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Tema 22: Legalizaciones de firmas. La validación en la administración electrónica: la identificación y firma electrónica, el certificado electrónico.

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Anotaciones Oposhark · Lo esencial

Este tema explica cómo funciona la Administración por medios electrónicos: qué leyes lo sustentan, qué es la sede electrónica, cómo se identifica y firma un ciudadano o un empleado público, cómo funciona el sistema Cl@ve, cómo se notifica electrónicamente y qué esquemas garantizan que los sistemas sean seguros (ENS) e interoperables (ENI) entre administraciones.

Las 6 ideas base del tema

  1. 1

    Dos leyes, dos caras

    La Ley 39/2015 mira hacia el ciudadano (procedimiento y relaciones externas) y la Ley 40/2015 mira hacia dentro de la Administración (régimen interno, interoperabilidad y seguridad). Sin las dos no hay administración electrónica completa.

  2. 2

    Identificar no es firmar

    Identificarse es acreditar quién eres ante un sistema; firmar es acreditar que un documento es tuyo y no se ha alterado. Son dos actos distintos aunque a veces se hagan con la misma herramienta.

  3. 3

    Tres niveles de firma

    El Reglamento eIDAS distingue firma simple, avanzada y cualificada. Solo la cualificada tiene el mismo valor que la firma manuscrita.

  4. 4

    Cl@ve simplifica el acceso

    Cl@ve PIN es para trámites ocasionales, con una clave de un solo uso; Cl@ve Permanente es para trámites frecuentes, con una clave fija reforzable. Ambas evitan tener que instalar un certificado digital.

  5. 5

    La notificación también puede rechazarse en silencio

    Si el destinatario no entra a leer la notificación electrónica en el plazo fijado, se entiende rechazada y produce los mismos efectos que si la hubiera aceptado.

  6. 6

    Seguridad e interoperabilidad van de la mano

    El ENS protege los sistemas; el ENI hace que se entiendan entre sí. Un sistema seguro pero aislado, o interoperable pero inseguro, no cumple su función.

Checklist: ¿me lo sé?

0/12 — marca lo que ya sabes explicar sin mirar.

Identificación y firma electrónica: tipos y usos

La identificación electrónica permite acreditar la identidad de una persona o entidad ante un sistema informático, mientras que la firma electrónica permite acreditar la autoría y la integridad de un documento o transacción. Ambos conceptos son fundamentales en la administración electrónica y están regulados tanto por la normativa española como por el Reglamento europeo eIDAS.

El Reglamento eIDAS distingue tres niveles de firma electrónica: la firma electrónica simple —cualquier dato en forma electrónica vinculado a otros datos que el firmante utiliza para firmar—, la firma electrónica avanzada —basada en datos únicos que permiten identificar al firmante y detectar cambios posteriores— y la firma electrónica cualificada —la avanzada creada mediante un dispositivo cualificado de creación de firma y basada en un certificado cualificado—. Solo la firma cualificada tiene el mismo valor jurídico que la manuscrita.

Los empleados públicos pueden utilizar el sello electrónico de órgano o el certificado de empleado público para firmar en nombre de la Administración. Los ciudadanos pueden emplear su DNI electrónico, certificados reconocidos emitidos por prestadores cualificados o el sistema Cl@ve.

Datos clave

  • Reglamento eIDAS: regula la firma electrónica a nivel europeo.
  • Tres niveles de firma: simple, avanzada y cualificada.
  • Solo la firma cualificada equivale jurídicamente a la manuscrita.
  • Ciudadanos: DNIe, certificados reconocidos o Cl@ve.
  • Empleados públicos: sello de órgano o certificado de empleado público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si solo recuerdas una cosa de este apartado: identificarse es decir quién eres; firmar es garantizar que un documento es tuyo y no se ha tocado. El eIDAS distingue tres niveles de firma y solo la cualificada equivale a la manuscrita.

