Tema 87: El contrato de trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
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Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.
2. A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas.
3. Se excluyen del ámbito regulado por esta ley:
a) La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las correspondientes normas legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público, cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias.
b) Las prestaciones personales obligatorias.
c) La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa solo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo.
d) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.
e) Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo. Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción.
f) La actividad de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, siempre que queden personalmente obligados a responder del buen fin de la operación asumiendo el riesgo y ventura de la misma.
g) En general, todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta de la que define el apartado 1.
A tales efectos se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizada, mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador.
4. La legislación laboral española será de aplicación al trabajo que presten los trabajadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero, sin perjuicio de las normas de orden público aplicables en el lugar de trabajo. Dichos trabajadores tendrán, al menos, los derechos económicos que les corresponderían de trabajar en territorio español.
5. A efectos de esta ley se considera centro de trabajo la unidad productiva con organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral.
En la actividad de trabajo en el mar se considerará como centro de trabajo el buque, entendiéndose situado en la provincia donde radique su puerto de base.
Datos clave
- Se aplica a trabajadores que voluntariamente presten servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del empleador o empresario.
- Son empresarios las personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes que reciban esa prestación, incluida la de trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal.
- Quedan excluidos, entre otros, los funcionarios públicos, las prestaciones personales obligatorias, los consejeros de sociedades y los trabajos de amistad, benevolencia o buena vecindad.
- Los trabajos familiares se excluyen salvo que se demuestre la condición de asalariados; son familiares, si conviven con el empresario, el cónyuge y parientes hasta el segundo grado inclusive.
- Se excluye el transporte con autorización administrativa propia y vehículo comercial de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición se ostente.
- Centro de trabajo es la unidad productiva con organización específica dada de alta ante la autoridad laboral; en el trabajo en el mar lo es el buque.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estatuto se aplica a quien trabaja voluntariamente, de forma retribuida, por cuenta ajena y bajo la dirección de un empresario. Fija quién es empresario, qué relaciones quedan excluidas y qué es centro de trabajo.
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Artículo 2. Relaciones laborales de carácter especial.
El artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, enumera las relaciones laborales de carácter especial.
1. Se considerarán relaciones laborales de carácter especial:
a) La del personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c).
b) La del servicio del hogar familiar.
c) La de los penados en las instituciones penitenciarias.
d) La de los deportistas profesionales.
e) La de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad.
f) La de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquellas.
g) La de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los centros especiales de empleo.
h) (Derogada)
i) La de los menores sometidos a la ejecución de medidas de internamiento para el cumplimiento de su responsabilidad penal.
j) La de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
k) La de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.
l) Cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado como relación laboral de carácter especial por una ley.
2. En todos los supuestos señalados en el apartado anterior, la regulación de dichas relaciones laborales respetará los derechos básicos reconocidos por la Constitución.
Datos clave
- Son relaciones laborales especiales, entre otras, la alta dirección no incluida en el artículo 1.3.c), el servicio del hogar familiar y los penados en instituciones penitenciarias.
- También lo son los deportistas profesionales y las personas artistas de las artes escénicas, audiovisuales y musicales, con su personal técnico o auxiliar.
- Se incluyen los mediadores mercantiles que no asumen el riesgo y ventura de las operaciones y los trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo.
- La letra h) del apartado 1 está derogada.
- Lo son también los menores con medidas de internamiento, la residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud y los abogados de despachos.
- Una ley puede declarar expresamente cualquier otro trabajo como relación laboral especial.
- Su regulación debe respetar los derechos básicos reconocidos por la Constitución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista de las relaciones laborales de carácter especial: alta dirección, hogar familiar, penados, deportistas, artistas, mediadores mercantiles, discapacidad en centros especiales, menores internados, residentes sanitarios, abogados y las que declare una ley.
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Artículo 6. Trabajo de los menores.
1. Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años.
2. Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo respecto a los que se establezcan limitaciones a su contratación conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en las normas reglamentarias aplicables.
3. Se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de dieciocho años.
4. La intervención de los menores de dieciséis años en espectáculos públicos solo se autorizará en casos excepcionales por la autoridad laboral, siempre que no suponga peligro para su salud ni para su formación profesional y humana. El permiso deberá constar por escrito y para actos determinados.
Datos clave
- Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años.
- Los menores de dieciocho años no pueden realizar trabajos nocturnos ni las actividades o puestos con limitaciones conforme a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de dieciocho años.
- La intervención de menores de dieciséis años en espectáculos públicos solo la autoriza la autoridad laboral en casos excepcionales, sin peligro para su salud ni su formación profesional y humana.
- El permiso para espectáculos públicos debe constar por escrito y para actos determinados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
No se admite al trabajo a menores de dieciséis años. Los menores de dieciocho no pueden hacer trabajo nocturno, horas extraordinarias ni actividades limitadas por la normativa de prevención; y los de dieciséis solo actúan en espectáculos con permiso excepcional.
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Artículo 7. Capacidad para contratar.
Podrán contratar la prestación de su trabajo:
a) Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil.
b) Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
Si el representante legal de una persona de capacidad limitada la autoriza expresa o tácitamente para realizar un trabajo, queda esta también autorizada para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que se derivan de su contrato y para su cesación.
c) Los extranjeros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica sobre la materia.
Datos clave
- Pueden contratar quienes tengan plena capacidad de obrar conforme al Código Civil.
- Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años que vivan de forma independiente pueden contratar con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que los tenga a su cargo.
- La autorización expresa o tácita del representante legal habilita también para ejercitar los derechos y cumplir los deberes del contrato y para su cesación.
- Los extranjeros pueden contratar de acuerdo con su legislación específica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién puede contratar su trabajo: quienes tienen plena capacidad de obrar, los mayores de dieciséis y menores de dieciocho que vivan de forma independiente con consentimiento o autorización, y los extranjeros según su legislación.
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Artículo 8. Forma del contrato.
El artículo 8 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula la forma del contrato de trabajo, la comunicación a la oficina pública de empleo y la copia básica.
1. El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel.
2. Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija una disposición legal y, en todo caso, los de prácticas y para la formación y el aprendizaje, los contratos a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de relevo y los contratos para la realización de una obra o servicio determinado; también constarán por escrito los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas.
Deberán constar igualmente por escrito los contratos de trabajo de los pescadores, de los trabajadores que trabajen a distancia y de los trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero.
De no observarse la exigencia de forma escrita, el contrato de trabajo se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios.
Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral.
3. El empresario está obligado a comunicar a la oficina pública de empleo, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación y en los términos que reglamentariamente se determinen, el contenido de los contratos de trabajo que celebre o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito.
4. El empresario entregará a la representación legal de los trabajadores una copia básica de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, a excepción de los contratos de relación laboral especial de alta dirección sobre los que se establece el deber de notificación a la representación legal de los trabajadores.
Con el fin de comprobar la adecuación del contenido del contrato a la legalidad vigente, esta copia básica contendrá todos los datos del contrato a excepción del número del documento nacional de identidad o del número de identidad de extranjero, el domicilio, el estado civil, y cualquier otro que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pudiera afectar a la intimidad personal. El tratamiento de la información facilitada estará sometido a los principios y garantías previstos en la normativa aplicable en materia de protección de datos.
La copia básica se entregará por el empresario, en plazo no superior a diez días desde la formalización del contrato, a los representantes legales de los trabajadores, quienes la firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la entrega.
Posteriormente, dicha copia básica se enviará a la oficina de empleo. Cuando no exista representación legal de los trabajadores también deberá formalizarse copia básica y remitirse a la oficina de empleo.
Los representantes de la Administración, así como los de las organizaciones sindicales y de las asociaciones empresariales, que tengan acceso a la copia básica de los contratos en virtud de su pertenencia a los órganos de participación institucional que reglamentariamente tengan tales facultades, observarán sigilo profesional, no pudiendo utilizar dicha documentación para fines distintos de los que motivaron su conocimiento.
5. Cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro semanas, el empresario deberá informar por escrito al trabajador, en los términos y plazos que se establezcan reglamentariamente, sobre los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre que tales elementos y condiciones no figuren en el contrato de trabajo formalizado por escrito.
Datos clave
- El contrato puede celebrarse por escrito o de palabra y se presume existente entre quien presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro a cambio de retribución.
- Deben constar por escrito, entre otros, los contratos formativos, a tiempo parcial, fijos-discontinuos, de relevo y los de duración determinada superior a cuatro semanas, así como los de pescadores, trabajo a distancia y trabajadores contratados en España para empresas españolas en el extranjero.
- Sin forma escrita exigida, el contrato se presume celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario.
- El empresario comunica a la oficina pública de empleo el contenido de los contratos y sus prórrogas en los diez días siguientes a su concertación.
- La copia básica se entrega a la representación legal en plazo no superior a diez días desde la formalización y excluye datos como el DNI o NIE, el domicilio y el estado civil.
- Los contratos de alta dirección no generan copia básica, sino deber de notificación a la representación legal.
- En relaciones de duración superior a cuatro semanas, el empresario informa por escrito de los elementos esenciales del contrato si no figuran en el contrato escrito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El contrato de trabajo puede ser escrito o verbal y se presume existente cuando hay servicio retribuido dentro de la organización de otro. Algunos deben ir por escrito; si no, se presume indefinido y a jornada completa. Diez días para comunicarlo y para la copia básica.
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Artículo 9. Validez del contrato.
El artículo 9 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula la validez del contrato de trabajo y los efectos de su nulidad.
1. Si resultase nula solo una parte del contrato de trabajo, este permanecerá válido en lo restante, y se entenderá completado con los preceptos jurídicos adecuados conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1. Si el trabajador tuviera asignadas condiciones o retribuciones especiales en virtud de contraprestaciones establecidas en la parte no válida del contrato, el órgano de la jurisdicción social que a instancia de parte declare la nulidad hará el debido pronunciamiento sobre la subsistencia o supresión en todo o en parte de dichas condiciones o retribuciones.
2. En caso de que el contrato resultase nulo, el trabajador podrá exigir, por el trabajo que ya hubiese prestado, la remuneración consiguiente a un contrato válido.
3. En caso de nulidad por discriminación salarial por razón de sexo, el trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente al trabajo igual o de igual valor.
Datos clave
- Si solo es nula una parte del contrato, este permanece válido en lo restante y se completa con los preceptos jurídicos adecuados conforme al artículo 3.1.
- El órgano de la jurisdicción social que declare la nulidad, a instancia de parte, se pronuncia sobre la subsistencia o supresión de las condiciones o retribuciones especiales ligadas a la parte no válida.
- Si el contrato es nulo, el trabajador puede exigir por el trabajo ya prestado la remuneración de un contrato válido.
- En caso de nulidad por discriminación salarial por razón de sexo, el trabajador tiene derecho a la retribución correspondiente al trabajo igual o de igual valor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La nulidad parcial no tumba el contrato: lo nulo se sustituye por la norma adecuada. Si el contrato es nulo entero, el trabajador cobra lo ya trabajado como si fuera válido; y la discriminación salarial por sexo da derecho al salario de igual valor.
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Artículo 10. Trabajo en común y contrato de grupo.
1. Si el empresario diera un trabajo en común a un grupo de sus trabajadores, conservará respecto de cada uno, individualmente, sus derechos y deberes.
2. Si el empresario hubiese celebrado un contrato con un grupo de trabajadores considerado en su totalidad, no tendrá frente a cada uno de sus miembros los derechos y deberes que como tal le competen. El jefe del grupo ostentará la representación de los que lo integren, respondiendo de las obligaciones inherentes a dicha representación.
3. Si el trabajador, conforme a lo pactado por escrito, asociare a su trabajo un auxiliar o ayudante, el empresario de aquel lo será también de este.
Datos clave
- En el trabajo en común encargado a un grupo, el empresario conserva sus derechos y deberes respecto de cada trabajador individualmente.
- En el contrato de grupo, el empresario no tiene frente a cada miembro los derechos y deberes que le competen como tal.
- El jefe del grupo ostenta la representación de quienes lo integran y responde de las obligaciones inherentes a esa representación.
- Si el trabajador, conforme a lo pactado por escrito, asocia a su trabajo un auxiliar o ayudante, su empresario lo será también de este.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres situaciones: trabajo en común (el empresario conserva derechos y deberes con cada trabajador), contrato de grupo (no los tiene con cada miembro y representa el jefe del grupo) y auxiliar asociado por escrito (mismo empresario).
Esquema
| Trabajo en común | Contrato de grupo | |
|---|---|---|
| Derechos y deberes del empresario | Con cada trabajador, individualmente | No los tiene frente a cada miembro |
| Representación | El texto no la prevé | El jefe del grupo |
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Artículo 11. Contrato formativo.
El artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula el contrato formativo, que tiene dos modalidades: la formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena (apartado 2) y el desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional adecuada al nivel de estudios (apartado 3).
