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Tema 56: Concepto de Administración Pública a efectos del recurso contencioso-administrativo. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinantes de sus respectivas competencias: la distribución de competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El procedimiento contencioso-administrativo. La sentencia y los recursos contra las mismas.

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Artículo 9

1. Los jueces y juezas, así como los Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra ley.

2. Los jueces y juezas, así como los Tribunales del orden civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.

En este orden civil, corresponderá a la Jurisdicción Militar la prevención de los juicios de testamentaría y de abintestato de los miembros de las Fuerzas Armadas que, en situación de conflicto armado, fallecieren en campaña o navegación, limitándose a la práctica de la asistencia imprescindible para disponer el sepelio del difunto y la formación del inventario y aseguramiento provisorio de sus bienes, dando siempre cuenta a la Autoridad judicial civil competente.

3. Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar.

4. Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.

Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva.

También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas.

5. Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.

6. La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada y se efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente.

Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. 1.4 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1

Véase sobre la constitucionalidad del apartado 4, en la redacción dada por el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, la Sentencia del TC 118/2016, de 23 de junio, Ref. BOE-A-2016-7295 que declara que no es inconstitucional interpretado en los términos del fundamento jurídico 3 d).

Se modifica el apartado 4 por el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, en la redacción dada por la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo. Ref. BOE-A-2011-4551 .

Se modifica el apartado 4 por el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero. Ref. BOE-A-2010-2739 .

Se modifica el apartado 4 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644

Se modifica el apartado 4 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio. Ref. BOE-A-1998-16712

Datos clave

  • Artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: la jurisdicción solo se ejerce en los casos atribuidos por ley.
  • El orden civil conoce además de todas las materias no atribuidas a otro orden jurisdiccional.
  • El orden contencioso-administrativo conoce de la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, de las disposiciones generales de rango inferior a la ley y de los reales decretos legislativos (art. 82.6 CE).
  • También conoce de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra la vía de hecho.
  • Las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya corresponden en exclusiva al Tribunal Constitucional.
  • La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y de su personal se exige siempre ante el orden contencioso-administrativo, incluso frente a la aseguradora.
  • La jurisdicción es improrrogable y su falta se aprecia de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Distribuye la jurisdicción en cuatro órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social) y declara que la jurisdicción es improrrogable: los órganos judiciales aprecian de oficio su falta de jurisdicción.

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 74

1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con:

a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las comunidades autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.

b) Las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las Entidades locales.

c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.

d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.

e) Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.

f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes y Presidentas de Corporaciones locales en los términos de la legislación electoral.

g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma.

h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro, Ministra, Secretario o Secretaria de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa, a excepción de lo dispuesto en el artículo 82.2. 3.º

j) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.

k) De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la autoridad de protección de datos de la comunidad autónoma respectiva.

2. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados en las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia y de los correspondientes recursos de queja.

3. También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes dictadas en las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.

4. Conocerán de las cuestiones de competencia entre las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia con sede en la comunidad autónoma.

5. Corresponde a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de autoridades autonómicas de protección de datos a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica.

Datos clave

  • Las Salas de lo Contencioso-Administrativo conocen en única instancia de los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las comunidades autónomas cuyo conocimiento no esté atribuido a las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.
  • Conocen de las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las Entidades locales.
  • Conocen de los actos y resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
  • Conocen en segunda instancia de las apelaciones contra sentencias y autos de las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.
  • Conocen de los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas en esas Secciones.
  • Conocen de las cuestiones de competencia entre las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Salas de lo Contencioso del TSJ conocen en única instancia de una larga lista de actos autonómicos, locales y estatales; en segunda instancia de las apelaciones contra las Secciones de lo Contencioso, y además de revisión, competencia y autorizaciones de protección de datos.

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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 78

Cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran podrán crearse, con carácter excepcional, Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autónoma, en cuya capital tendrán su sede. Dichas Salas estarán formadas, como mínimo, por su Presidente, y se completarán, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.

Datos clave

  • Con carácter excepcional pueden crearse Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autónoma.
  • Su sede radica en la capital de esa provincia.
  • Se forman, como mínimo, por su Presidente.
  • Se completan, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con carácter excepcional pueden crearse Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social del TSJ limitadas a una o varias provincias de la Comunidad, con sede en su capital y formadas como mínimo por su Presidente.

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Artículo 2

El artículo 2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, fija el ámbito territorial de la jurisdicción de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Salas que tienen su sede fuera de la capital del Tribunal.

1. Los Tribunales Superiores de Justicia tienen jurisdicción en el ámbito territorial de su respectiva Comunidad Autónoma.

2. En Andalucía, tienen jurisdicción limitada a las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que tienen su sede en Sevilla; y a las provincias de Almería, Granada y Jaén las que tienen su sede en Granada. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga tienen jurisdicción limitada a su provincia.

3. En Castilla y León, tienen jurisdicción limitada a las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social que tienen su sede en Valladolid; y a las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria, las que tienen su sede en Burgos.

4. En Canarias, tienen jurisdicción limitada a la provincia de Las Palmas las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social que tienen su sede en Las Palmas de Gran Canaria, y a la provincia de Santa Cruz de Tenerife las que tienen su sede en Santa Cruz de Tenerife.

5. A efectos de la demarcación judicial, las ciudades de Ceuta y Melilla quedan integradas en la circunscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En consecuencia, en Andalucía la distribución territorial de los asuntos contencioso-administrativos que corresponden al Tribunal Superior de Justicia se reparte entre tres Salas: Sevilla, Granada y Málaga.

Datos clave

  • Los Tribunales Superiores de Justicia tienen jurisdicción en el territorio de su Comunidad Autónoma.
  • La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía con sede en Sevilla tiene jurisdicción en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
  • La Sala con sede en Granada tiene jurisdicción en Almería, Granada y Jaén.
  • La Sala con sede en Málaga tiene jurisdicción limitada a su provincia.
  • La misma distribución rige para las Salas de lo Social del TSJ de Andalucía.
  • Ceuta y Melilla quedan integradas en la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Tribunales Superiores de Justicia abarcan su Comunidad Autónoma, pero en Andalucía, Castilla y León y Canarias sus Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social se reparten provincias. Ceuta y Melilla van con Andalucía.

Esquema

Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social fuera de una sola sede
SedeProvincias
AndalucíaSevillaCádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla
AndalucíaGranadaAlmería, Granada y Jaén
AndalucíaMálagaSu provincia
Castilla y LeónValladolidLeón, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora
Castilla y LeónBurgosÁvila, Burgos, Segovia y Soria
CanariasLas Palmas de Gran CanariaProvincia de Las Palmas
CanariasSanta Cruz de TenerifeProvincia de Santa Cruz de Tenerife

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Artículo 1

1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

2. Se entenderá a estos efectos por Administraciones públicas:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración local.

d) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.

3. Conocerán también de las pretensiones que se deduzcan en relación con:

a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.

b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

c) La actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Datos clave

  • El orden contencioso-administrativo conoce de la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo.
  • También de las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y de los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
  • Son Administraciones públicas a estos efectos: la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración local y las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas a ellas.
  • Incluye actos de personal, administración y gestión patrimonial del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y órganos autonómicos análogos.
  • Incluye los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actuación de la Administración electoral.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija qué es Administración pública a efectos de este orden (AGE, CCAA, entes locales y sus entidades vinculadas) y añade ciertos actos de órganos constitucionales y de la Administración electoral.

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Artículo 2

El artículo 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, enumera las cuestiones de las que conocerá el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.

b) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.

c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

d) Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente.

e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

f) Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.

Datos clave

  • Respecto de los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno autonómicos, conoce de la protección de derechos fundamentales, los elementos reglados y las indemnizaciones, cualquiera que sea la naturaleza del acto.
  • Conoce de los contratos administrativos y de los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación pública.
  • Conoce de los actos de las Corporaciones de Derecho público adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
  • Conoce de los actos de control de la Administración concedente sobre los concesionarios de servicios públicos.
  • La responsabilidad patrimonial de las Administraciones no puede demandarse ante los órdenes civil o social, aunque concurran particulares o haya seguro de responsabilidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista positiva de lo que conoce el orden contencioso-administrativo: actos del Gobierno en sus aspectos controlables, contratos, Corporaciones de Derecho público, concesionarios, responsabilidad patrimonial y lo que atribuya una ley.

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Artículo 6

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se halla integrado por los siguientes órganos:

a) Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

b) Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

c) Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

d) Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

e) Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Datos clave

  • El artículo 6 de la LJCA enumera cinco tipos de órganos del orden contencioso-administrativo.
  • Juzgados de lo Contencioso-administrativo y Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
  • Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
  • Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
  • Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera, de menor a mayor, los cinco órganos que forman el orden CA: Juzgados, Juzgados Centrales, Salas de los TSJ, Sala de la Audiencia Nacional y Sala del Tribunal Supremo.

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Artículo 7

El artículo 7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula la extensión y el carácter improrrogable de la competencia de los órganos de este orden jurisdiccional.

1. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que fueren competentes para conocer de un asunto lo serán también para todas sus incidencias y para hacer ejecutar las sentencias que dictaren en los términos señalados en el artículo 103.1.

2. La competencia de los Juzgados y Salas de lo Contencioso-administrativo no será prorrogable y deberá ser apreciada por los mismos, incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.

3. La declaración de incompetencia adoptará la forma de auto y deberá efectuarse antes de la sentencia, remitiéndose las actuaciones al órgano de la jurisdicción que se estime competente para que ante él siga el curso del proceso, con emplazamiento a las partes para que en el plazo de diez días comparezcan ante el mismo. Si la competencia pudiera corresponder a un tribunal superior en grado, se acompañará una exposición razonada, estándose a lo que resuelva éste.

Esta redacción del apartado 3 procede del artículo 102.2 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.

Datos clave

  • El órgano competente para un asunto lo es también para sus incidencias y para ejecutar sus sentencias (art. 103.1).
  • La competencia no es prorrogable y se aprecia incluso de oficio.
  • Antes de resolver se oye a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.
  • La declaración de incompetencia adopta la forma de auto y se hace antes de la sentencia.
  • Se emplaza a las partes para que comparezcan en diez días ante el órgano que se estime competente.
  • Si el competente es un tribunal superior en grado, se acompaña exposición razonada y se está a lo que este resuelva.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El órgano competente lo es también para las incidencias y la ejecución. Su competencia no es prorrogable: se aprecia incluso de oficio y la incompetencia se declara por auto antes de la sentencia, remitiendo las actuaciones.

