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Tema 28: Fuentes del derecho administrativo: ley y reglamento. Jerarquía normativa. Principio de legalidad de la Administración Pública.

Practica este tema con tests de Administrativo — Gobierno Vasco: preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

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Anotaciones Oposhark · Lo esencial

Este tema explica de dónde salen las normas que rigen a la Administración: la ley, el reglamento, cómo se ordenan entre sí (jerarquía normativa) y por qué la Administración solo puede actuar dentro de lo que el Derecho le permite (principio de legalidad). Es la base para entender todo lo demás: si una norma vale, quién podía dictarla y qué puede controlarse ante los tribunales.

Las 6 ideas base del tema

  1. 1

    Sistema, no lista

    Las fuentes no son una lista suelta: forman un sistema presidido por la Constitución, ordenado por competencia y jerarquía, y completado por reglas de validez, publicación y control.

  2. 2

    Ley: quién y cómo

    La ley es una norma escrita aprobada por un órgano parlamentario mediante el procedimiento previsto. Importan a la vez el nombre, el órgano, el procedimiento y el rango.

  3. 3

    Reglamento subordinado

    El reglamento es una norma general, subordinada a la ley, dictada por quien tiene potestad reglamentaria atribuida. No puede sustituir a la ley en materias reservadas ni contradecirla.

  4. 4

    Jerarquía ordena, competencia reparte

    La jerarquía ordena rangos dentro de un mismo ordenamiento: Constitución, ley, reglamento. Entre territorios distintos, lo que decide es la competencia, no la jerarquía.

  5. 5

    Legalidad positiva

    La Administración no actúa por defecto: necesita una habilitación jurídica para cada potestad, y debe respetar el procedimiento y la finalidad prevista.

  6. 6

    Todo se puede controlar

    Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, incluida la discrecionalidad, que nunca es ausencia de control.

Checklist: ¿me lo sé?

0/12 — marca lo que ya sabes explicar sin mirar.

Lo esencial

El Derecho Administrativo ordena cómo se organiza y actúa la Administración y cómo se controla su actuación. Sus fuentes no forman una lista plana: se integran en un sistema presidido por la Constitución, sujeto a competencia y jerarquía, y completado por reglas sobre validez, publicación y control. La Constitución vincula a ciudadanía y poderes públicos (art. 9.1), garantiza legalidad, jerarquía normativa, publicidad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3), atribuye al Gobierno la potestad reglamentaria conforme a la Constitución y las leyes (art. 97), exige que la Administración sirva con objetividad los intereses generales y actúe con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1), y somete la potestad reglamentaria y la legalidad administrativa al control judicial (art. 106.1).

Para resolver un caso hay que identificar primero quién dictó la regla y si tenía competencia; después, su rango y procedimiento de producción; finalmente, su publicación, vigencia y compatibilidad con normas superiores. Una norma inferior no puede contradecir otra superior. Tampoco basta el rango si el órgano invade una competencia ajena. La legalidad administrativa es positiva: la Administración necesita habilitación jurídica y debe actuar dentro de sus fines, procedimiento y límites. El reglamento desarrolla o complementa la ley, pero no puede sustituirla en materias reservadas, contradecirla ni establecer retroactividad sancionadora desfavorable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las fuentes del Derecho Administrativo no son una lista suelta: forman un sistema presidido por la Constitución, ordenado por competencia y jerarquía, y sujeto a reglas de validez, publicación y control judicial.

El Derecho Administrativo es la rama que ordena cómo se organiza y actúa la Administración, y cómo se controla esa actuación. Sus fuentes no son una lista suelta de normas: forman un sistema presidido por la Constitución, sujeto a reglas de competencia y jerarquía, y completado por reglas sobre validez, publicación y control.

La Constitución hace varias cosas a la vez: vincula a ciudadanía y poderes públicos (art. 9.1), garantiza legalidad, jerarquía normativa, publicidad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3), atribuye al Gobierno la potestad reglamentaria conforme a la Constitución y las leyes (art. 97), exige que la Administración sirva con objetividad los intereses generales y actúe con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1), y somete la potestad reglamentaria y la legalidad administrativa al control judicial (art. 106.1).

La legalidad administrativa es positiva: la Administración no puede actuar porque nadie se lo prohíba, sino que necesita una habilitación jurídica y debe moverse dentro de sus fines, su procedimiento y sus límites.

