El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: objeto y ámbito de aplicación, personal al servicio de las Administraciones Públicas. La Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid: del personal al servicio de la Comunidad de Madrid. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Decreto por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid.
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Este tema explica cómo se organiza la función pública de la Comunidad de Madrid: quién dirige la política de personal, cómo se estructuran los puestos de trabajo y las plantillas, cómo se selecciona y se clasifica al personal, y qué cuerpos y escalas de funcionarios existen.
Las 6 ideas base del tema
- 1
Quién dirige la política de personal
El Consejo de Gobierno fija la política de personal: reglamentos, oferta de empleo, relaciones de puestos de trabajo, separación del servicio. El Consejero de Presidencia la desarrolla, coordina y controla: convoca las pruebas selectivas, nombra a los seleccionados y elabora los proyectos normativos de personal.
- 2
Los instrumentos que ordenan el personal
La relación de puestos de trabajo es el instrumento técnico con el que se racionalizan y ordenan las plantillas, y detalla para cada puesto su denominación, características, posición y requisitos. Los Presupuestos determinan las plantillas presupuestarias, es decir, cuántas plazas están dotadas para cada Grupo o Cuerpo. Todo el personal debe figurar inscrito en el Registro de Personal.
- 3
De la oferta de empleo a la selección
Aprobados los Presupuestos, se publica la oferta de empleo público con las plazas vacantes dotadas, y a partir de ahí se convocan las pruebas selectivas, cuya convocatoria debe detallar plazas, requisitos, sistema de selección, programas, tribunal y calendario. La selección de funcionarios se hace preferentemente por oposición o concurso-oposición, reservando el concurso puro a puestos muy singulares; la del personal laboral sigue una lógica parecida distinguiendo el personal permanente del no permanente.
- 4
Ser funcionario: adquisición y pérdida
El funcionario propio de la Comunidad de Madrid mantiene una relación de servicios profesional y permanente, estatutaria y regida por el Derecho Administrativo. Esa condición se pierde por causas tasadas: renuncia, sanción de separación, inhabilitación, pérdida de nacionalidad o jubilación, que puede ser forzosa, por incapacidad o voluntaria.
- 5
Grupos, Cuerpos y Escalas
Los funcionarios se clasifican en grupos según la titulación exigida para el ingreso. Dentro de esos grupos existen Cuerpos de Administración General, con tareas administrativas comunes, y Cuerpos de Administración Especial, que exigen un oficio o titulación específica; algunos Cuerpos se dividen además en Escalas, como ocurre con Prevención y Extinción de Incendios o con Agentes Forestales.
- 6
La carrera administrativa
La carrera del funcionario avanza por tres cauces: el grado personal, el acceso a otros puestos por concurso o libre designación, y la promoción interna a Cuerpos de Grupo superior o de igual Grupo con distinto intervalo de niveles. Con independencia del puesto que ocupe, todo funcionario tiene garantizado el cobro mínimo del complemento de destino de su grado personal.
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Textos consolidados oficiales:
- Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)
- Decreto 79/2020, de 16 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid
Artículo 1
La presente Ley tiene por objeto regular la Función Pública de la Comunidad de Madrid y el régimen jurídico del personal al servicio de la misma, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y en el marco de la legislación básica del Estado.
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Objeto de la Ley: regular la Función Pública de la Comunidad de Madrid y el régimen jurídico de su personal, cumpliendo el Estatuto de Autonomía y dentro del marco de la legislación básica del Estado.
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Artículo 2
Ejercen la Función Pública de la Comunidad de Madrid el conjunto de personas vinculadas a la misma por una relación profesional de empleo.
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Ejercen la Función Pública de la Comunidad de Madrid las personas vinculadas a ella por una relación profesional de empleo.
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Artículo 3
1. La presente Ley será de aplicación a todo el personal al servicio de la Administración regional y a las demás Instituciones de la Comunidad de Madrid, con las especialidades que, en cada caso, señala la Ley.
2. En aplicación de la Ley podrán dictarse normas específicas para adecuarla a las peculiaridades del personal sanitario, docente e investigador.
3. Queda excluido del ámbito de la presente Ley el personal al servicio de la Asamblea de Madrid.
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Artículo 3 figura derogado, suprimido o sin contenido normativo vigente.
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Artículo 4
La Legislación estatal será supletoria en las materias no reguladas por la presente Ley y demás disposiciones de la Comunidad de Madrid sobre su personal.
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La legislación estatal es supletoria en lo no regulado por esta Ley y demás normas madrileñas sobre su personal.
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Artículo 5
El personal de la Comunidad de Madrid se integra por:
a) Los funcionarios de carrera.
b) Los funcionarios interinos.
c) El personal laboral.
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El personal de la Comunidad de Madrid lo integran funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral.
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Artículo 6. Son Órganos superiores de la Función Pública: a) El Consejo de Gobierno.
Artículo 6.
Son Órganos superiores de la Función Pública:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejero de Presidencia.
c) El Consejo Regional de la Función Pública.
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Son órganos superiores de la Función Pública madrileña el Consejo de Gobierno, el Consejero de Presidencia y el Consejo Regional de la Función Pública.
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Artículo 7
1. El Consejo de Gobierno establece la política de personal dependiente de la Comunidad de Madrid, dirige su desarrollo y ejecución y ejerce la potestad reglamentaria en la materia.
2. En particular, corresponde al Consejo de Gobierno:
a) Establecer, a propuesta del Consejero de Presidencia, las directrices con arreglo a las cuales ejercerán su competencia en materia de personal los distintos Órganos de la Administración de la Comunidad.
b) Aprobar los Proyectos de Ley y los Reglamentos en materia de personal.
c) Aprobar, a propuesta de la Consejería de Presidencia, las relaciones y normas de valoración de los puestos de trabajo, acordando su publicación.
d) Aprobar el número de empleos, con sus características y retribuciones, reservados al personal eventual, dentro de los créditos presupuestarios consignados al efecto.
e) Aprobar la oferta anual de empleo público.
f) Aprobar las instrucciones a que deberán atenerse los representantes de la Administración de la Comunidad cuando proceda la negociación con la representación sindical de los funcionarios públicos de sus condiciones de trabajo, así como dar validez y eficacia a los acuerdos alcanzados mediante su aprobación expresa y formal, estableciendo las condiciones de empleo para los casos en que no se llegue al acuerdo en la negociación.
g) Establecer las instrucciones a que deberá atenerse la representación de la Administración en la negociación colectiva con el personal sujeto al Derecho Laboral.
h) Fijar anualmente en el Proyecto de Ley de Presupuestos, a propuesta de la Consejería de Presidencia, las normas y directrices sobre política de gasto del régimen retributivo del personal a que esta Ley se refiere. A tales efectos, la Consejería de Economía y Hacienda propondrá los límites de crecimiento del gasto de personal de cada ejercicio en el marco de la política económica de la Comunidad.
i) Aprobar la programación a medio y largo plazo de las necesidades del personal.
j) Aprobar los criterios generales de promoción del personal.
k) Aprobar los intervalos de niveles que correspondan a los Cuerpos de Funcionarios.
l) Decidir las propuestas de resolución de expedientes disciplinarios que impliquen separación definitiva del servicio de los funcionarios.
ll) Cuantas otras funciones le atribuya la normativa legal.
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Atribuye al Consejo de Gobierno la política de personal y su desarrollo, con competencias como aprobar reglamentos, la oferta anual de empleo público, las relaciones de puestos de trabajo y decidir la separación definitiva del servicio en expedientes disciplinarios.
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Artículo 8
1. Corresponde al Consejero de Presidencia el desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de la política del Consejo de Gobierno en materia de personal.
2. En particular, le corresponde:
a) Elaborar los proyectos normativos en materia de personal al servicio de la Comunidad de Madrid. Cuando se trate de normas referidas exclusivamente a los funcionarios de una Consejería, será preceptivo el informe o consulta de ésta.
b) Aplicar en el marco de la política presupuestaria las normas y directrices a que deberán ajustarse los gastos y el régimen retributivo del personal.
c) Elaborar, desarrollar y coordinar los planes generales tendentes a mejorar el rendimiento en los servicios y la formación y promoción del personal.
d) Vigilar y ejercer la inspección superior del cumplimiento de las leyes y disposiciones relativas al personal y a la organización de la Administración de la Comunidad de Madrid.
e) Elaborar el proyecto de oferta anual de empleo público.
f) Elaborar la normativa de funcionamiento del Registro General de Personal.
g) Elaborar la propuesta de relaciones de puestos de trabajo y su valoración.
h) Elaborar la propuesta sobre los intervalos de niveles de los Cuerpos, así como los de los grados que han de corresponder a los funcionarios de la Comunidad.
i) Convocar las pruebas selectivas para funcionarios y nombrar a quienes las hayan superado.
j) Resolver las situaciones de los funcionarios de la Administración regional y los expedientes de incompatibilidad de actividades.
k) (Suprimida).
l) Autorizar las pruebas selectivas para el personal laboral.
ll) Mantener la adecuada coordinación con los Órganos de las demás Administraciones Territoriales competentes en materia de Función Pública.
m) Elaborar las plantillas presupuestarias en función de la relación de puestos de trabajo, a la vista de las propuestas de los diferentes Servicios, y de acuerdo con las directrices de la política de gastos de personal que fije el Consejo de Gobierno.
n) Designar la representación de la Administración en los Convenios Colectivos de ámbito general, marco o que afecten a varias Consejerías.
ñ) Informar, junto con la Consejería de Economía y Hacienda, con carácter previo a su firma, los Convenios Colectivos, revisiones salariales, acuerdos de adhesión o extensión –en todo o en parte– a otros Convenios Colectivos de ámbito sectorial y cualquier otorgamiento unilateral de mejoras retributivas individuales o colectivas.
o) Elevar preceptivamente a informe y dictamen de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre la financiación y adecuación a la estructura presupuestaria, los expedientes que puedan comportar aumento de gasto de personal no dotado.
p) Aprobar la jornada de trabajo de los funcionarios.
q) Cuantas otras competencias le atribuya la normativa vigente.
3. Por el Consejero de Presidencia se requerirá preceptivamente informe o consulta al Consejo Regional de la Función Pública sobre las propuestas contenidas en los apartados e), g), k), i) y l) del presente artículo.
Se suprime la letra k) del apartado 2 por el art. 10.1 de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2002-4377 .
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Atribuye al Consejero de Presidencia el desarrollo, coordinación y control de la política de personal, incluyendo convocar pruebas selectivas, nombrar a los seleccionados y elaborar los proyectos normativos de personal.
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Artículo 11
1. El personal de la Comunidad de Madrid figurará inscrito en el Registro de Personal, que constará de un banco de datos informatizados y estará a cargo de la Consejería de Presidencia. El Registro de Personal de la Comunidad de Madrid se coordinará con los Registros de Personal de las demás Administraciones Públicas, y en especial con el Registro Central de la Administración del Estado.
2. En el Registro de Personal no sólo constará la inscripción inicial individualizada, sino también todos los actos que afecten a la vida administrativa del personal inscrito, sin que pueda figurar dato alguno relativo a raza, religión u opinión.
3. Cada Consejería, Organismo Autónomo, Empresa o Institución de la Comunidad de Madrid estará obligada a facilitar al Registro los datos iniciales, así como mantener permanentemente actualizada la información. El procedimiento registral se efectuará en la forma que reglamentariamente se determine, si bien nadie podrá ser incluido en nómina sin haber sido inscrito antes en el Registro de personal, el cual deberá notificarse siempre y con carácter previo a cualquier resolución o acto administrativo que implique variaciones en nómina.
