Tema 38: El Gobierno Abierto: transparencia, colaboración y participación. La Ley de Transparencia de la Junta de Andalucía. La protección de datos de carácter personal: régimen jurídico.
Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
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- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía
- Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
- Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD)
Artículo 1. Objeto.
Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Datos clave
- Objeto de la Ley 19/2013: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública.
- Regula y garantiza el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública.
- Establece las obligaciones de buen gobierno de los responsables públicos y las consecuencias de su incumplimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley tiene un objeto triple: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información y fijar las obligaciones de buen gobierno y las consecuencias de incumplirlas.
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Artículo 5. Principios generales.
1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.
4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización.
Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas.
5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Datos clave
- Los sujetos del artículo 2.1 publican de forma periódica y actualizada la información relevante para la transparencia.
- Límites aplicables: los del artículo 14 y, especialmente, la protección de datos del artículo 15.
- Datos especialmente protegidos: publicidad solo previa disociación.
- Publicación en sedes electrónicas o páginas web, de forma clara, estructurada y entendible y, preferiblemente, en formatos reutilizables.
- Entidades sin ánimo de lucro con fines exclusivamente sociales o culturales y presupuesto inferior a 50.000 euros: pueden usar los medios electrónicos de la Administración de la que provenga la mayor parte de sus ayudas.
- Información comprensible, de acceso fácil y gratuito y accesible para las personas con discapacidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija cómo debe publicarse la información de publicidad activa: periódica, actualizada, clara y accesible, respetando los límites de acceso y protección de datos.
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Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública.
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley.
Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.
Datos clave
- Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública.
- El derecho se ejerce en los términos del artículo 105.b) de la Constitución, desarrollados por la Ley 19/2013.
- En el ámbito de sus competencias se aplica también la normativa autonómica correspondiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El derecho de acceso es de «todas las personas», sin necesidad de justificar un interés, y enlaza con el artículo 105.b) de la Constitución.
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Artículo 13. Información pública.
Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Datos clave
- Información pública: contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, en poder de los sujetos del título.
- Han de haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Información pública es cualquier contenido o documento, en cualquier formato, que esté en poder de un sujeto obligado y que este haya elaborado o simplemente adquirido en el ejercicio de sus funciones.
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Artículo 14. Límites al derecho de acceso.
1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública.
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.
i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
l) La protección del medio ambiente.
2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.
3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.
Datos clave
- El acceso puede limitarse por perjuicio, entre otros, para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores y la seguridad pública.
- También para la prevención e investigación de ilícitos, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y las funciones de vigilancia, inspección y control.
- Y para los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional, la confidencialidad en la toma de decisiones y el medio ambiente.
- La aplicación de los límites será justificada y proporcionada, atendiendo a un posible interés público o privado superior.
- Las resoluciones que apliquen límites se publican previa disociación de datos personales, una vez notificadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera los doce supuestos que pueden limitar el derecho de acceso (seguridad, defensa, economía, medio ambiente...) y exige que su aplicación sea justificada y proporcionada.
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Artículo 15. Protección de datos personales.
El artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula cómo se ponderan los datos personales en las solicitudes de acceso a la información pública.
1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.
2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.
Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios:
a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.
d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.
4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.
5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.
Datos clave
- Datos de ideología, afiliación sindical, religión o creencias: acceso solo con consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que este los hubiese hecho manifiestamente públicos.
- Datos de origen racial, salud, vida sexual, genéticos, biométricos o de infracciones sin amonestación pública: consentimiento expreso o amparo en norma con rango de ley.
- Con carácter general se concede el acceso a datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
- Sin datos especialmente protegidos, el acceso exige una ponderación suficientemente razonada entre el interés público y los derechos de los afectados.
- Entre los criterios de ponderación figuran los plazos del artículo 57 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, y los fines históricos, científicos o estadísticos.
- No se aplican estas reglas si el acceso se efectúa previa disociación de los datos personales.
- El tratamiento posterior de los datos obtenidos se somete a la normativa de protección de datos.
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Cómo se pesan los datos personales al resolver una solicitud de acceso: dos niveles de datos especialmente protegidos con requisitos distintos, acceso general a los meramente identificativos y ponderación razonada para el resto.
Esquema
| Ideología, sindicato, religión, creencias | Origen racial, salud, vida sexual, genéticos, biométricos, infracciones | |
|---|---|---|
| Consentimiento | Expreso y por escrito | Expreso |
| Alternativa | Que el afectado los hubiese hecho manifiestamente públicos antes | Amparo en norma con rango de ley |
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Artículo 18. Causas de inadmisión.
1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.
e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.
2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.
Datos clave
- Las causas de inadmisión se aplican mediante resolución motivada.
- Se inadmite la información en curso de elaboración o de publicación general y la de carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes internos).
- También la que requiera una acción previa de reelaboración.
- Y las solicitudes dirigidas a un órgano que no tenga la información cuando se desconozca el competente, o las manifiestamente repetitivas o abusivas.
- En el caso de órgano sin la información, la resolución debe indicar el órgano que se considera competente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera los casos en que una solicitud de acceso se inadmite a trámite sin entrar en el fondo, siempre mediante resolución motivada.
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Artículo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto la regulación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, como instrumento para facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad de los poderes públicos y de las entidades con financiación pública, promoviendo el ejercicio responsable de dicha actividad y el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena.
Datos clave
- Ámbito: Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Transparencia en doble vertiente: publicidad activa y derecho de acceso a la información pública.
- Finalidad: facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad de los poderes públicos y de las entidades con financiación pública.
- Promueve el ejercicio responsable de dicha actividad y una conciencia ciudadana y democrática plena.
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La ley andaluza de transparencia tiene dos vertientes, publicidad activa y derecho de acceso, y sirve para que la ciudadanía conozca la actividad de los poderes públicos y de las entidades con financiación pública.
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Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Información pública: los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
b) Publicidad activa: la obligación de las personas y entidades a las que hacen referencia los artículos 3 y 5 de hacer pública por propia iniciativa, en los términos previstos en la presente ley, la información pública de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación pública.
c) Acceso a la información pública: posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades sujetas al ámbito de la presente ley con seguridad sobre su veracidad y sin más requisitos que los establecidos en la misma y en la normativa básica estatal.
d) Portal de la Junta de Andalucía: dirección electrónica disponible a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, que tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía toda clase de servicios e informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma de Andalucía de manera totalmente gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la información y atención a la ciudadanía y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos.
Datos clave
- Información pública: contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
- Publicidad activa: obligación de los sujetos de los artículos 3 y 5 de publicar por propia iniciativa.
- Acceso a la información pública: con seguridad sobre su veracidad y sin más requisitos que los de la ley y la normativa básica estatal.
- Portal de la Junta de Andalucía: dirección electrónica de titularidad de la Administración de la Junta, de acceso totalmente gratuito.
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Cuatro definiciones base: información pública, publicidad activa, acceso a la información pública y Portal de la Junta de Andalucía. La clave es que la información lo es por estar en poder de la entidad y haberse elaborado o adquirido en sus funciones.
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Artículo 3. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. Las disposiciones de esta ley se aplicarán a:
a) La Administración de la Junta de Andalucía.
b) El Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo Económico y Social de Andalucía y el Consejo Audiovisual de Andalucía.
c) Las agencias de la Administración de la Junta de Andalucía, sean administrativas, de régimen especial o públicas empresariales, así como las entidades de derecho público a las que hace referencia la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
d) Las entidades que integran la Administración local andaluza.
e) Los entes instrumentales de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones locales andaluzas y, en particular, las agencias públicas administrativas locales, las agencias públicas empresariales locales y las agencias locales de régimen especial.
f) Las universidades públicas andaluzas y sus entidades instrumentales, como pueden ser las sociedades mercantiles de capital mayoritario de las universidades y las fundaciones públicas universitarias.
g) Cualesquiera otras entidades de derecho público con personalidad jurídica vinculadas a las administraciones públicas andaluzas o dependientes de ellas.
h) Las corporaciones de derecho público andaluzas y entidades asimilables, como federaciones y clubes deportivos, en lo relativo a sus actividades sujetas al Derecho administrativo.
i) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por ciento. En todo caso, las sociedades mercantiles del sector público andaluz a las que se refiere el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y las sociedades mercantiles locales y las sociedades interlocales de los artículos 38 y 39 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, o normativa que las sustituya.
j) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones dependientes de las entidades contempladas en este artículo. En todo caso, las fundaciones del sector público andaluz del artículo 55 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y las fundaciones públicas locales del artículo 40 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, o normativa que las sustituya.
k) Las asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, les resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley será llevado a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación.
l) Las demás entidades con personalidad jurídica propia no incluidas en los apartados anteriores, en las que sea mayoritaria la representación, directa o indirecta, de la Administración de la Junta de Andalucía, a las que hace referencia el artículo 5.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
m) Los consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica a los que hace referencia el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
n) Los fondos a los que hace referencia el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
2. El Parlamento de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía estarán sujetos a la legislación básica del Estado en la materia y a las disposiciones de la presente ley en lo que afecta al ejercicio de sus funciones de carácter administrativo, sin perjuicio de lo que establezca el Parlamento de Andalucía en ejercicio de la autonomía que le garantiza el artículo 102 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
3. A los efectos de lo previsto en los artículos 4.4, 12, 13 y 14 de esta ley, se entienden por administraciones públicas andaluzas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a g) del apartado 1.
4. El ámbito previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las obligaciones concretas que establece esta ley para otros órganos o entidades.
Datos clave
- Incluye la Administración de la Junta de Andalucía, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social y el Consejo Audiovisual de Andalucía.
- Agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales de la Junta.
- Sociedades mercantiles con participación directa o indirecta superior al 50 por ciento.
- Corporaciones de derecho público y entidades asimilables (federaciones y clubes deportivos), solo en sus actividades sujetas al Derecho administrativo.
- Órganos de cooperación sin estructura propia: cumple la Administración que ostente la Secretaría.
- Parlamento, Defensor del Pueblo Andaluz y Cámara de Cuentas: sujetos en sus funciones de carácter administrativo (art. 102 del Estatuto).
- Administraciones públicas andaluzas, a efectos de los artículos 4.4, 12, 13 y 14: entidades de las letras a) a g) del apartado 1.
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Lista de los sujetos a los que se aplica la ley (letras a) a n) del apartado 1), régimen especial del Parlamento, Defensor del Pueblo Andaluz y Cámara de Cuentas, y qué se entiende por administraciones públicas andaluzas.
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Artículo 4. Obligación de suministrar información.
1. Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en el artículo anterior que presten servicios públicos o ejerzan funciones delegadas de control u otro tipo de funciones administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 3.1 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellas de las obligaciones previstas en esta ley, sin perjuicio de los plazos que puedan establecer las entidades locales en ejercicio de su autonomía.
2. Esta obligación se extenderá a las personas adjudicatarias de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato. A estos efectos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento contractual equivalente especificarán dicha obligación.
3. Esta obligación será igualmente exigible a las personas beneficiarias de las subvenciones en los términos previstos en las bases reguladoras de las subvenciones y en la resolución de concesión. A estos efectos, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, las resoluciones de concesión o los convenios que instrumenten la concesión de subvenciones recogerán de forma expresa esta obligación.
4. Las administraciones públicas andaluzas podrán acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido. La multa, de 100 a 1.000 euros, será reiterada por períodos de quince días hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del 5% del importe del contrato, subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la prestación de los servicios. Si en dicho instrumento no figurara una cuantía concreta, la multa no excederá de 3.000 euros. Para la determinación del importe se atenderá a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad, entre otros.
5. Los medios personales y materiales necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo serán valorados por las administraciones, organismos o entidades previstas en el artículo 3.1 y, a tal fin, deberán establecerse las previsiones necesarias en los contratos del sector público y en las bases reguladoras de las subvenciones para posibilitar su observancia.
Datos clave
- Obligados: prestadores de servicios públicos o quienes ejerzan funciones administrativas delegadas.
- Plazo para suministrar la información, previo requerimiento: quince días.
- Se extiende a los adjudicatarios de contratos del sector público y a los beneficiarios de subvenciones.
- Multas coercitivas de 100 a 1.000 euros, reiteradas por períodos de quince días, previo apercibimiento y audiencia.
- Límite total: 5% del importe del contrato, subvención o instrumento; sin cuantía concreta, máximo 3.000 euros.
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Los particulares que prestan servicios públicos o ejercen funciones administrativas, los adjudicatarios de contratos y los beneficiarios de subvenciones deben dar información en quince días, bajo amenaza de multas coercitivas.
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Artículo 5. Otros sujetos obligados.
1. Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, en todo caso, y las iglesias, confesiones, comunidades y otras entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, las corporaciones, asociaciones, instituciones, entidades representativas de intereses colectivos y otras entidades que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 por ciento del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros, deberán cumplir las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica.
No obstante, con independencia de los límites anteriores, cuando estas entidades accedan a la financiación de sus actividades y funcionamiento ordinario a través de subvenciones y ayudas financiadas con cargo al presupuesto de la Junta de Andalucía, podrán ser sometidas, además, a exigencias de publicidad específicas aplicando criterios de transparencia análogos a los previstos en materia de publicidad activa en esta ley para las entidades sujetas, en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo de esta ley y las correspondientes convocatorias, respetando en todo caso la naturaleza privada de estas entidades y las finalidades que las mismas tienen reconocidas.
2. Asimismo las normas reguladoras de los conciertos y otras formas de participación de entidades privadas en los sistemas públicos de educación y deportes, sanidad y servicios sociales establecerán aquellas obligaciones de publicidad activa, de entre las que establece la presente ley, que deban cumplir estas entidades para colaborar en la prestación de estos servicios sufragados con fondos públicos. Estas obligaciones se incluirán en los pliegos o documentos contractuales equivalentes que correspondan.
3. Además de lo previsto en el artículo 4, las empresas prestadoras de servicios públicos locales en régimen de gestión indirecta deberán cumplir con las obligaciones de publicidad activa, de entre las previstas en esta ley, que se determinen reglamentariamente para hacer efectivo el principio de transparencia financiera y en la gestión de los servicios locales de interés general previsto en el artículo 27.8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que tendrán el carácter de comunes y mínimas y podrán ser complementadas con otras por las entidades locales. Las ordenanzas reguladoras de la prestación del servicio público y los pliegos o documentos equivalentes habrán de recoger dichas obligaciones de publicidad activa.
Datos clave
- Partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales: obligados en todo caso.
- Otras entidades: ayudas o subvenciones superiores a 100.000 euros en un año, o al menos el 40 por ciento de sus ingresos anuales con un mínimo de 5.000 euros.
- Cumplen las obligaciones de transparencia de la legislación básica.
- Financiación con cargo al presupuesto de la Junta: posibles exigencias de publicidad específicas, respetando su naturaleza privada.
- Conciertos en educación y deportes, sanidad y servicios sociales: obligaciones de publicidad activa en sus normas reguladoras y pliegos.
- Empresas de servicios públicos locales en gestión indirecta: obligaciones reglamentarias comunes y mínimas (art. 27.8 de la Ley 5/2010).
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Partidos, sindicatos y organizaciones empresariales siempre, y otras entidades privadas según las ayudas que reciban, cumplen la transparencia de la legislación básica; también conciertos y gestores indirectos de servicios locales.
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Artículo 6. Principios básicos.
Se tendrán en cuenta en la interpretación y aplicación de la presente ley los siguientes principios básicos:
a) Principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley.
b) Principio de libre acceso a la información pública, en cuya virtud cualquier persona puede solicitar el acceso a la información pública.
c) Principio de responsabilidad, en cuya virtud las entidades sujetas a lo dispuesto en la presente ley son responsables del cumplimiento de sus prescripciones.
d) Principio de no discriminación tecnológica, en cuya virtud las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la presente ley habrán de arbitrar los medios necesarios para hacer efectiva la transparencia, con independencia del medio de acceso a la información.
e) Principio de veracidad, en cuya virtud la información pública ha de ser cierta y exacta, asegurando que procede de documentos respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia.
f) Principio de utilidad, en cuya virtud la información pública que se suministre, siempre que sea posible, ha de ser adecuada al cumplimiento de los fines para los que se solicite.
g) Principio de gratuidad, en cuya virtud el acceso a la información y las solicitudes de acceso serán gratuitos, sin perjuicio de las exacciones que puedan establecerse por la expedición de copias o soportes o la transposición de la información a un formato diferente al original.
h) Principio de facilidad y comprensión, en cuya virtud la información se facilitará de la forma que resulte más simple e inteligible atendiendo a la naturaleza de la misma y a las necesidades de las personas con circunstancias especiales que les dificulten el ejercicio del derecho.
i) Principio de accesibilidad, por el que se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.
j) Principio de interoperabilidad, en cuya virtud la información será publicada conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad.
k) Principio de reutilización, en cuya virtud se fomentará que la información sea publicada en formatos que permitan su reutilización, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de reutilización de la información del sector público.
Datos clave
- Once principios básicos (letras a a k) para la interpretación y aplicación de la ley.
- Transparencia: toda la información pública es en principio accesible.
- Libre acceso: cualquier persona puede solicitar el acceso a la información pública.
- Veracidad: autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia.
- Gratuidad: acceso y solicitudes gratuitos, sin perjuicio de exacciones por copias, soportes o transposición a un formato diferente.
- Interoperabilidad: publicación conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- Resto: responsabilidad, no discriminación tecnológica, utilidad, facilidad y comprensión, accesibilidad y reutilización.
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Los principios básicos guían la interpretación y aplicación de la ley, desde la transparencia y el libre acceso hasta la interoperabilidad y la reutilización; cada uno tiene una idea concreta que suele preguntarse.
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Artículo 7. Derechos.
Se reconocen los siguientes derechos:
a) Derecho a la publicidad activa. Consiste en el derecho de cualquier persona a que los poderes públicos publiquen, en cumplimiento de la presente ley, de forma periódica y actualizada, la información veraz cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
b) Derecho de acceso a la información pública. Consiste en el derecho de cualquier persona a acceder, en los términos previstos en esta ley, a los contenidos o documentos que obren en poder de cualesquiera de las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
c) Derecho a obtener una resolución motivada. Consiste en el derecho de la persona solicitante a que sean motivadas las resoluciones que inadmitan a trámite la solicitud de acceso, que denieguen el acceso, que concedan el acceso tanto parcial como a través de una modalidad distinta a la solicitada, así como las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de una tercera persona interesada.
d) Derecho al uso de la información obtenida. Consiste en el derecho a utilizar la información obtenida sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones de las que deriven de esta u otras leyes.
Datos clave
- Cuatro derechos: publicidad activa, acceso a la información pública, resolución motivada y uso de la información obtenida.
- Publicidad activa y acceso: corresponden a cualquier persona.
- Resolución motivada: inadmisiones, denegaciones, acceso parcial o en modalidad distinta y acceso con oposición de tercero.
- Uso de la información obtenida sin necesidad de autorización previa.
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Cuatro derechos: a la publicidad activa, de acceso, a obtener una resolución motivada y al uso de la información obtenida. Lo que más cae es qué resoluciones deben motivarse.
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Artículo 8. Obligaciones.