Contrato de formación en alternancia (apartado 2)
Su objeto es compatibilizar la actividad laboral retribuida con los procesos formativos de la formación profesional, los estudios universitarios o el Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo. Sus reglas son:
a) Se celebra con personas que carezcan de la cualificación profesional reconocida por las titulaciones o certificados requeridos para el contrato de práctica profesional. También caben contratos vinculados a estudios de formación profesional o universitaria con personas que posean otra titulación, si no han tenido otro contrato formativo previo en una formación del mismo nivel formativo y del mismo sector productivo.
b) Si se suscribe en el marco de certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2 y de programas públicos o privados de formación en alternancia de empleo-formación del Catálogo, solo puede concertarse con personas de hasta treinta años.
c) La actividad en la empresa debe estar directamente relacionada con las actividades formativas, coordinándose en un programa de formación común elaborado en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación con empresas y entidades colaboradoras.
d) La persona contratada cuenta con una persona tutora designada por el centro o entidad de formación y otra designada por la empresa, que debe tener formación o experiencia adecuadas y da seguimiento al plan formativo individual.
e) Los centros de formación profesional, las entidades formativas acreditadas o inscritas y los centros universitarios elaboran, con participación de la empresa, los planes formativos individuales (contenido, calendario, actividades y requisitos de tutoría).
f) Son parte sustancial del contrato tanto la formación teórica como la formación práctica; reglamentariamente se desarrollan el sistema de impartición y la financiación.
g) La duración es la prevista en el plan o programa formativo, con un mínimo de tres meses y un máximo de dos años, y puede desarrollarse de forma no continuada en diversos periodos anuales coincidentes con los estudios. Si se concertó por menos de la duración máxima y no se ha obtenido el título, certificado, acreditación o diploma, puede prorrogarse por acuerdo hasta obtenerlo, sin superar nunca los dos años.
h) Solo puede celebrarse un contrato de formación en alternancia por cada ciclo formativo, titulación universitaria, certificado de profesionalidad o itinerario de especialidades formativas. No obstante, caben contratos con varias empresas sobre el mismo ciclo, certificado o itinerario si responden a distintas actividades vinculadas y sin exceder en conjunto la duración máxima.
i) El tiempo de trabajo efectivo no puede ser superior al 65 por ciento durante el primer año ni al 85 por ciento durante el segundo de la jornada máxima del convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal.
j) No cabe el contrato cuando el puesto haya sido desempeñado antes por la persona en la misma empresa, bajo cualquier modalidad, por tiempo superior a seis meses.
k) No pueden realizarse horas complementarias ni horas extraordinarias, salvo el supuesto del artículo 35.3, ni trabajos nocturnos ni trabajo a turnos; excepcionalmente, sí cuando las actividades formativas no puedan desarrollarse en otros periodos por la naturaleza de la actividad.
l) No puede establecerse periodo de prueba.
m) La retribución es la del convenio colectivo. En su defecto, no puede ser inferior al sesenta por ciento el primer año ni al setenta y cinco por ciento el segundo de la fijada en convenio para el grupo profesional y nivel retributivo de las funciones desempeñadas, en proporción al tiempo de trabajo efectivo, y nunca inferior al salario mínimo interprofesional en esa proporción.
Contrato para la obtención de la práctica profesional (apartado 3)
a) Puede concertarse con quienes posean un título universitario, un título de grado medio o superior, especialista, máster profesional o certificado del sistema de formación profesional conforme a la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, o un título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas que habilite para la actividad laboral.
b) Debe concertarse dentro de los tres años, o de los cinco años si se trata de una persona con discapacidad, siguientes a la terminación de los estudios. No puede suscribirse con quien ya haya obtenido experiencia profesional o realizado actividad formativa en la misma actividad dentro de la empresa por más de tres meses, sin computar las prácticas que formen parte del currículo exigido para la titulación.
c) La duración no puede ser inferior a seis meses ni exceder de un año; dentro de estos límites la fijan los convenios sectoriales estatales o autonómicos o, en su defecto, los sectoriales de ámbito inferior.
d) Nadie puede ser contratado en la misma o distinta empresa por más de esos máximos en virtud de la misma titulación o certificado, ni en la misma empresa para el mismo puesto aunque sea con distinta titulación. Los títulos de grado, máster y doctorado no se consideran la misma titulación, salvo que al ser contratado por primera vez ya se tuviera el título superior.
e) Puede establecerse un periodo de prueba que en ningún caso excederá de un mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo.
f) El puesto debe permitir la práctica profesional adecuada; la empresa elabora el plan formativo individual y asigna tutor o tutora con formación o experiencia adecuadas.
g) Al finalizar, la persona trabajadora tiene derecho a la certificación del contenido de la práctica realizada.
h) No pueden realizarse horas extraordinarias, salvo el supuesto del artículo 35.3.
i) La retribución es la del convenio para estos contratos o, en su defecto, la del grupo profesional y nivel retributivo de las funciones desempeñadas, y nunca inferior a la mínima del contrato de formación en alternancia ni al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
j) Reglamentariamente se desarrolla el alcance de la formación, en particular las acciones dirigidas a la digitalización, la innovación o la sostenibilidad, incluidas microacreditaciones.
Normas comunes (apartado 4)
a) La acción protectora de la Seguridad Social comprende todas las contingencias y prestaciones, incluido el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
b) La incapacidad temporal, el nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción, el acogimiento, el riesgo durante el embarazo, el riesgo durante la lactancia y la violencia de género interrumpen el cómputo de la duración del contrato.
c) El contrato se formaliza por escrito conforme al artículo 8 e incluye obligatoriamente el texto del plan formativo individual y, en su caso, de los acuerdos y convenios de cooperación.
d) Los límites de edad y de duración máxima no se aplican a personas con discapacidad ni a los colectivos en situación de exclusión social del artículo 2 de la Ley 44/2007 contratados por empresas de inserción cualificadas y activas en el registro.
e) Los convenios sectoriales estatales, autonómicos o, en su defecto, de ámbito inferior pueden determinar los puestos, actividades, niveles o grupos que pueden desempeñarse mediante contrato formativo.
f) Las empresas que apliquen medidas de los artículos 47 y 47 bis pueden concertar contratos formativos si las personas contratadas no sustituyen funciones de las afectadas por la suspensión o reducción de jornada.
g) Si al término del contrato la persona continúa en la empresa, no cabe nuevo periodo de prueba y la duración del contrato formativo computa a efectos de antigüedad.
h) Los contratos celebrados en fraude de ley o en los que la empresa incumpla sus obligaciones formativas se entienden concertados como contratos indefinidos de carácter ordinario.
i) Reglamentariamente se fijan requisitos como el número de contratos por tamaño de centro, las personas en formación por tutor o las exigencias de estabilidad de la plantilla.
Información y negociación colectiva (apartados 5 a 7)
La empresa informa a la representación legal de las personas trabajadoras de los acuerdos de cooperación educativa o formativa, de los planes formativos individuales y de las condiciones de tutorización, así como de los diversos contratos vinculados a un único ciclo, certificado o itinerario. La negociación colectiva fija criterios para una presencia equilibrada de hombres y mujeres y puede establecer compromisos de conversión en contratos indefinidos. Las empresas pueden solicitar por escrito al servicio público de empleo información sobre contrataciones formativas previas de la persona; esa información se traslada a la representación legal y tiene valor liberatorio a efectos de no exceder la duración máxima.
Datos clave
- Formación en alternancia: duración de tres meses a dos años; hasta treinta años en certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2 y programas de empleo-formación.
- Tiempo de trabajo efectivo máximo en alternancia: 65 % el primer año y 85 % el segundo; sin periodo de prueba, horas extraordinarias, nocturnidad ni turnos.
- Retribución mínima en alternancia, a falta de convenio: 60 % el primer año y 75 % el segundo, nunca por debajo del salario mínimo interprofesional.
- Práctica profesional: dentro de los tres años siguientes a los estudios (cinco con discapacidad), con duración de seis meses a un año.
- En la práctica profesional el periodo de prueba no puede exceder de un mes, salvo convenio, y se tiene derecho a certificado de la práctica.
- No cabe alternancia si se ocupó el puesto más de seis meses, ni práctica profesional con más de tres meses de experiencia en la misma actividad de la empresa.
- Los contratos en fraude de ley o con incumplimiento formativo se entienden indefinidos ordinarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El contrato formativo tiene dos modalidades: formación en alternancia, para compatibilizar trabajo y estudios, y obtención de práctica profesional, para tituladas recientes. Cada una con sus límites de duración, jornada, prueba y salario.
Esquema
| Formación en alternancia | Práctica profesional | |
|---|---|---|
| Para quién | Sin la cualificación de la práctica profesional | Con título o certificado que habilite |
| Duración | De tres meses a dos años | De seis meses a un año |
| Periodo de prueba | No puede establecerse | Máximo un mes, salvo convenio |
| Horas extraordinarias | No, salvo artículo 35.3 | No, salvo artículo 35.3 |
| Salario sin convenio | Mínimo 60 % el primer año y 75 % el segundo | El del grupo y nivel, nunca inferior al de alternancia |
| Exclusión previa | Puesto ocupado más de seis meses | Más de tres meses en la misma actividad |
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Artículo 12. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo.
El artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula el contrato a tiempo parcial y el contrato de relevo.
1. El contrato es a tiempo parcial cuando se acuerda la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. Es «trabajador a tiempo completo comparable» el de la misma empresa y centro, con el mismo tipo de contrato y que realice un trabajo idéntico o similar; si no lo hay, se toma la jornada a tiempo completo del convenio colectivo o, en su defecto, la jornada máxima legal.
2. Puede concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada en los supuestos en que legalmente se permita. El apartado 3 está derogado.
4. Reglas del contrato a tiempo parcial:
a) Se formaliza necesariamente por escrito, conforme al artículo 8.2, e indica el número de horas ordinarias contratadas al día, a la semana, al mes o al año y su distribución según el convenio. Si no se cumplen estas exigencias, se presume celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario.
b) Si la jornada diaria es inferior a la de los trabajadores a tiempo completo y se realiza de forma partida, solo cabe una única interrupción, salvo otra previsión del convenio.
c) No pueden realizarse horas extraordinarias, salvo los supuestos del artículo 35.3. La suma de horas ordinarias y complementarias no puede exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial. La jornada se registra día a día y se totaliza mensualmente, entregando al trabajador, con el recibo de salarios, el resumen de todas las horas del mes. El empresario conserva los resúmenes mensuales durante un mínimo de cuatro años. Si se incumplen estas obligaciones de registro, el contrato se presume a jornada completa, salvo prueba en contrario.
d) Los trabajadores a tiempo parcial tienen los mismos derechos que los de tiempo completo, reconocidos de forma proporcional cuando corresponda por su naturaleza, garantizando la ausencia de discriminación directa o indirecta entre mujeres y hombres.
e) La conversión de tiempo completo en parcial y viceversa es siempre voluntaria para el trabajador y no puede imponerse unilateralmente ni como modificación sustancial del artículo 41.1.a). El trabajador no puede ser despedido ni sancionado por rechazarla, sin perjuicio de las medidas de los artículos 51 y 52.c). El empresario informa de los puestos vacantes para facilitar la movilidad voluntaria; las solicitudes deben tomarse en consideración en la medida de lo posible y la denegación se notifica por escrito y de manera motivada.
f) Los convenios establecen medidas para facilitar el acceso a la formación profesional continua.
5. Horas complementarias, que son las realizadas como adición a las ordinarias pactadas:
a) Solo pueden exigirse si se han pactado expresamente; el pacto puede acordarse al celebrar el contrato o después, es un pacto específico y se formaliza necesariamente por escrito.
b) Solo cabe el pacto en contratos con jornada no inferior a diez horas semanales en cómputo anual.
c) El pacto fija el número de horas, que no puede exceder del treinta por ciento de las horas ordinarias; los convenios pueden fijar otro porcentaje, que no puede ser inferior al treinta por ciento ni exceder del sesenta por ciento.
d) El trabajador debe conocer el día y la hora con un preaviso mínimo de tres días, salvo plazo inferior en convenio.
e) El pacto puede quedar sin efecto por renuncia del trabajador, con preaviso de quince días y una vez cumplido un año desde su celebración, por responsabilidades familiares del artículo 37.6, necesidades formativas con incompatibilidad horaria acreditada o incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial.
f) Si se incumplen estas reglas, la negativa del trabajador a realizar las horas pactadas no es conducta sancionable.
g) En contratos indefinidos con jornada no inferior a diez horas semanales en cómputo anual, el empresario puede ofrecer en cualquier momento horas complementarias de aceptación voluntaria, que no pueden superar el quince por ciento, ampliable al treinta por ciento por convenio, de las horas ordinarias. Su rechazo no es sancionable y no computan en los porcentajes de la letra c).
h) Deben respetarse los límites de jornada y descansos de los artículos 34.3 y 4, 36.1 y 37.1.
i) Se retribuyen como ordinarias y computan para bases de cotización, periodos de carencia y bases reguladoras; su número y retribución constan en el recibo de salarios y en los documentos de cotización.
6. Jubilación parcial antes de la edad ordinaria: la empresa debe concertar simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, que se mantiene desde la jubilación parcial hasta, al menos, los dos años posteriores a su extinción. Si se extingue antes, el empresario debe celebrar un nuevo contrato de relevo en los mismos términos; si no lo hace, responde del reintegro de la pensión percibida. El relevista es un trabajador desempleado o con contrato de duración determinada con la empresa; también cabe un contrato fijo-discontinuo en los términos reglamentarios. Su puesto puede ser el mismo o diferente, con correspondencia entre las bases de cotización de ambos.
7. Jubilación parcial una vez alcanzada la edad ordinaria: puede celebrarse un contrato de relevo con una jornada mínima igual a la dejada vacante. Puede ser indefinido o de duración determinada; en este caso dura lo que se mantenga la jubilación parcial y, como mínimo, un año. El relevista es un desempleado o un trabajador con contrato de duración determinada, y su puesto puede ser el mismo o diferente.
En ambos supuestos, la compatibilidad entre trabajo y pensión permite acumular el tiempo de trabajo en días, semanas, meses u otros periodos, por pacto individual o negociación colectiva, incluido el acuerdo de centro de trabajo, sin que pueda limitarse o impedirse su uso.
8. El contrato a tiempo parcial y la retribución del jubilado parcial son compatibles con la pensión de jubilación parcial. El horario del relevista puede completar el del sustituido o simultanearse con él, y la negociación colectiva puede impulsar los contratos de relevo.
Datos clave
- Es a tiempo parcial el contrato con menos horas que un trabajador a tiempo completo comparable; se formaliza por escrito o se presume a jornada completa.
- En jornada partida solo cabe una única interrupción diaria, salvo convenio; no se permiten horas extraordinarias, salvo el artículo 35.3.
- Los resúmenes mensuales del registro de jornada se conservan un mínimo de cuatro años.
- Horas complementarias pactadas: solo con jornada de al menos diez horas semanales, hasta el 30 % (el convenio puede fijar entre el 30 % y el 60 %) y con preaviso mínimo de tres días.
- La renuncia al pacto exige preaviso de quince días y un año de vigencia; las horas voluntarias no superan el 15 %, ampliable al 30 % por convenio.
- La conversión entre tiempo completo y parcial es siempre voluntaria y su rechazo no permite despido ni sanción.
