Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid (III): ejecución y liquidación de los presupuestos de carácter limitativo.
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El tema recorre todo el circuito del dinero público desde que se aprueba un gasto hasta que se paga, y también el circuito inverso de los ingresos. Fija las cinco fases del gasto y quién es competente en cada una, los mecanismos especiales de pago, las relaciones financieras con comunidades autónomas, entidades locales y la Unión Europea, y cierra con el Tesoro Público y la Deuda del Estado.
Las 7 ideas base del tema
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Las cinco fases del gasto público
El procedimiento de ejecución del gasto se descompone en cinco fases: aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material. Se aplica al Estado, a sus organismos autónomos, a las entidades con presupuesto limitativo y a la Seguridad Social, y las obligaciones así generadas se extinguen por pago, compensación, prescripción u otro medio legal.
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Quién aprueba, compromete y ordena el gasto
Cada ministro aprueba, compromete y reconoce el gasto de su departamento, pudiendo delegar en Secretarios de Estado o Subsecretarios; presidentes de organismos autónomos y directores de entidades de la Seguridad Social tienen competencias equivalentes en su ámbito. Los convenios o contratos-programa que superen cierto importe necesitan la autorización del Consejo de Ministros.
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Quién ordena el pago
La ordenación de pagos corresponde al Director General del Tesoro y Política Financiera para el Estado, y al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social para ese ámbito. La regla general es pagar directamente al acreedor, aunque cabe pagar a través de habilitaciones, cajas pagadoras o entidades colaboradoras si así se autoriza.
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Pagos que se salen de la vía ordinaria
Existen mecanismos pensados para situaciones especiales: los anticipos de caja fija y los fondos de maniobra para gastos corrientes repetitivos, los pagos a justificar para libramientos excepcionales sin documentación previa, y el reintegro cuando un pago resulta indebido por error o por exceder lo reconocido.
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El lado de los ingresos: reconocimiento y devolución
La gestión del presupuesto de ingresos tiene dos fases: el reconocimiento del derecho, cuando se declara y liquida el crédito a favor de la Administración, y su extinción, normalmente por cobro o compensación. De forma paralela, las devoluciones de ingresos distinguen el reconocimiento del derecho a devolver del pago efectivo de esa devolución.
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Relaciones financieras con comunidades autónomas, entidades locales y la Unión Europea
Una parte del tema regula cómo fluye el dinero entre administraciones: los créditos que gestionan las comunidades autónomas, la participación de las entidades locales en tributos del Estado y su liquidación definitiva, la compensación de beneficios fiscales en tributos locales, y las operaciones de tesorería con fondos europeos como el FEAGA, el FEADER o el Fondo Social Europeo.
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El Tesoro Público y la Deuda del Estado
El Tesoro Público reúne todos los recursos financieros del Estado y sus organismos, paga y cobra en su nombre, distribuye la liquidez y gestiona la Deuda del Estado. La Deuda se crea por ley, que fija cada año el límite de variación del saldo vivo, y sus ingresos y gastos se aplican íntegros al presupuesto salvo las excepciones previstas para la financiación a corto plazo y las permutas financieras.
Checklist: ¿me lo sé?
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Texto consolidado oficial:
Artículo 92. Proceso del gasto.
1. La gestión económica y financiera de los créditos se desarrollará reglamentariamente y se concretará sucesivamente en las siguientes fases, que comprenden el proceso del gasto:
a) Autorización: es el acto de previsión en virtud del cual la autoridad competente acepta una propuesta para la realización del gasto, calculado de forma cierta o aproximada por exceso, reservando a tal fin el importe de la propuesta, del crédito presupuestario adecuado, habida cuenta de la finalidad y naturaleza económica del gasto.
b) Disposición: es el acto en virtud del cual la autoridad competente acuerda, concierta o determina, según los casos, después de cumplir los trámites que con acuerdo a derecho procedan, la cuantía concreta que debe alcanzar el compromiso económico para la realización de todo tipo de actuaciones por un tercero. Con los actos de disposición o compromiso queda formalizada la reserva del crédito por un importe y condiciones exactamente determinadas.
c) Reconocimiento de la obligación: es la operación por la que se contrae en cuentas los créditos exigibles contra la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos o entes de Derecho público de régimen especial, reconociendo que quedan obligados frente a un tercero a cumplir una prestación dineraria.
d) Propuesta de pago: es la operación por la que el representante autorizado del centro gestor que ha reconocido la existencia de una obligación de pagar en favor de un tercero, solicita de la Consejería competente en materia de hacienda, o persona que tenga encomendada las funciones descritas en el artículo 99, que, de acuerdo con la normativa vigente, realice su pago.
