Tema 19: Gestión de la documentación en los archivos de oficina. Conceptos básicos. Documentación electrónica. Sistema de archivo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
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Este tema recorre la vida completa de un documento administrativo: qué es y cómo se clasifica, cómo se registra electrónicamente y qué es un asiento registral, por qué fases pasa en el archivo desde que se crea hasta que se destruye o se conserva para siempre, cuándo se puede destruir (expurgo), y qué requisitos tienen el documento electrónico, sus copias auténticas y el archivo electrónico único.
Las 7 ideas base del tema
- 1
Qué es un documento administrativo
Es cualquier soporte con información producida o recibida por la Administración con trascendencia jurídica; se clasifica en cinco tipos según su función, y esa clasificación determina cómo se gestiona y cuánto se conserva.
- 2
El registro electrónico nunca cierra
Cada Administración tiene un registro electrónico general que admite escritos 365 días al año, 24 horas al día, y deja constancia mediante un asiento registral y un recibo electrónico.
- 3
El ciclo vital del documento tiene cuatro fases
Todo documento pasa por el archivo de gestión, el central, el intermedio y, si procede, el histórico, según baja su frecuencia de consulta y cambia su valor administrativo.
- 4
No todo se conserva para siempre
La selección documental decide qué se guarda y qué se destruye, y el expurgo es esa destrucción, pero siempre autorizada y documentada en un acta, con excepciones que nunca se destruyen.
- 5
El documento electrónico necesita firma y metadatos
Para tener plena validez no basta con estar en formato digital: hace falta firma electrónica o sello del órgano, y unos metadatos mínimos que permitan identificarlo, gestionarlo y recuperarlo.
- 6
Las copias auténticas valen como el original
Una copia auténtica tiene la misma eficacia jurídica que el original; el paso de papel a electrónico se hace con digitalización según el ENI, y de electrónico a papel con un CSV verificable.
- 7
El archivo electrónico único traslada la lógica del archivo al mundo digital
La Ley 40/2015 obliga a reunir los documentos de procedimientos finalizados en un archivo electrónico único, con las mismas fases y reglas de selección y expurgo que en papel.
Checklist: ¿me lo sé?
0/14 — marca lo que ya sabes explicar sin mirar.
Textos consolidados oficiales:
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- Ley 5/2022, de 23 de junio, de Gestión Documental Integral y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco
- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos
Concepto y clases de documento administrativo
El documento administrativo es todo soporte material en el que se plasma información producida o recibida por la Administración en el ejercicio de sus funciones, que tiene trascendencia jurídica o probatoria. Se distingue del documento privado en su origen institucional y en el régimen jurídico especial que le resulta aplicable en materia de autenticidad, conservación y acceso.
Los documentos administrativos pueden clasificarse atendiendo a su función: documentos de decisión —resoluciones, acuerdos—, documentos de comunicación —notificaciones, oficios, circulares—, documentos de constancia —actas, certificados—, documentos de juicio —informes, dictámenes— y documentos de los ciudadanos —solicitudes, alegaciones, recursos—. Esta tipología facilita su gestión y determina sus plazos de conservación.
El documento electrónico es aquel que ha sido generado, gestionado y conservado en formato digital. La Ley 39/2015 le otorga plena validez jurídica siempre que cuente con los metadatos mínimos exigidos y esté firmado electrónicamente o sellado por la Administración con sello de órgano o de tiempo.
Datos clave
- Documento administrativo: soporte material con información de trascendencia jurídica producida por la Administración.
- Clases funcionales: decisión, comunicación, constancia, juicio y documentos de ciudadanos.
- El documento electrónico tiene plena validez jurídica si cumple requisitos de la Ley 39/2015.
- Metadatos mínimos y firma electrónica son requisitos del documento electrónico válido.
- Los plazos de conservación dependen de la tipología del documento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Un documento administrativo es cualquier soporte con información de la Administración que tiene valor jurídico o probatorio; se clasifica por su función y eso determina cómo se gestiona y cuánto se conserva.
El documento administrativo es todo soporte material en el que se plasma información producida o recibida por la Administración en el ejercicio de sus funciones, y que tiene trascendencia jurídica o probatoria. Se diferencia del documento privado en su origen institucional y en el régimen jurídico especial que le resulta aplicable en materia de autenticidad, conservación y acceso.
Esta tipología funcional no es solo un ejercicio teórico: facilita la gestión diaria del documento y determina sus plazos de conservación, porque no todos los tipos de documento tienen el mismo valor administrativo a lo largo del tiempo.
Esquema
- De decisión
- Resoluciones
- Acuerdos
- De comunicación
- Notificaciones
- Oficios
- Circulares
- De constancia
- Actas
- Certificados
- De juicio
- Informes
- Dictámenes
- De los ciudadanos
- Solicitudes
- Alegaciones
- Recursos
¿Me lo sé? Flashcards
El archivo administrativo: fases y tipos
El sistema de archivos administrativos responde a una lógica de ciclo vital del documento: desde su creación hasta su destrucción o conservación permanente, los documentos atraviesan varias etapas gestionadas por distintos tipos de archivo. Este modelo se conoce como teoría del ciclo vital de los documentos.
Las fases son cuatro. El archivo de gestión —también llamado activo— custodia los documentos que están siendo tramitados o que han concluido recientemente y se consultan con frecuencia; suele estar en la propia unidad productora. El archivo central reúne los documentos de los archivos de gestión que ya no son de uso frecuente pero conservan valor administrativo; depende del organismo. El archivo intermedio recibe los fondos del archivo central cuando el valor administrativo ha decaído pero aún no se ha determinado su destino final; en la AGE lo gestiona el Archivo General de la Administración (AGA). El archivo histórico conserva de forma permanente los documentos de valor histórico, cultural o científico.
Datos clave
- Cuatro fases del ciclo vital: gestión (activo), central, intermedio e histórico.
- Archivo de gestión: en la unidad productora; documentos en tramitación o de uso frecuente.
- Archivo central: del organismo; fondos sin uso frecuente pero con valor administrativo.
- Archivo intermedio: valor administrativo caducado; en la AGE lo gestiona el AGA.
- Archivo histórico: conservación permanente de documentos con valor histórico o cultural.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todo documento recorre un ciclo vital de cuatro fases de archivo —gestión, central, intermedio e histórico— que reflejan cómo baja su uso frecuente y cambia su valor con el tiempo.
El sistema de archivos administrativos responde a una lógica de ciclo vital del documento: desde su creación hasta su destrucción o conservación permanente, los documentos atraviesan varias etapas gestionadas por distintos tipos de archivo. Este modelo se conoce como teoría del ciclo vital de los documentos.
Cada fase tiene un responsable distinto: el archivo de gestión está en la propia unidad que produce el documento; el archivo central depende del organismo en su conjunto; el archivo intermedio, en la AGE, lo gestiona específicamente el Archivo General de la Administración (AGA); y el archivo histórico conserva de forma permanente lo que tiene valor más allá de lo administrativo.
Esquema
¿Me lo sé? Flashcards
Conservación, selección y expurgo de documentos
No todos los documentos administrativos deben conservarse indefinidamente. La selección documental es el proceso mediante el cual se determina cuáles tienen valor permanente y cuáles pueden ser destruidos tras un período determinado. Este proceso se rige por las tablas de valoración o calendarios de conservación aprobados por las comisiones calificadoras de documentos administrativos.
El expurgo es la destrucción controlada y autorizada de aquellos documentos que han agotado su valor administrativo, legal e histórico. En la Administración española, la destrucción de documentos públicos requiere autorización previa del órgano competente y la elaboración de un acta de expurgo que certifique qué documentos fueron destruidos, cuándo y por quién.
Los documentos con valor histórico, los que contienen información sensible no prescrita o los que son objeto de procedimientos judiciales en curso no pueden ser objeto de expurgo. La digitalización previa al expurgo del soporte papel es una práctica cada vez más extendida, pero no exime de seguir el procedimiento de autorización.
Datos clave
- Selección documental: proceso para determinar qué se conserva y qué puede destruirse.
- Tablas de valoración: instrumento técnico que fija plazos de conservación por tipología.
- Expurgo: destrucción controlada y autorizada; requiere acta y autorización previa.
- No pueden expurgarse: documentos históricos, con procedimientos judiciales pendientes o información sensible no prescrita.
- La digitalización no exime del procedimiento formal de autorización para destruir el soporte físico.
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No todo se conserva para siempre: la selección documental decide qué se guarda y qué se destruye, y el expurgo es esa destrucción, pero siempre controlada, autorizada y documentada en un acta.
No todos los documentos administrativos deben conservarse indefinidamente. La selección documental es el proceso mediante el cual se determina cuáles tienen valor permanente y cuáles pueden ser destruidos tras un período determinado. Este proceso se rige por las tablas de valoración o calendarios de conservación aprobados por las comisiones calificadoras de documentos administrativos.
La digitalización previa al expurgo del soporte papel es una práctica cada vez más extendida, ya que permite conservar el contenido sin conservar el papel físico. Pero digitalizar no exime de seguir el procedimiento formal de autorización para destruir el original.
Esquema
¿Me lo sé? Flashcards
El documento electrónico: validez y requisitos
El documento electrónico es el conjunto de información almacenada en soporte electrónico que contiene datos de relevancia jurídica. Para que tenga plena validez legal en el ámbito administrativo, la Ley 39/2015 exige que esté firmado electrónicamente por el ciudadano o sellado por el órgano administrativo competente, y que incorpore los metadatos mínimos que permitan identificarlo, gestionarlo y recuperarlo.
Los metadatos son datos estructurados que describen el contenido, el contexto y la estructura del documento: fecha de creación, órgano productor, clasificación funcional, identificador único, estado de tramitación y cualquier otro que determine el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Sin metadatos adecuados, el documento electrónico pierde gran parte de su utilidad como evidencia y como objeto de gestión archivística.
La gestión documental electrónica exige también garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad del documento a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo la migración de formatos cuando los originales dejan de ser soportados tecnológicamente.
Datos clave
- Documento electrónico válido: firmado electrónicamente o sellado por órgano administrativo.
- Metadatos mínimos: fecha, órgano productor, clasificación, identificador único, estado.
- El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) establece los metadatos obligatorios.
- Principios de gestión: autenticidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad.
- La migración de formatos es necesaria para garantizar la conservación a largo plazo.
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El documento electrónico solo tiene plena validez si va firmado o sellado y lleva los metadatos mínimos que permiten identificarlo, gestionarlo y recuperarlo a lo largo de toda su vida.
El documento electrónico es el conjunto de información almacenada en soporte electrónico que contiene datos de relevancia jurídica. Para que tenga plena validez legal en el ámbito administrativo, la Ley 39/2015 exige que esté firmado electrónicamente por el ciudadano o sellado por el órgano administrativo competente, y que incorpore los metadatos mínimos que permitan identificarlo, gestionarlo y recuperarlo.
La gestión documental electrónica exige también garantizar cuatro principios a lo largo de todo el ciclo de vida del documento: autenticidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad. Esto incluye la migración de formatos cuando los originales dejan de ser soportados tecnológicamente, para que el documento siga siendo accesible.
Esquema
| Con metadatos mínimos | Sin metadatos adecuados | |
|---|---|---|
| Identificación y gestión | Se puede identificar, gestionar y recuperar | Difícil de identificar y gestionar |
| Valor como evidencia | Conserva su utilidad como evidencia | Pierde gran parte de su utilidad como evidencia |
| Gestión archivística | Es un objeto de gestión archivística válido | Pierde utilidad como objeto de gestión archivística |
¿Me lo sé? Flashcards
El archivo electrónico único
La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público obliga a cada Administración Pública a mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados. Este archivo debe garantizar la conservación, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad, la disponibilidad y la trazabilidad de los documentos electrónicos.
El archivo electrónico único implica, en la práctica, la existencia de sistemas de gestión documental electrónica que integren los repositorios de los distintos organismos y permitan la recuperación eficiente de los documentos a lo largo de todo su ciclo de vida. Los formatos empleados deben ser abiertos y duraderos, preferiblemente los establecidos por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
La existencia de este archivo único no elimina la estructura de fases (gestión, central, intermedio, histórico), sino que traslada esa lógica al entorno digital, donde los documentos migran entre repositorios según su antigüedad y valor, con las mismas reglas de selección y expurgo que se aplican al soporte papel.
Datos clave
- Archivo electrónico único: obligatorio para cada Administración (Ley 40/2015).
- Garantías: conservación, integridad, autenticidad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad.
- Formatos: abiertos y duraderos según el ENI.
