declaración del transcurso del plazo también podrá efectuarse a solicitud del interesado.
8. La legalización de las actuaciones que resulten compatibles con la ordenación vigente podrá instarse, en todo momento, a solicitud del interesado, aunque haya transcurrido el plazo para restablecer la legalidad territorial y urbanística.
Datos clave
- El plazo máximo para notificar la resolución expresa es de un año desde el acuerdo de iniciación.
- En usos en ejecución se dispone la paralización inmediata y medidas cautelares, como el precintado o la suspensión de suministros.
- Si las obras pudieran ser compatibles, se concede un plazo de dos meses para instar la legalización.
- Cabe imponer hasta doce multas coercitivas, con periodicidad mínima de un mes.
- Cuantía de cada multa coercitiva: diez por ciento del valor de las obras, con un máximo de cinco mil euros y un mínimo de seiscientos euros.
- La legalización de actuaciones compatibles puede instarse en todo momento, aunque haya transcurrido el plazo de restablecimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Procedimiento de restablecimiento: un año para resolver, paralización inmediata de usos en ejecución, dos meses para instar la legalización si parece compatible y hasta doce multas coercitivas.
Esquema
| Deber de conservación | Restablecimiento (art. 152) | |
|---|---|---|
| Número máximo | Diez | Doce |
| Base del 10 % | Coste estimado de las obras ordenadas | Valor de las obras ejecutadas |
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Artículo 153. Plazo para restablecer la legalidad territorial y urbanística.
El artículo 153 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, fija el plazo para restablecer la legalidad territorial y urbanística.
1. Las medidas, provisionales o definitivas, para el restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística previstas en este capítulo sólo podrán adoptarse válidamente mientras los actos o usos estén en curso de ejecución, realización o desarrollo y dentro de los seis años siguientes a su completa terminación o, si es posterior, desde la aparición de signos externos que permitan conocerlos. Si de un uso se trata, los seis años se contarán desde la aparición de signos externos que permitan conocer su efectiva implantación.
Los actos y usos realizados en suelo rústico de especial protección por legislación sectorial se someterán al plazo establecido en el apartado anterior, sin perjuicio de los plazos que dicha legislación establezca para la adopción de medidas de restablecimiento de la realidad física alterada por el órgano sectorial competente.
2. Se exceptúan de la anterior regla, de modo que podrán adoptarse dichas medidas en todo momento, las siguientes actuaciones:
a) Las realizadas sobre dominio público y servidumbres de protección.
b) Las realizadas en suelo rústico preservado con riesgos ciertos de desprendimientos, corrimientos, inundaciones o similares o que los generen o incrementen, mientras subsistan dichos riesgos conforme al artículo 14.1 b).
c) Las realizadas en suelo rústico en zona de influencia del litoral.
d) Las que afecten a bienes inmuebles inscritos individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.
e) Las que afecten a zonas verdes y espacios libres.
f) Las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico, salvo las que afecten a parcelas sobre las que existan edificaciones para las que haya transcurrido la limitación temporal del apartado 1 de este artículo. La excepción anterior, en relación con limitación temporal únicamente será de aplicación a la parcela concreta sobre la que se encuentre la edificación en la que concurran los citados requisitos, no comprendiendo al resto de la parcela o parcelas objeto de la parcelación. En ningún caso será de aplicación la limitación temporal a las parcelas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en las letras anteriores del presente apartado.
Datos clave
- Las medidas de restablecimiento solo pueden adoptarse mientras los actos estén en curso y dentro de los seis años siguientes a su completa terminación.
- Para los usos, los seis años se cuentan desde la aparición de signos externos de su implantación.
- Sin límite temporal: actuaciones sobre dominio público y servidumbres de protección, y en suelo rústico en zona de influencia del litoral.
- Sin límite temporal: las que afecten a bienes inscritos individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía y a zonas verdes y espacios libres.
- Sin límite temporal: las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico, con la salvedad de parcelas con edificaciones ya prescritas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las medidas para restablecer la legalidad urbanística solo caben mientras dura la obra o uso y en los seis años siguientes a su terminación, salvo una lista de supuestos en los que pueden adoptarse en todo momento.
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Artículo 158. Competencias de los Municipios y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El artículo 158 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, distribuye entre los Municipios y la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias de restablecimiento de la legalidad.