4. El personal tendrá derecho a conocer los datos que, afectando a su expediente individual, figuren inscritos informáticamente en el Registro de Personal, así como a obtener certificación de los mismos. En todo caso, la utilización de cualquiera de los datos que conste en el Registro estará sometida a las limitaciones previstas en el artículo 18.4 de la Constitución.
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Regula el Registro de Personal de la Comunidad de Madrid: inscripción obligatoria previa a cualquier nómina, prohibición de datos sobre raza, religión u opinión, y derecho del personal a conocer y certificar sus propios datos.
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Artículo 18
1. Aprobada la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, y en el primer trimestre del año natural, se procederá a publicar la oferta de empleo público regional.
2. La oferta de empleo público comprenderá todas las plazas, tanto de funcionarios como de personal laboral, referidas a la Administración de la Comunidad, de sus organismos autónomos y Órganos especiales de gestión, que se encuentren dotadas presupuestariamente y no hayan sido cubiertas por los procedimientos internos de provisión de puestos de trabajo que esta Ley establece, o por los correspondientes al personal laboral.
3. Cada Consejería propondrá las relaciones de plazas vacantes que deban cubrirse en el correspondiente ejercicio presupuestario, así como las previsiones temporales sobre la evolución y cobertura de las restantes.
4. El Consejero de Presidencia recibidas las propuestas de cada Consejería, elaborará, previa consulta al Consejo Regional de la Función Pública, el plan y oferta de empleo público regional, que será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad, y en el que se expresará:
a) La totalidad de las plazas vacantes debidamente clasificadas por Grupos y Cuerpos de funcionarios y por Grupos y niveles laborales.
b) Las plazas que deban cubrirse en el correspondiente ejercicio presupuestario.
c) Las previsiones temporales sobre evolución y cobertura de las restantes.
d) Los demás extremos que reglamentariamente se determinen.
Se suspende para el año 1997 el apartado 2, con las salvedades indicadas, por la disposición adicional 4 de la Ley 14/1996, de 23 de diciembre. Ref. BOCM-m-1996-90002 .
Se suspende para el año 1996 el apartado 2, con las salvedades indicadas, por la disposición adicional 6 de la Ley 20/1995, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-1996-7682 .
Se suspende para el año 1995 el apartado 2, con las salvedades indicadas, por la disposición adicional 23 de la Ley 13/1994, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-1995-7160 .
Se suspende para el año 1994, en cuanto a número de vacantes y plazo, por la disposición transitoria 2 de la Ley 11/1993, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-3924 .
Se suspende para el año 1993, en cuanto a número de vacantes y plazo, por la disposición transitoria 3 de la Ley 8/1992, de 23 de diciembre. Ref. BOCM-m-1993-90005 .
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Aprobados los Presupuestos, en el primer trimestre se publica la oferta de empleo público regional con las plazas dotadas no cubiertas internamente; las Consejerías proponen, el Consejero de Presidencia elabora previa consulta y aprueba el Consejo de Gobierno.
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Artículo 26
1. Son funcionarios propios de la Comunidad de Madrid los que en virtud de nombramiento legal efectuado por el Órgano competente de la misma quedan vinculados a ella por una relación de servicios de carácter profesional y permanente, tanto cuando ocupen puestos de trabajo presupuestariamente dotados como cuando se hallen en alguna de las situaciones previstas en el capítulo VI de este título.
2. Asimismo pertenecen de pleno derecho a la Administración de la Comunidad de Madrid, con el carácter de funcionarios propios de la misma, los que, a la entrada en vigor de la presente Ley, se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en su disposición adicional primera.
3. En todo caso, la relación de servicio de los funcionarios de la Comunidad tiene naturaleza estatutaria y la determinación de sus condiciones de empleo corresponde al Derecho Administrativo.
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Define quién es funcionario propio de la Comunidad de Madrid, por nombramiento legal en relación de servicios profesional y permanente, y establece que esa relación es estatutaria, regida por el Derecho Administrativo.
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Artículo 29
1. La condición de funcionario de la Comunidad de Madrid se perderá por alguna de las causas siguientes:
a) Renuncia escrita del interesado.
b) Imposición de sanción disciplinaria que suponga la separación del servicio, cuando aquélla adquiera firmeza.
c) Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
d) Pérdida de la nacionalidad española.
e) Jubilación forzosa o voluntaria.
2. La renuncia deberá ser aceptada por el Órgano competente de la Administración, entendiéndose concedida si en el plazo de quince días siguientes a su solicitud no hubiese declaración expresa.
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Enumera las causas tasadas de pérdida de la condición de funcionario (renuncia, sanción de separación, inhabilitación, pérdida de nacionalidad o jubilación) y regula el silencio positivo ante la solicitud de renuncia.
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Artículo 32
1. Los Cuerpos de funcionarios de la Comunidad de Madrid se clasifican en:
a) Cuerpos de Administración General, cuando su cometido consista en tareas esencialmente administrativas, incluidas las de gestión, inspección, asesoramiento, control, ejecución y otras similares.
b) Cuerpos de Administración Especial, cuando su cometido suponga exclusivamente el desempeño de funciones objeto de un oficio, profesión o titulación específica. En ningún caso podrá existir más de un Cuerpo que cumpla funciones similares o análogas a las de otro para cuyo ingreso se exija el mismo nivel de titulación.
2. Cuando sea necesario, en los Cuerpos de funcionarios se distinguirán Escalas, por agrupación de titulaciones, y asimismo se distinguirán, en su caso, diferentes especialidades dentro de un mismo Cuerpo o Escala.
Se modifica la letra a) del apartado 1 por el art. 8.1 de la Ley 26/1998, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1999-12088 .
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Clasifica los Cuerpos de funcionarios en Administración General (tareas administrativas) y Administración Especial (oficio o titulación específica), prohibiendo Cuerpos especiales duplicados, y permite distinguir Escalas y especialidades.
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Artículo 38 bis
Pertenece a la Administración Especial el Cuerpo de Agentes Forestales, en el cual se distinguen las siguientes Escalas, de acuerdo con la Ley de Creación del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid:
a) Técnica, compuesta por las categorías de Técnico superior Agente forestal y Técnico medio Agente forestal.
b) Operativa, compuesta por la categoría de Agente forestal.
Se añade por la disposición adicional 3 de la Ley 1/2002, de 27 de marzo. Ref. BOE-A-2002-13252 .
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El Cuerpo de Agentes Forestales es de Administración Especial y, según su Ley de Creación, tiene dos Escalas: Técnica (Técnico superior y Técnico medio Agente forestal) y Operativa (Agente forestal).
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Artículo 47
1. El Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Regional de la Función Pública, podrá determinar reglamentariamente la adquisición de grados superiores mediante la superación de cursos de formación u otros requisitos objetivos establecidos al efecto. En todo caso, serán públicas las convocatorias y el resultado de las actividades realizadas en dichos cursos.
2. La adquisición directa del grado personal superior por este procedimiento no tiene efectos económicos inmediatos, pero habilita al funcionario para participar en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo correspondientes a dicho grado.
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El Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Regional de la Función Pública, puede regular la adquisición de grados superiores por cursos u otros requisitos objetivos; sin efectos económicos inmediatos, pero habilita para concursar a esos puestos.
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Artículo 48
El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computado, a efectos de consolidación del grado personal, como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo o en el que posteriormente se hubiera obtenido por concurso.
Se modifica por el art. 11.4 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo de 2004. Ref. BOE-A-2004-12575 .
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El tiempo en servicios especiales cuenta para consolidar el grado personal como si se hubiera prestado en el último puesto de servicio activo o en el obtenido después por concurso.
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Artículo 53
Artículo 53.
1. Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá acordarse para su cobertura, en caso de urgente e inaplazable necesidad, una comisión de servicios de carácter voluntario, a favor de un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo, por un plazo máximo de un año, prorrogable por otro.
2. Asimismo, cuando un puesto haya sido declarado desierto en un concurso y sea urgente para el servicio su provisión, podrá destinarse en comisión de servicios de carácter forzoso a un funcionario que preste servicios en la misma Consejería, por un plazo máximo improrrogable de seis meses.
3. A petición de otras Administraciones Públicas podrán autorizarse comisiones de servicio a favor de los funcionarios propios de la Comunidad de Madrid en los mismos términos del apartado 1.
4. Las comisiones de servicios señaladas en los apartados anteriores, conllevarán derecho a reserva de puesto de trabajo y serán autorizadas por el Consejero de Hacienda, salvo en los supuestos en que las mismas no supongan cambio de Consejería, en cuyo caso serán autorizadas por el Consejero respectivo.
5. Los funcionarios en comisión de servicios percibirán las retribuciones del puesto de trabajo realmente desempeñado.
6. Los funcionarios de otras Administraciones Públicas podrán prestar sus servicios en la Comunidad de Madrid mediante comisión de servicios, de acuerdo con lo que establezcan las relaciones de puestos de trabajo, por un plazo máximo de un año, prorrogable por otro, previa autorización del órgano competente de la Administración de procedencia del funcionario.
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Artículo 53 figura derogado, suprimido o sin contenido normativo vigente.
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Artículo 53 ter
La funcionaria víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su Cuerpo o Escala y de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. En tales supuestos el órgano de la Administración de la Comunidad de Madrid competente en cada caso estará obligado a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite.
Este traslado tendrá la consideración de forzoso.
La ocupación del nuevo puesto de trabajo tendrá carácter provisional durante el primer año, con reserva del puesto de trabajo que anteriormente desempeñaba la funcionaria. Terminado dicho periodo, la funcionaria podrá optar entre reincorporarse al puesto de trabajo anterior o continuar en el de destino, que lo desempeñará con el mismo carácter que ostentaba en el de origen, decayendo la obligación de la reserva.
Sin perjuicio de lo anterior y siempre que no lo impidan circunstancias organizativas y funcionales, la Administración podrá proponer a la interesada el cambio de adscripción orgánica del puesto que desempeña a otro centro.
En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guardia.
Se modifica por el art. 9.2 de la Ley 10/2009, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-4183 .
Se añade por la disposición final 3.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-3667 .
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Traslado de la funcionaria víctima de violencia de género: preferencia para otro puesto de su Cuerpo o Escala de análogas características, carácter forzoso, provisionalidad y reserva el primer año, y protección de su intimidad.
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Artículo 55
1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, bien por la especialidad de las actividades encomendadas a uno o varios puestos de trabajo, bien porque las necesidades del servicio lo aconsejen, podrá aprobar convocatoria pública para la provisión de aquellos puestos, mediante el sistema de concurso o de libre designación, entre funcionarios de la Administración del Estado y de otras Comunidades Autónomas, siempre que esta posibilidad se encuentre prevista en la correspondiente relación de puestos de trabajo. En estas convocatorias podrán participar asimismo los funcionarios de la Administración Local, en el caso de puestos de trabajo relacionados con las funciones que le competen a la Comunidad de Madrid en materia de Entidades Locales.