- La lógica de fases (gestión → central → intermedio → histórico) se aplica también en digital.
- La selección y el expurgo se rigen por las mismas reglas que en soporte papel.
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La Ley 40/2015 obliga a cada Administración a tener un archivo electrónico único de los procedimientos finalizados, que traslada al mundo digital las mismas fases y reglas del archivo en papel.
La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público obliga a cada Administración Pública a mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados. Este archivo debe garantizar la conservación, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad, la disponibilidad y la trazabilidad de los documentos electrónicos.
En la práctica, esto significa que los documentos electrónicos migran entre repositorios según su antigüedad y su valor, igual que ocurriría con un expediente en papel que pasa de un archivo de gestión a uno central, luego intermedio y, si procede, histórico.
Esquema
| Archivo en papel | Archivo electrónico único | |
|---|---|---|
| Base normativa citada | Estructura de fases tradicional | Ley 40/2015 |
| Fases | Gestión, central, intermedio, histórico | Misma lógica de fases trasladada al entorno digital |
| Selección y expurgo | Reglas de selección y expurgo | Mismas reglas de selección y expurgo |
| Garantías exigidas | No especificadas en esta comparación | Conservación, integridad, autenticidad, confidencialidad, disponibilidad, trazabilidad |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 17. Archivo de documentos.
1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.
2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.
Datos clave
- Cada Administración mantiene un archivo electrónico único de los documentos electrónicos de procedimientos finalizados.
- Los documentos electrónicos se conservan en un formato que garantice autenticidad, integridad y conservación y su consulta con independencia del tiempo transcurrido; su eliminación debe autorizarse.
- Los soportes cuentan con medidas de seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad, con identificación de usuarios y control de accesos.
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Archivo electrónico único por Administración para los procedimientos ya terminados, con formato que garantice autenticidad, integridad y consulta futura.
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Artículo 1
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de esta ley regular:
a) La gestión integral de los documentos de titularidad pública, su tratamiento y su organización en los archivos.
b) La configuración, protección y preservación del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) La estructura, organización y gestión del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
d) Los derechos y las obligaciones de quienes sean titulares de archivos privados integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
e) El acceso de la ciudadanía a los documentos de titularidad pública custodiados en sistemas de archivo integrantes del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y al Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
f) El régimen sancionador.
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El artículo fija las seis materias que regula la ley: gestión de los documentos públicos, protección del patrimonio documental vasco, sistema de archivos, archivos privados, acceso ciudadano y régimen sancionador.
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Artículo 2
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente ley es de aplicación a:
a) El sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, integrado por su Administración General y por el sector público institucional autonómico.
b) El sector público de los territorios históricos, integrado por su Administración general y por el sector público institucional foral.
c) Las instituciones locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el sector público institucional local.
d) El Parlamento Vasco, el Ararteko y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
e) Las juntas generales de los territorios históricos.
f) La Universidad del País Vasco.
g) Las personas físicas y jurídicas privadas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
h) Las personas físicas y jurídicas titulares de archivos privados que custodian el Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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La ley se aplica a todo el sector público vasco —autonómico, foral y local—, a instituciones como el Parlamento o el Ararteko, a la UPV/EHU y también a privados: gestores de servicios públicos y custodios de archivos privados del Patrimonio Documental.
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Artículo 3
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Archivo: cualquiera de las siguientes acepciones:
1. En sentido funcional, el sistema corporativo de gestión que define, mediante una metodología propia, el proceso de producción y gestión documental a lo largo de todo el ciclo de vida de los documentos.
2. En sentido orgánico, el órgano o la unidad responsable de la coordinación de dicho sistema.
3. En sentido material, bien la instalación o, en su caso, el repositorio y su sistema informático donde se custodian en depósito permanente o transitorio los documentos y los elementos vinculados a ellos, o bien los propios documentos o fondos documentales.
b) Calendario de conservación y acceso: instrumento que identifica las series documentales, precisa los criterios de selección y los plazos de conservación o eliminación de los documentos y establece los criterios de acceso dichos documentos.
c) Ciclo de vida de los documentos: período comprendido entre el diseño de un documento y su eliminación o conservación permanente.
d) Documento: unidad de información, de carácter único y en cualquier soporte o formato, cuyo contenido estructurado y contextualizado se presenta como evidencia de las acciones, decisiones y funciones propias de las personas físicas y jurídicas, incluidas las bases de datos y otros objetos electrónicos de cualquier naturaleza.
e) Eliminación o expurgo: proceso de destrucción o borrado de documentos y datos, aplicado de acuerdo con lo estipulado en el calendario de conservación y acceso.
f) Expediente: conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirve de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutar dicha resolución.
g) Fondo documental: conjunto orgánico de documentos producidos, recibidos o acumulados por una persona física o jurídica, pública o privada, en la gestión de sus actividades o competencias.
h) Gestión documental integral: conjunto de operaciones dirigidas al control eficaz y sistemático de creación, recepción, uso, valoración y conservación de los documentos, incluidos los procesos para incorporar y mantener pruebas de actuaciones o actividades en forma de documentos y sistemas de información.
i) Metadatos: cualquiera de las siguientes acepciones:
1. Conjunto de atributos de carácter instrumental que, dentro de un sistema de gestión documental, definen a un documento, con independencia del contenido de este.
2. Cualquier tipo de información de carácter instrumental asociada a un documento electrónico e independiente del contenido de este, destinada al conocimiento inmediato y automático de alguna de sus características, con la finalidad de contextualizar el documento y de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación, la interoperabilidad, la fiabilidad y la trazabilidad de dicho documento.
j) Nivel de archivo: cada uno de los estadios en los que se encuentra la documentación en función de su ciclo de vida.
k) Patrimonio documental: conjunto de fondos documentales de conservación permanente.
l) Plan de gestión de riesgos: conjunto de criterios y procedimientos orientados a prevenir y a minimizar los daños, intencionados o no, causados en los documentos por situaciones accidentales o por la interrupción de las actividades de una organización.
m) Política de gestión de documentos electrónicos: conjunto de orientaciones o directrices que establece una organización para crear y gestionar, a lo largo del tiempo, documentos fiables, auténticos, íntegros y accesibles, de acuerdo con las funciones y actividades que le son propias. La política se aprueba al más alto nivel dentro de la organización, y asigna responsabilidades en cuanto a la coordinación, aplicación, supervisión y gestión del programa de tratamiento de los documentos a través de su ciclo de vida.
n) Producción administrativa: planificación, ordenación y desarrollo de las funciones, programas y competencias propios de las organizaciones del sector público, cualesquiera que sean los medios empleados y su materialización en forma de expedientes, documentos, datos u otras manifestaciones similares que puedan surgir en el futuro.
ñ) Selección: proceso por el que se determina la conservación o eliminación de los documentos como consecuencia de su valoración.
o) Serie documental: conjunto de documentos producidos de manera continuada en el tiempo, como resultado de una misma función o actividad.
p) Sistema de archivo: conjunto estructurado de normas, órganos, centros, servicios y sistemas informáticos vinculados a la gestión de los documentos de una o varias organizaciones, a lo largo de todo el ciclo de vida de dicha documentación.
q) Sistema de información administrativa: aplicación informática encargada de llevar a cabo las funciones necesarias para la tramitación administrativa; puede incluir, en función de su complejidad, funcionalidades como la creación, el registro, la recepción, la notificación, el almacenamiento, la firma y el archivado de los documentos, así como el procesamiento de los datos contenidos en ellos.
r) Valoración: estudio de las series documentales, que define los valores administrativo, legal, jurídico, fiscal, histórico, científico, cultural, testimonial o informativo de cada una de ellas y que, de acuerdo con ellos, determina la conservación de los documentos, ya sea permanente (total o parcial), o ya temporal, o su eliminación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo define los términos clave de la ley. Lo importante para examen es no confundir documento, expediente, fondo y serie documental, ni los tres sentidos de «archivo» ni las fases de valorar, seleccionar y eliminar.
Esquema
| Valoración | Selección | Eliminación o expurgo | |
|---|---|---|---|
| En qué consiste | Estudia los valores de las series (histórico, legal, fiscal...) | Decide, según la valoración, qué se conserva y qué se elimina | Destruye o borra los documentos según el calendario |
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Artículo 4
Artículo 4. De los documentos de titularidad pública.
1. A los efectos de la presente ley, son documentos de titularidad pública los producidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones por las entidades públicas y las personas físicas o jurídicas enumeradas en el apartado siguiente.
2. Son documentos de titularidad pública:
a) Los del Parlamento Vasco, los del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y los del Ararteko.
b) Los del Consejo de Gobierno y los de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Los del sector público institucional de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
d) Los de las corporaciones de derecho público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en lo relativo a sus funciones públicas atribuidas.
e) Los de las juntas generales de los territorios históricos y los del sector público de los territorios históricos, integrado por su Administración general y su sector público institucional.
f) Los de las entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y su sector público institucional local.
g) Los de las universidades públicas radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como los de los centros y estructuras de ellas dependientes.
h) Los de la Administración General del Estado y su sector público institucional estatal con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
i) Los de los órganos de la Administración de Justicia con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
j) Los de las notarías y registros públicos con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
k) Los de los organismos dependientes de las instituciones de la Unión Europea y los de cualquier otro organismo público internacional, en ambos casos con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
l) Los de las entidades dotadas de personalidad jurídica propia, creadas, participadas mayoritariamente o controladas efectivamente por cualquiera de las entidades y personas jurídicas mencionadas en este artículo, en cuanto a los documentos generados en el ejercicio de potestades administrativas o funciones públicas.
m) Los de las personas privadas físicas o jurídicas gestoras de servicios públicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en cuanto a los documentos generados en la prestación de dichos servicios.
n) Los de las entidades dependientes de los organismos públicos y los de cualquier otra entidad pública no incluida en los supuestos anteriores, en cuanto a los documentos generados en el ejercicio de potestades administrativas o funciones públicas.
3. Los documentos de titularidad pública a los que se refieren las letras h), i), j) y k) del apartado anterior se someterán a la legislación estatal que les sea de aplicación, de conformidad con las competencias del Estado previstas en las reglas 5, 8 y 28 del artículo 149.1 de la Constitución, y, en su caso, a la legislación internacional.
4. La documentación creada o recibida por los cargos públicos como resultado de las actividades propias de sus funciones públicas, incluidos los correos electrónicos o cualquier otro medio de comunicación telemática, tiene la consideración de documento de titularidad pública.
5. Los documentos de titularidad pública son inalienables e inembargables, y los derechos de sus titulares no prescriben, excepto cuando se haya determinado su eliminación en los términos previstos en esta ley.
6. La Administración competente adoptará las medidas oportunas para la recuperación de cualquier documento de titularidad pública que se hallare de forma ilegal o indebidamente en posesión de terceras personas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define qué documentos son de titularidad pública —una lista muy amplia, de la que solo cuatro letras (h, i, j, k) se rigen por legislación estatal— y establece que son inalienables, inembargables e imprescriptibles salvo eliminación acordada.
Esquema
| Letras h), i), j), k) | Resto de letras del apartado 2 | |
|---|---|---|
| A qué se someten | Legislación estatal (art. 149.1 CE, reglas 5, 8 y 28) y, en su caso, internacional | Esta ley vasca de gestión documental |
| Ejemplos | AGE, Justicia, notarías/registros, organismos UE/internacionales con sede en la CAPV | Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, entes locales, territorios históricos, UPV |
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Artículo 5
Artículo 5. Requisitos de los documentos de titularidad pública.
Los documentos de titularidad pública, a efectos de su validez, han de cumplir los requisitos de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad, contextualización y trazabilidad, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los documentos de titularidad pública deben cumplir seis requisitos para ser válidos: autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad, contextualización y trazabilidad.
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Artículo 6
Artículo 6. La gestión de los documentos de titularidad pública.
1. Para garantizar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior, las entidades a las que es de aplicación esta ley deberán implantar un sistema de gestión documental, en el cual se documenten políticas y procedimientos que permitan controlar la creación, la recepción, la transmisión, el mantenimiento y el acceso de los documentos, de manera que se asegure que los crean y utilizan personas autorizadas e identificadas y que se registra toda actuación sobre ellos, al objeto de que estén protegidos frente a cualquier adición, supresión, modificación u ocultación no autorizadas.
2. Los sistemas de información administrativa asegurarán que se evidencie el contexto en el que se producen o reciben y en que se gestionan los documentos, que se vinculen unos documentos con otros en el orden que les corresponda en cada procedimiento y que cada expediente lleve un índice para garantizar su integridad.
