Tema 26: El Derecho de la Unión Europea: concepto y caracteres. Tipología de fuentes. Aplicación y eficacia del Derecho europeo en los Estados miembros. Las Comunidades Autónomas y el Derecho europeo.
Practica este tema con tests de Administración General (A1.1100) — Junta de Andalucía (251 plazas): preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
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- Constitución Española
- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea
- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE, versión consolidada)
- Tratado de la Unión Europea (TUE, versión consolidada)
Constitución Española · Art. 93
Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.
Datos clave
- ¿Qué tipo de ley exige el artículo 93 para atribuir a un organismo internacional el ejercicio de competencias constitucionales? → Ley orgánica.
- ¿A quién corresponde garantizar el cumplimiento de esos tratados? → A las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos.
- No se cede la competencia entera: se cede su ejercicio, y siempre necesita ley orgánica, nunca ley ordinaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ceder el ejercicio de competencias constitucionales a una organización internacional (la vía que permitió entrar en la UE) exige siempre ley orgánica. Vigilar que se cumplan esos tratados es cosa de las Cortes o del Gobierno, según el caso.
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Constitución Española · Art. 95
1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.
Datos clave
- ¿Qué exige la Constitución antes de firmar un tratado con estipulaciones contrarias a ella? → La previa revisión constitucional.
- ¿Quién puede requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre esa contradicción? → El Gobierno o cualquiera de las Cámaras.
- Legitimados solo tres: Gobierno, Congreso o Senado. Ni las Comunidades Autónomas ni los ciudadanos pueden requerir al Tribunal Constitucional por esta vía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si un tratado choca con la Constitución, hay que reformarla antes de poder firmarlo. Para saber si hay contradicción, solo el Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueden preguntárselo al Tribunal Constitucional.
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Artículo 96
1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
Datos clave
- Los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España.
- Sus disposiciones solo pueden derogarse, modificarse o suspenderse en la forma prevista en los propios tratados o según las normas generales del Derecho internacional.
- La denuncia de tratados y convenios internacionales sigue el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los tratados válidamente celebrados y publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno; solo se derogan, modifican o suspenden según el propio tratado o el Derecho internacional. La denuncia sigue el procedimiento del art. 94.
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Artículo 42. Clasificación de las competencias.
1. Corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas sobre las materias incluidas en el presente Título, que ejercerá respetando lo dispuesto en la Constitución y en el presente Estatuto.
2. La Comunidad Autónoma de Andalucía asume mediante el presente Estatuto:
1.º Competencias exclusivas, que comprenden la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, íntegramente y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la Constitución. En el ámbito de sus competencias exclusivas, el derecho andaluz es de aplicación preferente en su territorio sobre cualquier otro, teniendo en estos casos el derecho estatal carácter supletorio.
2.º Competencias compartidas, que comprenden la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución. En el ejercicio de estas competencias, la Comunidad Autónoma puede establecer políticas propias.
3.º Competencias ejecutivas, que comprenden la función ejecutiva que incluye la potestad de organización de su propia administración y, en general, aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración Pública y, cuando proceda, la aprobación de disposiciones reglamentarias para la ejecución de la normativa del Estado.
4.º Competencias en relación con la aplicación del derecho comunitario, que comprenden el desarrollo y la ejecución de la normativa de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma.
3. La Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá las competencias no contempladas expresamente en este Estatuto que le sean transferidas o delegadas por el Estado.
4. La Comunidad Autónoma, cuando así se acuerde con el Estado, podrá ejercer actividades de inspección y sanción respecto a materias de competencia estatal, en los términos que se establezcan mediante convenio o acuerdo.
Datos clave
- La Comunidad Autónoma asume competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas, además de las relativas al derecho comunitario.
- Exclusivas: potestad legislativa, reglamentaria y función ejecutiva, íntegramente; el derecho andaluz es de aplicación preferente y el estatal supletorio.
- Compartidas: potestad legislativa, reglamentaria y función ejecutiva en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley.
- Ejecutivas: función ejecutiva, incluida la potestad de organización de su propia administración y, cuando proceda, reglamentos de ejecución de la normativa estatal.
- Derecho comunitario: desarrollo y ejecución de la normativa de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias.