- Jubilación parcial anticipada: relevo indefinido y a tiempo completo, mantenido hasta al menos dos años después de extinguirse la jubilación parcial.
- Jubilación parcial tras la edad ordinaria: relevo con al menos la jornada vacante y, si es temporal, de un año como mínimo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contrato a tiempo parcial: menos horas que un trabajador a tiempo completo comparable, siempre por escrito y con horas complementarias tasadas. Y contrato de relevo, ligado a la jubilación parcial antes o después de la edad ordinaria.
Esquema
| Pactadas | Voluntarias | |
|---|---|---|
| Contrato | Jornada no inferior a diez horas semanales | Indefinido con jornada no inferior a diez horas semanales |
| Límite | 30 %; por convenio, entre el 30 % y el 60 % | 15 %, ampliable al 30 % por convenio |
| Negarse | No sancionable si se incumplen las reglas | Su rechazo no es sancionable |
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Artículo 13
El artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, se ocupa del trabajo a distancia y remite su régimen a la ley específica.
Las personas trabajadoras podrán prestar trabajo a distancia en los términos previstos en la Ley 10/2021 de trabajo a distancia.
Datos clave
- Las personas trabajadoras pueden prestar trabajo a distancia.
- El trabajo a distancia se presta en los términos previstos en la Ley 10/2021 de trabajo a distancia.
- El Estatuto de los Trabajadores no regula directamente su contenido, sino que remite a esa ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las personas trabajadoras pueden prestar trabajo a distancia, pero el Estatuto no lo regula por dentro: remite por entero a la Ley 10/2021 de trabajo a distancia.
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Artículo 14. Periodo de prueba.
El artículo 14 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula el periodo de prueba.
1. Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba, con sujeción a los límites de duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos. En defecto de pacto en convenio, la duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de veinticinco trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados. En el supuesto de los contratos temporales de duración determinada del artículo 15 concertados por tiempo no superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo. El empresario y el trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba. Será nulo el pacto que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.
2. Durante el periodo de prueba, la persona trabajadora tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso. La resolución a instancia empresarial será nula en el caso de las trabajadoras por razón de embarazo, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere el artículo 48.4, o maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo o maternidad.
3. Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad de la persona trabajadora en la empresa. Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, violencia de género, que afecten a la persona trabajadora durante el periodo de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes.
Datos clave
- El periodo de prueba se pacta por escrito con los límites de los convenios colectivos.
- En defecto de convenio, no puede exceder de seis meses para técnicos titulados ni de dos meses para los demás trabajadores; en empresas de menos de veinticinco trabajadores, tres meses para quienes no sean técnicos titulados.
- En los contratos de duración determinada del artículo 15 de hasta seis meses, el periodo de prueba no puede exceder de un mes, salvo previsión del convenio.
- Es nulo el pacto de prueba cuando el trabajador ya haya desempeñado las mismas funciones en la empresa bajo cualquier modalidad.
- Durante la prueba la relación puede resolverse a instancia de cualquiera de las partes; la resolución empresarial es nula por razón de embarazo, desde su inicio hasta la suspensión del artículo 48.4, o maternidad, salvo motivos no relacionados.
- Superada la prueba sin desistimiento, el contrato produce plenos efectos y el tiempo se computa en la antigüedad.
- La incapacidad temporal, el nacimiento, la adopción, la guarda, el acogimiento, los riesgos durante el embarazo o la lactancia y la violencia de género interrumpen el cómputo si hay acuerdo entre ambas partes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El periodo de prueba se pacta por escrito y, sin convenio, dura como máximo seis meses para técnicos titulados y dos para el resto, con reglas propias para empresas pequeñas y temporales cortos. Durante la prueba, cualquiera puede desistir.
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Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
El artículo 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula la duración del contrato de trabajo y los contratos de duración determinada.
1. El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.
El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora.
Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista.
2. A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones, que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere, siempre que no respondan a los supuestos incluidos en el artículo 16.1.
Entre las oscilaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán incluidas aquellas que derivan de las vacaciones anuales.
Cuando el contrato de duración determinada obedezca a estas circunstancias de la producción, su duración no podrá ser superior a seis meses. Por convenio colectivo de ámbito sectorial se podrá ampliar la duración máxima del contrato hasta un año.
En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.
Igualmente, las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada en los términos previstos en este párrafo, incluidas las campañas agrarias y agroalimentarias. Las empresas solo podrán utilizar este contrato un máximo de noventa días en el año natural, a excepción de las empresas del sector agrario y agroalimentario que podrán utilizar un total de 120 días en el año natural, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones, que deberán estar debidamente identificadas en el contrato.
Estos noventa días, o ciento veinte días en los supuestos de las explotaciones y empresas del sector agroalimentario, no podrán ser utilizados de manera continuada. Las empresas, en el último trimestre de cada año, deberán trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras una previsión anual de uso de estos contratos.
Constituye causa para la celebración de este contrato en el sector agrícola, ganadero y forestal y la industria asociada a estos sectores, la cobertura de una o varias campañas de corta duración, con el límite anual de 120 jornadas reales.
No podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual u ordinaria de la empresa, sin perjuicio de su celebración cuando concurran las circunstancias de la producción en los términos anteriores.
3. Podrán celebrarse contratos de duración determinada para la sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo, siempre que se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. En tal supuesto, la prestación de servicios podrá iniciarse antes de que se produzca la ausencia de la persona sustituida, coincidiendo en el desarrollo de las funciones el tiempo imprescindible para garantizar el desempeño adecuado del puesto y, como máximo, durante quince días.
Asimismo, el contrato de sustitución podrá concertarse para completar la jornada reducida por otra persona trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente establecidas o reguladas en el convenio colectivo y se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución.
El contrato de sustitución podrá ser también celebrado para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante contrato fijo, sin que su duración pueda ser en este caso superior a tres meses, o el plazo inferior recogido en convenio colectivo, ni pueda celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración máxima.
4. Las personas contratadas incumpliendo lo establecido en este artículo adquirirán la condición de fijas.
También adquirirán la condición de fijas las personas trabajadoras temporales que no hubieran sido dadas de alta en la Seguridad Social una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar para el periodo de prueba.
5. Sin perjuicio de lo anterior, las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, adquirirán la condición de personas trabajadoras fijas. Esta previsión también será de aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.
Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin solución de continuidad, durante más de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por circunstancias de la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal.
6. Las personas con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que las personas con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la ley en relación con los contratos formativos. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado.
Cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté atribuido en las disposiciones legales o reglamentarias y en los convenios colectivos en función de una previa antigüedad de la persona trabajadora, esta deberá computarse según los mismos criterios para todas las personas trabajadoras, cualquiera que sea su modalidad de contratación.
7. La empresa deberá informar a las personas con contratos de duración determinada o temporales, incluidos los contratos formativos, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que las demás personas trabajadoras. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo, o mediante otros medios previstos en la negociación colectiva, que aseguren la transmisión de la información.
Dicha información será trasladada, además, a la representación legal de las personas trabajadoras.
Las empresas habrán de notificar, asimismo a la representación legal de las personas trabajadoras los contratos realizados de acuerdo con las modalidades de contratación por tiempo determinado previstas en este artículo, cuando no exista obligación legal de entregar copia básica de los mismos.
8. Los convenios colectivos podrán establecer planes de reducción de la temporalidad, así como fijar criterios generales relativos a la adecuada relación entre el volumen de la contratación de carácter temporal y la plantilla total de la empresa, criterios objetivos de conversión de los contratos de duración determinada o temporales en indefinidos, así como fijar porcentajes máximos de temporalidad y las consecuencias derivadas del incumplimiento de los mismos.
Asimismo, los convenios colectivos podrán establecer criterios de preferencia entre las personas con contratos de duración determinada o temporales, incluidas las personas puestas a disposición.
Los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de estas personas trabajadoras a las acciones incluidas en el sistema de formación profesional para el empleo, a fin de mejorar su cualificación y favorecer su progresión y movilidad profesionales.
9. En los supuestos previstos en los apartados 4 y 5, la empresa deberá facilitar por escrito a la persona trabajadora, en los diez días siguientes al cumplimiento de los plazos indicados, un documento justificativo sobre su nueva condición de persona trabajadora fija de la empresa, debiendo informar a la representación legal de los trabajadores sobre dicha circunstancia.
En todo caso, la persona trabajadora podrá solicitar, por escrito al servicio público de empleo correspondiente un certificado de los contratos de duración determinada o temporales celebrados, a los efectos de poder acreditar su condición de persona trabajadora fija en la empresa.
El Servicio Público de Empleo emitirá dicho documento y lo pondrá en conocimiento de la empresa en la que la persona trabajadora preste sus servicios y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si advirtiera que se han sobrepasado los límites máximos temporales establecidos.
Datos clave
- El contrato se presume concertado por tiempo indefinido; el de duración determinada solo cabe por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora.
- Por circunstancias de la producción, la duración no puede superar seis meses, ampliable hasta un año por convenio sectorial, con una única prórroga dentro del máximo.
- Para situaciones ocasionales, previsibles y de duración reducida, máximo de noventa días en el año natural (120 en el sector agrario y agroalimentario), no continuados; la previsión anual se traslada en el último trimestre.
- La sustitución exige indicar el nombre de la persona sustituida y la causa; puede iniciarse antes de la ausencia, con coincidencia máxima de quince días.
- La sustitución durante un proceso de selección o promoción no puede superar tres meses o el plazo inferior del convenio.
- Adquieren la condición de fijas las personas contratadas en fraude y las temporales no dadas de alta pasado un plazo igual al del periodo de prueba.
- También son fijas quienes, en veinticuatro meses, estén contratados más de dieciocho meses mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, y quien ocupe un puesto cubierto así durante más de dieciocho meses en veinticuatro.
- La empresa entrega el documento justificativo de la condición de fijo en los diez días siguientes al cumplimiento de los plazos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El contrato se presume indefinido y el temporal solo cabe por circunstancias de la producción o por sustitución, con la causa detallada. Quien encadena más de dieciocho meses en veinticuatro, o se contrata incumpliendo el artículo, pasa a ser fijo.
Esquema
| Circunstancias de la producción | Sustitución | |
|---|---|---|
| Causa | Incremento ocasional e imprevisible u oscilaciones; o situaciones ocasionales y previsibles | Reserva de puesto, jornada reducida o proceso de selección |
| Duración | Seis meses, hasta un año por convenio sectorial; o noventa días al año | Mientras dure la ausencia; tres meses en proceso de selección |
| Contenido obligatorio | Causa, circunstancias y conexión con la duración | Nombre de la persona sustituida y causa |
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Artículo 16. Contrato fijo-discontinuo.
El artículo 16 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula el contrato fijo-discontinuo.
1. El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.
El contrato fijo-discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa.
Asimismo, podrá celebrarse un contrato fijo-discontinuo entre una empresa de trabajo temporal y una persona contratada para ser cedida, en los términos previstos en el artículo 10.3 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
2. El contrato de trabajo fijo-discontinuo, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2, se deberá formalizar necesariamente por escrito y deberá reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo de actividad, la jornada y su distribución horaria, si bien estos últimos podrán figurar con carácter estimado, sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento.
3. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo de empresa, se establecerán los criterios objetivos y formales por los que debe regirse el llamamiento de las personas fijas-discontinuas. En todo caso, el llamamiento deberá realizarse por escrito o por otro medio que permita dejar constancia de la debida notificación a la persona interesada con las indicaciones precisas de las condiciones de su incorporación y con una antelación adecuada.
Sin perjuicio de lo anterior, la empresa deberá trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras, con la suficiente antelación, al inicio de cada año natural, un calendario con las previsiones de llamamiento anual, o, en su caso, semestral, así como los datos de las altas efectivas de las personas fijas discontinuas una vez se produzcan.
Las personas fijas-discontinuas podrán ejercer las acciones que procedan en caso de incumplimientos relacionados con el llamamiento, iniciándose el plazo para ello desde el momento de la falta de este o desde el momento en que la conociesen.
4. Cuando la contratación fija-discontinua se justifique por la celebración de contratas, subcontratas o con motivo de concesiones administrativas en los términos de este artículo, los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de recolocación entre subcontrataciones.
En estos supuestos, los convenios colectivos sectoriales podrán determinar un plazo máximo de inactividad entre subcontratas, que, en defecto de previsión convencional, será de tres meses. Una vez cumplido dicho plazo, la empresa adoptará las medidas coyunturales o definitivas que procedan, en los términos previstos en esta norma.
5. Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán establecer una bolsa sectorial de empleo en la que se podrán integrar las personas fijas-discontinuas durante los periodos de inactividad, con el objetivo de favorecer su contratación y su formación continua durante estos, todo ello sin perjuicio de las obligaciones en materia de contratación y llamamiento efectivo de cada una de las empresas en los términos previstos en este artículo.
Estos mismos convenios podrán acordar, cuando las peculiaridades de la actividad del sector así lo justifiquen, la celebración a tiempo parcial de los contratos fijos-discontinuos, y la obligación de las empresas de elaborar un censo anual del personal fijo-discontinuo.
Asimismo, podrán establecer un periodo mínimo de llamamiento anual y una cuantía por fin de llamamiento a satisfacer por las empresas a las personas trabajadoras, cuando este coincida con la terminación de la actividad y no se produzca, sin solución de continuidad, un nuevo llamamiento.
6. Las personas trabajadoras fijas-discontinuas no podrán sufrir perjuicios por el ejercicio de los derechos de conciliación, ausencias con derecho a reserva de puesto de trabajo y otras causas justificadas en base a derechos reconocidos en la ley o los convenios colectivos.
Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados, con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia.
7. La empresa deberá informar a las personas fijas-discontinuas y a la representación legal de las personas trabajadoras sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes de carácter fijo ordinario, de manera que aquellas puedan formular solicitudes de conversión voluntaria, de conformidad con los procedimientos que establezca el convenio colectivo sectorial o, en su defecto, el acuerdo de empresa.
8. Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tendrán la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral durante los periodos de inactividad.
Datos clave
- Se concierta para trabajos de naturaleza estacional o de temporada, o intermitentes con periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados, y también para contratas mercantiles o administrativas previsibles de la actividad ordinaria.
