Tema 14: Gobierno abierto: concepto y principios informadores. Acceso a la información pública y buen gobierno.
Practica este tema con tests de Administrativo — Gobierno Vasco: preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
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Este tema explica el Gobierno Abierto: un modo de gobernar más transparente, participativo y colaborativo con la ciudadanía. Después entra en la ley que lo hace realidad en España, la Ley 19/2013, que regula dos cosas distintas: cómo accedemos a la información pública y qué normas de buen gobierno deben cumplir los altos cargos.
Las 6 ideas base del tema
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Qué es el Gobierno Abierto
Es un modelo de gestión pública que cambia la relación entre Administración y ciudadanía: en vez de una Administración que decide sola y a puerta cerrada, se abre a explicar lo que hace, a escuchar y a trabajar junto con la sociedad.
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Los pilares
Se apoya en tres pilares clásicos: transparencia (contar lo que se hace), participación (escuchar antes de decidir) y colaboración (hacer las cosas juntos). Algunos marcos añaden un cuarto pilar, la rendición de cuentas: justificar lo hecho.
- 3
La Ley 19/2013, la pieza clave
En España el Gobierno Abierto se plasma sobre todo en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Tiene dos partes bien distintas: transparencia y acceso a la información y buen gobierno de los altos cargos.
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Publicidad activa y derecho de acceso, dos caras de la transparencia
La publicidad activa es la Administración publicando por su cuenta, sin que nadie lo pida. El derecho de acceso es el ciudadano pidiendo algo en concreto. Son mecanismos distintos, con reglas y plazos distintos.
- 5
El acceso tiene límites
El derecho a pedir información no es absoluto: hay bienes jurídicos (seguridad, intereses económicos, datos personales) que pueden justificar denegar el acceso, pero siempre de forma motivada, nunca automática.
- 6
Quién vigila que esto funcione
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve las reclamaciones cuando a alguien le deniegan el acceso, y vela por que se cumplan las obligaciones de publicidad activa y de buen gobierno.
Checklist: ¿me lo sé?
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Textos consolidados oficiales:
Concepto y origen del Gobierno Abierto
El Gobierno Abierto es un modelo de gestión pública que propugna una relación más transparente, participativa y colaborativa entre la Administración y la ciudadanía. Su origen moderno se sitúa en la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP), puesta en marcha en 2011 con la adhesión inicial de ocho países, entre ellos España. La OGP exige a sus miembros la elaboración y publicación de planes de acción bienales con compromisos concretos en materia de apertura gubernamental.
El Gobierno Abierto se articula en torno a tres pilares fundamentales, que la doctrina internacional y los planes de acción españoles recogen de forma consistente: transparencia (publicar información y rendir cuentas), participación ciudadana (involucrar a la sociedad en la toma de decisiones) y colaboración (co-producir políticas y servicios con ciudadanos, sector privado y otras entidades). A estos tres pilares algunos marcos añaden un cuarto: la rendición de cuentas o accountability.
En el contexto español, el Gobierno Abierto encuentra su expresión normativa más importante en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en los sucesivos planes de Gobierno Abierto elaborados por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
Datos clave
- Open Government Partnership (OGP) fundada en 2011
- 3 pilares clásicos: transparencia, participación ciudadana, colaboración
- 4.º pilar en algunos marcos: rendición de cuentas (accountability)
- España: miembro fundador de la OGP
- Principal norma española: Ley 19/2013, de 9 de diciembre
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si solo recuerdas una cosa: el Gobierno Abierto es un modelo de gestión pública basado en transparencia, participación y colaboración, nacido con la OGP en 2011, y en España se plasma en la Ley 19/2013.
El Gobierno Abierto es un modelo de gestión pública que busca una relación más transparente, participativa y colaborativa entre la Administración y la ciudadanía. No es una ley concreta, sino una forma de entender cómo debe gobernarse: contando lo que se hace, escuchando antes de decidir y trabajando junto con la sociedad.
Esquema
- Transparencia
- Participación ciudadana
- Colaboración
- Rendición de cuentas (4.º pilar en algunos marcos)
¿Me lo sé? Flashcards
La transparencia como pilar del Gobierno Abierto
La transparencia es el eje central del Gobierno Abierto y consiste en la obligación de los poderes públicos de poner a disposición de la ciudadanía información sobre su organización, actividad, gestión económica y normativa aplicable. En el modelo de Gobierno Abierto la transparencia va más allá del cumplimiento formal de obligaciones legales: aspira a que la información sea comprensible, reutilizable y esté disponible en formatos abiertos.
La transparencia activa —publicación proactiva de información por parte de las Administraciones sin necesidad de solicitud— y la transparencia pasiva —respuesta a solicitudes de acceso a la información— son las dos manifestaciones principales de este principio. La Ley 19/2013 regula ambas dimensiones bajo las categorías de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública.
La apertura de datos (open data) es la vertiente técnica de la transparencia: consiste en publicar la información pública en formatos reutilizables, legibles por máquinas y bajo licencias abiertas, de modo que ciudadanos, empresas y organizaciones puedan explotarla para crear valor económico y social.
Datos clave
- Transparencia activa: publicación proactiva sin necesidad de solicitud (publicidad activa)
- Transparencia pasiva: respuesta a solicitudes de acceso (derecho de acceso)
- Open data: datos en formatos reutilizables, legibles por máquinas, bajo licencias abiertas
- Portal datos.gob.es: catálogo nacional de datos abiertos en España
- Ley 19/2013: regula publicidad activa (arts. 5-11) y derecho de acceso (arts. 12-24)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si solo recuerdas una cosa: la transparencia tiene dos caras, activa (publicar sin que lo pidan) y pasiva (responder a quien lo pide), y su vertiente técnica es el open data.
La transparencia es el eje central del Gobierno Abierto: obliga a los poderes públicos a poner a disposición de la ciudadanía información sobre su organización, actividad, gestión económica y normativa aplicable. En el Gobierno Abierto la transparencia va más allá de cumplir la ley: aspira a que la información sea comprensible, reutilizable y esté en formatos abiertos.
La apertura de datos (open data) es la vertiente técnica de la transparencia: consiste en publicar la información pública en formatos reutilizables, legibles por máquinas y bajo licencias abiertas, para que ciudadanos, empresas y organizaciones puedan explotarla.
Esquema
| Transparencia activa | Transparencia pasiva | |
|---|---|---|
| Cómo se activa | Por iniciativa de la Administración | Por solicitud del ciudadano |
| Nombre en la Ley 19/2013 | Publicidad activa | Derecho de acceso a la información pública |
¿Me lo sé? Flashcards
La participación ciudadana
La participación ciudadana en el modelo de Gobierno Abierto implica incorporar a la sociedad en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, superando el modelo tradicional en que la Administración actúa de forma unilateral. Esta participación puede articularse en distintos momentos del ciclo de la política pública: antes de la toma de decisiones (participación ex ante), durante su implementación y en la fase de evaluación (participación ex post).
En el ordenamiento español, la participación ciudadana en la elaboración normativa está regulada en el artículo 133 de la Ley 39/2015, que exige consulta pública previa a la elaboración de anteproyectos de ley y proyectos de reglamento. Más allá del ámbito normativo, los planes de Gobierno Abierto promueven mecanismos de participación continua: portales de participación, procesos deliberativos, presupuestos participativos y plataformas digitales de diálogo.
La digitalización ha potenciado la participación mediante herramientas de democracia electrónica, consultas en línea y plataformas colaborativas que permiten a un mayor número de ciudadanos expresar su opinión, aportar propuestas y controlar la acción del Gobierno en tiempo real.
Datos clave
- Consulta pública previa: art. 133 Ley 39/2015, antes de elaborar anteproyecto de ley o reglamento
- Plataforma de participación del Gobierno de España: participa.gob.es
- Participación ex ante: antes de la decisión; ex post: evaluación de resultados
- Presupuestos participativos: mecanismo de co-decisión ciudadana sobre asignación de recursos
- Iniciativa legislativa popular: art. 87.3 CE, mínimo 500.000 firmas acreditadas
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Si solo recuerdas una cosa: la participación ciudadana mete a la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, y en la elaboración de normas está regulada por el art. 133 de la Ley 39/2015.
La participación ciudadana implica incorporar a la sociedad en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, dejando atrás el modelo en que la Administración decide sola y de forma unilateral.
La digitalización ha potenciado la participación con herramientas de democracia electrónica, consultas en línea y plataformas colaborativas, que permiten a más ciudadanos opinar, proponer y controlar la acción del Gobierno en tiempo real.
Esquema
- Ex anteAntes de la decisión: consulta pública previa (art. 133 Ley 39/2015)
- DuranteImplementación de la política
- Ex postEvaluación de resultados
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Colaboración y coproducción de servicios públicos
La colaboración en el Gobierno Abierto va más allá de la mera consulta: propone que ciudadanos, organizaciones civiles, sector privado y otras Administraciones participen activamente en la producción de bienes y servicios públicos. Este enfoque, denominado coproducción, reconoce que la Administración no es el único agente capaz de resolver problemas colectivos y que la inteligencia distribuida de la sociedad puede mejorar la eficacia y la calidad de las políticas públicas.
Las experiencias de colaboración incluyen laboratorios de innovación pública, hackathones cívicos, comunidades de práctica entre funcionarios y ciudadanos expertos, y acuerdos de colaboración público-privada para el desarrollo de servicios digitales. En España, el Laboratorio de Gobierno (LabGob) fue impulsado como espacio de innovación en la gestión pública, y diversas Administraciones han puesto en marcha iniciativas similares a nivel autonómico y local.
La colaboración entre Administraciones —interoperabilidad e intercambio de datos— también forma parte del paradigma de Gobierno Abierto, puesto que facilita una atención integral al ciudadano, evita la duplicación de trámites y mejora la eficiencia del conjunto del sector público.
Datos clave
- Coproducción: ciudadanos y otros actores participan en producción de servicios públicos
- Laboratorio de Gobierno (LabGob): espacio de innovación pública en España
- Interoperabilidad: intercambio de datos entre Administraciones para mejorar servicios
- Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI): regulado por Real Decreto 4/2010
- Hackathones cívicos: eventos colaborativos para desarrollar soluciones a problemas públicos
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Si solo recuerdas una cosa: la colaboración va más allá de consultar, es coproducir servicios públicos junto con ciudadanos, sector privado y otras Administraciones.
La colaboración va más allá de la mera consulta: propone que ciudadanos, organizaciones civiles, sector privado y otras Administraciones participen activamente en la producción de bienes y servicios públicos. A esto se le llama coproducción.
Esquema
- Ciudadanos
- Organizaciones civiles
- Sector privado
- Otras Administraciones (interoperabilidad)
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La rendición de cuentas (accountability)
La rendición de cuentas es el mecanismo por el que los gobiernos y sus agentes justifican sus decisiones y actuaciones ante la ciudadanía, los órganos de control y la opinión pública. En el modelo de Gobierno Abierto, la rendición de cuentas se entiende de forma amplia, incluyendo tanto el control ex post de la actuación ya realizada como la justificación previa de las opciones adoptadas.
Los mecanismos de rendición de cuentas en España incluyen el control parlamentario del Gobierno (preguntas, interpelaciones, comisiones de investigación), el control jurisdiccional de la actividad administrativa por los tribunales contencioso-administrativos, el control de legalidad y el control económico-financiero ejercido por el Tribunal de Cuentas, y la supervisión por parte del Defensor del Pueblo de las quejas ciudadanas relativas a la actuación de las Administraciones Públicas.
