Las situaciones administrativas de los funcionarios. Características principales y efectos. Régimen de incompatibilidades de los empleados públicos. Responsabilidad y régimen disciplinario.
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Este tema tiene dos bloques. El primero explica en qué situación administrativa puede estar un funcionario de carrera cuando no presta servicio activo: excedencia, servicios especiales, suspensión. El segundo regula cuándo un empleado público puede compatibilizar su puesto con otro y cierra con la responsabilidad disciplinaria: qué falta se comete, qué sanción cabe y en qué plazo prescribe.
Las 7 ideas base del tema
- 1
Las situaciones administrativas
Son las distintas formas en que un funcionario de carrera puede estar vinculado a la Administración sin necesariamente prestar servicio efectivo cada día. El Estatuto fija cinco situaciones básicas y deja abierta la puerta a que otras leyes de función pública añadan alguna más.
- 2
El servicio activo como situación de referencia
Es la situación normal: la de quien presta servicios efectivos con todos los derechos y deberes de su condición. El resto de situaciones se entienden siempre en comparación con esta, porque suponen apartarse temporal o parcialmente de ella.
- 3
La excedencia, en varias modalidades
No es una única figura, sino varias con requisitos distintos: por interés particular, por agrupación familiar, por cuidado de familiares o por haber sufrido violencia. Cada una responde a una razón distinta y por eso conviene no mezclarlas.
- 4
La suspensión de funciones como medida más severa
Priva de derechos y del ejercicio del puesto, y puede llegar a hacer perder el puesto de trabajo si se prolonga. Puede imponerse ya con carácter firme o de forma provisional mientras se tramita un procedimiento judicial o disciplinario.
- 5
La regla general de incompatibilidades
Un empleado público solo puede tener un puesto y una remuneración con cargo a fondos públicos, y no puede desarrollar actividades que comprometan su imparcialidad. Es la idea matriz de la que se derivan todas las excepciones de la ley.
- 6
Las excepciones tasadas
La ley solo permite un segundo puesto público en supuestos concretos, como la docencia, la sanidad o el interés público, y siempre con autorización previa y sin superar un tope económico conjunto. Fuera de esos supuestos no cabe compatibilidad.
- 7
La responsabilidad disciplinaria cierra el círculo
Si un empleado incumple sus deberes, incluidos los de incompatibilidades, responde disciplinariamente. El sistema clasifica las faltas por gravedad, tasa las sanciones posibles y fija plazos de prescripción distintos según esa gravedad.
Checklist: ¿me lo sé?
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Textos consolidados oficiales:
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)
- Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid
- Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid (2025-2028)
Artículo 1
1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la misma.
A los solos efectos de esta Ley se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismo y Empresas de ellas dependientes, entendiéndose comprendidas las Entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria.
2. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel ni ejercer opción por percepciones correspondiente a puestos incompatibles.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional.
3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
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Fija la regla matriz de la Ley: prohíbe un segundo puesto público, una segunda remuneración pública y cualquier actividad que comprometa la imparcialidad o el cumplimiento de los deberes.
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Artículo 2
1. La presente Ley será de aplicación a:
a) El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos.
b) El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales.
c) El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes.
d) El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.
e) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel.
f) El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma.
g) El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por cien con subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas.
h) El personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100.
i) El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas.
j) El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios públicos.
2. En el ámbito delimitado en el apartado anterior se entenderá incluido todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
Se modifican las letras a) y g) por la disposición final 3.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. Ref. BOE-A-2007-7788
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Ámbito de la Ley de Incompatibilidades: diez grupos de personal del sector público, de la Administración del Estado al Banco de España, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación de empleo.
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Artículo 3
1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los artículo 5.º y 6.º y en los que, por razón de interés público, se determine por el Consejo de Ministros, mediante Real decreto, u órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias; en este último supuesto la actividad sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral.
Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.
En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público.
2. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, delimitado en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo primero, es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por Derechos Pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.
La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por el tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus actualizaciones.
Por excepción, en el ámbito laboral, será compatible la pensión de jubilación parcial con un puesto de trabajo a tiempo parcial.
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Solo cabe un segundo puesto público en los casos tasados de la Ley (docencia, sanidad, interés público) y siempre con autorización previa y expresa, sin alterar la jornada de ninguno de los dos puestos.
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Artículo 4
1. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial.
2. Al personal docente e investigador de la Universidad podrá autorizarse, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario, y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial.
Recíprocamente, a quienes desempeñen uno de los definidos como segundo puesto en el párrafo anterior, podrá autorizarse la compatibilidad para desempeñar uno de los puestos docentes universitarios a que se hace referencia.
Asimismo a los Profesores titulares de Escuelas Universitarias de Enfermería podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector sanitario en los términos y condiciones indicados en los párrafos anteriores.
Igualmente, podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad a tiempo parcial en el sector público cultural, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, salvo la prohibición establecida en el artículo 16.1, al personal funcionario y laboral de las administraciones locales de las enseñanzas establecidas en el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y al profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos y Catedráticas y Profesores y Profesoras de Enseñanzas Artísticas Profesionales o de Enseñanzas Artísticas Superiores que preste servicio en los centros públicos que impartan dichas enseñanzas.
3. La dedicación del profesorado universitario será en todo caso compatible con la realización de los trabajos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria, en los términos previstos en la misma.
4. Asimismo, podrá autorizarse al profesorado de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, al de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, al del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como al restante profesorado de formación profesional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, la compatibilidad para el desempeño de sus funciones, a tiempo parcial y cumpliendo las restantes exigencias de esta Ley, salvo la prohibición establecida en el artículo 16.1, en los centros de titularidad pública con oferta integrada, impartiendo todas las modalidades del sistema de formación profesional de conformidad con su perfil académico y profesional, y siempre que reúnan los requisitos para impartir los módulos incluidos en los títulos, cursos de especialización, certificados profesionales, certificados de competencia y acreditaciones parciales de competencia correspondientes, así como en acciones formativas de las otras modalidades del ámbito del sistema de la formación profesional.
Se modifica el apartado 2 y se añade el 4 por la disposición final 1.1 y 2 de la Ley 1/2024, de 7 de junio. Ref. BOE-A-2024-11613#df
Se modifica el apartado 1 por la disposición final 1 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo. Ref. BOE-A-2023-7500#df
Redactada conforme a la corrección de erratas publicada en BOE núm. 87, de 12 de abril de 2023. Ref. BOE-A-2023-9044
Se modifica el párrafo primero del apartado 2 por la disposición final 1.1 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. Ref. BOE-A-2011-9617 .
Se añade el párrafo 4 al apartado 2 por la disposición adicional 12 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1996-29117
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Supuestos en que puede autorizarse la compatibilidad en el ámbito docente e investigador: profesor asociado, docentes universitarios con puesto sanitario o investigador, enseñanzas artísticas y locales, y profesorado de formación profesional.
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Artículo 5
1. Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes:
a) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad.
b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No obstante, en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la situación de dedicación parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se produzca en ellas.
Se modifica por el art. 39 de la Ley de 14/2000, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-24357
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Por excepción, el empleado público puede ser a la vez miembro de una Asamblea Legislativa autonómica o de una Corporación local, con límites, y cobrando solo la retribución de una de las dos actividades.
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Artículo 6
1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4. 3, excepcionalmente podrá autorizarse al personal incluido en el ámbito de esta ley la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente, o de asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos, que no correspondan a las funciones del personal adscrito a las respectivas Administraciones Públicas.
Dicha excepción se acreditará por la asignación del encargo en concurso público, o por requerir especiales calificaciones que sólo ostenten personas afectadas por el ámbito de aplicación de esta ley.
2. El personal investigador al servicio de los Organismos Públicos de Investigación, de las Universidades públicas y de otras entidades de investigación dependientes de las Administraciones Públicas, podrá ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas por los mismos en los términos establecidos en esta ley y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por el Ministerio de la Presidencia o por los órganos competentes de las Universidades públicas o de las Administraciones Públicas.»
Se modifica por la disposición final 1.2 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. Ref. BOE-A-2011-9617 .
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Compatibilidad excepcional para investigación no permanente o asesoramiento en supuestos concretos, acreditada por concurso público o calificaciones especiales; y servicios de investigadores públicos en sociedades creadas o participadas por sus entidades.
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Artículo 7
1. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:
– Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.
– Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente.
– Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
– Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo D o personal equivalente.
– Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo E o personal equivalente.