1. La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencia directa para el restablecimiento de la legalidad ante las actuaciones que vulneren la ordenación territorial. Se entiende que inciden en la ordenación territorial los actos y usos que afecten a:
a) Suelos rústicos especialmente protegidos por legislación sectorial.
b) Suelos rústicos preservados por los instrumentos de ordenación territorial previstos en esta ley o suelos rústicos incluidos en el espacio litoral.
c) El sistema de asentamientos, a través de la realización de actos que puedan inducir a la formación de nuevos asentamientos en suelo rústico o a un incremento de la superficie ocupada por los preexistentes, de acuerdo con los parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente y, en su caso, conforme a lo establecido en los instrumentos de ordenación territorial o urbanística general de aplicación.
d) Equipamientos, espacios libres y servicios de interés supralocal; vías de comunicaciones e infraestructuras básicas del sistema de transportes; infraestructuras de interés supralocal para el ciclo del agua, la energía y las telecomunicaciones o actividades económicas de interés supralocal.
e) Las actuaciones contrarias a las determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial o de ordenación supramunicipal.
2. El municipio ostenta competencia para el restablecimiento de la legalidad ante actuaciones que vulneren la ordenación urbanística. El ejercicio de dicha potestad se extiende igualmente a las actuaciones a que se hace referencia en el apartado anterior cuando incidan en las competencias municipales sobre restablecimiento de la legalidad urbanística.
3. Cuando un municipio incurra en inactividad en el ejercicio de las acciones declarativas y ejecutivas para el ejercicio de la potestad de restablecimiento de la legalidad ante actuaciones que vulneren la ordenación urbanística, la Comunidad Autónoma podrá asumir la competencia por sustitución, en los términos establecidos en la legislación reguladora de las bases del régimen local, previo requerimiento a la Entidad Local y siempre que la actuación afectara a competencias autonómicas.
4. La Comunidad Autónoma podrá impugnar e instar la suspensión de los actos o acuerdos municipales que considere que infringen el ordenamiento jurídico conforme a lo previsto en la legislación estatal.
Así mismo, podrá instar ante las Entidades Locales la revisión de oficio de los actos urbanísticos nulos de pleno derecho, mediante petición razonada, así como impugnar la desestimación de las solicitudes que hubiera instado.
5. Para el ejercicio de sus competencias, la Comunidad Autónoma podrá recabar y obtener información concreta sobre la actividad municipal, solicitar la exhibición de expedientes y la emisión de informes, así como dirigir peticiones razonadas de iniciación o continuación de procedimientos declarativos y ejecutivos.
6. La competencia municipal para resolver los procedimientos de restablecimiento de la legalidad será la determinada en la legislación sobre régimen local. Las competencias de la Comunidad Autónoma corresponderán a la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
7. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las potestades de autoorganización y de asociación, y de las posibilidades de delegación, descentralización y desconcentración, así como sin menoscabo de las competencias de las Diputaciones Provinciales para la asistencia a los Municipios y las que les transfiera o delegue la Junta de Andalucía. Se podrán celebrar a estos efectos convenios entre las Administraciones Públicas.
Datos clave
- La Comunidad Autónoma tiene competencia directa para restablecer la legalidad ante actuaciones que vulneren la ordenación territorial.
- El municipio tiene competencia ante actuaciones que vulneren la ordenación urbanística.
- Ante inactividad municipal, la Comunidad Autónoma puede asumir la competencia por sustitución, previo requerimiento.
- La Comunidad Autónoma puede impugnar actos municipales e instar la revisión de oficio de actos urbanísticos nulos de pleno derecho.
- Las competencias autonómicas corresponden a la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El restablecimiento de la legalidad se reparte: la Comunidad Autónoma actúa ante lo que vulnera la ordenación territorial y el municipio ante lo urbanístico, con sustitución autonómica si el municipio no actúa.
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Artículo 160. Principio de legalidad, requisitos de infracciones y sanciones y consecuencias legales.
1. Son infracciones contra la ordenación territorial y urbanística las acciones u omisiones que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta Ley.
2. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas en esta Ley que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.
3. Si las actuaciones constitutivas de ilícito se realizaron al amparo de instrumento de ordenación o acto administrativo, no cabrá sancionar hasta que sea anulado.