2. Los funcionarios seleccionados no adquirirán la condición de funcionarios propios de la Comunidad, pero se integrarán en su Administración y les será de aplicación la legislación de personal de la misma. En todo caso, se regirán por las normas relativas a promoción profesional, incluida la provisión de puestos de trabajo, promoción interna, régimen retributivo, derechos y deberes, situaciones administrativas, garantía de puesto de trabajo, incompatibilidades y régimen disciplinario, con excepción de la sanción de separación del servicio, que se acordará en los términos previstos en la legislación que resulte aplicable de conformidad con la Administración de pertenencia del funcionario.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los funcionarios de carrera procedentes de otras Administraciones Públicas que hayan accedido a la Administración de la Comunidad de Madrid por el procedimiento regulado en el presente artículo podrán participar en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo adscritos a los Cuerpos, Escalas o Especialidades de los funcionarios propios de la Comunidad que sean considerados como equivalentes a los Cuerpos, Escalas o Especialidades a los que pertenezcan.
Se modifica por el art. 13.5 de la Ley 13/2002, de 20 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-4507 .
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El Gobierno de la Comunidad puede abrir puestos a funcionarios del Estado y de otras Comunidades (y, en materia de Entidades Locales, a los locales) si la relación de puestos lo prevé; se integran pero no pasan a ser funcionarios propios.
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Artículo 56
Los funcionarios de la Comunidad de Madrid que por el sistema de movilidad pasen a desempeñan mediante convocatoria pública, puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas, conservarán su condición de funcionarios de la Comunidad, donde quedarán en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas.
En tanto se hallen destinados en otra Administración Pública, les será de aplicación la legislación sobre personal de la misma, computándoseles, sin embargo, el tiempo en que permanezcan en tal situación, a efectos de reconocimiento de antigüedad y consolidación del grado en la Comunidad de Madrid.
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El funcionario madrileño que por movilidad y convocatoria pública pasa a otra Administración conserva su condición y queda en servicio en otras Administraciones Públicas; se le aplica la legislación de destino, pero el tiempo cuenta en Madrid.
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Artículo 57
Artículo 57.
Tanto las convocatorias de provisión interna de puestos de trabajo, como las que pudieran realizarse para la provisión entre funcionarios de otras Administraciones Públicas, deberán convocarse con la antelación suficiente que permita la programación de la oferta anual de empleo de la Comunidad, que deberá contemplar las vacantes dotadas presupuestariamente que se produzcan tras la resolución de aquellas convocatorias.
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Las convocatorias de provisión interna y las de provisión entre funcionarios de otras Administraciones se hacen con antelación suficiente para programar la oferta anual de empleo, que incluirá las vacantes dotadas que dejen.
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Artículo 57 bis
En el marco de los Acuerdos que las Administraciones Públicas suscriban con la finalidad de facilitar la movilidad entre el personal funcionario de las mismas, tendrán especial consideración los casos de movilidad geográfica de las funcionarias víctimas de Violencia de Género.
Se añade por la disposición final 3.5 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-3667 .
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En los acuerdos entre Administraciones para facilitar la movilidad de sus funcionarios, la movilidad geográfica de las funcionarias víctimas de violencia de género tiene especial consideración.
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Artículo 58 bis
1. Los funcionarios se hallan en la situación de servicio activo:
a) Cuando desempeñen un puesto correspondiente a la relación de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid al que se encuentren adscritos con carácter definitivo.
b) Cuando desempeñen un puesto correspondiente a la relación de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid al que se encuentren adscritos con carácter provisional o en comisión de servicios.
c) Cuando queden a disposición del órgano competente en el caso de funcionarios removidos del puesto de trabajo obtenido por concurso de méritos, consecuencia de una falta de capacidad para su desempeño, cesados en un puesto de trabajo obtenido por libre designación y los que cesen en el desempeño de puesto de trabajo por alteración sustancial del contenido o supresión del mismo en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
d) Durante el plazo posesorio, cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo.
e) Cuando presten servicios en la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en las Cortes Generales de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Personal de las mismas o en el Tribunal de Cuentas y no les corresponda quedar en otra situación.
f) Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a su Cuerpo y Escala en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros o de los Secretarios de Estado, y opten por permanecer en esta situación. Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles comprendidos en el intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en Gabinetes del Delegado del Gobierno o del Subdelegado del Gobierno en la provincia.
g) Cuando presten servicios en puestos de trabajo catalogados como de personal eventual adscritos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid o a las Consejerías, que tengan asignados niveles de complemento de destino incluidos en el intervalo de niveles correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala y opten por permanecer en esta situación.
h) En todos aquellos casos en los que así lo establezca una norma con rango de ley.
2. El disfrute de licencias, vacaciones o permisos reglamentarios no altera la situación de servicio activo.
3. Los funcionarios en situación de servicio activo ostentan todos los derechos, prerrogativas, deberes y responsabilidades inherentes a su condición.
Se añade por el art. 11.8 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo de 2004. Ref. BOE-A-2004-12575 .
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Los ocho supuestos de servicio activo, de la adscripción definitiva a lo que diga una norma con rango de ley; licencias, vacaciones y permisos no alteran la situación, que conserva todos los derechos y deberes.
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Artículo 59
Artículo 59.
1. La excedencia voluntaria supone el cese temporal en la relación de servicio.
2. Su concesión o declaración procederá en los siguientes supuestos:
a) Excedencia voluntaria por incompatibilidad. Cuando el funcionario se encuentre en situación de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra Administración pública, salvo que hubiera obtenido la oportuna compatibilidad, o pase a prestar servicios como personal laboral fijo en Organismos o Entidades del sector público y no le corresponda quedar en otra situación administrativa. El desempeño de puestos con carácter de funcionario interino o de personal laboral temporal no habilitará para pasar a esta situación administrativa.
El funcionario podrá permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a su declaración. Una vez producido el cese como funcionario o como personal laboral fijo en la misma, deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes, declarándosele, de no hacerlo, en la modalidad de esta situación administrativa regulada en el apartado b) del presente artículo.
b) Excedencia voluntaria por interés particular. Cuando el funcionario lo solicite por interés particular. Para solicitar el pase a esta situación será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores y en ella no se podrá permanecer menos de dos años continuados.
Procederá, asimismo, declarar en esta modalidad de excedencia voluntaria al funcionario cuando, finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, incumpla la obligación de solicitar el reingreso en el plazo establecido, así como en los demás supuestos previstos en la normativa vigente.
c) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. Cuando el funcionario lo solicite por agrupación familiar por residir su cónyuge en otro municipio, al haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo con carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral en cualquier Administración Pública, Organismo Autónomo, Entidad Gestora de la Seguridad Social, así como en Órganos Constitucionales o del Poder Judicial.
La excedencia voluntaria por agrupación familiar tendrá una duración mínima de dos años y máxima de quince. Antes de finalizar el plazo máximo de duración de esta situación deberá solicitarse el reingreso al servicio activo declarándose de oficio al funcionario, en caso de no hacerlo, en la modalidad de este tipo de excedencia regulada en el apartado b) del presente artículo.
3. El funcionario excedente no devengará retribuciones, ni le será computable el tiempo permanecido en tal situación a efectos de ascensos, consolidación de grado personal, trienios y derechos pasivos.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se computará, a efectos de trienios, el período de prestación de servicios en organismos o entidades del sector público, con la excepción de los prestados en sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las Administraciones Públicas.
Se modifica la letra a) del apartado 2 por el art. 5.3 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2025-5523
Se modifica por el art. 11.8 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo de 2004. Ref. BOE-A-2004-12575 .
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Excedencia voluntaria: cese temporal sin sueldo ni cómputo, en tres modalidades (incompatibilidad, interés particular y agrupación familiar), con plazos propios de cada una y la de interés particular como destino por defecto.
Esquema
| Incompatibilidad | Interés particular | Agrupación familiar | |
|---|---|---|---|
| Causa | Activo en otro Cuerpo o laboral fijo en el sector público | Solicitud por interés particular | Cónyuge con puesto definitivo en otro municipio |
| Tiempo | Mientras dure la relación de servicios | Cinco años previos de servicio; mínimo dos años | Mínimo dos años, máximo quince |
| Si no pide reingreso | En un mes tras el cese; si no, interés particular | No aplica | Antes del plazo máximo; si no, interés particular |
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Artículo 61
1. Los funcionarios de la Comunidad de Madrid que, mediante los procedimientos de concurso de méritos o de libre designación, pasen a ocupar puestos de trabajo adecuados a su Cuerpo o Escala en otras Administraciones Públicas quedarán, respecto de la Comunidad de Madrid, en la situación de servicios en otras Administraciones Públicas. En esta situación, los funcionarios se someterán al régimen estatutario y les será de aplicación la legislación en materia de Función Pública de la Administración Pública en la que estén destinados, con excepción de la sanción de separación del servicio, que deberá ser acordada por el órgano competente de la Comunidad de Madrid. Conservarán su condición de funcionarios de la Comunidad de Madrid en la situación de servicios en otras Administraciones Públicas si bien, en tanto permanezcan en tal situación, no tendrán derecho a retribución alguna con cargo a los créditos del Presupuesto de la Comunidad de Madrid.
2. Los funcionarios propios de la Comunidad de Madrid que se encuentren en la situación administrativa de servicios en Comunidades Autónomas, respecto a la Administración del Estado, cuando reingresen en sus Cuerpos o Escalas estatales de origen, serán declarados en la Comunidad de Madrid en la situación de excedencia voluntaria, conforme a lo preceptuado en el artículo 59 de la presente Ley.
3. Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas que se encuentren prestando servicios en la Comunidad de Madrid de acuerdo con el procedimiento de movilidad administrativa previsto en el artículo 55 de la presente Ley, cesarán totalmente en su vinculación con la Comunidad de Madrid si pasan a prestar servicios con carácter definitivo en otra Administración Pública.
Se modifica por el art. 11.8 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo de 2004. Ref. BOE-A-2004-12575 .
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Servicios en otras Administraciones Públicas: el funcionario madrileño que obtiene puesto fuera por concurso o libre designación conserva su condición, se rige por la Administración de destino y no cobra de la Comunidad.
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Artículo 62
1. Los funcionarios de la Comunidad de Madrid serán declarados en la situación administrativa de servicios especiales en los casos siguientes:
a) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período determinado superior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas extranjeras o en programas internacionales.
b) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de Organizaciones Internacionales o de carácter supranacional.
c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Nación o de los Gobiernos de otras Comunidades Autónomas, así como cuando sean nombrados por el Gobierno de las referidas Administraciones Altos Cargos de las mismas.
d) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los Órganos Constitucionales u otros cuya elección corresponda a las Cámaras.
e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, o presten servicios en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
f) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales.
g) Cuando accedan a la condición de Diputado de la Asamblea de Madrid o miembro de las Asambleas Legislativas de otras Comunidades Autónomas, siempre que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de esta función.
h) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Entidades Locales, cuando desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales, y cuando desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
i) Cuando presten servicios en puestos de trabajo catalogados como de personal eventual adscritos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid o a las Consejerías, que tengan asignados niveles de complemento de destino incluidos en el intervalo de niveles correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala y no opten por permanecer en la situación de servicio activo conforme a lo previsto en el artículo 58 bis.g) de la presente Ley y, en todo caso, cuando los niveles de los puestos de trabajo que desempeñen no estén incluidos en el intervalo correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala, así como cuando desempeñen funciones como personal eventual en las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
j) Cuando presten servicios en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros y Secretarios de Estado y no opten por permanecer en la situación de servicio activo, conforme a lo previsto en el artículo 58 bis.f) de la presente Ley. Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles no incluidos en el intervalo correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros, Secretarios de Estado, Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno.
k) Cuando pasen a prestar servicios en el ámbito de la organización de la Asamblea de Madrid, de acuerdo con los procedimientos de provisión de puestos de trabajo previstos en el Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid o en los Grupos parlamentarios constituidos en la misma, siempre que no pertenezcan a Cuerpos o Escalas propios de la misma.
l) Cuando sean elegidos Consejeros de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
m) Cuando se encuentren al servicio del Defensor del Menor, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor.
n) Cuando sean nombrados Subdelegados del Gobierno en las provincias o Directores Insulares de la Administración General del Estado y no opten por permanecer en la situación de servicio activo.