- Ejerce también las competencias que le sean transferidas o delegadas por el Estado.
- Puede ejercer inspección y sanción en materias estatales mediante convenio o acuerdo con el Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Clasificación de las competencias andaluzas: exclusivas, compartidas, ejecutivas y de aplicación del derecho comunitario; más las transferidas o delegadas y la inspección y sanción en materias estatales por convenio.
Esquema
| Exclusivas | Compartidas | Ejecutivas | |
|---|---|---|---|
| Legislar | Sí, íntegramente | Sí, en el marco de las bases estatales | No |
| Reglamentar | Sí | Sí | Para ejecutar la normativa estatal, cuando proceda |
| Ejecutar | Sí | Sí | Sí, con organización propia |
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Artículo 8. Principio de responsabilidad.
El artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, regula el principio de responsabilidad, que articula la asunción de las consecuencias de los incumplimientos por la Administración que los provoca y descarta la responsabilidad solidaria entre niveles territoriales.
Asunción de responsabilidades por incumplimiento (apartado 1)
Las Administraciones Públicas que incumplan las obligaciones contenidas en esta Ley, así como las que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales de los que España sea parte, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado.
En el proceso de asunción de responsabilidad a que se refiere el párrafo anterior se garantizará, en todo caso, la audiencia de la administración o entidad afectada.
Cláusula de no corresponsabilidad financiera (apartado 2)
El Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y de los entes previstos en el artículo 2.2 de esta Ley vinculados o dependientes de aquellas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos.
Las Comunidades Autónomas no asumirán ni responderán de los compromisos de las Corporaciones Locales ni de los entes vinculados o dependientes de estas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos.
Datos clave
- Las Administraciones que incumplan la Ley o provoquen o contribuyan a incumplir compromisos asumidos por España conforme a la normativa europea o a tratados o convenios internacionales asumen las responsabilidades en la parte que les sea imputable.
- En el proceso de asunción de responsabilidad se garantiza, en todo caso, la audiencia de la administración o entidad afectada.
- El Estado no asume ni responde de los compromisos de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales ni de los entes del artículo 2.2 vinculados o dependientes de aquellas.
- Las Comunidades Autónomas no asumen ni responden de los compromisos de las Corporaciones Locales ni de sus entes vinculados o dependientes.
- Excepción en ambos casos: las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien incumple, paga su parte: cada Administración asume las responsabilidades que le sean imputables, con audiencia garantizada; y ni el Estado ni las Comunidades responden de las deudas de los niveles inferiores.
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Artículo 1. Objeto.
El artículo 1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, fija el objeto de la norma.
El real decreto tiene por objeto desarrollar lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
A estos efectos, se regulan:
- El procedimiento y los criterios para la determinación y repercusión de las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
- Su ámbito subjetivo y objetivo de aplicación.
- Los mecanismos para hacer efectiva la repercusión.
Datos clave
- El Real Decreto 515/2013 desarrolla la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Regula el procedimiento y los criterios para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
- Determina el ámbito subjetivo y objetivo de aplicación.
- Establece los mecanismos para hacer efectiva la repercusión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El real decreto desarrolla la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012 y regula tres cosas: procedimiento y criterios de repercusión, ámbito de aplicación y mecanismos para hacerla efectiva.
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Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.
El artículo 2 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, delimita su ámbito subjetivo de aplicación.
Este real decreto resulta de aplicación a todos los sujetos previstos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El ámbito subjetivo de la repercusión de responsabilidades coincide, por tanto, con el ámbito subjetivo de la ley de estabilidad presupuestaria.
Datos clave
- Se aplica a todos los sujetos previstos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- La Ley Orgánica 2/2012 es la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El ámbito subjetivo se define por remisión a dicha ley orgánica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Se aplica a los mismos sujetos que la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria: el ámbito subjetivo se define por remisión a su artículo 2.
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Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación.
El artículo 3 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, define el ámbito objetivo de aplicación: qué incumplimientos y qué sanciones dan lugar a la repercusión.