La identificación electrónica permite acreditar la identidad de una persona o entidad ante un sistema informático, mientras que la firma electrónica permite acreditar la autoría y la integridad de un documento o transacción. Ambos conceptos están regulados tanto por la normativa española como por el Reglamento europeo eIDAS.

Estos instrumentos, identificación y firma, son la base sobre la que se construyen el resto de trámites electrónicos: sin poder identificarte y firmar, no hay forma de que un trámite electrónico tenga la misma validez que uno presencial.

Esquema

Niveles de firma electrónica (eIDAS)
SimpleAvanzadaCualificada
DefiniciónDato electrónico vinculado a otros que el firmante usa para firmarDatos únicos que identifican al firmante y detectan cambiosAvanzada creada con dispositivo cualificado y certificado cualificado
Valor jurídicoVálida, garantía básicaVálida, mayor garantíaEquivale a la firma manuscrita

¿Me lo sé? Flashcards

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Cl@ve: el sistema de identificación ciudadana

Cl@ve es el sistema de identificación, autenticación y firma electrónica para ciudadanos desarrollado por la Administración General del Estado. Su objetivo es simplificar y unificar el acceso electrónico a los servicios públicos, sustituyendo la necesidad de contar con un certificado digital instalado en el dispositivo por credenciales más sencillas de obtener y usar.

El sistema Cl@ve ofrece dos modalidades principales. Cl@ve PIN es una clave de un solo uso enviada por SMS o correo electrónico, válida durante un período limitado de tiempo y pensada para trámites ocasionales o desde dispositivos sin certificado. Cl@ve Permanente es una clave fija gestionada por el propio ciudadano, que puede reforzarse con un segundo factor de autenticación y es adecuada para trámites frecuentes.

El registro en Cl@ve puede realizarse de forma presencial en las OAMR, con DNIe o con certificado electrónico. Cl@ve también habilita la firma electrónica en la nube, de modo que el ciudadano puede firmar documentos sin necesidad de tener instalado ningún software adicional en su dispositivo.

Datos clave

  • Cl@ve: sistema de identificación y firma del ciudadano ante la AGE.
  • Cl@ve PIN: clave de un solo uso por SMS o email; para trámites ocasionales.
  • Cl@ve Permanente: clave fija con segundo factor opcional; para trámites frecuentes.
  • Registro: presencial en OAMR, con DNIe o con certificado electrónico.
  • Habilita firma electrónica en la nube sin software adicional.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si solo recuerdas una cosa de este apartado: Cl@ve es el sistema de identificación y firma para ciudadanos de la AGE, con dos modalidades: PIN (un solo uso, ocasional) y Permanente (clave fija, trámites frecuentes).

Cl@ve es el sistema de identificación, autenticación y firma electrónica para ciudadanos desarrollado por la Administración General del Estado. Su objetivo es simplificar y unificar el acceso electrónico a los servicios públicos, sustituyendo la necesidad de un certificado digital instalado en el dispositivo por credenciales más sencillas de obtener y usar.

El registro en Cl@ve puede hacerse de forma presencial en las OAMR, con DNIe o con certificado electrónico. Además, Cl@ve habilita la firma electrónica en la nube, de modo que el ciudadano puede firmar documentos sin tener instalado ningún software adicional.

Esquema

Cl@ve PIN vs Cl@ve Permanente
Cl@ve PINCl@ve Permanente
Tipo de claveUn solo uso, enviada por SMS o emailClave fija gestionada por el ciudadano
Uso recomendadoTrámites ocasionales o sin certificadoTrámites frecuentes
RefuerzoNo aplicaPuede reforzarse con segundo factor