3. Cuando la tramitación administrativa de los expedientes haya concluido, deberán ser transferidos desde los sistemas de información administrativa al nivel de archivo correspondiente.
4. Los documentos electrónicos deberán ser conservados en un medio de soporte digital y en su formato original. Sin embargo, uno y otro podrán no ser aquel en el que la documentación fue generada y gestionada si técnicamente es indispensable para mantenerla con todas sus características durante el lapso de conservación que le corresponda. En caso de que para dicha conservación sea necesario un cambio de formato o soporte, la modificación será validada por el sistema de archivo y documentada, de modo que quede constancia de todas las actuaciones efectuadas.
5. Una vez transferidos, los documentos serán custodiados de modo que se aseguren sus características y propiedades, en función del tiempo durante el que vayan a ser conservados.
6. Los documentos electrónicos serán considerados como auténticos una vez transferidos desde los sistemas de información administrativa al sistema de archivo, aunque hayan caducado los certificados digitales y las firmas electrónicas con los que fueron producidos.
7. Todos los sistemas de información que intervienen en la gestión documental, tanto administrativa como archivística, contarán con medios de seguridad que impidan la alteración y sobreescritura no autorizadas de los documentos electrónicos, así como con instrumentos de trazabilidad que posibiliten la auditoría sobre su uso y acceso.
8. Los documentos electrónicos generados en plataformas tecnológicas comunes de tramitación electrónica a las que recurren distintas administraciones públicas podrán ser gestionados a lo largo de todo su ciclo de vida por el sistema de archivo de la Administración responsable de la plataforma, en caso de que la Administración titular de los documentos no tenga medios tecnológicos suficientes para su conservación y disposición. Esta gestión no incluye las políticas de acceso a los documentos, que corresponden a la Administración titular de dichos documentos.
9. Los documentos electrónicos generados por las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley deberán ser gestionados a lo largo de todo su ciclo de vida, por sus titulares legítimos, sin perjuicio de que, por falta de medios tecnológicos o económicos, estén albergados en archivos electrónicos de entidades que no estén integradas en el Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta gestión incluye las políticas de acceso a los documentos.
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Las entidades deben tener un sistema de gestión documental que controle todo el ciclo de vida; los documentos electrónicos se conservan en su formato original salvo necesidad técnica, y siguen siendo auténticos aunque caduquen sus certificados o firmas.
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Artículo 7
Artículo 7. Programa de gestión documental.
1. Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley están obligadas a establecer y mantener un programa continuado y activo para la gestión documental, de tal manera que garanticen un control efectivo sobre la creación, el mantenimiento y el uso de los documentos en el desempeño de sus actividades.
2. El programa de gestión documental establecerá y garantizará las políticas y los procedimientos que:
a) Aseguren que se crean y reciben los documentos necesarios para ejecutar las actividades de la entidad y dar constancia de ellas.
b) Integren la gestión documental en la planificación, el desarrollo y la implementación de los sistemas de producción administrativa, desde la fase inicial de diseño de los documentos.
c) Determinen los metadatos que deban crearse para cada documento a lo largo de los procesos relacionados con él, forme parte o no de un expediente, y la manera como se gestionarán y vincularán dichos metadatos al documento a lo largo de todo su ciclo de vida.
d) Determinen los requisitos de recuperación, uso, reutilización y transmisión de los documentos durante los procesos administrativos, así como sus plazos de conservación.
e) Determinen la forma de organizar los documentos.
f) Garanticen la continuidad de las actividades de gestión documental, mediante un plan de gestión de riesgos integrado en la gestión de riesgos corporativa.
g) Garanticen la conservación de los documentos en entornos seguros durante el tiempo establecido en los calendarios de conservación, y regulen el acceso a la documentación.
h) Cumplan los requisitos legales y reglamentarios, las normas aplicables y las políticas de cada entidad.
i) Aseguren la supervisión y auditoría del programa.
3. En los programas de gestión documental deberán colaborar de forma coordinada las áreas de gestión documental y archivo, de seguridad de la información, de protección de datos y de organización interna de cada entidad, y cualquier otra que pueda tener implicaciones relevantes sobre dichos programas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada entidad debe mantener un programa continuado de gestión documental con políticas concretas —desde el diseño del documento hasta su conservación y acceso— y coordinarlo entre archivo, seguridad, protección de datos y organización interna.
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Artículo 8
Artículo 8. De los documentos de los cargos públicos.
1. Los documentos de los cargos públicos recibirán idéntico tratamiento al de los demás documentos de titularidad pública, sin perjuicio de las especificidades derivadas de la aplicación de la normativa reguladora de utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
2. Tras su cese, los cargos públicos de las entidades del ámbito de aplicación de esta ley deberán entregar en el sistema de archivo de su entidad aquellos documentos de titularidad pública definidos en el artículo 4.4 de esta ley que, por alguna causa, obren en su poder o, en caso de exigirlo la continuidad de las actividades, deberán transmitirlos a la persona que los suceda en el cargo. Se levantará acta de la transmisión, en la que se incorporará el inventario de los documentos, y será visada por la persona responsable del sistema de archivo correspondiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los documentos de los cargos públicos se tratan igual que cualquier documento público. Al cesar, deben entregarlos al archivo o transmitirlos a su sucesor mediante acta con inventario visada por el responsable del archivo.
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Artículo 9
Artículo 9. De los documentos de las entidades del sector público institucional en el caso de extinción o transferencia de sus competencias.
1. Si una entidad del sector público institucional se extingue sin que ninguna de sus competencias tenga continuidad, su documentación será depositada en el sistema de archivo correspondiente a la Administración pública de la que dependa o a la que esté vinculada.
2. La transferencia total o parcial de competencias entre entidades del sector público institucional irá acompañada del traspaso de la documentación producida o recibida en la gestión de dichas competencias, siempre y cuando corresponda a procedimientos en tramitación o que sean imprescindibles para su gestión. El resto de la documentación deberá ser transferida al sistema de archivo correspondiente a la Administración pública de la que dependa o a la que esté vinculada.
3. En el caso de que alguna actividad de una entidad del sector público institucional pase a ser de naturaleza privada, los documentos generados hasta esa fecha seguirán siendo de titularidad pública y deberán ser transferidos al sistema de archivo correspondiente a la Administración pública de la que dependa o a la que esté vinculada.
4. Todas las transferencias indicadas en este artículo se efectuarán mediante acta, que incorporará el inventario de los documentos, y será visada por la persona responsable del sistema de archivo transferente, de forma que permita contextualizar correctamente el origen de la documentación y el motivo de los traspasos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si una entidad del sector público institucional se extingue, transfiere competencias o pasa a ser privada, su documentación no desaparece: va al archivo de la Administración de la que dependía, siempre mediante acta con inventario.
Esquema
| Extinción sin continuidad | Transferencia de competencias | Paso a actividad privada | |
|---|---|---|---|
| Destino de la documentación | Se deposita en el archivo de la Administración de la que dependía | La de trámites en curso o imprescindible viaja con la competencia; el resto, al archivo de origen | Sigue siendo de titularidad pública y se transfiere al archivo de la Administración de origen |
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Artículo 10
Artículo 10. De los documentos de titularidad pública generados por prestadores o prestadoras de servicios públicos.
1. A los efectos de esta ley, son prestadores o prestadoras de servicios públicos las personas privadas, tanto físicas como jurídicas, que desempeñen funciones gestoras de servicios públicos.
2. Los documentos producidos y acumulados en el ejercicio de las funciones relacionadas con la gestión de los servicios públicos mediante prestadores o prestadoras tienen la consideración de documentación de titularidad pública. La gestión de esa documentación se hará bien con los medios del prestador o prestadora, bien remitiéndola a la entidad pública correspondiente junto con la información necesaria para contextualizar la documentación adecuadamente.
3. En el supuesto de cese de la actividad de prestación de servicios públicos por parte de algún prestador o prestadora, todos los documentos de titularidad pública, así como la información contenida en los sistemas de información utilizados en la prestación del servicio, serán entregados, a la entidad pública para la que se prestaban dichos servicios. Esta entrega de documentos y de información se realizará en salvaguarda del interés público, y deberá ser documentada y visada por la persona responsable del sistema de archivo transferente y supervisada por la persona responsable del sistema de archivo de la entidad receptora.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los documentos que generan los prestadores privados de servicios públicos son también de titularidad pública. Si cesa la prestación, deben entregarlos todos a la entidad pública correspondiente, con acta visada y supervisada por ambos archivos.
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Artículo 11
Artículo 11. Valoración, selección y acceso a los documentos de titularidad pública.
1. Todos los documentos de titularidad pública serán valorados, de modo que se determinen sus plazos de conservación o eliminación y sus condiciones de acceso. Estas decisiones serán recogidas en los calendarios de conservación y acceso de cada entidad.
2. Los documentos electrónicos deberán incorporar, en la fase de diseño, los metadatos de valoración, selección y acceso, de tal modo que se garantice su correcta accesibilidad y que las decisiones de valoración y acceso puedan ser aplicadas en el momento del ciclo de vida que corresponda.
3. La valoración será efectuada por comisiones interdisciplinares específicas encargadas de dictaminar en la materia. Estas comisiones de valoración, selección y acceso a los documentos de las entidades públicas estarán reguladas normativamente por sus propias instituciones. En caso de no contar con comisión propia, las entidades públicas integrantes del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco someterán sus propuestas a la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, regulada en el artículo 26 de la presente ley. Esta comisión deberá emitir su decisión en el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la propuesta. En el caso de que, transcurrido ese plazo, no se haya emitido decisión alguna, se entenderán desestimadas las propuestas que supongan la eliminación total o parcial de los documentos, y estimadas las propuestas que supongan la conservación total de los documentos.
4. El procedimiento de valoración citado en el apartado anterior deberá incluir un estudio de identificación de la documentación que se somete a valoración. En dicho estudio se incorporarán, al menos, la información descriptiva de la documentación, la normativa que la regula, el tipo o los tipos de documentos de que se compone, si contiene o no datos especialmente protegidos y, en su caso, a qué procedimiento o actuación administrativa corresponde. Asimismo, se indicarán sus posibles valores, entendiéndose como tales el valor administrativo original y su potencial valor legal, jurídico, fiscal, histórico, científico, cultural, testimonial o informativo, en función de la información que contengan los documentos. A cada estudio se deberá acompañar copia de uno o varios ejemplos de la documentación a valorar, para facilitar el trabajo de la comisión, así como una propuesta de calendario de conservación y acceso.
5. Los calendarios de conservación y acceso aprobados por las respectivas comisiones deberán ser publicados en el boletín oficial correspondiente a cada Administración.
6. Para una mayor eficacia y economía de medios en la valoración, la selección y el acceso a los documentos, las comisiones a las que hace referencia este artículo podrán incluir los estudios de identificación, los calendarios de conservación y acceso, las actas y demás información relevante en una base de datos a la que todas ellas podrán acceder en red. Dicha base de datos será gestionada por el Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a fin de compartir el conocimiento y agilizar las decisiones de las organizaciones en la gestión de los documentos.
7. La documentación de titularidad pública no podrá ser expurgada, sin la aprobación previa de la comisión de valoración, selección y acceso competente sobre ella.
8. La decisión de eliminar o no la documentación cuyo calendario de conservación y acceso haya sido publicado como se establece en el apartado 5 de este artículo corresponderá a cada entidad titular.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todo documento público se valora para fijar cuánto se conserva y quién puede acceder a él. Si la comisión no decide en 3 meses, el silencio protege siempre la conservación.
Esquema
| Efecto del silencio | |
|---|---|
| Propuesta de eliminación (total o parcial) | Desestimada: no se eliminan, se conservan |
| Propuesta de conservación total | Estimada: se conservan |
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Artículo 12
Artículo 12. De los sistemas de archivo públicos.
1. Las entidades relacionadas en el artículo 4.2 de la presente ley deberán contar con su propio sistema de archivo, que llevará a cabo labores de dirección y planificación, elaborará normas, y dispondrá de recursos materiales y humanos suficientes para el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo III del título III de la presente ley con respecto a los sistemas de archivo de las entidades locales.
2. De conformidad con lo establecido en la normativa que regula el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cada sistema de archivo público contará con un archivo electrónico único.