ñ) Cuando sean elegidos miembros del Parlamento Europeo.
o) Cuando así se determine en una norma con rango de Ley.
2. A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, consolidación de grado personal, trienios, derechos pasivos y solicitud de excedencia voluntaria por interés particular.
Asimismo, cuando sean declarados en servicios especiales desde situaciones administrativas que conllevan el desempeño o reserva de puesto de trabajo tendrán derecho a la reserva de un puesto de trabajo de igual nivel y retribuciones que el desempeñado con anterioridad a su pase a dicha situación.
Lo dispuesto en este apartado 2 relativo al cómputo del tiempo de permanencia en situación de servicios especiales, a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos, no será de aplicación a los funcionarios públicos que habiendo ingresado al servicio de las Instituciones Comunitarias Europeas, o al de Entidades y Organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencias establecido en el artículo 11.2 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, sin perjuicio de los efectos económicos que puedan derivar de los ascensos y trienios consolidados hasta el momento del ejercicio de este derecho.
3. En todos los casos, los declarados en esta situación administrativa recibirán las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios, sin perjuicio del derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como tales.
4. Los Diputados, Senadores y los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes Cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.
5. Los funcionarios que pierdan la condición en virtud de la cual hubieran sido declarados en la situación de servicios especiales, deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día en que perdieron aquella condición.
Se modifica por el art. 11.8 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo de 2004. Ref. BOE-A-2004-12575 .
Se añade la letra l) al apartado 1 por el art. 13.6 de la Ley 13/2002, de 20 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-4507 .
Se modifica la letra j) del apartado 1 por el art. único de la Ley 16/2000, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2001-5582 .
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Servicios especiales: lista de supuestos (misiones internacionales, cargos de gobierno, mandatos parlamentarios, eventuales que no optan por el activo…), con cómputo del tiempo, reserva de puesto y retribución del cargo efectivo.
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Artículo 72
Las retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid se dividirán en básicas y complementarias.
No podrá retribuirse a los funcionarios por conceptos diferentes a los incluidos en los tres artículos siguientes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las retribuciones de los funcionarios de la Comunidad son básicas y complementarias, y no se puede retribuir por conceptos distintos de los recogidos en los tres artículos siguientes.
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Artículo 73
a) El sueldo que corresponde a cada uno de los grupos.
b) Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada uno de los grupos por cada tres años de servicios. En el supuesto de que los tres años de servicios lo sean en grupos distintos, se computará el trienio completo en el grupo superior.
c) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios y que se devengarán las meses de junio y diciembre, computándose a estos efectos las licencias previstas en los articulas 68 y siguientes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres conceptos: el sueldo de cada grupo, los trienios (una cantidad por grupo cada tres años, computando en el superior si se cambia de grupo) y dos pagas extraordinarias en junio y diciembre.
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Artículo 74
Son retribuciones complementarias:
a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe. En la Ley de Presupuestos Generales la Comunidad Autónoma fijará anualmente la cuantía por este complemento que corresponda a cada nivel.
b) El complemento específico, único para cada puesto de trabajo que lo tenga asignado, destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos de ellos en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidades, peligro o penosidad.
La cuantía de este complemento para cada puesto se individualizará poniendo en relación la valoración asignada al puesto con la cuota presupuestaria globalmente dotada para este concepto.
c) El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.
Su cuantía aparecerá determinada globalmente en los Presupuestos por Consejerías, Servicios o programas de gasto, correspondiendo al titular de la Consejería a quien se haya asignado la cuota global la concreción individual de las cuantías y de los funcionarios que merezcan su percepción, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno y sin que, en ningún caso, dicha percepción implique derecho alguno a su mantenimiento en posteriores ejercicios.
Reglamentariamente, se aprobarán criterios objetivos de carácter técnico para la valoración de los factores que integran este complemento y se institucionalizaran fórmulas de colaboración de los representantes sindicales del personal en su determinación concreta y en su control formal de la asignación.
En todo caso, reglamentariamente se adoptarán las reglas que procedan para poder efectuar, en su caso, las correspondientes deducciones en el complemento de productividad que le corresponda percibir al funcionario conforme a los criterios objetivos que se hayan determinado como consecuencia de sus ausencias reiteradas al trabajo.
d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, prestados fuera de la jornada normal, en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. Su cuantía aparecerá determinada globalmente en los Presupuestos y se abonarán de conformidad con el sistema de cálculo que reglamentariamente se determine. Las propuestas de gratificaciones que elaboren las respectivas Consejerías quedarán sujetas a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
e) Las cantidades que perciba cada funcionario por cualquiera de los conceptos regulados en este artículo serán de conocimiento público para todo el personal de la Comunidad de Madrid, así como para los representantes sindicales.
Se modifica la letra c) por el art. 10 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-4514 .
Se modifica la letra d) por el art. 8.12 de la Ley 26/1998, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1999-12088 .
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Retribuciones complementarias: complemento de destino, específico y de productividad, gratificaciones por servicios extraordinarios y publicidad de lo que cobra cada funcionario.
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Artículo 75
Los funcionarios de la Comunidad de Madrid tienen derecho a las indemnizaciones por razón del servicio que reglamentariamente se establezcan, y de conformidad con la legislación del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios madrileños tienen derecho a las indemnizaciones por razón del servicio que fije el reglamento, conforme a la legislación estatal.
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Artículo 76
1. A los funcionarios de nuevo ingreso en la Administración de la Comunidad de Madrid les será de aplicación el Régimen General de la Seguridad Social.
2. Los funcionarios propios de la Comunidad procedentes de otras Administraciones seguirán sometidos al mismo régimen de Seguridad Social o de previsión que les era aplicable en su Administración de origen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A los funcionarios de nuevo ingreso en la Comunidad se les aplica el Régimen General de la Seguridad Social; los propios de la Comunidad procedentes de otras Administraciones conservan el régimen de su Administración de origen.
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Artículo 78
1. A los funcionarios de la Comunidad de Madrid se les aplicará el régimen de incompatibilidades, de acuerdo con las normas básicas contenidas en la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
2. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el desarrollo por vía reglamentaria del régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la Misma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A los funcionarios de la Comunidad se les aplica el régimen de incompatibilidades según las normas básicas de la Ley de Incompatibilidades estatal; su desarrollo reglamentario para todo el personal corresponde al Consejo de Gobierno.
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Artículo 80
1. Sin perjuicio de su propia responsabilidad, en los términos del artículo 106.2 de la Constitución, la Administración podrá dirigirse, mediante la instrucción del correspondiente expediente, contra el funcionario que hubiere causado daños a los administrados o a los bienes y derechos de la Administración, por culpa grave o ignorancia inexcusable, con el fin de resarcirse de los daños causados.
2. Los particulares podrán exigir al personal de la Administración de la Comunidad de Madrid, mediante el proceso declarativo correspondiente, la indemnización de los daños causados en su persona o bienes cuando se hayan producido por culpa grave o ignorancia inexcusable.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responsabilidad por daños con culpa grave o ignorancia inexcusable: la Administración, sin perjuicio de la suya, puede dirigirse contra el funcionario por expediente para resarcirse; y los particulares pueden reclamarle por proceso declarativo.
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Artículo 83
Constituyen faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto de Autonomía en el ejercicio de la función pública.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
c) El abandono del servicio.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
e) La publicación o la utilización indebida de secretos oficiales declarados de acuerdo con la legislación vigente.
f) La falta notoria de rendimiento cuando suponga inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
g) La violación de la imparcialidad política utilizando facultades públicas con el fin de influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
h) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
i) La obstaculización del ejercicio de las libertades públicas y de los derechos sindicales.
j) La realización de actos dirigidos a coartar el ejercicio legal del derecho de huelga.
k) La participación en huelgas por los funcionarios que lo tengan expresamente prohibido por la Ley.
l) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios mínimos en caso de huelga.
m) La realización de actos limitativos de la libre expresión del pensamiento, ideas y opiniones.
n) Causar daños muy graves por negligencia inexcusable o mala fe en el patrimonio de la Comunidad Autónoma.
ñ) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas calificadas como graves en el período de un año.
Se deroga el párrafo final por la disposición adicional 12 de la Ley 2/1992, de 30 de abril. Ref. BOE-A-1992-19080 .
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de faltas muy graves (letras a a ñ): de la infidelidad a la Constitución o al Estatuto y la discriminación a los daños muy graves al patrimonio y la sanción por tres faltas graves en un año.
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Artículo 87
1. De conformidad con la legislación básica, es personal funcionario interino el que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es nombrado como tal con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4 de este artículo.
b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
c) La ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más en casos excepcionales previa acreditación de la vigencia del programa, la necesidad de ampliación y la existencia de dotación presupuestaria.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un período de dieciocho meses.
2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.
3. En todo caso, se formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad, además de por las previstas en el artículo 29, por cualquiera de las siguientes causas previstas en la legislación básica, sin derecho a compensación alguna:
a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.
b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados.
c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento.
d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en el apartado 1.a), las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa vigente.
No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino.
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en la normativa aplicable. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica.
5. Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.
Téngase en cuenta, el regimen transitorio establecido en la disposición transitoria única de la citada ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Artículo 87 figura derogado, suprimido o sin contenido normativo vigente.
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Artículo 88
1. El personal laboral se clasifica en: Fijo y temporal o de duración determinada.
2. Forman el personal laboral fijo quienes se encuentren vinculados a la Administración regional por una relación profesional de empleo en la que concurran las notas de ajeneidad, dependencia, voluntariedad y retribución, en virtud de contrato de naturaleza laboral, que deberán formalizarse siempre por escrito.
3. Forman el personal laboral temporal quienes hayan sido contratados, asimismo, por escrito, conforme a las diversas tipologías previstas en la legislación laboral.
4. El personal laboral está sometido al derecho del trabajo. Consiguientemente sus condiciones de empleo son las establecidas en la contratación colectiva e individual, en el marco de la legislación laboral y de los preceptos de esta Ley que expresamente se le refieran.
5. El personal laboral no podrá ocupar puestos de trabajo clasificados para funcionarios públicos en las relaciones de puestos de trabajo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Clasifica al personal laboral en fijo y temporal, define las notas que caracterizan la relación laboral fija, exige contrato escrito en ambos casos y le somete al derecho del trabajo, vedándole los puestos reservados a funcionarios.
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Artículo 89
1. Al personal laboral de la Comunidad de Madrid se le aplicará el régimen de incompatibilidades, de acuerdo con las normas básicas contenidas en la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
2. El trabajador que como causa de la normativa sobre incompatibilidades deba optar por un puesto de trabajo quedará en el que cesare en situación de excedencia por incompatibilidad, aunque no hubiera cumplido un año de antigüedad en el servicio. Deberá permanecer en esta situación mientras dure la incompatibilidad, conservando el derecho preferente al reingreso en vacante de igual o similar categoría a la que ostentase cuando pasó a la situación de excedencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Somete al personal laboral al régimen de incompatibilidades de la normativa básica estatal y regula la situación del trabajador que debe optar por un puesto: pasa a excedencia por incompatibilidad con derecho preferente al reingreso.