4. Toda acción u omisión tipificada como infracción territorial o urbanística dará lugar a la adopción de las medidas siguientes en los casos y en los términos previstos en esta ley:
a) La protección de la legalidad territorial y urbanística mediante el restablecimiento del orden jurídico perturbado.
b) La exigencia de la responsabilidad sancionadora y disciplinaria administrativas o penal.
c) El resarcimiento de los daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de quienes sean declarados responsables.
d) El inicio de los procedimientos de suspensión y anulación de los posibles actos administrativos legitimadores en los que pudiera ampararse la actuación ilegal.
Datos clave
- Son infracciones las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas como tales en la Ley.
- Los reglamentos pueden introducir especificaciones o graduaciones sin crear nuevas infracciones o sanciones.
- Si la actuación se ampara en un instrumento de ordenación o acto administrativo, no cabe sancionar hasta que sea anulado.
- Consecuencias: restablecimiento del orden jurídico perturbado, responsabilidad sancionadora, disciplinaria o penal, resarcimiento de daños y suspensión y anulación de actos legitimadores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo son infracciones las tipificadas en la LISTA; el reglamento puede graduar pero no crear. Lo hecho al amparo de un acto o instrumento no se sanciona hasta anularlo, y toda infracción activa cuatro consecuencias.
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Artículo 161. Clases de infracciones.
El artículo 161 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, clasifica las infracciones urbanísticas y contra la ordenación del territorio en leves, graves y muy graves.
Infracciones urbanísticas leves (apartado 2):
a) El incumplimiento del deber de información y publicidad en las obras sobre la licencia o título habilitante.
b) El incumplimiento del deber de disponer en las obras u otras actuaciones de copia de la licencia o título habilitante o declaración responsable.
c) El incumplimiento del deber de sometimiento a las inspecciones periódicas de construcciones.
d) Los actos de publicidad, comunicación comercial o promoción por cualquier medio con indicaciones disconformes con la ordenación urbanística o que induzcan a error sobre su correcta aplicación.
e) La prestación de servicios por las empresas suministradoras sin la acreditación de licencia u otro acto habilitante o de declaración responsable o cuando hubiera transcurrido el plazo establecido para la contratación provisional.
f) La ejecución de acometidas de suministros básicos sin autorización.
g) La realización de actuaciones tras la presentación de la preceptiva declaración responsable, cuando esta incurra en inexactitudes, falsedades u omisiones no esenciales o sin ajustarse a ella en aspectos no esenciales.
h) El incumplimiento de los requerimientos para la presentación de documentos a que se esté obligado en caso de actuaciones o actividades sujetas a declaración responsable.
i) La expedición por profesionales o entidades urbanísticas certificadoras de informes, certificados o documentos similares con inexactitudes, falsedades u omisiones no sustanciales para su traslado a la Administración.
j) La venta, alquiler o cesión de uso por empresas comercializadoras de edificaciones prefabricadas susceptibles de albergar un uso residencial cuya implantación esté sometida a licencia o declaración responsable, sin la acreditación de su previa obtención o presentación, o la falta de conservación de copia de dichos documentos por empresas comercializadoras o instaladoras durante un plazo de seis años desde la fecha del acto jurídico.
Infracciones urbanísticas graves (apartado 3):
a) La realización de actuaciones sin las licencias, aprobaciones u otros actos administrativos necesarios o sin ajustarse a sus términos, sean o no legalizables.
b) La realización de actuaciones sin la presentación de la preceptiva declaración responsable o habiéndola presentado con omisiones, inexactitudes o falsedades esenciales o sin ajustarse en aspectos esenciales a lo en ella manifestado. Se consideran esenciales las previstas en el artículo 157.3 de la Ley.
c) La realización en contra de la ordenación urbanística de obras de todo género, demoliciones o implantación de instalaciones, salvo que tengan la clasificación de muy graves.
d) Los usos disconformes con la ordenación urbanística, salvo que esté clasificada como muy grave.
e) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras. Se entiende producida cuando la persona, debidamente notificada, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, obstaculizar, entorpecer o impedir las actuaciones inspectoras. Entre otras, constituyen esta infracción: 1.ª la negativa infundada o el retraso injustificado a facilitar cualquier información requerida en relación con el objeto de inspección; 2.ª la negativa infundada a identificar en los procedimientos de restablecimiento de la legalidad a otras personas interesadas que no hayan comparecido; 3.ª la negativa infundada a permitir el acceso al personal inspector o a su personal de apoyo al ámbito objeto de inspección; 4.ª la incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera señalado; 5.ª las coacciones al personal inspector o a su personal de apoyo.
