Oposhark

Tema 55: El control de la Administración Pública: Los recursos administrativos. La revisión de oficio. La revocación. La rectificación de errores. Las reclamaciones económico-administrativas.

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Artículo 219. Revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones

1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.

La revocación no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

2. La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

3. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio, y será competente para declararla el órgano que se determine reglamentariamente, que deberá ser distinto del órgano que dictó el acto.

En el expediente se dará audiencia a los interesados y deberá incluirse un informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto.

4. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.

Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento.

5. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía administrativa.

Datos clave

  • Revocación en beneficio de los interesados por infracción manifiesta de la ley, circunstancias sobrevenidas o indefensión.
  • No puede constituir dispensa o exención no permitida ni ser contraria a la igualdad, al interés público o al ordenamiento.
  • Solo es posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
  • Se inicia siempre de oficio y la declara un órgano distinto del que dictó el acto.
  • Audiencia a los interesados e informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico.
  • Plazo máximo de resolución: seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación; si se incumple, caducidad.
  • Las resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Permite a la Administración revocar de oficio sus propios actos en beneficio del interesado cuando infrinjan manifiestamente la ley, hayan cambiado las circunstancias o se haya producido indefensión.

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Artículo 220. Rectificación de errores

1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas en los que se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o resolución que se rectifica.

2. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento.

El transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa producirá los siguientes efectos:

a) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad.

b) La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del interesado.

3. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de reposición y de reclamación económico-administrativa.

Datos clave

  • Rectifica el órgano u organismo que dictó el acto o la resolución de la reclamación.
  • Puede hacerlo en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
  • Errores rectificables: materiales, de hecho o aritméticos.
  • Plazo máximo de resolución: seis meses.
  • Si se incumple: caducidad en el iniciado de oficio y desestimación por silencio en el iniciado a instancia del interesado.
  • Las resoluciones admiten recurso de reposición y reclamación económico-administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El órgano que dictó el acto rectifica de oficio o a instancia los errores materiales, de hecho o aritméticos mientras no prescriba; debe resolver en seis meses, con caducidad o silencio negativo si no lo hace.

Esquema

Falta de resolución en seis meses
Iniciado de oficioIniciado a instancia
EfectoCaducidad, sin impedir iniciar otro procedimientoDesestimación por silencio administrativo

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Artículo 226. Ámbito de las reclamaciones económico-administrativas

El artículo 226 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, delimita el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas.

Podrá reclamarse en vía económico-administrativa en relación con las siguientes materias:

a) La aplicación de los tributos del Estado o de los recargos establecidos sobre ellos y la imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración General del Estado y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía.

b) Cualquier otra que se establezca por precepto legal del Estado expreso.

Datos clave

  • Materia reclamable: la aplicación de los tributos del Estado o de los recargos establecidos sobre ellos.
  • También la imposición de sanciones tributarias.
  • Sujetos cuyos actos se reclaman: la Administración General del Estado y sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes.
  • También las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía.
  • Cualquier otra materia establecida por precepto legal del Estado expreso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La vía económico-administrativa cubre la aplicación de los tributos estatales y sus recargos y las sanciones tributarias, por actos del Estado y de las Administraciones tributarias autonómicas, y lo que diga una ley estatal.

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Artículo 227. Actos susceptibles de reclamación económico-administrativa

1. La reclamación económico-administrativa será admisible, en relación con las materias a las que se refiere el artículo anterior, contra los actos siguientes:

a) Los que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación o un deber.

b) Los de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto o pongan término al procedimiento.

2. En materia de aplicación de los tributos, son reclamables:

a) Las liquidaciones provisionales o definitivas.

b) Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación de una autoliquidación o de una comunicación de datos.

c) Las comprobaciones de valor de rentas, productos, bienes, derechos y gastos, así como los actos de fijación de valores, rendimientos y bases, cuando la normativa tributaria lo establezca.

d) Los actos que denieguen o reconozcan exenciones, beneficios o incentivos fiscales.

e) Los actos que aprueben o denieguen planes especiales de amortización.

f) Los actos que determinen el régimen tributario aplicable a un obligado tributario, en cuanto sean determinantes de futuras obligaciones, incluso formales, a su cargo.

g) Los actos dictados en el procedimiento de recaudación.

h) Los actos respecto a los que la normativa tributaria así lo establezca.

3. Asimismo, serán reclamables los actos que impongan sanciones.

4. Serán reclamables, igualmente, previo cumplimiento de los requisitos y en la forma que se determine reglamentariamente, las siguientes actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria:

a) Las relativas a las obligaciones de repercutir y soportar la repercusión prevista legalmente.

b) Las relativas a las obligaciones de practicar y soportar retenciones o ingresos a cuenta.

c) Las relativas a la obligación de expedir, entregar y rectificar facturas que incumbe a los empresarios y profesionales.

d) Las derivadas de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.

5. No se admitirán reclamaciones económico-administrativas respecto de los siguientes actos:

a) Los que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial, civil o laboral o pongan fin a dicha vía.

b) Los dictados en procedimientos en los que esté reservada al Ministro de Economía y Hacienda o al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos la resolución que ultime la vía administrativa.

c) Los dictados en virtud de una ley del Estado que los excluya de reclamación económico-administrativa.

Se modifica el apartado 5 por la disposición final 3.3 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20375

Datos clave

  • Reclamables: actos que reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación, y actos de trámite que decidan el fondo o pongan término al procedimiento.
  • En aplicación de los tributos: liquidaciones provisionales o definitivas, resoluciones sobre rectificación de autoliquidaciones y comprobaciones de valor, entre otros.
  • También los actos dictados en el procedimiento de recaudación y los que impongan sanciones.
  • Actuaciones de particulares reclamables: repercusión, retenciones e ingresos a cuenta, facturas y relaciones sustituto-contribuyente.
  • No reclamables: actos que den lugar a reclamación previa a la vía judicial civil o laboral.
  • No reclamables: los reservados al Ministro de Economía y Hacienda o al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos.
  • No reclamables: los excluidos por una ley del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera qué actos son reclamables en vía económico-administrativa (liquidaciones, comprobaciones de valor, exenciones, sanciones, actos de recaudación...), qué actuaciones de particulares también lo son (repercusión, retenciones, facturación) y qué actos quedan excluidos.

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Artículo 228. Órganos económico-administrativos

El artículo 228 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, determina los órganos económico-administrativos.

El conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas corresponderá con exclusividad a los órganos económico-administrativos, que actuarán con independencia funcional en el ejercicio de sus competencias.

En el ámbito de competencias del Estado, son órganos económico-administrativos:

a) El Tribunal Económico-Administrativo Central.

b) Los tribunales económico-administrativos regionales y locales.

También tendrá la consideración de órgano económico-administrativo la Sala Especial para la Unificación de Doctrina.

Corresponde a cada Comunidad Autónoma y cada Ciudad con Estatuto de Autonomía determinar su estructura administrativa para el ejercicio de la función revisora en el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas, todo ello sin perjuicio de la labor unificadora del Estado que será ejercida por el Tribunal Económico-Administrativo Central y por la Sala Especial para la Unificación de Doctrina.

La competencia de los órganos económico-administrativos será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser alterada por la voluntad de los interesados.

Datos clave

  • Conocen con exclusividad de las reclamaciones económico-administrativas y actúan con independencia funcional.
  • En el ámbito estatal: el Tribunal Económico-Administrativo Central y los tribunales económico-administrativos regionales y locales.
  • También es órgano económico-administrativo la Sala Especial para la Unificación de Doctrina.
  • Cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía determina su estructura para la función revisora.
  • La labor unificadora del Estado la ejercen el Tribunal Económico-Administrativo Central y la Sala Especial para la Unificación de Doctrina.
  • Su competencia es irrenunciable e improrrogable y no puede alterarse por la voluntad de los interesados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Solo los órganos económico-administrativos conocen de estas reclamaciones, con independencia funcional; en el Estado son el TEAC, los regionales y locales y la Sala Especial para la Unificación de Doctrina.