- Cabe entre una empresa de trabajo temporal y una persona contratada para ser cedida, conforme al artículo 10.3 de la Ley 14/1994.
- Se formaliza necesariamente por escrito con los elementos esenciales: duración del periodo de actividad, jornada y su distribución horaria, estas dos con carácter estimado.
- Los criterios de llamamiento los fija el convenio o, en su defecto, el acuerdo de empresa; el llamamiento se hace por escrito u otro medio que deje constancia.
- Al inicio de cada año natural se traslada a la representación legal un calendario con las previsiones de llamamiento anual o semestral.
- En contratas, la inactividad solo puede ser espera de recolocación; a falta de convenio, el plazo máximo es de tres meses.
- La antigüedad se calcula por toda la duración de la relación laboral y no por el tiempo de servicios efectivamente prestados.
- Son colectivo prioritario para la formación profesional para el empleo durante los periodos de inactividad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El fijo-discontinuo es indefinido y sirve para trabajos de temporada o intermitentes, contratas previsibles de la actividad ordinaria y cesión por ETT. Va por escrito y se activa por llamamiento; la antigüedad cuenta toda la relación.
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Artículo 39. Movilidad funcional.
1. La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador.
2. La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional solo será posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención. El empresario deberá comunicar su decisión y las razones de esta a los representantes de los trabajadores.
En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un periodo superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción social. Mediante la negociación colectiva se podrán establecer periodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de reclamar la cobertura de vacantes.
3. El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar como causa de despido objetivo la ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.
4. El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los supuestos previstos en este artículo requerirá el acuerdo de las partes o, en su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o a las que a tal fin se hubieran establecido en convenio colectivo.
Datos clave
- La movilidad funcional se efectúa de acuerdo con las titulaciones académicas o profesionales precisas y con respeto a la dignidad del trabajador.
- La movilidad a funciones superiores o inferiores no correspondientes al grupo profesional exige razones técnicas u organizativas y solo por el tiempo imprescindible; se comunica a los representantes de los trabajadores.
- Con funciones superiores durante más de seis meses en un año u ocho durante dos años, el trabajador puede reclamar el ascenso o la cobertura de la vacante, además de la diferencia salarial; las acciones son acumulables.
- Contra la negativa de la empresa, previo informe del comité o de los delegados de personal, puede reclamarse ante la jurisdicción social.
- Se cobra la retribución de las funciones efectivamente realizadas, salvo en funciones inferiores, en que se mantiene la retribución de origen.
- No cabe invocar como despido objetivo la ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación derivadas de la movilidad funcional.
- Otros cambios de funciones requieren acuerdo o las reglas de la modificación sustancial de condiciones de trabajo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La empresa puede mover al trabajador entre funciones de su grupo profesional respetando su titulación y dignidad; para salir de ese grupo (funciones superiores o inferiores) hace falta una razón técnica u organizativa y solo por el tiempo imprescindible.
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Artículo 40. Movilidad geográfica.
El artículo 40 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula la movilidad geográfica: traslados y desplazamientos.
1. El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial.
La decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, así como a sus representantes legales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad.
Notificada la decisión de traslado, el trabajador tendrá derecho a optar entre el traslado, percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su contrato, percibiendo una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. La compensación a que se refiere el primer supuesto comprenderá tanto los gastos propios como los de los familiares a su cargo, en los términos que se convengan entre las partes, y nunca será inferior a los límites mínimos establecidos en los convenios colectivos.
Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo de incorporación citado, el trabajador que, no habiendo optado por la extinción de su contrato, se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia declarará el traslado justificado o injustificado y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser reincorporado al centro de trabajo de origen.
Cuando, con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado siguiente, la empresa realice traslados en periodos sucesivos de noventa días en número inferior a los umbrales allí señalados, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichos nuevos traslados se considerarán efectuados en fraude de ley y serán declarados nulos y sin efecto.
2. El traslado a que se refiere el apartado anterior deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a quince días, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que este ocupe a más de cinco trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un periodo de noventa días comprenda a un número de trabajadores de, al menos:
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.
Dicho periodo de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada una de las partes.
La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y condiciones señalados en el mismo.
La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A estos efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento. El plazo máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días.
Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores. La falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.
La apertura del periodo de consultas y las posiciones de las partes tras su conclusión deberán ser notificadas a la autoridad laboral para su conocimiento.
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.
Tras la finalización del periodo de consultas el empresario notificará a los trabajadores su decisión sobre el traslado, que se regirá a todos los efectos por lo dispuesto en el apartado 1.
Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 1. La interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolución.
El acuerdo con los representantes de los trabajadores en el periodo de consultas se entenderá sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados al ejercicio de la opción prevista en el párrafo tercero del apartado 1.
El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas a que se refiere este apartado por la aplicación del procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.
3. Si por traslado uno de los cónyuges cambia de residencia, el otro, si fuera trabajador de la misma empresa, tendrá derecho al traslado a la misma localidad, si hubiera puesto de trabajo.
4. Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de género, de víctimas de violencia sexual o de víctimas del terrorismo que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.
En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a las personas trabajadoras las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de entre seis y doce meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaban las personas trabajadoras.
Terminado este periodo, las personas trabajadoras podrán optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo, decayendo en este caso la obligación de reserva, o la extinción de su contrato, percibiendo una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.
5. Para hacer efectivo su derecho de protección a la salud, los trabajadores con discapacidad que acrediten la necesidad de recibir fuera de su localidad un tratamiento de habilitación o rehabilitación médico-funcional o atención, tratamiento u orientación psicológica relacionado con su discapacidad, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tuviera vacante en otro de sus centros de trabajo en una localidad en que sea más accesible dicho tratamiento, en los términos y condiciones establecidos en el apartado anterior para las trabajadoras víctimas de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo.
6. Por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien por contrataciones referidas a la actividad empresarial, la empresa podrá efectuar desplazamientos temporales de sus trabajadores que exijan que estos residan en población distinta de la de su domicilio habitual, abonando, además de los salarios, los gastos de viaje y las dietas.
El trabajador deberá ser informado del desplazamiento con una antelación suficiente a la fecha de su efectividad, que no podrá ser inferior a cinco días laborables en el caso de desplazamientos de duración superior a tres meses; en este último supuesto, el trabajador tendrá derecho a un permiso de cuatro días laborables en su domicilio de origen por cada tres meses de desplazamiento, sin computar como tales los de viaje, cuyos gastos correrán a cargo del empresario.
Contra la orden de desplazamiento, sin perjuicio de su ejecutividad, podrá recurrir el trabajador en los mismos términos previstos en el apartado 1 para los traslados.
Los desplazamientos cuya duración en un periodo de tres años exceda de doce meses tendrán, a todos los efectos, el tratamiento previsto en esta ley para los traslados.
7. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en los puestos de trabajo a que se refiere este artículo. Mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer prioridades de permanencia a favor de trabajadores de otros colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad.
Datos clave
- El traslado que exige cambio de residencia requiere razones económicas, técnicas, organizativas o de producción y se notifica con una antelación mínima de treinta días.
- El trabajador puede optar entre trasladarse con compensación por gastos o extinguir el contrato con veinte días de salario por año, prorrateando por meses, y un máximo de doce mensualidades.
- El traslado colectivo exige un periodo de consultas no superior a quince días si afecta a todo un centro de más de cinco trabajadores o, en noventa días, a 10 trabajadores (menos de 100), al 10 % (de 100 a 300) o a 30 (más de 300).
- La comisión negociadora tiene un máximo de trece miembros por parte; la representativa se constituye en siete días, o quince si algún centro carece de representantes.
- Las víctimas de violencia de género, de violencia sexual o del terrorismo tienen derecho preferente a otro puesto vacante; el traslado dura inicialmente entre seis y doce meses con reserva del puesto anterior.
- Los desplazamientos temporales se avisan con al menos cinco días laborables si superan tres meses, con permiso de cuatro días laborables en el domicilio de origen por cada tres meses.
- Los desplazamientos que en tres años excedan de doce meses se tratan como traslados.
- Los representantes legales tienen prioridad de permanencia en los puestos de trabajo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Movilidad geográfica: traslados con cambio de residencia (individuales y colectivos con consultas), opción del trabajador entre trasladarse o extinguir, traslados por violencia o discapacidad y desplazamientos temporales.
Esquema
| Traslado | Desplazamiento temporal | |
|---|---|---|
| Residencia | Exige cambio de residencia | Residir temporalmente en población distinta |
| Preaviso | Treinta días | Antelación suficiente; al menos cinco días laborables si supera tres meses |
| Compensación | Gastos o extinción con veinte días por año | Salarios, gastos de viaje y dietas |
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Artículo 41. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.
1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.
Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:
a) Jornada de trabajo.
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39.
2. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por estos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos.
Se considera de carácter colectivo la modificación que, en un periodo de noventa días, afecte al menos a:
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.
Se considera de carácter individual la modificación que, en el periodo de referencia establecido, no alcance los umbrales señalados para las modificaciones colectivas.
3. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de quince días a la fecha de su efectividad.
En los supuestos previstos en las letras a), b), c), d) y f) del apartado 1, si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.
Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo de efectividad anteriormente citado, el trabajador que, no habiendo optado por la rescisión de su contrato, se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia declarará la modificación justificada o injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones.
Cuando con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado siguiente, la empresa realice modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en periodos sucesivos de noventa días en número inferior a los umbrales que establece el apartado 2 para las modificaciones colectivas, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas y sin efecto.
4. Sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan establecerse en la negociación colectiva, la decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir precedida de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, de duración no superior a quince días, que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada una de las partes.
La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden, siempre que tengan la representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal de los centros de trabajo afectados, en cuyo caso representarán a todos los trabajadores de los centros afectados.
En defecto de lo previsto en el párrafo anterior, la intervención como interlocutores se regirá por las siguientes reglas:
a) Si el procedimiento afecta a un único centro de trabajo, corresponderá al comité de empresa o a los delegados de personal. En el supuesto de que en el centro de trabajo no exista representación legal de los trabajadores, estos podrán optar por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por estos democráticamente o a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma.
En el supuesto de que la negociación se realice con la comisión cuyos miembros sean designados por los sindicatos, el empresario podrá atribuir su representación a las organizaciones empresariales en las que estuviera integrado, pudiendo ser las mismas más representativas a nivel autonómico, y con independencia de que la organización en la que esté integrado tenga carácter intersectorial o sectorial.
b) Si el procedimiento afecta a más de un centro de trabajo, la intervención como interlocutores corresponderá:
En primer lugar, al comité intercentros, siempre que tenga atribuida esa función en el convenio colectivo en que se hubiera acordado su creación.
En otro caso, a una comisión representativa que se constituirá de acuerdo con las siguientes reglas:
1.ª Si todos los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuentan con representantes legales de los trabajadores, la comisión estará integrada por estos.
2.ª Si alguno de los centros de trabajo afectados cuenta con representantes legales de los trabajadores y otros no, la comisión estará integrada únicamente por representantes legales de los trabajadores de los centros que cuenten con dichos representantes. Y ello salvo que los trabajadores de los centros que no cuenten con representantes legales opten por designar la comisión a que se refiere la letra a), en cuyo caso la comisión representativa estará integrada conjuntamente por representantes legales de los trabajadores y por miembros de las comisiones previstas en dicho párrafo, en proporción al número de trabajadores que representen.
En el supuesto de que uno o varios centros de trabajo afectados por el procedimiento que no cuenten con representantes legales de los trabajadores opten por no designar la comisión de la letra a), se asignará su representación a los representantes legales de los trabajadores de los centros de trabajo afectados que cuenten con ellos, en proporción al número de trabajadores que representen.
3.ª Si ninguno de los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuenta con representantes legales de los trabajadores, la comisión representativa estará integrada por quienes sean elegidos por y entre los miembros de las comisiones designadas en los centros de trabajo afectados conforme a lo dispuesto en la letra a), en proporción al número de trabajadores que representen.
En todos los supuestos contemplados en este apartado, si como resultado de la aplicación de las reglas indicadas anteriormente el número inicial de representantes fuese superior a trece, estos elegirán por y entre ellos a un máximo de trece, en proporción al número de trabajadores que representen.
La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A estos efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días.
Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores. La falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.
El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.
Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. Ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la opción prevista en el párrafo segundo del apartado 3.
5. La decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones de trabajo será notificada por el empresario a los trabajadores una vez finalizado el periodo de consultas sin acuerdo y surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a su notificación.
Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 3. La interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su resolución.
6. La modificación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos regulados en el título III deberá realizarse conforme a lo establecido en el artículo 82.3.
7. En materia de traslados se estará a lo dispuesto en las normas específicas establecidas en el artículo 40.
Datos clave
- Exige probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.
- Afectan, entre otras, a jornada, horario, turnos, remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento y funciones que excedan del artículo 39.
- Es colectiva si en noventa días afecta al menos a 10 trabajadores (menos de 100), al 10 % (de 100 a 300) o a 30 (más de 300).
- La individual se notifica con quince días de antelación; el perjudicado puede rescindir con veinte días por año y un máximo de nueve meses.
- La colectiva exige consultas de hasta quince días, con comisión de hasta trece miembros por parte, constituida en siete días o quince.
- Con acuerdo solo cabe impugnar por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho; sin acuerdo, surte efectos a los siete días de notificarse.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando la empresa cambia de forma sustancial la jornada, el horario, los turnos, el salario, el sistema de trabajo o las funciones (fuera del art. 39) por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, debe seguir un procedimiento distinto según afecte a uno o a varios trabajadores, y en los casos más graves el trabajador puede rescindir el contrato con indemnización.
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Artículo 42. Subcontratación de obras y servicios.
El artículo 42 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula la subcontratación de obras y servicios.
1. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas deberán comprobar que dichas contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días improrrogables y en los términos que reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo, quedará exonerada de responsabilidad la empresa solicitante.
2. La empresa principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la Seguridad Social, y durante los tres años siguientes a la terminación de su encargo, responderá solidariamente de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el periodo de vigencia de la contrata.