Asunción de la responsabilidad (apartado 1)
Las Administraciones o entidades a las que hace referencia el artículo 2 que, en el ejercicio de sus competencias o funciones, incumplieran por acción u omisión el Derecho de la Unión Europea, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado con carácter ejecutivo por las instituciones europeas, asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se deriven de tal incumplimiento.
Cuando sea una entidad, a las que hace referencia el artículo 2, la que por acción u omisión dé lugar, directa o indirectamente, a que el Reino de España sea sancionado, la Administración pública de la que la entidad dependa o esté vinculada asumirá subsidiariamente la responsabilidad que se derive de tal incumplimiento.
Concepto de sanción (apartado 2)
Tendrá la consideración de sanción para el Reino de España:
- La imposición, mediante sentencia, acto o decisión ejecutiva de las instituciones europeas, de una multa a tanto alzado o una multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea.
- Las correcciones financieras adoptadas mediante decisión de la Comisión Europea.
- La minoración de las cuantías de las transferencias o fondos que a España le puedan corresponder del presupuesto de la Unión Europea.
- Cualquier otro acto adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión Europea que implique responsabilidades financieras para el Estado o la merma de cualquier cantidad que le hubiera sido reconocida.
Concepto de incumplimiento (apartado 3)
Se entenderá que existe un incumplimiento cuando se realicen actuaciones u omisiones contrarias al Derecho de la Unión Europea y en particular, entre otros, en los siguientes supuestos:
a) Transposición tardía de directivas europeas al ordenamiento jurídico.
b) Transposición incorrecta de directivas europeas al ordenamiento jurídico.
c) Adecuación tardía o incorrecta de la normativa autonómica a la legislación básica estatal dictada en cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
d) Mantenimiento en vigor o aprobación de normas contrarias al Derecho de la Unión Europea.
e) Falta de ejecución o ejecución incorrecta de sentencias, actos o decisiones dictados por las instituciones europeas.
Datos clave
- Responden las Administraciones o entidades del artículo 2 que, por acción u omisión, incumplan el Derecho de la Unión dando lugar a que el Reino de España sea sancionado con carácter ejecutivo, en la parte que les sea imputable.
- Si el incumplimiento lo causa una entidad, la Administración de la que dependa o esté vinculada responde subsidiariamente.
- Son sanciones: multa a tanto alzado o multa coercitiva (artículo 260 TFUE), correcciones financieras de la Comisión, minoración de transferencias o fondos del presupuesto de la Unión y cualquier otro acto con responsabilidades financieras para el Estado.
- Supuestos de incumplimiento: transposición tardía o incorrecta de directivas.
- También: adecuación tardía o incorrecta de la normativa autonómica a la legislación básica estatal dictada en cumplimiento del Derecho de la Unión.
- También: mantenimiento en vigor o aprobación de normas contrarias al Derecho de la Unión, y falta de ejecución o ejecución incorrecta de sentencias, actos o decisiones europeos.
- La lista de supuestos no es cerrada («entre otros»).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responde quien incumple el Derecho de la UE y provoca una sanción ejecutiva a España, en la parte imputable; si es una entidad, su Administración responde subsidiariamente. Define qué es sanción y da cinco supuestos de incumplimiento, no cerrados.
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Artículo 4. Determinación de la responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
El artículo 4 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, establece el criterio para determinar a quién se repercute la responsabilidad.
Criterio de competencia (apartado 1)
Se repercutirán las responsabilidades derivadas de sanciones ejecutivas por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea a aquellas Administraciones Públicas o entidades previstas en el artículo 2 que reúnan dos condiciones:
- Que sean competentes de conformidad con el ordenamiento jurídico español.
- Que realicen una acción u omisión que dé lugar a un incumplimiento en los términos establecidos en el artículo 3.
Para el caso de los fondos europeos agrícolas, el criterio de competencia se determinará de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta.
Carácter vinculante de los pronunciamientos europeos (apartado 2)
Sin perjuicio de que puedan tenerse en cuenta otros hechos y fundamentos jurídicos, serán vinculantes para el Consejo de Ministros los contenidos en las sentencias, actos o decisiones ejecutivas que las instituciones europeas hayan dictado al efecto, con respecto al acuerdo que ponga fin al procedimiento para la determinación, imputación y repercusión de las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
Datos clave
- Se repercuten las responsabilidades derivadas de sanciones ejecutivas por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
- Destinatarios: Administraciones o entidades del artículo 2 competentes conforme al ordenamiento jurídico español que realicen la acción u omisión del artículo 3.