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Artículo 16

Plataformas de verificación de certificados electrónicos y de otros sistemas de identificación. 1. La Administración General del Estado dispondrá de una plataforma para la verificación de la vigencia y del contenido de los certificados cualificados admitidos en el sector público. El sistema deberá permitir que tal verificación se pueda llevar a cabo de forma libre y gratuita, para el sector público. La Secretaría General de Administración Digital será el órgano responsable de esta plataforma, que estará disponible para todo el sector público previa formalización del correspondiente instrumento de adhesión. 2. Esta plataforma dispondrá de una declaración de prácticas de validación en la que se detallarán las obligaciones que se comprometen a cumplir tanto la plataforma como las personas usuarias de la misma en relación con los servicios de verificación. Esta declaración estará disponible al público por vía electrónica y con carácter gratuito. 3. Los prestadores cualificados de servicios de confianza deberán facilitar a esta plataforma el acceso electrónico y gratuito para la verificación de la vigencia de los certificados electrónicos emitidos por aquellos en virtud de su cualificación de acuerdo con la legislación aplicable en materia de servicios electrónicos de confianza.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AGE tiene una plataforma para verificar certificados electrónicos, gratuita para el sector público, y son los propios prestadores cualificados quienes deben darle acceso electrónico y gratuito para comprobar sus certificados.

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Artículo 23

Certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional. 1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22.3 de este Reglamento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los prestadores cualificados de servicios de confianza podrán consignar un número de identificación profesional en el certificado electrónico de empleado público, a petición de la Administración en la que presta servicios el empleado o empleada de que se trate, si dicho certificado se va a utilizar en actuaciones que afecten a información clasificada, a la seguridad pública, a la defensa nacional o a otras actuaciones para cuya realización esté legalmente justificado el anonimato. Estos certificados se denominarán «certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional». 2. En el ámbito estatal corresponderá solicitar la consignación de un número de identificación profesional del empleado o empleada público a la persona titular de la Subsecretaría del ministerio o a la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público en el que preste servicios el empleado o empleada público. 3. La Administración solicitante del certificado conservará la documentación acreditativa de la identidad del titular. 4. Los certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional serán cualificados y se ajustarán a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y la legislación vigente en materia de identidad y firma electrónica y tendrán idéntico uso, capacidad y funcionalidad que el certificado electrónico de empleado público, aunque limitados a las actuaciones que justificaron su emisión. 5. Las autoridades públicas competentes y los órganos judiciales, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con la normativa vigente, podrán solicitar la revelación de la identidad del titular de un certificado de empleado público con número de identificación profesional mediante petición oficial dirigida a la Administración responsable de su custodia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El certificado de empleado público puede llevar un número de identificación profesional en vez del nombre, para actuaciones sensibles, pero la Administración guarda su identidad y un juez puede pedir que se revele.

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Artículo 19

Identificación mediante sello electrónico basado en certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. 2. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos, publicándose en la sede electrónica o sede asociada o en el portal de internet correspondiente. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. 3. En el ámbito estatal, la creación de sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio o de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, que se publicará en la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente. En dicha resolución deberá constar: a) El órgano, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente titular del sello, que será el responsable de su utilización, con indicación de su Ministerio de adscripción, vinculación o dependencia. b) Características técnicas generales del sistema de firma y certificado aplicable. c) Servicio de validación para la verificación del certificado. d) Actuaciones y procedimientos en los que podrá ser utilizado. 4. Los certificados de sello electrónico en el ámbito estatal tendrán, al menos, los siguientes contenidos: a) Descripción del tipo de certificado, con la denominación «sello electrónico». b) Nombre del suscriptor. c) Número de identificación fiscal del suscriptor.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones pueden identificarse con un sello electrónico basado en certificado cualificado; en el ámbito estatal se crea por resolución con un contenido tasado, y solo el sello de órgano incluye la identidad de su titular.

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Artículo 22

Sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 18, 19 y 20 de este Reglamento, la actuación de una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano competente o del empleado o empleada público a través del que se ejerza la competencia. 2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal. Estos sistemas podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. 3. Los certificados electrónicos de empleado público serán cualificados y se ajustarán a lo señalado en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y la legislación vigente en materia de identidad y firma electrónica. 4. Cada Administración determinará los medios admitidos para la firma electrónica en las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de esta cuando tramiten procedimientos en el ejercicio de potestades administrativas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fuera de la actuación automatizada, quien firma electrónicamente es una persona: el titular del órgano o el empleado que ejerce la competencia, con un certificado cualificado conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad.