f) El incumplimiento de los deberes de conservación de terrenos, urbanizaciones, edificios e instalaciones establecidos en la Ley o de acuerdo con ella.
g) El incumplimiento de las órdenes de ejecución, salvo que la infracción esté clasificada como muy grave.
h) La expedición por profesionales o entidades urbanísticas certificadoras de informes, certificados o documentos similares con inexactitudes, falsedades u omisiones sustanciales para su traslado a la Administración. Son sustanciales la introducción o ausencia de datos o elementos que no se correspondan con la realidad, con el fin de superar los controles administrativos o que resulten determinantes para comprobar el cumplimiento de los requisitos normativos de la actuación.
i) La prestación de servicios por las empresas suministradoras con incumplimiento de los actos administrativos que les ordenen su cese.
Infracciones urbanísticas muy graves (apartado 4):
a) La segregación, fraccionamiento, división o parcelación contraria a la ordenación urbanística en cualquier clase y categoría de suelo.
b) La realización de obras de urbanización, tales como la apertura de viales o la implantación de servicios urbanos en contra de la ordenación urbanística.
c) Las actuaciones contrarias a la ordenación urbanística que afecten a suelos dotacionales públicos, tales como zonas verdes, viales o equipamientos.
d) La continuación de obras con incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas en los procedimientos de restablecimiento de la legalidad.
e) El incumplimiento de las órdenes de ejecución con peligro para la seguridad o la salud de las personas.
f) La demolición, destrucción o alteración de los valores de edificios protegidos por la ordenación urbanística atendiendo a su valor cultural, así como el incumplimiento de órdenes de ejecución sobre estos cuando conlleve una declaración de ruina urbanística que finalice con su demolición.
g) Las actuaciones que perjudiquen los espacios o bienes preservados por la ordenación urbanística, por la existencia de riesgos o por sus valores naturales o paisajísticos.
Infracciones contra la ordenación del territorio (apartado 5). Son las definidas en los apartados siguientes cuando contravengan la ordenación territorial o incidan en la ordenación del territorio; en concreto:
a) La ejecución, realización o desarrollo de actuaciones, actos de transformación, uso del suelo, vuelo o subsuelo, que afecten a suelos rústicos especialmente protegidos por legislación sectorial, a suelos rústicos preservados por los instrumentos de ordenación territorial previstos en la Ley o a suelos rústicos incluidos en el espacio litoral.
b) Las actuaciones que afecten al sistema de asentamientos a través de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, por sí mismos o por su situación respecto de otras edificaciones, sean susceptibles de inducir a la formación de nuevos asentamientos en suelo rústico o a un incremento de la superficie ocupada por los preexistentes, de acuerdo con los parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente y, en su caso, con los instrumentos de ordenación territorial o urbanística general.
c) Las actuaciones y actos que afecten a equipamientos, espacios libres y servicios de interés supralocal; vías de comunicaciones e infraestructuras básicas del sistema de transportes; infraestructuras supralocales para el ciclo del agua, la energía y las telecomunicaciones o actividades económicas de interés supralocal.
d) Las actuaciones contrarias a las determinaciones vinculantes de los instrumentos de ordenación territorial o de ordenación supramunicipal.
Infracciones contra la ordenación del territorio de carácter leve (apartado 6):
a) El incumplimiento del deber de contar en las obras u otras actuaciones de copia de la licencia o título habilitante o declaración responsable.
b) Los actos de publicidad, comunicación comercial o promoción por cualquier medio, con indicaciones disconformes con la ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio o que induzcan a error sobre su correcta aplicación.
c) a g) Las mismas conductas que las infracciones urbanísticas leves de las letras e), f), h), i) y j) del apartado 2: prestación de servicios por empresas suministradoras sin acreditación del título o pasado el plazo de contratación provisional; acometidas de suministros básicos sin autorización; incumplimiento de requerimientos documentales en actividades sujetas a declaración responsable; documentos de profesionales o entidades certificadoras con inexactitudes, falsedades u omisiones no sustanciales; y comercialización de edificaciones prefabricadas residenciales sin acreditar licencia o declaración responsable, o sin conservar copia durante seis años.