2. Las fases referidas en las cuatro letras del apartado anterior han de ser realizadas sin omisiones en el orden expuesto, aunque pueden ser acumuladas y emitidas en un solo acto y en un solo documento que recoja más de una fase, siempre que las exigencias del procedimiento administrativo aplicable y de control previo lo permitan.
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Define las cuatro fases sucesivas del gasto público —autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago— que deben respetar ese orden, aunque puedan acumularse en un solo acto si el procedimiento lo permite.
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Artículo 93. Competencia en materia de gestión de gastos en la Administración de la Comunidad de Madrid.
1. En el ámbito del presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid, compete a los órganos superiores de Gobierno y Administración, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, dentro de sus respectivas competencias. El Consejo de Gobierno tendrá en este ámbito las competencias reservadas por norma con rango de ley.
2. En todo caso, corresponderá al titular de cada Consejería la autorización o el compromiso del gasto, en los siguientes casos:
a) Cuando el gasto se derive de la concesión de transferencias nominativas cuyo destinatario fuese alguno de los sujetos del sector público autonómico o la Asamblea, así como de la concesión de subvenciones nominativas.
b) Cuando el gasto derive de las aportaciones a sujetos del sector público autonómico realizadas desde el capítulo 8, «Activos Financieros», del estado de gastos.
c) Cuando se trate de gastos del capítulo 1, «Gastos de Personal», del estado de gastos.
3. En las adquisiciones de bienes inmuebles la competencia para la autorización y disposición del gasto corresponderá al órgano competente para acordar la adquisición, según lo previsto en la ley que regula el régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad de Madrid.
4. Con carácter excepcional, en los arrendamientos de inmuebles la competencia para la autorización y disposición del gasto corresponderá al órgano competente para acordar o novar el arrendamiento, según lo previsto en la ley que regula el régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad de Madrid.
No obstante lo anterior, en las prórrogas legales o contractuales de los contratos arrendaticios, corresponde al órgano competente en el ámbito de los programas que se les adscriben la autorización y disposición del gasto, cualquiera que sea su carácter y cuantía.
5. En todo caso, será competencia del titular de la Consejería competente en materia de hacienda la autorización o el compromiso del gasto cuando afecte a créditos de la sección «Deuda Pública».
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Atribuye a los órganos superiores de cada Consejería la gestión ordinaria del gasto de sus servicios, salvo casos reservados al titular de la Consejería (personal, transferencias/subvenciones nominativas, aportaciones de capítulo 8), a la normativa de patrimonio o a la Consejería de hacienda (Deuda Pública).
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Artículo 94. Competencia en materia de gestión de gastos en los organismos autónomos y entes de Derecho público de régimen especial.
1. Salvo en los supuestos reservados por norma con rango de ley a la competencia del Consejo de Gobierno, en el ámbito de los organismos autónomos, compete a los Gerentes, en cuanto a los gastos propios de sus créditos, los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto regulado en el artículo 92.
Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid y las salvedades reguladas en su ley de creación o en otras normas con rango de ley.
2. Salvo en los supuestos reservados por norma con rango de ley a la competencia del Consejo de Gobierno, en el ámbito de los entes de Derecho público de régimen especial y en cuanto a los gastos propios de sus créditos, los actos y operaciones correspondientes al proceso de gasto regulado en el artículo 92 competen al órgano directivo señalado en su normativa propia. Ello, sin perjuicio de las salvedades reguladas en otras normas con rango de ley.
3. Corresponderá a los órganos competentes de cada organismo o ente, según lo señalado en los apartados anteriores, la aprobación de gastos de capítulo 1 «Gastos de Personal», en todo caso.
4. Sin perjuicio de lo establecido en su propia normativa, la competencia para la aprobación de los gastos relativos al arrendamiento de bienes se regirá por lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 3/2001, de 21 de junio.