La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las Comunidades Autónomas o Pleno de las Corporaciones Locales en base a razones de especial interés para el servicio.
2. Los servicio prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, sólo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.
Se deroga el apartado 3 por la disposición derogatoria única.k) del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio. Ref. BOE-A-1994-14960
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Fija el tope económico de toda compatibilidad: la suma de ambos puestos no puede superar la remuneración de Director General, ni el principal incrementado en un porcentaje según el grupo del funcionario.
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Artículo 8
1. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley que en representación del sector público pertenezca a Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas o privadas, sólo podrá percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos, ajustándose en su cuantía al régimen general previsto para las Administraciones Públicas. Las cantidades devengadas por cualquier otro concepto serán ingresadas directamente por la Entidad o Empresa en la Tesorería pública que corresponda.
No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración u órganos de gobierno a que se refiere el apartado anterior, salvo que excepcionalmente se autorice para supuestos concretos mediante acuerdo del Gobierno, órgano competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local correspondiente.
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Quien representa al sector público en Consejos de Administración u órganos de gobierno solo cobra dietas o indemnizaciones por asistencia; lo demás va a la Tesorería, y no puede estar en más de dos.
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Artículo 9
La autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad del sector público corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la Subsecretaría del Departamento correspondiente, al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas.
Dicha autorización requiere además el previo informe favorable del órgano competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local, conforme a la adscripción del segundo puesto. Si los dos puestos correspondieran a la Administración del Estado, emitirá este informe la Subsecretaría del Departamento al que corresponda el segundo puesto.
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Quién autoriza o deniega la compatibilidad para un segundo puesto público, según dónde esté adscrito el puesto principal, y qué informe favorable exige el segundo puesto.
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Artículo 10
Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión.
A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria en los que vinieran desempeñando.
Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los diez primeros días del aludido plazo de toma de posesión, entendiéndose éste prorrogado en tanto recae resolución.
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Al acceder a un nuevo puesto público incompatible hay que optar dentro del plazo de toma de posesión; sin opción, se entiende elegido el nuevo. Si cabe compatibilidad, se pide en los diez primeros días.
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Artículo 11
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º,3, de la presente Ley, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado.
Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados.
2. El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.
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Prohibición de actividades privadas relacionadas directamente con las del destino del empleado, con la excepción de las que realice para sí el interesado, y habilitación al Gobierno para fijar incompatibilidades por Real Decreto.
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Artículo 12
1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:
a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.
Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.
b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.
c) El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo anterior.
2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial.
Véase la disposición adicional 24 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril Ref. BOE-A-2007-7786 , sobre las limitaciones establecidas en el apartado.1 b) y d).
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Fija las actividades privadas que el personal nunca puede compaginar con el puesto público, aunque tenga reconocida una compatibilidad general, por el riesgo de conflicto de intereses.
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Artículo 13
No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiere autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas.
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Quien ya tiene autorizado un segundo puesto o actividad pública no puede obtener compatibilidad para actividades privadas si la suma de jornadas iguala o supera la máxima de las Administraciones.
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Artículo 14
El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad.
La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de dos meses, corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Subsecretario del Departamento correspondiente; al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas.
Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público.
Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o actividad públicos deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos.
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Toda actividad privada fuera de las Administraciones Públicas exige un reconocimiento previo de compatibilidad, con resolución motivada y plazo tasado.
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Artículo 15
El personal a que se refiere esta Ley no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional.
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El personal incluido en la Ley de Incompatibilidades no puede invocar su condición pública para actividades mercantiles, industriales o profesionales.
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Artículo 16
1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.
2. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la dedicación del profesorado universitario a tiempo completo tiene la consideración de especial dedicación.
3. Se exceptúan de la prohibición enunciada en el apartado 1, las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en los términos del apartado 1 del artículo 4.º, así como para realizar las actividades de investigación o asesoramiento a que se refiere el artículo 6.º de esta Ley, salvo para el personal docente universitario a tiempo completo.
4. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1º.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.
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Detalla quién queda excluido de toda compatibilidad por sus retribuciones o su cargo, y qué excepciones concretas se abren para el profesorado universitario y para complementos específicos moderados.
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Artículo 17
1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en relación al personal de los servicios periféricos de ámbito regional, y los Gobernadores civiles respecto al de los servicios periféricos provinciales, ejercerán las facultades que esta Ley atribuye a los Subsecretarios de los Departamentos respecto del personal de la Administración Civil del Estado y de sus Organismos autónomos y de la Seguridad Social.
2. Las referencias a las facultades que esta Ley atribuye a las Subsecretarías y órganos competentes de las Comunidades Autónomas se entenderán referidas al Rector de cada Universidad, en relación al personal al servicio de la misma, en el marco del respectivo Estatuto.
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Quién ejerce las facultades de la Ley en la periferia del Estado y en las Universidades: Delegados del Gobierno, Gobernadores civiles y el Rector.
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Artículo 18
Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público o el ejercicio de actividades privadas se inscribirán en los Registros de Personal correspondientes. Este requisito será indispensable, en el primer caso, para que puedan acreditarse haberes a los afectados por dicho puesto o actividad.
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Obliga a inscribir en el Registro de Personal toda resolución de compatibilidad, trámite imprescindible para poder cobrar por el segundo puesto o actividad.
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Artículo 19
Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes:
a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.
b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine.
c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.
d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida.
e) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sea retribuido.
f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.
g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; y
h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional.
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Enumera las actividades que quedan fuera del régimen de incompatibilidades por ser esporádicas, no retribuidas o ajenas a una relación de empleo.
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Artículo 20
1. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores será sancionado conforme al régimen disciplinario de aplicación, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido.
2. El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al deber de residencia, a la asistencia al lugar de trabajo que requiera su puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos. Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme a las normas que se contengan en el régimen disciplinario aplicable, quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de compatibilidad si en la resolución correspondiente se califica de falta grave o muy grave.
3. Los órganos a los que competa la dirección, inspección o jefatura de los diversos servicios cuidarán bajo su responsabilidad de prevenir o corregir, en su caso, las incompatibilidades en que pueda incurrir el personal. Corresponde a la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, además de su posible intervención directa, la coordinación e impulso de la actuación de los órganos de inspección mencionados en materia de incompatibilidades, dentro del ámbito de la Administración del Estado, sin perjuicio de una recíproca y adecuada colaboración con las inspecciones o unidades de personal correspondiente de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales.
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Regula las consecuencias de incumplir el régimen de incompatibilidades y aclara que ejercer una actividad compatible no exime de los deberes del puesto público.
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Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.
1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicio en otras Administraciones Públicas.
d) Excedencia.
e) Suspensión de funciones.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo.
b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.
Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo.
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La lista cerrada de las cinco situaciones administrativas del funcionario de carrera, y la puerta que se deja a las leyes de Función Pública para crear otras en dos circunstancias tasadas.
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Artículo 86. Servicio activo.
1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación.
2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios.
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Servicio activo es la situación por defecto: la de quien presta servicios como funcionario y no le toca otra situación. Con todos los derechos y también todos los deberes.
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Artículo 87. Servicios especiales.
1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:
a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.
b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.
d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.
f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
g) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas.
h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo.
j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.
k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
l) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.
2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones comunitarias europeas, o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
3. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido, las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública.
4. La declaración de esta situación procederá en todo caso, en los supuestos que se determinen en el presente Estatuto y en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del mismo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La lista de doce supuestos de servicios especiales y, sobre todo, su régimen: se cobra del cargo, se conservan los trienios, el tiempo computa para casi todo y se garantiza el reingreso en la misma localidad.
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Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas.
1. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como personal propio de ésta.
2. Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la Función Pública de la comunidad autónoma en la que se integran.
Las comunidades autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarán el Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocido.
Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.
Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las comunidades autónomas con independencia de su Administración de procedencia.
3. Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.
4. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa, previstos en el artículo 84 del presente Estatuto. En defecto de tales convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la Administración Pública en la que se produzca el reingreso.
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Distingue dos caminos hacia otra Administración: el transferido, que se integra como funcionario propio y queda en activo allí, y el que gana un puesto por provisión, que sigue en la situación de servicio en otras AAPP conservando su condición de origen.
Esquema
| Funcionario transferido a una CA | Puesto obtenido por provisión | |
|---|---|---|
| Situación | Servicio activo en la Función Pública de la CA | Servicio en otras Administraciones Públicas |
| Integración | Plena, como funcionario propio de la CA | Conserva su condición de funcionario de origen |
| Legislación aplicable | La de la CA en la que se integra | La de la Administración de destino efectivo |
| Garantía expresa | Respeto del Grupo o Subgrupo y de los derechos económicos de la carrera | Derecho a participar en las convocatorias de provisión de su Administración de origen |
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Artículo 89. Excedencia.