Esquema

Cómo resolver un caso de fuentes
Quién dictó la norma ysi tenía competenciaRango y procedimientode producciónPublicación, vigenciay compatibilidad connormas superiores

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La ley: concepto y clases

La ley es una norma escrita aprobada por un órgano parlamentario mediante el procedimiento constitucional o estatutariamente previsto. Su fuerza se manifiesta en que innova el ordenamiento dentro de la competencia del legislador, ocupa una posición superior al reglamento y solo puede ser controlada en su constitucionalidad por los cauces establecidos. No toda disposición escrita es ley: el nombre, el órgano, el procedimiento y el rango importan conjuntamente.

En el Estado, la ley orgánica se reserva a materias constitucionalmente enumeradas y requiere mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto. La ley ordinaria cubre las demás materias legislativas. La diferencia no debe entenderse como una superioridad general de la orgánica, sino como una distribución material: cada tipo debe mantenerse en su ámbito. Las comunidades autónomas aprueban leyes dentro de sus competencias y conforme a sus estatutos; la relación entre ley estatal y autonómica se decide principalmente por competencia, no mediante una jerarquía territorial automática.

El ordenamiento reconoce normas del Gobierno con fuerza de ley. El decreto-ley responde a una extraordinaria y urgente necesidad, es provisional, tiene límites materiales y se somete a convalidación parlamentaria. El decreto legislativo nace de una delegación de las Cortes para elaborar textos articulados o refundidos dentro de sus bases, plazo y objeto. Estas figuras tienen fuerza de ley, pero no son reglamentos pese a proceder del poder ejecutivo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si solo recuerdas una cosa: la ley es una norma parlamentaria que está por encima del reglamento; sus variantes (orgánica, ordinaria, autonómica, decreto-ley, decreto legislativo) se distinguen por materia, procedimiento y origen, no por una jerarquía suelta entre ellas.

La ley es una norma escrita aprobada por un órgano parlamentario siguiendo el procedimiento constitucional o estatutariamente previsto. No basta con que un texto se llame ley: importan a la vez el nombre, el órgano que la aprueba, el procedimiento seguido y el rango que tiene.

En el Estado, la ley orgánica se reserva a materias que la Constitución enumera y requiere mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del texto. La ley ordinaria cubre las demás materias legislativas.

Las comunidades autónomas aprueban sus propias leyes dentro de sus competencias y conforme a sus estatutos. La relación entre ley estatal y ley autonómica se decide, principalmente, por competencia, y no por una jerarquía territorial automática.

Esquema

Decreto-ley vs decreto legislativo
Decreto-leyDecreto legislativo
OrigenDictado por el Gobierno ante extraordinaria y urgente necesidadNace de una delegación de las Cortes
ObjetoResponde a la urgencia, es provisional y tiene límites materialesElaborar textos articulados o refundidos dentro de bases, plazo y objeto
ControlSe somete a convalidación parlamentariaSe mantiene dentro de la delegación: bases, plazo y objeto
NaturalezaTiene fuerza de ley pero no es reglamentoTiene fuerza de ley pero no es reglamento

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El reglamento: potestad y límites

El reglamento es una norma general subordinada a la ley, dictada por una Administración u órgano con potestad normativa. Se diferencia del acto administrativo en que contiene una regulación con vocación general y de permanencia, mientras el acto aplica el ordenamiento a una situación concreta, aunque la denominación formal no siempre resuelva por sí sola la naturaleza del instrumento.

La potestad reglamentaria del Gobierno encuentra apoyo constitucional en el art. 97 CE. Otras Administraciones la ejercen cuando el ordenamiento se la atribuye, dentro de su ámbito competencial. En el nivel local se manifiesta, entre otros instrumentos, mediante ordenanzas y reglamentos aprobados por el órgano competente. La atribución de potestad no elimina los límites: competencia, procedimiento, jerarquía, reserva de ley, respeto a los principios generales, finalidad pública y control judicial.

El art. 128 de la Ley 39/2015 recuerda que los reglamentos y disposiciones administrativas no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes, regular materias reservadas a las Cortes Generales o asambleas legislativas autonómicas, tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, tributos o exacciones parafiscales, ni contrariar disposiciones de rango superior. Una habilitación legal puede permitir desarrollo reglamentario, pero no autoriza a desbordar su finalidad o contenido. La omisión de trámites esenciales o la incompetencia también afectan a la validez.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si solo recuerdas una cosa de este apartado: el reglamento es una norma general y permanente, subordinada a la ley, y su potestad para dictarlo siempre tiene límites de competencia, procedimiento, jerarquía y reserva de ley, recogidos también en el art. 128 de la Ley 39/2015.

El reglamento es una norma general subordinada a la ley, dictada por una Administración u órgano que tiene potestad normativa. Se diferencia del acto administrativo en que el reglamento contiene una regulación con vocación general y de permanencia, mientras que el acto aplica el ordenamiento a una situación concreta.