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En los organismos autónomos gestionan el gasto los Gerentes y en los entes de régimen especial el órgano que diga su normativa, salvo reservas legales al Consejo de Gobierno; personal siempre a ellos y arrendamientos según la Ley 3/2001.
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Artículo 95. Competencia del Consejo de Gobierno en materia de gestión de gastos.
1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la autorización o el compromiso del gasto estará reservado al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en los siguientes supuestos:
a) Gastos de cuantía indeterminada.
b) Gastos de carácter plurianual cuando la suma del conjunto de las anualidades supere el importe fijado a estos efectos en la ley de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, excepto cuando se trate de reajustes y reprogramación de anualidades.
c) Gastos corrientes, de capital y operaciones financieras que excedan de los importes fijados a estos efectos en la ley de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid.
d) Gastos que se deriven de los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total del precio a que se refiere el artículo 74.4 y los derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 76.
e) Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y en los que el número de anualidades supere cuatro años.
2. Sin perjuicio de las atribuciones establecidas en los artículos anteriores, la competencia para realizar los actos y operaciones de autorización y disposición del gasto, respecto de los contratos para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios no homologados de gestión centralizada, corresponderá al órgano centralizador, salvo la autorización cuando esté reservada al Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1. Los actos y operaciones de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago corresponderán a cada uno de los centros o unidades afectados por el expediente de contratación.
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Reserva al Consejo de Gobierno la autorización o el compromiso de gasto en cinco supuestos: cuantía indeterminada, plurianuales que superen el umbral de la ley de presupuestos, gastos que excedan los importes fijados, ciertos contratos de obra o adquisición/suministro, y arrendamientos financieros de más de cuatro anualidades.
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Artículo 96. Reconocimiento de la obligación.
Previamente al reconocimiento de las obligaciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.
No obstante, y de acuerdo con las instrucciones que dicte el titular de la Consejería competente en materia de hacienda, podrá eximirse este requisito, sin perjuicio de su posterior acreditación, en aquellos casos en que por imperativos de normas de obligado cumplimiento no resulte posible su exigencia.
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Antes de reconocer una obligación hay que acreditar documentalmente la prestación o el derecho del acreedor; el requisito puede eximirse, según instrucciones del titular de hacienda, cuando normas de obligado cumplimiento lo impidan.
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Artículo 97. Gestión económica del presupuesto de ingresos.
La gestión económica y financiera del presupuesto de ingresos se desarrollará reglamentariamente y se concretará sucesivamente en las siguientes fases:
a) Compromisos de ingresos: son aquellos recursos a que se refiere el artículo 27 que en virtud de actos o negocios jurídicos, contratos, convenios o de disposiciones normativas, resulten a favor de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos o entes de Derecho público de régimen especial, y para los que el reconocimiento de los correspondientes derechos económicos suponga el cumplimiento de determinadas prestaciones, condiciones, actuaciones o que la Comunidad de Madrid esté previamente reconocida como acreedora para otra Administración Pública.
b) Reconocimiento de un derecho económico: es la operación por la que se contrae en cuentas la deuda a favor de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos o entes de Derecho público de régimen especial exigible a un tercero, quedando este obligado a cumplir la prestación dineraria que se determina y siéndole de aplicación el régimen jurídico establecido en el capítulo I del título I.
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La gestión del presupuesto de ingresos se desarrolla reglamentariamente y pasa por fases sucesivas; el texto define el compromiso de ingresos y el reconocimiento de un derecho económico.
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Artículo 98. Competencia en materia de gestión del presupuesto de ingresos.
1. En el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, el titular de la Consejería competente en materia de hacienda será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo anterior.
2. En el ámbito de los organismos autónomos, las competencias a que se refiere el apartado anterior corresponderán al gerente de los mismos.
3. En el ámbito de los entes de Derecho público de régimen especial, dichas competencias corresponderán al órgano determinado en su normativa propia.
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Quién ejecuta las fases del presupuesto de ingresos según el ámbito: el titular de hacienda en la Administración, el gerente en los organismos autónomos y el órgano de su normativa en los entes de régimen especial.
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Artículo 99. Proceso del pago.