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Artículo 27

Atributos mínimos de los certificados electrónicos cuando se utilizan para la identificación de las personas interesadas ante las Administraciones Públicas. 1. Los sistemas basados en certificados cualificados de firma electrónica admitidos por las Administraciones Públicas para la identificación electrónica de persona física a que se refiere el artículo 9.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, emitidos al amparo de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, deberán contener como atributos, al menos, su nombre y apellidos y su número de Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero, Número de Identificación Consular Central o Número de Identificación Fiscal que conste como tal de manera inequívoca. La comprobación de la identidad y otras circunstancias de los solicitantes del certificado se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre. 2. Los certificados electrónicos cualificados de representante de persona jurídica deberán contener, como mínimo, la denominación y el Número de Identificación Fiscal de la persona jurídica y el nombre y apellidos y número de Documento Nacional de Identidad, o Número de Identificación de Extranjero o Número de Identificación Fiscal de la persona que actúa como representante. 3. Los sistemas basados en certificados cualificados de sello electrónico admitidos por las Administraciones Públicas para la identificación electrónica de persona jurídica a que se refiere el artículo 9.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, emitidos al amparo de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, deberán contener, como mínimo, su denominación y su Número de Identificación Fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué datos mínimos tiene que llevar cada tipo de certificado electrónico según quién se identifica con él: persona física, representante de persona jurídica o sello de persona jurídica.

Esquema

Atributos mínimos por tipo de certificado
Persona físicaRepresentante pers. jurídicaSello pers. jurídica
Datos de la persona jurídica—Denominación + NIFDenominación + NIF
Datos de persona físicaNombre, apellidos y DNI/NIE/NIFNombre, apellidos y DNI/NIE/NIF del representante—

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Artículo 15

Sistemas de identificación, firma y verificación. 1. Las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la normativa vigente sobre firma electrónica y resulten adecuados para garantizar la identificación de las personas interesadas y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 2. Las Administraciones Públicas podrán utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para garantizar el origen e integridad de los documentos electrónicos: a) Sistemas de identificación de las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas. b) Sello electrónico basado en un certificado electrónico cualificado y que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. c) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. d) Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. e) Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado entre las partes. 3. Las personas interesadas podrán utilizar los siguientes sistemas de identificación y firma en sus relaciones electrónicas con las Administraciones Públicas: a) De acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas descritos en las letras a), b) y c) de dicho artículo. En este último supuesto los sistemas deberán ser autorizados previamente por la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. b) Asimismo, se considerarán válidos a efectos de firma electrónica ante las Administraciones Públicas los sistemas previstos en las letras a), b) y c) del artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. c) De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación previstos en dicha ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. 4. La Administración no será responsable de la utilización por terceras personas de los medios de identificación personal y firma electrónica del interesado, salvo que concurran los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la exigencia de responsabilidad patrimonial.

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Las Administraciones admiten firmas conformes con la normativa y adecuadas para identificar y proteger autenticidad e integridad. Pueden usar sede, sello cualificado, firma automatizada, firma del personal e intercambio en entorno cerrado; las personas interesadas usan los sistemas de las Leyes 39/2015.

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Artículo 26

Sistemas de identificación de las personas interesadas en el procedimiento. 1. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. 2. En particular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, serán admitidos los siguientes sistemas de identificación electrónica: a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c).

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Los tres sistemas admitidos para que un ciudadano se identifique ante la Administración, y la garantía de que siempre podrá usar certificado aunque también se admita la clave concertada.