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Artículo 8

1. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en única o primera instancia según lo dispuesto en esta ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico.

2. Conocerán, asimismo, en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:

a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera.

b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses.

c) Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros.

3. Conocerán en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administración periférica del Estado y de las comunidades autónomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho público, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen íntegramente los dictados por aquéllos en vía de recurso, fiscalización o tutela.

Se exceptúan los actos de cuantía superior a 60.000 euros dictados por la Administración periférica del Estado y los organismos públicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre dominio público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propiedades especiales.

4. Conocerán, igualmente, de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

5. Corresponde conocer a los Juzgados de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral.

6. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en la materia.

Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada.

Además, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.

Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán también de las autorizaciones para la entrada en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos, que haya sido acordada por la Administración Tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de los tributos aún con carácter previo a su inicio formal cuando, requiriendo dicho acceso el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.

Se modifica el apartado 6 por el art. 12 de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2021-11473#ad-2

Se modifica el apartado 6 por la disposición final 2.1 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre. Ref. BOE-A-2020-10923#df-2

Se modifica el apartado 6 por la disposición final 1 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470 .

Se modifica el apartado 4 por el art. 3.1 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre. Ref. BOE-A-2011-15937 .

Se modifica el apartado 6 por la disposición adicional 7.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. Ref. BOE-A-2007-12946 .

Se modifica por la disposición adicional 14.2 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644 .

Se añade un segundo párrafo al apartado 5 por la disposición final 14.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero. Ref. BOE-A-2000-323 .

Datos clave

  • Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocen de los actos de las entidades locales, excluidos los instrumentos de planeamiento urbanístico.
  • De los actos autonómicos (salvo los del Consejo de Gobierno) conocen en materia de personal, salvo nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera.
  • Sanciones: multas no superiores a 60.000 euros y ceses o privaciones de derechos que no excedan de seis meses.
  • Responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros.
  • Se exceptúan los actos de la Administración periférica del Estado de cuantía superior a 60.000 euros.
  • Conocen de todas las resoluciones en materia de extranjería de la Administración periférica del Estado o de las Comunidades Autónomas.
  • Autorizan la entrada en domicilios para la ejecución forzosa de actos administrativos y ratifican medidas sanitarias urgentes que limiten derechos fundamentales de personas identificadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija qué conocen los Juzgados de lo CA: actos de entes locales, y de las CCAA en personal, sanciones (multas ≤60.000 €, cese ≤6 meses) y responsabilidad patrimonial ≤30.050 €, entre otras materias.

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Artículo 9

1. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto:

a) En primera o única instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía de recurso, fiscalización o tutela, actos dictados por órganos inferiores, o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el artículo 11.1.a) sobre personal militar.

b) En única o primera instancia contra los actos de los órganos centrales de la Administración General del Estado en los supuestos previstos en el apartado 2.b) del artículo 8.

c) En primera o única instancia de los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo i) del apartado 1 del artículo 10.

d) En primera o única instancia, de los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.

e) En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.

f) En única o primera instancia, de las resoluciones que, en vía de fiscalización, sean dictadas por el Comité Español de Disciplina Deportiva en materia de disciplina deportiva.

Téngase en cuenta que el Comité de Disciplina Deportiva queda suprimido y que todas sus funciones pasan a corresponder al Tribunal Administrativo del Deporte, según se establece en la disposición adicional 4 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20, de junio. Ref. BOE-A-2013-6732 .

2. Corresponderá a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, la autorización a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002 así como autorizar la ejecución de los actos adoptados por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico.

3. Igualmente conocerán los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo del procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

Datos clave

  • Los Juzgados Centrales conocen de los actos de Ministros y Secretarios de Estado en materia de personal, salvo nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera.
  • Conocen de los recursos contra organismos públicos estatales con competencia en todo el territorio nacional.
  • Responsabilidad patrimonial de Ministros y Secretarios de Estado cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.
  • En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de peticiones de asilo político.
  • Las funciones del Comité Español de Disciplina Deportiva corresponden hoy al Tribunal Administrativo del Deporte.
  • Conocen del procedimiento del artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija qué conocen los Juzgados Centrales de lo CA: actos de Ministros y Secretarios de Estado en personal, organismos públicos estatales, responsabilidad patrimonial ≤30.050 € y asilo político.

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Artículo 10. Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:

a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.

c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.

d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.

e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.

f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de Corporaciones locales, en los términos de la legislación electoral.

g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.

h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.

i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.

j) Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.

k) Las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de recursos en materia de contratación previsto en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales.

l) Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales.

m) Los actos y disposiciones dictados por las autoridades independientes autonómicas u órganos competentes de las comunidades autónomas referidos en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

n) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.

2. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos de queja.

3. También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

4. Conocerán de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede en la Comunidad Autónoma.

5. Conocerán del recurso de casación para la unificación de doctrina previsto en el artículo 99.

6. Conocerán del recurso de casación en interés de la ley previsto en el artículo 101.

7. Conocerán de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por la autoridad de protección de datos de la Comunidad Autónoma respectiva.

8. (Anulado)

Se modifica la letra m) del apartado 1 y se añade la n) por la disposición final 2.1 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero. Ref. BOE-A-2023-4513#df-2

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 8, en la redacción dada por la disposición final 2.2 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, por la Sentencia del TC 70/2022, de 2 de junio. Ref. BOE-A-2022-11086

Se modifica por la disposición final 2.2 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre. Ref. BOE-A-2020-10923#df-2

Se añade el apartado 7 por la disposición final 6.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-16673#df-6

Se renumera la letra K) como m) y se añaden las nuevas letras k) y l) al apartado 1 por el art. 3.1 de la Ley 34/2010, de 5 de agosto. Ref. BOE-A-2010-12765 .

Se modifica el apartado 1 por la disposición adicional 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. Ref. BOE-A-2007-12946 .

Datos clave

  • Las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia conocen en única instancia de los actos de entidades locales y Comunidades Autónomas no atribuidos a los Juzgados.
  • También de las disposiciones generales de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
  • Conocen de los actos de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales y del TEAC en materia de tributos cedidos.
  • Conocen de los actos de órganos estatales de nivel inferior a Ministro o Secretario de Estado en personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.
  • En segunda instancia, de las apelaciones contra sentencias y autos de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
  • Conocen del recurso de casación para la unificación de doctrina (art. 99) y en interés de la ley (art. 101).
  • El apartado 8 fue anulado por la Sentencia del TC 70/2022, de 2 de junio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Salas de lo CA de los TSJ conocen en única instancia de actos y disposiciones autonómicas y locales no atribuidos a los Juzgados, y en segunda instancia de las apelaciones contra estos.

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Artículo 11

El artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, determina las competencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia:

a) De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los Ministros, aun cuando se adopten previo informe o acuerdo del Consejo de Ministros o de las Comisiones Delegadas del Gobierno, y de los Secretarios de Estado, en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo, conocerá de los recursos contra los actos de cualesquiera órganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antigüedad en el escalafón y destinos.

b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o de tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.

c) De los recursos en relación con los convenios entre Administraciones públicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.

d) De los actos de naturaleza económico-administrativa dictados por el Ministro de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo Central, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.e).

e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, y de la autorización de prórroga de los plazos de las medidas de dicha Comisión, conforme a lo previsto en la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.

f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.k).

g) De los recursos contra los actos del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del FROB adoptados conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

h) De los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.

i) (Anulado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 70/2022, de 2 de junio).

2. Conocerá, en segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.

3. Conocerá de los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

4. También conocerá de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

5. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos.

La redacción vigente de la letra a) del apartado 1 procede del artículo 21.1 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos desde el 3 de abril de 2025.

Datos clave

  • La Audiencia Nacional conoce en única instancia de las disposiciones y actos de Ministros y Secretarios de Estado, aunque se adopten previo informe o acuerdo del Consejo de Ministros o de las Comisiones Delegadas.
  • También de los actos de órganos centrales del Ministerio de Defensa sobre ascensos, orden y antigüedad en el escalafón y destinos.
  • Conoce de los convenios entre Administraciones no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
  • Conoce de los actos económico-administrativos del Ministro de Economía y Hacienda y del TEAC, salvo tributos cedidos (art. 10.1.e).
  • Conoce de las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y de los actos del Banco de España, la CNMV y el FROB.
  • En segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias de los Juzgados Centrales.
  • La letra i) del apartado 1 fue anulada por la STC 70/2022, de 2 de junio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Competencias de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional: en única instancia, actos de Ministros y Secretarios de Estado y de varios órganos centrales; en segunda instancia, apelaciones contra los Juzgados Centrales.

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Artículo 12

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:

a) Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado.

c) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.

2. Conocerá también de:

a) Los recursos de casación de cualquier modalidad, en los términos establecidos por esta Ley, y los correspondientes recursos de queja.

b) Los recursos de casación y revisión contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas, con arreglo a lo establecido en su Ley de Funcionamiento.

c) Los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en el artículo 61.1.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. Asimismo conocerá de:

a) Los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de la Junta Electoral Central, así como los recursos contencioso-electorales que se deduzcan contra los acuerdos sobre proclamación de electos en los términos previstos en la legislación electoral.

b) Los recursos deducidos contra actos de las Juntas Electorales adoptados en el procedimiento para elección de miembros de las Salas de Gobierno de los Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

4. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial.

Se modifica la letra b) del apartado 1 por la disposición final 4 de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre. Ref. BOE-A-2022-14580#df-4

Se añade el apartado 4 por la disposición final 6.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-16673#df-6

Datos clave

  • La Sala Tercera del Tribunal Supremo conoce en única instancia de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
  • También de los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado.
  • Conoce de los actos de personal, administración y gestión patrimonial del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo.
  • Conoce de los recursos de casación de cualquier modalidad y de los recursos de queja correspondientes.
  • Conoce de los actos de la Junta Electoral Central y de los recursos contencioso-electorales sobre proclamación de electos.
  • Autoriza al amparo del artículo 122 ter cuando lo solicita el Consejo General del Poder Judicial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Competencias de la Sala Tercera del Supremo: en única instancia, los actos y disposiciones de los órganos superiores del Estado; además, casación, queja, revisión, materia electoral y la autorización del art. 122 ter pedida por el CGPJ.

