Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Constitución. La Ley. El Reglamento. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
Practica este tema con tests de Agentes de la Hacienda Pública (C1) — AEAT: preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.
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Constitución Española · Art. 9
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Datos clave
- Enumera los principios que garantiza el art. 9.3 → Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- ¿Qué tres verbos usa el art. 9.2 para el mandato a los poderes públicos? → Promover las condiciones, remover los obstáculos y facilitar la participación.
- Cuenta siete garantías en el 9.3 y memoriza los extremos: abre 'legalidad' y cierra 'interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos'.
- 9.1 sujeción · 9.2 igualdad real (promover, remover, facilitar) · 9.3 los siete principios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos sujetos a la Constitución y al ordenamiento; mandato a los poderes públicos de hacer real la libertad y la igualdad (promover, remover, facilitar) y siete principios garantizados en el art. 9.3.
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Constitución Española · Art. 81
1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Datos clave
- ¿Qué mayoría exige aprobar una ley orgánica? → Mayoría absoluta del Congreso, en votación final sobre el conjunto.
- Cita tres materias reservadas a ley orgánica según este artículo. → Desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, y régimen electoral general.
- Truco para las materias reservadas: Desarrollo de derechos, Estatutos de Autonomía, Electoral general, y Resto que fije la Constitución («DEER»).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué materias van por ley orgánica (derechos fundamentales, Estatutos, régimen electoral general y demás previstas) y con qué mayoría: absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto.
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Constitución Española · Art. 82
1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.
Datos clave
- ¿Qué tipo de ley delega para formar un texto articulado nuevo? → Una ley de bases.
- ¿Qué tipo de ley delega para refundir varios textos legales? → Una ley ordinaria.
- ¿Puede el Gobierno subdelegar la potestad legislativa que se le ha delegado? → No, en ninguna autoridad distinta de él mismo.
- ¿Cuándo se agota la delegación legislativa? → Con el uso que haga de ella el Gobierno, al publicar la norma correspondiente.
- Regla rápida: ley de bases crea (texto articulado); ley ordinaria une (texto refundido).
- La delegación es como un cheque de un solo cobro: se agota con el primer uso del Gobierno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Cortes pueden delegar en el Gobierno dictar normas con rango de ley: ley de bases para textos articulados, ley ordinaria para refundir. Delegación expresa, para materia concreta, con plazo y sin subdelegación.
Esquema
| Ley de bases | Ley ordinaria | |
|---|---|---|
| Objeto | Formación de textos articulados | Refundir varios textos legales en uno solo |
| Qué debe fijar | Objeto y alcance, principios y criterios | Ámbito normativo; mera formulación o también regularizar, aclarar y armonizar |
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Constitución Española · Art. 83
Las leyes de bases no podrán en ningún caso:
a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
Datos clave
- Las leyes de bases no pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases.
- Tampoco pueden facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos cosas que una ley de bases tiene vedadas «en ningún caso»: autorizar que se modifique la propia ley de bases y facultar para dictar normas retroactivas.
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Constitución Española · Art. 84
Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
Datos clave
- ¿Quién puede oponerse a la tramitación de una proposición de ley contraria a una delegación legislativa vigente? → El Gobierno.
- ¿Qué cabe hacer frente a esa oposición del Gobierno? → Presentar una proposición de ley para derogar, total o parcialmente, la ley de delegación.
- Frente a la oposición del Gobierno a la tramitación, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si una proposición de ley o una enmienda contraría una delegación legislativa en vigor, el Gobierno puede oponerse a su tramitación; entonces cabe una proposición de ley para derogar total o parcialmente la ley de delegación.
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Constitución Española · Art. 85
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.
Datos clave
- Las disposiciones de legislación delegada se denominan Decretos Legislativos.
- Es el Gobierno quien las dicta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Nombre que reciben las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada: Decretos Legislativos.