Las personas que accedan a información pública en aplicación de lo dispuesto en la presente ley estarán sometidas al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho.
b) Realizar el acceso a la información de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, concretándose lo más precisamente posible la petición. A estos efectos la Administración colaborará con la persona solicitante en los términos previstos en el artículo 31.
c) Respetar las obligaciones establecidas en la normativa básica para la reutilización de la información obtenida.
d) Cumplir las condiciones y requisitos materiales para el acceso que se hayan señalado en la correspondiente resolución cuando el acceso se realice de forma presencial en un archivo o dependencia pública.
Datos clave
- Ejercer el derecho con buena fe e interdicción del abuso de derecho.
- Concretar la petición lo más precisamente posible sin afectar a la eficacia de los servicios públicos (colaboración de la Administración, art. 31).
- Respetar la normativa básica de reutilización.
- Cumplir las condiciones materiales del acceso presencial en archivo o dependencia pública.
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Quien accede a información pública asume cuatro obligaciones: buena fe, no entorpecer los servicios concretando su petición, respetar las reglas de reutilización y cumplir las condiciones del acceso presencial.
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Artículo 9. Normas generales.
1. Las personas y entidades enumeradas en el artículo 3 publicarán de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada la información pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y el control de la actuación pública por parte de la ciudadanía y de la sociedad en general y favorecer la participación ciudadana en la misma.
En este sentido, adoptarán las medidas oportunas para asegurar la difusión de la información pública y su puesta a disposición de la ciudadanía de la manera más amplia y sistemática posible.
2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este título tienen carácter de mínimas y generales y se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en la normativa básica y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.
4. La información pública objeto de publicidad activa estará disponible en las sedes electrónicas, portales o páginas web de las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley de una manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y la no discriminación tecnológica, con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones e incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellas personas o colectivos que lo requieran.
Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas por dichas entidades.
5. Toda la información estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
6. En la redacción de la información que tenga la consideración de publicidad activa, se prestará especial atención a lo previsto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en lo referente a la utilización de lenguaje no sexista ni discriminatorio.
7. Toda la información pública señalada en este título se publicará y actualizará, con carácter general, trimestralmente, salvo que la normativa específica establezca otros plazos atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate y sin perjuicio de los plazos que puedan establecer las entidades locales en ejercicio de su autonomía o de la potestad de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales para publicar toda la información pública que estime conveniente en plazos más breves.
8. La publicidad activa prevista en este título se configurará de forma que permita la participación ciudadana que sea consecuencia de la información facilitada.
Datos clave
- Publicación de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada por los sujetos del artículo 3.
- Las obligaciones de transparencia tienen carácter de mínimas y generales.
- Datos especialmente protegidos: publicidad solo previa disociación.
- Publicación y actualización, con carácter general, trimestral.
- Entidades sin ánimo de lucro con presupuesto inferior a 50.000 euros: pueden usar los medios electrónicos de la Administración que más las subvencione.
- Lenguaje no sexista ni discriminatorio conforme a la Ley 12/2007, de 26 de noviembre.
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Reglas generales de la publicidad activa: obligaciones mínimas, límites de protección de datos, publicación en sedes y portales accesibles, lenguaje no sexista y actualización trimestral como regla general.
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Artículo 10. Información institucional y organizativa.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley publicarán, en lo que les sea aplicable, información relativa a:
a) Las funciones que desarrollan.
b) La normativa que les sea de aplicación y, en particular, los estatutos y normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales.
c) Su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a las personas responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional y la identificación de las personas responsables de las unidades administrativas.
d) Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico.
e) Delegaciones de competencias vigentes.
f) Relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen.
g) Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento equivalente referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones anuales.
h) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos.
i) Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes.
j) La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.
k) Los procesos de selección del personal.
l) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal y el número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.
m) Las agendas institucionales de los gobiernos.
2. La Administración de la Junta de Andalucía publicará, además, la siguiente información:
a) El inventario de entes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) El Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los términos que se establezcan reglamentariamente.
c) Plan e informe anual de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía.
3. Las entidades locales de Andalucía publicarán, además, la información cuya publicidad viene establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones plenarias.
Datos clave
- Trece contenidos generales (letras a a m) para todas las entidades sujetas.
- Organigrama actualizado con responsables, su perfil y trayectoria profesional.
- Relaciones de puestos de trabajo, catálogos o equivalentes con indicación de las retribuciones anuales.
- Miembros de los órganos de representación del personal y número de personas con dispensa total de asistencia al trabajo.
- Junta de Andalucía: inventario de entes, Inventario General de Bienes y Derechos y plan e informe anual de la Inspección General de Servicios.
- Entidades locales: información de la Ley 5/2010 y actas de las sesiones plenarias.
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Qué información institucional y organizativa se publica: una lista común de materias para todas las entidades, tres más para la Junta y, para las entidades locales, lo de la Ley 5/2010 y las actas plenarias.
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Artículo 11. Información sobre altos cargos y personas que ejerzan la máxima responsabilidad de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley.
El artículo 11 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, establece que las entidades previstas en el artículo 3 deberán hacer pública la siguiente información:
a) La identificación de los altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa sobre incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.
b) Las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por los altos cargos y por las personas que ejerzan la máxima responsabilidad en las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de la ley.
c) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el cargo.
d) Las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, así como las resoluciones de autorización del desarrollo de actividades durante el desempeño del cargo o tras el cese en el mismo.
e) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
Datos clave
- Obligadas: las entidades previstas en el artículo 3.
- Identificación de los altos cargos sujetos a la normativa de incompatibilidades de la Junta de Andalucía.
- Retribuciones anuales de cualquier naturaleza de los altos cargos y de los máximos responsables de las entidades.
- Indemnizaciones percibidas con ocasión del cese.
- Declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos y autorizaciones de actividades durante el cargo o tras el cese.
- Representantes locales: declaraciones anuales según la Ley 7/1985; se omite la localización concreta de los inmuebles.
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Publicidad activa sobre altos cargos en Andalucía: quiénes son, cuánto cobran, qué indemnizaciones reciben al cesar, sus declaraciones y autorizaciones, y las declaraciones de bienes de los representantes locales.
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Artículo 12. Información sobre planificación y evaluación.
1. Las administraciones públicas, las sociedades mercantiles y las fundaciones públicas andaluzas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración. A esos efectos, se considera evaluación de políticas públicas el proceso sistemático de generación de conocimiento encaminado a la comprensión integral de una intervención pública para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias respecto de su diseño, puesta en práctica, resultados e impactos. Su finalidad es contribuir a la mejora de las intervenciones públicas e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.
2. Los planes y programas a los que se refiere el apartado anterior se publicarán tan pronto sean aprobados y, en todo caso, en el plazo máximo de 20 días, y permanecerán publicados mientras estén vigentes, sin perjuicio de plazos más breves que puedan establecer las entidades locales en ejercicio de su autonomía.
Datos clave
- Obligadas: administraciones públicas, sociedades mercantiles y fundaciones públicas andaluzas.
- Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto.
- Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento con indicadores de medida y valoración.
- Evaluación de políticas públicas: proceso sistemático de generación de conocimiento para un juicio valorativo basado en evidencias.
- Publicación tan pronto se aprueben y en el plazo máximo de 20 días; permanecen publicados mientras estén vigentes.
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Los planes y programas con objetivos concretos se publican y se evalúan con indicadores; la publicación debe hacerse tan pronto se aprueben y como máximo en 20 días, y se mantiene mientras estén vigentes.
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Artículo 13. Información de relevancia jurídica.
El artículo 13 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, regula la información de relevancia jurídica que debe publicarse.
1. Las administraciones públicas andaluzas, en el ámbito de sus competencias y funciones, publicarán:
a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
b) Los anteproyectos de ley cuando, tras la preceptiva elevación por la Consejería competente, sean conocidos por el Consejo de Gobierno. Asimismo, los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos se publicarán cuando se soliciten los dictámenes, en su caso, al Consejo Económico y Social de Andalucía y al Consejo Consultivo de Andalucía. Y, finalmente, los proyectos de ley tras su aprobación por el Consejo de Gobierno.
c) Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda se harán públicos en el momento en que, en su caso, se sometan al trámite de audiencia o información pública. Asimismo, se publicarán cuando se solicite, en su caso, el dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía y el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. La publicación de los proyectos de reglamentos no supondrá, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. En el ámbito de las entidades locales, una vez efectuada la aprobación inicial de la ordenanza o reglamento local por el Pleno de la Corporación, deberá publicarse el texto de la versión inicial, sin perjuicio de otras exigencias que pudieran establecerse por las entidades locales en ejercicio de su autonomía.
d) La Memoria de Análisis de Impacto Normativo, así como cualquier otro informe que conforme los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad de estos.
e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.
f) Relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.
2. La Administración de la Junta de Andalucía mantendrá permanentemente actualizada y a disposición de la ciudadanía la normativa vigente de la Comunidad Autónoma.
3. La Administración de la Junta de Andalucía publicará una relación de las competencias y traspasos de funciones y servicios asumidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Datos clave
- Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas que interpreten el Derecho o tengan efectos jurídicos.
- Anteproyectos de ley: al conocerlos el Consejo de Gobierno y al solicitarse dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo; proyectos de ley, tras su aprobación.
- Proyectos de reglamentos: al someterse a audiencia o información pública y al solicitarse dictámenes; no implica necesariamente trámite de audiencia.
- Entidades locales: publicación de la versión inicial tras la aprobación inicial por el Pleno.
- Memoria de Análisis de Impacto Normativo e informes de los expedientes normativos.
- Junta de Andalucía: normativa vigente actualizada y relación de competencias y traspasos asumidos.
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Información jurídica que publican las administraciones andaluzas: criterios interpretativos, textos normativos en elaboración con sus momentos de publicación, memorias e informes, documentos en información pública y normas en curso.
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Artículo 14. Información sobre procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana.
Las administraciones públicas andaluzas publicarán la información relativa a:
a) El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación de su objeto, trámites y plazos, así como en su caso los formularios que tengan asociados. Se indicará específicamente aquellos procedimientos que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica.
b) Las cartas de servicios elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona la Comunidad Autónoma de Andalucía, los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración.
c) Una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuentren en trámite.
Datos clave
- Obligadas: las administraciones públicas andaluzas.
- Catálogo actualizado de procedimientos con objeto, trámites, plazos y formularios, indicando los que admiten tramitación electrónica total o parcial.
- Cartas de servicios e informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos.
- Relación de procedimientos en trámite en los que sea posible la participación de la ciudadanía.
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Las administraciones públicas andaluzas publican tres cosas: el catálogo de procedimientos (indicando los que admiten tramitación electrónica), las cartas de servicios con sus informes de cumplimiento y los procedimientos abiertos a participación ciudadana.
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Artículo 15. Información sobre contratos, convenios y subvenciones.
Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley deberán hacer pública la información relativa a la gestión administrativa que se indica a continuación:
a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y prórrogas del contrato y la indicación de los procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.
La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente.
Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, personas obligadas a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de la convocatoria o la resolución de concesión en el caso de subvenciones excepcionales, el programa y crédito presupuestario al que se imputan, su importe, objetivo o finalidad y personas beneficiarias. No obstante, las subvenciones cofinanciadas con fondos agrícolas europeos se regirán, en lo que se refiere a la publicación de la información sobre los beneficiarios, por lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Reglamento (UE) número 1306/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, o norma que la sustituya.
Datos clave
- Contratos: objeto, duración, importes de licitación y adjudicación, procedimiento, número de licitadores e identidad del adjudicatario.
- También modificaciones, prórrogas, procedimientos desiertos, resoluciones, nulidades, revisiones de precios, cesiones, desistimientos, renuncias y subcontrataciones.
- Contratos menores: publicación que podrá realizarse trimestralmente.
- Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario adjudicado por cada procedimiento.
- Convenios y encomiendas de gestión con partes, objeto, plazo y obligaciones económicas.
- Subvenciones: convocatoria o resolución, programa y crédito, importe, objetivo y beneficiarios; fondos agrícolas europeos, artículos 111 y 112 del Reglamento (UE) 1306/2013.
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Publicidad de contratos, convenios, encomiendas y subvenciones con sus datos esenciales; los contratos menores pueden publicarse trimestralmente y las ayudas agrícolas europeas siguen su reglamento propio.
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Artículo 16. Información económica, financiera y presupuestaria.
Las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley deberán, en su caso, hacer pública, como mínimo, la información con repercusión económica o presupuestaria que se indica a continuación:
a) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas y la información de las actuaciones de control en los términos que se establezcan reglamentariamente.
b) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellas se emitan.
c) La información básica sobre la financiación de la Comunidad Autónoma con indicación de los diferentes instrumentos de financiación.
d) La Deuda Pública de la Administración con indicación de su evolución, del endeudamiento por habitante y del endeudamiento relativo.
e) El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.
Datos clave
- Deben publicarse los presupuestos, con sus principales partidas, su estado de ejecución y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- También las cuentas anuales y los informes de auditoría y de fiscalización de los órganos de control externo.
- La información básica sobre la financiación de la Comunidad Autónoma, con sus instrumentos de financiación.
- La Deuda Pública, con su evolución, el endeudamiento por habitante y el endeudamiento relativo.
- El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.
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Información económica mínima: presupuestos y su ejecución, cuentas anuales con auditorías, financiación de la Comunidad Autónoma, deuda pública y gasto en publicidad institucional.
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Artículo 17. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa.
1. En aras de una mayor transparencia en la actividad del sector público andaluz, se fomentará la inclusión de cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía. En este sentido, deberá incluirse aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración de la Junta de Andalucía publicará, en la medida en que las posibilidades técnicas y jurídicas lo permitan, toda la información que se haya facilitado en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
3. El Consejo de Gobierno y las entidades locales, en su ámbito competencial y de autonomía, podrán ampliar reglamentariamente las obligaciones de publicación contempladas en el presente título.
Datos clave
- Se fomentará la inclusión de cualquier otra información pública de interés, y deberá incluirse la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
- La Administración de la Junta publicará, en la medida de lo posible, toda la información facilitada en el ejercicio del derecho de acceso.
- El Consejo de Gobierno y las entidades locales pueden ampliar reglamentariamente las obligaciones de publicación.
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Las obligaciones de publicidad activa pueden ampliarse: debe incluirse lo que más se solicita, la Junta publica lo facilitado por derecho de acceso y Consejo de Gobierno y entidades locales pueden ampliar por reglamento.
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Artículo 18. Acceso a la publicidad activa.
1. La información pública objeto de publicidad activa, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, estará disponible a través del Portal de la Junta de Andalucía.
2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este título. Esta colaboración podrá instrumentarse mediante la suscripción de convenios interadministrativos.
Datos clave
- La publicidad activa de la Junta y sus entidades instrumentales está disponible a través del Portal de la Junta de Andalucía.
- La Junta puede adoptar medidas complementarias y de colaboración con otras administraciones públicas.
- La colaboración puede instrumentarse mediante convenios interadministrativos.
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La publicidad activa de la Junta y de sus entidades instrumentales se ofrece a través del Portal de la Junta de Andalucía; la Junta puede colaborar con otras administraciones mediante convenios.
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Artículo 19. Reutilización de la información.
1. Se podrá reutilizar la información a la que se refieren los artículos anteriores dentro de los límites establecidos por la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y demás normativa vigente en la materia.
2. A estos efectos, la información que tenga la consideración de publicidad activa se ofrecerá, siempre que sea técnicamente posible, en formatos electrónicos que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento. La información deberá utilizar estándares abiertos en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Datos clave
- Reutilización dentro de los límites de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
- La publicidad activa se ofrece, siempre que sea técnicamente posible, en formatos electrónicos que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento.
- Uso de estándares abiertos en los términos de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
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La información publicada puede reutilizarse dentro de los límites de la Ley 37/2007; la publicidad activa se ofrece, si es técnicamente posible, en formatos reutilizables y con estándares abiertos.
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Artículo 20. Auxilio institucional.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18.2, aquellos municipios de menor población o con insuficiente capacidad económica y de gestión podrán cumplir las obligaciones de publicidad activa previstas en el presente título acudiendo a la asistencia técnica de la provincia al municipio, prevista en el artículo 12 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, o conforme a lo previsto en el artículo 54 de la citada ley, con respecto a la publicación en sede electrónica de la respectiva Diputación Provincial.
Datos clave
- Lo pueden usar los municipios de menor población o con insuficiente capacidad económica y de gestión.
- Pueden cumplir la publicidad activa con la asistencia técnica de la provincia prevista en el artículo 12 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.
- También pueden publicar en la sede electrónica de la Diputación Provincial, conforme al artículo 54 de esa ley.
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Los municipios pequeños o con poca capacidad pueden cumplir la publicidad activa con ayuda de la provincia: asistencia técnica o publicación en la sede electrónica de la Diputación.
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Artículo 21. Publicidad de los plenos de las entidades locales.
Cuando las entidades locales celebren sesiones plenarias, facilitarán, salvo que concurran causas justificadas de imposibilidad técnica o económica, su acceso a través de Internet, bien transmitiendo la sesión, bien dando acceso al archivo audiovisual grabado una vez celebrada la misma. En todo caso, las personas asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios medios, respetando el funcionamiento ordinario de la institución.
Datos clave
- Las entidades locales facilitarán el acceso por Internet a sus sesiones plenarias, salvo causas justificadas de imposibilidad técnica o económica.
- Pueden transmitir la sesión o dar acceso al archivo audiovisual grabado una vez celebrada.
- Las personas asistentes pueden grabar las sesiones por sus propios medios, respetando el funcionamiento ordinario de la institución.
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Los plenos locales deben poder seguirse por Internet, en directo o en diferido, salvo imposibilidad técnica o económica justificada; y cualquier asistente puede grabarlos con sus propios medios.
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Artículo 22. Transparencia del funcionamiento de los gobiernos.
1. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y los órganos colegiados de gobierno de los ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades de municipios, sin perjuicio del secreto o reserva de sus deliberaciones, harán públicos con carácter previo a la celebración de sus reuniones el orden del día previsto y, una vez celebradas, los acuerdos que se hayan aprobado, así como la información contenida en el expediente que se haya sometido a su consideración, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
2. A efectos del cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, y para preservar el respeto a los límites aplicables a la publicidad activa establecidos en esta ley, las consejerías proponentes determinarán con ocasión de la remisión del expediente al Consejo de Gobierno la información respecto de la que deba mantenerse alguna reserva, de acuerdo con la normativa aplicable. La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras establecerá los criterios de coordinación que sean convenientes.
Datos clave
- El Consejo de Gobierno y los órganos colegiados de gobierno de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades publican antes de sus reuniones el orden del día previsto.
- Una vez celebradas, publican los acuerdos aprobados y la información del expediente sometido a su consideración.
- Todo ello sin perjuicio del secreto o reserva de sus deliberaciones.
- Las consejerías proponentes determinan, al remitir el expediente, la información que debe mantenerse reservada.
- La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras establece los criterios de coordinación.
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Los gobiernos colegiados publican el orden del día antes de reunirse y, después, los acuerdos y la información del expediente, sin perjuicio del secreto de sus deliberaciones.
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Artículo 23. Control.