1. El proceso de pago comprende las siguientes fases sucesivas:
a) La ordenación del pago es el acto mediante el cual el órgano competente emite la correspondiente orden de pago de las obligaciones exigibles contra la Hacienda Pública previamente reconocidas y propuestas al pago, en los términos que permitan su materialización a favor de sus legítimos acreedores, adecuando su ritmo de cumplimiento a las prescripciones del plan general de disposición de fondos de la Tesorería Central y de acuerdo con las disponibilidades líquidas de cada momento.
b) La realización del pago, que es el acto por el cual se produce la salida material o virtual de fondos de la Tesorería.
2. Las fases referidas en el apartado anterior podrán ser acumuladas y emitidas en un sólo acto y documento.
3. Las funciones anteriores serán ejercidas bajo la superior autoridad del titular de la Consejería competente en materia de hacienda o por el tesorero central de la Comunidad de Madrid.
4. Por orden del titular de la Consejería competente en materia de hacienda podrá autorizarse el ejercicio delegado de las funciones propias de la Tesorería Central.
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El pago tiene dos fases sucesivas, ordenación y realización, que pueden acumularse en un solo acto; se ejercen bajo la superior autoridad del titular de hacienda o por el tesorero central, y cabe su ejercicio delegado.
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Artículo 100. Órdenes de pago.
La expedición de órdenes de pago con cargo al presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos y de los entes de Derecho público de régimen especial habrá de acomodarse al plan general que sobre disposición de fondos de la Tesorería Central se establezca por el titular de la Consejería competente en materia de hacienda. Este plan podrá ser revisado a lo largo del ejercicio en función de las disponibilidades efectivas o previstas de la Tesorería Central.
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Las órdenes de pago de la Administración, organismos autónomos y entes de régimen especial se ajustan al plan de disposición de fondos de la Tesorería Central que fija el titular de hacienda, revisable durante el ejercicio.
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Artículo 101. Pagos a Justificar.
1. Tendrán el carácter de «pagos a justificar» las cantidades que se libren para atender gastos sin la previa aportación de la documentación justificativa a que se refiere el artículo 96.
2. Procederá la expedición de pagos a justificar en los supuestos siguientes:
a) Cuando los documentos justificativos no puedan aportarse antes de formular la propuesta de pago.
b) Cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido lugar en territorio extranjero.
c) Cuando por razones de oportunidad, u otras debidamente ponderadas, se considere necesario para agilizar la gestión de los créditos.
d) Cuando se den los supuestos de tramitación de emergencia regulados en la legislación básica sobre contratación pública.
3. El titular de la Consejería competente en materia de hacienda establecerá las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a los respectivos presupuestos de gastos, determinando los criterios generales, los límites cuantitativos y los conceptos presupuestarios a los que sean aplicables.
4. Los perceptores de este tipo de pago quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas y sujetos al régimen de responsabilidades previsto en la presente ley.
El plazo de rendición de las cuentas será de tres meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de seis meses.
El tesorero central podrá, excepcionalmente, ampliar estos plazos a seis y doce meses, respectivamente, a propuesta del órgano gestor del crédito.
5. En el curso del mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos justificativos a que se refieren los apartados anteriores, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por la autoridad competente.
6. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio presupuestario corriente.
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Son cantidades libradas sin la documentación justificativa previa, procedentes en casos tasados (imposibilidad de aportar justificantes, servicios en el extranjero, agilidad de gestión o emergencia contractual), con plazos de rendición de cuentas de tres o seis meses según el caso.
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Artículo 102. Anticipos de caja fija.
1. Tendrán la condición de anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter permanente que se realicen a cajas pagadoras para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos, tales como dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características.
Estos anticipos de caja fija tendrán la consideración de operaciones extrapresupuestarias.
2. El titular de la Consejería competente en materia de hacienda establecerá las normas que regulen los anticipos de caja fija con cargo a los respectivos presupuestos de gastos, determinando los criterios generales, los límites cuantitativos y los conceptos presupuestarios a los que sean aplicables, así como las condiciones y plazos de rendición de las cuentas justificativas.
3. Las unidades administrativas responsables de estos fondos justificarán su aplicación o situación conforme se establezca reglamentariamente y tales fondos formarán parte de la Tesorería Central.