1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:
a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia por razón de violencia de género o de violencia sexual.
e) Excedencia por razón de violencia terrorista.
2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.
No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma.
La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario.
Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente.
Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales.
Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.
En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.
El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.
Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
5. Las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.
Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.
Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
6. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género o de violencia sexual.
Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.
Se modifican los apartados 1.d), 5 y 6 por la disposición final 10.3 de la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto. Ref. BOE-A-2024-15936#df-10
Se modifican los apartados 1 y 5 por la disposición final 16.8 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5366#df-16
Se modifica la letra d) del apartado 1 y el primer párrafo del apartado 5, con efectos desde el 7 de octubre de 2022, por la disposición final 15.3 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre. Ref. BOE-A-2022-14630#df-15
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las cinco modalidades de excedencia y su régimen: la de interés particular pide cinco años y no computa nada; cuidado de familiares y las de violencia sí computan y llevan reserva de puesto.
Esquema
| Interés particular | Agrupación familiar | |
|---|---|---|
| Servicios previos | Cinco años inmediatamente anteriores | No se exigen |
| Causa | Voluntad del funcionario, subordinada a las necesidades del servicio | Cónyuge con puesto definitivo en otra localidad |
| Retribuciones | No se devengan | No se devengan |
| Cómputo | No computa para ascensos, trienios ni Seguridad Social | No computa para ascensos, trienios ni Seguridad Social |
| Declaración de oficio | Sí, si no se pide el reingreso en plazo | No prevista |
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Artículo 90. Suspensión de funciones.
1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.
2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años.
3. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los organismos públicos, agencias, o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.
4. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La suspensión priva de funciones y de todos los derechos; si pasa de seis meses se pierde el puesto de trabajo. La firme viene de sentencia penal o de sanción disciplinaria, y esta no puede exceder de seis años.
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Artículo 91. Reingreso al servicio activo.
Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al presente Estatuto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El reingreso al servicio activo no lo regula el TREBEP: lo remite al reglamento, que fijará plazos, procedimiento y condiciones según la situación de la que se venga, respetando la reserva de puesto cuando corresponda.
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Artículo 92. Situaciones del personal laboral.
El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación.
Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este capítulo al personal incluido en su ámbito de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por su convenio. El capítulo de situaciones administrativas solo se le aplica si el convenio lo decide y en lo compatible con el ET.
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Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria.
1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto.
2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos.
3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.
4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente título, por la legislación laboral.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Abre el título disciplinario: quedan sujetos funcionarios y laborales, el inductor responde igual que el autor y el encubridor solo responde en faltas muy graves o graves con daño grave.
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Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria.
1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.
2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:
a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.
b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor.
c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación.
d) Principio de culpabilidad.
e) Principio de presunción de inocencia.
3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija los principios de la potestad disciplinaria (legalidad, irretroactividad de lo desfavorable, proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia) y obliga a suspender el expediente y dar cuenta al Ministerio Fiscal ante indicios de delito.
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Artículo 95. Faltas disciplinarias.
1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves.
2. Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, características sexuales, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, y el acoso moral y sexual.
c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.
g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.
ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
o) El acoso laboral.
p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.
3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias:
a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad.
b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos.
c) El descrédito para la imagen pública de la Administración.
4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias.
Se modifica la letra b) del apartado 2 por la disposición final 16.9 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5366#df-16
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Clasifica las faltas en muy graves, graves y leves. Solo las muy graves vienen tipificadas aquí, de la a) a la p); las graves las fija la ley o el convenio con tres criterios y las leves, las leyes de Función Pública.
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Artículo 96. Sanciones.
1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves.
b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.
c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años.
d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca.
e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
f) Apercibimiento.
g) Cualquier otra que se establezca por ley.
2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave.
3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista las sanciones posibles, de la separación del servicio al apercibimiento. Separación y despido disciplinario solo por faltas muy graves; la suspensión firme tiene tope de seis años.
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Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
2. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.
El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Plazos de prescripción: infracciones a 3 años, 2 años y 6 meses; sanciones a 3 años, 2 años y 1 año. La única diferencia entre las dos columnas está en las leves.
Esquema
| Falta (infracción) | Sanción impuesta | |
|---|---|---|
| Muy grave | 3 años | 3 años |
| Grave | 2 años | 2 años |
| Leve | 6 meses | 1 año |
| Inicio del cómputo | Desde que se cometió; en las continuadas, desde el cese de su comisión | Desde la firmeza de la resolución sancionadora |
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Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.
1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido.
La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado.
2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.
En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.
3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo.
El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos.
El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme.
Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Muy graves y graves exigen procedimiento previo con separación entre instructor y órgano sancionador; las leves van por procedimiento sumario con audiencia. La suspensión provisional no pasa de seis meses y su tiempo se abona.
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Artículo 58
Artículo 58.
Sin perjuicio de la aplicación de las normas dictadas por el Estado al amparo del artículo 149.1.18.a de la Constitución Española, los funcionarios de la Administración de la Comunidad de Madrid pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes:
a) Servicio activo.
b) Excedencia voluntaria:
– Por incompatibilidad.
– Por interés particular.
– Por agrupación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia forzosa.
e) Servicios en otras Administraciones Públicas.
f) Servicios especiales.
g) Suspensión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera las siete situaciones administrativas -servicio activo, excedencia voluntaria, excedencia por cuidado de familiares, excedencia forzosa, servicios en otras Administraciones Públicas, servicios especiales y suspensión- en las que puede estar un funcionario de la Comunidad.
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Artículo 59 bis
1. El funcionario tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
2. También tendrá derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
3. El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.
4. La presente situación constituye un derecho individual del funcionario. En caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.
5. El período de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, consolidación de grado personal, derechos pasivos y solicitud de excedencia por interés particular. Durante el primer año, el funcionario tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaba. Transcurrido este período, el derecho a reserva lo será de un puesto de igual nivel y retribución en la misma Consejería.
6. En el caso de la excedencia prevista en el apartado 1 del presente artículo, el derecho a la reserva del puesto de trabajo durante el primer año a que se refiere el apartado anterior se extenderá hasta un máximo de quince meses, cuando se trate de miembros de unidades familiares que tengan reconocida la condición de familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses, si tienen la condición de familia numerosa de categoría especial.
Se añade por el art. 11.8 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo de 2004. Ref. BOE-A-2004-12575 .
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Excedencia por cuidado de familiares: hasta tres años por cada hijo y hasta un año por familiar a cargo; computa para trienios y grado, con reserva del puesto el primer año, ampliable a quince o dieciocho meses en familia numerosa.
Esquema
| Hijo | Familiar | |
|---|---|---|
| Duración máxima | Tres años | Un año |
| Inicio o requisito | Desde nacimiento o resolución judicial o administrativa | A cargo, hasta segundo grado, no se vale por sí mismo y sin actividad retribuida |
| Reserva del mismo puesto | Primer año; quince meses (numerosa general) o dieciocho (especial) | Primer año |
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Artículo 59 ter
1. Las funcionarias públicas víctimas de Violencia de Género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.
2. Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, el período en el que, de acuerdo con el párrafo anterior, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, con idénticos efectos a los señalados en dicho párrafo.
Se añade por la disposición final 3.3 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-3667 .
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las funcionarias víctimas de violencia de género pueden pedir excedencia sin tiempo mínimo de servicios ni plazo de permanencia; reserva del puesto los seis primeros meses, prorrogable por tutela judicial en periodos de tres meses con un máximo de dieciocho.
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Artículo 60
1. La excedencia forzosa se produce cuando el funcionario declarado en la situación de suspensión firme que no tenga reservado puesto de trabajo, solicite el reingreso y no se le conceda en el plazo de seis meses contados a partir de la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria.
2. El funcionario en excedencia forzosa estará obligado a participar en los procedimientos que se convoquen para la provisión de puestos de trabajo cuyos requisitos de desempeño reúnan, así como a aceptar el reingreso al servicio activo en puestos correspondientes a su Cuerpo o Escala.
3. El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el apartado anterior delimitará el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
4. El funcionario en esta situación tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Asimismo, le será computado el tiempo de permanencia en dicha situación a efectos de derechos pasivos y de trienios.