Sin perjuicio del control interno que establezca cada entidad o Administración de acuerdo con sus propias normas organizativas, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía podrá efectuar, por iniciativa propia o como consecuencia de denuncia, requerimientos para la subsanación de los incumplimientos que pudieran producirse de las obligaciones establecidas en este título.
Datos clave
- El control externo de la publicidad activa corresponde al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
- Actúa por iniciativa propia o como consecuencia de denuncia.
- Puede efectuar requerimientos para la subsanación de los incumplimientos.
- Se entiende sin perjuicio del control interno de cada entidad o Administración.
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El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía puede requerir que se subsanen los incumplimientos de publicidad activa, de oficio o por denuncia, sin perjuicio del control interno de cada entidad.
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Artículo 24. Derecho de acceso a la información pública.
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública veraz en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución española y su legislación de desarrollo, y el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley.
Datos clave
- Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública veraz.
- El derecho se ejerce en los términos del artículo 105.b) de la Constitución y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- Solo tiene las limitaciones contempladas en la Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública veraz, con base en el artículo 105.b) de la Constitución y el artículo 31 del Estatuto de Autonomía, sin más limitaciones que las legales.
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Artículo 25. Límites al derecho de acceso a la información pública.
1. El derecho de acceso a la información pública sólo podrá ser restringido o denegado en los términos previstos en la legislación básica.
2. Las limitaciones al derecho de acceso sólo serán de aplicación durante el período de tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que las justifique. Su aplicación será valorada con respecto a la posibilidad de facilitar el acceso parcial.
3. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.
4. Las resoluciones que restrinjan o denieguen el derecho de acceso serán objeto de publicidad, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso, se hará constar esta circunstancia al desestimarse la solicitud.
Datos clave
- El acceso solo puede restringirse o denegarse en los términos de la legislación básica.
- Los límites se aplican durante el tiempo fijado por las leyes o mientras se mantenga la razón que los justifique, valorando el acceso parcial.
- Su aplicación será justificada y proporcionada, atendiendo a la concurrencia de un interés público o privado superior.
- Las resoluciones que restrinjan o denieguen el acceso se publican, previa disociación de los datos personales.
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Los límites al acceso son los de la legislación básica, temporales, justificados y proporcionados, ponderando el acceso parcial y el interés superior; las denegaciones se publican disociando datos personales.
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Artículo 26. Protección de datos personales.
De conformidad con lo previsto en la legislación básica de acceso a la información pública, para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que contengan datos personales de la propia persona solicitante o de terceras personas, se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Datos clave
- Se refiere a solicitudes de acceso con datos personales del propio solicitante o de terceras personas.
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
- Y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
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Cuando una solicitud de acceso contiene datos personales del solicitante o de terceros, se resuelve conforme a la Ley 19/2013 y la Ley Orgánica 15/1999.
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Artículo 27. Acceso parcial.
En el caso de que a la información solicitada le resulte de aplicación alguno de los límites a que se refiere el artículo 25 de esta ley, se otorgará, siempre que sea posible, el acceso parcial a la información pública, de conformidad con lo previsto en la Ley básica de acceso a la información pública.
Datos clave
- Si a la información solicitada se le aplica algún límite del artículo 25, se otorgará el acceso parcial siempre que sea posible.
- El acceso parcial se concede conforme a la Ley básica de acceso a la información pública.
- Los límites a los que remite el acceso parcial son los del artículo 25 de la Ley 1/2014.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si a la información pedida le afecta algún límite del artículo 25, se concede, siempre que sea posible, el acceso parcial conforme a la ley básica.
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Artículo 28. Procedimiento de acceso.
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta ley.
2. Será competente para la resolución del procedimiento el órgano o la entidad que lo sea en la materia a la que se refiera la información solicitada.
3. Cuando la persona interesada conozca la ubicación concreta de un documento o información en un archivo determinado, podrá dirigirse al órgano responsable del mismo en los términos previstos en la legislación en materia de archivos.
Datos clave
- El procedimiento de acceso se rige por la legislación básica de transparencia y por la Ley 1/2014.
- Es competente para resolver el órgano o entidad competente en la materia a la que se refiera la información.
- Si se conoce la ubicación concreta del documento en un archivo, cabe dirigirse al órgano responsable conforme a la legislación de archivos.
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El procedimiento de acceso se rige por la legislación básica y esta ley; resuelve el órgano competente por razón de la materia, y quien sabe en qué archivo está un documento puede dirigirse a su responsable.
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Artículo 29. Fomento de la tramitación electrónica.
1. Las personas o entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley promoverán la presentación de las solicitudes por vía telemática, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 6.d).
2. En todo caso tendrán disponibles en sus respectivas sedes electrónicas, portales o páginas web, al menos, los modelos normalizados de solicitud.
3. En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, la presentación electrónica de las solicitudes de acceso a la información pública se hará en el Portal de la Junta de Andalucía.
Datos clave
- Se promoverá la presentación telemática de las solicitudes, sin perjuicio del artículo 6.d).
- Las sedes electrónicas, portales o páginas web tendrán disponibles, al menos, los modelos normalizados de solicitud.
- En la Junta de Andalucía la presentación electrónica de las solicitudes se hace en el Portal de la Junta de Andalucía.
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Se promueve pedir información por vía telemática sin discriminar otros medios; los modelos normalizados deben estar siempre en la web y, en la Junta, las solicitudes electrónicas van por su Portal.
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Artículo 30. Reglas especiales relativas a las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso.
En relación a las causas de inadmisión señaladas en la legislación básica, se aplicarán las siguientes reglas:
a) En el supuesto de que se inadmita la solicitud porque la información esté en curso de elaboración o publicación general, la denegación de información deberá especificar el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición.
b) Los informes preceptivos no podrán ser considerados como información de carácter auxiliar o de apoyo para justificar la inadmisión de las solicitudes referidas a los mismos.
c) Asimismo, no se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.
Datos clave
- Si se inadmite por estar la información en curso de elaboración o publicación general, se indicará el órgano que la elabora y el tiempo previsto para su conclusión.
- Los informes preceptivos no pueden considerarse información auxiliar o de apoyo para inadmitir.
- No es reelaboración la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.
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Tres reglas que acotan las causas de inadmisión: la información en elaboración exige decir quién la elabora y cuándo estará, los informes preceptivos no son auxiliares y el tratamiento informático corriente no es reelaboración.
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Artículo 31. Deber de auxilio y colaboración.
1. Las entidades sujetas a esta ley establecerán en sus respectivas plataformas de información y guías de orientación, para facilitar a las personas que deseen ejercer el derecho de acceso, la orientación necesaria para localizar la información que solicitan y los órganos que la posean.
2. El personal al servicio de estas entidades está obligado a ayudar e informar a las personas que lo requieran sobre la forma y el lugar en que pueden presentar sus solicitudes de acceso a la información.
3. En el cumplimiento de los deberes establecidos en los apartados anteriores, se atenderá especialmente a las necesidades de las personas con discapacidad o con otras circunstancias personales que les dificulten el acceso a la información disponible en las administraciones públicas o a los medios electrónicos.
Datos clave
- Las entidades establecerán plataformas de información y guías de orientación para localizar la información y los órganos que la poseen.
- El personal está obligado a ayudar e informar sobre la forma y el lugar de presentación de las solicitudes de acceso.
- Se atenderá especialmente a las personas con discapacidad o con otras circunstancias que les dificulten el acceso.
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Las entidades deben orientar a quien quiere ejercer el derecho de acceso y su personal debe ayudarle a presentar la solicitud, con atención especial a las personas con discapacidad o con dificultades.
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Artículo 32. Plazo de resolución y notificación.
Las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En todo caso, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Dicha ampliación será notificada a la persona solicitante.
Datos clave
- Las solicitudes se resuelven y notifican en el menor plazo posible.
- En la Junta y sus entidades instrumentales el plazo máximo es de 20 días hábiles desde la recepción por el órgano competente para resolver.
- El plazo es prorrogable por igual período si el volumen o la complejidad de la información lo requiere.
- La ampliación se notifica a la persona solicitante.
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Las solicitudes se resuelven en el menor plazo posible; en la Junta y sus entidades instrumentales el máximo es de 20 días hábiles desde que las recibe el órgano competente, prorrogables por otros tantos.
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Artículo 33. Reclamaciones frente a las resoluciones.
1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Esta reclamación se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta ley.
2. Las resoluciones referentes al derecho de acceso a la información pública que sean dictadas por las instituciones y entidades a que se refiere el artículo 3.1.b) y 3.2 sólo serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
3. Las resoluciones del Consejo se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos que se establezcan reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados. La persona titular de la Dirección del Consejo comunicará al Defensor del Pueblo Andaluz las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.
Datos clave
- Frente a toda resolución expresa o presunta cabe reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
- La reclamación es potestativa y previa a la vía contencioso-administrativa.
- Las resoluciones de las entidades del artículo 3.1.b) y 3.2 solo son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
- Las resoluciones del Consejo se publican por medios electrónicos, previa disociación de datos personales, una vez notificadas.
- La Dirección del Consejo comunica sus resoluciones al Defensor del Pueblo Andaluz.
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Contra las resoluciones de acceso cabe reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia, previa al contencioso; pero las de los consejos consultivos y del Parlamento, Defensor y Cámara de Cuentas solo van al contencioso.
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Artículo 34. Materialización del acceso a la información pública.
1. La información solicitada se entregará a la persona solicitante en la forma y formato por ella elegidos, salvo que pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, no exista equipo técnico disponible para realizar la copia en ese formato, pueda afectar al derecho de propiedad intelectual o exista una forma o formato más sencilla o económica para el erario público. En todo caso, si la información que se proporcionase en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública fuese en formato electrónico, deberá suministrarse en estándar abierto o, en su defecto, deberá ser legible con aplicaciones informáticas que no requieran licencia comercial de uso.
2. Será gratuito el examen de la información solicitada en el sitio en que se encuentre, así como la entrega de información por medios electrónicos.
3. Las entidades y órganos obligados por la Ley elaborarán, publicarán y pondrán a disposición de las personas solicitantes de información pública el listado de las tasas y precios públicos que sean de aplicación a tales solicitudes, conforme a lo previsto en el artículo 6.g), así como los supuestos en los que no proceda pago alguno. En ningún caso, la imposibilidad o incapacidad de hacer frente a las tasas o precios públicos establecidos podrán ser causa para negar el acceso pleno a una información pública solicitada al amparo de la presente ley, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Datos clave
- La información se entrega en la forma y formato elegidos por el solicitante, salvo las excepciones legales.
- Si es electrónica, se suministra en estándar abierto o legible con aplicaciones que no requieran licencia comercial de uso.
- Es gratuito el examen in situ de la información y su entrega por medios electrónicos.
- Se publica el listado de tasas y precios públicos aplicables y los supuestos en que no procede pago.
- La imposibilidad de pagar tasas o precios públicos no puede ser causa para negar el acceso pleno.
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La información se entrega en la forma y formato elegidos salvo cuatro excepciones; el examen en el sitio y la entrega electrónica son gratuitos, y no poder pagar las tasas nunca impide el acceso pleno.
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Artículo 35. Integración de la transparencia en la gestión.
1. Las entidades a las que se refiere el artículo 3.1 de la presente ley establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de la ciudadanía en el funcionamiento de su organización interna.
2. Asimismo, establecerán medidas para facilitar la transversalidad de la transparencia en la actividad general de la organización.
Datos clave
- Las entidades del artículo 3.1 integrarán la gestión de las solicitudes de información en su organización interna.
- Establecerán medidas para facilitar la transversalidad de la transparencia en su actividad general.
- La obligación recae en las entidades a las que se refiere el artículo 3.1 de la ley.
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Las entidades del artículo 3.1 deben integrar la gestión de solicitudes de información en su organización interna y hacer transversal la transparencia en toda su actividad.
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Artículo 36. Conservación de la información.
1. Las entidades a las que se refiere el artículo 3.1 conservarán la información pública que obre en su poder o en el de otras personas o entidades en su nombre, en los términos establecidos en la normativa vigente.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, dicha información se conservará en estándares abiertos que garanticen su longevidad y manteniendo la capacidad de transformarlos automáticamente a formatos de fácil reproducción y acceso siempre que sea técnicamente posible.
Datos clave
- Las entidades del artículo 3.1 conservan la información pública en los términos de la normativa vigente.
- La conservación se hará en estándares abiertos que garanticen su longevidad.
- Se mantendrá la capacidad de transformarla automáticamente a formatos de fácil reproducción y acceso.
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Las entidades del artículo 3.1 conservan la información pública, también la que guardan terceros en su nombre, en estándares abiertos que garanticen su longevidad y su conversión a formatos accesibles.
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Artículo 37. Fomento de iniciativas de interoperabilidad.
La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la interoperabilidad de la información entre administraciones públicas, propiciando iniciativas conjuntas de intercambio de información entre las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley.
Datos clave
- La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la interoperabilidad de la información entre administraciones públicas.
- Propiciará iniciativas conjuntas de intercambio de información entre las entidades sujetas a la ley.
- El fomento de la interoperabilidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía.
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La Junta de Andalucía fomenta la interoperabilidad de la información entre administraciones, impulsando iniciativas conjuntas de intercambio entre los sujetos de la ley.
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Artículo 38. Formación.
Las administraciones públicas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley establecerán los oportunos instrumentos para facilitar la formación y cualificación profesional de las personas empleadas públicas, en especial las que deban atender las funciones de información en el ámbito de la transparencia, tanto en lo que afecte a la publicidad activa como en el caso de quienes deban atender las solicitudes formuladas en ejercicio del derecho de acceso.
Datos clave
- Las administraciones y entidades establecerán instrumentos para la formación y cualificación profesional de las personas empleadas públicas.
- Especialmente de quienes atiendan funciones de información en materia de transparencia.
- Comprende tanto la publicidad activa como la atención de solicitudes de acceso.
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Las administraciones y entidades sujetas facilitan formación al personal, en especial al que atiende la publicidad activa y las solicitudes de acceso.
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Artículo 39. Divulgación.
Las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley contemplarán dentro de sus actuaciones de divulgación y difusión institucional actuaciones específicamente dirigidas a facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la información que resulta accesible y de los cauces disponibles para poder acceder a ella, especialmente en referencia a la accesibilidad que en cada caso esté disponible por medios electrónicos.
Datos clave
- Las actuaciones de divulgación institucional incluirán acciones para dar a conocer la información accesible.
- También los cauces disponibles para acceder a ella.
- Con especial referencia a la accesibilidad por medios electrónicos.
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Las administraciones incluyen en su divulgación institucional actuaciones para que la ciudadanía sepa qué información es accesible y cómo acceder, especialmente por medios electrónicos.
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Artículo 40. Coordinación administrativa.
1. En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades y organismos adscritos, la coordinación general en materia de transparencia será ejercida por la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.
2. Dicha Comisión contará con una secretaría que servirá de soporte para la preparación de los trabajos y como oficina administrativa para la relación con las unidades de transparencia y comisiones de transparencia de cada consejería.
3. La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras establecerá la planificación directiva en materia de transparencia, podrá dictar instrucciones y fijar criterios tanto respecto a la implementación de la publicidad activa como en relación al seguimiento de la planificación operativa que se desarrolle en materia de transparencia por cada una de las consejerías para ellas y sus entidades y organismos adscritos.
Datos clave
- La coordinación general en materia de transparencia en la Junta la ejerce la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.
- La Comisión cuenta con una secretaría de soporte y oficina de relación con las unidades y comisiones de transparencia.
- Establece la planificación directiva y puede dictar instrucciones y fijar criterios sobre publicidad activa y planificación operativa.
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En la Junta, la coordinación general de la transparencia corresponde a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, con una secretaría de soporte y funciones de planificación directiva.
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Artículo 41. Unidades y comisiones de transparencia.
1. En cada consejería existirá una unidad de transparencia cuyas funciones se asignarán a una unidad con nivel orgánico mínimo de servicio, que, a estos efectos, actuará bajo la dependencia de la Viceconsejería con el fin de impulsar la transparencia en el ámbito de la Consejería y sus entidades y organismos adscritos y facilitar la aplicación en ese ámbito de los criterios e instrucciones que se establezcan.
2. Asimismo, se constituirá en cada consejería una comisión de transparencia con la participación de los distintos centros directivos, archivos, entidades instrumentales y demás entidades dependientes para asegurar la implementación de la transparencia de forma homogénea en todos los ámbitos de la actuación administrativa de la Junta de Andalucía.
3. Por Decreto del Consejo de Gobierno se regulará el funcionamiento de las unidades y las comisiones de transparencia.
4. La Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos II y III de la presente ley en todo aquello que sea aplicable a la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.
Datos clave
- En cada consejería existe una unidad de transparencia con nivel orgánico mínimo de servicio, dependiente de la Viceconsejería.
- En cada consejería se constituye una comisión de transparencia con centros directivos, archivos y entidades dependientes.
- Su funcionamiento se regula por Decreto del Consejo de Gobierno.
- La Inspección General de Servicios vela por el cumplimiento de los títulos II y III en la Junta y sus entidades instrumentales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada consejería tiene una unidad de transparencia (nivel mínimo de servicio, dependiente de la Viceconsejería) y una comisión de transparencia; la Inspección General de Servicios vela por el cumplimiento en la Junta.
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Artículo 42. Planificación.
1. En materia de transparencia, cada consejería establecerá un plan operativo que deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones y los procedimientos para realizar la acción de transparencia en el ámbito de la Consejería y sus entidades y organismos adscritos.
2. Estos planes se aprobarán mediante Orden y serán elaborados con la participación de la correspondiente Comisión de Transparencia con arreglo a los criterios y requisitos que se hayan establecido reglamentariamente.
3. Las actuaciones realizadas y su valoración formarán parte de la información pública objeto de publicidad activa.
Datos clave
- Cada consejería establece un plan operativo de transparencia con estructura, responsabilidades, funciones y procedimientos.
- Los planes se aprueban mediante Orden.
- Se elaboran con participación de la Comisión de Transparencia correspondiente.
- Las actuaciones realizadas y su valoración son objeto de publicidad activa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada consejería aprueba por Orden un plan operativo de transparencia, elaborado con su Comisión de Transparencia; lo hecho y su valoración se publican como publicidad activa.
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Artículo 43. Creación y naturaleza.
1. Se crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en adelante el Consejo, como autoridad independiente de control en materia de protección de datos y de transparencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. El Consejo se configura como una entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus cometidos.
3. El Consejo ejercerá sus funciones con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de las mismas.
4. Su relación con la Administración de la Junta de Andalucía se llevará a cabo a través de la Consejería de la Presidencia.
Datos clave
- Se crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía como autoridad independiente de control.
- Es una entidad pública con personalidad jurídica propia y plena autonomía orgánica y funcional.
- Actúa con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia.
- Se relaciona con la Administración de la Junta a través de la Consejería de la Presidencia.
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El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es una autoridad independiente de control, con personalidad jurídica propia, que se relaciona con la Junta a través de la Consejería de la Presidencia.
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Artículo 44. Régimen jurídico.
1. El Consejo tendrá la consideración de Administración institucional a los efectos previstos en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
2. El Consejo se regirá por lo dispuesto en esta ley, por lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y, supletoriamente, por lo dispuesto en la misma ley para las agencias administrativas, así como por lo que dispongan sus estatutos en materia organizativa y de funcionamiento.