Infracciones contra la ordenación del territorio de carácter grave (apartado 7):
a) a d) Las mismas conductas que las infracciones urbanísticas graves de las letras a) a d) del apartado 3, cuando contravengan la ordenación territorial o incidan en la ordenación del territorio: actuaciones sin licencias, aprobaciones u otros actos necesarios o sin ajustarse a sus términos; actuaciones sin la preceptiva declaración responsable o con inexactitudes, falsedades u omisiones esenciales; obras de todo género, demoliciones o implantación de instalaciones contrarias a la ordenación, salvo que sean muy graves; y usos disconformes, salvo que estén clasificados como muy graves.
e) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras, con la misma definición y las mismas cinco conductas que en las infracciones urbanísticas graves (negativa o retraso a informar, negativa a identificar a otros interesados, negativa a permitir el acceso, incomparecencia injustificada y coacciones al personal inspector o de apoyo).
f) La expedición por profesionales o entidades urbanísticas certificadoras de informes, certificados o documentos similares con inexactitudes, falsedades u omisiones sustanciales para su traslado a la Administración, entendidas en los mismos términos que en las infracciones urbanísticas graves.
g) La prestación de servicios por las empresas suministradoras con incumplimiento de los actos administrativos que les ordenen su cese.
Infracciones contra la ordenación del territorio de carácter muy grave (apartado 8):
a) La segregación, fraccionamiento, división o parcelación contraria a la ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio en suelo rústico.
b) La realización de obras de infraestructuras, servicios y otras de urbanización, tales como la apertura de viales o la implantación de servicios urbanos en contra de la ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio.
c) Las actuaciones contrarias a la ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio que afecten a los equipamientos, espacios libres, servicios, vías, infraestructuras y actividades económicas de interés supralocal enumerados en el apartado 5.c).
d) La continuación de obras con incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas en los procedimientos de restablecimiento de la legalidad.
e) La demolición, destrucción o alteración de los valores de edificios protegidos por la ordenación territorial.
f) Las actuaciones que perjudiquen los espacios o bienes preservados por la ordenación territorial, por la existencia de riesgos o por sus valores naturales o paisajísticos.
Datos clave
- Las infracciones urbanísticas y contra la ordenación del territorio se clasifican en leves, graves y muy graves.
- Es grave la realización de actuaciones sin licencia o sin ajustarse a ella, sean o no legalizables.
- Es muy grave la parcelación contraria a la ordenación urbanística en cualquier clase y categoría de suelo.
- Es muy grave la continuación de obras con incumplimiento de las medidas provisionales.
- Las comercializadoras de edificaciones prefabricadas deben conservar copia de los documentos durante seis años.
- Las omisiones, inexactitudes o falsedades esenciales de la declaración responsable son las del artículo 157.3.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las infracciones se dividen en urbanísticas y contra la ordenación del territorio, cada una en leves, graves y muy graves; las segundas repiten muchas conductas urbanísticas cuando inciden en la ordenación territorial.
Esquema
| Leve | Grave | |
|---|---|---|
| Declaración responsable | Inexactitudes, falsedades u omisiones no esenciales | Sin presentarla o con omisiones, inexactitudes o falsedades esenciales |
| Documentos de certificadoras | Inexactitudes, falsedades u omisiones no sustanciales | Inexactitudes, falsedades u omisiones sustanciales |
| Empresas suministradoras | Servicio sin acreditar licencia o pasado el plazo provisional | Servicio incumpliendo la orden de cese |
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Artículo 162. Multas.
1. Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas:
a) Las leves, con multa de 600 a 2.999 euros.
b) Las graves, con multa de 3.000 a 29.999 euros, salvo que el valor de las obras ejecutadas o de los terrenos afectados o de los daños causados a los bienes protegidos sea superior, en cuyo caso, la multa podrá alcanzar hasta el setenta y cinco por ciento de los valores referidos.
c) Las muy graves, con multa de 30.000 a 120.000 euros, salvo que el importe del valor de las obras ejecutadas o de los terrenos afectados o de los daños causados a los bienes protegidos sea superior, en cuyo caso, la multa podrá alcanzar hasta el ciento cincuenta por ciento de dichos valores.