5. El funcionario en excedencia forzosa no podrá desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual sea ésta de naturaleza laboral o administrativa.
Si obtiene un puesto de trabajo en dicho sector, pasará a la situación administrativa que corresponda de acuerdo con la ley.
Se modifica por el art. 11.8 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo de 2004. Ref. BOE-A-2004-12575 .
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Excedencia forzosa: suspenso firme sin puesto reservado que pide el reingreso y no lo obtiene en seis meses. Obliga a concursar y aceptar reingreso, da retribuciones básicas y cómputo para trienios y derechos pasivos, e impide trabajar en el sector público.
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Artículo 63
1. Procederá declarar al funcionario en situación de suspensión, cuando así lo determine la autoridad u órgano competente, como consecuencia de la instrucción al mismo de un procedimiento judicial o disciplinario.
2. La situación de suspensión produce la privación al funcionario del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su condición.
3. La suspensión podrá ser provisional o firme.
Se modifica por el art. 11.8 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo de 2004. Ref. BOE-A-2004-12575 .
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Suspensión del funcionario: la acuerda la autoridad u órgano competente a raíz de la instrucción de un procedimiento judicial o disciplinario, priva de funciones y derechos y puede ser provisional o firme.
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Artículo 64
1. La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario.
2. La suspensión provisional como medida preventiva durante la tramitación de un expediente disciplinario será acordada, en su caso, por la autoridad que ordene la iniciación del expediente, no pudiendo exceder su duración del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento disciplinario, excepto en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.
3. Si durante la tramitación de un procedimiento judicial se decreta la prisión provisional de un funcionario u otras medidas que determinen la imposibilidad de desempeñar su puesto de trabajo, se le declarará en suspensión provisional por el tiempo a que se extiendan dichas medidas.
4. El suspenso provisional tendrá derecho a percibir el 75 por 100 de sus retribuciones básicas, así como la totalidad de la prestación familiar por hijo a cargo, excepto en caso de paralización del expediente imputable al interesado, que comportará la pérdida de toda retribución mientras se mantenga dicha paralización. Asimismo, no se acreditará haber alguno en caso de incomparecencia en el procedimiento disciplinario o procesal penal.
5. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata incorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de efectos de la suspensión.
Se modifica por el art. 11.8 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo de 2004. Ref. BOE-A-2004-12575 .
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La suspensión provisional es preventiva durante un procedimiento judicial o disciplinario: en el disciplinario la acuerda quien inicia el expediente y no puede pasar del plazo máximo de resolución; da el 75 por 100 de las básicas.
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Artículo 65
1. La suspensión tendrá carácter firme cuando se imponga en virtud de condena criminal o sanción disciplinaria. La condena y la sanción determinarán la pérdida del puesto de trabajo cuando la suspensión firme exceda de seis meses.
El tiempo de suspensión provisional se computará a efectos del cumplimiento de la suspensión firme.
2. En tanto no transcurra el plazo de suspensión de funciones no procederá ningún cambio de situación administrativa.
3. El funcionario que haya perdido su puesto de trabajo, como consecuencia de condena o sanción, deberá solicitar el reingreso al servicio activo al menos con un mes de antelación a la finalización del período de duración de la suspensión. El referido reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria.
De no solicitarse el reingreso en el tiempo señalado en el párrafo anterior, se le declarará de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha de finalización de la sanción.
4. Si una vez solicitado el reingreso al servicio activo no se concede en el plazo de seis meses, el funcionario será declarado, de oficio, en la situación de excedencia forzosa prevista en el artículo 60 de la presente Ley, con efectos de la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria.
Se modifica por el art. 11.8 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo de 2004. Ref. BOE-A-2004-12575 .
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La suspensión firme nace de condena o sanción y, si supera seis meses, hace perder el puesto. El reingreso se pide al menos un mes antes del final; si no, excedencia voluntaria; si no se concede en seis meses, excedencia forzosa.
Esquema
| Excedencia voluntaria | Excedencia forzosa | |
|---|---|---|
| Causa | No pedir el reingreso al menos un mes antes del fin de la suspensión | Pedir el reingreso y que no se conceda en seis meses |
| Efectos desde | La finalización de la sanción | La extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria |
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Artículo 66
1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios, que no tengan derecho a reserva de puesto de trabajo, se efectuará mediante su participación en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo.
2. Asimismo, el reingreso podrá efectuarse por adscripción a un puesto con carácter provisional, condicionado a las necesidades del servicio y siempre que se reúnan los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo.
El puesto asignado con carácter provisional se convocará para su provisión definitiva en el plazo máximo de un año, y el funcionario reingresado con destino provisional tendrá obligación de participar en la convocatoria.
Se modifica por el art. 11.8 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo de 2004. Ref. BOE-A-2004-12575 .
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien no tiene reserva de puesto reingresa participando en convocatorias de provisión o por adscripción provisional; ese puesto se convoca en un año como máximo y el reingresado está obligado a concursar.
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Artículo 79
Los funcionarios serán responsables de la buena gestión de los servicios que tengan encomendados, procurando resolver por propia iniciativa las dificultades que encuentren en el ejercicio de su función, y sin perjuicio de la responsabilidad que incumba en cada caso a sus superiores jerárquicos, a los cuales deberán dar cuenta los funcionarios de las dificultades surgidas y de las soluciones aplicadas por su iniciativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios responden de la buena gestión de sus servicios, deben resolver por iniciativa propia las dificultades y dar cuenta a sus superiores, cuya responsabilidad queda a salvo.
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Artículo 81
El incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios constituirá falta disciplinaria que dará lugar a la imposición en forma de la sanción correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que pudiera haberse incurrido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Incumplir las obligaciones de funcionario es falta disciplinaria y da lugar a la sanción correspondiente, impuesta en forma, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que se haya incurrido.
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Artículo 82
Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las faltas disciplinarias se clasifican en muy graves, graves y leves.
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Artículo 84
1. Reglamentariamente se tipificarán las faltas graves y leves y se determinará el procedimiento de imposición de sanciones, en el que será preceptiva, en todo caso, la audiencia del interesado.
2. Para graduar las faltas en su gravedad o levedad se atenderá a los siguientes criterios:
a) Grado de intencionalidad.
b) Grado en que se haya atentado a la legalidad y al interés público.
c) Grado de perturbación producida en los servicios.
d) Daños producidos a la Administración o a los administrados.
e) La reincidencia.
f) La reiteración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las faltas graves y leves y el procedimiento sancionador se fijan por reglamento, con audiencia del interesado preceptiva en todo caso; la gravedad se gradúa con seis criterios, de la intencionalidad a la reiteración.
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Artículo 85
1. Las sanciones que podrán imponerse serán las siguientes:
a) Separación del servicio.
b) Suspensión de funciones.
e) Traslado a puesto de trabajo situado en distinta localidad.
d) Pérdida de cuatro a quince días de retribución.
e) Pérdida de uno a tres días de retribución.
f) Amonestación verbal o escrita.
2. Las faltas muy graves se sancionarán con la separación del servicio o la suspensión de funciones por plazo superior a dos años e inferior a seis.
3. La separación del servicio deberá acordarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Seis sanciones, de la separación del servicio a la amonestación; las faltas muy graves se castigan con separación o suspensión de más de dos años y menos de seis, y la separación la acuerda el Consejo de Gobierno.
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Artículo 86
1. Las faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos y las leves a los dos meses desde que la acción contra el funcionario pudiera haber sido ejercitada por la Administración.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos y las leves a los dos meses.
3. Las faltas y sanciones se inscribirán en el Registro de Personal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Faltas y sanciones prescriben igual según su gravedad: muy graves a los seis años, graves a los dos y leves a los dos meses; las faltas, desde que la Administración pudo actuar. Todo se inscribe en el Registro de Personal.
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Artículo 193. Personas responsables.
Artículo 193. Personas responsables.
1. Incurrirán en
responsabilidad disciplinaria las personas autoras de las faltas, sin perjuicio
de la responsabilidad patrimonial o penal que pueda derivarse de las mismas.
El personal laboral que
indujere a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta
disciplinaria, incurrirá en la misma responsabilidad que éstos.
Igualmente incurrirá en
responsabilidad el personal laboral que encubriere las faltas consumadas muy
graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la
administración o la ciudadanía.
2. El personal laboral que
se encuentre en una situación que dé lugar a la suspensión del contrato de
trabajo puede incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas que
pueda cometer dentro de su respectiva situación. De no ser posible el
cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución, por
hallarse la persona responsable en situación que lo impida, ésta se hará efectiva
cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo
de prescripción.