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Artículo 229. Competencias de los órganos económico-administrativos

1. El Tribunal Económico-Administrativo Central conocerá:

a) En única instancia, de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos centrales del Ministerio de Economía y Hacienda u otros departamentos ministeriales, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, así como, en su caso, contra los actos dictados por los órganos superiores de la Administración de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía.

También conocerá en única instancia de las reclamaciones en las que deba oírse o se haya oído como trámite previo al Consejo de Estado.

b) En única instancia, de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos periféricos de la Administración General del Estado, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado o, en su caso, por los órganos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía no comprendidos en la letra anterior, así como contra las actuaciones de los particulares susceptibles de reclamación, cuando, aun pudiendo presentarse la reclamación en primera instancia ante el tribunal económico-administrativo regional o local correspondiente o, en su caso, ante el órgano económico administrativo de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, la reclamación se interponga directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo.

c) En segunda instancia, de los recursos de alzada ordinarios que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales económico-administrativos regionales y locales y, en su caso, como consecuencia de la labor unificadora de criterio que corresponde al Estado, contra las resoluciones dictadas por los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía.

d) Como consecuencia de su labor unificadora de criterio, de los recursos extraordinarios de alzada para unificación de criterio previstos en el artículo 242 de esta Ley.

Asimismo y, como consecuencia de esta labor unificadora, cuando existan resoluciones de los Tribunales económico-administrativos Regionales o Locales que apliquen criterios distintos a los contenidos en resoluciones de otros Tribunales económico-administrativos, o que revistan especial trascendencia, el Presidente o la Vocalía Coordinadora del Tribunal Económico-Administrativo Central, por iniciativa propia o a propuesta de cualquiera de los Vocales del Tribunal Económico-Administrativo Central o de los Presidentes de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales o Locales, podrán promover la adopción de una resolución en unificación de criterio por la Sala o por el Pleno del Tribunal Económico-Administrativo Central, que tendrá los mismos efectos que la resolución del recurso regulado en el artículo 242 de esta Ley. Con carácter previo a la resolución de unificación de criterio, se dará trámite de alegaciones por plazo de un mes, contado desde que se les comunique el acuerdo de promoción de la resolución en unificación de criterio, a los Directores Generales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a los órganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía respecto a las materias de su competencia.

e) De los recursos extraordinarios de revisión, salvo los supuestos a los que se refiere el artículo 59.1.c) último párrafo de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

f) De la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de esta Ley.

2. Los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales conocerán:

a) En única instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos periféricos de la Administración General del Estado, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado y, en su caso, por los órganos de la Administración de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía no comprendidos en el párrafo a) del apartado anterior, cuando la cuantía de la reclamación sea igual o inferior al importe que se determine reglamentariamente.

b) En primera instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos mencionados en el párrafo a) de este apartado, cuando la cuantía de la reclamación sea superior al importe que se determine reglamentariamente.

c) De la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de esta Ley.

3. Cuando existan resoluciones de una Sala desconcentrada de un Tribunal Económico-Administrativo Regional que no se adecuen a los criterios del Tribunal o que sean contrarios a los de otra Sala desconcentrada del mismo Tribunal, o que revistan especial trascendencia, el Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Regional podrá promover la adopción de una resolución de fijación de criterio por el Pleno del Tribunal Económico-Administrativo Regional o por una Sala convocada a tal fin, presidida por él, y formada por los miembros del Tribunal que decida el Presidente en atención a su especialización en las cuestiones a considerar. La resolución que se dicte no afectará a la situación jurídica particular derivada de las resoluciones previas. Los criterios así adoptados serán vinculantes para las Salas, y órganos unipersonales del correspondiente Tribunal. Contra las resoluciones que se dicten se podrá interponer el recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio previsto en el artículo 242 de esta Ley.

4. Los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía conocerán, en su caso, y salvo lo dispuesto en el artículo 59.1.c), segundo párrafo, de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía:

a) En única instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos de la Administración de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía no comprendidos en el párrafo a) del apartado 1, cuando la cuantía de la reclamación sea igual o inferior al importe que se determine reglamentariamente.

b) En primera instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos mencionados en el párrafo a) de este apartado cuando la cuantía de la reclamación sea superior al importe que se determine reglamentariamente.

c) De la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de esta Ley.

5. Los tribunales económico-administrativos regionales y locales y, en su caso, los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, conocerán asimismo de las reclamaciones que se interpongan contra actuaciones de los particulares en materia tributaria susceptibles de reclamación económico-administrativa, en primera o única instancia según que la cuantía de la reclamación exceda o no del importe que se determine reglamentariamente, salvo lo dispuesto en el artículo 59.1.c), segundo párrafo, de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

En estos casos, la competencia de los tribunales económico-administrativos regionales y locales y de los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía vendrá determinada por el domicilio fiscal de la persona o entidad que interponga la reclamación. Si éste se hallara fuera de España, la competencia corresponderá al Tribunal Económico-Administrativo Central, cualquiera que sea su cuantía.

6. Cuando la resolución de la reclamación económico-administrativa sea susceptible de recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, la reclamación podrá interponerse directamente ante este órgano. En este caso, la tramitación corresponderá a la Secretaría del Tribunal Económico-Administrativo Regional o Local o del órgano económico-administrativo de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de las actuaciones complementarias de tramitación que decida llevar a cabo el Tribunal Económico-Administrativo Central y salvo que el interesado solicite que la puesta de manifiesto tenga lugar ante el Tribunal Económico Administrativo Central, en cuyo caso, la tramitación seguirá en este órgano.

7. En cada Comunidad Autónoma existirá un tribunal económico-administrativo regional. En cada Ciudad con Estatuto de Autonomía existirá un tribunal económico-administrativo local.

El ámbito de los tribunales económico-administrativos regionales y locales coincidirá con el de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía y su competencia territorial para conocer de las reclamaciones económico-administrativas se determinará conforme a la sede del órgano que hubiera dictado el acto objeto de la reclamación. En los tribunales económico-administrativos regionales podrán crearse salas desconcentradas con el ámbito territorial y las competencias que se fijen en la normativa tributaria.

Datos clave

  • TEAC: única instancia contra actos de órganos centrales, de la AEAT y de órganos superiores autonómicos, y cuando deba oírse al Consejo de Estado.
  • TEAC: segunda instancia de los recursos de alzada ordinarios contra resoluciones de primera instancia de los TEAR y TEAL.
  • TEAC: recursos extraordinarios de alzada para unificación de criterio (artículo 242) y recursos extraordinarios de revisión.
  • Trámite de alegaciones de un mes antes de la resolución en unificación de criterio.
  • TEAR y TEAL: única instancia si la cuantía es igual o inferior al importe reglamentario; primera instancia si es superior.
  • Actuaciones de particulares: competencia por el domicilio fiscal; si está fuera de España, el TEAC.
  • Hay un TEAR en cada Comunidad Autónoma y un TEAL en cada Ciudad con Estatuto de Autonomía.
  • Competencia territorial de TEAR y TEAL: según la sede del órgano que dictó el acto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Distribuye las competencias entre el TEAC (única instancia sobre órganos centrales, segunda instancia por alzada, unificación de criterio, recursos extraordinarios) y los TEAR/TEAL (única o primera instancia según cuantía, sobre órganos periféricos), y fija la competencia territorial por el domicilio fiscal del reclamante en las actuaciones de particulares.

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Artículo 232. Legitimados e interesados en las reclamaciones económico-administrativas

1. Estarán legitimados para promover las reclamaciones económico-administrativas:

a) Los obligados tributarios y los sujetos infractores.

b) Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto o la actuación tributaria.