3. El régimen presupuestario, patrimonial, económico-financiero, de contabilidad e intervención del Consejo será el establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en las demás disposiciones que le sean de aplicación. El régimen de contratación será el establecido para las administraciones públicas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Datos clave
- El Consejo tiene la consideración de Administración institucional según la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
- Supletoriamente se rige por lo dispuesto para las agencias administrativas y, en lo organizativo, por sus estatutos.
- Su régimen presupuestario y económico-financiero es el del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
- Su contratación sigue el régimen de las administraciones públicas del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDLeg 3/2011).
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El Consejo es Administración institucional y se rige por esta ley, la Ley 9/2007 (supletoriamente, como agencia administrativa) y sus estatutos; su hacienda sigue la ley andaluza y su contratación la de las administraciones públicas.
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Artículo 45. Finalidad.
El Consejo actuará en el territorio de Andalucía como autoridad pública independiente de control en materia de protección de datos en los términos previstos en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y como órgano independiente e imparcial garante del derecho a la transparencia, conforme a lo previsto en esta ley y en la legislación básica en la materia.
Datos clave
- El Consejo es autoridad pública independiente de control en protección de datos en Andalucía, conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999.
- Es también órgano independiente e imparcial garante del derecho a la transparencia.
- Actúa en el territorio de Andalucía.
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El Consejo tiene una doble finalidad en Andalucía: autoridad independiente de control de protección de datos (artículo 41 de la LO 15/1999) y órgano garante del derecho a la transparencia.
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Artículo 46. Estructura del Consejo.
1. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía está compuesto por los siguientes órganos:
a) La Comisión Consultiva, con la composición y funciones previstas en el artículo 49.
b) La Dirección, cuyo titular presidirá también la Comisión Consultiva.
2. La constitución efectiva del Consejo tendrá lugar conforme a lo que determinen sus estatutos, que serán aprobados por el Consejo de Gobierno y que contendrán en todo caso su estructura, competencias, organización y funcionamiento.
Datos clave
- Órganos del Consejo: la Comisión Consultiva y la Dirección.
- La persona titular de la Dirección preside también la Comisión Consultiva.
- Los estatutos del Consejo los aprueba el Consejo de Gobierno y fijan su estructura, competencias, organización y funcionamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Consejo tiene dos órganos: la Comisión Consultiva y la Dirección, cuyo titular preside también la Comisión; su constitución efectiva depende de los estatutos que aprueba el Consejo de Gobierno.
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Artículo 47. Dirección del Consejo.
1. La persona que ejerza la Dirección del Consejo será nombrada por el Consejo de Gobierno por un periodo de 5 años no renovable. No obstante, expirado el plazo del mandato correspondiente, continuará en ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo titular.
2. La designación corresponde al Parlamento de Andalucía, por mayoría absoluta, y deberá recaer en una persona de reconocido prestigio y competencia profesional.
3. Ejercerá sus funciones con plena independencia y objetividad, y no estará sujeta a instrucción alguna en el desempeño de aquellas. No obstante, la persona que ejerza la Dirección deberá oír a la Comisión Consultiva en aquellas propuestas que esta le realice en el ejercicio de sus funciones.
4. La persona que ejerza la Dirección del Consejo sólo cesará antes de la expiración de su período de mandato por alguna de las siguientes causas:
a) Muerte o incapacitación judicial.
b) Renuncia.
c) Por separación, acordada por el Consejo de Gobierno, previa instrucción de expediente, en el que necesariamente será oída la Comisión Consultiva, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por delito doloso.
Datos clave
- La Dirección del Consejo la nombra el Consejo de Gobierno por un periodo de 5 años no renovable.
- La designación corresponde al Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta.
- Expirado el mandato, continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo titular.
- Ejerce sus funciones con plena independencia y sin sujeción a instrucciones, oyendo a la Comisión Consultiva en sus propuestas.
- Cesa por muerte o incapacitación judicial, renuncia o separación acordada por el Consejo de Gobierno previo expediente.
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La Dirección del Consejo: la designa el Parlamento por mayoría absoluta, la nombra el Consejo de Gobierno por 5 años no renovables, actúa sin instrucciones y solo cesa antes por muerte o incapacitación, renuncia o separación.
Esquema
| Parlamento de Andalucía | Consejo de Gobierno | |
|---|---|---|
| Designación | Sí, por mayoría absoluta | No |
| Nombramiento | No | Sí, por 5 años no renovable |
| Separación | No | Sí, previo expediente oída la Comisión Consultiva |
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Artículo 48. Funciones de la Dirección.
El artículo 48 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, enumera las funciones de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
1. La Dirección del Consejo ejercerá las siguientes funciones:
a) Representar al Consejo.
b) La resolución de las reclamaciones contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso que puedan presentarse por las personas solicitantes o por las terceras personas interesadas en los supuestos previstos en la legislación básica.
c) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta ley.
d) Presentar ante el Parlamento de Andalucía un informe anual de actuación.
e) Resolver las consultas que en materia de transparencia o protección de datos le planteen las administraciones y entidades sujetas a esta ley.
f) Responder a las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información, así como las consultas que para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 le planteen los órganos competentes.
g) Ejercer el control de la publicidad activa en los términos previstos en el artículo 23.
h) Desempeñar las funciones previstas en la legislación sobre protección de datos para su ejercicio por las agencias autonómicas en su caso.
2. La Dirección del Consejo estará asesorada por la Comisión Consultiva prevista en el artículo 49.
Datos clave
- La Dirección representa al Consejo.
- Resuelve las reclamaciones contra resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso.
- Adopta criterios de interpretación uniforme de las obligaciones de la ley.
- Presenta ante el Parlamento de Andalucía un informe anual de actuación.
- Resuelve consultas en materia de transparencia o protección de datos y ejerce el control de la publicidad activa del artículo 23.
- Está asesorada por la Comisión Consultiva del artículo 49.
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Las ocho funciones de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, desde representar al Consejo y resolver reclamaciones hasta controlar la publicidad activa, asesorada por la Comisión Consultiva.
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Artículo 49. Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos.
1. La Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos, en adelante la Comisión, se constituye como órgano de participación y consulta en materia de transparencia y protección de datos.
2. Sus funciones, funcionamiento y composición se determinarán en los estatutos del Consejo.
3. La Comisión Consultiva estará compuesta por la persona que ejerza la Dirección del Consejo y catorce miembros en representación de:
a) La Administración de la Junta de Andalucía.
b) El Parlamento de Andalucía, reuniendo la condición de diputado o diputada.
c) Las administraciones locales andaluzas.
d) Las universidades públicas andaluzas.
e) Las entidades representativas de las personas consumidoras y usuarias.
f) Las entidades representativas de los intereses económicos y sociales.
g) Personas expertas en la materia.
h) Un representante de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.
i) Un representante de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
4. Los miembros de la Comisión serán nombrados por la persona titular de la Consejería a la que se refiere el artículo 43.4. Serán cesados por las mismas causas que la persona que ejerza la Dirección del Consejo o a petición de la entidad que los hubiera propuesto.
Datos clave
- La Comisión Consultiva es el órgano de participación y consulta en materia de transparencia y protección de datos.
- Sus funciones, funcionamiento y composición se determinan en los estatutos del Consejo.
- La componen la persona que ejerce la Dirección del Consejo y catorce miembros.
- Hay representación, entre otros, de la Junta, del Parlamento, de las administraciones locales, de las universidades públicas, del Defensor del Pueblo Andaluz y de la Cámara de Cuentas.
- Sus miembros los nombra la persona titular de la Consejería del artículo 43.4.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Comisión Consultiva es el órgano de participación y consulta del Consejo: la forman la persona titular de la Dirección y catorce miembros de distintas procedencias, nombrados por la persona titular de la Consejería de la Presidencia.
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Artículo 50. Régimen jurídico.
El artículo 50 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, fija el régimen jurídico de las infracciones y sanciones en materia de transparencia remitiéndose a la legislación estatal.
Será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Datos clave
- El régimen sancionador de la Ley 1/2014 se remite a la legislación estatal.
- Se aplica el régimen de infracciones y sanciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
- La Ley 19/2013 es la de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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La ley andaluza no crea un régimen sancionador propio en transparencia: remite íntegramente al de infracciones y sanciones de la Ley 19/2013 estatal.
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Disposición adicional cuarta. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública.
La disposición adicional cuarta de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, regula los supuestos en que el derecho de acceso a la información pública se rige por normas especiales.
1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo.
2. Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.
3. En este sentido, esta ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización.
Datos clave
- El acceso de los interesados a los documentos de un procedimiento en curso se rige por la normativa de ese procedimiento.
- Las materias con régimen específico de acceso se rigen por su normativa propia y, supletoriamente, por la Ley 1/2014.
- La Ley 1/2014 se aplica, en lo no previsto, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuándo el acceso a la información no se rige principalmente por la ley andaluza: interesados en un procedimiento en curso, materias con régimen específico, e información ambiental o para reutilización.
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Artículo 1. Objeto.
El artículo 1 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, delimita el objeto de la norma.
1. La Ley tiene como objeto la regulación del derecho de participación ciudadana en la dirección de los asuntos públicos autonómicos y locales en Andalucía, en condiciones de igualdad, de manera real y efectiva, ya sea directamente o a través de las entidades de participación ciudadana en las que se integre la ciudadanía, así como el fomento de su ejercicio, en el marco de lo establecido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y los tratados comunitarios.
2. La participación ciudadana comprenderá, en todo caso, el derecho a participar plenamente en las decisiones derivadas de las funciones de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas, en los términos previstos en la Ley.
Datos clave
- Objeto: regular el derecho de participación ciudadana en la dirección de los asuntos públicos autonómicos y locales en Andalucía.
- Ejercicio en condiciones de igualdad, de manera real y efectiva.
- Participación directa o a través de las entidades de participación ciudadana.
- Incluye el fomento de su ejercicio, en el marco de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y los tratados comunitarios.
- Comprende el derecho a participar plenamente en las decisiones de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley regula y fomenta el derecho a participar en los asuntos públicos autonómicos y locales de Andalucía, directamente o mediante entidades, en igualdad y de forma real y efectiva.
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Artículo 2. Finalidades.
El artículo 2 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, enumera las finalidades de la Ley:
a) Promover e impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos, instaurando la cultura participativa en el funcionamiento de las Administraciones Públicas andaluzas.
b) Favorecer la mayor eficacia de la acción política y administrativa a través de la construcción colectiva, de forma que la elaboración de las políticas públicas y la valoración de los resultados alcanzados se beneficien de la riqueza que representan los conocimientos y experiencias de la ciudadanía.
c) Mejorar y fortalecer la comunicación entre la acción de gobierno y la ciudadanía.
d) Facilitar a las personas y a las entidades de participación ciudadana el ejercicio de la iniciativa para la propuesta de políticas públicas o de procesos de deliberación participativa.
e) Establecer mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas a través de la evaluación de las políticas públicas, en la prestación de los servicios públicos, así como en el conocimiento de la opinión de la ciudadanía sobre determinados asuntos públicos.
f) Fomentar especialmente la participación social de las mujeres, de las personas menores de edad, de las personas mayores y de los colectivos en situación de vulnerabilidad.
g) Difundir la cultura y los hábitos participativos poniendo en marcha estrategias de sensibilización y formación desde la infancia.
h) Fortalecer la vertebración de la sociedad civil a través de las diversas formas de participación asociada como factor esencial de reconocimiento del derecho a la participación ciudadana.
i) Favorecer la colaboración entre la Administración autonómica y la local en el fomento de la participación ciudadana y en la realización de procesos de participación en sus actividades de gobierno y administración, preferentemente a través de los convenios de cooperación previstos en el artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.
Datos clave
- Nueve finalidades (letras a a i).
- Instaurar la cultura participativa en el funcionamiento de las Administraciones Públicas andaluzas.
- Rendición de cuentas mediante la evaluación de las políticas públicas.
- Fomento especial de la participación de las mujeres, personas menores de edad, personas mayores y colectivos en situación de vulnerabilidad.
- Sensibilización y formación participativa desde la infancia.
- Colaboración autonómica y local preferentemente mediante los convenios de cooperación del artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Nueve finalidades: instaurar la cultura participativa, mejorar la eficacia y la comunicación, facilitar iniciativas, rendir cuentas, incluir a colectivos concretos y fortalecer la sociedad civil y la colaboración entre Administraciones.
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Artículo 4. Principios básicos.
El artículo 4 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, establece los principios básicos que se tendrán en cuenta en la interpretación y aplicación de la Ley:
a) Universalidad, en cuya virtud el derecho de participación debe ser aplicable al conjunto de la ciudadanía, teniendo en cuenta la diversidad territorial, social y económica existente en Andalucía.
b) Transversalidad, en cuya virtud el derecho de participación de la ciudadanía se integrará en todos los niveles del ámbito de aplicación de la Ley como eje transversal de actuación.
c) Transparencia, en cuya virtud toda la información pública es accesible conforme a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y está al servicio de la participación ciudadana de forma proactiva.
d) Veracidad, en cuya virtud la información pública ha de ser cierta y exacta, asegurando que procede de documentos respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia, conforme establece la Ley 1/2014, de 24 de junio.
e) Eficacia, en cuya virtud tanto las Administraciones Públicas como la ciudadanía deberán cooperar para que el ejercicio de la participación ciudadana sea útil y viable, contribuyendo a una gestión más eficaz de los asuntos públicos.
f) Perdurabilidad, en cuya virtud los instrumentos de participación deben enmarcarse en una perspectiva de proceso que permita una participación continua y sostenida en el tiempo.
g) Facilidad y comprensión, en cuya virtud la información en los procesos de participación ciudadana se facilitará de forma que resulte sencilla y comprensible atendiendo a la naturaleza de la misma.
h) Garantía de la incorporación de la perspectiva de género en la puesta en marcha, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
i) Accesibilidad, no discriminación tecnológica y adaptación de medios y lenguajes, en cuya virtud los cauces y medios habilitados para la participación no deben constituir un factor de exclusión para determinados sectores de la población.
j) Gobernanza democrática, en cuya virtud la acción de gobierno es ejercida desde una perspectiva global, integradora de mecanismos, procesos y reglas que permiten la interacción entre la ciudadanía y los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas andaluzas para la toma de decisiones.
k) Rendición de cuentas, en cuya virtud podrá realizarse evaluación por la ciudadanía de la gestión de las políticas públicas.
l) Buena fe, en cuya virtud la ciudadanía ejercitará los derechos reconocidos en la Ley conforme a las exigencias de la buena fe como comportamiento leal conforme a la percepción social de cada momento, exigencias a las que igualmente deberá someterse la actuación de las Administraciones Públicas.
m) Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad en los procesos de participación ciudadana que se desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
n) Vertebración social, en cuya virtud las Administraciones Públicas, en aras de una democracia social avanzada y participada, fomentarán la participación organizada, asociada y activa de todas las organizaciones sociales que actúan en los distintos ámbitos públicos de participación.
Datos clave
- Catorce principios básicos (letras a a n).
- Universalidad: aplicable al conjunto de la ciudadanía, atendiendo a la diversidad territorial, social y económica de Andalucía.
- Transversalidad: la participación se integra en todos los niveles como eje transversal de actuación.
- Perdurabilidad: participación continua y sostenida en el tiempo.
- Transparencia y veracidad conforme a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
- Rendición de cuentas: evaluación por la ciudadanía de la gestión de las políticas públicas.
- Resto: eficacia, facilidad y comprensión, perspectiva de género, accesibilidad, gobernanza democrática, buena fe, igualdad de oportunidades y vertebración social.
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Catorce principios guían la interpretación y aplicación de la ley; los más preguntados son universalidad, transversalidad, perdurabilidad, transparencia, veracidad y rendición de cuentas.
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Artículo 6. El derecho a la participación ciudadana.
El artículo 6 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, define quiénes son titulares del derecho y qué se entiende por entidades de participación ciudadana.
1. Todos los ciudadanos y ciudadanas, con capacidad de obrar de acuerdo con la normativa básica de procedimiento administrativo común, que tengan la condición política de andaluces o andaluzas y las personas extranjeras residentes en Andalucía tienen derecho a participar en el proceso de dirección de los asuntos públicos que sean competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las entidades locales andaluzas, en los términos recogidos en la Ley.
2. La participación ciudadana podrá ser ejercida directamente o a través de las entidades de participación ciudadana.
3. Tienen la consideración de entidades de participación ciudadana:
a) Las entidades privadas sin ánimo de lucro que: 1.º estén válidamente constituidas, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación; 2.º su actuación se desarrolle en el ámbito del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; 3.º tengan entre sus fines u objetivos, de acuerdo con sus estatutos o norma de creación, la participación ciudadana, o bien la materia objeto del proceso participativo de que se trate.
b) Las entidades representativas de intereses colectivos cuyo ámbito de actuación se desarrolle en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas que se conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica, incluso las constituidas circunstancialmente, cuya actuación se desarrolle en el ámbito del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, debiendo designarse una comisión y un representante de la misma. Las personas agrupadas, las que formen parte de la Comisión y el representante deberán acreditar su personalidad y el cumplimiento de los requisitos del apartado 1, así como la determinación de intereses, identificación, fines y objetivos concretos respecto al proceso participativo de que se trate, su carácter circunstancial o temporal, en su caso, y el resto de los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
d) Las organizaciones sindicales, empresariales, colegios profesionales y demás entidades representativas de intereses colectivos.
Datos clave
- Titulares: ciudadanos con capacidad de obrar que tengan la condición política de andaluces y personas extranjeras residentes en Andalucía.
- Ámbito: asuntos públicos competencia de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas.
- Ejercicio directo o a través de entidades de participación ciudadana.
- Entidades privadas sin ánimo de lucro: válidamente constituidas, con actuación en Andalucía y fines de participación o relacionados con la materia del proceso.
- Plataformas, movimientos, foros o redes sin personalidad jurídica: deben designar una comisión y un representante.
- También organizaciones sindicales, empresariales, colegios profesionales y entidades representativas de intereses colectivos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién tiene derecho a participar (andaluces con capacidad de obrar y extranjeros residentes) y qué cuenta como entidad de participación ciudadana, incluidas las plataformas sin personalidad jurídica.
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Artículo 9. Obligaciones de las Administraciones Públicas andaluzas respecto a la participación ciudadana.
El artículo 9 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, establece que, en los procesos de participación que se lleven a cabo al amparo de la Ley, las Administraciones Públicas andaluzas tendrán las siguientes obligaciones:
a) Integrar la participación ciudadana en el conjunto de sus actuaciones para que esta pueda ser ejercida tanto individual como colectivamente, de forma real, efectiva, presencial o telemática.
b) Potenciar, fomentar y garantizar el acceso a una efectiva participación ciudadana, a través de la adaptación de las estructuras administrativas y facilitando el acceso a los colectivos más vulnerables.
c) Establecer los medios pertinentes para la promoción del ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana a través de tecnologías de la información y comunicación (TIC), especialmente a través de la configuración de espacios interactivos en sus sedes electrónicas, portales o páginas web, así como mediante la promoción de sistemas de votación y encuesta de carácter electrónico.
d) Fomentar el uso de las TIC en el ámbito de aquellos colectivos sociales que tienen más dificultades en ello y disponer de cauces alternativos que garanticen el ejercicio de su derecho a la participación.
e) Impulsar la suscripción de convenios y acuerdos con otras Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas, especialmente con organizaciones no gubernamentales y entidades de voluntariado, en los términos previstos en la legislación aplicable.
f) Garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal en los procesos de participación ciudadana objeto de la Ley.
g) Establecer cauces de publicidad y fomento de la participación ciudadana con el fin de que esta sea efectiva y conocida.