3. De acuerdo con lo señalado en los apartados anteriores, los sistemas de archivo públicos actuarán en las siguientes fases:
a) Fase de diseño: en la que se analizan y diseñan los procedimientos y los documentos que los soportan y se les aplican los recursos archivísticos necesarios para gestionarlos adecuadamente.
b) Fase de tramitación: en la que se aplican los recursos archivísticos que aseguran la adecuada gestión de los documentos creados y recibidos.
c) Fase de conservación: en la que los documentos son transferidos al nivel de archivo correspondiente y se les incorporan los recursos archivísticos necesarios para garantizar su correcta permanencia durante el tiempo que les corresponda, su difusión y el acceso a ellos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada entidad pública debe tener su propio sistema de archivo, con un archivo electrónico único, y ese sistema actúa siempre en tres fases: diseño, tramitación y conservación.
Esquema
| Qué se hace en esa fase | |
|---|---|
| Diseño | Se analizan y diseñan los procedimientos y documentos, aplicando los recursos archivísticos necesarios. |
| Tramitación | Se aplican los recursos archivísticos que aseguran la gestión de los documentos ya creados o recibidos. |
| Conservación | Los documentos se transfieren al archivo correspondiente y se garantiza su permanencia, difusión y acceso. |
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Artículo 13
Artículo 13. Funciones de los sistemas de archivo públicos.
1. En el desempeño de su misión, los sistemas de archivo públicos tienen encomendadas las siguientes funciones:
a) Vigilar y exigir que en los archivos de las organizaciones vinculadas a la entidad a la que pertenezcan o dependientes de ella se cumplan la presente ley, sus desarrollos reglamentarios y cualquier otra norma que les sea de aplicación, elaborando las directrices necesarias a tal fin.
b) Administrar sus propios recursos, personal, edificios e instalaciones, alineándolos con sus funciones y evitando usos contrarios al desempeño de estas.
c) Participar y asesorar en la gestión de procesos y programas de las administraciones públicas en los que se decida el diseño de los documentos, de los procedimientos administrativos y de los planes de gestión de riesgos de la entidad, así como en la gestión de los sistemas tecnológicos, de inteligencia artificial, robotizados y cualesquiera otros que puedan desarrollarse en el futuro aplicados a la gestión de los documentos o a cualquiera de las funciones encomendadas a dichos sistemas de archivo en la presente ley.
d) Organizar los documentos de su entidad desde el momento de su creación o ingreso en el sistema, mantenerlos de forma adecuada y custodiarlos en entornos seguros a lo largo de todo su ciclo de vida.
e) Efectuar los procesos de identificación y valoración de la documentación para su análisis por la correspondiente comisión de valoración, y, una vez aprobados los calendarios de conservación y acceso, proceder a la selección de la documentación establecida en estos.
f) Prestar y garantizar los servicios de acceso a los documentos y de consulta y reproducción de ellos a las entidades que los crean o gestionan, a las partes interesadas en los correspondientes procedimientos y a la ciudadanía, de conformidad con lo establecido en la normativa en vigor.
g) Colaborar en la formación del personal de su respectiva Administración pública en materia de gestión documental integral y patrimonio documental.
h) Asegurar la conservación permanente de los documentos constitutivos del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y desarrollar políticas de difusión de dicho patrimonio.
i) Promover y colaborar, si procede, con iniciativas ciudadanas de recogida de documentación susceptible de constituir patrimonio documental, y asesorar a la ciudadanía en cuestiones relacionadas con el objeto de la presente ley.
2. Para el ejercicio efectivo de estas funciones, las entidades públicas que participen en el Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco adoptarán las medidas organizativas y técnicas necesarias para integrar adecuadamente los sistemas de información administrativa con los sistemas de archivo, en aras de garantizar la interoperabilidad en los procesos que materialicen dichas funciones.
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Enumera todo lo que hace un sistema de archivo: desde vigilar el cumplimiento de la ley hasta gestionar personal, valorar documentos, dar acceso y formar al personal de su administración.
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Artículo 14
Artículo 14. Personal de los sistemas de archivo públicos.
1. Los sistemas de archivo públicos deben disponer de personal técnico cualificado y en número suficiente para desempeñar las funciones que les encomienda la presente ley.
2. El Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, regulado en el artículo 23 de esta ley, propondrá un catálogo de referencia de perfiles profesionales, en el que se indiquen la titulación y las competencias requeridas para cada nivel y función.
3. El personal al servicio del sistema de archivo público está obligado a mantener la confidencialidad de los datos e informaciones de que tenga conocimiento en razón de su puesto de trabajo. Esta obligación de confidencialidad y secreto profesional se mantendrá aun cuando haya finalizado la relación contractual con el sistema de archivo público correspondiente. En todo caso, deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal de los archivos debe ser técnico y suficiente, y queda obligado a guardar confidencialidad de por vida, incluso cuando ya no trabaje allí.
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Artículo 15
Artículo 15. Contratación de servicios archivísticos.
1. La contratación de servicios archivísticos por parte de las entidades públicas requerirá el informe previo de la persona responsable de su respectivo sistema de archivo. En cualquier caso, quedarán excluidos del objeto de dichos contratos la gestión integral de los documentos, la dirección del sistema de archivo y el servicio de consulta de documentación.
2. Cuando, por falta de medios propios, las entidades públicas deban contratar el servicio de guarda y custodia de los documentos, habrá de garantizarse en todo caso que la empresa adjudicataria del servicio no identifique total o parcialmente ni la documentación ni su contenido, para lo cual se establecerán sistemas de acceso mediante signatura disociada de cualquier otra información.
3. La contratación de los servicios de computación en la nube u otros equivalentes que se puedan desarrollar en el futuro se entenderá comprendida en los términos de lo dispuesto en los apartados anteriores. Se exceptúan los servicios de nube pública u otros equivalentes propietarios, mancomunados o consorciados con otras entidades públicas, que a todos los efectos tendrán la consideración de instalaciones públicas.
4. El personal de las empresas adjudicatarias de contratos en el ámbito de los servicios archivísticos está obligado a mantener la confidencialidad de los datos y las informaciones de que tenga conocimiento en razón de su puesto de trabajo. Esta obligación de confidencialidad y secreto profesional se mantendrá aun cuando haya finalizado la relación contractual. En todo caso, deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contratar servicios de archivo tiene límites: hay tareas que nunca se pueden externalizar y, si se guarda en la nube, hay que distinguir si es de una empresa o de otras administraciones públicas.
Esquema
| ¿Se le aplican las reglas de este artículo? | |
|---|---|
| Nube contratada a una empresa externa | Sí: mismas reglas que la guarda y custodia (signatura disociada, sin identificar el contenido) |
| Nube pública propietaria, mancomunada o consorciada entre entidades públicas | No: se considera instalación pública |
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Artículo 16
Artículo 16. Del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1. El Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco está formado por el conjunto de documentos de interés producidos, reunidos y conservados por cualquier persona física o jurídica, tanto pública como privada, en el ejercicio de sus funciones o actividades, en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. Integran el Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco todos los documentos de titularidad pública y privada con más de cincuenta años de antigüedad desde su fecha de creación.
3. Asimismo, formarán parte del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco cualesquiera documentos, contemplados o no en los dos apartados precedentes, que sean inscritos en el Registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco del Patrimonio Cultural Vasco, mediante la declaración de bienes culturales muebles de protección especial y media previstos en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. La regulación y efectos de dichos bienes será la contenida en la citada Ley 6/2019.
4. Tanto la documentación de titularidad pública como la de titularidad privada pueden, una vez cumplido el plazo señalado en el apartado 2 de este artículo, ser sometidas a un proceso de valoración que determine su exclusión del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal y como se establece en el artículo 19 de esta ley. Se exceptúan de esta previsión aquellos bienes culturales declarados en virtud de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, en cuyo caso para dejar sin efecto dicha declaración deberán seguirse los trámites establecidos en la citada Ley de Patrimonio Cultural Vasco.
5. La documentación de titularidad privada integrante del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá ser depositada en un sistema de archivo de titularidad pública, quedando sujeta a las condiciones que rijan para cada depósito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la presente ley.
6. Serán consideradas causas de utilidad pública o interés social para la expropiación de los bienes del patrimonio documental:
a) La defensa y protección de dicho patrimonio.
b) El incumplimiento de los deberes de conservación y cuidado establecidos en esta ley por parte de las personas propietarias, poseedoras o titulares de derechos sobre los bienes integrantes del patrimonio documental, que facultará a la Administración para la expropiación total o parcial de dichos bienes.
7. El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental, previo informe de la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, podrá declarar constitutivos del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco aquellos documentos, tanto de titularidad pública como de titularidad privada, que, sin alcanzar la antigüedad indicada en el apartado 2, merezcan dicha consideración. En el caso de documentos de titularidad de entidades del sector público no integradas en el sistema de archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en lugar del informe de la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se requerirá informe previo del Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
8. El Gobierno Vasco, a través de acuerdos y convenios, en coordinación con los archivos o fondos documentales públicos o privados que conserven patrimonio documental fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dará a conocer y pondrá en valor nuestro patrimonio.
9. El Gobierno Vasco habilitará, mediante acuerdos, convenios, digitalizaciones y compartición de hipervínculos a portales o páginas web, los medios para acceder al patrimonio documental conservado fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, atendiendo lo que determine el Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Un documento entra en el Patrimonio Documental vasco, por regla general, al cumplir 50 años; también puede entrar antes, o por estar protegido como bien cultural, y puede llegar a expropiarse si no se cuida.
Esquema
| Quién informa | |
|---|---|
| Entidad integrada en el Sistema de Archivos de la CAPV | Informe de la Comisión de Valoración, Selección y Acceso |
| Entidad del sector público NO integrada en el Sistema | Informe del Consejo de Archivos y Patrimonio Documental |
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Artículo 17
Artículo 17. Inventario del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1. El Inventario del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco se constituye como un instrumento que tiene por objeto facilitar la identificación de los documentos integrantes de dicho patrimonio y de los archivos en donde se custodian, tanto de titularidad pública como de titularidad privada, radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de País Vasco. Corresponde al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental su formación, actualización, coordinación y difusión.
2. La metodología para la elaboración y recogida de los datos del Inventario del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como su actualización, plazos y demás requisitos, se establecerán reglamentariamente.
3. Todas las personas físicas o jurídicas, con independencia de su régimen y naturaleza jurídica, que sean titulares de los archivos a los que se refiere el apartado 1 están obligadas a colaborar en la elaboración y actualización del referido inventario, proporcionando la información que les sea requerida a tal fin.
4. Las personas privadas, físicas o jurídicas, propietarias y poseedoras legítimas de documentos integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán comunicar al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental los traslados de lugar de dichos documentos. Asimismo, las personas privadas, físicas o jurídicas, que habitualmente ejercen el comercio de documentos integrantes del patrimonio documental deberán formalizar un libro de registro de las transmisiones que realicen sobre dichos documentos.
5. A efectos de la elaboración del mencionado inventario, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental promoverá fórmulas de colaboración con las demás administraciones públicas y personas físicas o jurídicas privadas.
6. Los datos contenidos en el Inventario del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco serán de acceso público, a través de medios electrónicos.
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El Inventario recoge y localiza los documentos del Patrimonio Documental vasco; sus titulares están obligados a colaborar, comunicar traslados y, si comercian con ellos, llevar un libro de registro.
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Artículo 18
Artículo 18. Procedimiento de declaración del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1. El procedimiento de declaración de Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco al que se hace referencia en el artículo 16.7 de esta ley se incoará de oficio por la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental. Este procedimiento tendrá una duración máxima de doce meses desde la fecha de incoación, transcurridos los cuales sin que se haya dictado y notificado la resolución habrá caducado.
2. Asimismo, cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá instar a la citada dirección, mediante solicitud razonada, a que incoe el procedimiento de declaración. La dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental decidirá si procede la incoación. La solicitud se podrá entender desestimada transcurridos seis meses desde su entrada en el registro del órgano competente para la tramitación, sin haberse dictado y notificado resolución expresa. La incoación del expediente impedirá aplicar cualquier decisión de expurgo sobre los fondos y documentos afectados, hasta la resolución o caducidad.
3. En el procedimiento de declaración del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco será preceptivo el trámite de audiencia a las personas físicas o jurídicas interesadas, así como el informe de la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco o del Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.7 de la presente ley.
4. La resolución del procedimiento corresponderá a la persona titular de la viceconsejería del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental, y, en caso favorable, conllevará la inclusión de los documentos en el Inventario del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicha resolución se publicará en el «Boletín Oficial del País Vasco». La resolución, que deberá estar motivada y habrá de ser comunicada a quien solicitó la incoación, contendrá al menos la identificación, la descripción y la localización de los documentos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Declarar un documento como Patrimonio Documental es un procedimiento con dos plazos que no hay que confundir: uno para tramitarlo y otro para pedir que se inicie, y mientras dura nadie puede expurgar los documentos.