La potestad reglamentaria del Gobierno encuentra apoyo constitucional en el art. 97 CE. Otras Administraciones la ejercen cuando el ordenamiento se la atribuye, dentro de su ámbito competencial. En el nivel local se manifiesta, entre otros instrumentos, mediante ordenanzas y reglamentos aprobados por el órgano competente.

El art. 128 de la Ley 39/2015 recuerda que los reglamentos y disposiciones administrativas no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes, regular materias reservadas a las Cortes Generales o a las asambleas legislativas autonómicas, tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, tributos o exacciones parafiscales, ni contrariar disposiciones de rango superior.

Una habilitación legal puede permitir el desarrollo reglamentario, pero no autoriza a desbordar su finalidad o contenido. La omisión de trámites esenciales o la incompetencia del órgano que dicta el reglamento también afectan a su validez.

Esquema

Reglamento vs acto administrativo
ReglamentoActo administrativo
AlcanceRegulación general y de permanenciaAplica el ordenamiento a una situación concreta
NaturalezaNorma subordinada a la leyNo es norma, es aplicación del ordenamiento

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Jerarquía normativa

La jerarquía normativa ordena las normas según su rango y excluye que una disposición inferior contradiga otra superior. Su garantía constitucional se recoge en el art. 9.3 CE. La Constitución ocupa la posición superior; las normas con rango de ley se subordinan a ella; los reglamentos se subordinan a la Constitución y a las leyes y, dentro de cada Administración, respetan además la jerarquía que establezcan las leyes.

La jerarquía no explica todos los conflictos. Entre ordenamientos territoriales, la competencia decide qué instancia puede regular una materia. Entre una ley orgánica y una ordinaria puede operar la reserva material. También influyen la especialidad y la sucesión temporal, pero ninguna permite a una norma inferior desplazar válidamente una superior. Antes de acudir a criterios de preferencia hay que verificar rango y competencia.

La publicidad hace posible conocer la norma y es condición esencial de su eficacia general. La seguridad jurídica exige un marco cognoscible y razonablemente coherente. Una disposición administrativa que vulnere otra de rango superior incurre en invalidez; los tribunales controlan la potestad reglamentaria y pueden inaplicar o anular reglamentos por los cauces legales. La Administración tampoco puede dejar de obedecer una ley alegando que prefiere su propio reglamento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si solo recuerdas una idea: la jerarquía normativa (art. 9.3 CE) ordena Constitución, leyes y reglamentos de arriba abajo, pero no resuelve los conflictos entre territorios distintos, donde manda la competencia.

La jerarquía normativa ordena las normas según su rango y excluye que una disposición inferior contradiga otra superior. Su garantía constitucional se recoge en el art. 9.3 CE.

La jerarquía no explica todos los conflictos. Entre ordenamientos territoriales, la competencia decide qué instancia puede regular una materia. Entre una ley orgánica y una ordinaria puede operar la reserva material. También influyen la especialidad y la sucesión temporal, pero ninguna permite a una norma inferior desplazar válidamente una superior.

La publicidad hace posible conocer la norma y es condición esencial de su eficacia general. La seguridad jurídica exige un marco cognoscible y razonablemente coherente.

Esquema

Orden de la jerarquía normativa
Jerarquía normativa
  • Constitución (posición superior)
  • Normas con rango de ley (subordinadas a la Constitución)
  • Reglamentos
    • Subordinados a la Constitución y a las leyes
    • Respetan la jerarquía interna de cada Administración

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El principio de legalidad de la Administración pública

La Administración está sometida plenamente a la ley y al Derecho, según el art. 103.1 CE. La expresión incluye la Constitución, las leyes, los reglamentos válidos y los principios jurídicos aplicables. A diferencia de la libertad general de la ciudadanía, la Administración ejerce potestades atribuidas para fines públicos: necesita una base jurídica, debe respetar el procedimiento y no puede utilizar una potestad para una finalidad distinta de la prevista.

La vinculación positiva es especialmente intensa cuando la actuación limita derechos, impone cargas, sanciona o exige prestaciones. En materia sancionadora y tributaria rigen reservas y garantías reforzadas; la potestad reglamentaria no puede eludirlas. Legalidad no equivale a automatismo: cuando una norma concede discrecionalidad, la Administración puede elegir entre opciones jurídicamente permitidas, pero debe atender al fin, los hechos, la proporcionalidad, la igualdad y la prohibición de arbitrariedad. La discrecionalidad no es ausencia de control.