La publicación de memorias de actividad, informes de evaluación de políticas públicas e informes de seguimiento de los planes de Gobierno Abierto son instrumentos específicos de rendición de cuentas propios de este modelo de gestión. Su periodicidad y difusión activa permiten que la ciudadanía juzgue el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Datos clave
- Tribunal de Cuentas: órgano supremo fiscalizador del sector público (art. 136 CE)
- Defensor del Pueblo: alto comisionado de las Cortes para proteger los derechos ciudadanos (art. 54 CE)
- Control parlamentario: preguntas, interpelaciones, comisiones de investigación
- Control jurisdiccional: tribunales contencioso-administrativos
- Informes de seguimiento: mecanismo específico de rendición de cuentas en los planes de Gobierno Abierto
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Si solo recuerdas una cosa: la rendición de cuentas es justificar las decisiones ante la ciudadanía y los órganos de control, y en España se canaliza por el control parlamentario, jurisdiccional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
La rendición de cuentas es el mecanismo por el que los gobiernos y sus agentes justifican sus decisiones y actuaciones ante la ciudadanía, los órganos de control y la opinión pública. En el Gobierno Abierto se entiende de forma amplia: incluye tanto el control ex post de lo ya hecho como la justificación previa de las opciones adoptadas.
Esquema
- Control parlamentario
- Control jurisdiccional
- Tribunal de Cuentas (art. 136 CE)
- Defensor del Pueblo (art. 54 CE)
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Los datos abiertos (open data)
Los datos abiertos son conjuntos de información generados o custodiados por las Administraciones Públicas que se ponen a disposición del público en formatos digitales, reutilizables, legibles por máquinas y bajo condiciones de uso que permiten su libre explotación, redistribución y reutilización. En España la reutilización de la información del sector público está regulada por la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, que transpone la Directiva europea conocida como Directiva PSI, reformada en profundidad en 2021 para ampliar el alcance de la reutilización.
Los datos abiertos tienen un enorme potencial para la generación de valor económico y social: facilitan la creación de aplicaciones y servicios por parte de empresas y desarrolladores, permiten a los ciudadanos conocer mejor la actuación del sector público, y contribuyen a la investigación científica y al periodismo de datos. El catálogo nacional datos.gob.es agrega los conjuntos de datos publicados por las distintas Administraciones.
Para que los datos sean verdaderamente abiertos deben cumplir los principios FAIR: Findable (localizables), Accessible (accesibles), Interoperable (interoperables) y Reusable (reutilizables). Las licencias Creative Commons y las licencias específicas de reutilización del sector público son los marcos legales habituales para garantizar el uso libre de los datos.
Datos clave
- Ley 37/2007, de 16 de noviembre: reutilización de la información del sector público
- Portal datos.gob.es: catálogo nacional de datos abiertos en España
- Directiva PSI (2003, revisada 2019): marco europeo de reutilización de información pública
- Principios FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
- Formatos preferibles: CSV, JSON, XML, RDF (legibles por máquinas, no propietarios)
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Si solo recuerdas una cosa: los datos abiertos deben cumplir los principios FAIR (localizables, accesibles, interoperables, reutilizables) y en España los regula la Ley 37/2007.
Los datos abiertos son conjuntos de información generados o custodiados por las Administraciones que se ponen a disposición del público en formatos digitales, reutilizables, legibles por máquinas y bajo condiciones de uso que permiten su libre explotación, redistribución y reutilización.
Esquema
- Findable (localizables)
- Accessible (accesibles)
- Interoperable (interoperables)
- Reusable (reutilizables)
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Los principios de buen gobierno en la Ley 19/2013
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dedica su Título II al buen gobierno, estableciendo un conjunto de principios de actuación y un régimen de infracciones y sanciones aplicables a los altos cargos de la Administración General del Estado. Esta regulación pretende garantizar que quienes ejercen el poder público lo hagan con integridad, imparcialidad y responsabilidad.
Los principios de buen gobierno se dividen en principios generales y principios de actuación. Los principios generales incluyen actuar con plena dedicación, transparencia e imparcialidad, tratar a todos los ciudadanos con igualdad y no discriminar, actuar con austeridad y ahorrar recursos, evitar conductas que impliquen conflicto de intereses, y no influir en asuntos donde el alto cargo tenga un interés particular.
El régimen sancionador de buen gobierno comprende infracciones muy graves, graves y leves, clasificadas en materia de gestión económico-presupuestaria y en materia de conflicto de intereses. Las sanciones pueden incluir la destitución del cargo, la prohibición de ocupar puestos de alta responsabilidad durante un período y la publicación de la sanción en el Boletín Oficial del Estado.
Datos clave
- Ley 19/2013, Título II: buen gobierno (arts. 25-31)
- Ámbito subjetivo: altos cargos de la AGE y asimilados
- Infracciones: muy graves, graves y leves (en gestión económica y conflicto de intereses)
- Sanción por infracción muy grave: destitución e inhabilitación para cargos públicos
- Publicación de sanciones: en el BOE como medida de transparencia y ejemplaridad
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Si solo recuerdas una cosa: el Título II de la Ley 19/2013 regula el buen gobierno de los altos cargos de la AGE, con principios generales y un régimen sancionador de infracciones muy graves, graves y leves.
La Ley 19/2013 dedica su Título II al buen gobierno, estableciendo principios de actuación y un régimen de infracciones y sanciones aplicable a los altos cargos de la Administración General del Estado, para garantizar que ejerzan el poder con integridad, imparcialidad y responsabilidad.
Esquema
- Principios generales
- Principios de actuación
- Régimen de infracciones y sanciones
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Los planes de Gobierno Abierto en España
España ha elaborado sucesivos planes de Gobierno Abierto en el marco de sus compromisos con la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). Cada plan, de vigencia plurianual (bienal en los tres primeros; cuatrienal en el IV, 2020-2024, y en el V, 2025-2029), recoge un conjunto de compromisos concretos y medibles en materia de transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas. La evaluación de los compromisos es realizada tanto por el propio Gobierno como por mecanismos independientes de la OGP, incluyendo la participación de la sociedad civil.
El proceso de elaboración de los planes es en sí mismo un ejercicio de Gobierno Abierto: se articula mediante procesos participativos en los que ciudadanos, organizaciones civiles y expertos contribuyen a definir los compromisos que el Gobierno asumirá. Esta participación en el diseño del plan dota de mayor legitimidad y apropiación social a los compromisos adoptados.
Los planes de Gobierno Abierto español han abordado compromisos en áreas como la apertura de datos, la mejora de los portales de transparencia, el refuerzo de los mecanismos de participación ciudadana en la elaboración normativa, la mejora de la atención ciudadana y la integridad de los altos cargos. La Secretaría de Estado de Función Pública coordina actualmente estos planes.
Datos clave
- OGP: Alianza para el Gobierno Abierto, fundada en 2011
- Planes de Gobierno Abierto: vigencia plurianual (IV Plan 2020-2024; V Plan 2025-2029), compromisos concretos y medibles
- Evaluación: por el propio Gobierno y por mecanismos independientes de la OGP
- Órgano coordinador en España: Secretaría de Estado de Función Pública
- Participación de la sociedad civil: obligatoria en el proceso de elaboración del plan
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España concreta sus compromisos con la Alianza para el Gobierno Abierto en planes plurianuales, elaborados con participación ciudadana y evaluados por el Gobierno y por mecanismos independientes de la OGP.
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Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 19/2013
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. La ley responde a la necesidad de modernizar la relación entre ciudadanía y poder público y de combatir la corrupción mediante la apertura informativa.
El ámbito subjetivo de la Ley 19/2013 es muy amplio: incluye la Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas y locales, las entidades del sector público institucional (organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias), el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y otros órganos constitucionales y estatutarios respecto de sus actividades sujetas a Derecho administrativo. También se aplica a los partidos políticos, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales cuando reciban subvenciones públicas superiores a 100.000 euros anuales o cuando al menos el 40% de sus ingresos anuales procedan de fondos públicos.
Datos clave
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre: en vigor desde el 10 de diciembre de 2014 para la AGE
- Ámbito: AGE, CCAA, EELL, sector público institucional, órganos constitucionales
- Partidos, sindicatos y patronales: obligados si reciben más de 100.000 euros en subvenciones o el 40% de sus ingresos son fondos públicos
- Portal de la Transparencia: portal.gob.es/transparencia (plataforma de publicidad activa de la AGE)
- Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: órgano supervisor creado por la Ley 19/2013
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Si solo recuerdas una cosa: la Ley 19/2013 se aplica a todo el sector público y también a partidos, sindicatos y patronales si superan 100.000 euros de subvención o el 40% de ingresos públicos.
La Ley 19/2013 tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia, regular y garantizar el derecho de acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno de los responsables públicos. Responde a la necesidad de modernizar la relación entre ciudadanía y poder público y de combatir la corrupción.
Esquema
- AGE, CCAA y EELL
- Sector público institucional
- Órganos constitucionales y estatutarios
- Partidos, sindicatos y patronales (si superan el umbral)
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La publicidad activa
La publicidad activa es la obligación de las entidades incluidas en el ámbito de la Ley 19/2013 de publicar de manera proactiva información relevante sobre su organización, actividad y gestión económica, sin necesidad de que la ciudadanía la solicite. Este mecanismo garantiza que el ciudadano disponga de información actualizada y accesible para conocer cómo actúan los poderes públicos.
La ley distingue tres grandes bloques de información objeto de publicidad activa: información institucional, organizativa y de planificación (estructura organizativa, funciones, normativa aplicable, planes y programas), información de relevancia jurídica (directrices, circulares, anteproyectos de ley, proyectos de reglamento, documentos de tramitación normativa) e información económica, presupuestaria y estadística (contratos, convenios, subvenciones, presupuesto, cuentas anuales, retribuciones de altos cargos).
La información debe publicarse en el Portal de la Transparencia de manera clara, estructurada y entendible para los ciudadanos, y debe permanecer accesible durante el tiempo en que tenga vigencia la información publicada y, como mínimo, durante el período señalado en la ley.
Datos clave
- Publicidad activa: arts. 5-11 de la Ley 19/2013
- Tres bloques: información institucional/organizativa/planificación; información de relevancia jurídica; información económica/presupuestaria/estadística
- Portal de la Transparencia: plataforma de la AGE para publicidad activa
- Información sobre retribuciones de altos cargos: obligatoria (art. 8.1.f)
- Contratos: publicación obligatoria de los formalizados (art. 8.1.a)
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Si solo recuerdas una cosa: la publicidad activa obliga a publicar sin que se pida, en tres bloques: información institucional, jurídica y económica.
La publicidad activa es la obligación de las entidades del ámbito de la Ley 19/2013 de publicar de forma proactiva información relevante sobre su organización, actividad y gestión económica, sin que la ciudadanía la solicite.
Esquema
- Institucional, organizativa y de planificación
- Relevancia jurídica
- Económica, presupuestaria y estadística
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El derecho de acceso a la información pública
El artículo 12 de la Ley 19/2013 reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en la ley. Este derecho tiene naturaleza de derecho subjetivo y puede ejercerse por cualquier persona, física o jurídica, nacional o extranjera, sin necesidad de justificar el motivo de la solicitud. La gratuidad del acceso es la regla general, aunque puede cobrarse por la expedición de copias o la transposición a formatos diferentes.