Esquema
| Efecto si transcurre sin resolución | |
|---|---|
| El procedimiento ya incoado (12 meses) | Caduca |
| La solicitud de que se incoe el procedimiento (6 meses) | Se entiende desestimada |
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Artículo 19
Artículo 19. Procedimiento para la exclusión del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.4 de la presente ley, tanto la documentación de titularidad pública como la de titularidad privada podrán, una vez cumplido el plazo de cincuenta años de antigüedad, ser sometidas a un proceso de valoración que, en su caso, determine su exclusión del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. El procedimiento para la exclusión se incoará de oficio por la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental. Este procedimiento tendrá una duración máxima de doce meses desde la fecha de incoación, transcurridos los cuales sin que se haya dictado y notificado la resolución habrá caducado.
3. Asimismo, cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá instar a la citada dirección, mediante solicitud razonada, que incoe el procedimiento de exclusión. La dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental decidirá si procede la incoación. La solicitud se podrá entender desestimada transcurridos seis meses desde su entrada en el registro del órgano competente para la tramitación sin haberse dictado y notificado resolución expresa.
4. En el procedimiento de exclusión del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco será preceptivo el trámite de audiencia a las personas físicas o jurídicas interesadas, así como el informe de la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco o del Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.7 de la presente ley.
5. La resolución del procedimiento corresponderá a la persona titular de la Viceconsejería del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental, y, en caso favorable, conllevará la exclusión de los documentos del patrimonio documental. Dicha resolución se publicará en el «Boletín Oficial del País Vasco». La resolución, que deberá estar motivada y habrá de ser comunicada a quien solicitó la incoación, contendrá al menos la identificación, la descripción y la localización de los documentos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Igual que para declarar, para excluir un documento del Patrimonio Documental (cumplidos los 50 años) hay un procedimiento con los mismos dos plazos: 12 meses para tramitarlo y 6 para decidir si se abre.
Esquema
| Efecto si transcurre sin resolución | |
|---|---|
| El procedimiento ya incoado (12 meses) | Caduca |
| La solicitud de que se incoe el procedimiento (6 meses) | Se entiende desestimada |
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Artículo 20
Artículo 20. Derecho de tanteo y retracto.
1. La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones inter vivos onerosas, bien voluntarias o bien derivadas de un procedimiento de ejecución patrimonial, de los documentos integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. En el plazo de tres meses, el órgano que corresponda de la Administración General de la Comunidad Autónoma de País Vasco podrá ejercer el derecho de tanteo para sí o para otras administraciones públicas, obligándose al pago del precio convenido. El ejercicio del derecho de tanteo requerirá que la Administración pública para la que se ejerce adopte previamente, por el órgano competente en cada caso, el acuerdo de adquisición onerosa pertinente, con la necesaria reserva presupuestaria, al objeto de materializar la adquisición que se acuerde.
3. El procedimiento para el ejercicio del derecho de tanteo y retracto se someterá a las siguientes prescripciones:
a) La persona transmitente deberá notificar fehacientemente al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental su pretensión de transmitir los documentos integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, señalando el precio, el aplazamiento de pago, si existiera, la identidad de la persona adquirente y el resto de condiciones fundamentales de la transmisión.
b) En los supuestos de transmisiones llevadas a cabo en un procedimiento de ejecución patrimonial, el organismo que haya de proceder a la adjudicación deberá realizar notificación previa de esta circunstancia, en el plazo de tres días, al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental, con indicación del precio y de la identidad de la persona que vaya a ser adjudicataria.
c) Recibida la notificación fehaciente de la pretensión de la transmisión en tiempo y forma, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, podrá comunicar su renuncia, en su nombre o en el de otras administraciones públicas, previa comunicación a las mismas, al ejercicio del derecho de tanteo, debiendo comunicar la citada renuncia a la persona transmitente. Si la Administración no ejercita el tanteo en el plazo de tres meses siguientes a la notificación completa y fehaciente, se producirá la caducidad de tal derecho respecto a la transmisión notificada.
d) La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá ejercer el derecho de retracto en los siguientes supuestos:
1. En el caso de falta de notificación de la persona transmitente, o si aquella resulta incompleta o deficiente.
2. Si la transmisión notificada se ha llevado a efecto antes de la caducidad del derecho de tanteo.
3. Si, transcurrido el plazo para el ejercicio del derecho de tanteo, se ha llevado a efecto la transmisión modificando las condiciones señaladas en la notificación.
e) Se podrá ejercer el derecho de retracto, en el plazo de tres meses, en las condiciones previamente reseñadas. El cómputo del plazo para el ejercicio del derecho de retracto se iniciará desde el momento en que se tenga conocimiento, por cualquier medio, de que la transmisión se ha llevado a efecto o de que se ha hecho en condiciones distintas de las señaladas en la notificación.
4. Sin perjuicio del obligado cumplimiento de las determinaciones establecidas en este artículo para el ejercicio del derecho de tanteo y retracto de las transmisiones onerosas inter vivos de documentos integrantes del Patrimonio Documental del País Vasco, y a fin de garantizar el conocimiento de las transacciones previstas, las personas promotoras de subastas de los citados documentos deberán notificar al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental, con una antelación mínima de un mes, la celebración de las subastas en las que se pretenda enajenar dichos bienes. La notificación deberá indicar la fecha, hora y lugar de celebración de la subasta, así como el precio de salida a subasta de los documentos y fondos documentales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración vasca puede comprar antes que nadie (tanteo) o deshacer la venta después (retracto) cuando se transmiten documentos del Patrimonio Documental, y además hay que avisarle de las subastas.
Esquema
| Cuándo se ejerce | Plazo | |
|---|---|---|
| Tanteo | Antes de que se consume la transmisión, tras la notificación previa del transmitente | 3 meses desde la notificación completa y fehaciente |
| Retracto | Cuando la transmisión ya se ha ejecutado (sin notificar, notificando mal, o con condiciones cambiadas) | 3 meses desde que se conoce la transmisión o sus condiciones reales |
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Artículo 21
Artículo 21. Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1. El Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco está integrado por los sistemas de archivo de las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley, salvo las recogidas en los artículos 2.b) y 2.e), que podrán incorporarse voluntariamente al sistema.
2. El Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco es el espacio común de cooperación y coordinación archivística de los sistemas de archivo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y tiene la misión de impulsar su funcionamiento armonizado.
3. El Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco está adscrito a la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental. La persona titular de esta dirección será, asimismo, la responsable de la dirección del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
4. Para desarrollar la cooperación, coordinación y asesoramiento en la gestión documental en el Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco se crean dos órganos colegiados multidisciplinares: el Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
5. Los sistemas de archivo de cada una de las instituciones que conforman el sector público foral y de las juntas generales de los territorios históricos podrán integrarse en el Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, previa solicitud por parte del órgano competente de cada una de aquellas instituciones. Esta integración se realizará mediante convenio, tras el que deberá dictarse una orden de la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco. La integración en el Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco conllevará la aplicación de las normas establecidas en la presente ley a los sistemas de archivo y fondos documentales que se integren.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Sistema de Archivos del País Vasco agrupa los archivos de todas las entidades de la ley, salvo dos excepciones voluntarias, y lo dirige el Gobierno Vasco a través de dos órganos colegiados nuevos.
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Artículo 22
Artículo 22. Dirección del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1. La dirección del Gobierno Vasco competente en la gestión del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco desempeñará las siguientes funciones:
a) Impulsar la elaboración de políticas públicas, directrices y estrategias armonizadas para los sistemas de archivo y el Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
b) Impulsar las políticas públicas de cooperación en investigación, desarrollo e innovación en materias de su competencia con instituciones, entidades y sistemas afines, públicos y privados.
c) Colaborar con el Instituto Vasco de Administración Pública, las instituciones docentes y otras entidades que impartan o promuevan formación en materia de gestión documental integral y patrimonio documental.
d) Promover la elaboración de normas técnicas para la gestión integral de los documentos, de los fondos documentales y de los sistemas de archivo integrados.
e) Impulsar la homologación en el ámbito de la valoración, selección y acceso a los documentos, y promover la identificación de series documentales comunes para todas las administraciones.
f) Gestionar la base de datos de información sobre la valoración y selección de documentos a la que se refiere el apartado 6 del artículo 11 de la presente ley.
g) Desarrollar y mantener cuantas soluciones tecnológicas sean necesarias para facilitar el acceso, el conocimiento y la difusión de los documentos y de la información contenida en ellos.
h) Elaborar y mantener el Inventario del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, regulado en el artículo 17 de la presente ley.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas normativamente.
2. La dirección del Gobierno Vasco que gestione el Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco contará con una unidad administrativa que llevará a cabo las funciones señaladas en las letras d), e), f), g) y h).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La dirección del Gobierno Vasco competente reparte sus nueve funciones: cinco de ellas (d a h) las ejecuta en la práctica una unidad administrativa concreta.
Esquema
| Dirección (queda en ella) | Unidad administrativa | |
|---|---|---|
| Letras que ejecuta | a), b), c), i) | d), e), f), g), h) |
| Tipo de tarea | Impulso político y colaboración | Gestión técnica: normas, base de datos, tecnología, inventario |
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Artículo 23
Artículo 23. Del Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1. El Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco es el órgano colegiado multidisciplinar para el asesoramiento a la dirección del Gobierno Vasco competente en la gestión del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco en las materias propias de su competencia.
2. El Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco desempeñará las siguientes funciones:
a) Informar a las entidades comprendidas en el ámbito de actuación de la presente ley que lo soliciten sobre cualquier norma que afecte a las funciones relativas a la gestión documental y de los archivos.
b) Informar en los procedimientos de declaración y de exclusión relativos al Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco correspondientes a documentos de titularidad de entidades del sector público no integradas en el Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal y como se recoge en los artículos 16.7, 18.3 y 19.4 de la presente ley.
c) Proponer un catálogo de referencia de perfiles profesionales, con la titulación y las competencias requeridas para cada nivel y función.
d) Asimismo, llevará a cabo todas aquellas funciones que se determine normativamente.
e) Cualesquiera otras que le delegue la dirección competente en la gestión del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Consejo de Archivos y Patrimonio Documental es el órgano asesor multidisciplinar de la dirección del sistema: informa, propone perfiles profesionales y asume lo que se le delegue.
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Artículo 24
Artículo 24. Composición del Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1. El Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco tendrá la siguiente composición:
a) Presidente o presidenta: la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental.
b) Vicepresidente o vicepresidenta: la persona representante del Servicio de Gestión del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, designada por la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental.
c) Vocales:
1. Una persona designada por el departamento del Gobierno Vasco competente en la dirección del Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. La persona responsable del Archivo Histórico de Euskadi.
3. Una persona con dedicación profesional específica en archivos, representante por cada una de las tres diputaciones forales, designadas por sus respectivas instituciones.
4. Dos personas designadas por Eudel (Asociación de Municipios Vascos) entre las personas profesionales del sector que desempeñen sus funciones en entidades municipales.
5. Una persona con dedicación profesional específica en archivos en representación del Parlamento Vasco, designada por su institución.
6. Una persona con dedicación profesional específica en archivos, representante de cada una de las tres juntas generales, designadas por sus respectivas instituciones.
7. Dos personas en representación de las asociaciones profesionales de la gestión documental integral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
8. Una persona con dedicación profesional específica en archivos, en representación de la Universidad del País Vasco, designada por su institución.
9. Una persona, especialista en Historia Contemporánea o Historia del Derecho y de las Instituciones, designada por la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco con competencia en materia de archivos y patrimonio documental entre el profesorado de la Universidad del País Vasco.
d) Secretario o secretaria: una persona designada por la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental de entre el personal técnico de la asesoría jurídica de dicha dirección, con voz, pero sin voto.
2. El nombramiento de los miembros del Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo el de quienes lo sean por razón de su cargo, se efectuará por orden de la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental.
3. El mandato de los miembros del consejo, salvo el de quienes lo sean por razón del cargo, será de cuatro años, renovable por períodos de igual duración. Una vez que expire su mandato, continuarán desempeñando sus funciones hasta que surta efecto su renovación o el nombramiento de sus sucesores o sucesoras.
4. Las vacantes que se produzcan por cualquier causa serán cubiertas en el plazo de un mes, desde que se comunique tal circunstancia al secretario o secretaria del consejo, y por el tiempo que reste de mandato a la persona a quien se sustituya.
