Tema 29: Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: Título Preliminar (Disposiciones generales): Capítulo I (Objeto y ámbito de aplicación) y Capítulo II (Patrimonio de las Administraciones públicas); Título II (Protección y defensa del patrimonio): Capítulo I (De la obligación de proteger y defender el patrimonio) y Capítulo V (De las facultades y prerrogativas para la defensa de los patrimonios públicos): Sección 1.ª (Normas generales).
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Este tema se estudia con el alcance exacto fijado por las bases de Getxo: Tema 29: Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: Título Preliminar (Disposiciones generales): Capítulo I (Objeto y ámbito de aplicación) y Capítulo II (Patrimonio de las Administraciones públicas); Título II (Protección y defensa del patrimonio): Capítulo I (De la obligación de proteger y defender el patrimonio) y Capítulo V (De las facultades y prerrogativas para la defensa de los patrimonios públicos): Sección 1.ª (Normas generales).. El desarrollo enlaza el literal aplicable y sus preguntas activas.
Las 3 ideas base del tema
- 1
Alcance
Limita el estudio a los títulos, capítulos, secciones o materias mencionados expresamente en el enunciado del tema. No extiendas la memorización a partes ajenas a las bases.
- 2
Recorrido esencial
Trabaja el articulado en el orden del temario. El inicio del recorrido incluye: Artículo 1. Objeto de la ley.; Artículo 2. Ámbito de aplicación.; Artículo 3. Concepto.; Artículo 4. Clasificación.; Artículo 5. Bienes y derechos de dominio público o demaniales.; Artículo 6. Principios relativos a los bienes y derechos de dominio público.; Artículo 7. Bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales.; Artículo 8. Principios relativos a los bienes y derechos patrimoniales..
- 3
Cierre del tema
Comprueba especialmente definiciones, órganos, plazos, mayorías, efectos y excepciones. El tramo final del alcance incluye: Artículo 7. Bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales.; Artículo 8. Principios relativos a los bienes y derechos patrimoniales.; Artículo 28. Extensión.; Artículo 41. Facultades y prerrogativas.; Artículo 42. Adopción de medidas cautelares..
Checklist: ¿me lo sé?
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Texto consolidado oficial:
Título PRELIMINAR. Disposiciones generales
Título PRELIMINAR. Disposiciones generales. Comprende los artículos 1 a 14 de Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (AAPP).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si solo recuerdas una cosa: el patrimonio de las AAPP se divide en bienes demaniales (uso o servicio público; inalienables, inembargables e imprescriptibles) y bienes patrimoniales (dominio privado, gestión con eficiencia y rentabilidad); su competencia se reparte entre Consejo de Ministros, Ministro de Hacienda y departamentos.
Este título fija el objeto y ámbito de la ley (arts. 1-2), el concepto y clasificación del patrimonio en demanial y patrimonial (arts. 3-4), los principios de gestión de cada tipo (arts. 6 y 8), y el reparto de competencias sobre el Patrimonio del Estado (arts. 9-14).
Esquema
| Afectación | Principios de gestión (arts. 6 y 8) | |
|---|---|---|
| Bienes de dominio público (art. 5) | Afectados al uso general o al servicio público | Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad |
| Bienes patrimoniales (art. 7) | No afectados; titularidad pública sin carácter demanial | Eficiencia, economía, rentabilidad y publicidad |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 1. Objeto de la ley.
Esta ley tiene por objeto establecer las bases del régimen patrimonial de las Administraciones públicas, y regular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución, la administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley tiene un doble objeto: fijar las bases del régimen patrimonial de todas las Administraciones públicas y regular, conforme al artículo 132 de la Constitución, la administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El régimen jurídico patrimonial de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma se regirá por esta ley.
2. Serán de aplicación a las comunidades autónomas, entidades que integran la Administración local y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas los artículos o partes de los mismos enumerados en la disposición final segunda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley de Patrimonio se aplica entera a la Administración General del Estado y sus organismos públicos; a comunidades autónomas y entes locales solo les alcanzan los artículos que enumera la disposición final segunda.
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Artículo 3. Concepto.