Esquema

Certificado (a/b) frente a clave concertada (c)
Certificado cualificado (a y b)Clave concertada u otro (c)
Necesita autorización previa de la SGADNoSí
Debe estar siempre disponibleSí, siempreNo sustituye a a) ni b)

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Artículo 29

Sistemas de firma electrónica de las personas interesadas admitidos por las Administraciones Públicas y régimen de uso. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c). 2. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónica los datos de identificación del interesado y, en su caso, del representante o la representante, que sean necesarios de acuerdo con la legislación que le sea aplicable. 3. Los sistemas de firma electrónica que usen las personas interesadas permitirán que las Administraciones Públicas puedan verificar los datos consignados de la firma, de manera que se pueda vincular su identidad con el acto de firma. 4. Los sistemas de firma electrónica previstos en la letra c) del apartado 1 deberán contar con la previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Asimismo, deberán cumplir con lo previsto en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación previstos en dicha ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de las personas interesadas.

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Son firmas válidas la firma cualificada o avanzada basada en certificado cualificado, el sello cualificado o avanzado basado en certificado cualificado y otros sistemas con registro previo. La firma debe poder vincular identidad y acto y no elimina los datos identificativos del documento.

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Artículo 28

Sistemas de clave concertada y otros sistemas de identificación de las personas interesadas. 1. Los sistemas de clave concertada o cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válidos, admitidos para la identificación electrónica de persona física de conformidad con el artículo 9.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad y contener, como mínimo, el nombre y apellidos y el número de Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero, Número de Identificación Consular Central o Número de Identificación Fiscal y, para los casos en que así se establezca en la definición del sistema, el número de pasaporte. 2. Los sistemas de identificación a que se refiere el apartado anterior deberán ser autorizados previamente por la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. 3. En el ámbito estatal, la creación de los nuevos sistemas de identificación será aprobada por orden de la persona titular del Ministerio o, en su caso, resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente por razón del ámbito material en que se vaya a utilizar, previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital a que se refiere el apartado anterior. Cuando el nuevo sistema se refiera a la totalidad de la Administración General del Estado se requerirá Acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En este caso, este sistema deberá estar accesible a través de la Plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas.

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La clave concertada debe llevar los mismos datos identificativos que un certificado, necesita autorización previa, y crear un sistema nuevo para toda la AGE exige Consejo de Ministros.

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Artículo 1. Convenio de La Haya de 1961: documentos públicos a los que se aplica.

El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante.

Se considerarán como documentos públicos en el sentido del presente Convenio:

a) Los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente judicial.

b) Los documentos administrativos.

c) Los documentos notariales.

d) Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas.

Sin embargo, el presente Convenio no se aplicará:

a) A los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares.

b) A los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera.

Datos clave

  • Se aplica a documentos públicos autorizados en un Estado contratante que deban presentarse en otro.
  • Son documentos públicos los judiciales, administrativos, notariales y las certificaciones oficiales sobre documentos privados.
  • No se aplica a documentos de agentes diplomáticos o consulares ni a documentos administrativos de operaciones mercantiles o aduaneras.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Convenio cubre los documentos públicos autorizados en un Estado contratante que deban presentarse en otro; define cuatro tipos de documento público y excluye dos: los diplomáticos o consulares y ciertos administrativos.

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Artículo 2. Convenio de La Haya de 1961: exención de legalización.

Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos en los que se aplique el presente Convenio y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido del presente Convenio, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente.

Datos clave

  • Cada Estado contratante exime de legalización a los documentos a los que se aplica el Convenio.
  • Legalización: formalidad por la que agentes diplomáticos o consulares certifican la autenticidad de la firma, la calidad del signatario y, en su caso, el sello o timbre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada Estado contratante exime de legalización a los documentos del Convenio. La legalización es solo el trámite por el que los agentes diplomáticos o consulares del país de destino certifican firma, calidad del firmante y sello.

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Artículo 3. Convenio de La Haya de 1961: la apostilla como única formalidad.

La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4, expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento.

Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento.