5. Para la válida constitución del consejo, será necesaria la presencia de la mayoría de sus componentes, y sus acuerdos serán adoptados por la mayoría de asistentes. En caso de empate, el presidente o presidenta tendrá voto de calidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Consejo se compone de presidencia, vicepresidencia, nueve tipos de vocales y secretaría sin voto; el mandato de los designados es de cuatro años y el presidente decide en caso de empate.
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Artículo 25
Artículo 25. Funcionamiento del Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1. El consejo se reunirá una vez al año con carácter ordinario y, con carácter extraordinario, cuantas veces lo convoque la presidencia o lo solicite un tercio de sus componentes.
2. En función de la urgencia u otro motivo apreciable, podrá efectuarse la asistencia por medios tecnológicos que permitan identificar la personalidad de las personas asistentes y garanticen la integridad y autenticidad de sus intervenciones.
3. Para el adecuado desempeño de las funciones que le confiere esta ley, el consejo podrá crear grupos de personas expertas, a las que asigne cometidos específicos, y designar sus componentes de entre el personal al servicio del sistema.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Consejo se reúne una vez al año con carácter ordinario, y de forma extraordinaria cuando lo pida la presidencia o un tercio de sus miembros; admite asistencia telemática y puede crear grupos de expertos.
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Artículo 26
Artículo 26. De la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1. La Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Covasade) es el órgano colegiado multidisciplinar encargado de valorar todas las tipologías y series documentales generadas por las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley, adheridas al Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que no cuenten con comisión propia.
2. La Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco desempeñará las siguientes funciones:
a) Analizar y validar las propuestas de los calendarios de conservación y acceso de las series y los documentos presentados por las entidades mencionadas en el apartado 1 y, por ende, determinar los documentos que se conservarán o eliminarán, total o parcialmente, siempre y cuando se trate de documentación no integrante del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
b) Analizar y validar las propuestas de sustitución de documentos en papel por copia electrónica auténtica y la consiguiente destrucción del original en papel, siempre y cuando se trate de documentación no integrante del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Determinar los documentos esenciales resultantes de las funciones y actividades críticas de la entidad, los cuales formarán parte de su plan de gestión de riesgos corporativo.
d) Informar en los procedimientos de declaración y exclusión del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con lo establecido en esta ley.
e) Asesorar en las materias de su competencia a las entidades comprendidas en el ámbito de esta ley.
f) Cualesquiera otras que le delegue la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos (Covasade) valora qué documentos se conservan o eliminan cuando la entidad no tiene comisión propia, y también asesora e informa en declaraciones de Patrimonio Documental.
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Artículo 27
Artículo 27. Composición de la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1. La Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco tendrá la siguiente composición:
a) Presidente o presidenta: la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental.
b) Vicepresidente o vicepresidenta: la persona representante del Servicio de Gestión del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, designada por la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental.
c) Vocales:
1. Una persona designada por la dirección del Gobierno Vasco competente en la gestión del Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. La persona responsable del Archivo Histórico de Euskadi.
3. Una persona con dedicación profesional específica en archivos, en representación de la Universidad del País Vasco, designada por su institución.
4. Una persona, designada por Eudel (Asociación de Municipios Vascos) entre las personas profesionales del sector que desempeñen sus funciones en entidades municipales.
5. Una persona designada por la persona titular de la dirección de Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental de entre el personal técnico de la asesoría jurídica de dicha dirección.
6. Una persona, de nivel técnico superior, en representación de la dirección del Gobierno Vasco competente en organización y administración electrónica, designada por la persona titular de dicha dirección.
7. Una persona, de nivel técnico superior, en representación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, designada por la persona titular de dicha agencia.
8. Una persona especialista en Historia Contemporánea o Historia del Derecho y de las Instituciones, designada por la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco con competencia en materia de archivos y patrimonio documental de entre el profesorado de la Universidad del País Vasco.
9. Una persona, de nivel técnico superior, en representación de las asociaciones profesionales de la gestión documental integral, designada por la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental.
d) Secretario o secretaria: una persona designada por la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental de entre el personal técnico de la asesoría jurídica de dicha dirección, con voz, pero sin voto.
2. El nombramiento de los miembros de la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo el de quienes lo sean por razón de su cargo, se efectuará por orden de la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental.
3. El mandato de los miembros de la comisión, salvo el de quienes lo sean por razón del cargo, será de cuatro años, renovable por períodos de igual duración. Una vez que expire su mandato, continuarán desempeñando sus funciones hasta que surta efecto su renovación o el nombramiento de sus sucesores o sucesoras.
4. Para la válida constitución de la comisión será necesaria la presencia de la mayoría de sus componentes, y sus acuerdos serán adoptados por la mayoría de las personas asistentes. En caso de empate, el presidente o presidenta tendrá voto de calidad.
5. La Presidencia de la comisión podrá autorizar la presencia en sus sesiones, o en parte de ellas, de personas especializadas en los temas que fueren objeto de tratamiento en ellas, que, en todo caso, actuarán con voz y sin voto en el tema o los temas que fundamenten su presencia.
6. La comisión podrá crear grupos de trabajo y adoptar las fórmulas necesarias para optimizar sus funciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Comisión Covasade se compone de presidencia, vicepresidencia, nueve vocalías y secretaría sin voto, con mandato de cuatro años para los designados y voto de calidad de la presidencia en caso de empate.
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Artículo 28
Artículo 28. Funcionamiento de la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco se regirá por los siguientes principios de funcionamiento:
a) Se reunirá en sesión ordinaria al menos dos veces al año, y en sesión extraordinaria, cuantas veces la convoque su presidencia por la urgencia de la materia o porque lo haya solicitado un tercio de sus componentes.
b) Los acuerdos sobre calendarios de conservación y acceso serán adoptados por mayoría de los miembros asistentes y sometidos a la aprobación del titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental. Dichos acuerdos se publicarán en el «Boletín Oficial del País Vasco».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Comisión Covasade se reúne al menos dos veces al año con carácter ordinario, y sus acuerdos sobre calendarios de conservación necesitan la aprobación del departamento y se publican en el Boletín Oficial del País Vasco.
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Artículo 29
Artículo 29. Configuración y composición.
1. Los archivos de todas las entidades comprendidas en el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco configuran un sistema único y coordinado, denominado Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. Este sistema dependerá orgánicamente del departamento del Gobierno Vasco competente en administración pública, excepto el Archivo Histórico de Euskadi, ya que su ámbito de actuación es el Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, por ello, estará adscrito al departamento del Gobierno Vasco con competencia en materia de archivos y patrimonio documental.
3. El Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco estará adscrito a la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de recursos generales. La persona titular de esta dirección será la responsable de la dirección del Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
4. Constituyen el Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco:
a) El Gobierno Vasco y sus departamentos y los organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado, las sociedades públicas, las fundaciones y los consorcios que conforman el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
b) La dirección del Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Los archivos de gestión de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
d) El Archivo General del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
e) El Archivo Histórico de Euskadi.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos los archivos del sector público vasco forman un sistema único, dependiente del departamento de administración pública, salvo el Archivo Histórico de Euskadi, adscrito al departamento de archivos y patrimonio documental.
Esquema
| Resto del sistema | Archivo Histórico de Euskadi | |
|---|---|---|
| Departamento del que depende | Administración pública | Archivos y patrimonio documental |
| Motivo | Gestión ordinaria del sector público | Su ámbito es el Patrimonio Documental |
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Artículo 30
Artículo 30. De la dirección del Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1. La dirección competente en la gestión del Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco desempeñará las siguientes funciones:
a) Planificar la política de gestión documental integral y el control de su ejecución.
b) Programar los presupuestos para el funcionamiento de los archivos, tanto en soporte electrónico como analógico, y controlar su ejecución.
c) Impulsar las políticas públicas de cooperación con instituciones y sistemas afines, al objeto de actualizar el modelo de gestión documental que les sea de aplicación.
d) Establecer las normas, los procesos y las buenas prácticas para la gestión de los documentos.
e) Desarrollar, actualizar y mantener las aplicaciones que soportan los sistemas de gestión de documentos y archivos.
f) Establecer el cuadro de clasificación de la documentación y definir las series documentales que lo componen, así como definir la tipología documental y los esquemas de metadatos que se deben aplicar a los documentos.
g) Colaborar con la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de administración electrónica, en el análisis de los procedimientos y servicios objeto de digitalización.
h) Realizar los análisis de identificación de series y tipos documentales de su ámbito y elaborar las correspondientes propuestas de valoración con destino a la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
i) Participar en la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
j) Diseñar, aplicar y supervisar los mecanismos de conservación a largo plazo de la documentación en todo soporte, con especial atención a los documentos electrónicos, por sus requerimientos específicos.
k) Gestionar el archivo electrónico único como repositorio corporativo seguro de documentos electrónicos, en coordinación con la dirección del Gobierno Vasco competente en administración electrónica y con la dirección del Gobierno Vasco competente en la gestión del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
l) Planificar y realizar auditorías periódicas en materia de gestión documental, con especial atención a los documentos electrónicos por sus requerimientos específicos.
m) Asesorar a las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de gestión documental integral y de los sistemas que la sustentan.
2. La dirección del Gobierno Vasco competente en la gestión del Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco contará con una unidad administrativa que llevará a cabo las funciones señaladas en las letras d), e), f), g), h), i), j), k), l) y m), y prestará servicios comunes a los sistemas integrados en él.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La dirección del Sistema de Archivo del Sector Público tiene trece funciones de planificación, normativa y gestión técnica; diez de ellas las ejecuta en la práctica una unidad administrativa que además presta servicios comunes.
Esquema
| Dirección (a, b, c) | Unidad administrativa (d-m) | |
|---|---|---|
| Tipo de función | Planificación, presupuesto, cooperación | Normas, aplicaciones, clasificación, valoración, conservación, auditoría, asesoramiento |
| Servicios comunes | No los presta | Los presta a los sistemas integrados |
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Artículo 31
Artículo 31. De los archivos de gestión del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1. En cada unidad administrativa u oficina del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, existirá un archivo de gestión. El personal asignado al él se responsabilizará de organizar, custodiar y conservar su documentación.
2. Los archivos de gestión tienen las siguientes funciones:
a) Cumplir con las directrices e instrucciones emanadas de la dirección del Gobierno Vasco competente en la gestión del Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la gestión documental.
b) Organizar los expedientes y documentos generados por sus unidades administrativas u oficinas, una vez concluida la tramitación de los mismos.
c) Conservar los expedientes y documentos en instalaciones adaptadas a la normativa técnica en la materia.
d) Ingresar en el sistema de información administrativa que establezca la dirección del Gobierno Vasco competente en la gestión del Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco los expedientes y sus documentos, en el plazo máximo de un año desde la finalización de su tramitación.
e) Transferir los expedientes y documentos al Archivo General del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en un plazo máximo de cinco años desde la finalización de su tramitación.
f) Realizar, en su nivel, los expurgos de expedientes y documentos que se establezcan en los calendarios de conservación y acceso.
g) Permitir el acceso a los documentos, en los términos establecidos por los calendarios de conservación y acceso y por la legislación vigente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada oficina del sector público vasco tiene su archivo de gestión: organiza y custodia mientras el expediente está vivo, y luego lo transfiere a los archivos superiores en plazos tasados.
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Artículo 32
Artículo 32. Del Archivo General del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1. El Archivo General del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene por finalidad la ejecución de las políticas de gestión y la custodia de los documentos generados por el Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. El Archivo General del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco desempeñará las siguientes funciones:
a) Supervisar y controlar la transferencia de expedientes concluidos y cualquier otra documentación procedente de los archivos de gestión, garantizando que se mantenga correctamente la cadena de custodia documental durante tal proceso.
b) Custodiar y organizar los expedientes y documentos durante los plazos definidos en los calendarios de conservación y acceso para su permanencia en este archivo.
c) Conservar los expedientes y documentos en instalaciones adaptadas a la normativa técnica en la materia.
d) Permitir el acceso a los documentos custodiados en ellos, en los términos establecidos por los calendarios de conservación y acceso y por la legislación vigente.
e) Realizar, en su nivel, los expurgos de expedientes y documentos que se establezcan en los calendarios de conservación y acceso.
f) Recibir las transferencias de fondos procedentes de la Administración General del Estado o de las administraciones públicas de los territorios históricos, que se efectúen en virtud del traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
g) Transferir los expedientes y documentos valorados como de conservación permanente al Archivo Histórico de Euskadi, en un plazo máximo de cincuenta años desde la fecha de finalización de su tramitación.
h) Participar activamente en la valoración y selección de la documentación.
i) Cualesquiera otras que le delegue la dirección del Gobierno Vasco competente en la gestión del Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Archivo General del sector público vasco recibe lo que transfieren los archivos de gestión, lo custodia según los calendarios de conservación y remite lo permanente al Archivo Histórico de Euskadi.