La solicitud de acceso puede presentarse a través del Portal de la Transparencia, de las oficinas de asistencia en materia de registros o por cualquier otro medio previsto en la Ley 39/2015. La solicitud debe identificar la información que se solicita y los datos de contacto del solicitante; no es necesario motivarla, aunque la motivación puede ser tenida en cuenta al resolver.
El plazo para resolver y notificar la resolución es de un mes, ampliable por otro mes en casos de gran volumen o complejidad. El silencio administrativo es negativo: si la Administración no resuelve en plazo, la solicitud se entiende desestimada. La resolución puede ser favorable, denegatoria o estimatoria parcial.
Datos clave
- Derecho de acceso: art. 12 Ley 19/2013; cualquier persona, sin necesidad de motivar
- Plazo de resolución: 1 mes, ampliable a 2 meses en casos complejos
- Silencio administrativo: negativo (desestimación por silencio)
- Gratuidad: regla general; se puede cobrar por expedición de copias o cambio de formato
- Presentación: Portal de la Transparencia, registro, o cualquier medio de la Ley 39/2015
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Si solo recuerdas una cosa: cualquiera puede pedir información sin motivarla, la Administración tiene 1 mes (ampliable a otro) para resolver, y el silencio es negativo.
El artículo 12 de la Ley 19/2013 reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública. Es un derecho subjetivo que puede ejercer cualquier persona, física o jurídica, nacional o extranjera, sin necesidad de justificar el motivo.
Esquema
¿Me lo sé? Flashcards
Límites al derecho de acceso
El derecho de acceso a la información pública no es ilimitado. El artículo 14 de la Ley 19/2013 establece un catálogo de límites que permiten denegar o restringir el acceso a determinadas informaciones cuando su divulgación pueda causar un perjuicio a bienes jurídicos de especial relevancia. Estos límites deben aplicarse de forma motivada y proporcional, y en ningún caso de manera absoluta o automática.
Los límites previstos son: la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; y la protección del medio ambiente.
Cuando la información solicitada pueda afectar a varios de estos límites, la Administración debe realizar un test de daño y un test de interés público, valorando si el perjuicio que causaría la divulgación es superior al interés que justifica el acceso.
Datos clave
- Límites al acceso: art. 14 Ley 19/2013 (lista cerrada de 12 causas)
- Aplicación: motivada, proporcional y no automática
- Test de daño: valorar si la divulgación causa perjuicio real al bien jurídico protegido
- Test de interés público: ponderar el perjuicio frente al interés en la divulgación
- Información parcialmente afectada: acceso parcial, omitiendo la parte protegida (art. 16)
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Si solo recuerdas una cosa: el artículo 14 fija un catálogo cerrado de límites que se aplican de forma motivada y proporcional, nunca automática, ponderando con el test de daño y el test de interés público.
El derecho de acceso no es ilimitado. El artículo 14 de la Ley 19/2013 establece un catálogo de límites que permiten denegar o restringir el acceso cuando la divulgación pueda perjudicar bienes jurídicos de especial relevancia. Deben aplicarse de forma motivada y proporcional, nunca de manera absoluta o automática.
Esquema
- Seguridad y defensa (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública)
- Justicia y control (investigación de ilícitos, tutela judicial, vigilancia e inspección)
- Economía (intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria)
- Otros (secreto profesional y propiedad intelectual, confidencialidad decisoria, medio ambiente)
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Protección de datos personales y acceso a la información
Uno de los aspectos más complejos del régimen de acceso a la información es la concurrencia con el derecho fundamental a la protección de datos personales, reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución y regulado por el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El artículo 15 de la Ley 19/2013 establece una ponderación escalonada según la naturaleza de los datos. Si la información solicitada contiene datos especialmente protegidos (categorías especiales en el RGPD: datos sobre ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual), la regla general es la denegación salvo que el afectado haya consentido expresamente. Para datos meramente identificativos en el contexto del ejercicio de funciones públicas, el acceso se admite con mayor facilidad. Para el resto de datos, la Administración debe ponderar el interés público en el acceso frente al derecho a la privacidad del afectado.
La consulta a la Agencia Española de Protección de Datos puede realizarse cuando la solicitud de acceso presente dudas sobre su compatibilidad con la normativa de protección de datos, y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha elaborado criterios orientadores para facilitar esta ponderación.
Datos clave
- Art. 15 Ley 19/2013: ponderación entre transparencia y protección de datos
- Datos especialmente protegidos (art. 9 RGPD): regla general de denegación
- Datos de funciones públicas: acceso facilitado cuando son relevantes para el cargo
- RGPD: Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016
- LOPDGDD: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
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Si solo recuerdas una cosa: el artículo 15 pondera de forma escalonada según el tipo de dato: los especialmente protegidos se deniegan salvo consentimiento, y los identificativos ligados al cargo se facilitan.
Uno de los aspectos más complejos del acceso es su concurrencia con el derecho fundamental a la protección de datos personales, del artículo 18.4 de la Constitución, regulado por el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018.
Esquema
| Ejemplos | Regla de acceso | |
|---|---|---|
| Datos especialmente protegidos | Ideología, afiliación sindical, religión, salud, vida sexual | Denegación salvo consentimiento expreso |
| Datos identificativos de función pública | Nombre y cargo en ejercicio de funciones públicas | Acceso facilitado |
| Resto de datos personales | Otros datos personales no incluidos arriba | Ponderación entre interés público y privacidad |
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Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Cuando la solicitud de acceso a la información es denegada, estimada de forma parcial o no resuelta en plazo, el solicitante puede interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Esta reclamación, regulada en el artículo 24 de la Ley 19/2013, tiene carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa: el solicitante puede interponerla antes de acudir a los tribunales o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa, pero no ambas a la vez.
El plazo para interponer la reclamación ante el CTBG es de un mes contado desde la notificación de la resolución denegatoria o desde la finalización del plazo para resolver sin que se haya dictado resolución expresa; la reclamación tiene carácter sustitutivo de los recursos administrativos (art. 23.1). El CTBG tiene el plazo de tres meses para resolver la reclamación; si no lo hace, la reclamación se entiende desestimada.
La resolución del CTBG es vinculante para los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, y puede ser impugnada mediante recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, por emanar de un organismo público estatal con competencia en todo el territorio nacional (art. 9.1.c LJCA).
Datos clave
- Reclamación ante CTBG: art. 24 Ley 19/2013; potestativa y previa al recurso contencioso-administrativo
- Plazo para reclamar: 1 mes desde la notificación o desde el silencio
- Plazo del CTBG para resolver: 3 meses; silencio = desestimación
- Resolución del CTBG: vinculante para la Administración
- Impugnación de resoluciones del CTBG: recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
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Si se deniega el acceso a la información o no se resuelve, cabe una reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: un mes para reclamar, tres meses para resolver y silencio desestimatorio.
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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es un organismo público independiente creado por la Ley 19/2013, adscrito al Ministerio de Hacienda aunque con plena autonomía funcional. Su misión principal es promover la transparencia en la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
El CTBG se compone de un Presidente, elegido por las Cortes Generales por mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados, con un mandato de cinco años no renovable, lo que refuerza su independencia. También forman parte del Consejo representantes del Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Entre las funciones del CTBG destacan: resolver las reclamaciones presentadas contra las resoluciones en materia de acceso a la información de los sujetos de la AGE, emitir informes y recomendaciones, promover la cultura de la transparencia y elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de la ley.
Datos clave
- CTBG: organismo independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda (Ley 19/2013, art. 33)
- Presidente del CTBG: elegido por el Congreso por mayoría de 3/5; mandato de 5 años no renovable
- Funciones: resolver reclamaciones, velar por publicidad activa, informes anuales
- Informe anual: remitido a las Cortes Generales y publicado
- No tiene competencias sobre información clasificada como secreta
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Si solo recuerdas una cosa: el CTBG es un organismo independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda, cuyo Presidente elige el Congreso por 3/5 para un mandato de 5 años no renovable.
El CTBG es un organismo público independiente creado por la Ley 19/2013, adscrito al Ministerio de Hacienda aunque con plena autonomía funcional. Su misión es promover la transparencia, velar por la publicidad activa, salvaguardar el derecho de acceso y garantizar el buen gobierno.
Esquema
- Presidente (3/5 del Congreso, 5 años no renovable)
- Representante del Congreso
- Representante del Senado
- Tribunal de Cuentas
- Defensor del Pueblo
- AEPD
- Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
- AIReF
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Régimen de infracciones y sanciones del buen gobierno
El Título II de la Ley 19/2013 establece el régimen de infracciones y sanciones aplicable a los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y demás altos cargos de la Administración General del Estado y de su sector público, así como a los altos cargos o asimilados de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales (art. 25), con el objetivo de garantizar que el ejercicio del poder público se ajuste a los principios de legalidad, integridad y buena gestión. Se trata de un régimen sancionador especial que complementa las previsiones generales del Código Penal y de la legislación sobre incompatibilidades y conflictos de intereses.
Las infracciones se clasifican en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses (el incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de declaraciones se sanciona conforme a la normativa de conflictos de intereses, art. 27), infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria (como comprometer gasto, reconocer obligaciones u ordenar pagos sin crédito suficiente o incumplir la obligación de rendir cuentas, todas ellas muy graves, art. 28) e infracciones disciplinarias (art. 29), que se distinguen en muy graves, graves y leves.
Las sanciones previstas (art. 30) son la amonestación para las infracciones leves; la declaración del incumplimiento y su publicación en el BOE o diario oficial que corresponda y la no percepción de la indemnización prevista para el cese en el cargo, para las graves; y, para las muy graves, además de las anteriores, la destitución del cargo y la prohibición de ser nombrado alto cargo o asimilado durante un período de entre cinco y diez años.
Datos clave
- Ley 19/2013, Título II (arts. 25-32): buen gobierno
- Tres ámbitos de infracciones: conflicto de intereses, gestión económico-presupuestaria y disciplinarias
- Infracciones: muy graves, graves y leves
- Sanciones: amonestación, publicación en BOE, pérdida de la indemnización por cese, destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para alto cargo
- Prescripción: infracciones muy graves (5 años), graves (3 años), leves (1 año)
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Régimen sancionador del buen gobierno (Título II de la Ley 19/2013) para altos cargos estatales, autonómicos y locales: tres tipos de infracciones y sanciones que van de la amonestación a la destitución e inhabilitación.
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Artículo 1. Objeto.
Esta ley tiene por objeto:
a) Regular y garantizar la transparencia y publicidad de la actividad pública, así como el derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública.
b) Configurar el marco básico de impulso de la participación ciudadana en el diseño y la toma de las decisiones de interés público.
c) Establecer el régimen de garantías y responsabilidad por el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la presente ley.
d) Atribuir la protección a informantes prevista en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, a la administración independiente Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, que se contempla en el título V de esta ley.
Datos clave
- Objeto: regular y garantizar la transparencia de la actividad pública y el derecho de acceso a la información pública.
- Configura el marco de impulso de la participación ciudadana y el régimen de garantías y responsabilidad.
- Atribuye la protección a informantes de la Ley 2/2023 a la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena.
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La Ley vasca de Transparencia regula cuatro cosas: transparencia y acceso a la información, impulso de la participación ciudadana, garantías y responsabilidad, y la protección de informantes atribuida a Gardena.
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Artículo 2. Fines.