3. No se considerará falta
la negativa a realizar trabajos de categoría distinta a la específica de cada
trabajador, salvo cuando dichos trabajos sean comunicados al mismo con setenta
y dos horas de antelación a su inicio o medien circunstancias de excepcional
necesidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responden los autores de la falta, quien induce a cometerla (misma responsabilidad) y quien encubre faltas graves o muy graves con daño grave. La suspensión del contrato no libra de la sanción.
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Artículo 194. Clasificación de las faltas.
Artículo 194. Clasificación de las
faltas.
Las faltas disciplinarias
del personal laboral, cometidas con ocasión o como consecuencia del trabajo,
podrán ser leves, graves y muy graves, de acuerdo con la graduación que se
establece en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público y en este Convenio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las faltas disciplinarias se clasifican en leves, graves y muy graves, según la graduación del TREBEP y de este convenio.
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Artículo 195. Faltas muy graves y graves.
Artículo 195. Faltas muy graves y graves.
1. Serán faltas muy graves
las enumeradas en el en el apartado 2 del artículo 95 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Serán faltas
graves:
a) La falta de obediencia debida
a las órdenes o instrucciones de los superiores o autoridades, incluida la
indisciplina, siempre que no constituya una falta muy grave.
b) Las conductas
constitutivas de delitos dolosos relacionadas con el servicio o que causen daño
a la administración o a la ciudadanía.
c) La tolerancia de
los superiores jerárquicos respecto de la comisión de faltas muy graves o
graves por el personal de ellos dependiente.
d) La grave
desconsideración con los superiores, compañeros y subordinados, así como con los
ciudadanos con los que se relacionen en el ejercicio de sus funciones,
incluidas las actitudes agresivas o violentas y los comportamientos o manifestaciones
irrespetuosos que atenten contra la libertad sexual, la orientación e identidad
sexual y la expresión de género o cualquier otra causa personal, siempre que no
constituyan falta muy grave.
e) Causar daños graves en
el patrimonio, instalaciones o documentación de la Administración de la
Comunidad de Madrid.
f) Intervenir en un
procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención
legalmente señaladas.
g) La emisión de informes y
la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales, cuando causen perjuicio a la
administración o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave.
h) No guardar el debido
sigilo en los asuntos que se conozcan por razón del trabajo realizado cuando se
derive un perjuicio grave a la administración o a los ciudadanos o se utilice
en el provecho propio.
i) El incumplimiento de los
plazos y otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades,
cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
j) El incumplimiento
injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de
quince horas al mes.
k) La segunda falta
injustificada de asistencia al trabajo en el mismo mes, si la anterior hubiera
sido sancionada como falta leve, así como la tercera falta injustificada de
asistencia al trabajo en un período de tres meses, cuando las dos anteriores hubieren
sido objeto de sanción como falta leve.
l) Las acciones u omisiones
dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean
detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
m) La grave perturbación del
servicio.
n) El atentado grave a la
dignidad del trabajador, de cualquier persona al servicio de la administración
o de la propia administración.
o) La no utilización de los
equipos de protección individual, así como no seguir las indicaciones de seguridad,
de acuerdo con la formación e instrucciones recibidas por parte de la
Administración.
p) La comisión de tres
faltas leves dentro de un mismo trimestre, excepto las de puntualidad, siempre
que las dos anteriores hubieran sido objeto de la correspondiente sanción,
aunque sean de distinta naturaleza.
q) No cumplir con la
obligación de presentar el certificado del Registro de Delincuentes Sexuales,
cuando conforme a la normativa vigente al personal así se le requiera.
r) La simulación de enfermedad
o accidente con la finalidad de pasar a la situación de incapacidad temporal o
disfrutar de los días de ausencia por enfermedad retribuidos por la normativa
vigente. Se entenderá, en todo caso, que existe falta cuando habiendo sido
declarado en baja, realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia o
ajena. Asimismo, se entenderá incluido en este apartado toda acción u omisión
realizada para prolongar la baja por enfermedad o accidente.
s) La falta reiterada de
rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no
constituya falta muy grave.
t) El incumplimiento del
deber de participación en los tribunales de selección, incluida la falta
de asistencia reiterada y sin causa justificada a las sesiones a las que haya
sido convocado como miembro.
u) La presentación de un
documento falso público o privado, o la alteración de uno verdadero, cuando
hiciera uso del mismo en su relación laboral con la Administración para el
ejercicio de alguno de los derechos recogidos en el presente convenio
colectivo.
3. A los efectos previstos
en los apartados k) y p) del apartado 2, los plazos se computarán a partir de
la comisión de la primera falta, en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Remite las faltas muy graves al TREBEP y enumera las faltas graves, muchas ligadas a plazos y repeticiones concretas: horas de incumplimiento de jornada y reincidencia en faltas leves.
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Artículo 196. Faltas leves.
Artículo 196. Faltas leves.
Son faltas leves:
a) El incumplimiento
injustificado de la jornada de trabajo, cuando no suponga falta grave y supere
las 10 horas en cómputo mensual.
b) El tercer incumplimiento
injustificado del horario de obligado cumplimiento en el plazo de un mes,
cuando afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta
grave.
c) La falta de
asistencia al trabajo no justificada durante un día al mes.
d) La incorrección con los
ciudadanos o con cualquier persona al servicio de la Administración de la
Comunidad de Madrid, sea o no su superior jerárquico, o de otras Administraciones.
e) La negligencia en el
ejercicio de las tareas propias del trabajo, cuando no suponga falta
grave.
f) El incumplimiento
injustificado de los deberes u obligaciones del trabajador, siempre que no sea
calificado como falta muy grave o grave.
g) Causar daños en el
patrimonio, instalaciones o documentación de la Administración de la Comunidad
de Madrid, siempre que no constituya falta grave.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera las faltas leves: desde superar 10 horas de incumplimiento de jornada al mes hasta faltar un día sin justificar o ser incorrecto con un ciudadano.
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Artículo 197. Clasificación de las sanciones.
Artículo 197. Clasificación de las sanciones.
Por la comisión de faltas
disciplinarias pueden imponerse las siguientes sanciones:
a) Despido.
b) Suspensión de empleo
y sueldo.
c) Traslado forzoso,
con o sin cambio de localidad de residencia y sin derecho a indemnización.
d) Demérito con la
imposibilidad de participación en procesos de promoción interna, de concurso de
traslados, carrera horizontal o procedimientos de provisión de puestos de
trabajo de carrera.
e)
Apercibimiento por escrito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija las cinco sanciones posibles, de mayor a menor gravedad: despido, suspensión de empleo y sueldo, traslado forzoso, demérito y apercibimiento por escrito.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 198. Sanciones por faltas muy graves.
Artículo 198. Sanciones por faltas muy graves.
Las sanciones que podrán
imponerse por faltas muy graves, son las siguientes:
a) Despido
disciplinario, que comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo
contrato de trabajo en la misma categoría profesional o en otra con funciones
similares a las que se desempeñaban.
b) Suspensión de
empleo y sueldo no inferior a un mes y que no supere los seis meses.
c) Traslado forzoso, con o
sin cambio de localidad de residencia y sin derecho a indemnización. Durante
tres años el trabajador objeto de esta sanción no podrá obtener nuevo destino
en el centro directivo o unidad en donde se encontrara prestando servicios en
el momento en el que se ejecute aquélla.
d) Demérito con la
imposibilidad de participación en procesos de promoción interna, de concurso de
traslados, carrera horizontal o procedimientos de provisión de puestos de
trabajo de carrera, por un período no inferior a dieciocho meses ni superior a
treinta meses. En el supuesto de que se aprecie reiteración o
reincidencia, la sanción de demérito podrá comportar el retroceso en un nivel
de los avances logrados en la carrera profesional horizontal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuatro sanciones posibles por falta muy grave, de menor a mayor duración: suspensión, traslado, demérito y despido. El demérito puede alargarse si hay reincidencia.
Esquema
| Duración o alcance | |
|---|---|
| Despido disciplinario | Extingue el contrato e inhabilita para uno nuevo en categoría igual o similar |
| Suspensión de empleo y sueldo | De 1 a 6 meses |
| Traslado forzoso | 3 años sin volver al mismo centro, sin indemnización |
| Demérito | 18 a 30 meses sin promoción/concurso/carrera horizontal |
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Artículo 199. Sanciones por faltas graves.
Artículo 199. Sanciones por faltas graves.