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Artículo 13

Para aplicar las reglas de distribución de competencia contenidas en los artículos anteriores, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Las referencias que se hacen a la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales comprenden a las Entidades y Corporaciones dependientes o vinculadas a cada una de ellas.

b) La competencia atribuida a los Juzgados y Tribunales para el conocimiento de recursos contra actos administrativos incluye la relativa a la inactividad y a las actuaciones constitutivas de vía de hecho.

c) Salvo disposición expresa en contrario, la atribución de competencia por razón de la materia prevalece sobre la efectuada en razón del órgano administrativo autor del acto.

Datos clave

  • Las referencias a cada Administración comprenden a sus entidades y corporaciones dependientes o vinculadas.
  • La competencia para conocer de recursos contra actos incluye la inactividad y la vía de hecho.
  • Salvo disposición expresa en contrario, prevalece la atribución por razón de la materia sobre la del órgano autor del acto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres criterios para aplicar el reparto de competencias: cada Administración arrastra a sus entes dependientes o vinculados; la competencia sobre actos incluye inactividad y vía de hecho; y la materia pesa más que el órgano autor del acto.

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Artículo 14

1. La competencia territorial de los Juzgados y de los Tribunales Superiores de Justicia se determinará conforme a las siguientes reglas:

Primera. Con carácter general, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la disposición o el acto originario impugnado.

Segunda. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones será competente, a elección del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.

Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección a que se refiere esta regla segunda se entenderá limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.

Tercera. La competencia corresponderá al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada.

2. Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los Juzgados o Tribunales competentes según las reglas anteriores, la competencia vendrá atribuida al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.

Se modifica el apartado 1, segunda regla por el art. 3.2 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre. Ref. BOE-A-2011-15937 .

Se añade el párrafo segundo a la regla segunda del apartado 1 por el art. 14.1 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-17493 .

Datos clave

  • Regla primera: es competente el órgano jurisdiccional de la circunscripción donde tenga su sede el órgano autor del acto originario.
  • Regla segunda: en responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones, el demandante elige entre su domicilio y la sede del órgano autor.
  • Si el acto es autonómico o local, esa elección se limita a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de la sede del órgano autor.
  • Regla tercera: en planes de ordenación urbana, actuaciones urbanísticas y expropiatorias es competente el órgano donde radiquen los inmuebles.
  • Con pluralidad de destinatarios y diversos órganos competentes, decide la sede del órgano autor del acto originario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija el fuero territorial: por regla general, el órgano donde tenga su sede quien dictó el acto; en responsabilidad, personal, propiedades especiales y sanciones, el demandante puede elegir.

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Artículo 45

1. El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa.

2. A este escrito se acompañará:

a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo Juzgado o Tribunal, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su unión a los autos.

b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título.

c) La copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran, o indicación del expediente en que haya recaído el acto o el periódico oficial en que la disposición se haya publicado. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de la Administración o una vía de hecho, se mencionará el órgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en que tuvieran origen, o cualesquiera otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso.

d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.

e) En los casos en que el recurso se haya interpuesto por un sindicato que actúe en nombre e interés del personal funcionario y estatutario conforme dispone la letra k) del artículo 19.1, el documento o documentos que acrediten la afiliación de dicho personal y la existencia de comunicación por el sindicato al afiliado de la voluntad de iniciar el proceso, así como la autorización expresa del afiliado al sindicato para dicha iniciación.

3. El Secretario judicial examinará de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición. Si estima que es válida, admitirá a trámite el recurso. Si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el Secretario judicial estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparecencia, requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez o Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones.

4. El recurso de lesividad se iniciará por demanda formulada con arreglo al artículo 56.1, que fijará con precisión la persona o personas demandadas y su sede o domicilio si constara. A esta demanda se acompañarán en todo caso la declaración de lesividad, el expediente administrativo y, si procede, los documentos de las letras a) y d) del apartado 2 de este artículo.

5. El recurso dirigido contra una disposición general, acto, inactividad o vía de hecho en que no existan terceros interesados podrá iniciarse también mediante demanda en que se concretará la disposición, acto o conducta impugnados y se razonará su disconformidad a Derecho. Con la demanda se acompañarán los documentos que procedan de los previstos en el apartado 2 de este artículo.

Datos clave

  • El recurso se inicia por un escrito de interposición reducido a citar lo impugnado y solicitar que se tenga por interpuesto, salvo que la Ley disponga otra cosa.
  • Se acompañan: representación, legitimación transmitida, copia o identificación de lo recurrido, requisitos para accionar de las personas jurídicas y, si recurre un sindicato por sus afiliados, la acreditación de afiliación, comunicación y autorización expresa.
  • El Secretario judicial examina de oficio la validez de la comparecencia y, si hay defectos, requiere subsanación en diez días; si no se subsana, el Juez o Tribunal se pronuncia sobre el archivo.
  • El recurso de lesividad se inicia por demanda (artículo 56.1), acompañada de la declaración de lesividad y el expediente administrativo.
  • Sin terceros interesados, el recurso puede iniciarse también directamente mediante demanda.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El recurso empieza con un escrito de interposición breve y los documentos que lo acompañan; el Secretario judicial revisa la comparecencia y da diez días para subsanar. Lesividad y casos sin terceros pueden empezar por demanda.

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Artículo 46

1. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

2. En los supuestos previstos en el artículo 29, los dos meses se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo.

3. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.

4. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.

5. El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

6. En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento regulado en los tres primeros apartados del artículo 44, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.

Datos clave

  • Acto expreso o disposición: dos meses desde el día siguiente a la notificación o publicación.
  • Acto presunto: seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
  • Inactividad (artículo 29): dos meses desde el día siguiente al vencimiento de los plazos de ese artículo.
  • Vía de hecho: diez días desde el fin del plazo del artículo 30; sin requerimiento, veinte días desde el inicio de la actuación.
  • Tras reposición potestativa, el plazo corre desde la notificación de su resolución expresa o desde su desestimación presunta.
  • Recurso de lesividad: dos meses desde el día siguiente a la declaración de lesividad.
  • Litigios entre Administraciones: dos meses, salvo que una Ley establezca otra cosa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija los plazos para presentar el recurso: 2 meses si el acto es expreso, 6 si es presunto, y plazos especiales para vías de hecho, recurso de lesividad y litigios entre Administraciones.

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Artículo 48

El artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula la reclamación y remisión del expediente administrativo en el proceso contencioso-administrativo.

1. El letrado o letrada de la Administración de Justicia, al acordar lo previsto en el apartado 1 del artículo anterior, o mediante diligencia si la publicación no fuere necesaria, requerirá a la Administración que le remita el expediente administrativo, ordenándole que practique los emplazamientos previstos en el artículo 49. El expediente se reclamará al órgano autor de la disposición o acto impugnado o a aquél al que se impute la inactividad o vía de hecho.

2. No se reclamará el expediente en el caso del apartado 2 del artículo anterior, sin perjuicio de la facultad otorgada por el apartado 5 de este artículo 48.

3. El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de veinte días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. La entrada se pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional.

4. El expediente se enviará completo, en soporte electrónico, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. Al remitir el expediente, la Administración deberá identificar al órgano responsable del cumplimiento de la resolución judicial. Si el expediente fuera reclamado por varios juzgados o tribunales, la Administración enviará copias en soporte electrónico del mismo, que deberán reunir los requisitos anteriormente expresados.

5. Cuando el recurso contra la disposición se hubiere iniciado por demanda, el tribunal podrá recabar de oficio o a petición del actor el expediente de elaboración, que se remitirá en soporte electrónico. Recibido el expediente, el letrado o letrada de la Administración de Justicia lo entregará a las partes por cinco días para que formulen alegaciones.

6. Se excluirán del expediente, mediante resolución motivada, los documentos clasificados como secreto oficial, haciéndolo constar así en el índice de documentos y en el lugar del expediente donde se encontraran los documentos excluidos.

7. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de diez días contados como dispone el apartado 3, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del letrado o letrada de la Administración de Justicia notificado personalmente para formulación de alegaciones, el juez, la jueza o el tribunal impondrán una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable. La multa será reiterada cada veinte días, hasta el cumplimiento de lo requerido. De darse la causa de imposibilidad de determinación individualizada de la autoridad o empleado responsable, la Administración será la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta contra el responsable.

8. Contra los autos en los que se acuerde la imposición de multas a las que se refiere el apartado anterior podrá interponerse recurso de reposición en los términos previstos en el artículo 79.

9. Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las multas firmes se harán efectivas por vía judicial de apremio.

10. Impuestas las tres primeras multas coercitivas sin lograr que se remita el expediente completo, el Juez o Tribunal pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas. El requerimiento cuya desatención pueda dar lugar a la tercera multa coercitiva contendrá el oportuno apercibimiento.

11. La Administración remitirá el expediente electrónicamente, utilizando, a tal efecto, los sistemas de interoperabilidad que resulten aplicables, al objeto de que el expediente administrativo en soporte electrónico así remitido quede automáticamente integrado en los sistemas de gestión procesal correspondientes.

Los apartados 1, 4, 5, 7 y 8 y el nuevo apartado 11 proceden del artículo 102.7 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.

Datos clave

  • El letrado o letrada de la Administración de Justicia requiere el expediente al órgano autor del acto o al que se impute la inactividad o vía de hecho.
  • Plazo de remisión: veinte días improrrogables desde la entrada de la comunicación judicial en el registro general del órgano requerido.
  • El expediente se envía completo, en soporte electrónico, foliado, autentificado y con índice autentificado.
  • Los documentos clasificados como secreto oficial se excluyen mediante resolución motivada.
  • Si no se remite tras reiterar la reclamación en diez días, multa coercitiva de 300 a 1.200 euros, reiterable cada veinte días.
  • Contra el auto que impone la multa cabe recurso de reposición (art. 79).
  • Tras las tres primeras multas sin éxito, los hechos se ponen en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reclamación del expediente administrativo: se pide al órgano autor, se remite en veinte días improrrogables, completo y electrónico, y su falta se castiga con multas coercitivas de 300 a 1.200 euros reiterables cada veinte días.