2. No estarán legitimados:

a) Los funcionarios y empleados públicos, salvo en los casos en que inmediata y directamente se vulnere un derecho que en particular les esté reconocido o resulten afectados sus intereses legítimos.

b) Los particulares, cuando obren por delegación de la Administración o como agentes o mandatarios de ella.

c) Los denunciantes.

d) Los que asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato.

e) Los organismos u órganos que hayan dictado el acto impugnado, así como cualquier otra entidad por el mero hecho de ser destinataria de los fondos gestionados mediante dicho acto.

3. En el procedimiento económico-administrativo ya iniciado podrán comparecer todos los que sean titulares de derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por la resolución que hubiera de dictarse, sin que la tramitación haya de retrotraerse en ningún caso.

Si durante la tramitación del procedimiento se advierte la existencia de otros titulares de derechos o intereses legítimos que no hayan comparecido en el mismo, se les notificará la existencia de la reclamación para que formulen alegaciones, y será de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 239 de esta ley.

4. Cuando se actúe mediante representación, el documento que la acredite se acompañará al primer escrito que no aparezca firmado por el interesado, que no se cursará sin este requisito. No obstante, la falta o la insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por presentado el escrito siempre que el compareciente acompañe el poder, subsane los defectos de que adolezca el presentado o ratifique las actuaciones realizadas en su nombre y representación sin poder suficiente.

Datos clave

  • Legitimados: los obligados tributarios, los sujetos infractores y cualquier persona con intereses legítimos afectados.
  • No legitimados: funcionarios y empleados públicos, salvo vulneración directa de un derecho propio o de sus intereses legítimos.
  • No legitimados: particulares que obren por delegación de la Administración, los denunciantes y quienes asuman obligaciones tributarias por pacto o contrato.
  • No legitimados: los órganos que dictaron el acto impugnado y las entidades por ser destinatarias de los fondos.
  • En el procedimiento iniciado pueden comparecer los titulares de derechos o intereses afectados, sin retrotraer la tramitación.
  • La representación se acredita con el primer escrito no firmado por el interesado; la falta de poder es subsanable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define quién puede reclamar en vía económico-administrativa (obligados tributarios, sujetos infractores y cualquier interesado legítimo) y quién queda expresamente excluido, como los denunciantes o quienes actúan por delegación de la Administración.

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Artículo 233. Suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa

1. La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, la ejecución de la misma quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de esta Ley.

2. Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática a la que se refiere el apartado anterior serán exclusivamente las siguientes:

a) Depósito de dinero o valores públicos.

b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

c) Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.

3. Cuando el interesado no pueda aportar las garantías necesarias para obtener la suspensión a que se refiere el apartado anterior, se acordará la suspensión previa prestación de otras garantías que se estimen suficientes, y el órgano competente podrá modificar la resolución sobre la suspensión en los casos previstos en el segundo párrafo del apartado siguiente.

4. El tribunal podrá suspender la ejecución del acto con dispensa total o parcial de garantías cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación.

En los supuestos a los que se refiere este apartado, el tribunal podrá modificar la resolución sobre la suspensión cuando aprecie que no se mantienen las condiciones que motivaron la misma, cuando las garantías aportadas hubieran perdido valor o efectividad, o cuando conozca de la existencia de otros bienes o derechos susceptibles de ser entregados en garantía que no hubieran sido conocidos en el momento de dictarse la resolución sobre la suspensión.

5. Se podrá suspender la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.

6. El tribunal económico-administrativo decidirá sobre la admisión a trámite de la solicitud de suspensión en los supuestos a los que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo, y la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación aportada en la solicitud de suspensión o existente en el expediente administrativo, la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación o la existencia de error aritmético, material o de hecho.

7. Si la reclamación no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensión se referirá a la parte reclamada, y quedará obligado el reclamante a ingresar la cantidad restante.

8. En los casos del artículo 68.9 de esta Ley, si la reclamación afecta a una deuda tributaria que, a su vez, ha determinado el reconocimiento de una devolución a favor del obligado tributario, las garantías aportadas para obtener la suspensión garantizarán asimismo las cantidades que deban reintegrarse como consecuencia de la estimación total o parcial de la reclamación.

9. Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la presentación de la solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática, o con dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, no impedirá la continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda la anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud si la suspensión fuese concedida finalmente.

10. La suspensión de la ejecución del acto se mantendrá durante la tramitación del procedimiento económico-administrativo en todas sus instancias.

La suspensión producida en el recurso de reposición se podrá mantener en la vía económico-administrativa en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

11. Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el interesado comunique a la Administración tributaria en el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que la garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada.

Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos en el párrafo anterior y sin necesidad de prestar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial.

12. Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto impugnado como consecuencia de la resolución de la reclamación, se liquidará interés de demora por todo el período de suspensión, teniendo en consideración lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 26 y en el apartado 3 del artículo 212 de esta ley.

13. Cuando se trate de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad líquida, el tribunal podrá suspender su ejecución cuando así lo solicite el interesado y justifique que su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

14. La ejecución del acto o resolución impugnado mediante un recurso extraordinario de revisión no podrá suspenderse en ningún caso.

15. Reglamentariamente se regularán los requisitos, órganos competentes y procedimiento para la tramitación y resolución de las solicitudes de suspensión.

Datos clave

  • Suspensión automática si se garantiza el importe del acto, los intereses de demora y los recargos.
  • Las sanciones tributarias impugnadas se suspenden automáticamente sin garantías.
  • Garantías para la suspensión automática: depósito de dinero o valores públicos, aval o fianza solidaria de entidad de crédito o SGR, seguro de caución, o fianza personal y solidaria de otros contribuyentes.
  • Dispensa total o parcial de garantías si la ejecución puede causar perjuicios de difícil o imposible reparación.
  • Suspensión sin garantía ante posible error aritmético, material o de hecho.
  • Si la reclamación es parcial, la suspensión se limita a la parte reclamada.
  • La suspensión se mantiene en todas las instancias del procedimiento económico-administrativo.
  • El acto impugnado mediante recurso extraordinario de revisión no puede suspenderse en ningún caso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula la suspensión de la ejecución del acto impugnado: cuándo es automática aportando garantía, qué garantías sirven, y los casos especiales de sanciones, dispensa de garantía y error aritmético.

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Artículo 235. Iniciación

1. La reclamación económico-administrativa en única o primera instancia se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquél en que quede constancia de la realización u omisión de la retención o ingreso a cuenta, de la repercusión motivo de la reclamación o de la sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.

En los supuestos de silencio administrativo, podrá interponerse la reclamación desde el día siguiente a aquél en que produzcan sus efectos. Si con posterioridad a la interposición de la reclamación, y antes de su resolución, se dictara resolución expresa, se remitirá al Tribunal, una vez notificada al interesado.

En la notificación se advertirá que la resolución expresa, según su contenido, se considerará impugnada en vía económico administrativa, o causará la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal que será declarada por el órgano económico administrativo que esté conociendo el procedimiento.

En todo caso, se concederá el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, para que el interesado pueda formular ante el Tribunal las alegaciones que tenga por convenientes. En dichas alegaciones el interesado podrá pronunciarse sobre las consecuencias señaladas en el párrafo anterior. De no hacerlo se entenderá su conformidad con dichas consecuencias.

Tratándose de reclamaciones relativas a la obligación de expedir y entregar factura que incumbe a empresarios y profesionales, el plazo al que se refiere el primer párrafo empezará a contarse transcurrido un mes desde que se haya requerido formalmente el cumplimiento de dicha obligación.

En el supuesto de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo para la interposición se computará a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago.

2. El procedimiento deberá iniciarse mediante escrito que podrá limitarse a solicitar que se tenga por interpuesta, identificando al reclamante, el acto o actuación contra el que se reclama, el domicilio para notificaciones y el tribunal ante el que se interpone. Asimismo, el reclamante podrá acompañar las alegaciones en que base su derecho.