- Fondos europeos agrícolas: el criterio de competencia se determina conforme a la disposición adicional quinta.
- Los hechos y fundamentos de las sentencias, actos o decisiones ejecutivas europeas son vinculantes para el Consejo de Ministros.
- El Consejo de Ministros adopta el acuerdo que pone fin al procedimiento de determinación, imputación y repercusión de responsabilidades.
- Pueden tenerse en cuenta otros hechos y fundamentos jurídicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Se repercute a la Administración o entidad competente que causó el incumplimiento; en fondos agrícolas, la competencia sigue la disposición adicional quinta. Lo que digan las instituciones europeas vincula al Consejo de Ministros.
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Artículo 2 TFUE. Categorías de competencias de la Unión
Artículo 2.
1. Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado, sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión.
2. Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia compartida con los Estados miembros en un ámbito determinado, la Unión y los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. Los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya.
3. Los Estados miembros coordinarán sus políticas económicas y de empleo según las modalidades establecidas en el presente Tratado, para cuya definición la Unión dispondrá de competencia.
4. La Unión dispondrá de competencia, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea, para definir y aplicar una política exterior y de seguridad común, incluida la definición progresiva de una política común de defensa.
5. En determinados ámbitos y en las condiciones establecidas en los Tratados, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros, sin por ello sustituir la competencia de éstos en dichos ámbitos.
Los actos jurídicamente vinculantes de la Unión adoptados en virtud de las disposiciones de los Tratados relativas a esos ámbitos no podrán conllevar armonización alguna de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.
6. El alcance y las condiciones de ejercicio de las competencias de la Unión se determinarán en las disposiciones de los Tratados relativas a cada ámbito.
Datos clave
- Competencia exclusiva: solo la Unión legisla y adopta actos vinculantes; los Estados miembros únicamente si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión.
- Competencia compartida: legislan la Unión y los Estados miembros; estos ejercen su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya.
- Los Estados miembros recuperan su competencia en la medida en que la Unión decida dejar de ejercer la suya.
- Los Estados miembros coordinan sus políticas económicas y de empleo según las modalidades del Tratado.
- La Unión tiene competencia para definir y aplicar una política exterior y de seguridad común, incluida la definición progresiva de una política común de defensa.
- Competencias de apoyo, coordinación o complemento: sus actos vinculantes no pueden conllevar armonización alguna de las legislaciones nacionales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija las reglas de ejercicio de cada tipo de competencia: en la exclusiva solo legisla la Unión; en la compartida, el Estado legisla mientras la Unión no haya actuado o haya dejado de hacerlo.
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Artículo 258 TFUE
Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.
Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Datos clave
- Recurso por incumplimiento: la Comisión emite un dictamen motivado tras ofrecer al Estado la posibilidad de presentar observaciones (art. 258 TFUE).
- Si el Estado no se atiene al dictamen en el plazo fijado, la Comisión puede recurrir al Tribunal de Justicia (art. 258 TFUE).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Recurso por incumplimiento a iniciativa de la Comisión: observaciones del Estado, dictamen motivado y, si el Estado no lo cumple en plazo, posible recurso ante el Tribunal de Justicia.
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Artículo 259 TFUE. Recurso por incumplimiento interpuesto por un Estado miembro
Artículo 259. (antiguo artículo 227 TCE)
Cualquier Estado miembro podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si estimare que otro Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados.
Antes de que un Estado miembro interponga, contra otro Estado miembro, un recurso fundado en un supuesto incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, deberá someter el asunto a la Comisión.
La Comisión emitirá un dictamen motivado, una vez que los Estados interesados hayan tenido la posibilidad de formular sus observaciones por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio.
Si la Comisión no hubiere emitido el dictamen en el plazo de tres meses desde la fecha de la solicitud, la falta de dictamen no será obstáculo para poder recurrir al Tribunal.
Datos clave
- Cualquier Estado miembro puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si estima que otro Estado miembro ha incumplido sus obligaciones derivadas de los Tratados.