Datos clave
- Siete obligaciones (letras a a g) de las Administraciones Públicas andaluzas.
- Participación individual o colectiva, real, efectiva, presencial o telemática.
- Adaptación de las estructuras administrativas y acceso de los colectivos más vulnerables.
- Espacios interactivos en sedes electrónicas, portales o páginas web y sistemas electrónicos de votación y encuesta.
- Cauces alternativos para colectivos con más dificultades en el uso de las TIC.
- Convenios con otras Administraciones, organizaciones no gubernamentales y entidades de voluntariado.
- Garantía del cumplimiento de la normativa de protección de datos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Siete obligaciones de las Administraciones andaluzas en los procesos participativos: integrar la participación, garantizar el acceso, usar las TIC con cauces alternativos, convenir, proteger datos y dar publicidad.
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Artículo 10. Definición.
El artículo 10 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, define los procesos de participación ciudadana.
Constituyen procesos de participación ciudadana a efectos de la Ley el conjunto de actuaciones, procedimientos e instrumentos ordenados y secuenciados en el tiempo, desarrollados por las Administraciones Públicas andaluzas en el ámbito de sus competencias, para posibilitar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la participación, en condiciones de igualdad y de manera real y efectiva, de forma individual o colectiva, en la dirección y gestión de los asuntos públicos autonómicos y locales.
Datos clave
- Proceso de participación: conjunto de actuaciones, procedimientos e instrumentos ordenados y secuenciados en el tiempo.
- Los desarrollan las Administraciones Públicas andaluzas en el ámbito de sus competencias.
- Participación en condiciones de igualdad, real y efectiva, individual o colectiva.
- Objeto: la dirección y gestión de los asuntos públicos autonómicos y locales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Un proceso de participación ciudadana es un conjunto ordenado y secuenciado de actuaciones, procedimientos e instrumentos de las Administraciones andaluzas para que la ciudadanía participe en los asuntos públicos.
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Artículo 65. Sistema público de participación digital.
El artículo 65 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, regula el sistema público de participación digital.
1. La Administración de la Junta de Andalucía creará un sistema público de participación digital para la puesta en marcha de los procesos contenidos en la Ley.
2. El centro directivo competente en materia de dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas tecnologías aplicadas al gobierno abierto asumirá las funciones, con carácter transversal para la Administración de la Junta de Andalucía, de dirección técnica y desarrollo de las plataformas de participación ciudadana basadas en el uso de las TIC necesarias para la materialización del derecho a la participación ciudadana.
3. Dicho sistema contará con el desarrollo de una plataforma de participación, en software libre, provista de herramientas y funcionalidades que cubran las necesidades informativas de deliberación, de voto y de seguimiento de las iniciativas a las que dé soporte.
4. El método de autenticación garantizará que cada persona usuaria registrada corresponda efectivamente con algunos de los sujetos previstos en el artículo 6, asegurando el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
5. El portal de la Junta de Andalucía será el punto de acceso general a las plataformas web de participación ciudadana.
6. El centro directivo proponente del proceso participativo asumirá la gestión del propio proceso en cualquiera de las plataformas de participación desarrolladas.
7. La Administración de la Junta de Andalucía facilitará el acceso al sistema público de participación digital en edificios y dependencias públicas, contando con unidades móviles a fin de acercar a toda la ciudadanía en igualdad de condiciones el uso de estos instrumentos de participación.
Datos clave
- La Administración de la Junta de Andalucía creará un sistema público de participación digital.
- Dirección técnica transversal: el centro directivo competente en política digital aplicada al gobierno abierto.
- Plataforma de participación en software libre, con funciones de deliberación, voto y seguimiento.
- Autenticación: cada usuario debe corresponder con los sujetos del artículo 6.
- Punto de acceso general: el portal de la Junta de Andalucía.
- Gestión de cada proceso: el centro directivo proponente.
- Acceso en edificios y dependencias públicas y mediante unidades móviles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Junta de Andalucía crea un sistema público de participación digital con una plataforma en software libre, autenticación de usuarios y acceso por el portal de la Junta, también en edificios públicos y unidades móviles.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 1
Objeto de la ley. La presente ley orgánica tiene por objeto: a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.
Datos clave
- ¿Qué dos objetos tiene la LOPDGDD según su art. 1? → Adaptar el ordenamiento al RGPD y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía.
- ¿En qué artículo constitucional se amparan ambos objetos? → En el art. 18.4 de la Constitución.
- Un solo artículo constitucional (18.4 CE) sostiene los dos objetivos: protección de datos y derechos digitales.
- Letra a) = RGPD; letra b) = derechos digitales. No los mezcles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley persigue dos objetivos: adaptar España al RGPD y garantizar los derechos digitales. Ambos se apoyan en el mismo artículo de la Constitución.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 2
Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94. 1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. 2. Esta ley orgánica no será de aplicación: a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3. c) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles. 4. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables. 5. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por el Ministerio Fiscal de los procesos de los que sea competente, así como el realizado con esos fines dentro de la gestión de la Oficina Fiscal, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente Ley Orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de las normas procesales que le sean aplicables.
Datos clave
- ¿A qué tratamientos no automatizados se aplican los Títulos I a IX? → A los de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
- Cita los tres supuestos en que la LO 3/2018 no es de aplicación. → Los excluidos del RGPD por su art. 2.2; los de datos de personas fallecidas; y los sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.
- ¿Qué tres ámbitos pone el art. 2.3 como ejemplo de actividades no comprendidas en el Derecho de la Unión? → Los tratamientos al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los de instituciones penitenciarias y los derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y los Mercantiles.
- Las tres exclusiones del apartado 2 van en este orden: a) lo que el RGPD ya excluye, b) fallecidos, c) materias clasificadas. Europa, muertos y secretos.
- Los tres ejemplos del apartado 3 también son tres: electoral, penitenciario y registral (Civil, Propiedad y Mercantiles).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Marca hasta dónde llega la ley: Títulos I a IX y artículos 89 a 94 se aplican a todo tratamiento automatizado y al no automatizado que esté en un fichero. Deja fuera tres bloques y remite a legislación específica en materia electoral, penitenciaria y registral. Juzgados y Fiscalía sí quedan dentro, con las salvedades de sus leyes propias.
Los tratamientos de los órganos judiciales en los procesos de su competencia y los de la Oficina Judicial (ap. 4), y los del Ministerio Fiscal y la Oficina Fiscal (ap. 5), se rigen por el RGPD y esta ley orgánica, sin perjuicio de la LO 6/1985 del Poder Judicial y, en la Fiscalía, de la Ley 50/1981 y de las normas procesales aplicables.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 3
Datos de las personas fallecidas. 1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión. Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. 2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos. 3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.
Datos clave
- En caso de fallecimiento de un menor, esas facultades también pueden ejercerlas sus representantes legales o el Ministerio Fiscal (art. 3.3).
- ¿Qué datos del fallecido pueden pedir siempre los herederos, aunque él lo prohibiera? → Los datos de carácter patrimonial (art. 3.1).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 3 dice quién puede pedir el acceso, la rectificación o la supresión de los datos de una persona fallecida: sus allegados y herederos, salvo que el fallecido lo hubiera prohibido expresamente o lo impida una ley.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 5
Deber de confidencialidad. 1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. 2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. 3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
Datos clave
- ¿Hasta cuándo dura el deber de confidencialidad del art. 5? → Se mantiene aunque haya finalizado la relación con el responsable o encargado del tratamiento.
- ¿A quién obliga el deber de confidencialidad? → A responsables, encargados y a toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento.
- La confidencialidad no caduca con el contrato: sigue después de dejar el puesto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todo el que interviene en un tratamiento debe guardar confidencialidad, además del secreto profesional que ya tuviera, y esa obligación no termina al acabar la relación.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 6
Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. 3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
Datos clave
- ¿Cómo define el art. 6.1 el consentimiento del afectado? → Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que acepta, mediante declaración o clara acción afirmativa, el tratamiento de los datos personales que le conciernen.
- ¿A qué no puede supeditarse la ejecución del contrato? → A que el afectado consienta el tratamiento de datos para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
- Cuatro adjetivos y van en bloque: libre, específica, informada e inequívoca. Si falla uno, no hay consentimiento.
- Tres palabras en el apartado 3 marcan el límite: mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define el consentimiento con los cuatro adjetivos del RGPD y le añade dos reglas prácticas: si hay varias finalidades, debe constar de forma específica e inequívoca que se otorga para todas; y no se puede condicionar la ejecución del contrato a consentir tratamientos ajenos a esa relación.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 7
Consentimiento de los menores de edad. 1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. 2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
Datos clave
- Según el artículo 7.2 de la LO 3/2018, ¿quién debe consentir para basar en consentimiento el tratamiento de datos de una persona de trece años? → El titular de la patria potestad o tutela.
- ¿Qué excepción establece el artículo 7.1 al consentimiento del menor mayor de catorce años? → Que la ley exija asistencia para el acto en cuyo contexto se recaba.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para menores de catorce años, el tratamiento fundado en consentimiento requiere el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determine.
Mapa mental
- El titular de la patria potestad o tutela.
- Que la ley exija asistencia para el acto en cuyo contexto se recaba.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 8
Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. 1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. 2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.
Datos clave
- ¿Qué exige el art. 8.2 para fundar un tratamiento en interés público o poderes públicos? → Que derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.
- ¿Qué puede imponer la norma que ampara un tratamiento por obligación legal? → Condiciones generales del tratamiento, tipos de datos, cesiones y medidas adicionales de seguridad del capítulo IV RGPD.
- El apartado 1 del art. 8 admite una norma de Derecho de la Unión Europea o con rango de ley; el apartado 2 exige siempre una norma con rango de ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tanto tratar por obligación legal como por interés público exigen una norma con rango de ley, pero solo la primera puede fijar condiciones y medidas de seguridad especiales.
Esquema
| Obligación legal (6.1.c) | Interés público / poderes públicos (6.1.e) | |
|---|---|---|
| Norma exigida | Derecho UE o rango de ley | Norma con rango de ley |
| Qué debe hacer la norma | Puede fijar condiciones, tipos de datos y cesiones | Debe atribuir la competencia al responsable |
| Medidas adicionales de seguridad | Sí, puede imponerlas (cap. IV RGPD) | No se menciona expresamente |
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 9
Categorías especiales de datos. 1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda. 2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte.
Datos clave
- ¿Basta el consentimiento para tratar datos con la finalidad principal de identificar la ideología del afectado? → No; se necesita apoyarse en otro de los supuestos del art. 9.2 RGPD.
- ¿Qué necesitan los tratamientos de las letras g), h) e i) del art. 9.2 RGPD? → Estar amparados en una norma con rango de ley.
- Consentimiento + finalidad de identificar ideología/sindicato/religión/orientación sexual/creencias/etnia = NO es suficiente por sí solo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El consentimiento solo no basta para tratar datos que identifiquen ideología, sindicación, religión, orientación sexual, creencias u origen étnico; los de salud y similares necesitan norma con rango de ley.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 11
Transparencia e información al afectado. 1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. 2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos: a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. b) La finalidad del tratamiento. c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. En estos supuestos, la información básica incluirá también: a) Las categorías de datos objeto de tratamiento. b) Las fuentes de las que procedieran los datos.
Datos clave
- ¿Qué dos datos se añaden a la información básica cuando los datos no proceden del afectado? → Las categorías de datos objeto de tratamiento y las fuentes de las que procedieron.
- ¿Qué debe saber el afectado si sus datos se usan para elaborar perfiles? → Esa circunstancia y su derecho a oponerse a decisiones individuales automatizadas del art. 22 RGPD.
- Misma información básica en los dos casos; cuando el dato no viene del afectado se suman categorías + fuente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La información básica al afectado es la misma se obtengan o no los datos de él; cuando no vienen de él se añaden categorías de datos y su fuente.
Esquema
| Datos obtenidos del afectado (art. 13 RGPD) | Datos NO obtenidos del afectado (art. 14 RGPD) | |
|---|---|---|
| Información básica | Identidad del responsable, finalidad, derechos (arts. 15-22 RGPD) | Misma información básica |
| Se añade además | - | Categorías de datos y fuente de procedencia |
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 12
Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. 2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. 3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. 4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. 5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas. 6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. 7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica.
Datos clave
- ¿Sobre quién recae la prueba del cumplimiento del deber de responder a una solicitud de derechos? → Sobre el responsable del tratamiento (art. 12.4).
- ¿Hasta qué edad ejercen los titulares de la patria potestad los derechos en nombre del menor? → Hasta los catorce años: en nombre de los menores de catorce años.
- ¿Puede el encargado tramitar las solicitudes de ejercicio de derechos? → Sí, por cuenta del responsable, si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule.
- La edad que se pregunta aquí es catorce, no dieciocho: menores de catorce años actúan por medio de quien tenga la patria potestad.
- Gratuidad con excepciones tasadas: arts. 12.5 y 15.3 del RGPD y apartados 3 y 4 del art. 13 de esta ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reglas comunes para ejercer los derechos de los artículos 15 a 22 del RGPD: quién los ejerce, qué tiene que poner el responsable, quién prueba que contestó y la gratuidad. Incluye el dato estrella: los titulares de la patria potestad actúan por los menores de catorce años.
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Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento.
1. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán mantener el registro de actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en su apartado 5.
El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado reglamento.
Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro.
2. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el que constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su base legal.
Datos clave
- Responsables, encargados o sus representantes mantienen el registro de actividades del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo la excepción de su apartado 5.
- El registro puede organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos y especifica las actividades según sus finalidades.
- Si hay delegado de protección de datos, se le comunica cualquier adición, modificación o exclusión del registro.
- Los sujetos del artículo 77.1 hacen público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos.
- El inventario incluye la información del artículo 30 del Reglamento y su base legal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responsables y encargados deben llevar el registro de actividades del artículo 30 del RGPD, salvo su apartado 5, y comunicar los cambios al delegado; los sujetos del artículo 77.1 publican además un inventario electrónico.
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Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos.
1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades:
a) Los colegios profesionales y sus consejos generales.
b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas.
c) Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala.
d) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio.
e) Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
f) Los establecimientos financieros de crédito.
g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.
i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural.
j) Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos.
l) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes.
Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual.
m) Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas.
n) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego.
ñ) Las empresas de seguridad privada.
o) Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.
2. Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en el párrafo anterior podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica.
3. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea voluntaria.
4. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, una lista actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por medios electrónicos.
5. En el cumplimiento de las obligaciones de este artículo los responsables y encargados del tratamiento podrán establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado, entre otros criterios, en función del volumen de los tratamientos, la categoría especial de los datos tratados o de los riesgos para los derechos o libertades de los interesados.
Datos clave
- Es obligatorio designar delegado en los supuestos del artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, en las entidades de las letras a) a o).
- Entre ellas: colegios profesionales, centros docentes y Universidades, entidades de crédito, aseguradoras, empresas de seguridad privada y federaciones deportivas que traten datos de menores.
- Los centros sanitarios obligados a mantener historias clínicas deben designarlo, salvo los profesionales de la salud que ejerzan a título individual.
- Los no obligados pueden designarlo voluntariamente, con sujeción al mismo régimen.
- Designaciones, nombramientos y ceses se comunican en el plazo de diez días a la AEPD o a las autoridades autonómicas, sea la designación obligatoria o voluntaria.
- La AEPD y las autoridades autonómicas mantienen una lista actualizada de delegados accesible por medios electrónicos.
- La dedicación del delegado puede ser completa o a tiempo parcial según el volumen, la categoría especial de los datos o los riesgos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 34 obliga a nombrar delegado de protección de datos (DPD) a una larga lista de entidades —colegios profesionales, centros docentes, universidades, entidades financieras y aseguradoras, ficheros de solvencia, empresas de publicidad con perfilado, centros sanitarios, empresas de seguridad privada, entre otras— y exige comunicar su nombramiento o cese a la AEPD en 10 días.
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Artículo 47. Funciones y potestades de la Agencia Española de Protección de Datos.
Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos supervisar la aplicación de esta ley orgánica y del Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, ejercer las funciones establecidas en el artículo 57 y las potestades previstas en el artículo 58 del mismo reglamento, en la presente ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo.
Asimismo, corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos el desempeño de las funciones y potestades que le atribuyan otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea.
Datos clave
- La Agencia Española de Protección de Datos supervisa la aplicación de la Ley Orgánica 3/2018 y del Reglamento (UE) 2016/679.
- Ejerce las funciones del artículo 57 y las potestades del artículo 58 del Reglamento.
- Desempeña también las funciones y potestades que le atribuyan otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Agencia Española de Protección de Datos supervisa la aplicación de la LOPDGDD y del Reglamento europeo, con las funciones del artículo 57 y las potestades del artículo 58 del Reglamento, y las que le den otras normas.
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Artículo 57. Autoridades autonómicas de protección de datos.
1. Las autoridades autonómicas de protección de datos personales podrán ejercer, las funciones y potestades establecidas en los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, de acuerdo con la normativa autonómica, cuando se refieran a:
a) Tratamientos de los que sean responsables las entidades integrantes del sector público de la correspondiente Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial o quienes presten servicios a través de cualquier forma de gestión directa o indirecta.
b) Tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las funciones públicas en materias que sean competencia de la correspondiente Administración Autonómica o Local.
c) Tratamientos que se encuentren expresamente previstos, en su caso, en los respectivos Estatutos de Autonomía.
2. Las autoridades autonómicas de protección de datos podrán dictar, en relación con los tratamientos sometidos a su competencia, circulares con el alcance y los efectos establecidos para la Agencia Española de Protección de Datos en el artículo 55 de esta ley orgánica.
Datos clave
- Las autoridades autonómicas pueden ejercer las funciones y potestades de los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, conforme a la normativa autonómica.
- Alcanzan a los tratamientos de las entidades del sector público autonómico y de las Entidades Locales de su territorio, o de quienes presten servicios por gestión directa o indirecta.
- También a los tratamientos para el ejercicio de funciones públicas en materias de competencia autonómica o local.
- Y a los tratamientos expresamente previstos en los Estatutos de Autonomía.
- Pueden dictar circulares con el alcance y efectos del artículo 55 previstos para la Agencia Española de Protección de Datos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Delimita cuándo pueden actuar las autoridades autonómicas de protección de datos: solo sobre el sector público autonómico o local, sobre quien ejerza funciones públicas en esas materias, o cuando lo prevea su Estatuto de Autonomía.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 63
Régimen jurídico. 1. Las disposiciones de este Título serán de aplicación a los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos en los que un afectado reclame que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, así como en los que aquella investigue la existencia de una posible infracción de lo dispuesto en el mencionado reglamento y en la presente ley orgánica. 2. Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos. 3. El Gobierno regulará por real decreto los procedimientos que tramite la Agencia Española de Protección de Datos al amparo de este Título, asegurando en todo caso los derechos de defensa y audiencia de los interesados.