En los casos de reclamaciones relativas a retenciones, ingresos a cuenta, repercusiones, obligación de expedir y entregar factura y a las relaciones entre el sustituto y el contribuyente, el escrito deberá identificar también a la persona recurrida y su domicilio y adjuntar todos los antecedentes que obren a disposición del reclamante o en registros públicos.

3. El escrito de interposición se dirigirá al órgano administrativo que haya dictado el acto reclamable, que lo remitirá al tribunal competente en el plazo de un mes junto con el expediente, en su caso electrónico, correspondiente al acto, al que se podrá incorporar un informe si se considera conveniente. En el supuesto previsto en el artículo 229.6 de esta Ley, el escrito de interposición se remitirá al Tribunal Económico-Administrativo a quien corresponda la tramitación de la reclamación.

No obstante, cuando el escrito de interposición incluyese alegaciones, el órgano administrativo que dictó el acto podrá anular total o parcialmente el acto impugnado antes de la remisión del expediente al tribunal dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, siempre que no se hubiera presentado previamente recurso de reposición. En este caso, se remitirá al tribunal el nuevo acto dictado junto con el escrito de interposición.

Si el órgano administrativo no hubiese remitido al tribunal el escrito de interposición de la reclamación, bastará que el reclamante presente ante el tribunal la copia sellada de dicho escrito para que la reclamación se pueda tramitar y resolver.

4. En los casos de reclamaciones relativas a retenciones, ingresos a cuenta, repercusiones, a la obligación de expedir y entregar factura y relaciones entre el sustituto y el contribuyente, el escrito de interposición se dirigirá al tribunal competente para resolver la reclamación.

5. La interposición de la reclamación se realizará obligatoriamente a través de la sede electrónica del órgano que haya dictado el acto reclamable cuando los reclamantes estén obligados a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones.

Datos clave

  • Plazo de interposición en única o primera instancia: un mes desde el día siguiente al de la notificación del acto.
  • En silencio administrativo, puede interponerse desde el día siguiente a aquel en que produzca efectos.
  • Si se dicta resolución expresa después, se concede un mes para formular alegaciones ante el Tribunal.
  • Facturas: el plazo empieza a contar transcurrido un mes desde el requerimiento formal de la obligación.
  • Deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva: desde el día siguiente al fin del período voluntario de pago.
  • El escrito se dirige al órgano que dictó el acto, que lo remite al tribunal en el plazo de un mes con el expediente.
  • Retenciones, repercusiones, facturas y sustitución: el escrito se dirige directamente al tribunal competente.
  • Interposición obligatoria por sede electrónica para quienes estén obligados a relacionarse electrónicamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Establece el plazo y la forma de iniciar la reclamación económico-administrativa: un mes desde la notificación del acto, mediante escrito dirigido al órgano que dictó el acto.

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Artículo 239. Resolución

1. Los tribunales no podrán abstenerse de resolver ninguna reclamación sometida a su conocimiento sin que pueda alegarse duda racional o deficiencia en los preceptos legales.

2. Las resoluciones dictadas deberán contener los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basen y decidirán todas las cuestiones que se susciten en el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados.

3. La resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad. La resolución estimatoria podrá anular total o parcialmente el acto impugnado por razones de derecho sustantivo o por defectos formales.

Cuando la resolución aprecie defectos formales que hayan disminuido las posibilidades de defensa del reclamante, se producirá la anulación del acto en la parte afectada y se ordenará la retroacción de las actuaciones al momento en que se produjo el defecto formal.

Con excepción del supuesto al que se refiere el párrafo anterior, los actos de ejecución, incluida la práctica de liquidaciones que resulten de los pronunciamientos de los tribunales, no formarán parte del procedimiento en el que tuviese su origen el acto objeto de impugnación.

Salvo en los casos de retroacción, los actos resultantes de la ejecución de la resolución deberán ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha resolución tenga entrada en el registro del órgano competente para su ejecución. No se exigirán intereses de demora desde que la Administración incumpla el plazo de un mes.

4. Se declarará la inadmisibilidad en los siguientes supuestos:

a) Cuando se impugnen actos o resoluciones no susceptibles de reclamación o recurso en vía económico-administrativa.

b) Cuando la reclamación se haya presentado fuera de plazo.

c) Cuando falte la identificación del acto o actuación contra el que se reclama.

d) Cuando la petición contenida en el escrito de interposición no guarde relación con el acto o actuación recurrido.

e) Cuando concurran defectos de legitimación o de representación.

f) Cuando exista un acto firme y consentido que sea el fundamento exclusivo del acto objeto de la reclamación, cuando se recurra contra actos que reproduzcan otros anteriores definitivos y firmes o contra actos que sean confirmatorios de otros consentidos, así como cuando exista cosa juzgada.

Para declarar la inadmisibilidad el tribunal podrá actuar de forma unipersonal.

5. La resolución que se dicte tendrá plena eficacia respecto de los interesados a quienes se hubiese notificado la existencia de la reclamación. Las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos dictadas en las reclamaciones relativas a actuaciones u omisiones de los particulares, a que se refiere el artículo 227.4 de esta Ley, una vez hayan adquirido firmeza, vincularán a la Administración Tributaria en cuanto a la calificación jurídica de los hechos tenidos en cuenta para resolver, sin perjuicio de sus potestades de comprobación e investigación. A tal efecto, estas resoluciones serán comunicadas a la Administración competente.

6. Cuando no se cumpla, en el plazo legalmente establecido, la resolución del Tribunal que imponga la obligación de expedir factura, el reclamante podrá, en nombre y por cuenta del reclamado, expedir la factura en la que se documente la operación, conforme a las siguientes reglas:

1.ª) El ejercicio de esta facultad deberá ser comunicado por escrito al Tribunal Económico-Administrativo que haya conocido del respectivo procedimiento, indicándose que el fallo no se ha cumplido y que se va a emitir la factura correspondiente. Igualmente deberá comunicar al reclamado por cualquier medio que deje constancia de su recepción, que va a ejercitar esta facultad.

2.ª) La factura en la que se documente la operación será confeccionada por el reclamante, que constará como destinatario de la operación, figurando como expedidor el que ha incumplido dicha obligación.

3.ª) El reclamante remitirá copia de la factura al reclamado, debiendo quedar en su poder el original de la misma. Igualmente deberá enviar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria copia de dicha factura y del escrito presentado ante el Tribunal Económico-Administrativo en el que comunicaba el incumplimiento de la resolución dictada.

7. En ejecución de una resolución que estime total o parcialmente la reclamación contra la liquidación de una obligación tributaria conexa a otra del mismo obligado tributario de acuerdo con el artículo 68.9 de esta Ley, se regularizará la obligación conexa distinta de la recurrida en la que la Administración hubiese aplicado los criterios o elementos en que se fundamentó la liquidación de la obligación tributaria objeto de la reclamación.

Si de dicha regularización resultase la anulación de la liquidación de la obligación conexa distinta de la recurrida y la práctica de una nueva liquidación que se ajuste a lo resuelto por el Tribunal, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 26.5 de esta Ley.

8. La doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Económico-Administrativo Central vinculará a los tribunales económico-administrativos regionales y locales y a los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y al resto de la Administración tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. El Tribunal Económico-Administrativo Central recogerá de forma expresa en sus resoluciones y acuerdos que se trata de doctrina reiterada y procederá a publicarlas según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 86 de esta Ley. En cada Tribunal Económico-Administrativo, el criterio sentado por su Pleno vinculará a las Salas y el de ambos a los órganos unipersonales. Las resoluciones y los actos de la Administración tributaria que se fundamenten en la doctrina establecida conforme a este precepto lo harán constar expresamente.