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Artículo 91
1. El personal adscrito a los Organismos autónomos y Órganos especiales de gestión se regirá por la presente Ley y por lo establecido en el capítulo VIII de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración institucional de la Comunidad de Madrid y la fundacional correspondiente.
2. A los efectos previstos en el artículo 14, número 2, de esta Ley, se entenderán como puestos de trabajo que realizan las funciones de ejercicio de autoridad, inspección y control, los de Secretarios del Consejo de Administración del Organismo y los de Interventores, que habrán de reservarse a funcionarios de la Comunidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Somete al personal de organismos autónomos y órganos especiales de gestión a esta Ley y a la Ley 1/1984 de Administración institucional, reservando a funcionarios los puestos de Secretario del Consejo de Administración e Interventor por sus funciones de autoridad.
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Artículo 93
1. El personal de las Empresas públicas de la Comunidad tendrá naturaleza laboral y se regirá por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación por la presente Ley, por la Ley de Administración Institucional, por la propia fundacional y por las normas de Derecho Laboral.
2. Los órganos de Gobierno de las Empresas públicas vienen obligados a remitir a la Consejería de Presidencia, para su informe, las relaciones de puestos de trabajo de su plantilla, y adoptarán las decisiones que correspondan, atendiendo a los criterios que en política de personal fije el Consejo de Gobierno de la Comunidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija la naturaleza laboral del personal de las empresas públicas, regido por convenios colectivos y normas de derecho laboral, y obliga a sus órganos de Gobierno a remitir las relaciones de puestos de trabajo a informe de la Consejería de Presidencia.
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Artículo 94
El personal del Ente público se regirá por el Convenio Colectivo que le sea de aplicación por la Ley 13/1984, de creación del Ente público Radio Televisión Madrid, y en lo no previsto en ambos, por las normas laborales y por la presente Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal del Ente público Radio Televisión Madrid se rige por su Convenio Colectivo y por la Ley 13/1984 de creación del Ente; en lo no previsto en ambos, por las normas laborales y por esta Ley.
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Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.
1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
2. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Este artículo abre el Estatuto fijando quién es empleado público y las cuatro cajas en las que se reparte: carrera, interino, laboral y eventual. Todo lo demás del libro se apoya en esta clasificación.
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Artículo 9. Funcionarios de carrera.
1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El funcionario de carrera está vinculado a la Administración por una relación estatutaria de carácter permanente, y es el único que puede ejercer potestades públicas o salvaguardar los intereses generales del Estado y las AAPP.
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Artículo 10. Funcionarios interinos.
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4.
b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.
2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.
3. En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna:
a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.
b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados.
c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento.
d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en el apartado 1.a), las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública.
No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino.
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica.
5. Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.
Téngase en cuenta, en cuanto a los efectos, lo establecido en la disposición transitoria segunda del citado Real Decreto-ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El funcionario interino cubre necesidades temporales tasadas (vacante, sustitución, programa temporal o exceso de tareas), con plazos y causas de cese fijados por ley, y su nombramiento nunca genera la condición de funcionario de carrera.
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Artículo 11. Personal laboral.
1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9.2.
3. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal se regirá igualmente por el principio de celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.
Téngase en cuenta, en cuanto a los efectos, lo establecido en la disposición transitoria segunda del citado Real Decreto-ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal laboral presta servicios mediante contrato de trabajo por escrito, en cualquier modalidad de la legislación laboral, y puede ser fijo, indefinido o temporal; su selección respeta igualdad, mérito y capacidad (y celeridad si es temporal).
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Artículo 1. Objeto.
1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación.
2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación:
a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.
b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional.
c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres.
e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos.
g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos.
h) Transparencia.
i) Evaluación y responsabilidad en la gestión.
j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas.
k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo.
l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija el objeto del Estatuto: sentar las bases del régimen estatutario de los funcionarios y las normas aplicables al personal laboral, además de enumerar 12 fundamentos de actuación (principios y valores) que inspiran toda la ley.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
c) Las Administraciones de las entidades locales.
d) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.
e) Las Universidades Públicas.
2. En la aplicación de este Estatuto al personal de investigación se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.
3. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el capítulo II del título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84.
4. Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.
5. El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.
Se modifica el apartado 2 por la disposición final 3 de la Ley 17/2022, de 5 de septiembre. Ref. BOE-A-2022-14581#df-3
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Delimita las Administraciones a las que se aplica el EBEP (AGE, CCAA, Ceuta y Melilla, entidades locales, organismos públicos y universidades), matiza el caso del personal docente y estatutario de Salud, y da carácter supletorio para el resto del personal.
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Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales.
1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local.
2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios locales se rigen por la legislación estatal (incluido el Estatuto) y la autonómica, respetando la autonomía local; la Policía Local, igual, salvo lo que le reserva la LO 2/1986.
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Artículo 4. Personal con legislación específica propia.
Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal:
a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas.
c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.
e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
f) Personal retribuido por arancel.
g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
h) Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista el personal con legislación específica propia (Cortes Generales y asambleas, otros órganos constitucionales/estatutarios, jueces y fiscales, militares, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal arancelario, CNI, Banco de España y FGD) al que el EBEP solo se aplica si esa legislación lo dispone.
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Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto.
Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Correos y Telégrafos tiene dos regímenes: sus funcionarios se rigen por sus normas específicas y, supletoriamente, por el Estatuto; su personal laboral, por la legislación laboral y las normas convencionales.
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Artículo 6. Leyes de Función Pública.
En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
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En desarrollo del Estatuto, cada legislador aprueba en su ámbito de competencias su propia ley de Función Pública: las Cortes Generales la del Estado y las asambleas autonómicas la de su comunidad.
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Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral.
El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.
No obstante, en materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en el presente Estatuto, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho.
Se modifica el párrafo segundo por el art. 2.1 del Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio. Ref. BOE-A-2025-15741
Se modifica por el art. 3.1 del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo. Ref. BOE-A-2019-3244#a3
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal laboral se rige por la legislación laboral y el convenio aplicable, y por los preceptos del EBEP que expresamente se lo apliquen; excepción clave: los permisos de nacimiento, adopción, lactancia y parentales se rigen por el EBEP y no por el Estatuto de los Trabajadores.
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Artículo 1. Objeto.
Objeto El presente decreto tiene por objeto regular las condiciones y el procedimiento para el desarrollo de la actividad laboral a través del sistema de teletrabajo por el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid incluido en su ámbito de aplicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El decreto fija las reglas y el procedimiento para que el personal de la Comunidad de Madrid pueda trabajar en régimen de teletrabajo.
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Artículo 2. Definiciones.
Definiciones 1. A los efectos del presente decreto, se entenderá por teletrabajo la modalidad de prestación de servicios de carácter no íntegramente presencial en los correspondientes centros de trabajo, en virtud de la cual el personal puede desarrollar parte de su jornada laboral ordinaria mediante el uso de medios telemáticos desde su propio domicilio u otro lugar elegido por aquel, siempre que sea compatible con las medidas de prevención de riesgos laborales, con la protección de los datos empleados en su trabajo y con la seguridad de los sistemas informáticos de la Administración de la Comunidad de Madrid. La aplicación de esta modalidad de prestación de servicios tendrá carácter voluntario y reversible para ambas partes, en los términos establecidos en este decreto y en sus normas de desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo IV. 2. Las referencias efectuadas a los órganos competentes en materia de personal se considerarán realizadas a las secretarías generales técnicas de las diferentes Consejerías, a las gerencias de organismos autónomos y entes públicos, salvo que su respectiva ley de creación atribuya las facultades de gestión ordinaria de personal a otro órgano diferente, y a las direcciones generales de recursos humanos de educación, sanidad y justicia, en sus respectivos ámbitos.
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Define el teletrabajo como prestación no íntegramente presencial, de carácter voluntario y reversible, y aclara qué órganos son los «competentes en materia de personal».
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Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Ámbito de aplicación 1. Este decreto será aplicable al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus organismos autónomos y entes públicos dependientes, incluido dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo Sectorial sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de administración y servicios de la Comunidad de Madrid, del Convenio Colectivo Único para el personal laboral al servicio de la Comunidad de Madrid y del Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid vigentes, o de las normas convencionales que los sustituyan, en su caso. 2. La prestación de servicios en régimen de teletrabajo por parte del personal funcionario docente, del personal estatutario, del personal al servicio de la Administración de Justicia o del personal laboral no incluido en el apartado anterior se ajustará a los acuerdos o disposiciones que se adopten en sus respectivos ámbitos.
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El decreto se aplica al personal funcionario y laboral de la Comunidad de Madrid y sus organismos; docentes, estatutarios, justicia y otro personal laboral se rigen por sus propias normas.
Esquema
| Dentro del ámbito | Fuera del ámbito | |
|---|---|---|
| Colectivos | Funcionarios y laborales del Acuerdo Sectorial/Convenios citados | Docentes, estatutarios, Justicia y resto de laboral |
| Normativa aplicable | Este decreto | Sus propios acuerdos o disposiciones |
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Artículo 4. Fines.
Fines La regulación efectuada en este decreto responde a los fines siguientes, cuya consecución deberá ser necesariamente acorde con una óptima prestación de los servicios públicos: 1. Fines en relación con la mejora de la organización: a) Potenciar una actuación de la Administración de la Comunidad de Madrid basada en un empleo público profesional y flexible en la gestión, que sepa adaptarse a la IDBOCM coyuntura social y económica, garantizando la prestación adecuada, eficaz y eficiente del servicio público que proporciona. b) Desarrollar una cultura del trabajo orientado a resultados, fomentando la consecución de objetivos individuales y la medición del grado de cumplimiento de los mismos gracias a la tecnología y a las herramientas digitales. c) Contribuir a la atracción y retención del talento en el empleo público, a través de la modernización y flexibilización de las formas de prestación de los servicios. d) Fomentar una gestión basada en la iniciativa y la autonomía del personal, así como potenciar su grado de compromiso y el nivel de motivación en el trabajo y, por tanto, del rendimiento laboral. e) Modernizar la organización administrativa de la Comunidad de Madrid mediante el uso intensivo de las técnicas informáticas y telemáticas vinculadas con la administración electrónica. f) Coadyuvar a la disminución del absentismo laboral. 2. Fines en relación con las condiciones de trabajo del personal: a) Completar los instrumentos existentes de conciliación de las responsabilidades laborales, personales y familiares. b) Permitir una incorporación más eficiente al entorno laboral de los siguientes colectivos: 1.o Empleados públicos con dificultades o necesidades especiales de movilidad. 2.o Empleados públicos víctimas de violencia de género o del terrorismo. 3.o Empleados públicos con dificultades de movilidad por causas espaciales o geográficas. 4.o Empleados públicos que habiendo estado en incapacidad temporal reciban el alta médica. 5.o Empleadas públicas durante el período de gestación. c) Disminuir el riesgo de accidente laboral, especialmente “in itinere”. d) Incrementar los mecanismos de protección del personal ante los riesgos, internos o externos, que puedan haberse generado en el desempeño de su actividad laboral. 3. Fines vinculados a la responsabilidad social de la Administración de la Comunidad de Madrid: a) Avanzar en la implementación de una administración digital, erigiéndose la tramitación electrónica como una forma habitual de actuación de la administración autonómica en la prestación de sus servicios y en sus relaciones con los ciudadanos, con empresas y con otras administraciones públicas, todo ello sin perjuicio de la garantía de la prestación presencial de los servicios públicos que así lo requieran. b) Contribuir a la sostenibilidad ambiental mediante la disminución de desplazamientos por razones de trabajo. Capítulo II Requisitos para el acceso a la modalidad de teletrabajo
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Enumera los fines del teletrabajo: modernizar la organización, mejorar la conciliación y la protección del personal, y avanzar en la administración digital y la sostenibilidad.