El art. 106.1 CE encarga a los tribunales controlar la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y su sometimiento a los fines que la justifican. Este control alcanza los elementos reglados, los hechos determinantes, el procedimiento, la motivación cuando sea exigible y los principios generales. La autotutela administrativa permite que ciertos actos produzcan efectos y se ejecuten sin una sentencia previa, pero no sitúa a la Administración fuera del Derecho ni elimina la tutela judicial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si solo recuerdas una cosa: la Administración, a diferencia de un particular, solo puede hacer lo que la ley y el Derecho le permiten (art. 103.1 CE), y su actuación, incluida la discrecional, siempre está sujeta al control judicial (art. 106.1 CE).

La Administración está sometida plenamente a la ley y al Derecho, según el art. 103.1 CE. Esa expresión incluye la Constitución, las leyes, los reglamentos válidos y los principios jurídicos aplicables.

La vinculación positiva es especialmente intensa cuando la actuación limita derechos, impone cargas, sanciona o exige prestaciones. En materia sancionadora y tributaria rigen reservas y garantías reforzadas, y la potestad reglamentaria no puede eludirlas.

El art. 106.1 CE encarga a los tribunales controlar la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y su sometimiento a los fines que la justifican. Este control alcanza los elementos reglados, los hechos determinantes, el procedimiento, la motivación cuando sea exigible y los principios generales.

La autotutela administrativa permite que ciertos actos produzcan efectos y se ejecuten sin una sentencia previa, pero no sitúa a la Administración fuera del Derecho ni elimina la tutela judicial.

Esquema

Qué incluye el sometimiento a la ley y al Derecho
Sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE)
  • Constitución
  • Leyes
  • Reglamentos válidos
  • Principios jurídicos aplicables

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Artículo 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recoge la sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y enumera los principios básicos del ordenamiento jurídico español.

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Artículo 97

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno dirige la política interior y exterior y las dos Administraciones, civil y militar, y la defensa. Solo tiene dos potestades, la ejecutiva y la reglamentaria, siempre sometidas a la Constitución y la ley.

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Artículo 103

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija los principios que rigen a toda la Administración (objetividad, eficacia, jerarquía...) y remite a la ley el estatuto de los funcionarios, con el mérito y la capacidad como puerta de entrada.

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Artículo 106

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la actuación administrativa, y el ciudadano tiene derecho a ser indemnizado por los daños que le cause el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.

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Artículo 128. Potestad reglamentaria.

1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dice quién puede hacer reglamentos y hasta dónde llega esa potestad: nunca puede pisar terreno reservado a la ley (delitos, tributos, sanciones) ni saltarse la jerarquía normativa.

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Artículo 129. Principios de buena regulación.

1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.

Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta.

Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo . La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno , o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante.

Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija.

5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas.

6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados en negrita del párrafo tercero del apartado 4, por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del f.j. 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados en negrita del párrafo tercero del apartado 4, por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la iniciativa legislativa y reglamentaria, las Administraciones deben respetar los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, justificándolo en la exposición de motivos o el preámbulo.

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Artículo 130. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación.

1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente.

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica.

Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del f.j. 7 b) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Obliga a las Administraciones a revisar periódicamente sus normas para comprobar que cumplen su objetivo y que el coste estaba bien calculado. Ojo: el TC declaró este artículo contrario al reparto constitucional de competencias.

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Artículo 131. Publicidad de las normas.

Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios.

La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa.

La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La publicación en el diario oficial es la que hace que una norma entre en vigor; cualquier otro medio de difusión es solo un complemento voluntario. La sede electrónica del BOE vale igual que el papel.

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Artículo 132. Planificación normativa.

1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.

Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y 7 c) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del f.j. 7 b) y 7 c) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada año la Administración debe hacer público su Plan Normativo con lo que piensa aprobar el año siguiente, y publicarlo en el Portal de la Transparencia. También fue declarado contrario al reparto constitucional de competencias.

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Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.

1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.

4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.

Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y, salvo el inciso de su apartado primero «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública» y el primer párrafo de su apartado 4, en los términos del fundamento jurídico 7 c), por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del f.j. 7 b) y, salvo el inciso de su apartado primero «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública» y el primer párrafo de su apartado 4, en los términos del f.j. 7 c), por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Antes de elaborar un anteproyecto o reglamento, se hace una consulta pública sobre problemas, necesidad, objetivos y alternativas; luego, si afecta a derechos, se publica el texto para audiencia e información pública; puede prescindirse de estos trámites en casos tasados.

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Artículo 3. Principios generales.

1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

a) Servicio efectivo a los ciudadanos.

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

f) Responsabilidad por la gestión pública.

g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.

h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.

3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.

4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recoge los principios generales de actuación de las Administraciones (servicio al ciudadano, transparencia, eficacia, buena fe...), su deber de relacionarse entre sí por medios electrónicos, y que cada una tiene personalidad jurídica única.

¿Me lo sé? Flashcards

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