La presente ley persigue los siguientes fines:
a) Informar a la ciudadanía sobre la planificación, ejecución y evaluación de la actividad de las Administraciones públicas y de las entidades que integran el sector público vasco, consolidando el principio de publicidad activa y de trazabilidad institucional.
b) Promover la publicación en formatos abiertos, accesibles y reutilizables de todos aquellos datos que resulten relevantes para el control democrático, la evaluación de políticas públicas y la participación ciudadana, garantizando el uso de un lenguaje claro y comprensible.
c) Facilitar el acceso efectivo de la ciudadanía a la información pública, asegurando la igualdad real de condiciones en el ejercicio de este derecho y la eliminación de barreras educativas, tecnológicas o socioeconómicas.
d) Fomentar una cultura pública basada en la integridad, la rendición de cuentas y la participación democrática y deliberativa, promoviendo el desarrollo de mecanismos de consulta, deliberación y evaluación ciudadana de las políticas públicas.
e) Garantizar la protección integral de las personas informantes o alertadoras, en cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/1937 y la Ley 2/2023, de 20 de febrero, mediante la creación de una autoridad independiente con autonomía funcional y presupuestaria, encargada de articular canales seguros de información y de supervisar la integridad institucional.
f) Mejorar la organización, clasificación y uso de la información pública.
g) Ejercer el gobierno de acuerdo con los principios éticos y con la garantía de los servicios públicos.
h) Facilitar todo lo necesario para que toda persona pueda acceder a la información pública mediante procedimientos sencillos y claros.
Datos clave
- Fines: informar sobre la actividad pública, publicar en formatos abiertos y reutilizables y facilitar el acceso efectivo a la información.
- Fomentar una cultura pública basada en la integridad, la rendición de cuentas y la participación democrática y deliberativa.
- Garantizar la protección de las personas informantes o alertadoras.
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Fines de la ley vasca: informar sobre la actividad pública, datos abiertos y lenguaje claro, acceso en igualdad real, cultura de integridad, protección integral de informantes, mejor gestión de la información, gobierno ético y procedimientos sencillos.
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Artículo 3. Principios generales de funcionamiento e interacción con la ciudadanía.
1. El sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco orientará su actuación al servicio de la ciudadanía.
2. En ejecución de este principio rector de su funcionamiento, además de los contenidos en la normativa de general aplicación al conjunto de las Administraciones públicas, le resultarán de aplicación los principios de funcionamiento e interacción con la ciudadanía previstos en la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, y en el Decreto 91/2023, de 20 de junio, de atención integral y multicanal a la ciudadanía y acceso a los servicios públicos por medios electrónicos.
Datos clave
- El sector público vasco orienta su actuación al servicio de la ciudadanía.
- Se aplican los principios de la Ley 3/2022, del Sector Público Vasco, y del Decreto 91/2023, de atención integral y multicanal a la ciudadanía.
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El sector público vasco se orienta al servicio de la ciudadanía y aplica, además de la normativa general, los principios de la Ley 3/2022 del Sector Público Vasco y del Decreto 91/2023.
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Artículo 4. Definiciones.
a) A los efectos de esta ley, la transparencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco constituye el principio de actuación que impone a los poderes públicos y sujetos contemplados al efecto en la presente ley la obligación de publicar activamente la información pública más relevante y hacer efectivo el acceso de la ciudadanía a aquella que obre en su poder, dentro de los límites establecidos por la presente ley y por la legislación vigente que le sea de aplicación.
b) Se considera información pública aquella información, contenido o documento, cualquiera que sea su formato o soporte y forma de expresión, elaborado o recibido por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y que obre en su poder. También se considerará información pública la producida por las entidades señaladas en la presente ley que presten servicios públicos o por aquellas que ejerzan competencias públicas o administrativas, o la que, siendo de su propiedad, se haya producido o conseguido en su actividad pública o para llevar a cabo una actividad pública.
c) El principio de transparencia, en todo caso, se aplicará de forma preferente como regla general. Cualquier excepción o limitación requerirá su adopción mediante una disposición con rango de ley o por la protección de algún derecho fundamental, bajo su interpretación restrictiva y más favorable a la divulgación o al acceso a la información de la que se trate.
d) Las obligaciones de transparencia establecidas en la presente ley son mínimas y de carácter general, debiendo entenderse, en consecuencia, sin perjuicio de las que pueda establecer de forma más detallada y específica la legislación aplicable en cada caso particular.
Datos clave
- La transparencia obliga a publicar activamente la información pública relevante y a hacer efectivo el acceso a la que se posea.
- Información pública: la elaborada o recibida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones que obre en su poder, sea cual sea su formato o soporte.
- El principio de transparencia se aplica de forma preferente; toda excepción requiere rango de ley o la protección de un derecho fundamental y se interpreta restrictivamente.
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Define transparencia e información pública, fija la transparencia como regla general preferente con límites solo por ley o derechos fundamentales, y declara mínimas las obligaciones de la ley.
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Artículo 5. Compromisos generales de transparencia.
1. El principio de transparencia exige que los sujetos obligados publiquen de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento resulte relevante para garantizar la transparencia de su actividad y, en particular, la relacionada con el funcionamiento, el control y la colaboración de la ciudadanía con su actuación pública, todo ello de forma que se puedan conocer las decisiones, cómo se adoptan estas, cómo se organizan los servicios y quiénes son las personas responsables de sus actuaciones, así como que se pueda sujetar a control público y a rendición de cuentas la utilización de los fondos públicos.
2. La información señalada en el apartado anterior, que adoptará un uso inclusivo y no sexista del lenguaje y ofrecerá en todo caso su desagregación por sexo, estará accesible, al menos, en la plataforma de gobierno abierto prevista en esta ley, en las sedes electrónicas o en las páginas web de las entidades y sujetos obligados, así como en los portales de transparencia que se creen a estos efectos. En todo caso, se implantarán los precisos mecanismos para que tal información llegue a aquellas personas con discapacidad, sin conocimientos informáticos o sin posibilidades de conexión a Internet.
3. Se promoverá la cultura de la transparencia entre la ciudadanía y entre los diferentes sectores sociales, a fin de favorecer el ejercicio del derecho de acceso a la información, impulsar la rendición de cuentas y la creación de valor añadido por medio de la reutilización de la información, así como patrocinar la asunción del principio de transparencia por parte de las entidades privadas.
Datos clave
- Los sujetos obligados publican de forma periódica y actualizada la información relevante para la transparencia de su actividad.
- La información, con lenguaje inclusivo y desagregada por sexo, está al menos en la plataforma de gobierno abierto, las sedes electrónicas o webs y los portales de transparencia.
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Los sujetos obligados publican de forma periódica y actualizada la información relevante, en lenguaje no sexista y desagregada por sexo, en la plataforma de gobierno abierto, sedes y portales, con mecanismos para quien no tiene acceso digital.
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Artículo 10. Principios rectores de la publicidad activa.
La publicidad activa se guía, además de por los principios previstos en el artículo 3 de esta ley, y sin más limitación que la contemplada en el artículo 29 para el derecho de acceso a la información pública prevista, por los siguientes principios:
a) Principio de veracidad: La información pública ha de ser cierta, íntegra y exacta, asegurando que procede de documentos respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia.
b) Principio de utilidad: La información pública que se suministre, siempre que sea posible, ha de ser adecuada al cumplimiento de los fines para los que se solicite.
c) Principio de gratuidad: El acceso a la información y las solicitudes de acceso serán gratuitas y de fácil acceso, sin perjuicio de las exacciones que puedan establecerse por la expedición de copias o por la trasposición de la información a un formato diferente al original.
d) Principio de organización: Se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información, con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.
e) Principio de accesibilidad universal y diseño para todas las personas: La información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados que resulten accesibles y comprensibles. En los casos en los que el formato lo permita, será electrónica y reutilizable.
f) Principio de interoperabilidad: La información será publicada mediante procedimientos que posibiliten compartir datos e intercambiar información conforme a la legislación vigente.
Datos clave
- Principios de la publicidad activa: veracidad, utilidad, gratuidad, organización, accesibilidad universal y diseño para todas las personas, e interoperabilidad.
- Su única limitación es la prevista en el artículo 29 para el derecho de acceso.
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La publicidad activa se rige por seis principios: veracidad, utilidad, gratuidad, organización, accesibilidad universal e interoperabilidad, además de los del artículo 3.
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Artículo 11. Obligaciones en materia de publicidad activa.
1. Los sujetos obligados por esta ley deberán hacer pública por propia iniciativa, de manera periódica y actualizada, en tiempo real y de forma geolocalizada la información pública de relevancia indicada en esta ley que garantice la transparencia de su actividad, con el fin de permitir a la ciudadanía la participación y el control de los asuntos públicos.
2. Corresponde la responsabilidad de facilitar la información objeto de publicidad activa a las personas titulares de los órganos directivos de los organismos públicos y a las personas responsables del resto de las entidades donde obre la información a publicar.
3. A fin de cumplir correctamente tal deber, se habilitarán los medios precisos, prioritariamente electrónicos, que faciliten la redistribución, reutilización y aprovechamiento de los datos, garantizando que la información esté plenamente actualizada y sea fácilmente accesible, en formatos abiertos y reutilizables, al menos, en las dos lenguas oficiales, en los términos establecidos en la legislación vigente. Para ello, se desarrollarán aquellas herramientas que favorezcan la visualización y la explotación de la información en las sedes electrónicas, portales o páginas web de las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de una manera segura y comprensible.
4. Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto anual sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la entidad del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas. Reglamentariamente se procederá a regular tal utilización de los medios electrónicos propios del sector público.
5. La información que se deba publicar de conformidad con lo establecido en esta ley se publicará con carácter general cada tres meses, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por otras disposiciones específicas particulares de aplicación que prevean un régimen más estricto en materia de publicidad, tanto respecto de su contenido como de su periodicidad.
6. Las entidades públicas obligadas por la presente ley publicarán su inventario de actividades de tratamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
7. La información pública objeto de publicidad activa estará disponible en las sedes electrónicas, portales o páginas web de las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, de forma segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y la no discriminación tecnológica, para que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, e incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas o colectivos que así lo soliciten. En este sentido, adoptarán las medidas oportunas para asegurar la difusión de la información pública y ponerla a disposición de la ciudadanía de la forma más amplia y sistemática posible.
8. En la redacción de la información que se considere publicidad activa se prestará especial atención a lo previsto en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, en relación con el uso inclusivo y no sexista del lenguaje y de las imágenes en los documentos y soportes que produzcan directamente o a través de terceras personas o entidades.
9. La publicidad activa prevista en este título se configurará de forma que permita la participación ciudadana derivada de la información facilitada.
Datos clave
- Los sujetos obligados publican por iniciativa propia, de forma periódica y actualizada, la información de relevancia.
- La información se publica, al menos, en las dos lenguas oficiales, en formatos abiertos y reutilizables.
- Con carácter general se publica cada tres meses.
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La publicidad activa vasca se hace por propia iniciativa, en tiempo real y geolocalizada, en las dos lenguas oficiales y formatos abiertos, y con carácter general cada tres meses; pequeñas entidades sociales pueden usar medios del sector público.
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Artículo 54. Finalidad y articulación de la participación ciudadana.
1. El sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco impulsará la participación y colaboración en los asuntos públicos de las personas interesadas, de los grupos representativos de intereses diversos y de la ciudadanía en general. Se entiende por participación ciudadana el conjunto de procedimientos, canales y órganos institucionales, así como cualquier instrumento o medio de escucha activa a la ciudadanía, dispuestos para identificar, diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas.