Datos clave
- ¿Qué rango tiene la norma que debe regular los procedimientos de la AEPD de este Título? → Real decreto del Gobierno, que asegurará en todo caso los derechos de defensa y audiencia de los interesados.
- ¿En qué dos supuestos se aplican las disposiciones de este Título? → Cuando un afectado reclama que no se atendió su ejercicio de los derechos de los arts. 15 a 22 del RGPD y cuando la Agencia investiga una posible infracción.
- Memoriza la escalera de fuentes con la norma común abajo del todo y con doble condición: subsidiaria y solo si no contradice.
- Dos supuestos de aplicación: reclamación por derechos no atendidos e investigación de posible infracción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Abre el Título de los procedimientos de la AEPD: se aplica a las reclamaciones por derechos no atendidos y a las investigaciones de posibles infracciones. Fija el orden de fuentes, con la norma administrativa común solo como subsidiaria, y remite el desarrollo a un real decreto.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 70
Sujetos responsables. 1. Están sujetos al régimen sancionador establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica: a) Los responsables de los tratamientos. b) Los encargados de los tratamientos. c) Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea. d) Las entidades de certificación. e) Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta. 2. No será de aplicación al delegado de protección de datos el régimen sancionador establecido en este Título.
Datos clave
- Enumera los sujetos responsables del art. 70.1. → Responsables del tratamiento, encargados del tratamiento, representantes de responsables o encargados no establecidos en la UE, entidades de certificación y entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta.
- ¿Responde el delegado de protección de datos conforme a este Título? → No: el art. 70.2 declara que no le es de aplicación el régimen sancionador establecido en este Título.
- Son cinco letras, de la a) a la e), y un excluido con nombre propio: el delegado de protección de datos.
- Las dos últimas letras son las que más se olvidan: certificación (d) y supervisión de códigos de conducta (e).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista cerrada de quiénes pueden ser sancionados: cinco sujetos, de la a) a la e), que incluyen a las entidades de certificación y a las de supervisión de códigos de conducta. Y una exclusión expresa: el delegado de protección de datos.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 72
Infracciones consideradas muy graves. 1. En función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes: a) El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679. b) El tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las condiciones de licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679. c) El incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679 para la validez del consentimiento. d) La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello. e) El tratamiento de datos personales de las categorías a las que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, sin que concurra alguna de las circunstancias previstas en dicho precepto y en el artículo 9 de esta ley orgánica. f) El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas fuera de los supuestos permitidos por el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el artículo 10 de esta ley orgánica. g) El tratamiento de datos personales relacionados con infracciones y sanciones administrativas fuera de los supuestos permitidos por el artículo 27 de esta ley orgánica. h) La omisión del deber de informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos personales conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y 12 de esta ley orgánica. i) La vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de esta ley orgánica. j) La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información a la que se refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 o por atender las solicitudes de ejercicio de derechos de los afectados previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, fuera de los supuestos establecidos en su artículo 12.5. k) El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada del ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. l) La transferencia internacional de datos personales a un destinatario que se encuentre en un tercer país o a una organización internacional, cuando no concurran las garantías, requisitos o excepciones establecidos en los artículos 44 a 49 del Reglamento (UE) 2016/679. m) El incumplimiento de las resoluciones dictadas por la autoridad de protección de datos competente en ejercicio de los poderes que le confiere el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679. n) El incumplimiento de la obligación de bloqueo de los datos establecida en el artículo 32 de esta ley orgánica cuando la misma sea exigible. ñ) No facilitar el acceso del personal de la autoridad de protección de datos competente a los datos personales, información, locales, equipos y medios de tratamiento que sean requeridos por la autoridad de protección de datos para el ejercicio de sus poderes de investigación. o) La resistencia u obstrucción del ejercicio de la función inspectora por la autoridad de protección de datos competente. p) La reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la reidentificación de los afectados. 2. Tendrán la misma consideración y también prescribirán a los tres años las infracciones a las que se refiere el artículo 83.6 del Reglamento (UE) 2016/679.
Datos clave
- ¿En qué plazo prescriben las infracciones muy graves? → A los tres años, tanto las del apartado 1 como las del art. 83.6 del RGPD a las que remite el apartado 2.
- ¿Qué apartado del art. 83 del RGPD sirve de base al art. 72? → El artículo 83.5; el apartado 2 añade además las infracciones del art. 83.6.
- ¿Qué letra del art. 72 castiga la reidentificación de datos anonimizados? → La letra p): la reversión deliberada de un procedimiento de anonimización para permitir la reidentificación de los afectados.
- Son diecisiete letras, de la a) a la p) contando la ñ. Si te salen dieciséis, te has comido la ñ.
- Tres años para todo lo del artículo: las letras del apartado 1 y también las infracciones del art. 83.6 del RGPD.
- Las cuatro últimas letras van contra la autoridad o contra el anonimato: bloqueo, acceso a la inspección, obstrucción y reidentificación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de infracciones muy graves, que prescriben a los tres años. Son las vulneraciones sustanciales de los artículos del 83.5 del RGPD, con diecisiete supuestos enumerados de la a) a la p), y se les suman las del 83.6 con idéntica consideración y plazo.
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 73
Infracciones consideradas graves. En función de lo que establece el artículo 83.4 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran graves y prescribirán a los dos años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes: a) El tratamiento de datos personales de un menor de edad sin recabar su consentimiento, cuando tenga capacidad para ello, o el del titular de su patria potestad o tutela, conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679. b) No acreditar la realización de esfuerzos razonables para verificar la validez del consentimiento prestado por un menor de edad o por el titular de su patria potestad o tutela sobre el mismo, conforme a lo requerido por el artículo 8.2 del Reglamento (UE) 2016/679. c) El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando este, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita su identificación. d) La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos desde el diseño, así como la no integración de las garantías necesarias en el tratamiento, en los términos exigidos por el artículo 25 del Reglamento (UE) 2016/679. e) La falta de adopción de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que, por defecto, solo se tratarán los datos personales necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento, conforme a lo exigido por el artículo 25.2 del Reglamento (UE) 2016/679. f) La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento, en los términos exigidos por el artículo 32.1 del Reglamento (UE) 2016/679. g) El quebrantamiento, como consecuencia de la falta de la debida diligencia, de las medidas técnicas y organizativas que se hubiesen implantado conforme a lo exigido por el artículo 32.1 del Reglamento (UE) 2016/679. h) El incumplimiento de la obligación de designar un representante del responsable o encargado del tratamiento no establecido en el territorio de la Unión Europea, conforme a lo previsto en el artículo 27 del Reglamento (UE) 2016/679. i) La falta de atención por el representante en la Unión del responsable o del encargado del tratamiento de las solicitudes efectuadas por la autoridad de protección de datos o por los afectados. j) La contratación por el responsable del tratamiento de un encargado de tratamiento que no ofrezca las garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas conforme a lo establecido en el Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. k) Encargar el tratamiento de datos a un tercero sin la previa formalización de un contrato u otro acto jurídico escrito con el contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. l) La contratación por un encargado del tratamiento de otros encargados sin contar con la autorización previa del responsable, o sin haberle informado sobre los cambios producidos en la subcontratación cuando fueran legalmente exigibles. m) La infracción por un encargado del tratamiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica, al determinar los fines y los medios del tratamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 28.10 del citado reglamento. n) No disponer del registro de actividades de tratamiento establecido en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679. ñ) No poner a disposición de la autoridad de protección de datos que lo haya solicitado, el registro de actividades de tratamiento, conforme al apartado 4 del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679. o) No cooperar con las autoridades de control en el desempeño de sus funciones en los supuestos no previstos en el artículo 72 de esta ley orgánica. p) El tratamiento de datos personales sin llevar a cabo una previa valoración de los elementos mencionados en el artículo 28 de esta ley orgánica. q) El incumplimiento del deber del encargado del tratamiento de notificar al responsable del tratamiento las violaciones de seguridad de las que tuviera conocimiento. r) El incumplimiento del deber de notificación a la autoridad de protección de datos de una violación de seguridad de los datos personales de conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679. s) El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de la seguridad de los datos de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/679 si el responsable del tratamiento hubiera sido requerido por la autoridad de protección de datos para llevar a cabo dicha notificación. t) El tratamiento de datos personales sin haber llevado a cabo la evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales en los supuestos en que la misma sea exigible. u) El tratamiento de datos personales sin haber consultado previamente a la autoridad de protección de datos en los casos en que dicha consulta resulta preceptiva conforme al artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/679 o cuando la ley establezca la obligación de llevar a cabo esa consulta. v) El incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos cuando sea exigible su nombramiento de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34 de esta ley orgánica. w) No posibilitar la efectiva participación del delegado de protección de datos en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales, no respaldarlo o interferir en el desempeño de sus funciones. x) La utilización de un sello o certificación en materia de protección de datos que no haya sido otorgado por una entidad de certificación debidamente acreditada o en caso de que la vigencia del mismo hubiera expirado. y) Obtener la acreditación como organismo de certificación presentando información inexacta sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 43 del Reglamento (UE) 2016/679. z) El desempeño de funciones que el Reglamento (UE) 2016/679 reserva a los organismos de certificación, sin haber sido debidamente acreditado conforme a lo establecido en el artículo 39 de esta ley orgánica. aa) El incumplimiento por parte de un organismo de certificación de los principios y deberes a los que está sometido según lo previsto en los artículos 42 y 43 de Reglamento (UE) 2016/679. ab) El desempeño de funciones que el artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679 reserva a los organismos de supervisión de códigos de conducta sin haber sido previamente acreditado por la autoridad de protección de datos competente. ac) La falta de adopción por parte de los organismos acreditados de supervisión de un código de conducta de las medidas que resulten oportunas en caso que se hubiera producido una infracción del código, conforme exige el artículo 41.4 del Reglamento (UE) 2016/679.
Datos clave
- ¿En qué plazo prescriben las infracciones graves? → A los dos años.
- ¿Qué apartado del art. 83 del RGPD sirve de base al art. 73? → El artículo 83.4.
- ¿Es grave o muy grave no disponer del registro de actividades de tratamiento? → Grave: es la letra n) del art. 73, referida al art. 30 del RGPD.
- ¿Hasta qué letra llega la enumeración del art. 73? → Hasta la ac), tras la z), aa) y ab).
- La enumeración no acaba en la z): sigue con aa), ab) y ac), las tres de organismos de certificación y de supervisión de códigos.
- Bloques temáticos para ordenarla: menores, diseño y seguridad, encargados, registro, brechas, evaluación de impacto, DPD y certificadores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de infracciones graves, que prescriben a los dos años. Se apoya en el artículo 83.4 del RGPD y enumera supuestos desde la a) hasta la ac): menores, diseño y seguridad, encargados y contratos, registro de actividades, brechas, evaluación de impacto, delegado de protección de datos y organismos de certificación y de supervisión de códigos.
Esquema
| Graves (art. 73) | Muy graves (art. 72) | |
|---|---|---|
| Base en el RGPD | Artículo 83.4 | Artículo 83.5 y, por el apartado 2, el 83.6 |
| Prescripción | Dos años | Tres años |
| Relación con la autoridad de control | No cooperar, en los supuestos no previstos en el art. 72 (letra o) | No facilitar el acceso a la inspección y resistencia u obstrucción (letras ñ y o) |
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Artículo 74. Infracciones consideradas leves.
Se consideran leves y prescribirán al año las restantes infracciones de carácter meramente formal de los artículos mencionados en los apartados 4 y 5 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, las siguientes:
a) El incumplimiento del principio de transparencia de la información o el derecho de información del afectado por no facilitar toda la información exigida por los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679.
b) La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información exigida por los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 o por atender las solicitudes de ejercicio de derechos de los afectados previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo permita su artículo 12.5, si su cuantía excediese el importe de los costes afrontados para facilitar la información o realizar la actuación solicitada.
c) No atender las solicitudes de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el artículo 72.1.k) de esta ley orgánica.
d) No atender los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando este, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita su identificación, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el artículo 73 c) de esta ley orgánica.
e) El incumplimiento de la obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento exigida por el artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/679.
f) El incumplimiento de la obligación de informar al afectado, cuando así lo haya solicitado, de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o respecto de los que se ha limitado el tratamiento.
g) El incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos a una persona fallecida cuando ello fuera exigible conforme al artículo 3 de esta ley orgánica.
h) La falta de formalización por los corresponsables del tratamiento del acuerdo que determine las obligaciones, funciones y responsabilidades respectivas con respecto al tratamiento de datos personales y sus relaciones con los afectados al que se refiere el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679 o la inexactitud en la determinación de las mismas.
i) No poner a disposición de los afectados los aspectos esenciales del acuerdo formalizado entre los corresponsables del tratamiento, conforme exige el artículo 26.2 del Reglamento (UE) 2016/679.
j) La falta del cumplimiento de la obligación del encargado del tratamiento de informar al responsable del tratamiento acerca de la posible infracción por una instrucción recibida de este de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 o de esta ley orgánica, conforme a lo exigido por el artículo 28.3 del citado reglamento.
k) El incumplimiento por el encargado de las estipulaciones impuestas en el contrato o acto jurídico que regula el tratamiento o las instrucciones del responsable del tratamiento, salvo que esté legalmente obligado a ello conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley orgánica o en los supuestos en que fuese necesario para evitar la infracción de la legislación en materia de protección de datos y se hubiese advertido de ello al responsable o al encargado del tratamiento.
l) Disponer de un Registro de actividades de tratamiento que no incorpore toda la información exigida por el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679.
m) La notificación incompleta, tardía o defectuosa a la autoridad de protección de datos de la información relacionada con una violación de seguridad de los datos personales de conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679.
n) El incumplimiento de la obligación de documentar cualquier violación de seguridad, exigida por el artículo 33.5 del Reglamento (UE) 2016/679.
ñ) El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de la seguridad de los datos que entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de los afectados, conforme a lo exigido por el artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 73 s) de esta ley orgánica.
o) Facilitar información inexacta a la Autoridad de protección de datos, en los supuestos en los que el responsable del tratamiento deba elevarle una consulta previa, conforme al artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/679.
p) No publicar los datos de contacto del delegado de protección de datos, o no comunicarlos a la autoridad de protección de datos, cuando su nombramiento sea exigible de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34 de esta ley orgánica.
q) El incumplimiento por los organismos de certificación de la obligación de informar a la autoridad de protección de datos de la expedición, renovación o retirada de una certificación, conforme a lo exigido por los apartados 1 y 5 del artículo 43 del Reglamento (UE) 2016/679.
r) El incumplimiento por parte de los organismos acreditados de supervisión de un código de conducta de la obligación de informar a las autoridades de protección de datos acerca de las medidas que resulten oportunas en caso de infracción del código, conforme exige el artículo 41.4 del Reglamento (UE) 2016/679.
Datos clave
- Son leves las restantes infracciones de carácter meramente formal de los artículos de los apartados 4 y 5 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679.
- Las infracciones leves prescriben al año.
- Es leve, entre otras, no facilitar toda la información exigida por los artículos 13 y 14 del Reglamento.
- También no atender las solicitudes de ejercicio de los derechos de los artículos 15 a 22, salvo lo previsto en el artículo 72.1.k).
- Y disponer de un Registro de actividades de tratamiento que no incorpore toda la información del artículo 30 del Reglamento.
- Así como no publicar o no comunicar los datos de contacto del delegado de protección de datos cuando su nombramiento sea exigible.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera las infracciones leves: incumplimientos formales, como no facilitar toda la información debida o tener el registro de actividades incompleto (no ausente).
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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 77
Régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o encargados del tratamiento. 1. El régimen establecido en este artículo será de aplicación a los tratamientos de los que sean responsables o encargados: a) Los órganos constitucionales o con relevancia constitucional y las instituciones de las comunidades autónomas análogas a los mismos. b) Los órganos jurisdiccionales. c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración Local. d) Los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. e) Las autoridades administrativas independientes. f) El Banco de España. g) Las corporaciones de Derecho público cuando las finalidades del tratamiento se relacionen con el ejercicio de potestades de derecho público. h) Las fundaciones del sector público. i) Las Universidades Públicas. j) Los consorcios. k) Los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas autonómicas, así como los grupos políticos de las Corporaciones Locales. 2. Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen alguna de las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 de esta ley orgánica, la autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución declarando la infracción y estableciendo, en su caso, las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido, con excepción de la prevista en el artículo 58.2.i del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. La resolución se notificará al responsable o encargado del tratamiento, al órgano del que dependa jerárquicamente, en su caso, y a los afectados que tuvieran la condición de interesado, en su caso. 3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad de protección de datos propondrá también la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios suficientes para ello. En este caso, el procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de aplicación. Asimismo, cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, y se acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones para el tratamiento que no hubieran sido debidamente atendidos, en la resolución en la que se imponga la sanción se incluirá una amonestación con denominación del cargo responsable y se ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico que corresponda. 4. Se deberán comunicar a la autoridad de protección de datos las resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados anteriores. 5. Se comunicarán al Defensor del Pueblo o, en su caso, a las instituciones análogas de las comunidades autónomas las actuaciones realizadas y las resoluciones dictadas al amparo de este artículo. 6. Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, esta publicará en su página web con la debida separación las resoluciones referidas a las entidades del apartado 1 de este artículo, con expresa indicación de la identidad del responsable o encargado del tratamiento que hubiera cometido la infracción. Cuando la competencia corresponda a una autoridad autonómica de protección de datos se estará, en cuanto a la publicidad de estas resoluciones, a lo que disponga su normativa específica.
Datos clave
- ¿Qué dicta la autoridad de protección de datos cuando un ente público de los enumerados en el art. 77.1 comete una infracción? → Una resolución declarando la infracción y, en su caso, las medidas para que cese la conducta o se corrijan sus efectos (art. 77.2).
- ¿Cuándo se incluye una amonestación con denominación del cargo responsable? → Cuando la infracción sea imputable a autoridades y directivos y se acredite que no atendieron debidamente informes técnicos o recomendaciones sobre el tratamiento (art. 77.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija un régimen especial para el sector público (Administraciones, órganos constitucionales, universidades públicas, Banco de España, etc.): en vez de multa, la autoridad dicta una resolución declarando la infracción y ordenando corregirla.
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RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 1
Artículo 1. Objeto
1.
El presente Reglamento establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos.
2.
El presente Reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales.
3.
La libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.
Datos clave
- ¿Qué doble objeto establece el artículo 1 del RGPD? → Proteger a las personas en el tratamiento y permitir la libre circulación de datos.
- ¿Puede limitarse la libre circulación de datos personales en la Unión por motivos vinculados a la protección regulada en el RGPD? → No, el artículo 1.3 impide esa limitación o prohibición.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 1 establece normas de protección de las personas físicas respecto del tratamiento y de libre circulación de datos personales.
Mapa mental
- Proteger a las personas en el tratamiento y permitir la libre circulación de datos.
- No, el artículo 1.3 impide esa limitación o prohibición.
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RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 2
Artículo 2. Ámbito de aplicación material
1.
El presente Reglamento se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
2.
El presente Reglamento no se aplica al tratamiento de datos personales:
a)
en el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión;
b)
por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del capítulo 2 del título V del TUE;
c)
efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas;
d)
por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención.
3.