Esquema
| Organización | Condiciones de trabajo | Responsabilidad social | |
|---|---|---|---|
| Objetivo central | Gestión flexible orientada a resultados | Conciliación y protección del personal | Administración digital y sostenibilidad |
| Ejemplo destacado | Atraer y retener talento | Facilitar el acceso a colectivos vulnerables | Reducir desplazamientos |
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Artículo 5. Requisitos generales.
Requisitos generales La prestación del servicio en régimen de teletrabajo prevista en el presente decreto precisará de autorización por el órgano competente en materia de personal, previo informe preceptivo y vinculante del centro directivo al que esté adscrito el empleado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El teletrabajo exige autorización del órgano competente en materia de personal, previo informe preceptivo y vinculante del centro directivo del empleado.
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Artículo 6
Requisitos de los empleados públicos Podrán acceder al régimen de teletrabajo los empleados públicos que reúnan los siguientes requisitos profesionales: a) Encontrarse en situación administrativa de servicio activo en el caso del personal funcionario o en la equivalente en el supuesto del personal laboral. No obstante lo anterior, la solicitud de acceso al teletrabajo podrá formularse desde situaciones administrativas que conlleven reserva de puesto de trabajo. . 11 b) Tener un conocimiento suficiente de los procedimientos de trabajo que tiene que desempeñar de forma no presencial. c) Tener los conocimientos suficientes, informáticos y telemáticos, que requieran el ejercicio de las funciones objeto de teletrabajo. d) Disponer de conexión a internet con los requisitos que a tales efectos se establezcan por la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. e) Poder realizar el trabajo sin una supervisión directa continua. f) Tener capacidad para planificar su trabajo y gestionar los objetivos establecidos.
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Fija seis requisitos profesionales para acceder al teletrabajo: situación de servicio activo, conocimientos del puesto e informáticos, conexión adecuada, autonomía y capacidad de planificación.
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Artículo 7. Requisitos de los puestos de trabajo.
Requisitos de los puestos de trabajo 1. Puestos de trabajo susceptibles de prestarse mediante teletrabajo: con carácter general, es susceptible de ser desempeñado en régimen de teletrabajo cualquier puesto de trabajo que no se encuentre comprendido en las exclusiones enunciadas en el siguiente apartado. 2. Puestos de trabajo excluidos: no serán susceptibles de ser desempeñados a través de la modalidad de teletrabajo los siguientes tipos de puestos: a) Puestos de trabajo que requieran un acceso frecuente de datos no informatizados. b) Puestos de trabajo que precisen el uso de información masiva no informatizada. c) Puestos de trabajo que generen información masiva en documentos no informatizados que necesiten ser archivados, sobre todo si deben ser consultados posteriormente por terceros. d) Puestos de trabajo que requieran un contacto directo frecuente con el público o con otras personas que resulte incompatible con la prestación de servicios en esta modalidad. e) Puestos de trabajo que no posibiliten que en el trabajo que el empleado desarrolle se puedan establecer objetivos de producción, en volumen de trabajo y en la calidad del mismo. f) Puestos de trabajo cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios presenciales en el lugar de trabajo, sin perjuicio de la capacidad organizativa del centro directivo correspondiente. Capítulo III Autorización, duración y extinción del régimen de teletrabajo
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Como regla general cualquier puesto es teletrabajable, salvo los que exijan acceso a datos no informatizados, contacto frecuente con el público, o tareas necesariamente presenciales.
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Artículo 8. Inicio del procedimiento de autorización.
Inicio del procedimiento de autorización 1. El procedimiento de autorización de la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo se iniciará a instancia del empleado o de oficio, a petición del responsable del centro directivo por razones organizativas, contando con la aceptación del empleado, y se elevará al órgano competente en materia de personal. 2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del empleado, la solicitud se presentará por medio telemáticos conforme al modelo oficial que se apruebe al efecto y que estará disponible en el portal corporativo de la Comunidad de Madrid. En caso de que la solicitud no reúna los requisitos establecidos, no se aporte la documentación preceptiva o no se presente por medios telemáticos, se efectuará el correspondiente requerimiento de subsanación, con las condiciones y los efectos contenidos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3. Cuando el procedimiento se inicie de oficio, a petición del responsable del centro directivo, este, con la aceptación del empleado, remitirá la solicitud de teletrabajo al órgano competente en materia de personal. La solicitud deberá contener el informe del centro directivo proponente indicando que el puesto de trabajo que ocupa el empleado público a que aquella se refiere cumple con los requisitos previstos para poder ser desempeñado en régimen de teletrabajo, así como el plan individual de trabajo previsto en el artículo 20, suscrito por la persona interesada y por el responsable de la unidad administrativa con el visto bueno del titular del centro directivo. IDBOCM
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El procedimiento puede iniciarse a instancia del empleado (solicitud telemática, con subsanación conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015) o de oficio por el centro directivo, con la aceptación del empleado.
Esquema
| A instancia del empleado | De oficio | |
|---|---|---|
| Quién lo pide | El propio empleado | El responsable del centro directivo, por razones organizativas |
| Requisito añadido | Presentación telemática según modelo oficial | Aceptación del empleado |
| Si falta algo | Requerimiento de subsanación (art. 68 Ley 39/2015) | Se acompaña de informe y plan individual de trabajo |
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Artículo 9. Instrucción del procedimiento.
Instrucción del procedimiento 1. En los procedimientos iniciados a solicitud del empleado se seguirán las siguientes actuaciones: a) Salvo en los supuestos en que procediera la inadmisión de la solicitud, en cuyo caso podrá dictarse directamente la pertinente resolución, el órgano competente en materia de personal que corresponda solicitará en primer término informe, preceptivo y vinculante, al centro directivo del que dependa el empleado público interesado. Si el informe es favorable, el centro directivo que lo haya emitido remitirá al órgano competente en materia de personal, junto con el mismo, el plan individual de teletrabajo previsto en el artículo 20, suscrito por el empleado público y por el responsable de la unidad administrativa con el visto bueno del titular del centro directivo. La falta de formalización de este plan individual de trabajo será causa de desestimación de la solicitud presentada. Si el informe es desfavorable, el órgano competente para resolver dictará resolución desestimatoria de la solicitud por las razones que figuren en el mismo, previa audiencia del empleado público interesado. b) Dicho informe habrá de emitirse en el plazo de diez días hábiles a contar desde la recepción de la petición, y el mismo versará sobre las siguientes cuestiones: 1.o Si el puesto de trabajo que ocupa el empleado público cumple con los requisitos previstos para poder ser desempeñado en régimen de teletrabajo o, en su caso, las razones que determinan su falta de idoneidad. 2.o Si el empleado público reúne las condiciones profesionales exigidas en el artículo 6 o, de no ser así, la expresión de los motivos que fundamentan su carencia. 3.o Si las necesidades del servicio son compatibles con la autorización del teletrabajo o, de lo contrario, cuáles son las que justifican la denegación. c) Una vez cumplimentados los trámites anteriores, el órgano competente en materia de personal condicionará la autorización al cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad que establezca la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid en cada momento. La Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid también podrá indicar las herramientas informáticas para el trabajo en remoto o para el trabajo colaborativo que pudieran ser adecuadas para facilitar la aplicación eficaz de esta modalidad de prestación de servicios. 2. Cuando el procedimiento se haya iniciado de oficio, a petición del responsable del centro directivo por razones organizativas, el órgano competente en materia de personal para la tramitación del procedimiento condicionará la autorización al cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad que establezca la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid en cada momento. La Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid también podrá indicar las herramientas informáticas para el trabajo en remoto o para el trabajo colaborativo que pudieran ser adecuadas para facilitar la aplicación eficaz de esta modalidad de prestación de servicios.
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Regula cómo se instruye la solicitud: informe preceptivo y vinculante del centro directivo en diez días hábiles, sobre idoneidad del puesto, requisitos del empleado y necesidades del servicio.
Esquema
| Informe favorable | Informe desfavorable | |
|---|---|---|
| Siguiente paso | Se acompaña del plan individual de trabajo (art. 20) | Resolución desestimatoria motivada |
| Trámite previo obligatorio | Formalizar el plan individual, o se desestima | Audiencia del empleado interesado |
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Artículo 10. Resolución.
Resolución 1. El órgano competente en materia de personal, a la vista de los informes previstos en el artículo anterior, dictará la correspondiente resolución, con el contenido establecido en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en todo caso: a) Cuando sea estimatoria, en la resolución se indicará la fecha de inicio de su jornada en régimen de teletrabajo. En aquellos supuestos en que el empleado público interesado haya expresado un período concreto para la finalización de la prestación del teletrabajo o el mismo resulte previsible, se expresará igualmente la fecha de finalización del mismo. . 13 b) Cuando sea desestimatoria, se motivarán las razones que justifiquen la decisión adoptada, fundamentada en las condiciones previstas en el presente decreto y en las necesidades del servicio concurrentes. 2. La citada resolución se notificará al empleado público por medios electrónicos y se comunicará al centro directivo donde se encuentre destinado, y será susceptible del oportuno recurso, en función de la naturaleza del régimen jurídico de aquel. 3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de dos meses.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La resolución debe fijar fecha de inicio (y de fin, si procede) cuando es estimatoria, motivar la denegación si es desestimatoria, notificarse por medios electrónicos, en un plazo máximo de dos meses.
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Artículo 11. Duración del régimen de teletrabajo.
Duración del régimen de teletrabajo La autorización de la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo tendrá la duración que, en su caso, se haya establecido en la resolución, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.
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La duración del teletrabajo la fija la propia resolución que lo autoriza, artículo por artículo; el decreto no impone un plazo general y todo queda supeditado a las causas de extinción del artículo 13.
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Artículo 12. Suspensión de la autorización de teletrabajo.
Suspensión de la autorización de teletrabajo 1. Cuando existan circunstancias sobrevenidas que afecten al empleado público que teletrabaja, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen o cuando no se pueda disponer de medios adecuados en cada momento, se podrá suspender la autorización de teletrabajo a instancia de aquel o a solicitud de la unidad administrativa, con el visto bueno del titular del centro directivo, de la que dependa. El retorno a la modalidad presencial de prestación de servicios se producirá en el plazo máximo de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de suspensión, salvo que en la misma se fije otro plazo distinto en función de las especiales circunstancias del caso o de la fecha expresada por la persona solicitante. 2. La resolución de suspensión de teletrabajo será dictada por el órgano competente en materia de personal, previa audiencia al empleado público interesado, cuando la iniciativa proceda de la propia Comunidad de Madrid, o previo informe del responsable de la unidad administrativa, con el visto bueno del titular del centro directivo en el que se encuentre destinado, cuando se tramite por solicitud de aquel. 3. La suspensión del teletrabajo deberá ser notificada al empleado público y supondrá su retorno a la modalidad presencial en el desempeño de la prestación de servicios. Esta resolución será susceptible del recurso que resulte procedente, según la naturaleza funcionarial o laboral del correspondiente empleado. 4. Desaparecida la causa que dio origen a la suspensión, la reanudación del teletrabajo se producirá en el plazo máximo de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución por la que se disponga su finalización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La suspensión frena el teletrabajo sin acabarlo: puede pedirla el empleado o la unidad, la resuelve el órgano de personal, y tanto el retorno como la vuelta al teletrabajo se ejecutan en tres días hábiles.