Datos clave

  • La única formalidad exigible para certificar firma, calidad del signatario y sello es la apostilla, expedida por la autoridad competente del Estado del que dimana el documento.
  • No puede exigirse cuando las leyes o un acuerdo entre Estados la rechacen, simplifiquen o dispensen de legalización.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La apostilla, expedida por la autoridad competente del Estado de origen del documento, es la única formalidad exigible; y ni siquiera ella cuando el Estado de destino o un acuerdo entre Estados la rechacen, simplifiquen o dispensen.

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Artículo 4. Convenio de La Haya de 1961: forma de la apostilla.

La apostilla prevista en el artículo 3, párrafo primero, se colocará sobre el propio documento o sobre una prolongación del mismo; y deberá acomodarse al modelo anejo al presente Convenio.

Sin embargo, la apostilla podrá redactarse en la lengua oficial de la autoridad que la expida. Las menciones que figuren en ella podrán también ser escritas en una segunda lengua El título «Apostille (Convention de La Haye de 5 octobre 1961)» deberá mencionarse en lengua francesa.

Datos clave

  • Se coloca sobre el propio documento o una prolongación y se ajusta al modelo anejo al Convenio.
  • Puede redactarse en la lengua oficial de la autoridad que la expide; el título «Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)» se menciona en francés.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La apostilla va sobre el propio documento o una prolongación, sigue el modelo anejo, puede redactarse en la lengua de la autoridad que la expide (y sus menciones en una segunda lengua), pero el título va siempre en francés.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 5. Convenio de La Haya de 1961: expedición y efectos de la apostilla.

La apostilla se expedirá a petición del signatario o de cualquier portador del documento.

Debidamente cumplimentada, certificará la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento lleve.

La firma, sello o timbre que figuren sobre la apostilla quedarán exentos de toda certificación.

Datos clave

  • Se expide a petición del signatario o de cualquier portador del documento.
  • Certifica la autenticidad de la firma, la calidad del signatario y, en su caso, la identidad del sello o timbre.
  • La firma, sello o timbre de la apostilla quedan exentos de toda certificación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pide la apostilla el signatario o cualquier portador del documento; una vez cumplimentada certifica firma, calidad del firmante y sello, y lo que figura sobre ella queda exento de toda certificación.

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Artículo 6. Convenio de La Haya de 1961: autoridades competentes.

Cada Estado contratante designará las autoridades, consideradas en base al ejercicio de sus funciones como tales, a las que dicho Estado atribuye competencia para expedir la apostilla prevista en el artículo 3, párrafo primero.

Cada Estado contratante notificará esta designación al Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión o de su declaración de extensión. Le notificará también a dicho Ministerio cualquier modificación en la designación de estas autoridades.

Datos clave

  • Cada Estado designa las autoridades competentes para expedir la apostilla y lo notifica al Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada Estado decide qué autoridades expiden la apostilla y lo notifica, igual que sus cambios, al Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos al ratificar, adherirse o extender el Convenio.

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Artículo 7. Convenio de La Haya de 1961: registro de apostillas.

Cada una de las autoridades designadas conforme al artículo 6 deberá llevar un registro o fichero en el que queden anotadas las apostillas expedidas indicando:

a) El número de orden y fecha de la apostilla.

b) El nombre del signatario del documento público y la calidad en que haya actuado o, para los documentos no firmados, la indicación de la autoridad que haya puesto el sello o timbre.

A instancias de cualquier interesado, la autoridad que haya expedido la apostilla deberá comprobar si las anotaciones incluidas en la apostilla se ajustan a las del registro o fichero.

Datos clave

  • Cada autoridad designada lleva un registro o fichero de las apostillas con su número de orden y fecha y el nombre y calidad del signatario.
  • A instancia de cualquier interesado, comprueba si las anotaciones de la apostilla coinciden con el registro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada autoridad que expide apostillas lleva un registro con su número de orden y fecha y el firmante, y a instancia de cualquier interesado comprueba si la apostilla coincide con lo anotado.