El Reglamento (CE) n. o 45/2001 es de aplicación al tratamiento de datos de carácter personal por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión. El Reglamento (CE) n. o 45/2001 y otros actos jurídicos de la Unión aplicables a dicho tratamiento de datos de carácter personal se adaptarán a los principios y normas del presente Reglamento de conformidad con su artículo 98.
4.
El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación de la Directiva 2000/31/CE, en particular sus normas relativas a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios establecidas en sus artículos 12 a 15.
Datos clave
- ¿Qué tratamiento no automatizado incluye el ámbito material del RGPD? → El de datos contenidos o destinados a incluirse en un fichero.
- ¿Qué actividad de una persona física excluye el artículo 2.2.c del ámbito del RGPD? → Una actividad exclusivamente personal o doméstica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 2.1 abarca tratamiento automatizado y no automatizado de datos personales contenidos o destinados a incluirse en un fichero.
Mapa mental
- El de datos contenidos o destinados a incluirse en un fichero.
- Una actividad exclusivamente personal o doméstica.
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Artículo 4. Definiciones.
A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
1) «datos personales» : toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;
2) «tratamiento» : cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;
3) «limitación del tratamiento» : el marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro;
4) «elaboración de perfiles» : toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física;
5) «seudonimización» : el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable;
6) «fichero» : todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica;
7) «responsable del tratamiento» o «responsable» : la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros;
8) «encargado del tratamiento» o «encargado» : la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento;
9) «destinatario» : la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No obstante, no se considerarán destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir datos personales en el marco de una investigación concreta de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros; el tratamiento de tales datos por dichas autoridades públicas será conforme con las normas en materia de protección de datos aplicables a los fines del tratamiento;
10) «tercero» : persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado;
11) «consentimiento del interesado» : toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen;
12) «violación de la seguridad de los datos personales» : toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos;
13) «datos genéticos» : datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona;
14) «datos biométricos» : datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos;
15) «datos relativos a la salud» : datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud;
16) «establecimiento principal» :
a) en lo que se refiere a un responsable del tratamiento con establecimientos en más de un Estado miembro, el lugar de su administración central en la Unión, salvo que las decisiones sobre los fines y los medios del tratamiento se tomen en otro establecimiento del responsable en la Unión y este último establecimiento tenga el poder de hacer aplicar tales decisiones, en cuyo caso el establecimiento que haya adoptado tales decisiones se considerará establecimiento principal;
b) en lo que se refiere a un encargado del tratamiento con establecimientos en más de un Estado miembro, el lugar de su administración central en la Unión o, si careciera de esta, el establecimiento del encargado en la Unión en el que se realicen las principales actividades de tratamiento en el contexto de las actividades de un establecimiento del encargado en la medida en que el encargado esté sujeto a obligaciones específicas con arreglo al presente Reglamento;
17) «representante» : persona física o jurídica establecida en la Unión que, habiendo sido designada por escrito por el responsable o el encargado del tratamiento con arreglo al artículo 27, represente al responsable o al encargado en lo que respecta a sus respectivas obligaciones en virtud del presente Reglamento;
18) «empresa» : persona física o jurídica dedicada a una actividad económica, independientemente de su forma jurídica, incluidas las sociedades o asociaciones que desempeñen regularmente una actividad económica;
19) «grupo empresarial» : grupo constituido por una empresa que ejerce el control y sus empresas controladas;
20) «normas corporativas vinculantes» : las políticas de protección de datos personales asumidas por un responsable o encargado del tratamiento establecido en el territorio de un Estado miembro para transferencias o un conjunto de transferencias de datos personales a un responsable o encargado en uno o más países terceros, dentro de un grupo empresarial o una unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta;
21) «autoridad de control» : la autoridad pública independiente establecida por un Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51;
22) «autoridad de control interesada» :
la autoridad de control a la que afecta el tratamiento de datos personales debido a que:
a) el responsable o el encargado del tratamiento está establecido en el territorio del Estado miembro de esa autoridad de control;
b) los interesados que residen en el Estado miembro de esa autoridad de control se ven sustancialmente afectados o es probable que se vean sustancialmente afectados por el tratamiento, o
c) se ha presentado una reclamación ante esa autoridad de control;
23) «tratamiento transfronterizo» :
a) el tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las actividades de establecimientos en más de un Estado miembro de un responsable o un encargado del tratamiento en la Unión, si el responsable o el encargado está establecido en más de un Estado miembro, o
b) el tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las actividades de un único establecimiento de un responsable o un encargado del tratamiento en la Unión, pero que afecta sustancialmente o es probable que afecte sustancialmente a interesados en más de un Estado miembro;
24) «objeción pertinente y motivada» : la objeción a una propuesta de decisión sobre la existencia o no de infracción del presente Reglamento, o sobre la conformidad con el presente Reglamento de acciones previstas en relación con el responsable o el encargado del tratamiento, que demuestre claramente la importancia de los riesgos que entraña el proyecto de decisión para los derechos y libertades fundamentales de los interesados y, en su caso, para la libre circulación de datos personales dentro de la Unión;
25) «servicio de la sociedad de la información» : todo servicio conforme a la definición del artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo (1);
26) «organización internacional» : una organización internacional y sus entes subordinados de Derecho internacional público o cualquier otro organismo creado mediante un acuerdo entre dos o más países o en virtud de tal acuerdo.
Datos clave
- Datos personales: toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»).
- Tratamiento: cualquier operación sobre datos personales, automatizada o no (recogida, registro, conservación, consulta, comunicación, supresión…).
- Responsable: determina los fines y medios del tratamiento; encargado: trata datos por cuenta del responsable.
- Consentimiento: manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, mediante declaración o clara acción afirmativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Glosario del RGPD. Lo que más cae: datos personales, tratamiento, responsable frente a encargado, destinatario frente a tercero, consentimiento, seudonimización y datos genéticos, biométricos y de salud.
Esquema
| Responsable | Encargado | |
|---|---|---|
| Qué hace | Determina los fines y medios del tratamiento | Trata datos por cuenta del responsable |
| Quién puede serlo | Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo | Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo |
| Matiz | Puede actuar solo o junto con otros | Su referencia es el responsable por cuya cuenta trata |
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Artículo 5. Principios relativos al tratamiento.
1. Los datos personales serán:
a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);
b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);
c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);
d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);
e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);
f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).
2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).
Datos clave
- Principios: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad.
- El responsable debe cumplirlos y ser capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los principios que rigen todo tratamiento de datos y, encima de todos, la responsabilidad proactiva: el responsable no solo debe cumplirlos, debe poder demostrarlo.
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Artículo 6. Licitud del tratamiento.
1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;
b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;
d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;
f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.
2. Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones más específicas a fin de adaptar la aplicación de las normas del presente Reglamento con respecto al tratamiento en cumplimiento del apartado 1, letras c) y e), fijando de manera más precisa requisitos específicos de tratamiento y otras medidas que garanticen un tratamiento lícito y equitativo, con inclusión de otras situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo IX.
3. La base del tratamiento indicado en el apartado 1, letras c) y e), deberá ser establecida por:
a) el Derecho de la Unión, o
b) el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento.
La finalidad del tratamiento deberá quedar determinada en dicha base jurídica o, en lo relativo al tratamiento a que se refiere el apartado 1, letra e), será necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Dicha base jurídica podrá contener disposiciones específicas para adaptar la aplicación de normas del presente Reglamento, entre otras: las condiciones generales que rigen la licitud del tratamiento por parte del responsable; los tipos de datos objeto de tratamiento; los interesados afectados; las entidades a las que se pueden comunicar datos personales y los fines de tal comunicación; la limitación de la finalidad; los plazos de conservación de los datos, así como las operaciones y los procedimientos del tratamiento, incluidas las medidas para garantizar un tratamiento lícito y equitativo, como las relativas a otras situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo IX. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros cumplirá un objetivo de interés público y será proporcional al fin legítimo perseguido.
4. Cuando el tratamiento para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron los datos personales no esté basado en el consentimiento del interesado o en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática para salvaguardar los objetivos indicados en el artículo 23, apartado 1, el responsable del tratamiento, con objeto de determinar si el tratamiento con otro fin es compatible con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos personales, tendrá en cuenta, entre otras cosas:
a) cualquier relación entre los fines para los cuales se hayan recogido los datos personales y los fines del tratamiento ulterior previsto;
b) el contexto en que se hayan recogido los datos personales, en particular por lo que respecta a la relación entre los interesados y el responsable del tratamiento;
c) la naturaleza de los datos personales, en concreto cuando se traten categorías especiales de datos personales, de conformidad con el artículo 9, o datos personales relativos a condenas e infracciones penales, de conformidad con el artículo 10;
d) las posibles consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior previsto;
e) la existencia de garantías adecuadas, que podrán incluir el cifrado o la seudonimización.
Datos clave
- El tratamiento solo es lícito con al menos una base: consentimiento, contrato, obligación legal, intereses vitales, misión de interés público o poderes públicos, o interés legítimo.
- El interés legítimo no se aplica al tratamiento de las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.
- La base de las letras c) y e) la establece el Derecho de la Unión o el de los Estados miembros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Un tratamiento solo es lícito si se apoya en al menos una de las bases tasadas. El interés legítimo no sirve a las autoridades públicas, y la obligación legal y la misión pública necesitan una norma que las respalde.
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Artículo 7. Condiciones para el consentimiento.
1. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales.
2. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya infracción del presente Reglamento.
3. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.
4. Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato.
Datos clave
- El responsable debe poder demostrar que el interesado consintió.
- El interesado puede retirar el consentimiento en cualquier momento; retirarlo ha de ser tan fácil como darlo.
- La retirada no afecta a la licitud del tratamiento anterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si el tratamiento se basa en el consentimiento, el responsable tiene que poder probarlo; el interesado puede retirarlo cuando quiera y con la misma facilidad con que lo dio, sin efectos hacia atrás.
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Artículo 9. Tratamiento de categorías especiales de datos personales.
1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física.
2. El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes:
a) el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado;
b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado;
c) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento;
d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados;
e) el tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos;
f) el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial;
g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado;
h) el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3;
i) el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional,
j) el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.
3. Los datos personales a que se refiere el apartado 1 podrán tratarse a los fines citados en el apartado 2, letra h), cuando su tratamiento sea realizado por un profesional sujeto a la obligación de secreto profesional, o bajo su responsabilidad, de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o con las normas establecidas por los organismos nacionales competentes, o por cualquier otra persona sujeta también a la obligación de secreto de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o de las normas establecidas por los organismos nacionales competentes.
4. Los Estados miembros podrán mantener o introducir condiciones adicionales, inclusive limitaciones, con respecto al tratamiento de datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud.
Datos clave
- Se prohíbe tratar datos de origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, genéticos, biométricos, de salud, y de vida u orientación sexual.
- La prohibición se levanta, entre otros supuestos, con consentimiento explícito, por obligaciones laborales y de protección social, por intereses vitales o si el interesado hizo los datos manifiestamente públicos.
- Los Estados miembros pueden añadir condiciones para datos genéticos, biométricos o de salud.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las categorías especiales de datos (ideología, salud, genética, biometría, vida sexual…) están prohibidas por regla general y solo se tratan en los supuestos tasados del apartado 2.
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Artículo 12. Transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del interesado.
1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.
2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22. En los casos a que se refiere el artículo 11, apartado 2, el responsable no se negará a actuar a petición del interesado con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22, salvo que pueda demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado.
3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, sin dilación indebida y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.
4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.
5. La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34 serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento podrá:
a) cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada, o
b) negarse a actuar respecto de la solicitud.
El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud a que se refieren los artículos 15 a 21, podrá solicitar que se facilite la información adicional necesaria para confirmar la identidad del interesado.
7. La información que deberá facilitarse a los interesados en virtud de los artículos 13 y 14 podrá transmitirse en combinación con iconos normalizados que permitan proporcionar de forma fácilmente visible, inteligible y claramente legible una adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se presenten en formato electrónico serán legibles mecánicamente.
8. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 92 a fin de especificar la información que se ha de presentar a través de iconos y los procedimientos para proporcionar iconos normalizados.
Datos clave
- El responsable facilita la información y las comunicaciones de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo.
- Responde a las solicitudes sin dilación indebida y, a más tardar, en un mes, prorrogable otros dos meses si es necesario.
- La información y las actuaciones son gratuitas; ante solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas puede cobrar un canon razonable o negarse a actuar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo y en qué plazo responde el responsable a quien ejerce sus derechos: lenguaje claro, gratis por regla general y respuesta en un mes, prorrogable dos más.
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RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 13
Artículo 13. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado
1.
Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:
a)
la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;
b)
los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;
c)
los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;
d)
cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable o de un tercero;
e)
los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;
f)
en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al lugar en que se hayan puesto a disposición.
2.
Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:
a)
el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
b)
la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;
c)
cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;
d)
el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
e)
si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de no facilitar tales datos;
f)
la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.
3.
Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente a tenor del apartado 2.
4.
Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de la información.
Datos clave
- Si los datos se obtienen del interesado, ¿cuándo debe facilitarse la información del artículo 13? → En el momento en que se obtienen los datos.
- ¿Qué excepción contempla el artículo 13.4 respecto de la información al interesado? → Que ya disponga de ella, en la medida en que la conozca.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 13.1 exige informar en el momento de la obtención directa de los datos; incluye identidad del responsable, fines, base jurídica y demás extremos previstos.
Mapa mental
- En el momento en que se obtienen los datos.
- Que ya disponga de ella, en la medida en que la conozca.
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Artículo 15. Derecho de acceso del interesado.
1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:
a) los fines del tratamiento;
b) las categorías de datos personales de que se trate;
c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales;
d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
e) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;
f) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
g) cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen;
h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.
2. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías adecuadas en virtud del artículo 46 relativas a la transferencia.
3. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común.
4. El derecho a obtener copia mencionado en el apartado 3 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.
Datos clave
- El interesado tiene derecho a obtener confirmación de si se tratan datos que le conciernen y, en tal caso, acceso a ellos y a la información del artículo.
- El responsable facilita una copia de los datos objeto de tratamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El derecho de acceso da al interesado la confirmación de si se tratan sus datos, el acceso a ellos, una lista de informaciones sobre el tratamiento y una copia gratuita.
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Artículo 16. Derecho de rectificación.
El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.
Datos clave
- El interesado tiene derecho a obtener sin dilación indebida la rectificación de los datos inexactos que le conciernan.
- Tiene derecho a que se completen los datos incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El interesado puede exigir que corrijan sin dilación sus datos inexactos y que completen los incompletos, incluso con una declaración adicional.
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Artículo 17. Derecho de supresión («el derecho al olvido»).
1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo;
b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico;
c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2;
d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;
e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento;
f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1.
2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos.
3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario:
a) para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;
b) para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable;
c) por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras h) e i), y apartado 3;
d) con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento, o
e) para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Datos clave
- El interesado tiene derecho a obtener sin dilación indebida la supresión de sus datos cuando concurra alguna de las circunstancias del artículo («derecho al olvido»).
- No se aplica, entre otros casos, cuando el tratamiento sea necesario para ejercer la libertad de expresión e información o para cumplir una obligación legal o una misión de interés público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El derecho al olvido obliga a suprimir los datos sin dilación indebida en los supuestos tasados, pero cede ante la libertad de expresión, la obligación legal, la salud pública, el archivo o las reclamaciones.
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Artículo 18. Derecho a la limitación del tratamiento.
1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
a) el interesado impugne la exactitud de los datos personales en un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos;
b) el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso;
c) el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;
d) el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
2. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del apartado 1, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro.
3. Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con arreglo al apartado 1 será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha limitación.
Datos clave
- El interesado puede obtener la limitación del tratamiento, entre otros casos, mientras se verifica la exactitud de los datos que impugna o si el tratamiento es ilícito y se opone a la supresión.
- Los datos limitados solo pueden tratarse, salvo su conservación, con consentimiento o en los supuestos tasados del artículo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La limitación congela los datos: el responsable los conserva pero solo puede usarlos en casos muy tasados, mientras se aclara una duda o por interés del propio interesado.
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Artículo 20. Derecho a la portabilidad de los datos.
1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando:
a) el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), y
b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados.
2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.
3. El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se entenderá sin perjuicio del artículo 17. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
4. El derecho mencionado en el apartado 1 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.
Datos clave
- El interesado tiene derecho a recibir sus datos en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable.
- Se aplica cuando el tratamiento se basa en el consentimiento o en un contrato y se efectúa por medios automatizados.
- No se aplica al tratamiento necesario para una misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La portabilidad permite llevarse los datos facilitados en formato estructurado y transmitirlos a otro responsable, pero solo si la base es consentimiento o contrato y el tratamiento es automatizado.
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Artículo 21. Derecho de oposición.
1. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
2. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia.
3. Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines.
4. A más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesado, el derecho indicado en los apartados 1 y 2 será mencionado explícitamente al interesado y será presentado claramente y al margen de cualquier otra información.
5. En el contexto de la utilización de servicios de la sociedad de la información, y no obstante lo dispuesto en la Directiva 2002/58/CE, el interesado podrá ejercer su derecho a oponerse por medios automatizados que apliquen especificaciones técnicas.
6. Cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 89, apartado 1, el interesado tendrá derecho, por motivos relacionados con su situación particular, a oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público.
Datos clave
- El interesado puede oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, al tratamiento basado en el artículo 6.1 e) o f), incluida la elaboración de perfiles.
- Si los datos se tratan con fines de mercadotecnia directa, puede oponerse en todo momento y dejan de tratarse para esos fines.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos oposiciones distintas: la general, por la situación particular del interesado frente al interés público o el interés legítimo, que el responsable puede vencer; y la de mercadotecnia directa, que siempre gana.
Esquema
| Oposición general | Mercadotecnia directa | |
|---|---|---|
| Tratamiento afectado | Basado en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f) | El que tenga por objeto la mercadotecnia directa |
| Cuándo y por qué | En cualquier momento, por motivos de su situación particular | En todo momento |
| Efecto | Deja de tratar salvo motivos legítimos imperiosos o reclamaciones | Los datos dejan de tratarse para esos fines |
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RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 22
Artículo 22. Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles
1.
Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.
2.
El apartado 1 no se aplicará si la decisión:
a)
es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento;
b)
está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, o
c)
se basa en el consentimiento explícito del interesado.
3.
En los casos a que se refiere el apartado 2, letras a) y c), el responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, como mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.
4.
Las decisiones a que se refiere el apartado 2 no se basarán en las categorías especiales de datos personales contempladas en el artículo 9, apartado 1, salvo que se aplique el artículo 9, apartado 2, letra a) o g), y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado.
Datos clave
- ¿Qué decisiones comprende la regla general del artículo 22.1 del RGPD? → Las exclusivamente automatizadas con efectos jurídicos o similares significativos.
- En los supuestos de contrato o consentimiento explícito del artículo 22.2, ¿qué garantía mínima exige el apartado 3? → Intervención humana, expresar su punto de vista e impugnar la decisión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El interesado tiene derecho a no ser objeto de esas decisiones, incluida elaboración de perfiles, con las excepciones y garantías de los apartados siguientes.
Mapa mental
- Las exclusivamente automatizadas con efectos jurídicos o similares significativos.