Las sanciones que podrán
imponerse por faltas graves, son las siguientes:
a) Suspensión de empleo y sueldo
por un período no inferior a cuatro días y no superior a un mes.
b) Traslado forzoso, con o sin
cambio de localidad de residencia y sin derecho a indemnización. Durante un año
el trabajador objeto de esta sanción no podrá obtener nuevo destino en el
centro directivo o unidad en donde se encontrara prestando servicios en el
momento en el que se ejecute aquélla.
c) Demérito con la
imposibilidad de participación en procesos de promoción interna, de concurso de
traslados, carrera horizontal o procedimientos de provisión de puestos de
trabajo de carrera, por un período no inferior a doce meses ni superior a
dieciocho meses.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las faltas graves tienen las mismas tres sanciones que las muy graves salvo el despido, pero con plazos más cortos en todos los casos.
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Artículo 200. Sanciones por faltas leves.
Artículo 200. Sanciones por faltas leves.
Las sanciones que pondrán
imponerse por faltas leves, son las siguientes:
a) Apercibimiento,
que tendrá que formularse en todo caso por escrito.
b) Suspensión de
empleo y sueldo por un período no superior a tres días naturales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Por falta leve solo caben dos sanciones muy suaves: un apercibimiento por escrito o, como mucho, tres días de suspensión.
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Artículo 201. Criterios para la determinación de las sanciones y cumplimiento.
Artículo 201. Criterios para la determinación de las
sanciones y cumplimiento.
1. Los criterios para determinar el alcance
de la sanción, serán los siguientes:
a) El grado de
intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta.
b) El daño al interés
público.
c) La reiteración o
reincidencia.
d) El grado de
participación.
2. La imposición de
sanciones por faltas relativas al incumplimiento de la jornada u horario de
trabajo, incluido el abandono del servicio, se llevarán a cabo sin perjuicio de
los descuentos en nómina que procedan.
3. Para el personal
temporal, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones por la
comisión de faltas graves y muy graves previsto, supondrá, en todo caso, la
suspensión del llamamiento del trabajador en la bolsa o bolsas a que pertenezca
durante su ejecución, a excepción de la sanción de despido por falta muy grave
que implicará la exclusión del personal laboral sancionado en la bolsa
correspondiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuatro criterios gradúan la sanción, los descuentos en nómina van aparte de la sanción por horario, y al personal temporal sancionado se le suspende o se le excluye de la bolsa según el caso.
Esquema
| Sanción grave o muy grave (sin despido) | Despido por falta muy grave | |
|---|---|---|
| Efecto sobre la bolsa | Suspensión del llamamiento durante la ejecución de la sanción | Exclusión de la bolsa correspondiente |
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Artículo 202. Suspensión de la sanción por seguir tratamientos de desintoxicación o deshabituación.
Artículo 202. Suspensión de la sanción por seguir
tratamientos de desintoxicación o deshabituación.
1. Cuando de la tramitación
del procedimiento se desprenda que la comisión de alguna falta disciplinaria
está directamente relacionada con patologías adictivas susceptibles de
rehabilitación, el órgano competente para resolver suspenderá la ejecución de
la sanción impuesta durante un plazo máximo de un año, siempre que se den las
siguientes circunstancias:
a) Que lo solicite la
persona interesada.
b) Que la sanción
impuesta sea grave o muy grave.
c) Que exista una declaración
del personal facultativo del Servicio Público de Salud correspondiente que
exprese la existencia de la patología adictiva y la conveniencia de
rehabilitación mediante un tratamiento de deshabituación en régimen de
internado o ambulatorio.
d) Que durante el periodo
de suspensión la persona interesada se someta de forma ininterrumpida a un tratamiento
de desintoxicación o deshabituación en régimen de internado o ambulatorio en
centros públicos o habilitados o reconocidos por la administración.
e) Que no hubiese
disfrutado de esta suspensión con anterioridad.
2. La suspensión de la ejecución
quedará revocada si se abandona el tratamiento.
3. La persona interesada
deberá justificar el comienzo del tratamiento, su evolución, así como su finalización.
4. Transcurrido el plazo de
suspensión y habiendo quedado acreditado que se ha seguido el tratamiento de
deshabituación o desintoxicación se entenderá cumplida la sanción. En caso
contrario se acordará la ejecución inmediata.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la falta viene de una adicción tratable, se puede suspender la sanción hasta un año mientras el trabajador se desintoxica, pero solo una vez y con el tratamiento acreditado.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 203. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
Artículo 203. Extinción de la
responsabilidad disciplinaria.
1. La responsabilidad
disciplinaria se extingue por alguna de las siguientes causas:
a) Cumplimiento de la
sanción.
b) Fallecimiento.
c) Prescripción de la
falta o de la sanción.
2. La pérdida de la condición
de personal laboral no supondrá la extinción de la responsabilidad
disciplinaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La responsabilidad disciplinaria se acaba por cumplir la sanción, morir o prescribir, pero dejar de ser personal laboral no la borra.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 204. Prescripción de las faltas y de las sanciones.
Artículo 204. Prescripción de las faltas y de las
sanciones.
1. Las infracciones
muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a
los seis meses.
El plazo de prescripción de
las infracciones comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y
desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. Dichos
plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente
instruido.
2. Las sanciones
impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por
faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
El plazo de prescripción de
las sanciones comenzará a contarse desde la firmeza en vía administrativa de la
resolución sancionadora.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las faltas y las sanciones prescriben en plazos parecidos, salvo en las leves: la falta leve prescribe en 6 meses pero la sanción por falta leve tarda el doble, 1 año.
Esquema
| Prescripción de la falta | Prescripción de la sanción | |
|---|---|---|
| Muy grave | 3 años | 3 años |
| Grave | 2 años | 2 años |
| Leve | 6 meses | 1 año |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 205. Cancelación de las sanciones.
Artículo 205. Cancelación de las sanciones.
1. La imposición de las
sanciones se anotará en el Registro de Personal una vez que sean firmes en vía
administrativa, con indicación de la falta que dio origen a la misma.
2. La cancelación de estas
anotaciones se producirá de oficio o a instancia del interesado a los tres meses
para las faltas leves, a los seis meses para las graves y al año para las muy
graves, a partir de la fecha en la que finalice su cumplimiento.
3. En ningún caso se
computarán a efectos de reincidencia las sanciones canceladas o que hubieran
podido serlo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sanciones firmes se anotan en el Registro de Personal y se cancelan solas al cabo de un tiempo que depende de la gravedad; una vez canceladas, no cuentan para la reincidencia.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 206. Necesidad de procedimiento.
Artículo 206. Necesidad de procedimiento.
1. Para la imposición de
sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instrucción de
expediente, salvo la realización del trámite de audiencia que deberá
cumplimentarse en todo caso.
2. La imposición de
sanciones por faltas graves y muy graves, requerirá la realización de un
expediente disciplinario cuyo procedimiento, tramitación y resolución se recogen
en el presente capítulo.
En todo caso, la imposición
de cualquier sanción, ya sea por la comisión de una falta leve, grave o muy
grave, a miembros de los órganos de representación de personal o a delegados
sindicales precisará de la incoación de un expediente disciplinario.
3. Cuando exista duda sobre
la calificación de la gravedad de la falta, la modificación del régimen de
calificación como falta leve, tras iniciarse el proceso sancionador para faltas
graves o muy graves, no afectará a la validez de la sanción que, en su caso,
sea impuesta.
4. El procedimiento para la
sanción de las faltas cometidas se impulsará de oficio en todos sus trámites,
observándose las normas vigentes en materia de procedimiento administrativo en
lo referente a trámites, comunicaciones y notificaciones.
Serán nulas las sanciones
impuestas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento previsto en
este capítulo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo las faltas graves y muy graves exigen expediente disciplinario completo, salvo que el sancionado sea representante de personal o delegado sindical: entonces hace falta expediente incluso si la falta es leve.
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Artículo 207. Duración.
Artículo 207. Duración.
1. La duración del
procedimiento disciplinario no excederá de seis meses, a contar desde su
incoación. Vencido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución
que ponga fin al procedimiento, se producirá su caducidad.
No obstante, la declaración
de caducidad no implica la prescripción, en su caso, de la falta cometida que
se ajustará a estos efectos a la normativa que le resulte de aplicación según
el grado de la misma, por lo que si el plazo exigido para ello no hubiera
transcurrido se podrá iniciar un nuevo expediente sancionador.
No se producirá la caducidad
si el expediente hubiese quedado paralizado por causa imputable al interesado.