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Constitución Española · Art. 86
1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
Datos clave
- ¿Qué materias no puede afectar un Decreto-ley? → El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades del Título I, el régimen de las Comunidades Autónomas y el Derecho electoral general.
- ¿En qué plazo y ante quién se somete a votación un Decreto-ley? → En los treinta días siguientes a su promulgación, ante el Congreso de los Diputados, en debate y votación de totalidad.
- ¿Qué pueden hacer las Cortes durante ese plazo? → Tramitar el Decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- Las cuatro materias vedadas son un bloque de cuatro: instituciones básicas, Título I, Comunidades Autónomas y Derecho electoral general.
- Un solo plazo en todo el artículo: treinta días desde la promulgación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno puede dictar Decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad, sin afectar a cuatro materias; el Congreso los convalida o deroga en treinta días y las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley.
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Constitución Española · Art. 97
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Datos clave
- ¿Qué dos potestades ejerce el Gobierno según el artículo 97? → La función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
- ¿A qué está sometida la potestad reglamentaria del Gobierno? → A la Constitución y las leyes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria conforme a la Constitución y las leyes.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 22 · Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno
Artículo 22. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno.
El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el presente Título.
Datos clave
- ¿A qué norma remite el art. 22 para el ejercicio de la iniciativa y la potestad reglamentaria? → Al Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y al presente Título de la Ley del Gobierno.
- Dos remisiones y una sola cifra que memorizar: Título VI de la Ley 39/2015.
- Regla de descarte: si una pregunta sobre el art. 22 cita anteproyectos, memoria económica o doble elevación al Consejo de Ministros, está usando la redacción anterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Artículo puente: el Gobierno ejerce la iniciativa y la potestad reglamentaria conforme al Título VI de la Ley 39/2015 y a lo que diga este mismo Título de la Ley del Gobierno.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 23 · Disposiciones de entrada en vigor
Artículo 23. Disposiciones de entrada en vigor.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.
Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los reales decretos-leyes, ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la respectiva Memoria.
Datos clave
- ¿En qué fechas deben entrar en vigor las normas del Gobierno que imponen nuevas obligaciones a quienes ejercen una actividad económica o profesional? → El 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.
- ¿Qué normas quedan excluidas de esa regla? → Los reales decretos-leyes, y los casos en que el plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas lo aconsejen, acreditándolo en la Memoria.
- Dos fechas y solo dos: 2 de enero y 1 de julio. Ojo al día: es 2 de enero, no 1.
- Excepciones: reales decretos-leyes siempre fuera; lo demás, solo con justificación acreditada en la Memoria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las normas del Gobierno que imponen nuevas obligaciones a quien ejerce una actividad económica o profesional deben entrar en vigor el 2 de enero o el 1 de julio siguientes, con excepciones tasadas.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 24 · De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros
Artículo 24. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros.
1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes:
a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución.
b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al Presidente.
c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica.
d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto.
e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros.
f) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.
2. Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía:
1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros.
2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
Datos clave
- ¿Qué forma revisten las decisiones del Consejo de Ministros que no deban adoptar la de Real Decreto? → La de Acuerdos del Consejo de Ministros (art. 24.1.d).
- ¿Qué forma adopta una disposición ministerial que afecta a varios Departamentos? → Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.
- Enuncia la jerarquía de los reglamentos del art. 24.2. → 1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en Consejo de Ministros; 2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
- Seis letras, a)-f): la letra a) corresponde a los Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes que aprueban las normas de los artículos 82 y 86 de la Constitución, y las demás se ordenan por autor: Presidente (b), Consejo de Ministros (c y d), Comisiones Delegadas (e) y Ministros (f).
- Diferencia c) y d): Real Decreto para lo reglamentario y lo que deba revestir esa forma; Acuerdo para todo lo demás del Consejo de Ministros.
- Jerarquía reglamentaria: dos peldaños, Real Decreto por encima de Orden Ministerial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de formas que revisten las decisiones del Gobierno y de sus miembros, de la a) a la f), y la jerarquía de los reglamentos en dos escalones.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 25 · Plan Anual Normativo
Artículo 25. Plan Anual Normativo.