De las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por las contratistas y subcontratistas con las personas trabajadoras a su servicio responderá solidariamente durante el año siguiente a la finalización del encargo.
No habrá responsabilidad por los actos de la contratista cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar una persona respecto de su vivienda, así como cuando el propietario o propietaria de la obra o industria no contrate su realización por razón de una actividad empresarial.
3. Las personas trabajadoras de la contratista o subcontratista deberán ser informadas por escrito por su empresa de la identidad de la empresa principal para la cual estén prestando servicios en cada momento. Dicha información deberá facilitarse antes del inicio de la respectiva prestación de servicios e incluirá el nombre o razón social de la empresa principal, su domicilio social y su número de identificación fiscal. Asimismo, la contratista o subcontratista deberán informar de la identidad de la empresa principal a la Tesorería General de la Seguridad Social en los términos que reglamentariamente se determinen.
4. Sin perjuicio de la información sobre previsiones en materia de subcontratación a la que se refiere el artículo 64, cuando la empresa concierte un contrato de prestación de obras o servicios con una empresa contratista o subcontratista, deberá informar a la representación legal de las personas trabajadoras sobre los siguientes extremos:
a) Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa contratista o subcontratista.
b) Objeto y duración de la contrata.
c) Lugar de ejecución de la contrata.
d) En su caso, número de personas trabajadoras que serán ocupadas por la contrata o subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal.
e) Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales.
Cuando las empresas principal, contratista o subcontratista compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo, la primera deberá disponer de un libro registro en el que se refleje la información anterior respecto de todas las empresas citadas. Dicho libro estará a disposición de la representación legal de las personas trabajadoras.
5. La empresa contratista o subcontratista deberá informar igualmente a la representación legal de las personas trabajadoras, antes del inicio de la ejecución de la contrata, sobre los mismos extremos a que se refieren el apartado 3 y las letras b) a e) del apartado 4.
6. El convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el título III.
No obstante, cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio propio, se aplicará este, en los términos que resulten del artículo 84.
7. Las personas trabajadoras de las empresas contratistas y subcontratistas, cuando no tengan representación legal, tendrán derecho a formular a la representación legal de personas trabajadoras de la empresa principal cuestiones relativas a las condiciones de ejecución de la actividad laboral, mientras compartan centro de trabajo y carezcan de representación.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las reclamaciones de la persona trabajadora respecto de la empresa de la que depende.
8. La representación legal de las personas trabajadoras de la empresa principal y de las empresas contratistas y subcontratistas, cuando compartan de forma continuada centro de trabajo, podrán reunirse a efectos de coordinación entre ellos y en relación con las condiciones de ejecución de la actividad laboral en los términos previstos en el artículo 81.
La capacidad de representación y ámbito de actuación de la representación de las personas trabajadoras, así como su crédito horario, vendrán determinados por la legislación vigente y, en su caso, por los convenios colectivos de aplicación.
Datos clave
- La empresa que contrate o subcontrate obras o servicios de su propia actividad debe comprobar que la contratista está al corriente con la Seguridad Social mediante certificación negativa de la Tesorería General, que se libra en treinta días improrrogables.
- La empresa principal responde solidariamente de las obligaciones de Seguridad Social durante los tres años siguientes a la terminación del encargo, y de las salariales durante el año siguiente a su finalización.
- No hay responsabilidad en la construcción o reparación de la propia vivienda ni cuando el propietario no contrata por razón de una actividad empresarial.
- Los trabajadores de la contratista deben ser informados por escrito, antes de empezar, del nombre o razón social, domicilio social y NIF de la empresa principal.
- La representación legal debe conocer la identidad de la contratista, el objeto, la duración y el lugar de la contrata, el número de trabajadores y las medidas de prevención de riesgos laborales.
- Si se comparte de forma continuada un centro de trabajo, la principal debe disponer de un libro registro.
- El convenio aplicable a la contratista es el del sector de la actividad de la contrata, salvo otro convenio sectorial aplicable o convenio propio conforme al artículo 84.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Subcontratación de la propia actividad: comprobar que la contratista está al día con la Seguridad Social, responsabilidad solidaria de la principal, deberes de información y convenio aplicable a la contratista.
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Artículo 43. Cesión de trabajadores.
1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.
2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.
3. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en los apartados anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos.
4. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal.
Datos clave
- La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo puede hacerse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas.
- Hay cesión ilegal si el contrato se limita a una mera puesta a disposición, o la cedente carece de actividad u organización propia y estable, de medios o no ejerce las funciones de empresario.
- Cedente y cesionario infractores responden solidariamente de las obligaciones con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de otras responsabilidades, incluso penales.
- Los trabajadores afectados pueden adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o en la cesionaria.
- En la cesionaria, la antigüedad se computa desde el inicio de la cesión ilegal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo las empresas de trabajo temporal autorizadas pueden ceder trabajadores a otra empresa; fuera de ese cauce la cesión es ilegal, y el trabajador cedido puede elegir hacerse fijo en la empresa cedente o en la cesionaria.
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Artículo 44. La sucesión de empresa.
1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.
2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.
El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito.
4. Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los representantes de los trabajadores una vez consumada la sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida.
Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la entidad económica transmitida.
5. Cuando la empresa, el centro de trabajo o la unidad productiva objeto de la transmisión conserve su autonomía, el cambio de titularidad del empresario no extinguirá por sí mismo el mandato de los representantes legales de los trabajadores, que seguirán ejerciendo sus funciones en los mismos términos y bajo las mismas condiciones que regían con anterioridad.
6. El cedente y el cesionario deberán informar a los representantes legales de sus trabajadores respectivos afectados por el cambio de titularidad, de los siguientes extremos:
a) Fecha prevista de la transmisión.
b) Motivos de la transmisión.
c) Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores, de la transmisión.
d) Medidas previstas respecto de los trabajadores.
7. De no haber representantes legales de los trabajadores, el cedente y el cesionario deberán facilitar la información mencionada en el apartado anterior a los trabajadores que pudieren resultar afectados por la transmisión.
8. El cedente vendrá obligado a facilitar la información mencionada en los apartados anteriores con la suficiente antelación, antes de la realización de la transmisión. El cesionario estará obligado a comunicar estas informaciones con la suficiente antelación y, en todo caso, antes de que sus trabajadores se vean afectados en sus condiciones de empleo y de trabajo por la transmisión.
En los supuestos de fusión y escisión de sociedades, el cedente y el cesionario habrán de proporcionar la indicada información, en todo caso, al tiempo de publicarse la convocatoria de las juntas generales que han de adoptar los respectivos acuerdos.
9. El cedente o el cesionario que previere adoptar, con motivo de la transmisión, medidas laborales en relación con sus trabajadores vendrá obligado a iniciar un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores sobre las medidas previstas y sus consecuencias para los trabajadores. Dicho periodo de consultas habrá de celebrarse con la suficiente antelación, antes de que las medidas se lleven a efecto. Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Cuando las medidas previstas consistieren en traslados colectivos o en modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, el procedimiento del periodo de consultas al que se refiere el párrafo anterior se ajustará a lo establecido en los artículos 40.2 y 41.4.
10. Las obligaciones de información y consulta establecidas en este artículo se aplicarán con independencia de que la decisión relativa a la transmisión haya sido adoptada por los empresarios cedente y cesionario o por las empresas que ejerzan el control sobre ellos. Cualquier justificación de aquellos basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión no les ha facilitado la información necesaria no podrá ser tomada en consideración a tal efecto.
Datos clave
- El cambio de titularidad de una empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma no extingue por sí mismo la relación laboral; el nuevo empresario queda subrogado, incluidos los compromisos de pensiones.
- Hay sucesión cuando se transmite una entidad económica que mantiene su identidad, como conjunto de medios organizados para una actividad económica, esencial o accesoria.
- En transmisiones inter vivos, cedente y cesionario responden solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales anteriores no satisfechas, y de las posteriores si la cesión se declara delito.
- Salvo pacto en contrario, se sigue aplicando el convenio de origen hasta su expiración o la entrada en vigor de otro nuevo aplicable.
- Si la unidad transmitida conserva su autonomía, no se extingue el mandato de los representantes legales.
- Deben informar de la fecha prevista, los motivos, las consecuencias jurídicas, económicas y sociales y las medidas previstas; en fusión y escisión, al publicarse la convocatoria de las juntas generales.
- Si se prevén medidas laborales, debe abrirse un periodo de consultas; para traslados o modificaciones colectivas se aplican los artículos 40.2 y 41.4.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando cambia el titular de una empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma, el contrato no se extingue por eso: el nuevo empresario se subroga en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluidos los compromisos de pensiones.
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Artículo 45. Causas y efectos de la suspensión.
El artículo 45 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, enumera las causas de suspensión del contrato de trabajo y sus efectos.
1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas: a) Mutuo acuerdo de las partes. b) Las consignadas válidamente en el contrato. c) Incapacidad temporal de los trabajadores. d) Nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen, de menores de seis años o de menores de edad mayores de seis años con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. e) Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses. f) Ejercicio de cargo público representativo. g) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria. h) Suspensión de empleo y sueldo, por razones disciplinarias. i) Fuerza mayor temporal. j) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. k) Excedencia forzosa. l) Ejercicio del derecho de huelga. m) Cierre legal de la empresa. n) Decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género o de violencia sexual. o) Disfrute del permiso parental.
2. La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo.
Datos clave
- Son causas de suspensión el mutuo acuerdo, las consignadas válidamente en el contrato y la incapacidad temporal.
- También el nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción o el acogimiento de menores de seis años, o de menores mayores de seis con discapacidad o especiales dificultades de inserción.
- Suspenden el contrato el riesgo durante el embarazo y el riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses.
- Otras causas: cargo público representativo, privación de libertad sin sentencia condenatoria, suspensión de empleo y sueldo disciplinaria, fuerza mayor temporal y causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
- Igualmente la excedencia forzosa, el ejercicio del derecho de huelga y el cierre legal de la empresa.
- También la decisión de la trabajadora víctima de violencia de género o sexual obligada a abandonar su puesto y el disfrute del permiso parental.
- La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista cerrada de causas que suspenden el contrato de trabajo, de la a) a la o), y su efecto: se dejan de deber trabajar y pagar el trabajo, sin extinguir la relación.
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Artículo 46. Excedencias.
El artículo 46 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula las excedencias.
1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.
2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.
3. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores y trabajadoras. No obstante, si dos o más personas trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento debidamente motivadas por escrito debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación. Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El periodo en que la persona trabajadora permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por la empresa, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.
No obstante, cuando la persona trabajadora forme parte de una familia que tenga reconocida la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría especial. Cuando la persona ejerza este derecho con la misma duración y régimen que el otro progenitor, la reserva de puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de dieciocho meses.
En el ejercicio de este derecho se tendrá en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y, asimismo, evitar la perpetuación de roles y estereotipos de género.
4. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.
5. El trabajador en excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.
6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con el régimen y los efectos que allí se prevean.
Datos clave
- La excedencia forzosa, por designación o elección para cargo público, da derecho a conservar el puesto y al cómputo de la antigüedad; el reingreso se solicita dentro del mes siguiente al cese.
- La voluntaria exige al menos un año de antigüedad y dura entre cuatro meses y cinco años; solo puede repetirse pasados cuatro años desde el final de la anterior.
- Por cuidado de cada hijo, la excedencia no supera tres años desde el nacimiento o la resolución judicial o administrativa.
- Por cuidado de cónyuge, pareja de hecho o familiar hasta el segundo grado que no pueda valerse por sí mismo, dura hasta dos años, salvo mayor duración por negociación colectiva.
- Estas excedencias pueden fraccionarse, computan para la antigüedad y reservan el puesto durante el primer año; después, un puesto del mismo grupo o categoría equivalente.
- En familia numerosa la reserva llega hasta quince meses (general) o dieciocho (especial), y también a dieciocho si se ejerce con la misma duración y régimen que el otro progenitor.
- El excedente voluntario solo conserva un derecho preferente al reingreso en vacantes de igual o similar categoría.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tipos de excedencia: forzosa por cargo público, voluntaria (un año de antigüedad, de cuatro meses a cinco años), por cuidado de hijos o familiares con reserva de puesto, sindical y las pactadas colectivamente.
Esquema
| Forzosa | Voluntaria | Por cuidado | |
|---|---|---|---|
| Causa | Cargo público que impida trabajar | Decisión del trabajador con un año de antigüedad | Cuidado de hijo o familiar |
| Duración | Lo que dure el cargo | De cuatro meses a cinco años | Hasta tres años (hijo) o dos (familiar) |
| Puesto | Conservación del puesto | Derecho preferente al reingreso | Reserva del mismo puesto el primer año |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 47. Reducción de jornada o suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
El artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula la reducción de jornada o suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor (expedientes de regulación temporal de empleo).
1 y 2. Causas. La empresa puede reducir temporalmente la jornada o suspender temporalmente los contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción de carácter temporal. Hay causas económicas cuando los resultados reflejan una situación económica negativa, como pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de ingresos ordinarios o ventas; la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de cada trimestre es inferior al del mismo trimestre del año anterior. Son técnicas los cambios en los medios o instrumentos de producción; organizativas, en los sistemas y métodos de trabajo o en el modo de organizar la producción; y productivas, en la demanda de los productos o servicios.
3. Procedimiento. Se aplica cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa y de afectados. Se inicia con comunicación a la autoridad laboral y apertura simultánea de un periodo de consultas con la representación legal de duración no superior a quince días, o a siete días en empresas de menos de cincuenta personas de plantilla. La consulta se desarrolla en una única comisión negociadora, circunscrita a los centros afectados, con un máximo de trece miembros por cada parte; los interlocutores son los del artículo 41.4. La comisión representativa debe constituirse antes de la comunicación de apertura, en un plazo máximo de cinco días desde que la empresa comunica su intención, o de diez días si algún centro afectado carece de representantes legales. Su falta de constitución no impide el periodo de consultas ni su constitución tardía amplía su duración.