2. El incumplimiento de los
plazos para cada uno de los trámites previstos en el presente capítulo no dará
lugar a la invalidez de las actuaciones, con excepción de las que reduzcan los
plazos de los que ha de disponer el inculpado dentro del procedimiento para el
ejercicio de su derecho de defensa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El expediente disciplinario caduca si en seis meses no se notifica resolución, pero caducar no es lo mismo que prescribir: si la falta sigue viva, se puede abrir otro expediente.
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Artículo 208. Comunicaciones a los órganos de representación del personal laboral.
Artículo 208. Comunicaciones a los órganos de
representación del personal laboral.
1. Cuando se incoe un
expediente disciplinario a personal que tenga la condición de delegado
sindical, delegado de personal o cargo electivo en el nivel provincial,
autonómico o estatal en las organizaciones sindicales, deberá notificarse dicha
incoación a la correspondiente sección sindical, comité de empresa o central
sindical, según proceda, para que puedan ser oídas durante la tramitación del
procedimiento.
Dicha notificación deberá,
asimismo, realizarse cuando la incoación del expediente se practique dentro del
año siguiente al cese en alguna de las condiciones enumeradas en el párrafo
anterior. También deberá realizarse si el afectado por el procedimiento
disciplinario es candidato durante el período electoral.
2. Si se incoa un
procedimiento por falta grave o muy grave, y el personal estuviere afiliado a
un sindicato y así lo manifestara en cualquier momento del procedimiento sancionador,
deberá darse audiencia conforme a lo previsto en el procedimiento regulado en
el presente capítulo a los delegados sindicales de la sección correspondiente a
dicho sindicato.
Igual derecho tendrá el
personal laboral en el caso de estar afectados por unas diligencias
previas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Antes de sancionar a alguien con peso sindical (o que lo tuvo hace menos de un año, o que es candidato electoral) hay que avisar a su sindicato. Y si el expedientado afiliado lo pide, sus delegados entran en el expediente.
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Artículo 209. Especialidades del personal laboral con contrato temporal.
Artículo 209. Especialidades del personal laboral con
contrato temporal.
1. El procedimiento
sancionador para el personal laboral con contrato temporal, cualquiera que sea
su duración, se sustanciará en todo caso, aun cuando su período de tramitación
se extienda más allá de la vigencia del contrato, de forma que los efectos de
la eventual resolución sancionadora sean tenidos en cuenta en la determinación
de los criterios de selección aplicables de no poder ser ejecutada dentro de
dicha vigencia.
2. En aquellos supuestos en
los que dicho personal fuere sujeto a nueva contratación los efectos de la
posible resolución sancionadora se proyectarán sobre la nueva relación laboral,
salvo en la concurrencia de los supuestos de prescripción previstos en el
artículo 204.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El contrato temporal no libra del expediente disciplinario: si acaba antes de resolverlo, sus efectos se aplican a la siguiente contratación, salvo que la falta ya haya prescrito.
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Artículo 210. Diligencias previas.
Artículo 210. Diligencias previas.
1. La Administración podrá
acordar con carácter previo a la incoación del expediente disciplinario cuando
tenga conocimiento de hechos presuntamente susceptibles de ser sancionados una
fase de diligencias previas informativas, por un período máximo de quince días
hábiles. Este trámite no interrumpirá los plazos legales de prescripción de
faltas e infracciones.
2. La iniciación de esta
fase será acordada por el órgano competente para la incoación del
correspondiente expediente disciplinario, quien designará a la persona
encargada de llevarlas a cabo, que deberá reunir todos los requisitos exigidos
para actuar como instructor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Antes de abrir expediente, la Administración puede investigar los hechos con unas diligencias previas de máximo 15 días hábiles, que no paran el reloj de la prescripción.
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Artículo 211. Inicio.
Artículo 211. Inicio.
1. El procedimiento se
iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia
iniciativa o como consecuencia de orden superior, moción razonada de los
subordinados o denuncia. Cuando la presunta infracción se refiera a actuaciones
llevadas a cabo en su calidad de miembro de un tribunal de selección, el órgano
competente será aquel que efectuó su nombramiento.
La resolución de incoación
del procedimiento identificará al presunto responsable, efectuará una
referencia a los hechos imputados y expresará la posible responsabilidad
disciplinaria a que ellos puedan dar lugar. Asimismo, designará a un instructor
y, en su caso, a un secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
siguiente.
2. La resolución por la que
se incoe el procedimiento disciplinario se notificará al interesado, a la
persona designada como instructor y, en su caso, al secretario.
De iniciarse el
procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá comunicarse dicha
resolución al firmante de la misma.
3. El órgano encargado de
incoar el procedimiento disciplinario tendrá que nombrar como instructor a un
empleado funcionario o laboral, fijo o temporal, del mismo o superior grupo de
clasificación al que pertenezca el presunto inculpado y, en su caso, a un
secretario, que no tendrá que cumplir con el requisito del grupo anteriormente
exigido.
El secretario tendrá
únicamente funciones de asistencia administrativa del instructor, sin que pueda
sustituir a éste en ninguna de las fases o trámites del procedimiento.
Con carácter general, el
personal que se designe como instructor y secretario habrá de pertenecer a la
consejería al que esté adscrito el órgano competente para incoar el
procedimiento disciplinario. Excepcionalmente, se podrá nombrar a alguno de
ellos dependiente de otra consejería, en cuyo caso se requerirá la autorización
expresa de la secretaría general técnica del departamento en el que presten sus
servicios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El expediente se abre siempre de oficio y su resolución nombra instructor y, en su caso, secretario: el instructor debe ser de tan alto grupo como el expedientado y el secretario no, y ninguno sustituye al otro.
Esquema
| Instructor | Secretario | |
|---|---|---|
| Grupo de clasificación exigido | Igual o superior al del inculpado | Sin ese requisito |
| Funciones | Dirige la instrucción en todas sus fases | Solo asistencia administrativa; no sustituye al instructor |
| Adscripción | Consejería del órgano competente (salvo autorización excepcional) | Consejería del órgano competente (salvo autorización excepcional) |
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Artículo 212. Medidas cautelares.
Artículo 212. Medidas cautelares.
1. Iniciado el
procedimiento, el órgano que acordó la incoación del expediente podrá adoptar
las medidas cautelares o provisionales que considere convenientes para asegurar
la eficacia de la resolución que pudiera recaer, sin que, en ningún caso dichas
medidas puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos
amparados por las leyes.
2. La suspensión
provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente
disciplinario no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del
procedimiento imputable el interesado.
3. La suspensión
provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento
judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional
u otras medidas decretadas por el juzgado que determinen la imposibilidad de
desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional
excediera de seis meses, no supondrá pérdida del puesto de trabajo.
4. El personal laboral
suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las
retribuciones salariales correspondientes al nivel retributivo de la categoría
a la que pertenezca y a su antigüedad.
5. Cuando la suspensión provisional
se eleve a definitiva, el trabajador deberá reintegrar la cantidad percibida
durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no
llegara a convertirse en sanción definitiva, la administración deberá restituir
al trabajador la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que
hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de
derechos.
6. El tiempo de
permanencia en suspensión provisional será computado para el cumplimiento de la
suspensión firme.
7. Cuando la suspensión no
sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como servicios
efectivamente prestados, debiendo acordarse la inmediata reincorporación a su
puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y de
otra naturaleza que procedan desde la fecha de suspensión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La suspensión cautelar tiene un tope de seis meses (salvo que el propio interesado la alargue) y siempre da derecho a cobrar; al terminar, se ajustan cuentas según si hay sanción firme o no.
Esquema
| Vía disciplinaria | Vía judicial (prisión u otra medida) | |
|---|---|---|
| Duración máxima | Seis meses, salvo paralización imputable al interesado | Mientras dure la prisión provisional u otra medida judicial |
| Si supera los 6 meses | Puede prolongarse por causa imputable al interesado | No implica pérdida del puesto de trabajo |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 213. Declaración del presunto inculpado y práctica de diligencias.
Artículo 213. Declaración del presunto inculpado y
práctica de diligencias.
El instructor, como primera
medida, procederá a tomar declaración al presunto inculpado y ordenará la
práctica de cuantas diligencias y pruebas considere adecuadas para la determinación
y comprobación de los hechos y el esclarecimiento de las responsabilidades
susceptibles de sanción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lo primero que hace el instructor es tomar declaración al presunto inculpado; después ordena las diligencias y pruebas que considere necesarias.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 214. Pliego de cargos.