- Antes de interponer el recurso, el Estado miembro debe someter el asunto a la Comisión.
- La Comisión emite un dictamen motivado tras oír a los Estados interesados por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio.
- Plazo para el dictamen: tres meses desde la fecha de la solicitud.
- La falta de dictamen en ese plazo no impide recurrir al Tribunal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Un Estado puede demandar a otro por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, pero antes debe someter el asunto a la Comisión, que tiene tres meses para emitir dictamen.
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Artículo 260 TFUE. Ejecución de las sentencias por incumplimiento y sanciones pecuniarias
Artículo 260. (antiguo artículo 228 TCE)
1. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal.
2. Si la Comisión estimare que el Estado miembro afectado no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal, podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. La Comisión indicará el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado y que considere adaptado a las circunstancias.
Si el Tribunal declarare que el Estado miembro afectado ha incumplido su sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.
Este procedimiento se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 259.
3. Cuando la Comisión presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud del artículo 258 por considerar que el Estado miembro afectado ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo, podrá, si lo considera oportuno, indicar el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por dicho Estado y que considere adaptado a las circunstancias.
Si el Tribunal comprueba la existencia del incumplimiento, podrá imponer al Estado miembro afectado el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva dentro del límite del importe indicado por la Comisión. La obligación de pago surtirá efecto en la fecha fijada por el Tribunal en la sentencia.
Datos clave
- Declarado el incumplimiento, el Estado miembro está obligado a adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia del Tribunal.
- Si no lo hace, la Comisión puede someter el asunto al Tribunal tras ofrecer al Estado la posibilidad de presentar observaciones, indicando el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva.
- El Tribunal puede imponer el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva si declara incumplida su sentencia.
- El procedimiento se entiende sin perjuicio del artículo 259.
- En recursos del artículo 258 por no informar de las medidas de transposición de una directiva adoptada por procedimiento legislativo, la Comisión puede indicar ya el importe de la sanción.
- En ese caso, la sanción se impone dentro del límite del importe indicado por la Comisión y surte efecto en la fecha fijada por el Tribunal en la sentencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ejecución de las sentencias de incumplimiento: el Estado debe cumplirlas; si no, la Comisión puede volver al Tribunal proponiendo una suma a tanto alzado o multa coercitiva. Si no se informa de la transposición de una directiva, la sanción puede pedirse ya en el primer recurso.
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Artículo 263 TFUE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea controlará la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Controlará también la legalidad de los actos de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.
A tal fin, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente en las mismas condiciones para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por el Tribunal de Cuentas, por el Banco Central Europeo y por el Comité de las Regiones con el fin de salvaguardar prerrogativas de éstos.
Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones previstas en los párrafos primero y segundo, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución.
Los actos por los que se crean los órganos y organismos de la Unión podrán prever condiciones y procedimientos específicos para los recursos presentados por personas físicas o jurídicas contra actos de dichos órganos u organismos destinados a producir efectos jurídicos frente a ellos.
Los recursos previstos en el presente artículo deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que éste haya tenido conocimiento del mismo.
Datos clave
- Recurso de anulación: el TJUE controla la legalidad de los actos legislativos y de los actos de las instituciones destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros (art. 263 TFUE).
- Motivos: incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de normas relativas a su ejecución, o desviación de poder (art. 263 TFUE).
- Las personas físicas o jurídicas pueden recurrir los actos de los que sean destinatarias o que las afecten directa e individualmente (art. 263 TFUE).
- Plazo: dos meses desde la publicación, la notificación o el conocimiento del acto (art. 263 TFUE).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Recurso de anulación: qué actos se controlan, cuatro motivos, legitimados privilegiados, semiprivilegiados y particulares, y plazo de dos meses.
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Artículo 267 TFUE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:
a) sobre la interpretación de los Tratados;
b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.
Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.
Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.
Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad.
Datos clave
- Cuestión prejudicial sobre la interpretación de los Tratados y sobre la validez e interpretación de los actos de la Unión (art. 267 TFUE).
- El órgano jurisdiccional nacional puede plantearla si la estima necesaria para emitir su fallo (art. 267 TFUE).