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Artículo 1. De la Apostilla de documentos administrativos.

1. Serán competentes para realizar el trámite de legalización única o Apostilla de los documentos públicos que se detallan en este artículo, las siguientes autoridades y funcionarios:

a) Los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de las ciudades de Ceuta y Melilla o quienes les sustituyan legalmente, así como en quiénes éstos deleguen en las respectivas Secretarías de Gobierno.

b) El titular de la Unidad del Ministerio de Justicia que tenga atribuida en cada momento la competencia en materia de información y atención al ciudadano o quienes les sustituyan legalmente, así como en quiénes éstos deleguen.

c) Los Gerentes Territoriales de las Gerencias Territoriales que el Ministerio de Justicia tiene distribuidas por todo el territorio nacional, o quienes les sustituyan legalmente, así como en quienes éstos deleguen en las propias Gerencias Territoriales.

d) Los Decanos de los Colegios Notariales o quienes hagan sus veces reglamentariamente, así como aquellos otros Notarios en quienes éstos deleguen.

2. Las autoridades y funcionarios recogidas en el apartado anterior serán competentes para realizar, indistintamente, el trámite de legalización única o Apostilla, de los siguientes documentos, con independencia del lugar del territorio nacional en el que dicho documento hubiera sido emitido:

a) Los documentos expedidos por las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, así como los expedidos por todo tipo de Entes Públicos con competencia en todo o una parte del territorio nacional.

b) Los documentos expedidos por las autoridades y funcionarios de los Órganos Constitucionales.

c) Los documentos expedidos por las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración de las Comunidades Autónomas y sus Organismos Públicos.

d) Los documentos expedidos por las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración Local y sus Organismos Públicos.

e) Los documentos y certificaciones expedidas por los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles y, en su caso, del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

Datos clave

  • Son competentes para la legalización única o Apostilla de documentos administrativos los Secretarios de Gobierno de los TSJ y de Ceuta y Melilla, la unidad de atención al ciudadano del Ministerio de Justicia, los Gerentes Territoriales de Justicia y los Decanos de los Colegios Notariales.
  • Pueden apostillar, entre otros, documentos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la Administración Local, con independencia del lugar de emisión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuatro autoridades pueden apostillar, indistintamente, documentos públicos administrativos emitidos en cualquier lugar de España: Secretarios de Gobierno de los TSJ, la unidad de atención al ciudadano de Justicia, Gerentes Territoriales y Decanos notariales.

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Artículo 7. Forma de la Apostilla.

De conformidad con el anexo único al Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, la legalización única o Apostilla, emitida tanto en soporte papel como electrónico, tendrá la forma de un cuadrado de 9 centímetros de lado, como mínimo, y expresará las menciones que se incluyen en el Anexo del presente real decreto.

Las Apostillas emitidas en soporte papel se extenderán en el propio documento apostillado. Si se extendiera en documento separado, ésta quedará indubitadamente unida al documento apostillado.

Datos clave

  • La Apostilla, en papel o electrónica, es un cuadrado de al menos 9 centímetros de lado con las menciones del anexo.
  • En papel se extiende en el propio documento o en documento separado indubitadamente unido a él.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Apostilla, en papel o electrónica, es un cuadrado de al menos 9 centímetros de lado con las menciones del Anexo; en papel va en el propio documento o en hoja aparte indubitadamente unida.

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Artículo 9. Validez de las Apostillas Electrónicas.

Tendrán plena validez en España las Apostillas Electrónicas válidamente emitidas por las Autoridades con competencia para realizar el trámite de legalización única o Apostilla de otros Estados contratantes del Convenio XII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, de 5 de octubre de 1961.

Datos clave

  • Tienen plena validez en España las Apostillas Electrónicas válidamente emitidas por las autoridades competentes de otros Estados contratantes del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

España da plena validez a las Apostillas Electrónicas emitidas válidamente por las autoridades competentes de los demás Estados contratantes del Convenio XII de La Haya.

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