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Artículo 51

1. El Juzgado o Sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto:

a) La falta de jurisdicción o la incompetencia del Juzgado o Tribunal.

b) La falta de legitimación del recurrente.

c) Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación.

d) Haber caducado el plazo de interposición del recurso.

2. El Juzgado o Sala podrá inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme, mencionando, en este último caso, la resolución o resoluciones desestimatorias.

3. Cuando se impugne una actuación material constitutiva de vía de hecho, el Juzgado o Sala podrá también inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuación administrativa se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con las reglas del procedimiento legalmente establecido.

Asimismo, cuando se impugne la no realización por la Administración de las obligaciones a que se refiere el artículo 29, el recurso se inadmitirá si fuera evidente la ausencia de obligación concreta de la Administración respecto de los recurrentes.

4. El Juzgado o la Sala, antes de pronunciarse sobre la inadmisión del recurso, hará saber a las partes el motivo en que pudiera fundarse para que, en el plazo común de diez días, aleguen lo que estimen procedente y acompañen los documentos a que hubiera lugar.

5. Contra el auto que declare la inadmisión podrán interponerse los recursos previstos en esta Ley. El auto de admisión no será recurrible pero no impedirá oponer cualquier motivo de inadmisibilidad en momento procesal posterior.

6. Declarada la inadmisión al amparo de lo establecido en el párrafo a) del apartado 1 de este artículo, se estará a lo que determinan los artículos 5.3 y 7.3.

Se modifica el inciso primero del apartado 1 por el art. 14.12 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-17493 .

Datos clave

  • Causas de inadmisión manifiesta: falta de jurisdicción o incompetencia, falta de legitimación, actividad no impugnable y caducidad del plazo.
  • Puede inadmitirse si se desestimaron en el fondo recursos sustancialmente iguales por sentencia firme.
  • En la vía de hecho, puede inadmitirse si la actuación se produjo dentro de la competencia y conforme al procedimiento.
  • Antes de inadmitir se oye a las partes por plazo común de diez días.
  • El auto de admisión no es recurrible, pero no impide oponer después cualquier motivo de inadmisibilidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera las causas por las que el Juzgado o Sala puede declarar no haber lugar a la admisión del recurso: falta de jurisdicción, de legitimación, acto no impugnable o plazo caducado, entre otras.

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Artículo 52

El artículo 52 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula la entrega del expediente al recurrente para deducir la demanda y la caducidad del recurso.

1. Recibido el expediente administrativo en soporte electrónico en el juzgado o tribunal y comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, por el letrado o letrada de la Administración de Justicia se acordará su incorporación a los autos en ese mismo soporte y su entrega al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte días, salvo que concurra alguno de los supuestos del artículo 51, en cuyo caso dará cuenta al tribunal para que resuelva lo que proceda. Cuando los recurrentes fuesen varios, y aunque no actuasen bajo una misma dirección, la demanda se formulará simultáneamente por todos ellos. La entrega del expediente a las partes se efectuará mediante su remisión por vía telemática al tiempo de notificar la resolución en que así se disponga o a través del punto de acceso electrónico al expediente judicial.

2. Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el Juzgado o Sala, de oficio, declarará por auto la caducidad del recurso. No obstante, se admitirá el escrito de demanda, y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique el auto.

La redacción vigente del apartado 1 procede del artículo 102.9 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.

Datos clave

  • El expediente se incorpora a los autos en soporte electrónico y se entrega al recurrente.
  • Plazo para deducir la demanda: veinte días.
  • Si concurre un supuesto del artículo 51, el letrado o letrada da cuenta al tribunal.
  • Con varios recurrentes, la demanda se formula simultáneamente por todos, aunque no actúen bajo una misma dirección.
  • La entrega se hace por vía telemática o a través del punto de acceso electrónico al expediente judicial.
  • Sin demanda en plazo, se declara de oficio por auto la caducidad del recurso.
  • Se admite la demanda si se presenta dentro del día en que se notifique el auto de caducidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con el expediente electrónico en autos, el recurrente tiene veinte días para la demanda. Si no la presenta, el órgano declara de oficio la caducidad, pero aún se admite la demanda presentada el día en que se notifica el auto.

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Artículo 54

El artículo 54 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula el traslado de la demanda y la contestación en el procedimiento ordinario.

1. Presentada la demanda, el Secretario judicial dará traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, a las partes demandadas que hubieran comparecido, para que la contesten en el plazo de veinte días. Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse recibido el expediente administrativo, emplazará a la Administración demandada para contestar, apercibiéndola de que no se admitirá la contestación si no va acompañada de dicho expediente.

2. Si el defensor de la Administración demandada estima que la disposición o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de veinte días para comunicar su parecer razonado a aquélla. El Secretario judicial, previa audiencia del demandante, acordará lo procedente.

3. La contestación se formulará primero por la Administración demandada. Cuando hubieren de hacerlo, además de la Administración, otros demandados, y aunque no actuaren bajo una misma dirección, la contestación se formulará simultáneamente por todos ellos. En todos los casos la entrega del expediente se efectuará mediante su remisión por vía telemática al tiempo de notificar la resolución en que así se disponga o a través del punto de acceso electrónico al expediente judicial.

4. Si la Administración demandada fuere una entidad local y no se hubiere personado en el proceso pese a haber sido emplazada, se le dará no obstante traslado de la demanda para que, en el plazo de veinte días, pueda designar representante en juicio o comunicar al órgano judicial, por escrito, los fundamentos por los que estimare improcedente la pretensión del actor.

Datos clave

  • Plazo para contestar la demanda: veinte días, con entrega del expediente administrativo.
  • Si no se recibió el expediente, no se admite la contestación de la Administración sin él.
  • El defensor de la Administración puede pedir la suspensión por veinte días si estima que la actuación pudiera no ajustarse a Derecho.
  • Contesta primero la Administración demandada; los demás demandados lo hacen simultáneamente.
  • La entrega del expediente se hace por vía telemática o mediante el punto de acceso electrónico al expediente judicial.
  • La entidad local no personada recibe traslado para designar representante o alegar por escrito en veinte días.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Presentada la demanda, los demandados tienen veinte días para contestar con el expediente. Contesta primero la Administración; su defensor puede pedir suspensión de veinte días, y la entidad local no personada recibe igualmente traslado.

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Artículo 56

1. En los escritos de demanda y de contestación se consignarán con la debida separación los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración.

2. El Secretario judicial examinará de oficio la demanda y requerirá que se subsanen las faltas de que adolezca en plazo no superior a diez días. Realizada la subsanación, admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda sobre su admisión.

3. Con la demanda y la contestación las partes acompañarán los documentos en que directamente funden su derecho, y si no obraren en su poder, designarán el archivo, oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentren.

4. Después de la demanda y contestación no se admitirán a las partes más documentos que los que se hallen en alguno de los casos previstos para el proceso civil. No obstante, el demandante podrá aportar, además, los documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, antes de la citación de vista o conclusiones.

5. Presentados los escritos de demanda y contestación, si un juzgado o tribunal, en cualquier momento anterior a dictar sentencia, tuviese conocimiento, por cualquier medio, de que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha admitido un recurso de casación que presenta una identidad jurídica sustancial con la cuestión debatida en el recurso del que está conociendo, oirá a las partes personadas por el plazo común de diez días sobre su posible suspensión, adjuntándoles copia del referido auto.

Una vez presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo, si el juzgado o tribunal apreciase una identidad jurídica sustancial y que la resolución que se dicte en casación puede resultar relevante para resolver el procedimiento, acordará la suspensión hasta que se dicte resolución firme en el recurso de casación. Contra el auto que resuelva sobre la suspensión no cabrá recurso alguno.

El auto que acuerde la suspensión se remitirá a la Sección de Enjuiciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo indicada en el auto de admisión, que, a su vez, remitirá testimonio de la sentencia que recaiga en el recurso de casación al juzgado o tribunal remitente.

Recibido el testimonio de la sentencia del recurso de casación, el juzgado o tribunal alzará la suspensión y dará un nuevo trámite de audiencia a las partes personadas, por plazo común de diez días, a fin de que aleguen sobre la incidencia que dicho pronunciamiento tiene para resolver el recurso. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo conferido, se continuará la tramitación del procedimiento en el momento en que se encontrare antes de la suspensión, salvo que las partes desistan del recurso o se allanen, en cuyo caso el juzgado o tribunal resolverá lo procedente.

Datos clave

  • Demanda y contestación consignan por separado hechos, fundamentos de Derecho y pretensiones.
  • Pueden alegarse motivos planteados o no ante la Administración.
  • El Secretario judicial requiere la subsanación de faltas en plazo no superior a diez días.
  • Con la demanda y la contestación se acompañan los documentos en que se funde el derecho.
  • Si el Tribunal Supremo admite una casación con identidad jurídica sustancial, se oye a las partes diez días sobre la suspensión.
  • Contra el auto que resuelve sobre esa suspensión no cabe recurso alguno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija qué debe contener la demanda y contestación (hechos, fundamentos, pretensiones), qué documentos se pueden aportar y cuándo se suspende el pleito por haberse admitido un recurso de casación con la misma cuestión jurídica.

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Artículo 60

1. Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deberán expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan.

2. Si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 56.

3. Se recibirá el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fueran de trascendencia, a juicio del órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito. Si el objeto del recurso fuera una sanción administrativa o disciplinaria, el proceso se recibirá siempre a prueba cuando exista disconformidad en los hechos.

4. La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarla de treinta días. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.

5. Las Salas podrán delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo la práctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el representante en autos de la Administración podrá, a su vez, delegar en un funcionario público de la misma la facultad de intervenir en la práctica de pruebas.

6. En el acto de emisión de la prueba pericial, el Juez otorgará, a petición de cualquiera de las partes, un plazo no superior a cinco días para que las partes puedan solicitar aclaraciones al dictamen emitido.

7. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

8. La presentación de documentos en el curso de actos judiciales o procesales celebrados por videoconferencia se ajustará a lo establecido por la Ley que regule el uso de las tecnologías en la Administración de Justicia.

Datos clave

  • El recibimiento a prueba solo se pide por otrosí en la demanda, la contestación o las alegaciones complementarias.
  • Si la contestación aporta hechos nuevos, el recurrente puede pedir prueba en los cinco días siguientes.
  • En sanciones administrativas o disciplinarias, el proceso se recibe siempre a prueba si hay disconformidad en los hechos.
  • El plazo para practicar la prueba es de treinta días.
  • Para aclaraciones al dictamen pericial se da un plazo no superior a cinco días.
  • En discriminación por razón de sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, la carga de justificar recae en la parte demandada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cómo se pide la prueba, cuándo se recibe el pleito a prueba y el plazo de 30 días para practicarla, con reglas especiales para sanciones y para discriminación por razón de sexo.