- Está obligado a plantearla el órgano cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno (art. 267 TFUE).
- Si afecta a una persona privada de libertad, el TJUE se pronuncia con la mayor brevedad (art. 267 TFUE).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuestión prejudicial: el Tribunal de Justicia interpreta los Tratados y valida o interpreta los actos de la Unión; los jueces nacionales pueden preguntar, y los de última instancia deben.
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Artículo 4 TUE. Relaciones entre la Unión y los Estados miembros
Artículo 4.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.
2. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.
3. Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados.
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión.
Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.
Datos clave
- Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.
- La Unión respeta la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados y su identidad nacional, también en lo referente a la autonomía local y regional.
- Funciones esenciales del Estado respetadas: garantizar la integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional.
- La seguridad nacional sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.
- Principio de cooperación leal: respeto y asistencia mutua entre la Unión y los Estados miembros en las misiones derivadas de los Tratados.
- Los Estados miembros se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las competencias no atribuidas son de los Estados; la Unión respeta su igualdad, identidad nacional y funciones esenciales (la seguridad nacional es exclusiva de cada Estado) y rige la cooperación leal.
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Artículo 5 TUE. Principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad
Artículo 5. (antiguo artículo 5 TCE)
1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.
3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.
Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado Protocolo.
4. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.
Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
Datos clave
- La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución.
- El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
- La subsidiariedad opera en los ámbitos que no sean de competencia exclusiva de la Unión.
- La Unión interviene solo si los objetivos no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros (ni a nivel central ni regional y local) y pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión.
- Los Parlamentos nacionales velan por el respeto del principio de subsidiariedad conforme al Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
- Proporcionalidad: el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El art. 5 distingue la delimitación de competencias (principio de atribución) de su ejercicio (principios de subsidiariedad y proporcionalidad), y remite a un Protocolo concreto para aplicarlos.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 6 TUE. Derechos fundamentales
Artículo 6. (antiguo artículo 6 TUE)
1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.
Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados.
Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones.
2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados.
3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales.
Datos clave
- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo.
- La Carta tiene el mismo valor jurídico que los Tratados.
- La Carta no amplía en modo alguno las competencias de la Unión.
- La Carta se interpreta conforme a las disposiciones generales de su título VII.
- La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, sin que ello modifique sus competencias.
- Los derechos del Convenio Europeo y los fruto de las tradiciones constitucionales comunes forman parte del Derecho de la Unión como principios generales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Carta de Derechos Fundamentales tiene el mismo valor jurídico que los Tratados sin ampliar competencias; la Unión se adherirá al Convenio Europeo y los derechos del CEDH y de las tradiciones comunes son principios generales.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 19 TUE
1. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. Garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.
Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.
2. El Tribunal de Justicia estará compuesto por un juez por Estado miembro. Estará asistido por abogados generales.
El Tribunal General dispondrá al menos de un juez por Estado miembro.
Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y los jueces del Tribunal General serán elegidos de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia y que reúnan las condiciones contempladas en los artículos 253 y 254 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Serán nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros para un período de seis años. Los jueces y abogados generales salientes podrán ser nombrados de nuevo.
3. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará, de conformidad con los Tratados:
a) sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o por personas físicas o jurídicas;
b) con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones;
c) en los demás casos previstos por los Tratados.
Datos clave
- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprende el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados (art. 19.1 TUE).
- Garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados (art. 19.1 TUE).
- Tribunal de Justicia: un juez por Estado miembro, asistido por abogados generales; Tribunal General: al menos un juez por Estado miembro (art. 19.2 TUE).
- Nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros para seis años; pueden ser nombrados de nuevo (art. 19.2 TUE).
- Se pronuncia sobre recursos, con carácter prejudicial a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales y en los demás casos previstos (art. 19.3 TUE).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea agrupa tres órganos jurisdiccionales y garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. Fija composición, nombramiento por seis años y sus vías de pronunciamiento.
Esquema
| Tribunal de Justicia | Tribunal General | |
|---|---|---|
| Jueces | Un juez por Estado miembro | Al menos un juez por Estado miembro |
| Abogados generales | Sí, le asisten | El texto no los menciona |