- Intervención humana, expresar su punto de vista e impugnar la decisión.
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Artículo 24. Responsabilidad del responsable del tratamiento
Artículo 24. Responsabilidad del responsable del tratamiento
1.
Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando sea necesario.
2.
Cuando sean proporcionadas en relación con las actividades de tratamiento, entre las medidas mencionadas en el apartado 1 se incluirá la aplicación, por parte del responsable del tratamiento, de las oportunas políticas de protección de datos.
3.
La adhesión a códigos de conducta aprobados a tenor del artículo 40 o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrán ser utilizados como elementos para demostrar el cumplimiento de las obligaciones por parte del responsable del tratamiento.
Datos clave
- El responsable aplica medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento.
- Se tienen en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento y los riesgos para los derechos y libertades.
- Las medidas se revisan y actualizan cuando sea necesario e incluyen, si son proporcionadas, políticas de protección de datos.
- La adhesión a códigos de conducta (artículo 40) o a mecanismos de certificación (artículo 42) sirve para demostrar el cumplimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Consagra la responsabilidad proactiva («accountability»): el responsable no solo cumple el Reglamento, tiene que poder demostrarlo con medidas revisadas y actualizadas.
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Artículo 25. Protección de datos desde el diseño y por defecto
Artículo 25. Protección de datos desde el diseño y por defecto
1.
Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la seudonimización, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos, como la minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir los requisitos del presente Reglamento y proteger los derechos de los interesados.
2.
El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de personas físicas.
3.
Podrá utilizarse un mecanismo de certificación aprobado con arreglo al artículo 42 como elemento que acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del presente artículo.
Datos clave
- Protección de datos desde el diseño: medidas apropiadas, como la seudonimización, al determinar los medios y durante el tratamiento.
- Esas medidas aplican principios como la minimización de datos.
- Protección por defecto: solo se tratan los datos necesarios para cada fin específico.
- La obligación alcanza la cantidad de datos, la extensión del tratamiento, el plazo de conservación y la accesibilidad.
- Por defecto, los datos no serán accesibles, sin intervención de la persona, a un número indeterminado de personas físicas.
- Un mecanismo de certificación del artículo 42 puede acreditar el cumplimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Distingue dos obligaciones del responsable: integrar la protección de datos desde que se diseña el tratamiento, y que por defecto solo se traten los datos estrictamente necesarios.
Esquema
| Desde el diseño (ap. 1) | Por defecto (ap. 2) | |
|---|---|---|
| Cuándo se aplica | Al determinar los medios del tratamiento y en el propio tratamiento | En el funcionamiento habitual del tratamiento |
| Qué exige | Medidas como la seudonimización para aplicar principios como la minimización de datos | Que solo se traten los datos necesarios para cada fin específico |
| Puede acreditarse con | Certificación del art. 42 | Certificación del art. 42 |
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Artículo 28. Encargado del tratamiento
El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable. Dicho contrato o acto jurídico estipulará, en particular, que el encargado:
tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público;
garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza legal;
tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32;
respetará las condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 para recurrir a otro encargado del tratamiento;
asistirá al responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capítulo III;
ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del encargado;
a elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros;
pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable.
En relación con lo dispuesto en la letra h) del párrafo primero, el encargado informará inmediatamente al responsable si, en su opinión, una instrucción infringe el presente Reglamento u otras disposiciones en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros.
Datos clave
- El tratamiento por el encargado se rige por un contrato u otro acto jurídico que vincule al encargado respecto del responsable.
- Ese contrato fija el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos, las categorías de interesados y las obligaciones y derechos del responsable.
- El encargado trata los datos solo siguiendo instrucciones documentadas del responsable, también en las transferencias internacionales.
- Debe garantizar la confidencialidad de las personas autorizadas y tomar las medidas del artículo 32.
- Al terminar la prestación, a elección del responsable, suprime o devuelve los datos.
- Informa inmediatamente al responsable si una instrucción infringe la normativa de protección de datos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula el contrato entre responsable y encargado: debe fijar objeto, duración, naturaleza y finalidad del tratamiento, y obliga al encargado a tratar solo por instrucciones documentadas, guardar confidencialidad, garantizar seguridad, ayudar al responsable y devolver o suprimir los datos al finalizar.
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Artículo 30. Registro de las actividades de tratamiento
Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá contener toda la información indicada a continuación:
el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, del representante del responsable, y del delegado de protección de datos;
los fines del tratamiento;
una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales;
las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales;
en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, la documentación de garantías adecuadas;
cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos;
cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 32, apartado 1.
Cada encargado y, en su caso, el representante del encargado, llevará un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable que contenga:
el nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado, y, en su caso, del representante del responsable o del encargado, y del delegado de protección de datos;
las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable;
en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, la documentación de garantías adecuadas;
cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 30, apartado 1.
Datos clave
- Cada responsable y, en su caso, su representante llevan un registro de las actividades de tratamiento.
- El registro del responsable incluye, entre otros, los datos de contacto, los fines, las categorías de interesados y de datos, los destinatarios y las transferencias internacionales.
- Cuando sea posible, recoge los plazos previstos para la supresión y una descripción de las medidas de seguridad.
- Cada encargado lleva un registro de las categorías de actividades efectuadas por cuenta de un responsable.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responsable y encargado llevan registros paralelos pero distintos: el del responsable recoge fines y categorías de datos; el del encargado, las categorías de tratamientos que hace por cuenta de cada responsable.
Esquema
| Registro del responsable | Registro del encargado | |
|---|---|---|
| Identificación que recoge | Responsable, corresponsable, representante y DPD | Encargado(s), cada responsable por el que actúa, representante y DPD |
| Contenido específico | Fines, categorías de interesados, categorías de datos y de destinatarios | Categorías de tratamientos realizados por cuenta de cada responsable |
| Transferencias internacionales | Identificación del tercer país u organización y garantías del art. 49.1 párrafo 2 | Igual: identificación del tercer país u organización y garantías del art. 49.1 párrafo 2 |
| Plazos de supresión | Cuando sea posible, plazos previstos para suprimir cada categoría de datos | No lo prevé este apartado |
| Medidas de seguridad | Descripción general, cuando sea posible (remite al art. 32.1) | Descripción general, cuando sea posible (el texto remite, por error, al propio art. 30.1) |
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RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 32
Artículo 32. Seguridad del tratamiento
1.
Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:
a)
la seudonimización y el cifrado de datos personales;
b)
la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
c)
la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;
d)
un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
2.
Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.
3.
La adhesión a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá servir de elemento para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo.
4.
El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.
Datos clave
- ¿Qué cuatro factores determinan las medidas de seguridad a aplicar? → El estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza/alcance/contexto/fines del tratamiento y el riesgo para los derechos de las personas.
- Cita dos ejemplos de medidas de seguridad que menciona el artículo. → La seudonimización y el cifrado de datos personales, y la capacidad de restaurar la disponibilidad tras un incidente.
- Cuatro medidas «tipo» a memorizar: seudonimización/cifrado, confidencialidad-integridad-disponibilidad-resiliencia, restauración tras incidente, y verificación periódica.
- Cuatro criterios para calibrar el riesgo: estado de la técnica, coste, naturaleza del tratamiento y gravedad/probabilidad del riesgo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La seguridad del tratamiento no es un estándar fijo: se calibra por el riesgo real, teniendo en cuenta la técnica disponible y el coste. La ley da cuatro ejemplos de medidas, no una lista cerrada.
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RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 33
Artículo 33. Notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control
1.
En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el artículo 55 sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 horas, deberá ir acompañada de indicación de los motivos de la dilación.
2.
El encargado del tratamiento notificará sin dilación indebida al responsable del tratamiento las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento.
3.
La notificación contemplada en el apartado 1 deberá, como mínimo:
a)
describir la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados;
b)
comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información;
c)
describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales;
d)
describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
4.
Si no fuera posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
5.
El responsable del tratamiento documentará cualquier violación de la seguridad de los datos personales, incluidos los hechos relacionados con ella, sus efectos y las medidas correctivas adoptadas. Dicha documentación permitirá a la autoridad de control verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.
Datos clave
- ¿Qué cuatro contenidos mínimos debe tener la notificación a la autoridad de control? → Naturaleza de la violación, contacto del DPD u otro punto de contacto, posibles consecuencias, y medidas adoptadas o propuestas.
- ¿Qué dos categorías de cifras debe incluir la descripción de la naturaleza de la violación? → El número aproximado de interesados afectados y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
- Los cuatro contenidos mínimos, en orden: naturaleza (qué y a cuántos), contacto, consecuencias, medidas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando hay que notificar una violación de seguridad a la autoridad de control, el contenido mínimo son cuatro bloques: qué pasó, a quién avisar, qué consecuencias y qué se está haciendo.
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Artículo 35. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos
La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a que se refiere el apartado 1 se requerirá en particular en caso de:
evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas que se base en un tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos para las personas físicas o que les afecten significativamente de modo similar;
tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a que se refiere el artículo 9, apartado 1, o de los datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10, o
observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público.
La evaluación deberá incluir como mínimo:
una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y de los fines del tratamiento, inclusive, cuando proceda, el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento;
una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento con respecto a su finalidad;
una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados a que se refiere el apartado 1, y
las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la protección de datos personales, y a demostrar la conformidad con el presente Reglamento, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas.
Datos clave
- La evaluación de impacto se requiere en particular ante la evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales basada en tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles.
- También en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos (artículo 9.1) o de datos sobre condenas e infracciones penales (artículo 10).
- Y en la observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público.
- Debe incluir como mínimo la descripción de las operaciones y fines, la evaluación de necesidad y proporcionalidad, la evaluación de riesgos y las medidas previstas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Exige una evaluación de impacto en tres supuestos de alto riesgo —perfiles con efectos jurídicos, tratamiento a gran escala de categorías especiales o datos penales, y observación sistemática a gran escala de zonas públicas— y fija su contenido mínimo.
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Artículo 37. Designación del delegado de protección de datos
El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos siempre que:
el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;
las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, o
las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos con arreglo al artículo 9 o de datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10.
Datos clave
- Es obligatorio designar delegado de protección de datos cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público.
- Se exceptúan los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial.
- También cuando las actividades principales requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala.
- Y cuando consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos (artículo 9) o de datos penales (artículo 10).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hay tres puertas de entrada a la obligación de nombrar DPD: ser autoridad pública, vigilar habitualmente a gran escala, o tratar a gran escala datos especialmente sensibles o penales.
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Artículo 39. Funciones del delegado de protección de datos
El delegado de protección de datos tendrá como mínimo las siguientes funciones:
informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros;
supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes;
ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35;
cooperar con la autoridad de control;
actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto.
Datos clave
- El delegado informa y asesora al responsable, al encargado y a los empleados sobre sus obligaciones.
- Supervisa el cumplimiento del Reglamento y de las políticas de protección de datos, incluida la formación del personal y las auditorías.
- Asesora sobre la evaluación de impacto y supervisa su aplicación conforme al artículo 35.
- Coopera con la autoridad de control y actúa como su punto de contacto, incluida la consulta previa del artículo 36.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El DPD no decide ni ejecuta: informa, supervisa el cumplimiento, asesora sobre la evaluación de impacto y hace de enlace con la autoridad de control.
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Artículo 51. Autoridad de control.
1.
Cada Estado miembro establecerá que sea responsabilidad de una o varias autoridades públicas independientes (en adelante «autoridad de control») supervisar la aplicación del presente Reglamento, con el fin de proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y de facilitar la libre circulación de datos personales en la Unión.
2.
Cada autoridad de control contribuirá a la aplicación coherente del presente Reglamento en toda la Unión. A tal fin, las autoridades de control cooperarán entre sí y con la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el capítulo VII.
3.
Cuando haya varias autoridades de control en un Estado miembro, este designará la autoridad de control que representará a dichas autoridades en el Comité, y establecerá el mecanismo que garantice el cumplimiento por las demás autoridades de las normas relativas al mecanismo de coherencia a que se refiere el artículo 63.
4.
Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legales que adopte de conformidad con el presente capítulo a más tardar el 25 de mayo de 2018 y, sin dilación, cualquier modificación posterior que afecte a dichas disposiciones.
Datos clave
- Cada Estado miembro encarga a una o varias autoridades públicas independientes («autoridad de control») supervisar la aplicación del Reglamento.
- Su fin es proteger los derechos y libertades de las personas físicas y facilitar la libre circulación de datos en la Unión.
- Las autoridades de control cooperan entre sí y con la Comisión con arreglo al capítulo VII.
- Si hay varias autoridades en un Estado, este designa la que le representa en el Comité.
- Los Estados notificaron sus disposiciones a la Comisión a más tardar el 25 de mayo de 2018.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Estado miembro encomienda a una o varias autoridades públicas independientes supervisar el RGPD; cooperan entre sí y con la Comisión; si hay varias, se designa una representante en el Comité; y se notifica antes del 25 de mayo de 2018.
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Artículo 77. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control
Artículo 77. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control
1.
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el presente Reglamento.
2.
La autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamación informará al reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación, inclusive sobre la posibilidad de acceder a la tutela judicial en virtud del artículo 78.
Datos clave
- Todo interesado puede presentar una reclamación ante una autoridad de control si considera que el tratamiento de sus datos infringe el Reglamento.
- Puede hacerlo en particular en el Estado de su residencia habitual, de su lugar de trabajo o del lugar de la supuesta infracción.
- El derecho se reconoce sin perjuicio de otros recursos administrativos o acciones judiciales.
- La autoridad informa al reclamante del curso y resultado de la reclamación y de la posible tutela judicial del artículo 78.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todo interesado puede reclamar ante una autoridad de control si cree que el tratamiento de sus datos infringe el RGPD, en particular en su Estado de residencia, trabajo o infracción.
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Artículo 82. Derecho a indemnización y responsabilidad
Artículo 82. Derecho a indemnización y responsabilidad
1.
Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción del presente Reglamento tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
2.
Cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento responderá de los daños y perjuicios causados en caso de que dicha operación no cumpla lo dispuesto por el presente Reglamento. Un encargado únicamente responderá de los daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no haya cumplido con las obligaciones del presente Reglamento dirigidas específicamente a los encargados o haya actuado al margen o en contra de las instrucciones legales del responsable.
3.
El responsable o encargado del tratamiento estará exento de responsabilidad en virtud del apartado 2 si demuestra que no es en modo alguno responsable del hecho que haya causado los daños y perjuicios.
4.
Cuando más de un responsable o encargado del tratamiento, o un responsable y un encargado hayan participado en la misma operación de tratamiento y sean, con arreglo a los apartados 2 y 3, responsables de cualquier daño o perjuicio causado por dicho tratamiento, cada responsable o encargado será considerado responsable de todos los daños y perjuicios, a fin de garantizar la indemnización efectiva del interesado.
5.
Cuando, de conformidad con el apartado 4, un responsable o encargado del tratamiento haya pagado una indemnización total por el perjuicio ocasionado, dicho responsable o encargado tendrá derecho a reclamar a los demás responsables o encargados que hayan participado en esa misma operación de tratamiento la parte de la indemnización correspondiente a su parte de responsabilidad por los daños y perjuicios causados, de conformidad con las condiciones fijadas en el apartado 2.
6.
Las acciones judiciales en ejercicio del derecho a indemnización se presentarán ante los tribunales competentes con arreglo al Derecho del Estado miembro que se indica en el artículo 79, apartado 2.
Datos clave
- Quien sufra daños y perjuicios materiales o inmateriales por una infracción del Reglamento tiene derecho a indemnización del responsable o del encargado.
- El encargado solo responde si incumple obligaciones dirigidas específicamente a los encargados o actúa al margen o en contra de las instrucciones del responsable.
- Queda exento quien demuestre que no es en modo alguno responsable del hecho causante.
- Si participan varios responsables o encargados, cada uno responde de todos los daños, con derecho a repetir contra los demás.
- Las acciones se presentan ante los tribunales competentes según el artículo 79, apartado 2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Da derecho a indemnización por cualquier infracción del Reglamento, distingue cuándo responde el responsable y cuándo el encargado, y establece la responsabilidad solidaria entre varios.
Esquema
| Responsable | Encargado | |
|---|---|---|
| Responde cuando | La operación de tratamiento no cumple el Reglamento (art. 82.2) | Incumplió sus obligaciones específicas o actuó al margen o contra las instrucciones legales del responsable (art. 82.2) |
| Exención | Demuestra no ser en modo alguno responsable del hecho (art. 82.3) | Demuestra no ser en modo alguno responsable del hecho (art. 82.3) |
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Artículo 83. Condiciones generales para la imposición de multas administrativas
Las multas administrativas se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo de las medidas contempladas en el artículo 58, apartado 2, letras a) a h) y j). Al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso individual se tendrá debidamente en cuenta:
la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido;
la intencionalidad o negligencia en la infracción;
cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados;
el grado de responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento, habida cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en virtud de los artículos 25 y 32;
toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento;
el grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción;
las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción;
la forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si el responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida;
cuando las medidas indicadas en el artículo 58, apartado 2, hayan sido ordenadas previamente contra el responsable o el encargado de que se trate en relación con el mismo asunto, el cumplimiento de dichas medidas;
la adhesión a códigos de conducta en virtud del artículo 40 o a mecanismos de certificación aprobados con arreglo al artículo 42, y
cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a través de la infracción.
Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 10 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía:
las obligaciones del responsable y del encargado a tenor de los artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 43;
las obligaciones de los organismos de certificación a tenor de los artículos 42 y 43;
las obligaciones del organismo de supervisión a tenor del artículo 41, apartado 4.
Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 20 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía:
los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9;
los derechos de los interesados a tenor de los artículos 12 a 22;
las transferencias de datos personales a un destinatario en un tercer país o una organización internacional a tenor de los artículos 44 a 49;
toda obligación en virtud del Derecho de los Estados miembros que se adopte con arreglo al capítulo IX;
el incumplimiento de una resolución o de una limitación temporal o definitiva del tratamiento o la suspensión de los flujos de datos por parte de la autoridad de control con arreglo al artículo 58, apartado 2, o el no facilitar acceso en incumplimiento del artículo 58, apartado 1.
Datos clave
- Las multas se imponen a título adicional o sustitutivo de las medidas del artículo 58, apartado 2, letras a) a h) y j).
- Para fijarlas se tienen en cuenta, entre otros, la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, la intencionalidad o negligencia y las infracciones anteriores.
- Infracciones de los artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 43: hasta 10 000 000 EUR o el 2 % del volumen de negocio total anual global, la de mayor cuantía.
- Infracciones de los principios básicos, de los derechos de los interesados (artículos 12 a 22) y de las transferencias internacionales: hasta 20 000 000 EUR o el 4 %.
- El volumen de negocio de referencia es el del ejercicio financiero anterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula cómo se gradúan las multas administrativas (naturaleza, gravedad, intencionalidad, cooperación, reincidencia...) y fija dos techos: hasta 10.000.000 EUR o el 2 % de la facturación global para ciertas obligaciones del responsable/encargado y de certificación, y hasta 20.000.000 EUR o el 4 % para los principios básicos, los derechos de los interesados, las transferencias internacionales y el incumplimiento de resoluciones de la autoridad.