Datos clave

  • Los tribunales no pueden abstenerse de resolver alegando duda racional o deficiencia de los preceptos legales.
  • Las resoluciones deciden todas las cuestiones del expediente, planteadas o no por los interesados.
  • Pueden ser estimatorias, desestimatorias o de inadmisibilidad.
  • Defectos formales que disminuyan la defensa: anulación y retroacción de actuaciones.
  • Actos de ejecución: notificación en un mes desde la entrada de la resolución en el registro del órgano ejecutor; no hay intereses de demora desde el incumplimiento.
  • Inadmisibilidad, entre otros supuestos, por presentación fuera de plazo o defectos de legitimación o representación; el tribunal puede actuar de forma unipersonal.
  • La doctrina reiterada del TEAC vincula a los TEAR, TEAL, órganos autonómicos y al resto de la Administración tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula la resolución de la reclamación: no cabe abstenerse de resolver, los tipos de resolución (estimatoria, desestimatoria o inadmisible), los supuestos de inadmisibilidad y el efecto vinculante de la doctrina reiterada del TEAC.

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Artículo 241. Recurso de alzada ordinario

1. Contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales económico-administrativos regionales y locales y por los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrá interponerse recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-Administrativo Central en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de las resoluciones.

2. Cuando el recurrente hubiera estado personado en el procedimiento en primera instancia, el escrito de interposición deberá contener las alegaciones y adjuntará las pruebas oportunas, resultando admisibles únicamente las pruebas que no hayan podido aportarse en primera instancia.

3. Estarán legitimados para interponer este recurso los interesados, los Directores Generales del Ministerio de Economía y Hacienda y los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en las materias de su competencia, así como los órganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía en materia de su competencia.

En los términos que se fijen reglamentariamente, al escrito de interposición podrá acompañarse la solicitud de suspensión de la ejecución de la resolución impugnada por los órganos de la Administración. Dicha solicitud suspenderá cautelarmente la ejecución de la resolución recurrida mientras el Tribunal Económico-Administrativo Central decida sobre la procedencia o no de la petición de suspensión. La decisión del Tribunal sobre la procedencia de la suspensión pondrá fin a la vía administrativa.

Dicha suspensión se fundamentará en que existen indicios racionales de que el cobro de la deuda que finalmente pudiese resultar exigible se podría ver frustrado o gravemente dificultado, no siendo necesaria la aportación de garantía. En la solicitud de suspensión deberá motivarse de forma suficiente la concurrencia de tales situaciones.

La resolución sobre la petición de suspensión se notificará por el Tribunal Económico-Administrativo Central al recurrente y a los demás interesados en el procedimiento.

La suspensión, cautelar o definitiva, impedirá que se devuelvan las cantidades que se hubieran ingresado y que se liberen las garantías que se hubieran constituido por el interesado en la reclamación económico-administrativa en primera instancia para obtener la suspensión del acto recurrido. Asimismo, quedarán subsistentes y mantendrán su eficacia los actos del procedimiento recaudatorio que se hubiesen dictado para garantizar el pago de la deuda tributaria.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando la ejecución de la resolución impugnada pudiese determinar el reconocimiento del derecho a una devolución tributaria, procederá dicha ejecución previa prestación por parte del obligado tributario de alguna de las garantías reguladas en el artículo 224.2 de esta Ley.

4. En la resolución del recurso de alzada ordinario será de aplicación lo dispuesto en el artículo 240 de esta Ley.

Datos clave

  • Procede contra resoluciones de primera instancia de los TEAR, TEAL y órganos económico-administrativos autonómicos.
  • Se interpone ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.
  • Plazo: un mes desde el día siguiente al de la notificación de la resolución.
  • Si el recurrente estuvo personado en primera instancia, solo se admiten pruebas que no pudieron aportarse entonces.
  • Legitimados: los interesados, los Directores Generales del Ministerio, los Directores de Departamento de la AEAT y los órganos autonómicos equivalentes.
  • La solicitud de suspensión de la Administración suspende cautelarmente la ejecución y no exige garantía.
  • La decisión del TEAC sobre la suspensión pone fin a la vía administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el recurso de alzada ordinario ante el TEAC contra resoluciones de tribunales regionales o locales: plazo de un mes, quiénes están legitimados para interponerlo y la suspensión cautelar que puede solicitar la Administración recurrente.

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Artículo 245. Ámbito de aplicación

El artículo 245 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, fija el ámbito de aplicación del procedimiento abreviado en las reclamaciones económico-administrativas.

Las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán por el procedimiento previsto en esta sección cuando sean de cuantía inferior a la que se determine reglamentariamente.

Las reclamaciones económico-administrativas tramitadas por este procedimiento se resolverán en única instancia por los tribunales económico-administrativos. Para resolver, los tribunales económico-administrativos podrán actuar de forma unipersonal.

El procedimiento abreviado se regulará por lo dispuesto en esta sección, por las normas reglamentarias que se dicten en su desarrollo y, en defecto de norma expresa, por lo dispuesto en este capítulo.

Datos clave

  • El procedimiento abreviado se aplica a las reclamaciones de cuantía inferior a la que se determine reglamentariamente.
  • Se resuelven en única instancia por los tribunales económico-administrativos.
  • Para resolver, los tribunales pueden actuar de forma unipersonal.
  • Se rige por su sección, por sus normas reglamentarias de desarrollo y, supletoriamente, por el resto del capítulo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El procedimiento abreviado se reserva a las reclamaciones de cuantía inferior a la fijada por reglamento; se resuelven en única instancia y el tribunal puede actuar de forma unipersonal.

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Artículo 10. Iniciación

1. El procedimiento de revocación se iniciará exclusivamente de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan promover su iniciación por la Administración competente mediante un escrito que dirigirán al órgano que dictó el acto. En este caso, la Administración quedará exclusivamente obligada a acusar recibo del escrito. El inicio será notificado al interesado.

2. El órgano competente para acordar el inicio del procedimiento será el superior jerárquico del que lo hubiese dictado. El inicio podrá ser propuesto, de forma motivada, por el propio órgano que hubiera dictado el acto o por cualquier otro de la misma Administración pública.

3. Los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones podrán ser revocados conforme a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aunque hayan sido objeto de impugnación en vía económico- administrativa, en tanto no se haya dictado una resolución o un acuerdo de terminación por el tribunal económico-administrativo. Las resoluciones y los acuerdos de terminación dictados por los tribunales económico- administrativos, así como los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones a los que se refieran dichos acuerdos y resoluciones, no serán susceptibles de revocación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Datos clave

  • El procedimiento de revocación se inicia exclusivamente de oficio.
  • Los interesados pueden promover su iniciación con un escrito dirigido al órgano que dictó el acto; la Administración solo está obligada a acusar recibo.
  • Órgano competente para acordar el inicio: el superior jerárquico del que dictó el acto.
  • El inicio puede proponerlo, de forma motivada, el propio órgano que dictó el acto o cualquier otro de la misma Administración.
  • Cabe revocar aunque el acto esté impugnado en vía económico-administrativa, mientras no haya resolución o acuerdo de terminación del tribunal.
  • No son revocables las resoluciones y acuerdos de terminación de los tribunales económico-administrativos (artículo 213.2 de la Ley 58/2003).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La revocación solo se inicia de oficio, por el superior jerárquico del autor del acto; el interesado puede promoverla, pero la Administración solo está obligada a acusar recibo.

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Artículo 13. Procedimiento de rectificación de errores

1. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, junto con el acuerdo de iniciación se notificará la propuesta de rectificación para que el interesado pueda formular alegaciones en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta. Cuando la rectificación se realice en beneficio de los interesados, se podrá notificar directamente la resolución del procedimiento.

2. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del interesado, la Administración podrá resolver directamente lo que proceda cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones o pruebas que los presentados por el interesado. En el caso contrario, deberá notificar la propuesta de resolución para que el interesado pueda alegar lo que convenga a su derecho en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta.