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Artículo 61

1. El Juez o Tribunal podrá acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la práctica de cuantas estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto.

2. Finalizado el período de prueba, y hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia, el órgano jurisdiccional podrá también acordar la práctica de cualquier diligencia de prueba que estimare necesaria.

3. Las partes tendrán intervención en las pruebas que se practiquen al amparo de lo previsto en los dos apartados anteriores.

4. Si el Juez o Tribunal hiciere uso de su facultad de acordar de oficio la práctica de una prueba, y las partes carecieran de oportunidad para alegar sobre ello en la vista o en el escrito de conclusiones, el Secretario judicial pondrá de manifiesto el resultado de la prueba a las partes, las cuales podrán, en el plazo de cinco días, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e importancia.

5. El Juez podrá acordar de oficio, previa audiencia a las partes, o bien a instancia de las mismas la extensión de los efectos de las pruebas periciales a los procedimientos conexos. A los efectos de la aplicación de las normas sobre costas procesales en relación al coste de estas pruebas se entenderá que son partes todos los intervinientes en los procesos sobre los cuales se haya acordado la extensión de sus efectos, prorrateándose su coste entre los obligados en dichos procesos al pago de las costas.

Se modifica el apartado 4 por el art. 14.21 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-17493 .

Datos clave

  • El Juez o Tribunal puede acordar de oficio el recibimiento a prueba.
  • Tras el periodo de prueba y hasta que el pleito quede concluso, puede acordar cualquier diligencia de prueba.
  • Las partes intervienen en las pruebas acordadas de oficio.
  • Si no pudieron alegar sobre la prueba de oficio, disponen de cinco días para hacerlo.
  • Los efectos de las pruebas periciales pueden extenderse a procedimientos conexos, prorrateando su coste.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El juez puede acordar de oficio prueba, incluso tras el período probatorio hasta que el pleito quede concluso; las partes intervienen y, si no pudieron alegar, tienen cinco días.

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Artículo 67

1. La sentencia se dictará en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso.

2. Cuando el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podrá dictarse dentro del plazo indicado, lo razonará debidamente y señalará una fecha posterior concreta en la que se dictará la misma, notificándolo a las partes.

Datos clave

  • La sentencia se dicta en el plazo de diez días desde que el pleito se declara concluso.
  • Decide todas las cuestiones controvertidas en el proceso.
  • Si no puede dictarse en plazo, el órgano lo razona y señala una fecha posterior concreta, notificándolo a las partes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La sentencia se dicta en diez días desde que el pleito queda concluso y debe resolver todas las cuestiones controvertidas; si no es posible, el juez lo razona y fija una fecha concreta.

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Artículo 68

1. La sentencia pronunciará alguno de los fallos siguientes:

a) Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.

b) Estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo.

2. La sentencia contendrá además el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas.

Datos clave

  • Fallos posibles: inadmisibilidad, estimación o desestimación del recurso.
  • La sentencia incluye siempre el pronunciamiento sobre las costas.
  • Son los únicos fallos que enumera el artículo 68 de la LJCA.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La sentencia solo puede fallar de tres maneras: inadmitir el recurso, estimarlo o desestimarlo. Y además debe pronunciarse siempre sobre las costas.

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Artículo 69

La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes:

a) Que el Juzgado o Tribunal Contencioso-administrativo carezca de jurisdicción.

b) Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.

c) Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación.

d) Que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia.

e) Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido.

Datos clave

  • Inadmisibilidad por falta de jurisdicción del Juzgado o Tribunal.
  • Por haberse interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.
  • Por tener por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación.
  • Por cosa juzgada o litispendencia.
  • Por presentar el escrito inicial fuera de plazo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista los cinco casos en que la sentencia declara la inadmisibilidad del recurso o de alguna pretensión, por defectos de jurisdicción, de las partes, del objeto o del plazo de presentación.

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Artículo 71

1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo:

a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada.

b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma.

c) Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.

d) Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período de ejecución de sentencia.

2. Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.

Datos clave

  • La sentencia estimatoria declara no ser conforme a Derecho y anula total o parcialmente la disposición o acto, o dispone que cese o se modifique la actuación.
  • Reconoce y restablece la situación jurídica individualizada cuando se haya pretendido.
  • Puede fijar plazo para cumplir el fallo cuando se trate de emitir un acto o una actuación obligatoria.
  • En daños y perjuicios declara siempre el derecho a la reparación y quién debe indemnizar.
  • La cuantía se fija si se pide y está probada; si no, se fijan las bases y se concreta en ejecución.
  • Los tribunales no pueden redactar los preceptos anulados ni determinar el contenido discrecional de los actos anulados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Detalla el contenido de la sentencia estimatoria: anulación del acto, restablecimiento de la situación jurídica, plazo para actuaciones obligatorias e indemnización; los jueces no redactan los preceptos sustitutorios ni el contenido discrecional.

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Artículo 72

1. La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo sólo producirá efectos entre las partes.

2. La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada. También se publicarán las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.

3. La estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada sólo producirá efectos entre las partes. No obstante, tales efectos podrán extenderse a terceros en los términos previstos en los artículos 110 y 111.

Datos clave

  • La inadmisión o desestimación solo produce efectos entre las partes.
  • La anulación de una disposición o acto produce efectos para todas las personas afectadas.
  • La anulación firme de una disposición general tiene efectos generales desde la publicación del fallo en el mismo periódico oficial.
  • También se publican las sentencias firmes que anulen actos que afecten a una pluralidad indeterminada de personas.
  • El reconocimiento de situaciones individualizadas solo afecta a las partes, salvo extensión de efectos (arts. 110 y 111).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula los efectos de la sentencia: inadmisibilidad o desestimación solo vinculan entre las partes; la anulación de una disposición o acto afecta a todas las personas, con publicación si es disposición general.

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Artículo 74

El artículo 74 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula el desistimiento del recurso contencioso-administrativo.

1. El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.

2. Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos será necesario que lo ratifique el recurrente o que esté autorizado para ello. Si desistiere la Administración pública, habrá de presentarse testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos.

3. El letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado a las demás partes, y en los supuestos de acción popular al Ministerio Fiscal, por plazo común de cinco días. Si prestaren su conformidad al desistimiento o no se opusieren a él, dictará decreto en el que declarará terminado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos.

4. En otro caso, o cuando apreciare daño para el interés público, dará cuenta al Juez o Tribunal para que resuelva lo que proceda.

5. Si fueren varios los recurrentes, el procedimiento continuará respecto de aquellos que no hubieren desistido.

6. El desistimiento no implicará necesariamente la condena en costas.

7. Cuando se hubiera desistido del recurso porque la Administración demandada hubiera reconocido totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, y después la Administración dictase un nuevo acto total o parcialmente revocatorio del reconocimiento, el actor podrá pedir que continúe el procedimiento en el estado en que se encontrase, extendiéndose al acto revocatorio. Si el Juez o Tribunal lo estimase conveniente, concederá a las partes un plazo común de diez días para que formulen por escrito alegaciones complementarias sobre la revocación.

8. Desistido un recurso de apelación o de casación, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia sin más trámites declarará terminado el procedimiento por decreto, ordenando el archivo de los autos y la devolución de las actuaciones recibidas al órgano jurisdiccional de procedencia.

La redacción vigente del apartado 8 procede del artículo 21.4 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos desde el 3 de abril de 2025.

Datos clave

  • Se puede desistir en cualquier momento anterior a la sentencia.
  • El desistimiento del representante exige ratificación del recurrente o autorización.
  • Si desiste la Administración, debe aportar testimonio del acuerdo del órgano competente.
  • Traslado a las demás partes (y al Ministerio Fiscal en la acción popular) por plazo común de cinco días.
  • Sin oposición, el letrado o letrada dicta decreto que declara terminado el procedimiento.
  • El desistimiento no implica necesariamente condena en costas.
  • Si la Administración revoca el reconocimiento que motivó el desistimiento, el actor puede pedir que continúe el procedimiento; alegaciones complementarias en diez días.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El recurrente puede desistir hasta la sentencia. Se oye a las demás partes cinco días; sin oposición, decreto de terminación y archivo. No implica necesariamente costas, y si la Administración revoca lo reconocido, el pleito puede seguir.

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Artículo 75

1. Los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del artículo anterior.

2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguirá respecto de aquellos que no se hubiesen allanado.

Datos clave

  • Los demandados pueden allanarse cumpliendo los requisitos del artículo 74.2.
  • Producido el allanamiento, se dicta sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante.
  • Excepción: si supone infracción manifiesta del ordenamiento, se oye a las partes por plazo común de diez días.
  • Con varios demandados, el procedimiento sigue respecto de quienes no se allanen.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el allanamiento del demandado: si se allana, el juez dicta sentencia conforme a las pretensiones del demandante, salvo que suponga una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso oye antes a las partes.

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Artículo 78

El artículo 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula el procedimiento abreviado.

1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros.

2. El recurso se iniciará por demanda, a la que se acompañará el documento o documentos en que el actor funde su derecho y aquellos previstos en el artículo 45.2.

3. Presentada la demanda, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, apreciada la jurisdicción y competencia objetiva del Tribunal, admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta a éste para que resuelva lo que proceda.

Admitida la demanda, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia acordará su traslado a la persona demandada, citando a las partes para la celebración de vista, con indicación de día y hora, y requerirá a la Administración demandada que remita el expediente administrativo en soporte electrónico, con al menos quince días de antelación del término señalado para la vista. Si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio, acordará lo que corresponda para posibilitar su práctica, sin perjuicio de lo que el juez o tribunal decida sobre su admisión o inadmisión en el acto del juicio. En el señalamiento de las vistas atenderá a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

No obstante, si el actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia dará traslado de la misma a las partes demandadas para que la contesten en el plazo de veinte días, con el apercibimiento a que se refiere el apartado 1 del artículo 54. Una vez contestada la demanda, procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57, declarando concluso el pleito, salvo que el juez o la jueza hagan uso de la facultad que le atribuye el artículo 61.