2. Cuando sólo una parte de la actuación sea ilegal, el porcentaje se aplicará sobre el valor de esa parte. Para determinar el valor de las obras se atenderá a las ejecutadas. Para el valor de los terrenos se atenderá al que pudieran tener en venta los afectados u otros similares. Reglamentariamente se podrán establecer criterios para estos cálculos.
Datos clave
- Leves: multa de 600 a 2.999 euros.
- Graves: multa de 3.000 a 29.999 euros, o hasta el setenta y cinco por ciento del valor de obras, terrenos o daños si es superior.
- Muy graves: multa de 30.000 a 120.000 euros, o hasta el ciento cincuenta por ciento de dichos valores si es superior.
- Si solo una parte de la actuación es ilegal, el porcentaje se aplica sobre el valor de esa parte.
- El valor de las obras atiende a las ejecutadas; el de los terrenos, al que pudieran tener en venta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Multas: leves de 600 a 2.999 euros, graves de 3.000 a 29.999 y muy graves de 30.000 a 120.000, con posibilidad de subir a un porcentaje del valor de obras, terrenos o daños si es mayor.
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Artículo 171. Competencias sancionadoras.
1. La competencia para imponer las sanciones urbanísticas previstas en esta Ley corresponde al municipio. No obstante, competerá a la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando la infracción comporte vulneración de la ordenación territorial o se realice por falta de título habilitante o acto administrativo que debería haber dictado ella, así como cuando se trate de obstrucción a la labor de la Inspección autonómica, al tratarse del ejercicio de competencias directas.
2. Cuando un municipio incurra en inactividad en el ejercicio de sus competencias sancionadoras propias, la Comunidad Autónoma podrá asumir la competencia por sustitución, en los términos establecidos en la legislación reguladora de las bases del régimen local, previo requerimiento a la Entidad Local y siempre que la infracción urbanística afectara a competencias autonómicas.
3. La ejecución de las resoluciones sancionadoras y el importe de las multas corresponderá a la Administración que las haya dictado. El importe de las sanciones urbanísticas se ingresará en el patrimonio público del suelo de la Administración actuante, una vez descontado el porcentaje que reglamentariamente se establezca para garantizar el coste de la actividad administrativa de inspección y disciplina territorial y urbanística.
4. La competencia municipal para resolver los procedimientos sancionadores será la determinada en la legislación sobre régimen local. Las competencias de la Comunidad Autónoma corresponderán a la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
5. Lo anterior deja a salvo las potestades de autoorganización y de asociación, las posibilidades de delegación, descentralización y desconcentración, y las competencias de las Diputaciones para la asistencia a los Municipios o las que se les transfieran o deleguen.
Datos clave
- La competencia para imponer las sanciones urbanísticas corresponde al municipio.
- Compete a la Comunidad Autónoma si se vulnera la ordenación territorial, falta un título que debía dictar ella o se obstruye a la Inspección autonómica.
- Ante inactividad municipal, la Comunidad Autónoma puede asumir la competencia por sustitución, previo requerimiento.
- El importe de las sanciones se ingresa en el patrimonio público del suelo de la Administración actuante.
- Previamente se descuenta el porcentaje reglamentario para el coste de la inspección y disciplina.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sanciona el municipio, salvo vulneración territorial, falta de título autonómico u obstrucción a la Inspección autonómica, que corresponden a la Comunidad; las multas van al patrimonio público del suelo.
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Artículo 74. La ordenación urbanística general
El artículo 74 del Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, aprobado por el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, define el objeto de la ordenación urbanística general.
La ordenación urbanística general tiene por objeto establecer la definición del modelo general de ordenación, la planificación estratégica de su evolución a medio y largo plazo y las determinaciones que complementan la definición del modelo general de ordenación, en los términos de los siguientes artículos.
Datos clave
- Norma: Reglamento General de la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (Decreto 550/2022, de 29 de noviembre).
- La ordenación urbanística general define el modelo general de ordenación.
- Incluye la planificación estratégica de su evolución a medio y largo plazo.
- Comprende las determinaciones que complementan el modelo general de ordenación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ordenación urbanística general tiene tres objetos: definir el modelo general de ordenación, planificar estratégicamente su evolución a medio y largo plazo y fijar las determinaciones que lo complementan.