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Artículo 33
Artículo 33. Del Archivo Histórico de Euskadi.
1. Se crea el Archivo Histórico de Euskadi, servicio adscrito a la dirección del Gobierno Vasco competente en archivos y patrimonio documental, y dependiente orgánicamente dirección del Gobierno Vasco competente en el Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco regulada en el artículo 22 de la presente ley.
2. El Archivo Histórico de Euskadi tiene por finalidad gestionar, conservar y difundir los documentos integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o susceptibles de serlo, que estén bajo su custodia.
3. El Archivo Histórico de Euskadi desempeñará las siguientes funciones:
a) Gestionar y conservar los expedientes y documentos y los fondos documentales transferidos desde el Archivo General del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
b) Gestionar y conservar los fondos documentales integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco que le sean encomendados y transferidos por cualquier persona física o jurídica, tanto pública como privada.
c) Garantizar el acceso a los documentos que custodia, en los términos establecidos por la legislación vigente.
d) Desarrollar programas de reproducción documental en soportes alternativos, para garantizar la conservación de los documentos originales y fomentar su difusión.
e) Promover programas de difusión cultural y puesta en valor del patrimonio documental.
f) Promover las medidas para facilitar el acceso a los documentos relativos a la historia de la Comunidad Autónoma del País Vasco obrantes en otros archivos o fondos documentales, públicos o privados, por los medios más adecuados.
g) Asesorar en materias de su competencia.
h) Cualesquiera otras que se le atribuyan normativamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Archivo Histórico de Euskadi es el destino final de lo permanente: recibe fondos también de particulares y se dedica a difundir el patrimonio documental vasco, no solo a custodiarlo.
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Artículo 34
Artículo 34. De los sistemas de archivo de las entidades locales.
1. Los municipios y demás entidades locales están obligados a tener un sistema de archivo propio, con capacidad para desempeñar las funciones y cumplir con las obligaciones establecidas en la presente ley.
2. El sistema de archivo citado en el apartado 1 comprenderá el sistema completo de la entidad local, incluido su sector público institucional.
3. Los municipios y demás entidades locales están obligados a disponer del personal cualificado y de los medios necesarios para prestar los servicios de archivo en los términos expresados en esta ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todo municipio y entidad local vasca está obligado a tener su propio sistema de archivo, con personal y medios suficientes, y que cubra también su sector público institucional.
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Artículo 35
Artículo 35. Mancomunidad de medios.
1. Los municipios y demás entidades locales podrán mancomunar con otras entidades municipales o supramunicipales los medios necesarios para el cumplimiento de los preceptos de la presente ley, siempre bajo la condición de que sus fondos documentales queden correctamente diferenciados, identificados y contextualizados.
2. Todas las entidades concernidas por el presente capítulo podrán mancomunar con otras entidades municipales o supramunicipales los medios tecnológicos necesarios para la operativa de su correspondiente archivo electrónico único, asimismo bajo la condición expresada en el apartado 1 de este artículo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los municipios pueden compartir medios, incluso el archivo electrónico único, con otras entidades, siempre que sus fondos documentales sigan estando diferenciados e identificados.
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Artículo 36
Artículo 36. De los archivos privados.
1. A los efectos de esta ley, tienen la consideración de archivos privados aquellos donde se custodian los documentos y fondos documentales generados, en el ejercicio de las funciones y actividades que les son propias, por personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que ejerzan sus actividades o se encuentren ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. Tendrán la consideración de archivos privados los reunidos y conservados por, entre otros:
a) Las asociaciones culturales, educativas y ciudadanas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
b) Las organizaciones políticas, sindicales y empresariales con domicilio o actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Las entidades eclesiásticas y las asociaciones y órganos de las diferentes confesiones religiosas radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
d) Familias y personalidades relevantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco a lo largo de la historia.
e) Los archivos de los movimientos sociales y los archivos comunitarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Un archivo privado es el de cualquier persona física o jurídica privada que actúa en el País Vasco: la ley da una lista abierta de ejemplos, desde asociaciones hasta archivos comunitarios.
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Artículo 37
Artículo 37. Derechos y obligaciones de las personas titulares de archivos privados que sean parte integrante del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1. Las personas físicas o jurídicas titulares de archivos privados que sean parte integrante del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen derecho a:
a) Recibir asesoramiento del personal técnico del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la gestión de sus fondos documentales.
b) Optar, de acuerdo con las condiciones previstas en las respectivas normativas reguladoras, a las convocatorias de ayudas efectuadas por las instituciones públicas, que estén relacionadas con cualquier actuación relativa a la gestión y conservación de tales fondos.
2. Asimismo, las personas físicas o jurídicas titulares de archivos privados que sean parte integrante del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco están obligadas a:
a) No destruirlos, ni modificarlos ni dividirlos, y a conservarlos íntegros y en condiciones adecuadas de uso.
b) Gestionarlos de forma que se garantice la conservación y el acceso a los documentos.
c) Facilitar su consulta por parte de toda persona, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la presente ley. La consulta podrá realizarse en la sede que señale la persona titular o en un sistema de archivo público al que se trasladen con carácter temporal los documentos objeto de consulta.
d) Comunicar, de forma previa, escrita y fehaciente, al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental cualquier enajenación a título oneroso en la titularidad de la propiedad, así como cualquier traslado de ubicación dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco o cualquier salida de documentos integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco fuera del territorio de la Comunidad Autónoma, sea temporal o definitiva.
3. En caso de incumplimiento de las obligaciones anteriormente establecidas, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental podrá acordar el depósito temporal del archivo privado en un archivo público. Asimismo, el incumplimiento del apartado 2.a) del presente artículo podrá ser causa de expropiación de la documentación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien tenga un archivo privado que sea Patrimonio Documental vasco recibe asesoramiento y puede optar a ayudas, pero a cambio no puede destruirlo y debe avisar antes de venderlo o sacarlo de Euskadi.
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Artículo 38
Artículo 38. Del fomento de los archivos privados.
1. Para fomentar la función social de los archivos privados, las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos de competencia, podrán establecer ayudas, dirigidas a personas físicas y jurídicas privadas, para el desarrollo de proyectos archivísticos con fines de conservación y difusión del patrimonio documental de carácter privado.
2. Quienes se beneficien de estas ayudas tendrán la obligación de someterse a la supervisión de las administraciones públicas con las que se encuentren vinculados por haber recibido subvención, en todo lo relacionado con el proyecto subvencionado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las administraciones pueden subvencionar proyectos de archivos privados para conservarlos y difundirlos, pero quien recibe la ayuda queda sujeto a supervisión sobre ese proyecto.
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Artículo 45
Artículo 45. Del acceso a los documentos de titularidad privada integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco custodiados en archivos públicos.
El acceso a los documentos de titularidad privada integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se encuentren custodiados en archivos públicos se regirá por lo dispuesto en los instrumentos que formalizaron su ingreso en el archivo correspondiente. En ningún caso, dichos instrumentos podrán contradecir lo establecido en el apartado 4 del artículo 39 de la presente ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El acceso a documentos privados del Patrimonio Documental que están en archivos públicos se rige por el acuerdo de ingreso, que nunca puede saltarse el límite del art. 39.4.
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Artículo 46
Artículo 46. Del acceso a los documentos de titularidad privada integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco custodiados en archivos privados.
1. Todas las personas, tanto a título individual y en su propio nombre como en nombre y representación de otra u otras personas físicas o jurídicas, tienen derecho a acceder a los documentos de titularidad privada integrantes del patrimonio documental.
2. El acceso a los documentos de titularidad privada integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se encuentren custodiados en archivos privados se regirá por las siguientes normas:
a) Las personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras de dichos documentos permitirán el acceso a ellos, salvo cuando su consulta suponga una intromisión en el derecho a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen o afecte a derechos protegidos por una normativa específica.
b) La solicitud deberá realizarse por escrito, y deberá identificar con la mayor precisión posible los documentos solicitados.
c) La persona propietaria, titular de los derechos o poseedora de los documentos podrá depositarlos temporalmente en un archivo público para facilitar el acceso a ellos.
3. El derecho de acceso podrá ser denegado o restringido, en aplicación de la normativa vigente. Esta denegación o restricción habrá de ser formulada por escrito motivadamente, para que la persona interesada pueda comunicar esta circunstancia a los órganos competentes en materia de archivos y patrimonio documental, con el fin de que, en su caso, adopten las medidas previstas en esta ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula el acceso a documentos privados del Patrimonio Documental guardados en manos privadas: derecho de acceso salvo intimidad, solicitud por escrito, posible depósito temporal y denegación motivada por escrito.
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Artículo 47
Artículo 47. Régimen jurídico.
1. La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en esta ley se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en ella y en la normativa en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo de aplicación.
2. Cuando la acción u omisión vulnere el régimen específico de protección otorgado a los bienes integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco declarados bienes culturales de protección especial o media en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones previsto en dicha ley.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si las infracciones son cometidas respecto a los documentos de titularidad pública contemplados en el artículo 4.2, letras a), b), e), f), g), h), i) y k) y a sus correspondientes archivos por los cargos públicos y personal funcionario o laboral sometido al régimen disciplinario de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca y de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y de la Ley 1/2014, de 26 de junio, reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, se sancionarán respectivamente conforme a lo previsto en sus normas, según su calificación. En el supuesto de que dichas infracciones sean cometidas por personal estatutario sometido al régimen disciplinario de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, se sancionarán conforme a lo previsto en su capítulo XII, según su calificación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija qué normativa sancionadora se aplica según el caso: el procedimiento administrativo general, la Ley de Patrimonio Cultural Vasco si son bienes de protección especial, o el régimen disciplinario propio si el infractor es personal público.
Esquema
| Bienes de protección especial (Ley 6/2019) | Personal público infractor (régimen disciplinario) | |
|---|---|---|
| ¿Cuándo se aplica? | Cuando la infracción afecta a bienes culturales de protección especial o media | Cuando el infractor es cargo público, funcionario, laboral o estatutario sobre documentos del art. 4.2 |
| Norma que rige la sanción | Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco | Ley 6/1989, Ley 7/2007, Ley 1/2014 o Ley 55/2003, según el caso |
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Artículo 48
Artículo 48. Inspección e incoación del procedimiento de investigación.
1. Las administraciones competentes y el personal autorizado podrán llevar a cabo cuantas actuaciones consideren procedentes para comprobar el efectivo cumplimiento de las determinaciones previstas en la presente ley.
2. Cuando se presuma la realización de actuaciones que pueden constituir vulneraciones de las obligaciones previstas en esta ley o su normativa de desarrollo o que puedan tipificarse como infracción, se deberá iniciar un procedimiento de investigación, que podrá dar lugar a la incoación del procedimiento sancionador que corresponda, o al archivo de las actuaciones si no se acredita vulneración alguna de la presente normativa.
3. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
4. En caso de que se acreditara la concurrencia de indicios de delito, el órgano competente para imponer la sanción lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, suspendiendo el procedimiento administrativo sancionador hasta tanto se pronuncie la jurisdicción penal. La sanción penal, en caso de que se produzca, excluirá la imposición de la sanción administrativa, sin perjuicio de que se adopten las medidas de reposición a la situación anterior a la comisión de la infracción, así como de la exigencia de reparar e indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Explica cómo se investiga una posible infracción: de la inspección puede salir un expediente sancionador o el archivo, no cabe sancionar dos veces el mismo hecho y si hay indicios de delito el asunto pasa a la vía penal.
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Artículo 49
Artículo 49. Concepto de infracción.
1. Son infracciones administrativas en materia de archivos y patrimonio documental la realización de las conductas descritas y tipificadas en los artículos 50, 51 y 52 de la presente ley.
2. Las responsabilidades administrativas derivadas de la comisión de una infracción son compatibles con exigir a quien la haya cometido el restablecimiento de la legalidad y la reparación de los daños causados.
3. La Administración competente deberá adoptar, en todo caso y con independencia de la imposición de las sanciones que correspondan, las medidas tendentes a restablecer la legalidad y a reparar los daños causados por la actuación infractora.
4. Las infracciones en materia de archivos y patrimonio documental se clasifican en leves, graves y muy graves.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define qué es infracción en esta materia (lo tipificado en los arts. 50-52), aclara que la sanción es compatible con reparar el daño y clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves.