La autoridad laboral recaba informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se emite en el improrrogable plazo de quince días desde la notificación del fin de las consultas. Si hay acuerdo, se presumen las causas y solo cabe impugnarlo por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Las partes negocian de buena fe; el acuerdo requiere la mayoría de los representantes legales o de la comisión representativa, siempre que representen a la mayoría de los trabajadores afectados. Puede sustituirse por mediación o arbitraje dentro del mismo plazo.
Tras las consultas, la empresa notifica a los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión, con el periodo de aplicación de las medidas; surte efectos desde su comunicación a la autoridad laboral, salvo fecha posterior. Si en quince días desde la última reunión no se comunica la decisión, el procedimiento caduca. La autoridad laboral puede impugnar la decisión, a petición de la entidad gestora, si persigue la obtención indebida de prestaciones. El trabajador puede reclamar ante la jurisdicción social; si la medida es injustificada, se ordena la inmediata reanudación del contrato y el pago de los salarios dejados de percibir o de las diferencias con la prestación por desempleo. Si se alcanzan los umbrales del artículo 51.1 cabe conflicto colectivo, que paraliza las acciones individuales.
4. Prórroga. Durante la vigencia de la medida, la empresa puede proponer su prórroga a la representación con la que negoció; se trata en un periodo de consultas de cinco días como máximo y la decisión se comunica a la autoridad laboral en siete días, con efectos desde el día siguiente al fin del periodo inicial.
5. Fuerza mayor temporal. El procedimiento se inicia con solicitud de la empresa a la autoridad laboral, con los medios de prueba, y comunicación simultánea a la representación legal. La autoridad laboral constata la fuerza mayor cualquiera que sea el número de afectados, previo informe preceptivo de la Inspección, y resuelve en cinco días desde la solicitud, limitándose a constatarla; la decisión sobre las medidas corresponde a la empresa. La resolución surte efectos desde el hecho causante y hasta la fecha que fije. Sin resolución expresa en plazo, se entiende autorizado el expediente; si la fuerza mayor persiste al final del periodo, debe pedirse nueva autorización.
6. La fuerza mayor temporal puede derivar de impedimentos o limitaciones impuestos por decisiones de la autoridad pública, incluidas las de protección de la salud pública. También de la imposibilidad mantenida de acceder al centro o a las vías de circulación transcurridos los cuatro días del artículo 37.3.g), salvo que sea posible el trabajo a distancia; durante ese permiso, solo puede justificarse por otras circunstancias. En el caso de decisiones de la autoridad, el informe de la Inspección no es preceptivo, la empresa justifica las limitaciones y la autoridad laboral autoriza si las considera justificadas.
7. Normas comunes:
a) La reducción de jornada puede ser de entre un diez y un setenta por ciento, computada sobre la jornada diaria, semanal, mensual o anual, y se prioriza frente a la suspensión cuando sea viable.
b) La empresa comunica por procedimientos automatizados el periodo de aplicación, la identificación de las personas incluidas y el tipo de medida, con el porcentaje máximo de reducción o el número máximo de días de suspensión.
c) Puede desafectar y afectar a personas según varíen las circunstancias, informando a la representación legal y comunicándolo a la entidad gestora y a la Tesorería General de la Seguridad Social.
d) Durante el expediente no pueden realizarse horas extraordinarias, nuevas externalizaciones ni nuevas contrataciones, salvo que las personas afectadas no puedan desarrollar esas funciones por formación, capacitación u otras razones objetivas, previa información a la representación legal. Las acciones formativas de la disposición adicional vigesimoquinta dan derecho a un incremento de crédito para formación programada, conforme al artículo 9.7 de la Ley 30/2015.
e) Los beneficios de cotización, voluntarios para la empresa, se condicionan al mantenimiento en el empleo según el apartado 10 de la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley General de la Seguridad Social.
f) La prestación de los trabajadores se rige por el artículo 267 de la Ley General de la Seguridad Social.
Datos clave
- Hay causa económica si durante dos trimestres consecutivos los ingresos o ventas son inferiores a los del mismo trimestre del año anterior.
- El periodo de consultas no supera quince días, o siete en empresas de menos de cincuenta personas, con comisión de hasta trece miembros por parte.
- La comisión representativa se constituye en cinco días, o diez si algún centro carece de representantes.
- La Inspección informa en quince días; el procedimiento caduca si la decisión no se comunica en quince días desde la última reunión.
- La prórroga exige consultas de cinco días como máximo y comunicación a la autoridad laboral en siete días.
- En fuerza mayor temporal la autoridad laboral resuelve en cinco días y el silencio equivale a autorización.
- La reducción de jornada va del 10 % al 70 % y se prioriza frente a la suspensión.
- Durante el expediente se prohíben horas extraordinarias, nuevas externalizaciones y nuevas contrataciones, salvo la excepción por falta de capacitación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los ERTE: reducción de jornada o suspensión temporal por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o por fuerza mayor temporal. Plazos del procedimiento, prórroga y reglas comunes durante su vigencia.
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Artículo 47 bis. Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
El artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
1. El Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo es un instrumento de flexibilidad y estabilización del empleo que, una vez activado por el Consejo de Ministros, permitirá a las empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo.
Este Mecanismo RED tendrá dos modalidades:
a) Cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización, con una duración máxima de un año.
b) Sectorial, cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras, con una duración máxima inicial de un año y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.
2. La activación del Mecanismo se realizará a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
En el ámbito de la modalidad sectorial, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal podrán solicitar a los Ministerios referidos la convocatoria de la Comisión tripartita del Mecanismo RED. Esta Comisión deberá reunirse en el plazo de quince días desde dicha solicitud y analizará la existencia de los cambios referidos en el apartado 1.b), así como la necesidad, en su caso, de elevar una solicitud de activación del Mecanismo RED sectorial al Consejo de Ministros.
En todo caso, con carácter previo a su elevación al Consejo de Ministros, resultará imprescindible informar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal.
La decisión y las consideraciones que se incorporen al Acuerdo del Consejo de Ministros no serán por sí mismas causas para la adopción en el ámbito empresarial de las medidas previstas en esta norma en relación con el empleo o las condiciones de trabajo.
3. Una vez activado el Mecanismo, las empresas podrán solicitar voluntariamente a la autoridad laboral la reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo, mientras esté activado el Mecanismo, en cualquiera de sus centros de trabajo y en los términos previstos en este artículo.
El procedimiento se iniciará mediante solicitud por parte de la empresa dirigida a la autoridad laboral competente y comunicación simultánea a la representación de las personas trabajadoras, y se tramitará de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.5, previo desarrollo de un periodo de consultas en los términos regulados en el 47.3, con las particularidades recogidas en este artículo.
En el caso de la modalidad sectorial, además, la solicitud deberá ir acompañada de un plan de recualificación de las personas afectadas.
4. La autoridad laboral deberá remitir el contenido de la solicitud empresarial a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y recabar informe preceptivo de esta sobre la concurrencia de los requisitos correspondientes. Este informe será evacuado en el improrrogable plazo de siete días desde la notificación de inicio por parte de la empresa a la autoridad laboral.
La autoridad laboral procederá a dictar resolución en el plazo de siete días naturales a partir de la comunicación de la conclusión del periodo de consultas. Si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la medida, siempre dentro de los límites legal y reglamentariamente establecidos.
Cuando el período de consultas concluya con acuerdo, la autoridad laboral autorizará la aplicación del mecanismo, pudiendo la empresa proceder a las reducciones de jornada o suspensiones de contrato en las condiciones acordadas.
Cuando el período de consultas concluya sin acuerdo, la autoridad laboral dictará resolución estimando o desestimando la solicitud empresarial. La autoridad laboral estimará la solicitud en caso de entender que de la documentación aportada se deduce que la situación cíclica o sectorial temporal concurre en la empresa en los términos previstos en este artículo.
5. Serán normas comunes aplicables a las dos modalidades del Mecanismo RED, las siguientes:
a) Las previsiones recogidas en el artículo 47.4 y 7.
b) Las personas trabajadoras cubiertas por un Mecanismo RED se beneficiarán de las medidas en materia de protección social previstas en la disposición adicional cuadragésima primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y tendrán la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal colaborarán para el desarrollo de actuaciones efectivas de control de la aplicación del Mecanismo, mediante la programación de actuaciones periódicas y de ejecución continuada.
Asimismo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá acceso a los datos incorporados mediante procedimientos automatizados y aplicaciones que le permitan conocer los extremos relativos a la aplicación de los Mecanismos, las condiciones especiales en materia de cotización a la Seguridad Social para las empresas y prestaciones correspondientes, con el objetivo de desarrollar las debidas actuaciones de control.
6. Se constituirá como fondo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, un Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que tendrá como finalidad atender a las necesidades futuras de financiación derivadas de la modalidad cíclica y sectorial del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación, en la forma y condiciones previstas en su normativa de desarrollo.
Serán recursos de este Fondo los excedentes de ingresos que financian las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo y asistencial, las aportaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado, las aportaciones procedentes de los instrumentos de financiación de la Unión Europea orientados al cumplimiento del objeto y fines del Fondo, así como los rendimientos de cualquier naturaleza que genere el Fondo.
Datos clave
- Lo activa el Consejo de Ministros y permite a las empresas solicitar reducciones de jornada y suspensiones de contratos.
- La modalidad cíclica responde a una coyuntura macroeconómica general y dura como máximo un año.
- La modalidad sectorial responde a cambios permanentes en un sector, con duración máxima inicial de un año y dos prórrogas de seis meses; la solicitud incluye un plan de recualificación.
- La activación se propone conjuntamente por los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
- La Comisión tripartita del Mecanismo RED se reúne en quince días desde la solicitud de las organizaciones más representativas.
- La Inspección emite informe en siete días y la autoridad laboral resuelve en siete días naturales desde el fin de las consultas; el silencio equivale a autorización.
- El Fondo RED, sin personalidad jurídica, se adscribe al Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Mecanismo RED lo activa el Consejo de Ministros y permite a las empresas pedir reducciones de jornada o suspensiones, en modalidad cíclica o sectorial, con un procedimiento y un fondo propios.
Esquema
| Cíclica | Sectorial | |
|---|---|---|
| Presupuesto | Coyuntura macroeconómica general | Cambios permanentes en uno o varios sectores |
| Duración | Máximo un año | Un año inicial y dos prórrogas de seis meses |
| Requisito extra | Ninguno específico | Plan de recualificación de los afectados |
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Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo.
El artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula la suspensión con reserva de puesto de trabajo y, en particular, las suspensiones por nacimiento y cuidado de menor.
1. Al cesar las causas legales de suspensión, el trabajador tendrá derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reservado, en todos los supuestos a que se refiere el artículo 45.1 excepto en los señalados en las letras a) y b), en que se estará a lo pactado.
2. En el supuesto de incapacidad temporal, producida la extinción de esta situación con declaración de incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran incapacidad, cuando, a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva de puesto de trabajo, durante un periodo de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la incapacidad permanente.
En los supuestos previstos en la letra n) del artículo 49.1 se considerará también que subsiste la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante el tiempo en que se resuelven los ajustes razonables o el cambio a un puesto vacante y disponible.
3. En los supuestos de suspensión por ejercicio de cargo público representativo o funciones sindicales de ámbito provincial o superior, el trabajador deberá reincorporarse en el plazo máximo de treinta días naturales a partir de la cesación en el cargo o función.
4. El nacimiento, que comprende el parto y el cuidado de menor, suspenderá el contrato de trabajo de la madre biológica y el del progenitor distinto de la madre biológica durante diecinueve semanas.
En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el periodo de suspensión será de treinta y dos semanas.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre biológica o del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre biológica.
En los casos de parto prematuro con falta de peso y en aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo superior a siete días, el periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.
En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.
En caso de fallecimiento de uno de los progenitores, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.
La suspensión del contrato de cada uno de los progenitores por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera:
a) Seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa.
b) Once semanas, veintidós en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de la persona trabajadora, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización de la suspensión obligatoria posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. No obstante, la madre biológica podrá anticipar su ejercicio hasta cuatro semanas antes de la fecha previsible del parto.
c) Dos semanas, cuatro en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de la persona trabajadora, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años.
Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor.
Las suspensiones previstas en las letras b) y c) podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o de jornada parcial, previo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, y conforme se determine reglamentariamente. La persona trabajadora deberá comunicar a la empresa, con una antelación mínima de quince días, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos. Cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye también a las personas trans gestantes.
5. En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), la suspensión tendrá una duración de diecinueve semanas para cada adoptante, guardador o acogedor.
En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona adoptante, guardadora con fines de adopción o acogedora, el periodo de suspensión será de treinta y dos semanas.
En el supuesto de fallecimiento del menor, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.
En caso de fallecimiento de una de las personas adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras, la otra persona podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.
La suspensión del contrato de cada persona adoptante, guardador o acogedora por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera:
a) Seis semanas deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida, inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.
b) Once semanas, veintidós en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse, a voluntad de la persona trabajadora, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse dentro de los doce meses siguientes a la resolución judicial por la que se constituya la adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.
c) Dos semanas, cuatro en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse, a voluntad de la persona trabajadora, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el menor cumpla los ocho años.
En ningún caso un mismo menor dará derecho a varios periodos de suspensión en la misma persona trabajadora.
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión previsto para cada caso en este apartado podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.
Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al otro adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor.
Las suspensiones previstas en las letras b) y c) podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o de jornada parcial, previo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, y conforme se determine reglamentariamente. La persona trabajadora deberá comunicar a la empresa, con una antelación mínima de quince días, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos. Cuando los dos adoptantes, guardadores o acogedores que ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito.
6. En el supuesto de discapacidad del hijo o hija en el nacimiento, adopción, en situación de guarda con fines de adopción o de acogimiento, la suspensión del contrato a que se refieren los apartados 4 y 5 tendrá una duración adicional de dos semanas, una para cada una de las personas progenitoras. Igual ampliación procederá en el supuesto de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple por cada hijo o hija distinta del primero. En caso de haber una única persona progenitora, esta podrá disfrutar de las ampliaciones completas previstas en este apartado para el caso de familias con dos personas progenitoras.
7. En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por parto o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.
8. En el supuesto previsto en el artículo 45.1.n), el periodo de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses.
9. Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que hubieran podido tener derecho durante la suspensión del contrato en los supuestos a que se refieren los apartados 4 a 8.
Datos clave
- Al cesar las causas de suspensión hay derecho a reincorporarse al puesto reservado, salvo en el mutuo acuerdo y las causas del contrato, en que se está a lo pactado.
- Con incapacidad permanente previsiblemente revisable por mejoría, la suspensión con reserva subsiste durante dos años desde la resolución.
- Tras un cargo público representativo o funciones sindicales provinciales o superiores, la reincorporación debe hacerse en un máximo de treinta días naturales.
- El nacimiento suspende el contrato de cada progenitor durante diecinueve semanas, treinta y dos en monoparentalidad; seis semanas posteriores al parto son obligatorias e ininterrumpidas a jornada completa.
- Del resto, once semanas (veintidós en monoparentalidad) se disfrutan hasta los doce meses del menor y dos semanas (cuatro en monoparentalidad) hasta los ocho años; el preaviso es de al menos quince días.
- La hospitalización del neonato de más de siete días amplía la suspensión hasta un máximo de trece semanas adicionales.
- La discapacidad del hijo o el parto o la adopción múltiple añaden dos semanas, una para cada progenitor.
- La suspensión por violencia de género o sexual dura inicialmente hasta seis meses, prorrogable por el juez por periodos de tres meses hasta dieciocho.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reincorporación tras la suspensión y reglas de las suspensiones más preguntadas: incapacidad permanente revisable, cargo público, nacimiento y cuidado de menor (diecinueve semanas), adopción, riesgos y violencia.
Esquema
| Biparental | Monoparental | Hasta cuándo | |
|---|---|---|---|
| Obligatorio | Seis semanas | Seis semanas | Inmediatamente tras el parto, a jornada completa |
| Voluntario | Once semanas | Veintidós semanas | Hasta que el hijo cumpla doce meses |
| Cuidado | Dos semanas | Cuatro semanas | Hasta que el hijo cumpla ocho años |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 48 bis
El artículo 48 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula el permiso parental.
1. Las personas trabajadoras tendrán derecho a un permiso parental, para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años. Este permiso, que tendrá una duración no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas, podrá disfrutarse a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial conforme a lo establecido reglamentariamente.
2. Este permiso constituye un derecho individual de las personas trabajadoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio. Corresponderá a la persona trabajadora especificar la fecha de inicio y fin del disfrute o, en su caso, de los períodos de disfrute, debiendo comunicarlo a la empresa con una antelación de diez días o la concretada por los convenios colectivos, salvo fuerza mayor, teniendo en cuenta la situación de aquella y las necesidades organizativas de la empresa. En caso de que dos o más personas trabajadoras generasen este derecho por el mismo sujeto causante o en otros supuestos definidos por los convenios colectivos en los que el disfrute del permiso parental en el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de la empresa, ésta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute igual de flexible.
Datos clave
- Es un permiso para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por más de un año, hasta que el menor cumpla ocho años.
- Su duración no supera ocho semanas, continuas o discontinuas, a tiempo completo o a tiempo parcial.
- Es un derecho individual de las personas trabajadoras, hombres o mujeres, y no puede transferirse.
- Se comunica a la empresa con una antelación de diez días o la que fije el convenio, salvo fuerza mayor.
- Si varios trabajadores lo generan por el mismo sujeto causante o se altera seriamente el funcionamiento de la empresa, esta puede aplazarlo por un periodo razonable, por escrito y ofreciendo una alternativa igual de flexible.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Permiso parental de hasta ocho semanas para cuidar a un hijo o menor acogido más de un año, hasta que cumpla ocho años; es individual, intransferible y la empresa solo puede aplazarlo con justificación.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 49. Extinción del contrato.
El artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, enumera las causas de extinción del contrato de trabajo.
1. El contrato de trabajo se extinguirá:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por las causas consignadas válidamente en el contrato salvo que las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario.
c) Por expiración del tiempo convenido. A la finalización del contrato, excepto en los contratos formativos y el contrato de duración determinada por causa de sustitución, la persona trabajadora tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación.
Los contratos de duración determinada que tengan establecido plazo máximo de duración, incluidos los contratos formativos, concertados por una duración inferior a la máxima legalmente establecida, se entenderán prorrogados automáticamente hasta dicho plazo cuando no medie denuncia o prórroga expresa y el trabajador continúe prestando servicios.
Expirada dicha duración máxima, si no hubiera denuncia y se continuara en la prestación laboral, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación.
Si el contrato de trabajo de duración determinada es superior a un año, la parte del contrato que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una antelación mínima de quince días.
d) Por dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar.
e) Por muerte de la persona trabajadora.
f) Por jubilación del trabajador.
g) Por muerte, jubilación en los casos previstos en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, o incapacidad del empresario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.
En los casos de muerte, jubilación o incapacidad del empresario, el trabajador tendrá derecho al abono de una cantidad equivalente a un mes de salario.
En los casos de extinción de la personalidad jurídica del contratante deberán seguirse los trámites del artículo 51.
h) Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación de trabajo, siempre que su existencia haya sido debidamente constatada conforme a lo dispuesto en el artículo 51.7.
i) Por despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
j) Por voluntad del trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario.
k) Por despido del trabajador.
l) Por causas objetivas legalmente procedentes.
m) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género o de violencia sexual.
n) Por declaración de gran incapacidad, incapacidad permanente absoluta o total de la persona trabajadora, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2, cuando no sea posible realizar los ajustes razonables por constituir una carga excesiva para la empresa, cuando no exista un puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con el perfil profesional y compatible con la nueva situación de la persona trabajadora o cuando existiendo dicha posibilidad la persona trabajadora rechace el cambio de puesto de trabajo adecuadamente propuesto.
Para determinar si la carga es excesiva se tendrá particularmente en cuenta el coste de las medidas de adaptación en relación con el tamaño, los recursos económicos, la situación económica y el volumen de negocios total de la empresa. La carga no se considerará excesiva cuando sea paliada en grado suficiente mediante medidas, ayudas o subvenciones públicas.
Sin perjuicio de lo anterior, en las empresas que empleen a menos de 25 personas trabajadoras se considerará excesiva la carga cuando el coste de adaptación del puesto de trabajo, sin tener en cuenta la parte que pueda ser sufragada con ayudas o subvenciones públicas, supere la cuantía mayor de entre las siguientes:
1.ª La indemnización que correspondiera a la persona trabajadora en virtud de lo establecido en el artículo 56.1.
2.ª Seis meses de salario de la persona trabajadora que solicita la adaptación.
La persona trabajadora dispondrá de un plazo de diez días naturales desde la fecha en que se le notifique la resolución en la que se califique la incapacidad permanente en alguno de los grados citados en el párrafo primero de esta letra n) para manifestar por escrito a la empresa su voluntad de mantener la relación laboral.
La empresa dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha en que se le notifique la resolución en la que se califique la incapacidad permanente, para realizar los ajustes razonables o el cambio de puesto de trabajo. Cuando el ajuste suponga una carga excesiva o no exista puesto de trabajo vacante, la empresa dispondrá del mismo plazo para proceder a la extinción del contrato. La decisión será motivada y deberá comunicarse por escrito a la persona trabajadora.
Los servicios de prevención determinarán, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y previa consulta con la representación de las personas trabajadoras en materia de prevención de riesgos laborales, el alcance y las características de las medidas de ajuste, incluidas las relativas a la formación, información y vigilancia de la salud de la persona trabajadora, e identificarán los puestos de trabajo compatibles con la nueva situación de la persona trabajadora.
2. El empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar a los trabajadores la denuncia, o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas.
El trabajador podrá solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores en el momento de proceder a la firma del recibo del finiquito, haciéndose constar en el mismo el hecho de su firma en presencia de un representante legal de los trabajadores, o bien que el trabajador no ha hecho uso de esta posibilidad. Si el empresario impidiese la presencia del representante en el momento de la firma, el trabajador podrá hacerlo constar en el propio recibo, a los efectos oportunos.
Datos clave
- El contrato se extingue, entre otras causas, por mutuo acuerdo, causas válidas del contrato, expiración del tiempo convenido, dimisión, muerte o jubilación del trabajador y despido.
- Al expirar el contrato temporal, salvo formativos y de sustitución, la indemnización es la parte proporcional de doce días de salario por año de servicio.
- Si el contrato temporal dura más de un año, la denuncia se notifica con una antelación mínima de quince días.
- Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario, el trabajador cobra un mes de salario; la extinción de la personalidad jurídica sigue los trámites del artículo 51.
- También extinguen el contrato la fuerza mayor definitiva, el despido colectivo, la voluntad del trabajador por incumplimiento empresarial, las causas objetivas y la decisión de la víctima de violencia de género o sexual.
- La incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad extingue el contrato si no caben ajustes razonables ni existe un puesto vacante, o si el trabajador rechaza el cambio.
- En empresas de menos de 25 trabajadores la carga es excesiva si supera la mayor entre la indemnización del artículo 56.1 y seis meses de salario; el trabajador tiene diez días naturales y la empresa tres meses.
- Con la denuncia o el preaviso se acompaña una propuesta de liquidación, y el trabajador puede pedir la presencia de un representante legal en la firma del finiquito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de causas de extinción del contrato, de la a) a la n), con sus indemnizaciones y plazos propios, más la regla de la propuesta de liquidación y la presencia del representante en el finiquito.
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Artículo 50
El artículo 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula las causas justas para que el trabajador solicite la extinción del contrato.
1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:
a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador.
b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.
Sin perjuicio de otros supuestos que por el juez, la jueza o el tribunal puedan considerarse causa justa a estos efectos, se entenderá que hay retraso cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del salario, concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o la trabajadora, en el período de un año, tres mensualidades completas de salario, aún no consecutivas, o cuando concurra retraso en el pago del salario durante seis meses, aún no consecutivos.
c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador o la trabajadora en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados.
2. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente.
Datos clave
- Es causa justa la modificación sustancial hecha sin respetar el artículo 41 que redunde en menoscabo de la dignidad del trabajador.
- También la falta de pago o los retrasos continuados en el abono del salario pactado.
- Hay retraso cuando se supera en quince días la fecha fijada para el pago del salario.
- Concurre la causa si se adeudan, en un año, tres mensualidades completas, aun no consecutivas, o si hay retraso durante seis meses, aun no consecutivos.
- Es causa cualquier otro incumplimiento grave del empresario, salvo fuerza mayor, y la negativa a reintegrar las condiciones anteriores tras sentencia en los casos de los artículos 40 y 41.
- El trabajador tiene derecho a las indemnizaciones del despido improcedente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Causas justas para que el trabajador pida la extinción del contrato por culpa del empresario, con la definición de retraso salarial, y su efecto: la indemnización del despido improcedente.
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Artículo 51. Despido colectivo.
El artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula el despido colectivo.
1. Concepto y causas. Es despido colectivo la extinción de contratos fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa días, afecte al menos a:
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.
Hay causas económicas cuando los resultados reflejan una situación económica negativa, como pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de ingresos ordinarios o ventas; la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de cada trimestre es inferior al del mismo trimestre del año anterior. Las causas técnicas afectan a los medios o instrumentos de producción; las organizativas, a los sistemas y métodos de trabajo o al modo de organizar la producción; y las productivas, a la demanda de productos o servicios.
También es despido colectivo la extinción que afecte a la totalidad de la plantilla, si los afectados son más de cinco, por cesación total de la actividad fundada en esas causas. Para el cómputo se suman las demás extinciones por iniciativa del empresario por motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos del artículo 49.1.c), siempre que sean al menos cinco. Las extinciones del artículo 52.c) realizadas en periodos sucesivos de noventa días por debajo de los umbrales para eludir este artículo, sin causas nuevas, se consideran en fraude de ley y son nulas.
2. Periodo de consultas. Debe preceder al despido y no puede superar treinta días naturales, o quince en empresas de menos de cincuenta trabajadores. Versa, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos y de atenuar sus consecuencias con medidas sociales de acompañamiento, como la recolocación o la formación o reciclaje profesional. Se desarrolla en una única comisión negociadora, circunscrita a los centros afectados, con un máximo de trece miembros por parte, y los interlocutores son los del artículo 41.4. La comisión representativa se constituye antes de la comunicación de apertura, en un plazo máximo de siete días desde que la empresa comunica su intención, o de quince si algún centro carece de representantes; su falta no impide las consultas ni su constitución tardía amplía su duración.
La apertura se comunica por escrito a los representantes legales, con copia a la autoridad laboral, consignando: las causas; el número y la clasificación profesional de los afectados; el número y la clasificación de los empleados habitualmente en el último año; el periodo previsto para los despidos; los criterios de designación de los afectados; la copia de la comunicación de la intención de iniciar el procedimiento; y los representantes que integrarán la comisión negociadora o la falta de su constitución. Se acompaña una memoria explicativa, la documentación contable y fiscal y los informes técnicos.
La autoridad laboral da traslado a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recaba informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se emite en el improrrogable plazo de quince días desde la notificación del fin de las consultas y se pronuncia también sobre la concurrencia de las causas y la documentación. Las partes negocian de buena fe; el acuerdo requiere la mayoría de los representantes legales o de la comisión representativa, siempre que representen a la mayoría de los trabajadores afectados, y puede sustituirse por mediación o arbitraje. La autoridad laboral vela por la efectividad de las consultas con advertencias y recomendaciones que no paralizan ni suspenden el procedimiento, y puede mediar a petición conjunta de las partes o prestar asistencia.
Concluidas las consultas, el empresario comunica el resultado a la autoridad laboral, con copia íntegra del acuerdo o, sin acuerdo, la decisión final y sus condiciones. Si en quince días desde la última reunión no se comunica la decisión, el procedimiento caduca.
3. Si la extinción afecta a más del cincuenta por ciento de los trabajadores, el empresario da cuenta de la venta de los bienes de la empresa, salvo los de su tráfico normal, a los representantes y a la autoridad competente.
4. Los despidos se notifican individualmente conforme al artículo 53.1, y deben transcurrir como mínimo treinta días entre la comunicación de la apertura de consultas a la autoridad laboral y la fecha de efectos del despido.