Artículo 214. Pliego de cargos.
1. En el plazo de un mes a
partir de la notificación de la resolución de incoación del expediente, el instructor
propondrá a la autoridad competente el archivo de las actuaciones si considera
que no están suficientemente acreditados los hechos imputados, que éstos no
sean constitutivos de falta o que concurra alguna circunstancia determinante de
la extinción de la responsabilidad, o procederá en caso contrario a formular el
pliego de cargos, claro y preciso, en el que consten los hechos imputados, la
falta presuntamente cometida y las sanciones que pudieran serle de aplicación.
En casos excepcionales y previamente justificados, el instructor podrá
solicitar al órgano encargado de la incoación del expediente, la ampliación del
plazo referido.
2. Recibido el pliego de
cargos por el interesado, dispondrá de un plazo de diez días hábiles desde el
día siguiente al de su notificación para contestarlo con las alegaciones que
considere convenientes a su defensa, aportando cuantos documentos crea
oportunos y proponiendo la práctica de las pruebas que crea necesarias.
Junto con el pliego de
cargos se pondrá a disposición del trabajador, previa petición expresa, la
vista de la totalidad del expediente disciplinario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En un mes, el instructor propone archivar o formula el pliego de cargos; el trabajador tiene luego diez días hábiles para contestarlo, y solo ve el expediente completo si lo pide.
Esquema
| Propuesta de archivo | Pliego de cargos | |
|---|---|---|
| Cuándo procede | Hechos no acreditados, no constitutivos de falta, o causa de extinción de responsabilidad | En caso contrario: hay hechos, falta y sanción posible |
| Contenido | Propuesta de archivar las actuaciones | Hechos imputados, falta y sanciones que pudieran aplicarse |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 215. Práctica de pruebas y alegaciones.
Artículo 215. Práctica de pruebas y alegaciones.
1. El instructor deberá
informar al presunto inculpado, dejando constancia en el expediente, de la posibilidad
que tiene de ejercitar su derecho a la asistencia de un representante legal de
los trabajadores y/o un delegado sindical en cualquier momento del
proceso.
En todas las diligencias y
pruebas que practique el instructor estará presente siempre que así lo solicite
el inculpado un representante legal de los trabajadores y el delegado
sindical.
2. El inculpado tendrá
derecho a la vista del expediente con independencia del momento en que se
encuentren las actuaciones, así como a presentar un informe en el plazo de diez
días hábiles desde la conclusión de las diligencias o pruebas.
3. El instructor podrá
acordar la práctica de las pruebas solicitadas por el inculpado en la fase de
contestación del pliego de cargos que considere oportunas o aquellas otras que
estime pertinentes, debiendo motivar la denegación de las no admitidas.
Dispondrá de un plazo no superior a un mes para la práctica de las mismas,
debiendo notificarse al inculpado la decisión sobre su realización. Cuando la
naturaleza de la prueba así lo determine, dicho plazo podrá ser ampliado por el
órgano competente para la incoación del procedimiento, a solicitud del
instructor, por el tiempo necesario para su efectiva realización.
4. Finalizada la
práctica de las pruebas y diligencias correspondientes o transcurrido el plazo
previsto para tal fin, el instructor dará vista del expediente al inculpado con
carácter inmediato, otorgándole un plazo de diez días hábiles para que alegue
lo que estime conveniente para su defensa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El inculpado tiene derecho a representante o delegado sindical durante toda la instrucción, y a dos plazos distintos de diez días: uno para informar tras las pruebas y otro para alegar tras la vista final.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 216. Propuesta de resolución.
Artículo 216. Propuesta de resolución.
1. Una vez sustanciados los
trámites anteriores, el instructor formulará la propuesta de resolución en la
que fijará con toda clase de precisión los hechos señalando, en su caso, los
medios de prueba utilizados, hará la valoración jurídica de los mismos para
determinar la falta que se estime cometida y señalará la responsabilidad del
trabajador, así como la sanción a imponer.
La propuesta de resolución
podrá consistir igualmente en el archivo de las actuaciones, de considerar el
instructor que concurre alguna de las circunstancias enunciadas en el apartado
1 del artículo 214 o que no queda suficientemente acreditada la responsabilidad
inicialmente imputada.
2. La propuesta de
resolución se notificará por el instructor al trabajador en el plazo de 15 días
hábiles, para que en el plazo de diez días hábiles pueda alegar cuanto
considere conveniente en su defensa.
3. Oído el inculpado o
transcurrido el plazo sin alegaciones, se remitirá el expediente completo al
órgano que haya acordado la incoación del procedimiento, que, a su vez, lo
enviará al órgano competente para que proceda a dictar la decisión que
corresponda o, en su caso, ordenará al instructor la práctica de las
diligencias adicionales que considere necesarias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El instructor cierra la instrucción con una propuesta de resolución (hechos, falta y sanción, o archivo); se notifica en 15 días hábiles y el trabajador tiene 10 más para alegar antes de que el expediente pase al órgano que resuelve.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 217. Resolución.
Artículo 217. Resolución.
1. La resolución, que pone
fin al procedimiento disciplinario, deberá adoptarse en el plazo de diez días
hábiles desde la recepción del expediente, salvo en el supuesto previsto en el
apartado 3 de este artículo, y resolverá todas las cuestiones planteadas en
aquél.
2. La resolución habrá de
ser motivada y en ella no se podrán aceptar hechos distintos de los que
sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio
de su distinta valoración jurídica.
3. El órgano competente
para imponer la sanción podrá devolver el expediente al Instructor para la
práctica de las diligencias que resulten imprescindibles para la resolución. En
tal caso antes de remitir de nuevo el expediente al órgano competente para
imponer la sanción, se dará vista de lo actuado al personal laboral
expedientado, a fin de que en el plazo de diez días alegue cuanto estime
conveniente.
4. En la resolución que
ponga fin al procedimiento disciplinario deberá determinarse con toda precisión
la falta que se estime cometida, señalando los preceptos en que aparezca
recogida la clase de falta, el trabajador responsable y la sanción que se
impone, haciendo expresa declaración en orden a las medidas provisionales
adoptadas, en su caso, durante la tramitación del procedimiento.
5. Si la resolución
estimare la inexistencia de falta disciplinaria o la de responsabilidad para la
persona inculpada hará las declaraciones pertinentes en orden a las medidas provisionales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La resolución final se dicta en 10 días hábiles desde recibir el expediente, no puede basarse en hechos distintos de los del pliego de cargos, y debe pronunciarse sobre las medidas provisionales tanto si sanciona como si no.
Esquema
| Se aprecia falta | No se aprecia falta o responsabilidad | |
|---|---|---|
| Contenido | Falta y preceptos, trabajador responsable y sanción impuesta | Declaración de inexistencia de falta o responsabilidad |
| Medidas provisionales | Declaración expresa sobre las medidas provisionales adoptadas | Declaraciones pertinentes en orden a las medidas provisionales |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 218. Notificación y ejecución.
Artículo 218. Notificación y ejecución.
1. La resolución que ponga
fin al procedimiento deberá ser notificada al inculpado, con expresión del
recurso o recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el que han de
presentarse y plazos para interponerlos.
Si el procedimiento se
inició como consecuencia de denuncia, la resolución deberá ser notificada al
firmante de la misma.
2. Las sanciones
disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en que se
imponga, y en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día que ganen la
firmeza en vía administrativa salvo que, por causas justificadas, se establezca
otro distinto en dicha resolución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La resolución sancionadora se notifica con todos los datos para recurrir y, si el expediente vino de una denuncia, también al denunciante. La sanción se ejecuta en el plazo de un mes desde su firmeza, salvo que la propia resolución fije otro.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 89
1. Al personal laboral de la Comunidad de Madrid se le aplicará el régimen de incompatibilidades, de acuerdo con las normas básicas contenidas en la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
2. El trabajador que como causa de la normativa sobre incompatibilidades deba optar por un puesto de trabajo quedará en el que cesare en situación de excedencia por incompatibilidad, aunque no hubiera cumplido un año de antigüedad en el servicio. Deberá permanecer en esta situación mientras dure la incompatibilidad, conservando el derecho preferente al reingreso en vacante de igual o similar categoría a la que ostentase cuando pasó a la situación de excedencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Somete al personal laboral al régimen de incompatibilidades de la normativa básica estatal y regula la situación del trabajador que debe optar por un puesto: pasa a excedencia por incompatibilidad con derecho preferente al reingreso.