2. A los efectos de esta ley, la participación ciudadana tiene como finalidad la mejor satisfacción de las necesidades que precisan de una intervención pública y la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos.
3. La participación ciudadana se podrá ejercer de forma individualizada o colectiva, de acuerdo con los instrumentos y cauces que se prevén en la presente ley.
4. En ningún caso el ejercicio de las formas de participación podrá menoscabar las facultades de decisión que legalmente corresponden a los órganos administrativos, representativos o de gobierno que en cada caso sean competentes.
5. Sin perjuicio de la condición de personas interesadas en el procedimiento administrativo, de acuerdo con la legislación de procedimiento administrativo común, respecto a toda configuración de trámites participativos, la entidad del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco promotora de la iniciativa deberá determinar de forma anticipada y provisionalmente, sin perjuicio de la acreditación de ulteriores personas interesadas, los ciudadanos, ciudadanas y grupos que tienen la condición de personas interesadas a los efectos del trámite de audiencia.
Datos clave
- Participación ciudadana: procedimientos, canales, órganos e instrumentos de escucha activa para identificar, diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas.
- Puede ejercerse de forma individual o colectiva.
- No puede menoscabar las facultades de decisión de los órganos competentes.
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La participación ciudadana son procedimientos, canales, órganos e instrumentos de escucha para las políticas públicas; puede ser individual o colectiva y nunca menoscaba las facultades de decisión de los órganos competentes.
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Artículo 55. Plataforma de gobierno abierto.
De conformidad con el artículo 75 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, la plataforma de gobierno abierto es el espacio principal y permanente de interacción entre el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la ciudadanía. Dicho espacio está orientado a la gestión participada y corresponsable en la acción pública, y es donde se materializan los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas. La plataforma de gobierno abierto incorporará un espacio de participación permanente, que funcionará como repositorio único de procesos participativos en curso, permitirá el seguimiento público de su evolución y ofrecerá trazabilidad de las aportaciones ciudadanas hasta la toma de decisiones finales.
Datos clave
- La plataforma de gobierno abierto es el espacio principal y permanente de interacción entre el sector público vasco y la ciudadanía.
- En ella se materializan los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas.
- Incorpora un espacio de participación permanente, repositorio único de los procesos participativos en curso.
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La plataforma de gobierno abierto es el espacio principal y permanente de interacción con la ciudadanía e incluye un espacio de participación que reúne y hace trazables todos los procesos participativos.
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Artículo 56. Gobernanza colaborativa.
1. La Administración pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco promoverá la implementación de procesos de gobernanza colaborativa y deliberativa orientados a fortalecer la legitimidad, eficacia y transparencia de las políticas públicas, mediante la participación activa y la deliberación de diversos actores sociales, económicos y de la ciudadanía.
2. La gobernanza colaborativa se sustentará en principios como participación inclusiva, transparencia, diálogo abierto, corresponsabilidad, confianza mutua, rendición de cuentas compartida, orientación a resultados colectivos, flexibilidad y adaptabilidad, garantizando su articulación con los principios de la presente ley.
Datos clave
- La Administración vasca promueve procesos de gobernanza colaborativa y deliberativa.
- Principios: participación inclusiva, transparencia, diálogo abierto, corresponsabilidad, confianza mutua, rendición de cuentas compartida, orientación a resultados colectivos, flexibilidad y adaptabilidad.
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La Administración vasca promueve procesos de gobernanza colaborativa y deliberativa para dar legitimidad, eficacia y transparencia a las políticas públicas, con principios como inclusión, diálogo y corresponsabilidad.
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Artículo 24. Derecho de acceso a la información pública.
1. Toda persona física o jurídica es titular del derecho de acceso a la información pública, mediante solicitud previa y sin más limitaciones que las establecidas en la ley.
2. El ejercicio de este derecho no precisa motivar la solicitud ni invocar ninguna norma, no estando condicionado a ostentar la condición de persona interesada ni a la concurrencia de ningún derecho o interés legítimo.
3. El derecho de acceso a la información pública se entenderá sin perjuicio de otros derechos o procedimientos. Así, no tendrán esta consideración otro tipo de comunicaciones con la Administración, como el derecho de petición, las consultas de información general por los canales de atención a la ciudadanía, las quejas y sugerencias o el ejercicio de los derechos regulados en la normativa sobre protección de datos. En estos casos, se derivará la solicitud al procedimiento o canal específico correspondiente, lo que se comunicará a la persona solicitante.
4. Aquellos ámbitos que dispongan de un régimen jurídico específico de acceso a la información se regirán por tal puntual normativa y, supletoriamente, por la presente ley. En tales supuestos únicamente se podrán aplicar restricciones no previstas por esta ley cuando estén impuestas por una norma con rango de ley.
Datos clave
- Toda persona física o jurídica es titular del derecho de acceso a la información pública, mediante solicitud previa.
- No hace falta motivar la solicitud ni ser persona interesada.
- El derecho de petición, las consultas generales, las quejas y sugerencias o los derechos de protección de datos se derivan a su canal específico.
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Cualquier persona física o jurídica puede pedir información pública sin motivar ni acreditar interés; no son derecho de acceso la petición, las consultas generales, las quejas ni los derechos de protección de datos.
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Artículo 25. Derechos de la persona solicitante de información pública.
La persona solicitante de información pública dispone de los siguientes derechos:
a) A ser informada de los derechos que le otorga la presente ley y a ser asesorada para su correcto ejercicio, conforme al derecho a una buena administración.
b) A recibir la información que solicite, dentro de los plazos máximos establecidos por esta ley.
c) A recibir la información pública solicitada en la modalidad o el formato elegidos, conforme a lo dispuesto en la ley.
d) A conocer los motivos por los cuales no se le facilita la información, total o parcialmente, y también aquellos por los cuales no se le facilita dicha información en la modalidad o el formato solicitados.
e) A conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la obtención de la información solicitada, así como las causas de exención.
f) A utilizar la información recibida, sin autorización previa, dentro de los límites previstos en esta ley y en el resto del ordenamiento.
Datos clave
- La persona solicitante tiene derecho a ser informada y asesorada, a recibir la información en plazo y en la modalidad o formato elegidos, y a conocer los motivos de la denegación.
- Puede utilizar la información recibida sin autorización previa, dentro de los límites legales.
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Seis derechos del solicitante: información y asesoramiento, recibir la información en plazo, en la modalidad elegida, conocer los motivos de la denegación, conocer tasas y exenciones y usarla sin autorización previa.
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Artículo 27. Modalidad de acceso a la información pública.
1. El derecho de acceso a la información pública incluye cualquier forma o soporte en el que esta información haya sido elaborada o se conserve.
2. Las Administraciones públicas deben establecer un sistema integrado de gestión de documentos, información y datos que permita la interoperatividad entre las administraciones, la localización de cualquier documento o información y la vinculación automática de cada documento o conjunto de datos a su régimen de acceso y publicidad.
3. La información se facilitará en el soporte y formato utilizado para su solicitud o demandado por la persona solicitante, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que, en virtud del principio de publicidad activa o de alguna otra forma, la información esté ya a disposición de la persona solicitante, de forma que pueda tomar conocimiento de ella fácilmente. En tal caso, la administración o entidad correspondiente podrá optar por dar acceso a la información simplemente poniendo en su conocimiento esta circunstancia, así como la vía por la que obtener dicha información.
b) Que se justifique adecuadamente que por razones de carácter técnico no es posible la copia en un formato determinado, o es imposible o desmedidamente oneroso poner a disposición la información en la forma solicitada por la persona solicitante, en cuyo caso la administración o entidad correspondiente deberá facilitarla en algún otro modo, incluida la exhibición presencial de la información, de forma que se garantice que el acceso no origina costes desproporcionados, no ocasiona la pérdida o deterioro del soporte original o, en general, evita los problemas de otro tipo que justifiquen esta modalidad.
Datos clave
- El derecho de acceso incluye cualquier forma o soporte de la información.
- La información se facilita en el soporte y formato solicitados, salvo que ya esté a disposición del solicitante o que razones técnicas lo impidan o lo hagan desmedidamente oneroso.
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La información se da en el soporte y formato pedidos, salvo que ya esté disponible (basta indicar dónde) o que razones técnicas o un coste desmedido justifiquen otra forma, incluida la exhibición presencial.
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Artículo 28. Principio de gratuidad y costes.
El acceso a la información es gratuito. No obstante, si a petición de la persona solicitante de la información se expidieran copias de documentos o se produjera algún coste derivado de la utilización de formatos diferentes al original que contenga la información, podrá exigirse una tasa o precio público, siempre que así estuviese regulado en la normativa correspondiente y sin que, en ningún caso, su importe pueda exceder del coste real del servicio prestado.
Datos clave
- El acceso a la información es gratuito.
- La expedición de copias o el cambio de formato pueden generar una tasa o precio público que nunca exceda del coste real del servicio.
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El acceso es gratuito; solo las copias o el cambio de formato pedidos por el solicitante pueden generar una tasa o precio público regulado, nunca superior al coste real.
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Artículo 29. Límites al derecho de acceso a la información pública.
1. El derecho de acceso a la información pública solamente puede ser denegado o restringido por las causas expresamente establecidas por las leyes.
2. La aplicación de los límites al derecho de acceso a la información pública será proporcional a su objeto y finalidad según las circunstancias de cada caso concreto, ponderándose los derechos en colisión en función del interés público y de los intereses protegidos, y se interpretará siempre de manera restrictiva en beneficio del derecho de acceso y, en todo caso, conforme a los principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad.
3. La denegación o la limitación del derecho de acceso a la información pública constituye la excepción al principio general, por lo que exigirá motivación reforzada conforme a los principios recogidos en los apartados anteriores y se podrá fundamentar únicamente en las siguientes causas, así como en las reconocidas en la legislación básica:
a) La protección de datos personales en los términos establecidos en esta ley.
b) La garantía de confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión.
c) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
d) Toda aquella información protegida por normas con rango de ley.
4. La información relativa a las personas menores de edad, cuando su conocimiento o divulgación pueda condicionar el libre desarrollo de la personalidad de estas en el futuro, tendrá en todos los casos la condición de protegida, excepto cuando pueda garantizarse su carácter anónimo.
5. La denegación o la limitación del derecho de acceso a la información pública solo será de aplicación durante el periodo de tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que la justifique.
6. Las resoluciones en las que se acuerde la denegación o limitación del derecho a la información pública, conforme a lo establecido en el apartado 3 de este artículo, serán siempre motivadas, y, una vez notificadas a las personas interesadas, serán objeto de publicidad, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.
Datos clave
- El acceso solo puede denegarse o restringirse por las causas expresamente establecidas por las leyes, con interpretación restrictiva.
- Causas: protección de datos personales, confidencialidad en la toma de decisiones, funciones de vigilancia, inspección y control, e información protegida por normas con rango de ley.
- La denegación exige motivación reforzada y las resoluciones denegatorias se publican tras disociar los datos personales.
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Solo las leyes pueden limitar el acceso; los límites son proporcionales, restrictivos y con motivación reforzada, por cuatro causas propias más las de la legislación básica, y las denegaciones se publican tras disociar datos.
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Artículo 30. Protección de datos personales en las solicitudes de acceso a la información pública.