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Artículo 13. Extinción de la autorización de teletrabajo.
Extinción de la autorización de teletrabajo 1. La autorización para la prestación de la jornada en la modalidad no presencial podrá quedar sin efecto por alguna de las siguientes causas justificadas: a) Por la finalización del plazo de autorización. b) Por necesidades sobrevenidas del servicio. c) Por incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 6. d) Por incumplimiento grave o reiterado de los objetivos establecidos en el plan individual de teletrabajo, de cualesquiera otro de los deberes y obligaciones establecidos en el mismo o de las condiciones técnicas, de protección de datos o de prevención de riesgos laborales establecidas. e) Por causas sobrevenidas que alteren sustancialmente las condiciones y requisitos que motivaron la resolución favorable. f) Por traslado a otro puesto de trabajo. g) Por el incumplimiento de cualquier otro requisito o condición establecido por este decreto o por las instrucciones o resoluciones de aplicación y de desarrollo. 2. Salvo en el supuesto previsto en la letra a) del apartado primero, la finalización del régimen de prestación de servicios por alguna de las causas indicadas se acordará median- IDBOCM te resolución motivada del órgano que la autorizó, a instancia en su caso del organismo o centro directivo donde se encuentre destinada la persona interesada y previa audiencia de la misma, comunicándose a la unidad de personal de la que dependa el empleado público, por el órgano que autorizó la prestación de servicios mediante teletrabajo. 3. El empleado público que se encuentre en régimen de teletrabajo podrá igualmente renunciar en cualquier momento a la prestación de servicios en esta modalidad, mediante escrito dirigido al órgano de personal correspondiente, que habrá de presentar con una antelación mínima de diez días hábiles a la fecha en la que pretenda reanudar su actividad exclusivamente presencial. En este caso, no podrá presentar nueva solicitud de teletrabajo en el plazo de un año desde la fecha de efectos de la renuncia, salvo que las circunstancias que hayan motivado a efectuar la renuncia sean objetivas y estén debidamente justificadas. Capítulo IV Establecimiento de la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo por situaciones extraordinarias o excepcionales de la Administración de la Comunidad de Madrid
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El teletrabajo puede acabar por una de siete causas tasadas (resolución motivada, salvo si es por fin de plazo) o porque el empleado renuncie con diez días hábiles de antelación, lo que le cierra la puerta a pedirlo de nuevo durante un año.
Esquema
| Por causa (letras a-g) | Por renuncia del empleado | |
|---|---|---|
| Quién la promueve | El órgano que autorizó o el centro directivo | El propio empleado público |
| Forma | Resolución motivada (salvo causa a) | Escrito dirigido al órgano de personal |
| Plazo de aviso | El de la propia resolución | Mínimo 10 días hábiles antes |
| Nueva solicitud después | Sin restricción específica | Vetada 1 año, salvo causa objetiva justificada |
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Artículo 14. Definición y procedimiento.
Definición y procedimiento 1. La Comunidad de Madrid podrá establecer la prestación de los servicios en la modalidad de teletrabajo por situaciones extraordinarias o excepcionales. Estas situaciones pueden ser: a) Necesidades de prevención de riesgos laborales. b) Razones de emergencia sanitaria. c) Obras o reformas en el lugar de trabajo que impidan el desarrollo del mismo de forma presencial. d) Traslados o mudanzas entre distintos edificios o distintos puestos en un mismo edificio. e) Otras circunstancias de fuerza mayor. Por parte del órgano competente en cada caso se informará a las juntas de personal o a los comités de empresa del ámbito al que afecte la medida; de extenderse al conjunto del personal incluido en el ámbito de aplicación de este decreto, dicha información se proporcionará a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid. 2. La propuesta de la prestación de los servicios en la modalidad de teletrabajo por situaciones extraordinarias o excepcionales podrá partir del centro directivo cuyos empleados públicos se vean afectados, o por el órgano competente en materia de personal de cada Consejería, organismo autónomo o ente público correspondiente. Asimismo, podría contemplarse como una medida preventiva propuesta desde el servicio de prevención de riesgos laborales correspondiente, por razones de seguridad y salud de los empleados. 3. Cuando la implantación de la modalidad de teletrabajo se deba a situaciones extraordinarias o excepcionales, el responsable de la unidad administrativa con el visto bueno del titular del centro directivo, deberá establecer, en la medida de lo posible, el plan individual sobre las condiciones generales en que habrá de desempeñarse la prestación de servicios por cada trabajador afectado, e incluirá, en todo caso, la distribución de la jornada y su duración o, en caso de que la misma no pudiera determinarse con exactitud, el tiempo estimado de su duración. 4. En el supuesto de que la implantación de la modalidad de teletrabajo obedezca a situaciones extraordinarias o excepcionales de la administración, no estará limitada por las jornadas mínimas de actividad presencial previstas en el artículo 21, pudiendo establecerse que la prestación en teletrabajo se extienda hasta la totalidad de las jornadas semanales. Asimismo, en estos casos no será necesario el cumplimiento íntegro de las condiciones previstas en los artículos 6 y 7. . 15 Capítulo V Condiciones de la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En emergencias, obras, traslados o riesgos laborales, la Comunidad de Madrid puede imponer teletrabajo extraordinario que llegue al 100 % de la jornada, sin las condiciones ni los límites del teletrabajo ordinario.
Esquema
| Teletrabajo ordinario | Teletrabajo extraordinario | |
|---|---|---|
| Jornadas mínimas presenciales (art. 21) | Se aplican | No se aplican; puede llegar al 100 % en teletrabajo |
| Condiciones de los arts. 6 y 7 | Cumplimiento íntegro exigido | No es necesario cumplirlas íntegramente |
| Causa | Situación ordinaria, voluntaria | Riesgos laborales, emergencia sanitaria, obras, traslados o fuerza mayor |
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Artículo 15. Efectos generales.
Efectos generales 1. El personal sujeto al régimen de teletrabajo tendrá los mismos derechos, individuales y colectivos, y deberes que si estuviera prestando sus servicios de forma exclusivamente presencial y no experimentará variación alguna en sus retribuciones ordinarias. En particular, la prestación de servicios en este régimen no menoscabará las oportunidades de formación y de promoción profesional, acción social, ni ninguno de los derechos de carrera del personal que opte por este modelo de trabajo. 2. La concesión del régimen de teletrabajo no alterará la obligación de cumplimiento de la jornada general establecida, con las adaptaciones que se deriven de la propia naturaleza de esta modalidad de prestación de servicios, conforme a lo previsto en el presente decreto, y, en su caso, en el plan individual de teletrabajo o por el órgano competente para su concesión.
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Teletrabajar no resta derechos ni sueldo: el empleado mantiene retribuciones, formación, promoción y carrera igual que en presencial, y sigue obligado a cumplir la jornada general con las adaptaciones propias de la modalidad.
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Artículo 16. Aportaciones.
Aportaciones 1. El personal que preste sus servicios en la modalidad de teletrabajo se compromete a: a) Desarrollar su actividad laboral en régimen de teletrabajo de la forma y con las condiciones que permitan el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y de protección de datos que estén establecidas. b) Aportar conexión a internet que cumpla con las características que defina la Comunidad de Madrid, en su caso. 2. La Comunidad de Madrid facilitará los siguientes recursos para el desempeño del puesto en la modalidad de teletrabajo, en función de la disponibilidad tecnológica: a) Un ordenador personal, que será igualmente de uso en las jornadas de carácter presencial. b) Las herramientas ofimáticas, de trabajo en remoto o de trabajo colaborativo y de ciberseguridad que pueda precisar para el desarrollo de sus funciones. c) Acceso a las aplicaciones informáticas de la Comunidad de Madrid y, en concreto, a las aplicaciones empleadas en la unidad administrativa de la que dependa susceptibles de ser ejecutadas mediante el canal utilizado. d) Una línea de atención telefónica u on-line receptora de incidencias sobre el servicio. 3. Los medios enunciados en el apartado anterior no se podrán emplear para finalidades diferentes a las derivadas de la prestación de servicios que justifican su entrega, y los empleados públicos receptores de los mismos habrán de garantizar su uso y custodia con la debida diligencia. Asimismo, lo dispuesto en el citado apartado no podrá suponer con carácter general una duplicación de medios a disposición del empleado, en función de las jornadas con actividad presencial y de las jornadas en régimen de teletrabajo. 4. La conexión con los sistemas informáticos de la Administración autonómica deberá llevarse a cabo conforme a la política de seguridad de la Comunidad de Madrid para garantizar la accesibilidad, agilidad, seguridad y confidencialidad de la comunicación y de los sistemas de información. 5. La Comunidad de Madrid determinará los sistemas de firma electrónica a utilizar durante el régimen de teletrabajo que, de ordinario, serán los de uso común en la misma y que, en todo caso, garantizarán el cumplimiento de la normativa de aplicación en esta materia.
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El teletrabajador aporta la conexión a internet y buen uso de los medios; la Comunidad de Madrid pone el ordenador, las herramientas, el acceso a aplicaciones y una línea de incidencias, sin duplicar recursos entre presencial y teletrabajo.
Esquema
| Empleado | Comunidad de Madrid | |
|---|---|---|
| Aportación principal | Conexión a internet adecuada | Ordenador, herramientas y acceso a aplicaciones |
| Soporte | Uso diligente y custodia de los medios | Línea de atención de incidencias |
| Firma electrónica | Usa la que determine la Comunidad de Madrid | Determina los sistemas de firma a emplear |
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Artículo 17. Prevención de riesgos laborales.
Prevención de riesgos laborales 1. El personal que vaya a prestar el servicio en la modalidad de teletrabajo deberá cumplimentar, con carácter previo a su inicio, el cuestionario de autocomprobación en materia de prevención de riesgos laborales para el puesto de teletrabajo facilitado a tales efectos por la unidad de prevención correspondiente. IDBOCM 2. En función de los datos obtenidos en dicho cuestionario, la unidad de prevención facilitará al empleado público que va a desempeñar el trabajo bajo este régimen información sobre las medidas previstas en su evaluación de riesgos, así como la indicación de cómo debe acondicionar su puesto de trabajo fuera de las dependencias administrativas, proporcionándole por escrito instrucciones básicas sobre prevención de riesgos laborales en los puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos, así como recomendaciones ergonómicas y sobre la organización del trabajo, el diseño del puesto o el mantenimiento de hábitos saludables, entre otras. De toda esta información se dará traslado asimismo al órgano competente en materia de personal.
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Antes de empezar a teletrabajar hay que rellenar un cuestionario de autocomprobación de riesgos laborales; con esos datos, la unidad de prevención informa por escrito de cómo acondicionar el puesto en casa.
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Artículo 18. Protección de datos.
Protección de datos El personal que preste sus servicios en la modalidad de teletrabajo habrá de respetar en todo momento la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, para lo cual deberán de ser informados, por escrito, por parte del centro directivo o unidad administrativa de la que dependan y con carácter previo al inicio del teletrabajo, de todos los deberes y obligaciones que le corresponden de acuerdo con la citada normativa. A estos efectos, se le podrá requerir para que suscriba un compromiso de su observancia en los mismos términos que en el desarrollo de sus funciones presenciales. En este sentido, se establecerán mecanismos que garanticen la protección y confidencialidad de los datos objeto de tratamiento en régimen de teletrabajo y la propia intimidad del trabajador, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.j bis) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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El teletrabajador debe cumplir la normativa de protección de datos, ser informado por escrito de sus deberes antes de empezar, y puede tener que firmar un compromiso expreso de cumplirla, igual que en presencial.