3. Se podrá suspender la ejecución de los actos administrativos sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.

Datos clave

  • Iniciado de oficio: la propuesta de rectificación se notifica junto con el acuerdo de iniciación.
  • Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente al de la notificación de la propuesta.
  • Si la rectificación beneficia a los interesados, puede notificarse directamente la resolución.
  • Iniciado a instancia del interesado: resolución directa si solo se tienen en cuenta los hechos, alegaciones y pruebas que presentó.
  • En otro caso, se notifica la propuesta de resolución con 15 días para alegar.
  • Cabe suspender la ejecución sin garantía si se aprecia posible error aritmético, material o de hecho.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Rectificación de errores: de oficio se notifica propuesta con 15 días de alegaciones salvo que beneficie al interesado; a instancia se resuelve directamente si no hay otros hechos. Cabe suspender sin garantía.

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Artículo 182. Órganos económico-administrativos

La Comunidad Autónoma asumirá, por medio de sus propios órganos económico-administrativos, la revisión por la vía administrativa de las reclamaciones que los contribuyentes puedan interponer contra los actos de gestión tributaria dictados por la Agencia Tributaria andaluza, sin perjuicio de las competencias en materia de unificación de criterio que le corresponden a la Administración General del Estado.

A estos efectos, la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado podrán, asimismo, acordar los mecanismos de cooperación que sean precisos para el adecuado ejercicio de las funciones de revisión en vía económico-administrativa.

Datos clave

  • Artículo 182 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
  • La Comunidad Autónoma asume, con sus propios órganos económico-administrativos, la revisión en vía administrativa de las reclamaciones de los contribuyentes.
  • Se refiere a los actos de gestión tributaria dictados por la Agencia Tributaria andaluza.
  • Quedan a salvo las competencias de unificación de criterio de la Administración General del Estado.
  • La Junta y la Administración General del Estado pueden acordar mecanismos de cooperación para la revisión económico-administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Comunidad revisa en vía administrativa, con órganos económico-administrativos propios, las reclamaciones contra actos de la Agencia Tributaria andaluza, sin perjuicio de la unificación de criterio estatal.

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Artículo 112. Actos que agotan la vía administrativa.

En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, ponen fin a la vía administrativa las resoluciones, actos o acuerdos de los siguientes órganos y autoridades:

a) Los de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, así como los del Consejo de Gobierno y sus Comisiones Delegadas.

b) Los de las personas titulares de las Consejerías, salvo que una ley prevea específicamente un recurso ante el Consejo de Gobierno.

c) Los de las autoridades de rango inferior al de la persona titular de la Consejería que resuelvan por delegación de esta o de otro órgano cuyas resoluciones agoten la vía administrativa.

d) Los de los órganos con nivel de Dirección General o superior cuando se dicten en materia de personal.

e) Los de los demás órganos y autoridades cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

Datos clave

  • Ponen fin a la vía administrativa los actos de la persona titular de la Presidencia, del Consejo de Gobierno y de sus Comisiones Delegadas.
  • También los de las personas titulares de las Consejerías, salvo que una ley prevea específicamente un recurso ante el Consejo de Gobierno.
  • Agotan la vía los de autoridades inferiores que resuelvan por delegación de la persona titular de la Consejería o de otro órgano cuyas resoluciones la agoten.
  • Los de órganos con nivel de Dirección General o superior, cuando se dicten en materia de personal.
  • Los de los demás órganos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Agotan la vía administrativa los actos de la Presidencia, el Consejo de Gobierno y sus Comisiones Delegadas, los Consejeros, los delegados de estos, los Directores Generales en personal y los que diga una norma.

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Artículo 115. Resolución de recursos y reclamaciones

1. Los actos dictados por los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía que no agoten la vía administrativa serán susceptibles de recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto recurrido. Los actos de los órganos de gobierno de las agencias de la Administración de la Junta de Andalucía seguirán el régimen de impugnación establecido en el artículo 64 de esta Ley.

No obstante, el recurso de alzada podrá ser sustituido, mediante ley, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje en supuestos o ámbitos sectoriales determinados y cuando la especificidad de la materia así lo justifique. Las leyes que establezcan dichos procedimientos contendrán las reglas específicas a que los mismos deban sujetarse, con respeto de los principios, garantías y plazos a que se refiere la legislación estatal básica.

2. Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa cabrá la interposición del recurso potestativo de reposición, salvo que el acto en cuestión sea resolutorio de un previo recurso o reclamación administrativa.

En las mismas condiciones que el recurso de alzada, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo segundo del apartado anterior, respetando su carácter potestativo para la persona interesada.

3. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión previsto en la legislación sobre procedimiento administrativo común ante la persona titular del órgano que dictó el acto.

4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.

5. El régimen de las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales se ajustará a lo dispuesto en la legislación básica del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Las reclamaciones previas a la vía judicial civil se plantearán ante la persona titular de la Consejería competente por razón de la materia, a quien corresponderá su resolución.

Datos clave

  • Actos que no agotan la vía administrativa: recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto.
  • Los actos de los órganos de gobierno de las agencias siguen el régimen del artículo 64 de la Ley.
  • La alzada puede sustituirse, mediante ley, por procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje.
  • Actos que ponen fin a la vía administrativa: recurso potestativo de reposición, salvo que resuelvan un recurso o reclamación previos.
  • Actos firmes: recurso extraordinario de revisión ante la persona titular del órgano que dictó el acto.
  • Las reclamaciones económico-administrativas se rigen por su legislación específica.
  • Reclamaciones previas a la vía judicial civil: ante la persona titular de la Consejería competente por razón de la materia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sistema de recursos en la Junta de Andalucía: alzada si el acto no agota la vía, reposición potestativa si la agota, revisión extraordinaria contra actos firmes y reglas propias para reclamaciones económico-administrativas y previas.

Esquema

Recursos según el acto
RecursoContra quéAnte quién
AlzadaAlzadaActos que no agotan la vía administrativaÓrgano superior jerárquico
ReposiciónReposición (potestativa)Actos que ponen fin a la víaNo lo precisa este artículo
RevisiónExtraordinario de revisiónActos firmes en vía administrativaTitular del órgano que dictó el acto

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Artículo 116. Revisión de oficio

1. Serán competentes para la revisión de oficio de los actos nulos:

a) El Consejo de Gobierno respecto de sus propios actos, de los actos de sus Comisiones Delegadas y de los dictados por las personas titulares de las Consejerías.

b) Las personas titulares de las Consejerías respecto de los actos dictados por órganos directivos de ellas dependientes, así como respecto de los actos dictados por los máximos órganos de gobierno de las agencias que tengan adscritas.

c) Los máximos órganos rectores de las agencias respecto de los actos dictados por los órganos de ellos dependientes.

2. El procedimiento para declarar la lesividad de los actos anulables será iniciado por el órgano que haya dictado el acto. La declaración de lesividad, en los casos en que legalmente proceda, será competencia de la persona titular de la Consejería respectiva, salvo que se trate de actos del Consejo de Gobierno o de alguna de sus Comisiones Delegadas, en cuyo caso la declaración de lesividad corresponderá al Consejo de Gobierno.

La declaración de lesividad de los actos emanados de las agencias será competencia de la persona titular de la Consejería a la que estén adscritas.

3. La revisión de oficio de los actos dictados en materia tributaria se ajustará a su legislación específica.

4. La revocación de los actos de gravamen o desfavorables y la rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos corresponderán al propio órgano administrativo que haya dictado el acto.