5. Los representantes legales tienen prioridad de permanencia; por convenio o acuerdo pueden fijarse prioridades a favor de trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad.
6. La decisión puede impugnarse con las acciones propias de este despido; la demanda de los representantes paraliza las acciones individuales. La autoridad laboral puede impugnar los acuerdos por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, o si la entidad gestora advierte la obtención indebida de prestaciones.
7. Fuerza mayor. Debe constatarla la autoridad laboral cualquiera que sea el número de afectados. El procedimiento se inicia con solicitud de la empresa y comunicación simultánea a los representantes, que son parte interesada. La resolución se dicta en cinco días desde la solicitud y se limita a constatar la fuerza mayor; la decisión extintiva corresponde a la empresa y surte efectos desde el hecho causante. La autoridad puede acordar que el Fondo de Garantía Salarial abone toda o parte de la indemnización, sin perjuicio de su derecho a resarcirse del empresario.
8. Las obligaciones de información y documentación se aplican aunque la decisión la haya tomado la empresa que ejerza el control; no se admite la excusa de no haber recibido la información.
9. En empresas no concursadas, si se incluyen trabajadores de cincuenta y cinco o más años que no fueran mutualistas el 1 de enero de 1967, hay obligación de abonar las cuotas de un convenio especial.
10. Si el despido afecta a más de cincuenta trabajadores, la empresa ofrece un plan de recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas, para un periodo mínimo de seis meses, con formación y orientación profesional, atención personalizada y búsqueda activa de empleo. No se aplica a empresas en procedimiento concursal y su coste nunca recae sobre los trabajadores. La autoridad laboral, a través del servicio público de empleo, verifica su cumplimiento, y los trabajadores pueden reclamarlo.
11. Las empresas que realicen despidos colectivos que incluyan a trabajadores de cincuenta o más años deben efectuar una aportación económica al Tesoro Público.
Datos clave
- Umbrales en noventa días: 10 trabajadores (empresas de menos de 100), 10 % (de 100 a 300) y 30 (más de 300); también el cierre total con más de cinco afectados.
- La causa económica exige disminución durante tres trimestres consecutivos frente al mismo trimestre del año anterior.
- Las consultas duran como máximo treinta días naturales, o quince en empresas de menos de cincuenta trabajadores.
- La comisión negociadora tiene hasta trece miembros por parte; la representativa se constituye en siete días, o quince sin representantes.
- La Inspección informa en quince días y el procedimiento caduca si no se comunica la decisión en quince días desde la última reunión.
- Deben mediar al menos treinta días entre la comunicación de apertura a la autoridad laboral y los efectos del despido.
- Con fuerza mayor, la autoridad laboral resuelve en cinco días y el Fondo de Garantía Salarial puede abonar la indemnización.
- Con más de cincuenta afectados, plan de recolocación externa de al menos seis meses; convenio especial para los de cincuenta y cinco o más años y aportación al Tesoro si hay de cincuenta o más.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Despido colectivo: umbrales en noventa días, causas ETOP, periodo de consultas, documentación, plazos de caducidad y de efectos, fuerza mayor y obligaciones extra (recolocación, convenio especial, aportación al Tesoro).
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Artículo 52. Extinción del contrato por causas objetivas.
El artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula la extinción del contrato por causas objetivas.
El contrato podrá extinguirse:
a) Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento de un periodo de prueba no podrá alegarse con posterioridad a dicho cumplimiento.
b) Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. Previamente el empresario deberá ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones operadas. El tiempo destinado a la formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo efectivo y el empresario abonará al trabajador el salario medio que viniera percibiendo. La extinción no podrá ser acordada por el empresario hasta que hayan transcurrido, como mínimo, dos meses desde que se introdujo la modificación o desde que finalizó la formación dirigida a la adaptación.
c) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo.
Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto al que se refiere este apartado.
d) (Derogada)
e) En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos determinados, sin dotación económica estable y financiados por las Administraciones Públicas mediante consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.
Cuando la extinción afecte a un número de trabajadores igual o superior al establecido en el artículo 51.1 se deberá seguir el procedimiento previsto en dicho artículo.
Datos clave
- Es causa la ineptitud conocida o sobrevenida tras la colocación efectiva; la anterior al periodo de prueba no puede alegarse una vez superado este.
- También la falta de adaptación a modificaciones técnicas razonables, previo curso de adaptación pagado como tiempo de trabajo efectivo.
- La extinción por falta de adaptación exige que hayan pasado al menos dos meses desde la modificación o desde el fin de la formación.
- Cabe por las causas del artículo 51.1 cuando se afecte a un número inferior al del despido colectivo; los representantes tienen prioridad de permanencia.
- La letra d) está derogada.
- En entidades sin ánimo de lucro con contratos indefinidos para planes y programas públicos, es causa la insuficiencia de la consignación presupuestaria.
- Si se alcanzan los umbrales del artículo 51.1 debe seguirse el procedimiento del despido colectivo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Causas objetivas de extinción: ineptitud, falta de adaptación a cambios técnicos, causas ETOP por debajo de los umbrales del despido colectivo e insuficiencia de consignación en programas públicos de entidades sin ánimo de lucro.
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Artículo 53. Forma y efectos de la extinción por causas objetivas.
El artículo 53 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula la forma y los efectos de la extinción por causas objetivas.
1. La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo anterior exige la observancia de los requisitos siguientes:
a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.
b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.
Cuando la decisión extintiva se fundase en el artículo 52.c), con alegación de causa económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquel su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.
c) Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. En el supuesto contemplado en el artículo 52.c), del escrito de preaviso se dará copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento.
2. Durante el periodo de preaviso el trabajador, o su representante legal si se trata de una persona con discapacidad que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.
3. Contra la decisión extintiva podrá recurrir como si se tratase de despido disciplinario.
4. Cuando la decisión extintiva del empresario tuviera como móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley o bien se hubiera producido con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, la decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de oficio.
Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos:
a) El de las personas trabajadoras durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, a que se refiere el artículo 45.1.d) y e), disfrute del permiso parental a que se refiere el artículo 48 bis, o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o cuando se notifique la decisión en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.
b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 3.b), 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando de las adaptaciones de jornada previstas en el artículo 34.8 o la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las personas trabajadoras víctimas de violencia de género o de violencia sexual, por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.
c) El de las personas trabajadoras después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran transcurrido más de doce meses desde la fecha del nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción o el acogimiento.
Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia de la decisión extintiva por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados. Para considerarse procedente deberá acreditarse suficientemente que la causa objetiva que sustenta el despido requiere concretamente la extinción del contrato de la persona referida.
En el resto de los supuestos, la decisión extintiva se considerará procedente cuando se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva y se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1. En otro caso se considerará improcedente.
No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho periodo o al pago de la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que procedan.
5. La calificación por la autoridad judicial de la nulidad, procedencia o improcedencia de la decisión extintiva producirá iguales efectos que los indicados para el despido disciplinario, con las siguientes modificaciones:
a) En caso de procedencia, el trabajador tendrá derecho a la indemnización prevista en el apartado 1, consolidándola de haberla recibido, y se entenderá en situación de desempleo por causa a él no imputable.
b) Si la extinción se declara improcedente y el empresario procede a la readmisión, el trabajador habrá de reintegrarle la indemnización percibida. En caso de sustitución de la readmisión por compensación económica, se deducirá de esta el importe de dicha indemnización.
Datos clave
- Exige comunicación escrita al trabajador con expresión de la causa.
- La indemnización de veinte días por año, prorrateando por meses y con máximo de doce mensualidades, se pone a disposición al entregar la comunicación, salvo causa económica que lo impida.
- El preaviso es de quince días; en el caso del artículo 52.c) se da copia a la representación legal.
- Durante el preaviso hay una licencia retribuida de seis horas semanales para buscar nuevo empleo.
- Es nula la decisión discriminatoria o que viole derechos fundamentales, la adoptada durante la suspensión por nacimiento, adopción, riesgos o permiso parental, y la de trabajadoras embarazadas.
- También es nula, salvo procedencia por motivos ajenos, la que afecta a quien se reintegra tras nacimiento o adopción si no han pasado más de doce meses.
- La falta de preaviso o el error excusable en la indemnización no determinan la improcedencia.
- Si se declara improcedente y hay readmisión, el trabajador reintegra la indemnización percibida.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Requisitos del despido objetivo (comunicación escrita, veinte días por año y quince días de preaviso), licencia para buscar empleo, supuestos de nulidad y efectos de la calificación judicial.
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Artículo 54. Despido disciplinario.
1. El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador.
2. Se considerarán incumplimientos contractuales:
a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.
d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.
e) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.
Datos clave
- El despido disciplinario se basa en un incumplimiento grave y culpable del trabajador.
- Son incumplimientos las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad y la indisciplina o desobediencia en el trabajo.
- También lo son las ofensas verbales o físicas al empresario, a quienes trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.
- Se incluyen la transgresión de la buena fe contractual, el abuso de confianza y la disminución continuada y voluntaria del rendimiento normal o pactado.
- La embriaguez habitual o toxicomanía es causa si repercute negativamente en el trabajo.
- El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo son causa de despido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El despido disciplinario se basa en un incumplimiento grave y culpable del trabajador; el artículo enumera los incumplimientos típicos, desde las faltas de asistencia hasta el acoso.
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Artículo 55. Forma y efectos del despido disciplinario.
El artículo 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regula la forma y los efectos del despido disciplinario.
1. El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.
Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido.
Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical procederá la apertura de expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del interesado, los restantes miembros de la representación a que perteneciere, si los hubiese.
Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constase, deberá dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato.
2. Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el empresario podrá realizar un nuevo despido en el que cumpla los requisitos omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido, que solo surtirá efectos desde su fecha, solo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al del primer despido. Al realizarlo, el empresario pondrá a disposición del trabajador los salarios devengados en los días intermedios, manteniéndole durante los mismos en alta en la Seguridad Social.
3. El despido será calificado como procedente, improcedente o nulo.
4. El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1.
5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución Española o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas de la persona trabajadora.
Será también nulo el despido, en los siguientes supuestos:
a) El de las personas trabajadoras durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural a que se refiere el artículo 45.1.d) y e), disfrute del permiso parental a que se refiere el artículo 48 bis, o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o cuando se notifique la decisión en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.
b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 3.b), 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando de las adaptaciones de jornada previstas en el artículo 34.8 o la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las personas trabajadoras víctimas de violencia de género o de violencia sexual, por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.
c) El de las personas trabajadoras después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran transcurrido más de doce meses desde la fecha del nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción o el acogimiento.
Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.
6. El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir.
7. El despido procedente convalidará la extinción del contrato de trabajo que con aquel se produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.
Datos clave
- El despido se notifica por escrito con los hechos que lo motivan y la fecha de efectos.
- Si el trabajador es representante legal o delegado sindical procede expediente contradictorio; si está afiliado y le consta al empresario, audiencia previa a los delegados sindicales.
- Si se omiten requisitos, puede hacerse un nuevo despido en el plazo de veinte días desde el siguiente al primero, abonando los salarios intermedios y manteniendo el alta.
- El despido se califica como procedente, improcedente o nulo.
- Es procedente si se acredita el incumplimiento alegado; improcedente en caso contrario o si no se ajusta a la forma.
- Es nulo el discriminatorio o con violación de derechos fundamentales, el producido durante suspensiones por nacimiento, adopción, riesgos o permiso parental, el de embarazadas y el de quien se reintegra dentro de los doce meses.
- El despido nulo obliga a la readmisión inmediata con abono de los salarios dejados de percibir.
- El procedente convalida la extinción sin indemnización ni salarios de tramitación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Forma del despido disciplinario (carta con hechos y fecha), garantías de representantes y afiliados, posibilidad de un nuevo despido en veinte días, y la triple calificación: procedente, improcedente o nulo.
Esquema
| Procedente | Improcedente | Nulo | |
|---|---|---|---|
| Cuándo | Se acredita el incumplimiento alegado en la carta | No se acredita o la forma no se ajusta al apartado 1 | Discriminación, violación de derechos fundamentales o supuestos protegidos |
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Artículo 56. Despido improcedente.
1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.
2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.
3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera.
4. Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción corresponderá siempre a este. De no efectuar la opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, esta será obligada. Tanto si opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho a los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2.
5. Cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de noventa días hábiles desde la fecha en que se presentó la demanda, el empresario podrá reclamar del Estado el abono de la percepción económica a la que se refiere el apartado 2, correspondiente al tiempo que exceda de dichos noventa días hábiles.
En los casos de despido en que, con arreglo a este apartado, sean por cuenta del Estado los salarios de tramitación, serán con cargo al mismo las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a dichos salarios.
Datos clave
- Declarado improcedente el despido, el empresario dispone de cinco días desde la notificación de la sentencia para optar entre readmisión o indemnización.
- La indemnización es de treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateando por meses, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
- Si se opta por la readmisión, el trabajador tiene derecho a los salarios de tramitación; si el empresario no opta, se entiende que procede la readmisión.
- Si el despedido es representante legal o delegado sindical, la opción le corresponde siempre a él; si no opta, se entiende la readmisión, y en ambos casos cobra salarios de tramitación.
- Si la sentencia se dicta pasados más de noventa días hábiles desde la demanda, el empresario puede reclamar al Estado los salarios de tramitación que excedan de ese plazo, con sus cuotas de Seguridad Social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si el despido es improcedente, la empresa elige entre readmitir al trabajador o pagarle una indemnización, y en caso de readmisión el trabajador tiene derecho a los salarios dejados de percibir hasta la sentencia.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 57. Procedimiento concursal.
En caso de concurso, a los supuestos de modificación, suspensión y extinción colectivas de los contratos de trabajo y de sucesión de empresa, se aplicarán las especialidades previstas en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Datos clave
- Se aplica en caso de concurso.
- Afecta a la modificación, suspensión y extinción colectivas de los contratos de trabajo y a la sucesión de empresa.
- Se remite a las especialidades previstas en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En caso de concurso, a la modificación, suspensión y extinción colectivas de los contratos y a la sucesión de empresa se aplican las especialidades de la Ley Concursal.