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Artículo 19. Formación específica.
Formación específica La Administración de la Comunidad de Madrid facilitará al personal autorizado en régimen de teletrabajo y a los empleados públicos que deban ejercer su supervisión la formación que, en su caso, pudiera considerarse conveniente en relación con las condiciones de esta modalidad de prestación, así como en materia de prevención de riesgos laborales, protección de datos, herramientas informáticas de trabajo en remoto o colaborativo, gestión por objetivos, evaluación del desempeño u otras de similar índole.
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La Administración debe formar tanto a quien teletrabaja como a quien lo supervisa, en materias como prevención de riesgos, protección de datos, herramientas remotas o evaluación del desempeño.
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Artículo 20. Plan individual de teletrabajo.
Plan individual de teletrabajo 1. Para el seguimiento efectivo de los objetivos propuestos, el empleado público designado supervisor de la unidad a la que esté adscrito el personal que desempeñe su función en régimen de teletrabajo realizará de manera conjunta con el trabajador un plan individual de teletrabajo, que será el instrumento de seguimiento y evaluación durante las jornadas laborales desarrolladas bajo este régimen. 2. En el plan individual de teletrabajo se recogerán al menos los objetivos para el período propuesto; el calendario, los controles y el sistema de indicadores que se aplicará a la medición del grado de consecución de los mismos; la descripción general del trabajo a realizar y de su forma de organización; la indicación de las jornadas concretas de teletrabajo y de actividad presencial; el empleado que vaya a efectuar la correspondiente supervisión; y cualquier otro extremo que se establezcan en las instrucciones de desarrollo o en el propio plan. En todo caso, el plan individual de teletrabajo habrá de incluir indicadores que permitan valorar el nivel de contribución del empleado público al logro de los objetivos establecidos para la unidad de la que dependa, así como en relación con los resultados de los demás empleados que presten servicio en la misma, en orden a la correspondiente evaluación del desempeño. Este plan individual de trabajo habrá de estar permanentemente actualizado. 3. El personal que trabaje bajo este régimen, con el visto bueno del empleado que ejerce las funciones de supervisión, realizará un seguimiento mensual donde se recogerán las progresiones efectuadas en las funciones encomendadas, atendiendo fundamentalmente al grado de cumplimiento de los objetivos previstos y a la consecución de los resultados. 4. Los medios telemáticos disponibles podrán servir, en su caso, de instrumento de control adicional para verificar y comprobar los tiempos de conexión y los trabajos realiza- . 17 dos o remitidos a cuyos efectos la Agencia para la Administración Digital contribuirá con la tecnología adecuada para hacer posible dicha verificación y comprobación. 5. La Comunidad de Madrid se reserva el uso de herramientas informáticas y procedimientos que, salvaguardando, en todo momento, la intimidad del trabajador, permita hacer un seguimiento y comprobación del trabajo que se está realizando a lo largo de la jornada de trabajo.
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El plan individual de teletrabajo lo elaboran juntos empleado y supervisor: fija objetivos, calendario, jornadas e indicadores, se revisa mensualmente y puede apoyarse en medios telemáticos de control, siempre respetando la intimidad.
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Artículo 21. Distribución de la jornada.
Distribución de la jornada 1. Con carácter general, la jornada de trabajo se distribuirá de manera que al menos dos días a la semana se presten de forma presencial y el tiempo restante mediante la fórmula de teletrabajo, de acuerdo con la jornada y horario ordinario de la persona que teletrabaje. La distribución de la jornada semanal entre días de prestación en régimen de teletrabajo y días de prestación presencial se fijará por acuerdo entre el empleado público y la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito, con el visto bueno del titular del centro directivo, y se determinará en función de las necesidades del servicio. En el plan individual de teletrabajo deberán constar los días concretos de la semana de prestación presencial y de prestación en la modalidad de teletrabajo resultantes de la referida distribución. No obstante, lo anterior, atendiendo a las especialidades propias del tipo de personal o por necesidades de la prestación del servicio, en la resolución de concesión del régimen de teletrabajo se podrán aprobar distribuciones de la jornada de trabajo diferentes a las previstas con carácter general. Asimismo, por circunstancias sobrevenidas que afecten al empleado que teletrabaja o a las necesidades del servicio, mediante resolución del órgano que autorizó el régimen de teletrabajo, previa audiencia de aquel, se podrá modificar la distribución de la jornada de trabajo entre la modalidad presencial y no presencial, así como reducir o incrementar el número de días semanales de teletrabajo. 2. Con carácter general, la jornada diaria no podrá fraccionarse para su prestación en la modalidad presencial y de teletrabajo, salvo que, excepcionalmente y en razón de las peculiares condiciones de ejercicio de las funciones asignadas a determinados tipos de trabajo, así se permita en la resolución por la que se dicte la oportuna autorización para teletrabajar. Asimismo, también podrá fraccionarse por necesidades especiales de conciliación de carácter ocasional o, en el caso de los empleados públicos que, conforme a su régimen específico, se encuentren sujetos a la obligación de prestación de servicios algunas tardes de la semana, en lo que se refiere a la forma de realización de estas en el supuesto de que la parte de jornada correspondiente a la mañana se haya cumplido de modo presencial. En estos dos casos, la fracción de trabajo no presencial no computará a efectos de la distribución de la jornada semanal prevista en el apartado 1. Los empleados que teletrabajan y que tengan también concedida una reducción de jornada habrán de aplicar proporcionalmente dicha reducción a la parte de la jornada presencial y a la parte de la jornada de teletrabajo. 3. Durante la jornada dedicada al teletrabajo, el empleado que teletrabaje debe estar disponible, por lo que habrá de tener activado al menos su correo corporativo y el teléfono de contacto indicado a tal efecto. Asimismo, se podrán fijar períodos mínimos de interconexión para la realización del trabajo, e incluso que estos períodos se hagan coincidir con unas franjas horarias determinadas en las que las necesidades del servicio aconsejen o hagan necesaria la intercomunicación. De igual modo, la prestación de servicios en esta modalidad no afecta al régimen de plena disponibilidad de los empleados públicos que, conforme a los respectivos textos convencionales o disposiciones aplicables, estén sujetos al mismo. En todo caso, esta forma de trabajo ha de ser compatible con la preservación del derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, según lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Por razones surgidas de las necesidades del servicio y expresamente justificadas, la Comunidad de Madrid podrá, excepcionalmente, requerir la presencia física en las dependencias administrativas del empleado que tuviera previsto prestar ese día su servicio en régimen del teletrabajo, en la franja horaria de obligado cumplimiento que, con carácter ordinario, tenga asignado su puesto de trabajo y siempre y cuando se le avise con al menos cuarenta y ocho horas de antelación, salvo que por razones de fuerza mayor no sea posible llevar a cabo el aviso con la antelación señalada. IDBOCM Capítulo VI Seguimiento y evaluación del régimen de teletrabajo
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El reparto semanal exige al menos dos días presenciales y se puede excepcionar de dos formas distintas; la jornada diaria no se fracciona salvo tres supuestos tasados, y el teletrabajo exige estar disponible sin perder el derecho a la desconexión digital.
Esquema
| Al conceder el teletrabajo | Ya concedido (sobrevenida) | |
|---|---|---|
| Motivo | Especialidades del personal o necesidades del servicio | Circunstancias sobrevenidas del empleado o del servicio |
| Quién decide | Resolución de concesión del régimen | Resolución del órgano que autorizó |
| Trámite previo | Ninguno especial | Audiencia previa al empleado |
| Qué puede cambiar | El reparto de días presencial/teletrabajo | El reparto y también el número de días de teletrabajo |
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Artículo 22. Sistemas de evaluación.
Sistemas de evaluación 1. La aplicación de esta modalidad de trabajo será objeto de seguimiento y evaluación individualizada en los términos previstos en el presente decreto, y en los mecanismos que puedan utilizarse al efecto, al objeto de evaluar tanto la óptima prestación de los servicios públicos encomendados, como su vinculación con la estrategia general de evaluación del desempeño que, en su caso, se encuentre establecida. 2. Este seguimiento y evaluación del régimen de teletrabajo se realizará al menos a través de los siguientes instrumentos: a) Planes individuales de teletrabajo previstos en el artículo 20. b) En su caso, si se dispusiera de mecanismos informáticos implantados conforme a los programas utilizados por los empleados que teletrabajan, los informes de resultados proporcionados por los mismos. c) Un informe estadístico de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid en el que se agrupen las distintas tipologías de incidencias relacionadas con los equipos, programas, conectividad y en general las comunicaciones. d) Un informe de los respectivos órganos competentes en materia de personal sobre las principales incidencias, propuestas o cuestiones de relevancia suscitadas desde los distintos departamentos o unidades durante el período objeto de análisis y, en su caso, sobre las actuaciones acometidas para su resolución.
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El teletrabajo se sigue y evalúa con al menos cuatro instrumentos: los planes individuales, los informes informáticos si existen, el informe técnico de incidencias de la Agencia Digital y el informe de personal sobre incidencias y mejoras.
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Artículo 23. Comisiones de seguimiento e informe anual.
Comisiones de seguimiento e informe anual 1. Se crea una Comisión Interdepartamental que elaborará con carácter anual un informe de seguimiento del teletrabajo en el ámbito del presente decreto, en el que se incluirán los principales datos cuantitativos, la valoración de los datos cualitativos, la medición, en su caso, de los resultados obtenidos y del grado de eficiencia del trabajo desarrollado, la identificación de las incidencias o deficiencias detectadas y, de proceder, las propuestas de mejora que pudieran considerarse oportunas. 2. Esta Comisión Interdepartamental estará constituida por el titular de la dirección general competente en materia de función pública, que la presidirá, y, como vocales, por los titulares de las secretarías generales técnicas de las distintas Consejerías y del máximo órgano responsable de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Realizará las funciones de secretaría, con voz pero sin voto, la persona designada por la presidencia entre el personal funcionario destinado en la dirección general competente en materia de función pública. 3. Se crea asimismo una Comisión de Seguimiento de composición paritaria, de la que formarán parte los representantes de la Comunidad de Madrid que determine el titular de la dirección general competente en materia de función pública, que ejercerá su presidencia, y las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, en proporción a su representatividad. Corresponderá a esta comisión conocer y debatir el informe anual previsto en el apartado 1 de este artículo, así como estudiar y proponer cuantas medidas de mejora o de desarrollo del régimen de teletrabajo estime procedentes. 4. Los miembros de las comisiones previstas en este artículo no generarán derecho alguno a la percepción de retribuciones económicas o de indemnizaciones por causa de su participación en ellas.
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Una Comisión Interdepartamental redacta cada año el informe de seguimiento del teletrabajo, y una Comisión de Seguimiento paritaria (Administración y sindicatos) lo debate y propone mejoras; nadie cobra por participar en ninguna de las dos.
Esquema
| Comisión Interdepartamental | Comisión de Seguimiento | |
|---|---|---|
| Quién la preside | Titular de la dirección general de función pública | El mismo titular de la dirección general de función pública |
| Composición | Solo Administración: secretarías generales técnicas y Agencia Digital | Paritaria: representantes de la Comunidad de Madrid y sindicatos de la Mesa General de Negociación |
| Función principal | Elaborar el informe anual de seguimiento | Debatir el informe anual y proponer medidas de mejora |