Datos clave

  • Consejo de Gobierno: revisa de oficio sus actos, los de sus Comisiones Delegadas y los de las personas titulares de las Consejerías.
  • Titulares de las Consejerías: actos de sus órganos directivos y de los máximos órganos de gobierno de las agencias adscritas.
  • Máximos órganos rectores de las agencias: actos de los órganos de ellos dependientes.
  • La lesividad la inicia el órgano que dictó el acto y la declara la persona titular de la Consejería, o el Consejo de Gobierno para sus actos y los de sus Comisiones Delegadas.
  • Lesividad de actos de agencias: persona titular de la Consejería de adscripción.
  • La revisión de oficio en materia tributaria se rige por su legislación específica.
  • Revocación de actos desfavorables y rectificación de errores: el propio órgano que dictó el acto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reparto de competencias en la Junta para revisar de oficio actos nulos, declarar la lesividad de los anulables, revocar actos de gravamen y rectificar errores.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 106

Revisión de disposiciones y actos nulos. 1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1. 2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2. 3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

Datos clave

  • ¿Qué dictamen previo exige la revisión de oficio de un acto nulo? → Dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico (art. 106.1).
  • ¿Qué ocurre si pasan 6 meses desde el inicio de oficio sin resolución? → Caduca el procedimiento (art. 106.5).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Revisión de oficio de lo nulo: actos (art. 47.1) y disposiciones (art. 47.2) en cualquier momento, con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico; inadmisión sin dictamen; indemnizaciones; caducidad a los seis meses si se inició de oficio.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 107

Declaración de lesividad de actos anulables. 1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. 2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. 3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. 4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia. 5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

Datos clave

  • ¿Hasta cuándo puede declararse lesivo un acto? → Hasta 4 años desde que se dictó (art. 107.2).
  • ¿Cabe recurso contra la declaración de lesividad? → No, solo se notifica a efectos informativos (art. 107.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para anular un acto favorable que solo es anulable, la Administración debe declararlo lesivo e impugnarlo ante lo contencioso. Límite de cuatro años, audiencia previa y caducidad a los seis meses.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 108

Suspensión. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Datos clave

  • ¿Cuándo puede suspenderse la ejecución del acto en la revisión de oficio? → Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
  • Es una facultad («podrá»), no un automatismo, y su llave es el perjuicio de imposible o difícil reparación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Iniciada la revisión de oficio (arts. 106 y 107), el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad puede suspender la ejecución del acto si esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 109

Revocación de actos y rectificación de errores. 1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Datos clave

  • ¿Qué actos pueden revocarse conforme al artículo 109? → Los actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
  • ¿Cuándo pueden rectificarse los errores materiales? → En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.
  • Se revoca lo que perjudica: los actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos potestades distintas: revocar actos de gravamen o desfavorables mientras no haya prescrito, con límites, y rectificar en cualquier momento errores materiales, de hecho o aritméticos.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 110

Límites de la revisión. Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Datos clave

  • ¿Qué límites impone el artículo 110 a la revisión? → No cabe cuando por prescripción, tiempo transcurrido u otras circunstancias resulte contraria a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes.
  • Cuatro límites: equidad, buena fe, derecho de los particulares y leyes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las facultades de revisión de oficio tienen un freno general: no pueden ejercerse cuando, por prescripción, tiempo transcurrido u otras circunstancias, resultaría contrario a la equidad, la buena fe, los derechos de los particulares o las leyes.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 111

Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado. En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables: a) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los Ministros. b) En la Administración General del Estado: 1.º Los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado. 2.º Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes. c) En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado: 1.º Los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de éstos. 2.º Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes.

Datos clave

  • ¿Quién revisa de oficio los actos de los Ministros? → El Consejo de Ministros.
  • ¿Y los de los Secretarios de Estado? → Los Ministros.
  • Escalera: Consejo de Ministros → Ministros → Secretarios de Estado → órganos directivos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién revisa de oficio disposiciones y actos nulos y anulables en el ámbito estatal: Consejo de Ministros, Ministros, Secretarios de Estado y, en los organismos públicos, el órgano de adscripción y el máximo órgano rector.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 112

Objeto y clases. 1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley. 3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. 4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.

Datos clave

  • ¿Qué actos de trámite son recurribles? → Los que deciden directa o indirectamente el fondo, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
  • ¿En qué motivos pueden fundarse los recursos? → En cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48.
  • Los cuatro trámites cualificados: fondo, imposibilidad de continuar, indefensión y perjuicio irreparable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Alzada y reposición caben contra resoluciones y contra actos de trámite cualificados, por cualquier motivo de nulidad o anulabilidad. No caben contra disposiciones generales y las leyes pueden sustituirlos por otras vías.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 114

Fin de la vía administrativa. 1. Ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4. g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. 2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. d) En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

Datos clave

  • ¿Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de responsabilidad patrimonial? → Sí, cualquiera que sea el tipo de relación, pública o privada, de la que deriven.
  • ¿Y las resoluciones de órganos que carecen de superior jerárquico? → Sí, salvo que una Ley establezca lo contrario.
  • Siete letras de la a) a la g).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista de resoluciones que ponen fin a la vía administrativa: siete supuestos generales (letras a–g) y cuatro más en el ámbito estatal (letras a–d).

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 115

Interposición de recurso. 1. La interposición del recurso deberá expresar: a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones. d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación. e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas. 2. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. 3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.

Datos clave

  • ¿Qué ocurre si el recurrente califica mal su recurso? → No es obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
  • ¿Puede alegar un vicio de anulabilidad quien lo causó? → No.
  • Cinco letras. Y dos reglas de oro: la calificación errónea no perjudica, y el causante del vicio no puede alegarlo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué debe expresar el escrito de recurso (cinco letras, a–e), por qué un error al calificarlo no frena su tramitación y por qué quien causó un vicio de anulabilidad no puede alegarlo.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 116

Causas de inadmisión. Serán causas de inadmisión las siguientes: a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. b) Carecer de legitimación el recurrente. c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso. d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

Datos clave

  • ¿Cuáles son las cinco causas de inadmisión del recurso? → Incompetencia del órgano cuando el competente sea de otra Administración, falta de legitimación, acto no susceptible de recurso, plazo transcurrido y carencia manifiesta de fundamento.
  • Cinco causas y una obligación: remitir cuando la competencia es de otra Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cinco causas de inadmisión del recurso administrativo; la de incompetencia solo opera si el competente es de otra Administración, y entonces el recurso se remite al órgano competente.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 117

Suspensión de la ejecución. 1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley. 3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley. 4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente. La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. 5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.

Datos clave

  • ¿Suspende por regla general la interposición de un recurso? → No (art. 117.1).
  • ¿Qué pasa si en un mes no se resuelve sobre la suspensión solicitada? → Se entiende suspendida la ejecución (art. 117.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recurrir no suspende, por regla general, la ejecución del acto. El órgano que resuelve puede suspenderla ponderando perjuicios si hay daño de imposible o difícil reparación o causa de nulidad; si en un mes no contesta a la solicitud, queda suspendida.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 118

Audiencia de los interesados. 1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado. 2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente. 3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo de audiencia en el recurso? → No inferior a diez días ni superior a quince.
  • ¿Qué no tiene carácter de documento nuevo? → El recurso, los informes y las propuestas, ni lo aportado por los interesados antes de recaer la resolución recurrida.
  • Horquilla 10-15 días. Y la lista de lo que NO es documento nuevo: recurso, informes, propuestas y lo ya aportado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Audiencia en vía de recurso: si se van a tener en cuenta hechos o documentos nuevos, se ponen de manifiesto a los interesados para alegar en diez a quince días; y no se admite lo que el recurrente pudo aportar antes y no aportó.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 119

Resolución. 1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones por el órgano competente para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52. 3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.

Datos clave

  • ¿Puede la resolución del recurso agravar la situación del recurrente? → No, en ningún caso.
  • ¿Qué se hace ante un vicio de forma cuando no procede resolver el fondo? → Se ordena la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido.
  • Tres ideas: tres sentidos posibles, retroacción por vicio de forma y prohibición de agravar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sentidos de la resolución del recurso, retroacción cuando hay vicio de forma y no procede entrar al fondo, y poder del órgano para decidir todas las cuestiones, con congruencia y sin agravar la situación del recurrente.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 121

Objeto. 1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos. 2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.

Datos clave

  • ¿Ante quién se interpone el recurso de alzada? → Ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo, y lo resuelve el superior jerárquico del que lo dictó.
  • ¿En qué plazo debe remitirlo el órgano que dictó el acto? → En diez días, con su informe y una copia completa y ordenada del expediente.
  • Diez días para remitir, con informe y copia completa y ordenada del expediente.
  • El dato de los tribunales de selección resuelve la pregunta clásica: ¿ante quién se recurre la calificación de un examen?