1. Para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que contenga datos personales de terceras personas, se estará a lo dispuesto en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.
2. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito de la persona afectada, a menos que dicha persona afectada hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública a la persona infractora, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso de la persona afectada o si aquella estuviera amparada por una norma con rango de ley.
3. Cuando el objeto de la solicitud de acceso a la información pública esté directamente relacionado con la organización, el funcionamiento o la actividad pública de la entidad pública concernida y contenga datos personales meramente identificativos, procederá la concesión del acceso a la información, salvo que, excepcionalmente, en el caso concreto deba prevalecer sobre el interés público en su divulgación la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos.
4. En cualquier caso, se denegará el acceso cuando se considere que concurren circunstancias especiales en el caso concreto que hacen prevalecer la protección de los datos personales sobre el interés público en la divulgación de la información, o que debe preservarse el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
5. No procederá la denegación o la limitación del derecho de acceso a la información pública si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.
Datos clave
- Con datos de ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso exige consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que los hubiera hecho manifiestamente públicos.
- Con datos meramente identificativos relacionados con la organización o actividad pública de la entidad, se concede el acceso salvo que excepcionalmente prevalezca la protección de datos.
- No procede denegar si el acceso se da previa disociación de los datos personales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Datos de ideología, sindicato o religión exigen consentimiento expreso y escrito (salvo que el afectado los hiciera públicos); salud, origen racial o infracciones, consentimiento expreso o ley; los meramente identificativos se dan como regla.
Esquema
| Ideología, sindicato, religión o creencias | Raza, salud, vida sexual, genéticos, biométricos, infracciones | |
|---|---|---|
| Requisito | Consentimiento expreso y por escrito | Consentimiento expreso o norma con rango de ley |
| Excepción | Datos hechos manifiestamente públicos antes de la solicitud | Infracciones con amonestación pública quedan fuera |
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Artículo 31. Acceso parcial.
Si la información solicitada estuviera afectada parcialmente por alguna de las limitaciones relacionadas en los artículos anteriores, se facilitará, siempre que sea posible, el acceso parcial, omitiendo la parte afectada por la limitación, salvo que de ello resulte una información distorsionada, equívoca o sin sentido. En este caso, se indicará a la persona solicitante qué parte de la información ha sido omitida.
Datos clave
- Si la información está afectada parcialmente por un límite, se facilita el acceso parcial omitiendo la parte afectada.
- Se indica a la persona solicitante qué parte se ha omitido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si un límite afecta solo a parte de la información, se da acceso parcial omitiendo esa parte e indicando qué se ha omitido, salvo que el resultado quede distorsionado, equívoco o sin sentido.
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Artículo 33. Procedimiento para el acceso a la información pública.
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública tiene carácter de especial. Se regirá por lo dispuesto en esta ley y, supletoriamente, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o norma que en el futuro pudiera sustituirle.
2. Con el fin de garantizar y facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, deberán omitirse todas aquellas exigencias y requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo, sobre todo en cuanto a la identificación y firma de las personas interesadas en el procedimiento.
Datos clave
- El procedimiento de acceso es especial: se rige por esta ley y, supletoriamente, por la Ley 39/2015.
- Se omiten las exigencias que puedan obstruir el ejercicio del derecho, sobre todo en identificación y firma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El procedimiento de acceso es especial: se rige por esta ley y supletoriamente por la Ley 39/2015, y deben omitirse los requisitos que obstruyan el acceso, sobre todo de identificación y firma.
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Artículo 34. Solicitud de acceso a la información pública.
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se inicia con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse a la persona titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la administración, organismo o entidad incluida en el ámbito de aplicación de este título a la que se encuentren vinculadas. Si la solicitud se presentara directamente ante las entidades privadas, estas la remitirán, para su registro y resolución, al órgano público al que se encuentren vinculadas, junto con la información solicitada, si estuviera en su poder.
2. La solicitud podrá ser realizada por cualquier medio, y deberá indicar, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Identidad de la persona solicitante.
b) Descripción precisa de la información solicitada, sin necesidad de indicar un documento o expediente concreto.
c) En su caso, la modalidad o el formato preferidos para el acceso a la información solicitada.
d) Dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.
3. La persona solicitante no está obligada a motivar su solicitud de acceso a la información pública, y la ausencia de motivación no será por si sola causa de su rechazo. No obstante, podrá exponer los motivos por los que solicita la información, que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.
4. La solicitud podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 76.3 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.
Datos clave
- La solicitud se dirige al titular del órgano o entidad que posea la información y puede presentarse por cualquier medio.
- Contenido mínimo: identidad, descripción precisa de la información, modalidad o formato preferidos y dirección de contacto.
- No es obligatorio motivarla y puede presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La solicitud se dirige al titular del órgano que tiene la información, por cualquier medio, con identidad, descripción, formato preferido y dirección; no hay que motivarla y vale cualquier lengua oficial.
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Artículo 35. Causas de inadmisión de la solicitud de acceso a la información pública.
La inadmisión de la solicitud se acordará mediante resolución motivada basada únicamente en alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando se refiera a información que está en curso de elaboración o de publicación general, en cuyo caso la resolución de no admisión deberá especificar el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición.
b) Cuando se refiera a comunicaciones internas de carácter auxiliar o de apoyo, como las contenidas en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones o informes internos o entre órganos o entidades administrativas, que carezcan de relevancia o interés público. Los informes preceptivos no tendrán esta consideración de carácter auxiliar o de apoyo que baste para justificar la inadmisión de la solicitud por esta causa.
c) Cuando se refiera a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración compleja. La solicitud de información a obtener previo tratamiento informatizado de uso corriente no se considerará reelaboración de la información que justifique su inadmisión.
d) Cuando la institución receptora de la solicitud no disponga de la información ni tenga constancia de qué otra entidad puede disponer de ella.
e) Cuando la solicitud sea manifiestamente repetitiva o tenga un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley.
Datos clave
- Se inadmite, por resolución motivada, la solicitud de información en elaboración o publicación general, de comunicaciones internas auxiliares, que requiera reelaboración compleja, que no se posea, o manifiestamente repetitiva o abusiva.
- Los informes preceptivos no se consideran información auxiliar o de apoyo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco causas tasadas de inadmisión: información en elaboración, comunicaciones internas auxiliares sin interés público, reelaboración compleja, no disponer de la información ni saber quién la tiene, y solicitudes repetitivas o abusivas.
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Artículo 36. Tramitación de la solicitud de acceso a la información pública.
1. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder de la entidad a la que se dirige, esta la remitirá al organismo competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia a la persona solicitante. A estos efectos, las Administraciones públicas habilitarán cauces de colaboración a fin de reducir cargas administrativas derivadas de la necesidad de reproducir solicitudes ante sus diferentes sectores públicos por este motivo.
2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, la entidad receptora, en el plazo de diez días tras su recepción, requerirá a la persona solicitante que la concrete en el plazo improrrogable de diez días, con indicación de que en caso de no hacerlo se le tendrá por desistida, así como de la suspensión del plazo para dictar la resolución correspondiente. Transcurrido el señalado plazo sin haber procedido a la subsanación, se procederá al archivo de la solicitud mediante resolución que se notificará a la persona solicitante a efectos de que pueda presentar el correspondiente recurso o, en su caso, una nueva solicitud que concrete su petición o la información demandada.
3. Si la solicitud se refiere a información que afecte a derechos o intereses de terceras personas debidamente identificadas, el órgano encargado de resolverla concederá a estas el oportuno trámite de audiencia por un plazo de quince días para que aleguen lo que crean conveniente y otorguen, en su caso, su consentimiento expreso. La persona solicitante será informada de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para resolver su petición hasta que se reciban las alegaciones o el consentimiento de las terceras personas afectadas o haya transcurrido el plazo concedido para su presentación.
4. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder de la entidad a la que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otra, se le remitirá la solicitud a esta para que decida sobre el acceso.
Datos clave
- Si la solicitud no identifica bien la información, se requiere concretarla en diez días improrrogables, con aviso de desistimiento.
- Si afecta a terceras personas identificadas, se les da audiencia por quince días y se suspende el plazo para resolver.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tramitación: remisión al competente, requerimiento de concreción en diez días con plazo improrrogable de diez para subsanar, audiencia de quince días a terceros afectados y remisión a quien elaboró la información.
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Artículo 37. Resolución de la solicitud de acceso a la información pública.
1. La resolución mediante la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública deberá notificarse a la persona solicitante, así como a las terceras personas afectadas que así lo hayan solicitado, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
2. Este plazo podrá ampliarse por otros quince días más en aquellos supuestos en los que el volumen o la complejidad de la información solicitada así lo hagan necesario, notificando esta circunstancia a la persona solicitante.
3. Las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad diferente a la solicitada, así como las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de una tercera persona, serán convenientemente motivadas.
4. La denegación del acceso a la información deberá adoptarse siempre mediante resolución expresa y motivada, que deberá notificarse en los plazos establecidos en este artículo. Transcurrido el plazo máximo para resolver una solicitud sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se tendrá por desestimada por silencio administrativo, pero ello no eximirá a los sujetos obligados a suministrar la información de su deber de resolver expresamente.
Datos clave
- Plazo máximo para resolver y notificar: un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable quince días por volumen o complejidad.
- Sin resolución expresa en plazo, la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo, sin que decaiga el deber de resolver.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Se resuelve y notifica en un mes, ampliable quince días por volumen o complejidad; las denegaciones exigen resolución expresa y motivada, y el silencio es desestimatorio sin eximir de resolver.
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Artículo 38. Formalización del acceso y entrega de la información.
1. Cuando la resolución de una solicitud sea estimatoria total o parcialmente, la resolución irá acompañada de la información solicitada. No obstante, si resultara procedente alguna otra modalidad de acceso conforme a lo dispuesto en esta ley, la resolución irá acompañada de la indicación del modo de acceso inmediato a dicha información, que deberá garantizar la efectividad del derecho permitiendo acceder a la integridad de la información en el menor plazo posible.
2. En el caso de que la resolución conceda el acceso total o parcial a una información que afecte a terceras personas que se hayan opuesto en el correspondiente trámite previo, el acceso solo se hará efectivo una vez vencido el plazo del que dispone la tercera persona para recurrirla, bien ante la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, conforme al procedimiento contemplado en el artículo 39, bien en la vía jurisdiccional, sin que lo haya hecho, o una vez que sea firme la resolución del recurso que confirme el derecho de la persona solicitante a recibir la información.
Datos clave
- La resolución estimatoria va acompañada de la información o de la indicación del modo de acceso inmediato.
- Si un tercero se opuso, el acceso se hace efectivo cuando vence su plazo para recurrir sin hacerlo o es firme la resolución que confirma el derecho.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La resolución estimatoria va acompañada de la información o del modo de acceso inmediato; si un tercero se opuso, el acceso espera a que venza su plazo para recurrir o a que sea firme la resolución del recurso.
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Artículo 39. Procedimiento de impugnación.
1. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública ponen fin a la vía administrativa y son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso- administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer la reclamación potestativa ante la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena prevista en la presente ley o, en su caso, de solicitar el inicio de un procedimiento de mediación en las reclamaciones de acceso a la información pública, conforme a la regulación contenida asimismo en esta ley.
2. No obstante, contra las resoluciones dictadas por el Parlamento Vasco, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y el Ararteko en materia de acceso a la información pública solo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo.