1. El patrimonio de las Administraciones públicas está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos.
2. No se entenderán incluidos en el patrimonio de las Administraciones públicas el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda ni, en el caso de las entidades públicas empresariales y entidades análogas dependientes de las comunidades autónomas o corporaciones locales, los recursos que constituyen su tesorería.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El patrimonio de las Administraciones públicas es el conjunto de sus bienes y derechos, sea cual sea su naturaleza o título; quedan fuera el dinero, valores, créditos y demás recursos financieros, y la tesorería de ciertas entidades empresariales.
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Artículo 4. Clasificación.
Por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos que integran el patrimonio de las Administraciones públicas pueden ser de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales.
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Según el régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos del patrimonio de las Administraciones públicas son de dominio público (demaniales) o de dominio privado (patrimoniales).
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Artículo 5. Bienes y derechos de dominio público o demaniales.
1. Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.
2. Son bienes de dominio público estatal, en todo caso, los mencionados en el artículo 132.2 de la Constitución.
3. Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público.
4. Los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por esta ley y las disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las normas del derecho privado, se aplicarán como derecho supletorio.
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Son demaniales los bienes públicos afectados al uso general o al servicio público y los que una ley declare así; además, siempre lo son los del artículo 132.2 de la Constitución y los inmuebles estatales que alojan servicios u oficinas.
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Artículo 6. Principios relativos a los bienes y derechos de dominio público.
La gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios:
a) Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
b) Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados.
c) Aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas.
d) Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.
e) Ejercicio diligente de las prerrogativas que la presente ley u otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad.
f) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
g) Cooperación y colaboración entre las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio público.
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Siete principios ordenan la gestión de los bienes demaniales: las tres «in», adecuación y suficiencia, aplicación efectiva al uso general o servicio público, preferencia del uso común, ejercicio diligente de prerrogativas, inventarios y cooperación.
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Artículo 7. Bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales.
1. Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que, siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de demaniales.
2. En todo caso, tendrán la consideración de patrimoniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas, así como contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal, y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales.
3. El régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes y derechos patrimoniales será el previsto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen. Supletoriamente, se aplicarán las normas del derecho administrativo, en todas las cuestiones relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello, y las normas del Derecho privado en lo que afecte a los restantes aspectos de su régimen jurídico.
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Los bienes patrimoniales se definen por exclusión: los de titularidad pública que no son demaniales. La ley fija varios que lo son siempre en el Estado y un régimen con supletoriedad administrativa o privada según la cuestión.
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Artículo 8. Principios relativos a los bienes y derechos patrimoniales.
1. La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios:
a) Eficiencia y economía en su gestión.
b) Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos.
c) Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.
d) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
e) Colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones públicas, con el fin de optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes.
2. En todo caso, la gestión de los bienes patrimoniales deberá coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en particular, al de la política de vivienda, en coordinación con las Administraciones competentes.
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Los bienes patrimoniales se gestionan con cinco principios de corte económico (eficiencia, rentabilidad, publicidad y concurrencia, inventario y colaboración) y su gestión debe coadyuvar a las políticas públicas, en particular a la de vivienda.
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Capítulo I. De la obligación de proteger y defender el patrimonio
Capítulo I. De la obligación de proteger y defender el patrimonio. Comprende los artículos 28 a 29 de Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (AAPP).
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Si solo recuerdas una cosa de este capítulo: proteger el patrimonio público no es un ideal, es una obligación legal con dos caras: una general de toda Administración (art. 28) y una de custodia concreta que recae en quien tiene el bien a su cargo, incluidos concesionarios (art. 29).
Este capítulo abre el título dedicado a la protección del patrimonio: primero fija el deber genérico de toda Administración pública (art. 28) y después concreta quién responde día a día de la custodia de cada bien o derecho (art. 29).
Mapa mental
- Art. 28. Obligación general
- Proteger bienes y derechos
- Procurar inscripción registral
- Ejercer potestades y acciones
- Art. 29.1 Titulares de órganos
- Custodia y defensa del bien
- Art. 29.2 Concesionarios
- Iguales obligaciones de custodia
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Artículo 28. Extensión.
Las Administraciones públicas están obligadas a proteger y defender su patrimonio. A tal fin, protegerán adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, procurarán su inscripción registral, y ejercerán las potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello.