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recurso de alzada contra actos del art. 112.1 que no ponen fin a la vía: lo resuelve el superior jerárquico, se presenta ante quien dictó el acto o ante el competente, y el primero debe remitirlo en diez días.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 122

Plazos. 1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo. 3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de alzada contra un acto expreso? → Un mes (art. 122.1).
  • ¿Cuál es el plazo máximo para resolver un recurso de alzada? → Tres meses (art. 122.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Plazos de la alzada: un mes para interponerla si el acto es expreso (después, firmeza), en cualquier momento si hay silencio; tres meses para resolver; y después solo cabe el extraordinario de revisión.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 123

Objeto y naturaleza. 1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Datos clave

  • ¿Ante qué órgano se interpone la reposición? → Ante el mismo órgano que dictó el acto.
  • ¿Puede acudirse al contencioso mientras está pendiente la reposición? → No, hasta que sea resuelta expresamente o se produzca su desestimación presunta.
  • Dos datos: mismo órgano y bloqueo temporal del contencioso mientras la reposición esté viva.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contra actos que ponen fin a la vía administrativa, la reposición es potestativa: se recurre ante el mismo órgano o se va directo al contencioso; pero si se interpone reposición, el contencioso espera a su resolución o desestimación presunta.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 124

Plazos. 1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso- administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. 3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de reposición? → Un mes si el acto es expreso (art. 124.1).
  • ¿Cuál es el plazo para resolver el recurso de reposición? → Un mes (art. 124.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Plazos de la reposición: un mes para interponerla si el acto es expreso; si no lo es, en cualquier momento desde el día siguiente al acto presunto; un mes para resolver y no cabe nueva reposición.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 125

Objeto y plazos. 1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. 2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa a) del apartado anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. 3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo del recurso extraordinario de revisión por error de hecho? → Cuatro años desde la notificación de la resolución (art. 125.2).
  • ¿Cuál es el plazo por las demás causas del recurso extraordinario de revisión? → Tres meses desde que se conocen los documentos o es firme la sentencia (art. 125.2).
  • ¿Ante qué órgano se interpone el recurso extraordinario de revisión? → Ante el mismo órgano que dictó el acto firme (art. 125.1).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recurso extraordinario de revisión contra actos firmes en vía administrativa: cuatro causas tasadas, ante el mismo órgano que los dictó y que lo resuelve; cuatro años para el error de hecho y tres meses para las demás.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 126

Resolución. 1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. 2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. 3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

Datos clave

  • ¿Cuándo puede inadmitirse a trámite sin dictamen el recurso extraordinario de revisión? → Cuando no se funde en alguna de las causas del artículo 125.1 o cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.
  • ¿Qué ocurre a los tres meses sin resolución? → Se entiende desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
  • Tres datos: inadmisión sin dictamen, pronunciamiento sobre el fondo y silencio negativo a los tres meses.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Resolución del recurso extraordinario de revisión: inadmisión motivada sin dictamen en dos supuestos, pronunciamiento sobre procedencia y fondo, y silencio desestimatorio a los tres meses que abre el contencioso.

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Artículo 2. Naturaleza y adscripción del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía

El artículo 2 del Decreto 60/2020, de 29 de abril, por el que se regula la organización, el funcionamiento y el régimen jurídico del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía, establece la naturaleza y adscripción de este órgano.

En el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía será el órgano colegiado competente para conocer de las reclamaciones económico-administrativas, recursos extraordinarios de revisión y rectificación de errores previstos en el artículo 4.2.

El Tribunal tendrá su sede en Sevilla, actuará con independencia funcional en el ejercicio de sus competencias y quedará adscrito a la Dirección General competente en materia de tributos.

Datos clave

  • Naturaleza: órgano colegiado.
  • Conoce de las reclamaciones económico-administrativas, recursos extraordinarios de revisión y rectificación de errores del artículo 4.2.
  • Sede: Sevilla.
  • Actúa con independencia funcional en el ejercicio de sus competencias.
  • Adscripción: Dirección General competente en materia de tributos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía es el órgano colegiado que resuelve reclamaciones, recursos extraordinarios de revisión y rectificación de errores; tiene sede en Sevilla, independencia funcional y adscripción a la Dirección General de tributos.

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Artículo 4. Competencias

El artículo 4 del Decreto 60/2020, de 29 de abril, por el que se regula la organización, competencias y funcionamiento del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía, fija las competencias de este Tribunal.

La competencia del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser alterada por la voluntad de las partes interesadas.

El Tribunal conocerá:

a) De las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos de aplicación de los tributos o de los recargos establecidos sobre ellos y de imposición de sanciones tributarias que realicen la Agencia Tributaria de Andalucía, los órganos de las Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía y las agencias a las que se refiere el artículo 52.1.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

b) De las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos de recaudación en periodo ejecutivo por parte de la Agencia Tributaria de Andalucía de los ingresos de Derecho Público no tributarios de los órganos de las Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las agencias a las que se refiere el artículo 52.1.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

c) De las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos de reconocimiento o liquidación de obligaciones de la Tesorería de la Junta de Andalucía por los órganos competentes y en relación con las cuestiones relacionadas con las operaciones de pago por dichos órganos con cargo a la Tesorería.

d) De las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra actuaciones de los particulares susceptibles de reclamación económico-administrativa.

e) De los recursos extraordinarios de revisión que se interpongan contra los actos administrativos a los que se refieren los párrafos a), b) y c) anteriores que hayan adquirido firmeza y contra las resoluciones firmes de las reclamaciones económico-administrativas.

f) De la rectificación de errores en que incurran sus propias resoluciones, de acuerdo con lo que dispone el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

g) De las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan en relación con las materias susceptibles de reclamación en esta vía declaradas al efecto por un precepto legal expreso.

El Tribunal será competente para la revisión de los actos dictados por la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con los tributos cedidos por el Estado en los términos establecidos en el segundo párrafo del párrafo c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, así como en el artículo 2.1 y disposición transitoria segunda de la Ley 18/2010, de 16 de julio, por la que se aprueba el régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Datos clave

  • Su competencia es irrenunciable e improrrogable y no puede alterarse por la voluntad de las partes.
  • Conoce de reclamaciones contra actos de aplicación de tributos y sanciones de la Agencia Tributaria de Andalucía, las Consejerías y las agencias del artículo 52.1.a) de la Ley 9/2007.
  • También contra la recaudación en periodo ejecutivo de ingresos de Derecho Público no tributarios.
  • También contra actos de reconocimiento o liquidación de obligaciones de la Tesorería de la Junta.
  • También contra actuaciones de particulares susceptibles de reclamación.
  • Conoce de recursos extraordinarios de revisión y de la rectificación de errores de sus propias resoluciones (artículo 220 de la Ley 58/2003).
  • Revisa los actos de la Comunidad sobre tributos cedidos (artículo 59.1.c) de la Ley 22/2009 y Ley 18/2010).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La competencia del Tribunal es irrenunciable, improrrogable e inalterable por las partes. Conoce de siete clases de asuntos, de la letra a) a la g), y revisa los actos de la Comunidad sobre tributos cedidos.

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Artículo 10. Procedimiento abreviado

El artículo 10 del Decreto 60/2020, de 29 de abril, por el que se regula la organización, competencias y funcionamiento del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía, regula el procedimiento abreviado.

Las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán por el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales en los supuestos establecidos en el artículo 245 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y su normativa de desarrollo.

Datos clave

  • Las reclamaciones pueden tramitarse por el procedimiento abreviado.
  • El procedimiento abreviado se sigue ante órganos unipersonales.
  • Supuestos: los del artículo 245 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  • También se aplica su normativa de desarrollo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las reclamaciones se tramitan por el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales en los supuestos del artículo 245 de la Ley 58/2003 y su normativa de desarrollo.

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