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Son provisiones de fondos de carácter permanente a cajas pagadoras para gastos periódicos o repetitivos de bienes y servicios (dietas, locomoción, material no inventariable...), con la consideración de operaciones extrapresupuestarias.
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Artículo 103. Ayudas públicas.
1. Las ayudas públicas que se concedan con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, lo serán con arreglo a los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
2. Las ayudas públicas tendrán la consideración de subvención en los supuestos previstos en la normativa especial reguladora de la materia.
3. Tendrán la consideración de transferencia las aportaciones dinerarias entre distintas Administraciones Públicas para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vaya destinada, así como las reguladas en el artículo 78 para la financiación del sector público autonómico, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas.
4. El Consejo de Gobierno deberá proceder a la revisión del gasto público en subvenciones y ayudas, verificando el cumplimiento de los objetivos perseguidos y los resultados obtenidos, a través de medios propios o mediante colaboración con otras organizaciones y entidades externas independientes.
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Fija los principios de las ayudas públicas (publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia), distingue subvenciones de transferencias y exige al Consejo de Gobierno revisar el gasto en subvenciones y ayudas.
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Artículo 104. Liquidación de los presupuestos.
1. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el treinta y uno de diciembre del año natural correspondiente.
2. Todos los derechos reconocidos y pendientes de cobro, así como las obligaciones reconocidas pendientes de pago a la liquidación de los presupuestos, quedarán a cargo de la Tesorería Central según sus respectivas contracciones.
3. Los ingresos que se realicen una vez cerrado el respectivo presupuesto quedarán desafectados del destino específico que, en su caso, les hubiera correspondido, sin perjuicio de su reconocimiento y nueva afectación con cargo al presupuesto del ejercicio en curso.
4. Los compromisos de ingreso que al cierre del ejercicio estuvieran pendientes de reconocer los correspondientes derechos económicos se trasladarán al inmediato siguiente, contabilizándose de forma separada a la ejecución de las nuevas previsiones presupuestarias.
5. Practicada la liquidación de cada uno de los presupuestos integrantes de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid se determinará el resultado, así como los remanentes del ejercicio que tendrán la consideración de recursos propios.
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El presupuesto se liquida el 31 de diciembre; lo pendiente pasa a la Tesorería Central, los ingresos posteriores al cierre se desafectan, los compromisos sin reconocer pasan al año siguiente y los remanentes son recursos propios.
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Artículo 73. Limitación de los créditos.
1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido autorizados por la ley de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid o por las modificaciones aprobadas conforme a esta ley.
2. El carácter limitativo y vinculante de dichos créditos será el correspondiente al nivel de especificación con que aparezcan en la ley de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid.
En cuanto a la clasificación económica, tendrá carácter informativo a efectos de lograr una adecuada asignación de los recursos, sin perjuicio del grado de vinculación de los créditos, el cual será a nivel de agrupaciones homogéneas, de conformidad con lo dispuesto en la ley de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid.
En todo caso tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos, los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas, y los declarados ampliables conforme a lo establecido en el artículo 85.
3. No podrá comprometerse ningún gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos en el nivel de vinculación a que se refiere el apartado anterior, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
4. Las operaciones propias de la actividad de los organismos autónomos mercantiles, recogidas en la cuenta de operaciones comerciales, no estarán sometidas al régimen de limitaciones establecido en esta ley para los créditos incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos.
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Los créditos de gasto solo se destinan a la finalidad autorizada por la ley de presupuestos; su vinculación depende del nivel de detalle con que figuren en ella, y gastar por encima de lo autorizado es nulo de pleno derecho.
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Artículo 78. Transferencias internas y aportaciones al sector público institucional.
1. Se consideran transferencias internas nominativas las entregas dinerarias sin contraprestación, consignadas nominativamente en los capítulos 4 y 7 del estado de gastos del presupuesto, realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos y entes de Derecho público de régimen especial, a favor de los distintos sujetos cuyos presupuestos se integran en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas, siempre que no resulten de una convocatoria pública.
A estas transferencias les será de aplicación lo establecido en esta ley y en su normativa de desarrollo. En el supuesto de las transferencias internas nominativas para actuaciones concretas se aplicará supletoriamente el régimen económico-financiero de las subvenciones, salvo en aquello que resulte incompatible con la naturaleza jurídica de la transferencia.