Datos clave
- Las resoluciones de acceso ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
- Cabe la reclamación potestativa ante la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena o la mediación.
- Contra las del Parlamento Vasco, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y el Ararteko solo cabe recurso contencioso-administrativo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las resoluciones de acceso a la información pública agotan la vía administrativa y van directas al contencioso, sin perjuicio de la reclamación potestativa o la mediación; en tres instituciones, solo contencioso.
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Artículo 40. Reclamación potestativa ante la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena.
1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública, con la excepción de los supuestos previstos en el artículo 39.2, podrá interponerse una reclamación ante la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Esta reclamación potestativa tendrá carácter sustitutivo de los recursos administrativos, de conformidad con lo establecido en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. La reclamación se tramitará conforme al siguiente procedimiento:
a) La reclamación se podrá interponer en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. Si el acto no fuera expreso, la reclamación podrá interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en el que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
b) Cuando la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena aprecie que la información reclamada pudiera afectar a derechos o intereses de terceras personas debidamente identificadas, se les concederá trámite de audiencia para que aleguen lo que a su derecho convenga.
c) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada.
d) Las resoluciones que se dicten, una vez que se hayan notificado a las personas interesadas, se publicarán en la página web de la Autoridad Vasca de Transparencia- Gardena, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieren.
3. La resolución dictada por la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena que resuelva esta reclamación será ejecutiva. Una vez que sea firme y ejecutiva la resolución estimatoria, se comunicará a la entidad encargada de su cumplimiento efectivo y se indicará, como mínimo, el alcance del acceso a la información, el plazo para cumplirla y las condiciones en las que se haya de hacer efectiva. La entidad afectada habrá de comunicar las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la resolución y, si no cumpliera la resolución en el plazo establecido, la persona interesada podrá comunicarlo a la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena para que esta requiera su cumplimiento.
4. Contra las resoluciones de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena solo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo.
5. La desatención de los requerimientos que efectúe la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena para el cumplimiento de las resoluciones en materia de acceso a la información podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en esta ley.
6. La Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena podrá instar la incoación del procedimiento sancionador, de acuerdo con lo previsto en esta ley.
Datos clave
- La reclamación ante la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena es potestativa, previa a la vía contencioso-administrativa y sustitutiva de los recursos administrativos.
- Plazo para interponerla: un mes desde la notificación; ante silencio, en cualquier momento.
- Plazo para resolver: tres meses; transcurrido, se entiende desestimada. Sus resoluciones son ejecutivas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reclamación potestativa ante la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena: sustituye a los recursos administrativos, se presenta en un mes y se resuelve en tres meses, con silencio desestimatorio.
Esquema
| Acto expreso | Acto presunto | |
|---|---|---|
| Plazo | Un mes desde el día siguiente a la notificación | En cualquier momento desde el día siguiente a los efectos del silencio |
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Artículo 41. Procedimiento de mediación.
1. Cualquiera de las partes podrá solicitar a la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena el inicio del procedimiento de mediación cuando se presente ante esta una reclamación del derecho de acceso a la información pública, debiendo formalizarse dicha solicitud en el plazo de cinco días desde el momento en el que se haya tenido conocimiento de la interposición de la reclamación.
2. La Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, una vez recibida la solicitud de procedimiento de mediación, deberá comunicarla a todas las partes intervinientes para que se pronuncien sobre la solicitud. La Administración no podrá oponerse a aplicar el procedimiento de mediación si todas las partes interesadas lo aceptan.
3. Mientras dure el procedimiento de mediación, quedará suspendida la tramitación de la reclamación potestativa regulada en el artículo anterior.
4. El procedimiento de mediación deberá sustanciarse en el plazo máximo de un mes a contar desde su aceptación. Si no se alcanzara un acuerdo de mediación, continuaría la tramitación de la reclamación potestativa ante la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena a partir del punto en el que se hubiera suspendido.
5. La persona mediadora será designada por la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena de entre el personal de su oficina técnica de apoyo y deberá contar con formación y conocimientos específicos en materia de mediación administrativa. La mediación se podrá desarrollar presencialmente o a través de medios telemáticos.
6. El acuerdo fruto de la mediación deberá ser aprobado por la persona reclamante, la administración afectada y, en su caso, las terceras personas que hayan comparecido en el procedimiento. El acuerdo adoptado, que deberá ratificar la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, pondrá fin al procedimiento y en ningún caso podrá ser contrario al ordenamiento jurídico.
7. En los casos en los que las partes intervinientes así lo decidan, podrán adoptarse acuerdos de mediación parciales y limitar expresamente su alcance a una parte del objeto de la reclamación. En este caso, el resto de la reclamación continuará la tramitación por el procedimiento ordinario de resolución por parte de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena.
8. El acuerdo de mediación deberá ejecutarse en los términos y con los plazos establecidos. Para su contenido y ejecución será de aplicación lo establecido para las resoluciones de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena en esta ley.
9. El procedimiento específico de mediación por reclamación del derecho de acceso a la información pública ante la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena se regirá por lo dispuesto en esta ley, su normativa de desarrollo y las directrices y acuerdos que establezca la presidencia de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena.
10. No se someterán a mediación aquellas materias que afecten directamente a los derechos fundamentales de las personas, fueran contrarias al orden público o perjudicasen intereses de terceras personas.
Datos clave
- Cualquiera de las partes puede pedir la mediación en los cinco días siguientes a conocer la reclamación.
- Mientras dura, se suspende la reclamación; debe sustanciarse en un mes desde su aceptación.
- No se someten a mediación las materias que afecten directamente a derechos fundamentales, al orden público o a intereses de terceros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ante una reclamación de acceso, cualquier parte puede pedir mediación a Gardena en cinco días; suspende la reclamación, dura como máximo un mes y el acuerdo, ratificado por Gardena, pone fin al procedimiento.
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Artículo 74. Creación de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena.
1. Se crea la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, entidad pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que en el ejercicio de sus funciones actúa con plena independencia de las administraciones públicas y de cualquier interés empresarial o comercial, actuando con objetividad, independencia, imparcialidad, profesionalidad y sometimiento al ordenamiento jurídico.
2. La Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena se relaciona con el Gobierno Vasco a través del departamento que determine el Lehendakari o la Lehendakari en el decreto de estructura del Gobierno.
Datos clave
- Se crea la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, entidad pública con personalidad jurídica propia.
- Actúa con plena independencia de las administraciones públicas y de cualquier interés empresarial o comercial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Gardena es una entidad pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad, independiente de las administraciones y de intereses empresariales, que se relaciona con el Gobierno a través del departamento que fije el Lehendakari.
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Artículo 75. Naturaleza de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena.
1. La Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena se constituye como la autoridad administrativa independiente de protección a informantes en los términos contemplados en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, extendiendo su ámbito funcional de actuación a la totalidad de las administraciones, organismos y entidades del sector público vasco y a las entidades privadas, en los términos del artículo 9 de esta ley.
2. La Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena asume asimismo la condición de autoridad pública de garantía del derecho de la ciudadanía vasca al acceso a la información pública y del cumplimiento de los requerimientos normativos de transparencia e integridad en el ámbito de aplicación establecido en el artículo 8 de esta ley.
Datos clave
- Es la autoridad administrativa independiente de protección a informantes de la Ley 2/2023 en el sector público vasco.
- Es también la autoridad pública de garantía del derecho de acceso a la información pública y del cumplimiento de la transparencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Gardena tiene doble condición: autoridad independiente de protección a informantes (Ley 2/2023) para el sector público vasco y privados del artículo 9, y autoridad de garantía del acceso y la transparencia en el ámbito del artículo 8.
Esquema
| Protección a informantes | Transparencia y acceso | |
|---|---|---|
| Base | Ley 2/2023, de 20 de febrero | Esta ley |
| Ámbito | Artículo 9: sector público vasco y entidades privadas | Artículo 8 de esta ley |
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Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. Las disposiciones de este título se aplicarán a:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.
c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas.
e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.
h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.
i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación.
2. A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.
Datos clave
- El título de transparencia se aplica a la Administración General del Estado, a las de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, y a las entidades de la Administración Local, entre otros sujetos.
- También a sociedades mercantiles con participación pública superior al 50 por 100, fundaciones del sector público y asociaciones constituidas por las Administraciones.
- A estos efectos, son Administraciones Públicas los organismos y entidades de las letras a) a d) del apartado 1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define quién está sometido a todo el Título I: Administraciones Públicas y el amplio entorno del sector público vinculado a ellas.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 4. Obligación de suministrar información.
Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en este título. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato.
Datos clave
- Quienes presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas deben suministrar, previo requerimiento, la información necesaria a la Administración a la que estén vinculados.
- La obligación se extiende a los adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos del contrato.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Impone a particulares que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas el deber de dar información a la Administración, si se les requiere, para que esta cumpla sus obligaciones del título.
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Artículo 7. Información de relevancia jurídica.
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:
a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación.
c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.
e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.
Datos clave
- Las Administraciones publican directrices, instrucciones, circulares o respuestas a consultas que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
- También los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y de reglamentos, y las memorias de los expedientes normativos.
- Y los documentos que deban someterse a información pública durante su tramitación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Recoge qué documentos con valor normativo o interpretativo hay que publicar: instrucciones y circulares con efectos jurídicos, anteproyectos, proyectos de reglamento y sus memorias.
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Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística (apartado 1, letras a) a c)).
1. Teniendo en cuenta las competencias legislativas de las Comunidades Autónomas, los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación:
a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. Además, se publicará información estadística sobre el porcentaje de participación en contratos adjudicados, tanto en relación con su número como en relación con su valor, de la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), entendidas como tal según el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, para cada uno de los procedimientos y tipologías previstas en la legislación de contratos del sector público. La publicación de esta información se realizará semestralmente, a partir de un año de la publicación de la norma.
b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
Datos clave
- Se publican todos los contratos (objeto, duración, importes, procedimiento, licitadores y adjudicatario); los contratos menores pueden publicarse trimestralmente.
- También los convenios suscritos y las encomiendas de gestión, y las subvenciones y ayudas públicas con su importe, objetivo y beneficiarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué información económica se publica: presupuestos y su ejecución, cuentas e informes de auditoría, retribuciones de altos cargos, compatibilidades, bienes de los representantes locales y estadísticas; más reglas para los sujetos del artículo 3 y los inmuebles.
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Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística (apartado 1, letras d) a i), y apartados 2 y 3).
d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.
f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local.
h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente.
2. Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la que se refieren las letras a) y b) del apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública. Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra c) en relación a las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una Administración Pública.
3. Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.
Datos clave
- Se publican los presupuestos y su ejecución, las cuentas anuales y los informes de auditoría y fiscalización.
- También las retribuciones anuales de los altos cargos, las resoluciones de compatibilidad de los empleados públicos y las declaraciones de bienes y actividades de los representantes locales.
- Las Administraciones publican la relación de los bienes inmuebles de su propiedad o sobre los que tengan algún derecho real.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué información económica se publica: presupuestos y su ejecución, cuentas e informes de auditoría, retribuciones de altos cargos, compatibilidades, bienes de los representantes locales y estadísticas; más reglas para los sujetos del artículo 3 y los inmuebles.
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Artículo 9. Control.
1. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.