Dentro de los diez primeros días del plazo para contestar la demanda, las partes demandadas podrán solicitar que se celebre la vista, argumentando a tal fin en qué hechos existe disconformidad y qué medios de prueba, distintos de los ya obrantes en actuaciones, habrían de ser practicados para despejar esa disconformidad. El juez o la jueza decidirá sobre dicha solicitud mediante auto. El auto que acuerde la celebración de vista no será recurrible y, tras su notificación, se citará a las partes al acto. El auto que rechace la celebración de vista dispondrá, además, que se conteste la demanda en el plazo que reste y contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición. Presentada la contestación se abrirá un trámite de conclusiones, por plazo de cinco días sucesivos, si la parte actora lo hubiese solicitado en su demanda.

4. Recibido el expediente administrativo, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia lo entregarán al actor y a las personas interesadas que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista.

5. Comparecidas las partes, o alguna de ellas, el Juez declarará abierta la vista. Si las partes no comparecieren o lo hiciere sólo el demandado, el Juez o Tribunal tendrá al actor por desistido del recurso y le condenará en costas, y si compareciere sólo el actor, acordará que prosiga la vista en ausencia del demandado.

6. La vista comenzará con exposición por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificación de los expuestos en la demanda.

7. Acto seguido, el demandado podrá formular las alegaciones que a su derecho convengan, comenzando, en su caso, por las cuestiones relativas a la jurisdicción, a la competencia objetiva y territorial y a cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.

8. Oído el demandante sobre estas cuestiones, el Juez resolverá lo que proceda, y si mandase proseguir el juicio, el demandado podrá pedir que conste en acta su disconformidad. Lo mismo podrá hacer el demandante si el Juez declinara el conocimiento del asunto en favor de otro Juzgado o Tribunal o entendiese que debe declarar la inadmisibilidad del recurso.

9. Si el demandado hubiese impugnado la adecuación del procedimiento por razón de la cuantía, el Juez, antes de practicarse la prueba o, en su caso, las conclusiones, exhortará a las partes a ponerse de acuerdo sobre tal extremo. Si no se alcanzare el acuerdo, decidirá el Juez, que dará al proceso el curso procedimental que corresponda según la cuantía que él determine. Frente a la decisión del Juez no se dará recurso alguno.

10. Si no se suscitasen las cuestiones procesales anteriores o si, habiéndose suscitado, se resolviese la continuación del juicio, se dará la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondrán las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o inútiles, se practicarán seguidamente.

11. Cuando de las alegaciones de las partes se desprenda la conformidad de todos los demandados con las pretensiones del actor, el carácter meramente jurídico de la controversia, la ausencia de proposición de la prueba o la inadmisibilidad de toda la prueba propuesta, y las partes no deseasen formular conclusiones, el Juez apreciará tal circunstancia en el acto y, si ninguna parte se opusiere, dictará sentencia sin más dilación. Formulada oposición, el Juez resolverá estimándola, en cuyo caso proseguirá la vista, o desestimándola en la misma sentencia, antes de resolver sobre el fondo, como especial pronunciamiento.

12. Los medios de prueba se practicarán en los juicios abreviados, en cuanto no sea incompatible con sus trámites, del modo previsto para el juicio ordinario.

13. Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrán verbalmente, sin admisión de pliegos.

14. No se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Cuando el número de testigos fuese excesivo y sus manifestaciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, el órgano judicial podrá limitarlos discrecionalmente.

15. Los testigos no podrán ser tachados y, únicamente en conclusiones, las partes podrán hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.

16. En la práctica de la prueba pericial no serán de aplicación las reglas generales sobre insaculación de peritos.

17. Contra las resoluciones del Juez sobre denegación de pruebas o sobre admisión de las que se denunciaran como obtenidas con violación de derechos fundamentales, las partes podrán interponer en el acto recurso de reposición (la ley dice «súplica», referencia que la disposición adicional octava entiende hecha a la reposición), que se sustanciará y resolverá seguidamente.

18. Si el juez o la jueza estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin mala fe por parte de quien tuviera la carga de aportarla, la suspenderá, señalando el letrado o la letrada de la Administración de Justicia competente, en el acto y sin necesidad de nueva notificación, el lugar, día y hora en que deba reanudarse. Si no hubiera asistido a la vista, efectuará nuevo señalamiento en el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera acordado la suspensión.

19. Tras la práctica de la prueba, si la hubiere, y, en su caso, de las conclusiones, oídos los Letrados, las personas que sean parte en los asuntos podrán, con la venia del Juez, exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa a la conclusión de la vista, antes de darla por terminada.

20. El juez o la jueza dictarán sentencia en el plazo de diez días desde la celebración de la vista. No obstante, la sentencia se podrá dictar oralmente al concluir dicho acto con los requisitos de forma y consecuencias previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 210 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y pronunciando su fallo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 68 a 71 de la presente ley.

21. La vista se documentará en la forma establecida en los apartados 3 y 4 del artículo 63.

22. Si esos mecanismos de garantía no se pudiesen utilizar deberán consignarse en el acta: número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el juez, la jueza o el tribunal; así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A esta acta se incorporarán los soportes de la grabación de las sesiones. Cuando no se pudiesen utilizar los medios de registro por cualquier causa, el letrado o letrada de la Administración de Justicia extenderá acta de cada sesión, en la que se hará constar: a) lugar, fecha, juez o jueza que preside el acto, partes comparecientes, representantes y defensores; b) breve resumen de las alegaciones, medios de prueba propuestos, declaración de su pertinencia o impertinencia, razones de la denegación y protesta; c) en cuanto a las pruebas admitidas y practicadas, resumen del interrogatorio de parte y testifical, relación de los documentos presentados, incidencias sobre la prueba documental, resumen de los informes periciales y de la resolución sobre la recusación de peritos, y resumen de las declaraciones realizadas en la vista; d) conclusiones y peticiones concretas, recogiendo en el acta la cantidad si fueran de condena a cantidad; e) declaración de conclusión de los autos para sentencia. Las actas se extenderán por procedimientos informáticos, y solo podrán ser manuscritas si la sala careciera de medios informáticos; en ese caso, el letrado o letrada leerá el acta al terminar la sesión y la firmará tras el juez, la jueza o el presidente o la presidenta, las partes, sus representantes o defensores y los peritos.

23. El procedimiento abreviado, en lo no dispuesto en este capítulo, se regirá por las normas generales de la presente Ley.

Los apartados 3, 4, 18, 20 y 22 tienen la redacción dada por el artículo 21.5 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos desde el 3 de abril de 2025.

Datos clave

  • Ámbito: personal, extranjería, inadmisión de asilo político, dopaje en disciplina deportiva y asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros.
  • Se inicia por demanda; el expediente debe remitirse con al menos quince días de antelación a la vista.
  • Si el actor pide fallo sin prueba ni vista, los demandados contestan en veinte días y pueden pedir vista en los diez primeros.
  • Si no comparece ninguna parte o solo el demandado, se tiene al actor por desistido y se le condena en costas.
  • No se admiten pliegos en el interrogatorio de parte ni escritos de preguntas y repreguntas para testigos; los testigos no pueden ser tachados.
  • Contra la decisión del Juez sobre la adecuación del procedimiento por la cuantía no cabe recurso.
  • Sentencia en diez días desde la vista, o de forma oral al concluir el acto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El procedimiento abreviado se reserva a personal, extranjería, inadmisión de asilo, dopaje y asuntos de hasta 30.000 euros. Gira en torno a una vista oral; la incomparecencia del actor equivale a desistir y la sentencia llega en diez días o en el acto.

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Artículo 81

El artículo 81 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, determina qué sentencias de los Juzgados son susceptibles de recurso de apelación.

1. Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes:

a) Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros.

b) Los relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 8.4.

2. Serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes:

a) Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra a) del apartado anterior.

b) Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.

c) Las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas.

d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales.

e) Las que, con independencia de la cuantía del procedimiento, sean susceptibles de extensión de efectos.

La letra e) del apartado 2 procede del artículo 102.19 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.

Datos clave

  • Son apelables las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales.
  • No son apelables las dictadas en asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros.
  • Tampoco las de materia electoral del artículo 8.4.
  • Siempre apelables: las que declaren la inadmisibilidad en asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros.
  • Siempre apelables: las dictadas en el procedimiento de protección de derechos fundamentales.
  • Siempre apelables: las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas o impugnaciones indirectas de disposiciones generales.
  • Siempre apelables: las susceptibles de extensión de efectos, con independencia de la cuantía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las sentencias de los Juzgados son apelables salvo las de cuantía no superior a 30.000 euros y las electorales del artículo 8.4. Pero cinco tipos de sentencia son siempre apelables, con independencia de esos límites.

Esquema

Apelación de sentencias de los Juzgados
No apelablesSiempre apelables
CuantíaCuantía que no exceda de 30.000 eurosInadmisibilidad en esos asuntos; extensión de efectos sin importar la cuantía
MateriaElectoral del artículo 8.4Derechos fundamentales, litigios entre Administraciones, impugnaciones indirectas

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Artículo 82

El recurso de apelación podrá interponerse por quienes, según esta Ley, se hallen legitimados como parte demandante o demandada.

Datos clave

  • Pueden apelar quienes estén legitimados como parte demandante.
  • También quienes estén legitimados como parte demandada.
  • La legitimación para apelar se determina conforme a la propia Ley 29/1998.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Puede apelar quien, según esta Ley, esté legitimado como parte demandante o demandada.

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Artículo 85

El artículo 85 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula la tramitación del recurso de apelación.

1. El recurso de apelación se interpondrá ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los quince días siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso. Transcurrido el plazo de quince días sin haberse interpuesto el recurso de apelación, el Secretario judicial declarará la firmeza de la sentencia.

2. Si el escrito presentado cumple los requisitos previstos en el apartado anterior y se refiere a una sentencia susceptible de apelación, el Secretario judicial dictará resolución admitiendo el recurso, contra la que no cabrá recurso alguno, y dará traslado del mismo a las demás partes para que, en el plazo común de quince días, puedan formalizar su oposición. En otro caso, lo pondrá en conocimiento del Juez que, si lo estima oportuno, denegará la admisión por medio de auto, contra el que podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. En los escritos de interposición del recurso y de oposición al mismo las partes podrán pedir el recibimiento a prueba para la práctica de las que hubieran sido denegadas o no hubieran sido debidamente practicadas en primera instancia por causas que no les sean imputables.