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Proteger y defender su patrimonio es una obligación de las Administraciones públicas, que se concreta en protegerlo adecuadamente, procurar su inscripción registral y ejercer las potestades y acciones judiciales procedentes.
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Capítulo V. De las facultades y prerrogativas para la defensa de los patrimonios públicos
Capítulo V. De las facultades y prerrogativas para la defensa de los patrimonios públicos. Comprende los artículos 41 a 60 de Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (AAPP).
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Si solo recuerdas una cosa: las AAPP no necesitan ir primero a juicio para defender su patrimonio; la ley les da cuatro potestades de autotutela -investigar, deslindar, recuperar la posesión y desahuciar- que ejercen y ejecutan ellas mismas, quedando el control judicial para después.
El capítulo desarrolla, potestad por potestad, las cuatro facultades que el art. 41.1 reconoce a las AAPP para defender su patrimonio: investigación (arts. 45-49), deslinde (arts. 50-54), recuperación posesoria (arts. 55-57) y desahucio (arts. 58-60), enmarcadas por reglas comunes de medidas cautelares y control judicial (arts. 41-44).
Esquema
| Objeto | Plazo o dato clave | Órgano competente (AGE) | |
|---|---|---|---|
| Investigación (arts. 45-49) | Determinar la titularidad de bienes presumiblemente públicos | 2 años para resolver; si no, archivo de oficio (art. 47.e) | Director General del Patrimonio del Estado (art. 46.1) |
| Deslinde (arts. 50-54) | Precisar límites imprecisos o corregir indicios de usurpación | 18 meses para resolver; si no, caducidad (art. 52.e) | Incoa el Director General; resuelve el Ministro de Hacienda (art. 51.1) |
| Recuperación posesoria (arts. 55-57) | Recuperar la posesión indebidamente perdida | 1 año desde la usurpación si es bien patrimonial; sin plazo si es demanial (art. 55.2-3) | Delegado de Economía y Hacienda, o el Director General (art. 57.1) |
| Desahucio (arts. 58-60) | Recuperar bienes demaniales cuando se extingue el título de uso | 8 días de plazo para el desalojo tras notificación (art. 59.3) | Ministro titular del departamento o presidente/director del organismo (art. 60) |
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Artículo 41. Facultades y prerrogativas.
1. Para la defensa de su patrimonio, las Administraciones públicas tendrán las siguientes facultades y prerrogativas:
a) Investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a su patrimonio.
b) Deslindar en vía administrativa los inmuebles de su titularidad.
c) Recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos.
d) Desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que amparaba la tenencia.
2. El conocimiento de las cuestiones de naturaleza civil que se susciten con ocasión del ejercicio por la Administración de estas potestades corresponderá a los órganos de este orden jurisdiccional.
3. Las entidades públicas empresariales dependientes de la Administración General del Estado o vinculadas a ella y las entidades asimilables a las anteriores vinculadas a las administraciones de las comunidades autónomas y corporaciones locales sólo podrán ejercer las potestades enumeradas en el apartado 1 de este artículo para la defensa de bienes que tengan el carácter de demaniales.
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Enumera las cuatro facultades y prerrogativas de autotutela de las AAPP para defender su patrimonio: investigar, deslindar, recuperar de oficio la posesión y desahuciar. Las entidades públicas empresariales solo pueden usarlas para bienes demaniales.
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Artículo 42. Adopción de medidas cautelares.
1. Iniciado el procedimiento para el ejercicio de las facultades y potestades expresadas en el artículo anterior, el órgano competente para resolverlo podrá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, adoptar las medidas provisionales que considere necesarias para asegurar la eficacia del acto que en su momento pueda dictarse.
2. En los casos en que exista un peligro inminente de pérdida o deterioro del bien, estas medidas provisionales podrán ser adoptadas, con los requisitos señalados en el artículo 72.2 de la citada ley, antes de la iniciación del procedimiento.
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Para proteger el patrimonio, el órgano que resuelve puede adoptar medidas provisionales una vez iniciado el procedimiento y, si hay peligro inminente de pérdida o deterioro del bien, incluso antes de iniciarlo.