3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
Datos clave
- El cumplimiento de la publicidad activa por la Administración General del Estado lo controla el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa es infracción grave a efectos disciplinarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Atribuye al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el control del cumplimiento de la publicidad activa por la AGE, con capacidad de dictar resoluciones y activar el régimen disciplinario.
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Artículo 10. Portal de la Transparencia.
1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación.
2. El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
3. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo.
Datos clave
- La Administración General del Estado desarrolla un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
- El Portal incluye la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La AGE desarrolla un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, para facilitar el acceso a la información de los artículos anteriores; todas las administraciones pueden adoptar medidas complementarias y de colaboración.
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Artículo 11. Principios técnicos.
El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios:
a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.
b) Interoperabilidad: la información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.
c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo.
Datos clave
- Principios técnicos del Portal de la Transparencia: accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
- La interoperabilidad se ajusta al Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La información del Portal de la Transparencia se publica según prescripciones técnicas reglamentarias que deben respetar tres principios: accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
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Artículo 13. Información pública.
Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Datos clave
- Información pública: contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, en poder de los sujetos del título.
- Han de haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Información pública es cualquier contenido o documento, en cualquier formato, que esté en poder de un sujeto obligado y que este haya elaborado o simplemente adquirido en el ejercicio de sus funciones.
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Artículo 20. Resolución.
1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del artículo 22.2.
3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.
4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24.
6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
Datos clave
- Plazo máximo para notificar la resolución: un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable otro mes por volumen o complejidad.
- Transcurrido el plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada.
- Las resoluciones son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la reclamación potestativa del artículo 24.
- El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo es infracción grave a efectos disciplinarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija el plazo para resolver y notificar -un mes, ampliable a otro-, cuándo hay que motivar la resolución y que el silencio se entiende desestimatorio.
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Artículo 21. Unidades de información.
1. Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este título establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna.
2. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones:
a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley.
b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.
e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.
f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.
g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano.
h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley.
3. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso.
Datos clave
- Las Administraciones establecen sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información en su organización interna.
- En la Administración General del Estado existen unidades especializadas que, entre otras funciones, reciben y tramitan las solicitudes y llevan su registro.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones organizan la gestión de solicitudes; en la AGE hay unidades especializadas con funciones tasadas, de recabar información a llevar el registro de solicitudes.
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Artículo 22. Formalización del acceso.
1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.
2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.
3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.
Datos clave
- El acceso se realiza preferentemente por vía electrónica; si no puede darse con la notificación, se otorga en un plazo no superior a diez días.
- Si hubo oposición de tercero, el acceso se produce cuando transcurre el plazo para el recurso contencioso-administrativo sin interponerlo o cuando se confirma el derecho.
- El acceso es gratuito; las copias o el cambio de formato pueden generar exacciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula cómo se hace efectivo el acceso ya concedido: por vía electrónica, en un plazo máximo si no fue inmediato, y de forma gratuita salvo copias.
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Artículo 25. Ámbito de aplicación.
1. En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella. A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses.
2. Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.
3. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este título no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar.
Datos clave
- El título de buen gobierno se aplica a los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y demás altos cargos de la Administración General del Estado y su sector público.
- También a los altos cargos o asimilados según la normativa autonómica o local, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.
- No afecta a la condición de cargo electo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El título de buen gobierno alcanza a miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos estatales, y a los altos cargos o asimilados autonómicos y locales, incluidas las Juntas de Gobierno locales, sin tocar su condición de cargo electo.
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Artículo 26. Principios de buen gobierno (apartado 1 y apartado 2.a)).
1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.
2. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes:
a) Principios generales:
1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.
2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.
3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.
4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
5.º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.
6.º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.
7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
Datos clave
- Los altos cargos observan la Constitución y el resto del ordenamiento y promueven el respeto a los derechos fundamentales.
- Principios generales: transparencia, dedicación al servicio público, imparcialidad, trato igual, diligencia, conducta digna y asunción de responsabilidad.
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Código de conducta de los altos cargos: respetar la Constitución y el ordenamiento, siete principios generales y nueve de actuación, que además sirven para interpretar y aplicar el régimen sancionador del título.
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Artículo 26. Principios de buen gobierno (apartado 2.b) y apartado 3).
b) Principios de actuación:
1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.
2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
3.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.
4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones.
5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.
7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia.
8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.
9.º No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.
3. Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en este título.
Datos clave
- Principios de actuación: plena dedicación y respeto a incompatibilidades, reserva, denuncia de irregularidades, uso de los poderes para su fin y abstención ante conflictos.
- No aceptan regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía; los obsequios de mayor relevancia institucional se incorporan al patrimonio público.
- Los principios informan la interpretación y aplicación del régimen sancionador.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Código de conducta de los altos cargos: respetar la Constitución y el ordenamiento, siete principios generales y nueve de actuación, que además sirven para interpretar y aplicar el régimen sancionador del título.
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Artículo 28. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria.
Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables:
a) La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes.
b) La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.
c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.
d) La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando ésta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria.
e) La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado.
f) El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada Ley.
g) La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que no cuenten con la preceptiva autorización o, habiéndola obtenido, no se cumpla con lo en ella previsto o se superen los límites previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
h) La no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, cuando se haya formulado la advertencia prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
i) La suscripción de un Convenio de colaboración o concesión de una subvención a una Administración Pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
j) La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico- financiero o del plan de reequilibrio de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
k) El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado requerimiento.
l) La falta de justificación de la desviación, o cuando así se le haya requerido la falta de inclusión de nuevas medidas en el plan económico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
m) La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de reequilibrio, según corresponda, previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
n) La no adopción en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad al que se refieren los artículos 20.5.a) y 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, así como la no constitución del depósito previsto en el citado artículo 25 de la misma Ley, cuando así se haya solicitado.
ñ) La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitución del depósito que se hubiere solicitado o la falta de ejecución de las medidas propuestas por la Comisión de Expertos cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
o) El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
p) El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.
Datos clave
- Son infracciones muy graves, cuando sean culpables, las conductas de gestión económico-presupuestaria que enumera el artículo.
- Entre ellas, la incursión en alcance, los compromisos de gastos sin crédito suficiente y la omisión de la intervención previa preceptiva.
- También el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas del artículo 137 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista de infracciones muy graves en gestión económico-presupuestaria: solo cuentan si la conducta es culpable. Agrupa fallos de gasto y control, de justificación y cuentas, y de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria.
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Artículo 29. Infracciones disciplinarias (apartado 1).
1. Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
c) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
d) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
e) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.
f) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
g) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
h) La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
i) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
k) El acoso laboral.
l) La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.
Datos clave
- Son infracciones disciplinarias muy graves, entre otras, el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía y toda actuación discriminatoria.
- También la publicación o utilización indebida de información conocida por razón del cargo, la prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido y el acoso laboral.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Infracciones disciplinarias de los altos cargos en tres escalones: muy graves, graves y leves. Ojo a la reincidencia, que hace subir un escalón, y a que la leve de la letra b) es residual.
Esquema
| Muy grave | Grave | |
|---|---|---|
| Acuerdos manifiestamente ilegales | Que causen perjuicio grave | Con perjuicio, si no son muy graves (también informes) |
| Reincidencia | Grave tras dos graves sancionadas en el año anterior | Leve tras dos leves sancionadas en el año anterior |
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Artículo 29. Infracciones disciplinarias (apartados 2 y 3).
2. Son infracciones graves:
a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
b) La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
c) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción muy grave.
d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.
e) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
f) La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.
3. Son infracciones leves:
a) La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados.
b) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los principios de actuación del artículo 26.2.b) cuando ello no constituya infracción grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma.
Datos clave
- Son infracciones graves, entre otras, el abuso de autoridad, intervenir en un procedimiento con causa de abstención y no guardar el debido sigilo.
- Son infracciones leves la incorrección con superiores, compañeros o subordinados y el descuido o negligencia en el ejercicio de las funciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Infracciones disciplinarias de los altos cargos en tres escalones: muy graves, graves y leves. Ojo a la reincidencia, que hace subir un escalón, y a que la leve de la letra b) es residual.
Esquema
| Muy grave | Grave | |
|---|---|---|
| Acuerdos manifiestamente ilegales | Que causen perjuicio grave | Con perjuicio, si no son muy graves (también informes) |
| Reincidencia | Grave tras dos graves sancionadas en el año anterior | Leve tras dos leves sancionadas en el año anterior |
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Artículo 30. Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación.
2. Por la comisión de una infracción grave se impondrán al infractor algunas de las siguientes sanciones:
a) La declaración del incumplimiento y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial que corresponda.
b) La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo.
3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones previstas en el apartado anterior.
4. Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente.
5. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los siguientes:
a) La naturaleza y entidad de la infracción.
b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.
c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.
d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva.
e) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.
f) La reparación de los daños o perjuicios causados. En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos, y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles.
6. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal.
7. Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación de aquel. No se considerará normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de las infracciones previstas en el artículo 28, pudiéndose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al procedimiento sancionador.
8. En todo caso la comisión de las infracciones previstas en el artículo 28 conllevará las siguientes consecuencias:
a) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente.
b) La obligación de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Datos clave
- Las infracciones leves se sancionan con amonestación.
- Las graves, con la declaración del incumplimiento y su publicación en el diario oficial y la no percepción de la indemnización por cese.
- Por infracción muy grave, destitución e imposibilidad de ser nombrado alto cargo durante un periodo de entre cinco y diez años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija las sanciones según el grado de la infracción: amonestación para las leves, publicación y pérdida de indemnización para graves y muy graves, y destitución con inhabilitación para las muy graves.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 31. Órgano competente y procedimiento.
1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de los ciudadanos. La responsabilidad será exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.
2. El órgano competente para ordenar la incoación será:
a) Cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración General del Estado distintas de los anteriores, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
c) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración autonómica o local, la orden de incoación del procedimiento se dará por los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento.
3. En los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado anterior, la instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses. En el supuesto contemplado en el apartado c) la instrucción corresponderá al órgano competente en aplicación del régimen disciplinario propio de la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente.
4. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá:
a) Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.
b) Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado.
c) Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local de que se trate.
5. Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador regulado en este título serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Datos clave
- El procedimiento sancionador se inicia de oficio.
- Para miembros del Gobierno y Secretarios de Estado, ordena la incoación y sanciona el Consejo de Ministros; la instrucción corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses.
- Para altos cargos autonómicos o locales, actúan los órganos de su régimen disciplinario propio.
- Las resoluciones son recurribles ante el orden contencioso-administrativo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Determina quién inicia, instruye y sanciona el procedimiento según el nivel del alto cargo: Gobierno/Secretarios de Estado, resto de la AGE, o autonómicos/locales.
Esquema
| Incoa | Instruye | Sanciona | |
|---|---|---|---|
| Miembro del Gobierno o Secretario de Estado | Consejo de Ministros | Oficina de Conflictos de Intereses | Consejo de Ministros |
| Otros altos cargos de la AGE | Ministro de Hacienda | Oficina de Conflictos de Intereses | Ministro de Hacienda |
| Altos cargos autonómicos o locales | Órgano de su propio régimen disciplinario | Órgano de su propio régimen disciplinario | Órgano propio, o Consejo de Gobierno/Pleno |
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 35. Composición.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos:
a) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
b) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión.
Datos clave
- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se compone de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y del Presidente.
- El Presidente del Consejo lo es también de su Comisión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene dos órganos: la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo, que preside también la Comisión.