4. En el escrito de oposición, la parte apelada, si entendiera admitida indebidamente la apelación, deberá hacerlo constar, en cuyo caso el letrado o letrada de la Administración de Justicia dará vista a la apelante, por cinco días, de esta alegación. También podrá el apelado, en el mismo escrito, impugnar la sentencia apelada en lo que le resulte desfavorable, razonando los puntos en que crea que le es perjudicial la sentencia, y en este caso el letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado al apelante del escrito de oposición por plazo de diez días, al solo efecto de que pueda oponerse a la impugnación.

5. Transcurridos los plazos a que se refieren los apartados 2 y 4 anteriores, el Juzgado elevará los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos presentados, ordenándose el emplazamiento de las partes para su comparecencia en el plazo de treinta días ante la Sala de lo Contencioso-administrativo competente, que resolverá, en su caso, lo que proceda sobre la discutida admisión del recurso o sobre el recibimiento a prueba.

6. Cuando la Sala estime procedente la prueba solicitada, su práctica tendrá lugar con citación de las partes.

7. Las partes, en los escritos de interposición y de oposición al recurso, podrán solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin más trámites, para sentencia.

8. El Secretario judicial acordará la celebración de vista, en cuyo caso hará el oportuno señalamiento, o la presentación de conclusiones si lo hubieren solicitado todas las partes o si se hubiere practicado prueba. La Sala también podrá acordar que se celebre vista, que señalará el secretario, o que se presenten conclusiones escritas cuando lo estimare necesario, atendida la índole del asunto. Será de aplicación a estos trámites lo dispuesto en los artículos 63 a 65. Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Secretario judicial declarará que el pleito ha quedado concluso para sentencia.

9. La Sala dictará sentencia en el plazo de diez días desde la declaración de que el pleito está concluso para sentencia.

10. Cuando la Sala revoque en apelación la sentencia impugnada que hubiere declarado la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, resolverá al mismo tiempo sobre el fondo del asunto.

Los apartados 3 y 4 tienen la redacción dada por el artículo 102.20 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.

Datos clave

  • La apelación se interpone ante el Juzgado que dictó la sentencia, en los quince días siguientes a su notificación, mediante escrito razonado.
  • Sin recurso en ese plazo, el Secretario judicial declara la firmeza de la sentencia.
  • La resolución que admite el recurso no es recurrible; las demás partes tienen quince días para oponerse.
  • Contra el auto que deniega la admisión cabe recurso de queja.
  • El apelado puede impugnar la sentencia en lo que le sea desfavorable; el apelante dispone de diez días para oponerse.
  • Las partes se emplazan para comparecer en treinta días ante la Sala competente.
  • La Sala dicta sentencia en diez días desde que el pleito queda concluso y, si revoca una inadmisibilidad, resuelve también sobre el fondo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La apelación se interpone ante el Juzgado en quince días con escrito razonado; las demás partes se oponen en quince días. Luego se elevan los autos y se emplaza treinta días ante la Sala, que sentencia en diez días.

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Artículo 86

El artículo 86 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, determina las resoluciones susceptibles de recurso de casación.

1. Las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y las dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

En el caso de las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, únicamente serán susceptibles de recurso las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos.

2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior las sentencias dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión y en los procesos contencioso-electorales.

3. Las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.

Cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma será competente una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de las demás Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en número no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.

Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen más de una Sección, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecerá para cada año judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Sección ocuparán los puestos de la regulada en este apartado. También lo establecerá entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.

4. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable serán susceptibles de recurso de casación en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.

Esta redacción procede de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, en vigor desde el 22 de julio de 2016.

Datos clave

  • Son recurribles en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo las sentencias de única instancia de los Juzgados y las de única instancia o apelación de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia.
  • Las de los Juzgados solo si contienen doctrina gravemente dañosa para los intereses generales y son susceptibles de extensión de efectos.
  • Se exceptúan las sentencias del procedimiento de protección del derecho de reunión y de los procesos contencioso-electorales.
  • Las de los Tribunales Superiores de Justicia van al Supremo solo por infracción relevante de Derecho estatal o de la Unión Europea.
  • Si se invoca Derecho autonómico, resuelve una Sección del Tribunal Superior de Justicia de cinco miembros, presidida por el Presidente de la Sala.
  • Las resoluciones del Tribunal de Cuentas sobre responsabilidad contable son recurribles en casación según su Ley de Funcionamiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué sentencias llegan en casación al Tribunal Supremo: las de los Juzgados en única instancia (muy limitadas) y las de la Audiencia Nacional y los TSJ. Las de los TSJ solo por Derecho estatal o de la Unión; el Derecho autonómico va a una Sección especial del propio TSJ.

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Artículo 87 bis

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93.3, el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se limitará a las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho.

2. Las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la sentencia o auto impugnado y, en su caso, la devolución de los autos al Tribunal de instancia o la resolución del litigio por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dentro de los términos en que apareciese planteado el debate.

3. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación.

Datos clave

  • La casación ante el Tribunal Supremo se limita a las cuestiones de derecho, con exclusión de las de hecho (salvo art. 93.3).
  • Pretensión: anulación total o parcial de la sentencia o auto impugnado.
  • En su caso, devolución de los autos al tribunal de instancia o resolución del litigio por el Tribunal Supremo.
  • La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo puede fijar la extensión máxima de los escritos de interposición y oposición.
  • Ese acuerdo se publica en el «Boletín Oficial del Estado».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Delimita el recurso de casación: se ciñe a cuestiones de Derecho, sin entrar en los hechos; solo puede pedir la anulación de la sentencia o auto y, según el caso, la devolución a la instancia o que el propio Tribunal Supremo resuelva el litigio.

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Artículo 88

El artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia como requisito de admisión del recurso de casación.

1. El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

2. El Tribunal de casación podrá apreciar que existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión, cuando, entre otras circunstancias, la resolución que se impugna:

a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido.

b) Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales.

c) Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso.

d) Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida.

e) Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional.

f) Interprete y aplique el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervención de éste a título prejudicial.

g) Resuelva un proceso en que se impugnó, directa o indirectamente, una disposición de carácter general.

h) Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre Administraciones públicas.

i) Haya sido dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.

3. Se presumirá que existe interés casacional objetivo:

a) Cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia.

b) Cuando dicha resolución se aparte de la jurisprudencia existente de modo deliberado por considerarla errónea o de modo inmotivado pese a haber sido citada en el debate o ser doctrina asentada.

c) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.

d) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

e) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

No obstante, en los supuestos referidos en las letras a), d) y e) el recurso podrá inadmitirse por auto motivado cuando el Tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

La letra b) del apartado 3 tiene la redacción dada por el artículo 224.3 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, en vigor desde el 29 de julio de 2023.

Datos clave

  • La casación se admite si se invoca una infracción concreta y el Tribunal Supremo aprecia interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
  • El interés casacional apreciado se motiva expresamente en el auto de admisión.
  • El apartado 2 enumera nueve supuestos, entre ellos la doctrina contradictoria, la gravemente dañosa y la que afecta a un gran número de situaciones.
  • Se presume interés casacional si no hay jurisprudencia sobre las normas aplicadas o si la resolución se aparta de ella deliberada o inmotivadamente.
  • También se presume si la sentencia declara nula una disposición general, salvo evidente falta de trascendencia.
  • Y si resuelve sobre actos de organismos reguladores enjuiciados por la Audiencia Nacional o de los Consejos de Gobierno autonómicos.
  • En los supuestos a), d) y e) del apartado 3 puede inadmitirse por auto motivado si falta manifiestamente el interés casacional.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La llave de la casación es el interés casacional objetivo para formar jurisprudencia. El Supremo puede apreciarlo en nueve supuestos abiertos y lo presume en cinco, aunque en tres de esos puede inadmitir si falta manifiestamente.

Esquema

Interés casacional: apreciado o presumido
Apartado 2 (podrá apreciar)Apartado 3 (se presumirá)
NaturalezaLista abierta, motivada en el auto de admisiónPresunción con salvedades
EjemplosDoctrina contradictoria, gravemente dañosa, gran número de situacionesFalta de jurisprudencia, apartamiento de ella, nulidad de disposición general
InadmisiónSi no aprecia el interésEn a), d) y e), por auto motivado si falta manifiestamente

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Artículo 89

El artículo 89 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula la preparación del recurso de casación.

1. El recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido.

2. El escrito de preparación deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan:

a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos reglados en orden al plazo, la legitimación y la recurribilidad de la resolución que se impugna.

b) Identificar con precisión las normas o la jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que fueron alegadas en el proceso, o tomadas en consideración por la Sala de instancia, o que ésta hubiera debido observarlas aun sin ser alegadas.

c) Acreditar, si la infracción imputada lo es de normas o de jurisprudencia relativas a los actos o garantías procesales que produjo indefensión, que se pidió la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para ello.

d) Justificar que la o las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución que se pretende recurrir.

e) Justificar, en el caso de que ésta hubiera sido dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de un Tribunal Superior de Justicia, que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho estatal o del de la Unión Europea.

f) Especialmente, fundamentar con singular referencia al caso, que concurren alguno o algunos de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo anterior, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

3. Si el escrito de preparación no se presentara en el plazo de treinta días, la sentencia o auto quedará firme, declarándolo así el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto. Contra esta decisión sólo cabrá el recurso directo de revisión regulado en el artículo 102 bis de esta Ley.

4. Si, aun presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado 2 de este artículo, la Sala de instancia, mediante auto motivado, tendrá por no preparado el recurso de casación, denegando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto únicamente podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

5. Si se cumplieran los requisitos exigidos por el apartado 2, dicha Sala, mediante auto en el que se motivará suficientemente su concurrencia, tendrá por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de quince días ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, así como la remisión a ésta de los autos originales y del expediente administrativo. Y, si lo entiende oportuno, emitirá opinión sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia, que unirá al oficio de remisión.

6. Contra el auto en que se tenga por preparado el recurso de casación, la parte recurrida no podrá interponer recurso alguno, pero podrá oponerse a su admisión al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hiciere dentro del término del emplazamiento.

El apartado 5 tiene la redacción dada por el artículo 224.4 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, en vigor desde el 29 de julio de 2023.