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Artículo 50
Artículo 50. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves en materia de archivos y patrimonio documental:
a) El incumplimiento del deber de colaboración establecido en el artículo 17.3 de la presente ley.
b) La no formalización del libro de registro de las transmisiones de documentos integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se realicen por las personas que habitualmente ejercen el comercio de dichos documentos, tal y como se establece en el artículo 17.4 de la presente ley.
c) La obstrucción del ejercicio del derecho de acceso a los documentos en las condiciones previstas en esta ley.
d) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 37.2.d) de la presente ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista las cuatro infracciones leves: incumplir el deber de colaboración, no llevar el libro de registro de transmisiones, obstruir el acceso a documentos y no cumplir la obligación del art. 37.2.d).
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Artículo 51
Artículo 51. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves en materia de archivos y patrimonio documental:
a) El incumplimiento de la obligación de entregar los documentos de titularidad pública, así como de entregar el acta visada que incorpore el inventario de dichos documentos que se transfieran en los supuestos establecidos en los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley.
b) La negación injustificada del ejercicio del derecho de acceso a los documentos en las condiciones previstas en esta ley.
c) La comisión de una infracción leve cuando la persona haya sido sancionada por la comisión de, al menos, otra infracción leve en los tres años anteriores por resolución firme en vía administrativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera las tres conductas que son infracción grave: no entregar los documentos o el acta con el inventario, negar el acceso sin motivo, y reincidir en una leve.
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Artículo 52
Artículo 52. Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves en materia de archivos y patrimonio documental:
a) Las actuaciones u omisiones que lleven aparejada pérdida, desaparición, eliminación o daños irreparables en los documentos integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
b) La eliminación de documentos de titularidad pública al margen de los procedimientos establecidos en esta ley y sus normas de desarrollo.
c) La publicación, utilización indebida o difusión de la información contenida en documentos que tengan algún tipo de reserva en su acceso o estén restringidos o protegidos por ley.
d) La comisión de una infracción grave cuando la persona haya sido sancionada por la comisión de, al menos, otra infracción grave en los tres años anteriores por resolución firme en vía administrativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija las cuatro infracciones muy graves: destruir o dañar irreparablemente el patrimonio documental, eliminarlo sin procedimiento, difundir información reservada y reincidir en una grave.
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Artículo 53
Artículo 53. Responsables de las infracciones.
Son responsables de las infracciones las personas que sean autoras de las conductas u omisiones tipificadas como infracciones en esta ley y, en su caso, las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, de quienes dependan o a quienes representen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responden de las infracciones tanto quien las comete como la persona jurídica, pública o privada, de la que dependa o a la que represente.
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Artículo 54
Artículo 54. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones administrativas leves prescribirán a los tres años, las graves a los cinco años y las muy graves a los diez años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que la infracción se haya cometido. En los casos de infracción realizada de forma continuada, tal plazo se comenzará a contar desde el día en que se realizó el último hecho constitutivo de la infracción o desde que se eliminó la situación ilícita.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las infracciones prescriben en tres, cinco o diez años según su gravedad; el plazo arranca al día siguiente de cometerse (o del último acto, si es continuada).
Esquema
| Leve | Grave | Muy grave | |
|---|---|---|---|
| Plazo | 3 años | 5 años | 10 años |
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Artículo 55
Artículo 55. Procedimiento sancionador.
Las sanciones administrativas requerirán la tramitación de un procedimiento, con audiencia de la persona interesada, para fijar los hechos que las determinen, y serán proporcionales a la gravedad de los hechos y al perjuicio causado o que pudiera haberse causado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El procedimiento sancionador exige dar audiencia a la persona interesada para fijar los hechos, y la sanción debe ser proporcional a la gravedad y al perjuicio causado o posible.
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Artículo 56
Artículo 56. Cuantía de las sanciones.
1. Procederá la imposición de las siguientes sanciones:
Multa de hasta 50.000 euros en los supuestos constitutivos de infracciones leves.
Multa desde 50.001 hasta 100.000 euros en los supuestos constitutivos de infracciones graves.
Multa desde 100.001 hasta 300.000 euros en los supuestos constitutivos de infracciones muy graves.
2. La cuantía de la sanción establecida para cada uno de los tres tipos infractores podrá incrementarse hasta cubrir la mayor de las siguientes valoraciones: el doble del beneficio obtenido como consecuencia de la infracción o el doble del valor del daño causado al patrimonio documental.
3. El Gobierno Vasco queda autorizado para proceder reglamentariamente a la actualización de la cuantía de las multas que se fijan en la presente ley. El porcentaje de los incrementos no será superior al de los índices oficiales de incremento del coste de vida.
Téngase en cuenta que, según el apartado 3, el Gobierno Vasco podrá, mediante disposición publicada únicamente en el "Boletín Oficial del País Vasco", actualizar la cuantía de las sanciones.
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Las multas van de hasta 50.000 € (leve) a 300.000 € (muy grave) y pueden subir hasta el doble del beneficio o del daño causado; el Gobierno Vasco actualiza las cuantías por vía reglamentaria.
Esquema
| Leve | Grave | Muy grave | |
|---|---|---|---|
| Importe | Hasta 50.000 € | 50.001 – 100.000 € | 100.001 – 300.000 € |
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Artículo 57
Artículo 57. Exigencia de reparación de daños y perjuicios.
1. Con independencia de la imposición de la sanción de multa que legalmente corresponda, las infracciones cometidas de las que se deriven daños en el Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco o en las instalaciones de los archivos llevará aparejada, cuando sea posible, la obligación de reparación y restitución de las cosas a su estado original y, en todo caso, la indemnización de los daños y perjuicios causados.
2. El incumplimiento de la obligación de reparar prevista en el apartado anterior facultará a la diputación foral correspondiente para ejecutar las tareas de reparación de forma subsidiaria y con cargo a la persona infractora.
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Además de la multa, la infracción que cause daños obliga a reparar y, en todo caso, a indemnizar; si no se repara, la diputación foral puede hacerlo y cobrárselo al infractor.
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Artículo 58
Artículo 58. Administraciones competentes.
1. Será competencia de la diputación foral correspondiente la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores relativos a las infracciones tipificadas en la presente ley que afecten a los archivos y documentos de titularidad de los órganos forales de su territorio histórico.
2. La persona titular de la dirección competente del Gobierno Vasco en materia de archivos y patrimonio documental será el órgano responsable de la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores correspondientes a las infracciones tipificadas en la presente ley que afecten a los archivos y documentos que no estén comprendidos en el apartado anterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reparte la competencia sancionadora: la diputación foral resuelve si afecta a archivos forales de su territorio, y el resto corresponde a la dirección de archivos del Gobierno Vasco.
Esquema
| Diputación foral | Gobierno Vasco | |
|---|---|---|
| Ámbito | Archivos y documentos de órganos forales de su territorio histórico | El resto de archivos y documentos, no forales |
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Artículo 59
Artículo 59. Prescripción de las sanciones.
Las sanciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años, y las muy graves a los tres años, contados en todo caso desde la firmeza de la resolución que resuelve el procedimiento sancionador.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sanciones ya impuestas prescriben en uno, dos o tres años según su gravedad, contados desde que la resolución sancionadora sea firme.
Esquema
| Leve | Grave | Muy grave | |
|---|---|---|---|
| Plazo | 1 año | 2 años | 3 años |
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Artículo 54
Conservación de documentos electrónicos. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas, así como sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, deberán conservar en soporte electrónico todos los documentos que formen parte de un expediente administrativo y todos aquellos documentos con valor probatorio creados al margen de un procedimiento administrativo. La copia electrónica auténtica generada conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene la consideración de patrimonio documental a efectos de aplicación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español o la normativa autonómica correspondiente, siendo el periodo de conservación de los documentos el establecido por las autoridades calificadoras que correspondan. 2. Cada Administración Pública, regulará los períodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos, que formen parte del expediente de un procedimiento cuya tramitación haya concluido, conforme a su normativa específica de archivos y patrimonio documental. Cuando se tenga conocimiento por la Administración Pública, organismo o entidad de la existencia de procedimientos judiciales que afecten o puedan afectar a documentos electrónicos, estos deberán conservarse a disposición de los órganos jurisdiccionales, hasta tanto exista constancia de la terminación del procedimiento judicial correspondiente en las sucesivas instancias, por haber recaído resolución no susceptible de recurso o procedimiento alguno ante órganos jurisdiccionales nacionales o internacionales. 3. La conservación de los documentos electrónicos deberá realizarse de forma que permita su acceso y comprenda, como mínimo, su identificación, contenido, metadatos, firma, estructura y formato. También será posible la inclusión de su información en bases de datos siempre que, en este último caso, consten los criterios para la reconstrucción de los formularios o modelos electrónicos origen de los documentos, así como para la comprobación de la identificación o firma electrónica de dichos datos. Los plazos de conservación de esta información están sujetos a los mismos plazos establecidos para los correspondientes documentos electrónicos. 4. Para asegurar la conservación, acceso y consulta de los documentos electrónicos archivados con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, se podrán trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la normativa específica de archivos y patrimonio documental, histórico y cultural. Asimismo, se planificarán las actuaciones de preservación digital que garanticen la conservación a largo plazo de los documentos digitales y permitan de esta forma dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior
5. En todo caso, bajo la supervisión de los responsables de la seguridad y de los responsables de la custodia y gestión del archivo electrónico y de los responsables de las unidades productoras de la documentación se establecerán los planes y se habilitarán los medios tecnológicos para la migración de los datos a otros formatos y soportes que permitan garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad, conservación y acceso al documento cuando el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones deben conservar en soporte electrónico todo el expediente y los documentos con valor probatorio, respetando plazos y garantizando el acceso aunque cambien los formatos.
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Artículo 55
Archivo electrónico único. 1. El archivo electrónico único de cada Administración es el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes. 2. En el archivo electrónico único de la Administración General del Estado serán accesibles todos los documentos y expedientes electrónicos del sector público estatal una vez finalizados los procedimientos y en los plazos determinados por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente. La gestión del archivo electrónico único garantizará la autenticidad, conservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad y cadena de custodia de los expedientes y documentos almacenados, así como su acceso, en las condiciones exigidas por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, por la normativa de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por la legislación de archivos y patrimonio histórico y cultural y por la normativa específica que sea de aplicación, de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El archivo electrónico único es el conjunto de sistemas que gestiona, custodia y recupera expedientes ya terminados; el de la AGE da acceso a todos los del sector público estatal finalizados, con plenas garantías de seguridad.
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Artículo 53
Tiempo de conservación y destrucción de documentos. 1. Los documentos presentados por el interesado en soporte papel que por cualquier circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento de su presentación, una vez digitalizados serán conservados a su disposición durante seis meses para que pueda recogerlos, independientemente del procedimiento administrativo al que se incorporen o de la Administración Pública a que vayan dirigidos, salvo que reglamentariamente la Administración correspondiente establezca un plazo mayor. 2. Los documentos presentados por el interesado en formato electrónico dentro de un dispositivo, que por cualquier circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento de su presentación, una vez incorporados al expediente serán conservados a su disposición durante seis meses para que pueda recogerlos, independientemente del procedimiento administrativo al que se incorporen o de la Administración Pública a que vayan dirigidos, salvo que reglamentariamente la Administración correspondiente establezca un plazo mayor. 3. Transcurrido el plazo previsto en los apartados anteriores, la destrucción de los documentos se realizará de acuerdo con las competencias del Ministerio de Cultura y Deporte o del órgano competente de la comunidad autónoma, y siempre que no se trate de documentos con valor histórico, artístico u otro relevante o de documentos en los que la firma u otras expresiones manuscritas o mecánicas confieran al documento un valor especial.
4. Cuando la generación de copias electrónicas auténticas se realice a partir de documentos originales o copias auténticas de documentos en soporte no electrónico que se conserven formando parte de sus correspondientes expedientes y series documentales en cualesquiera de las oficinas, archivos o dependencias de cualquier organismo de las Administraciones públicas, dichos documentos originales o copias auténticas de documentos en soporte no electrónico se restituirán a sus oficinas, archivos o dependencias de origen, donde les será de aplicación la normativa específica en materia de archivos y conservación del patrimonio documental en su respectivo ámbito y siguiendo lo establecido por las autoridades calificadoras que correspondan. 5. En el ámbito estatal, se estará a lo preceptuado en el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los documentos en papel o en dispositivo electrónico que el interesado no pueda recoger en el momento se guardan seis meses a su disposición; pasado ese plazo se destruyen, salvo valor histórico o firma con valor especial.