2. Las transferencias internas no incluidas en el apartado anterior, que son las financiadas por subconceptos de gasto de capítulo 4 y 7 no nominativos, o por sujetos cuyo presupuesto tenga carácter estimativo, realizadas en favor de los distintos sujetos cuyos presupuestos se integren en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas, siempre que no resulten de una convocatoria pública, se regirán por su normativa específica. En su defecto, les será de aplicación lo dispuesto para las transferencias internas nominativas en el párrafo segundo del apartado 1.
3. Se consideran transferencias nominativas a favor de las universidades públicas las entregas dinerarias sin contraprestación consignadas nominativamente en los capítulos 4 y 7 del estado de gastos del presupuesto, realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid, tanto si se destinan a la financiación global de su actividad como a la realización de actuaciones concretas siempre que no resulten de una convocatoria pública.
Estas transferencias se regirán por la normativa específica aplicable a las universidades públicas. En su defecto, les será de aplicación lo dispuesto para las transferencias internas nominativas en el párrafo segundo del apartado 1.
4. Se consideran aportaciones al sector público institucional las entregas dinerarias sin contraprestación consignadas nominativamente en el capítulo 8 del estado de gastos del presupuesto, realizadas por la Administración de la Comunidad de Madrid a favor de los sujetos del sector público cuyos presupuestos se integren en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas.
5. El titular de la Consejería competente en materia de hacienda establecerá el procedimiento y los requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias internas y de las aportaciones a sujetos del sector público institucional, sin perjuicio de la normativa específica aplicable a los distintos sujetos del sector público autonómico.
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Define las transferencias internas nominativas (capítulos 4 y 7, sin convocatoria pública), las no nominativas, las transferencias a universidades públicas y las aportaciones al sector público institucional (capítulo 8), remitiendo su desarrollo al titular de la Consejería de hacienda.
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Artículo 79. No disponibilidad de los créditos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51.3, el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de hacienda, podrá acordar motivadamente, la no disponibilidad de la totalidad o de parte de un crédito consignado en el estado de gastos, que permanecerá en esta situación hasta la liquidación del presupuesto, salvo que el Consejo de Gobierno acuerde de nuevo su disponibilidad.
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El Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de hacienda, puede declarar motivadamente no disponible todo o parte de un crédito; así queda hasta la liquidación salvo que el propio Consejo vuelva a hacerlo disponible.
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Artículo 80. No disponibilidad de transferencias internas.
1. El titular de la Consejería competente en materia de hacienda podrá acordar que no se libren, total o parcialmente, las transferencias corrientes o de capital destinadas a los sujetos del sector público institucional, cuando como consecuencia de la existencia de suficientes disponibilidades liquidas en sus tesorerías, pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de su actividad presupuestada.
2. Asimismo, el titular de la Consejería competente en materia de hacienda, en situaciones excepcionales y previa autorización del Consejo de Gobierno, podrá disponer la transferencia a la Tesorería Central de la totalidad o parte de las disponibilidades líquidas de cualquiera de los sujetos del sector público institucional, a excepción de las procedentes de cotizaciones sociales y conceptos de recaudación conjunta. En este supuesto, dichas disponibilidades no tendrán la consideración de recurso propio de los sujetos del sector público institucional.
3. El importe transferido según lo dispuesto en el apartado anterior podrá generar crédito en la misma sección presupuestaria de la que proceden dichas disponibilidades o en la Sección 26 «Créditos Centralizados».
4. El titular de la Consejería competente en materia de hacienda autorizará las operaciones y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para ejecutar lo dispuesto en este artículo y dictará las disposiciones precisas para su desarrollo.
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El titular de la Consejería de hacienda puede no librar transferencias a entes del sector público institucional con liquidez suficiente, y hasta trasladar sus disponibilidades líquidas a la Tesorería Central en situaciones excepcionales, con autorización del Consejo de Gobierno.
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Artículo 81. Anulación de los créditos.
Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 90.
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Al cierre del ejercicio, los créditos que el último día no estén afectados a obligaciones ya reconocidas quedan anulados de pleno derecho, salvo lo que establece el artículo 90.