Datos clave

  • La casación se prepara ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días desde el siguiente a la notificación.
  • Están legitimados quienes hayan sido parte en el proceso o debieran haberlo sido.
  • El escrito de preparación se estructura en apartados separados con epígrafe y debe fundamentar especialmente el interés casacional objetivo.
  • Si se presenta fuera de plazo, la resolución queda firme por decreto del Letrado de la Administración de Justicia; solo cabe el recurso directo de revisión del artículo 102 bis.
  • Si no cumple los requisitos, la Sala lo tiene por no preparado mediante auto motivado, contra el que solo cabe recurso de queja.
  • Si se tiene por preparado, se emplaza a las partes para comparecer en quince días ante el Tribunal Supremo.
  • Contra el auto que tiene por preparado el recurso no cabe recurso alguno, aunque el recurrido puede oponerse a la admisión al comparecer.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La casación se prepara ante la Sala de instancia en treinta días con un escrito estructurado en apartados que justifique sobre todo el interés casacional. Fuera de plazo, firmeza; sin requisitos, no preparado; si todo está bien, emplazamiento de quince días ante el Supremo.

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Artículo 92

El artículo 92 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula la interposición, oposición, vista y sentencia del recurso de casación.

1. Admitido el recurso, el letrado de la Administración de Justicia de la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictará diligencia de ordenación en la que dispondrá remitir las actuaciones a la Sección de dicha Sala competente para su tramitación y decisión y en la que hará saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de treinta días, a contar desde la notificación de aquélla, para presentar en la Secretaría de esa Sección competente el escrito de interposición del recurso de casación. Durante este plazo, las actuaciones procesales y el expediente administrativo estarán de manifiesto en la Oficina judicial o por medios electrónicos.

2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de interposición, el Letrado de la Administración de Justicia declarará desierto el recurso, ordenando la devolución de las actuaciones recibidas a la Sala de que procedieran. Contra tal declaración sólo podrán interponerse los recursos que prevé el artículo 102 bis de esta Ley.

3. El escrito de interposición deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan:

a) Exponer razonadamente por qué han sido infringidas las normas o la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de preparación, sin poder extenderse a otra u otras no consideradas entonces, debiendo analizar, y no sólo citar, las sentencias del Tribunal Supremo que a juicio de la parte son expresivas de aquella jurisprudencia, para justificar su aplicabilidad al caso; y

b) Precisar el sentido de las pretensiones que la parte deduce y de los pronunciamientos que solicita.

4. Si el escrito de interposición no cumpliera lo exigido en el apartado anterior, la Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo competente para la resolución del recurso acordará oír a la parte recurrente sobre el incumplimiento detectado y, sin más trámites, dictará sentencia inadmitiéndolo si entendiera tras la audiencia que el incumplimiento fue cierto. En ella, impondrá a dicha parte las costas causadas, pudiendo tal imposición ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.

5. En otro caso, acordará dar traslado del escrito de interposición a la parte o partes recurridas y personadas para que puedan oponerse al recurso en el plazo común de treinta días. Durante este plazo estarán de manifiesto las actuaciones procesales y el expediente administrativo en la Oficina judicial o por medios electrónicos. En el escrito de oposición no podrá pretenderse la inadmisión del recurso.

6. Transcurrido dicho plazo, háyanse presentado o no los escritos de oposición, la Sección competente para la decisión del recurso, de oficio o a petición de cualquiera de las partes formulada por otrosí en los escritos de interposición u oposición, acordará la celebración de vista pública salvo que entendiera que la índole del asunto la hace innecesaria, en cuyo caso declarará que el recurso queda concluso y pendiente de votación y fallo. El señalamiento del día en que haya de celebrarse la vista o en que haya de tener lugar el acto de votación y fallo respetará la programación que, atendiendo prioritariamente al criterio de mayor antigüedad del recurso, se haya podido establecer.

7. Cuando la índole del asunto lo aconsejara, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de oficio o a petición de la mayoría de los Magistrados de la Sección antes indicada, podrá acordar que los actos de vista pública o de votación y fallo tengan lugar ante el Pleno de la Sala.

8. La Sección competente, o el Pleno de la Sala en el caso previsto en el apartado anterior, dictará sentencia en el plazo de diez días desde que termine la deliberación para votación y fallo.

Los apartados 1 y 5 tienen la redacción dada por el artículo 102.21 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.

Datos clave

  • Admitido el recurso, la parte recurrente dispone de treinta días desde la notificación de la diligencia de ordenación para presentar el escrito de interposición.
  • Sin escrito de interposición en plazo, el recurso se declara desierto; solo caben los recursos del artículo 102 bis.
  • El escrito de interposición no puede extenderse a normas o jurisprudencia no identificadas en la preparación y debe analizar las sentencias del Tribunal Supremo invocadas.
  • Si el escrito incumple los requisitos, se dicta sentencia de inadmisión con imposición de costas.
  • Las partes recurridas pueden oponerse en el plazo común de treinta días, sin pretender la inadmisión del recurso.
  • La vista pública se celebra salvo que la índole del asunto la haga innecesaria; el señalamiento atiende prioritariamente a la mayor antigüedad.
  • Sentencia en diez días desde que termine la deliberación para votación y fallo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Admitida la casación, el recurrente tiene treinta días para interponerla con un escrito que no puede ir más allá de lo preparado. Si falla, sentencia de inadmisión con costas; si no, oposición en treinta días, vista salvo que sea innecesaria y sentencia en diez días.

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Artículo 102

El artículo 102 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula el recurso de revisión contra sentencias firmes.

1. Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme:

a) Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

b) Si hubiere recaído en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aquélla, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase después.

c) Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.

d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta.

2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.

3. En lo referente a legitimación, plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en este procedimiento de revisión, regirán las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, sólo habrá lugar a la celebración de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario.

4. La revisión en materia de responsabilidad contable procederá en los casos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Esta redacción procede de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, en vigor desde el 1 de octubre de 2015.

Datos clave

  • Procede la revisión de una sentencia firme si se recobran documentos decisivos no aportados por fuerza mayor o por obra de la parte favorecida.
  • También si recayó en virtud de documentos declarados falsos o si los testigos fueron condenados por falso testimonio.
  • También si se dictó en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta.
  • Cabe revisión cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare que la resolución violó el Convenio Europeo y sus efectos persistan.
  • La revisión no puede perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceros.
  • Legitimación, plazos, procedimiento y efectos se rigen por la Ley de Enjuiciamiento Civil; solo hay vista si la piden todas las partes o la Sala lo estima necesario.
  • La revisión en responsabilidad contable se rige por la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La revisión rompe la firmeza de una sentencia en casos tasados: documentos recobrados, documentos falsos, falso testimonio o cohecho y maquinaciones. También tras una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con efectos persistentes.

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Artículo 140. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

1. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Andalucía y es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto. En todo caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es competente en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso administrativo, social y en los que pudieran crearse en el futuro.

2. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es la última instancia jurisdiccional de todos los procesos judiciales iniciados en Andalucía, así como de todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial, sea cual fuere el derecho invocado como aplicable, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo. La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará el alcance y contenido de los indicados recursos.

3. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la resolución de los recursos extraordinarios de revisión que autorice la ley contra las resoluciones firmes dictadas por los órganos judiciales de Andalucía. Corresponde en exclusiva al Tribunal de Justicia de Andalucía la unificación de la interpretación del derecho de Andalucía.

Datos clave

  • El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía culmina la organización judicial en Andalucía.
  • Es competente en los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo, social y en los que puedan crearse.
  • Es la última instancia de los procesos iniciados en Andalucía, sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo.
  • Resuelve los recursos extraordinarios de revisión contra resoluciones firmes de los órganos judiciales de Andalucía.
  • Le corresponde en exclusiva la unificación de la interpretación del derecho de Andalucía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El TSJ de Andalucía culmina la organización judicial en Andalucía, es la última instancia de los procesos iniciados allí (sin perjuicio del Supremo), resuelve la revisión y unifica la interpretación del derecho andaluz.

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Artículo 141. Competencia de los órganos jurisdiccionales en Andalucía.

1. La competencia de los órganos jurisdiccionales en Andalucía se extiende:

a) En el orden civil, penal y social, a todas las instancias y grados, con arreglo a lo establecido en la legislación estatal.

b) En el orden contencioso-administrativo, a los recursos que se deduzcan contra los actos y disposiciones de las Administraciones Públicas en los términos que establezca la legislación estatal.

2. Los conflictos de competencia entre los órganos judiciales de Andalucía y los del resto de España se resolverán conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Datos clave

  • En los órdenes civil, penal y social, la competencia se extiende a todas las instancias y grados.
  • En el orden contencioso-administrativo, a los recursos contra actos y disposiciones de las Administraciones Públicas según la legislación estatal.
  • Los conflictos de competencia con órganos judiciales del resto de España se resuelven conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los órganos jurisdiccionales en Andalucía conocen en lo civil, penal y social de todas las instancias y grados, y en lo contencioso de los recursos contra las Administraciones; los conflictos con el resto de España, por la LOPJ.

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Artículo 142. Competencias del Tribunal Superior de Justicia.

En todo caso, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo previsto en las leyes estatales:

1.º Conocer de las responsabilidades que se indican en los artículos 101.3 y 122.

2.º Entender de los recursos relacionados con los procesos electorales de la Comunidad Autónoma con arreglo a las leyes.

3.º Resolver, en su caso, los conflictos de jurisdicción entre órganos de la Comunidad Autónoma.

4.º Resolver las cuestiones de competencia entre órganos judiciales de Andalucía.

5.º Resolver los conflictos de atribuciones entre Corporaciones locales.

Datos clave

  • Conoce de las responsabilidades de los artículos 101.3 y 122 del Estatuto.
  • Entiende de los recursos relacionados con los procesos electorales de la Comunidad Autónoma.
  • Resuelve los conflictos de jurisdicción entre órganos de la Comunidad Autónoma.
  • Resuelve las cuestiones de competencia entre órganos judiciales de Andalucía.
  • Resuelve los conflictos de atribuciones entre Corporaciones locales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El TSJ de Andalucía conoce en todo caso de la responsabilidad de Diputados y Consejeros, de los recursos electorales autonómicos y de conflictos de jurisdicción, de competencia y de atribuciones.

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