1. El Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.
2. El Plan Anual Normativo identificará, con arreglo a los criterios que se establezcan reglamentariamente, las normas que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, atendiendo fundamentalmente al coste que suponen para la Administración o los destinatarios y las cargas administrativas impuestas a estos últimos.
3. Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere el presente artículo será necesario justificar este hecho en la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
4. El Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo. El Ministro de la Presidencia elevará el Plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril.
Por orden del Ministerio de la Presidencia se aprobarán los modelos que contengan la información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión en el Plan.
Datos clave
- ¿Qué Ministerio coordina el Plan Anual Normativo? → El Ministerio de la Presidencia (art. 25.4).
- ¿Qué hay que justificar si una norma no estaba en el Plan Anual Normativo? → El hecho, en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (art. 25.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno aprueba cada año un Plan Normativo con las iniciativas previstas, coordinado por el Ministerio de la Presidencia para evitar descoordinación y cambios normativos sucesivos.
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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 26
Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamentarias se ajustará al siguiente procedimiento: 1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. 2. Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas. b) Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. c) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica. d) Cuando la propuesta no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. e) Cuando la propuesta regule aspectos parciales de una materia. f) Cuando se acuerde la tramitación urgente de iniciativas normativas, en los términos previstos en el artículo 27.2. La concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se justificarán en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a quince días naturales. 3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados: a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación. b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma. c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias. d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea. e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto. g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública regulado en el apartado 2. h) Impacto por razón de cambio climático, que deberá ser valorado en términos de mitigación y adaptación al mismo. La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente. 4. Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de los Departamentos proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos. Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, y siempre que se hayan cumplimentado los trámites de carácter preceptivo, el Consejo de Ministros podrá prescindir de este y acordar la aprobación del anteproyecto de ley o proyecto de real decreto legislativo y su remisión, en su caso, al Congreso de los Diputados o al Senado, según corresponda. 5. A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo competente recabará, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. Salvo que normativamente se establezca otra cosa, los informes preceptivos se emitirán en un plazo de diez días, o de un mes cuando el informe se solicite a otra Administración o a un órgano u Organismo dotado de especial independencia o autonomía. El centro directivo competente podrá solicitar motivadamente la emisión urgente de los informes, estudios y consultas solicitados, debiendo estos ser emitidos en un plazo no superior a la mitad de la duración de los indicados en el párrafo anterior. En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y los proyectos de disposiciones reglamentarias, deberán ser informados por la Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes. Asimismo, cuando la propuesta normativa afectara a la organización administrativa de la Administración General del Estado, a su régimen de personal, a los procedimientos y a la inspección de los servicios, será necesario recabar la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública una vez emitidos el resto de informes que conformen el expediente, a excepción en su caso del dictamen del Consejo de Estado, y antes de ser sometida al órgano competente para promulgarla. Si transcurridos 15 días desde la recepción de la solicitud y de los textos definitivos de la propuesta no se hubiera formulado ninguna objeción, se entenderá concedida la aprobación. Será además necesario informe previo del Ministerio de Política Territorial cuando la norma pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 6. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. De ello deberá dejarse constancia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. El trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando existan graves razones de interés público, que deberán justificarse en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Asimismo, no será de aplicación a las disposiciones presupuestarias o que regulen los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas. 7. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando fuera preceptivo o se considere conveniente. 8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y, en caso de proyectos de ley, su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, acompañándolo de una Exposición de Motivos y de la documentación propia del procedimiento de elaboración a que se refieren las letras b) y d) del artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y su normativa de desarrollo. 9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno analizará los siguientes aspectos: a) La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando en las Cortes Generales. c) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de refundir en la nueva otras existentes en el mismo ámbito. d) El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la norma cuando fuere preceptivo. e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título. f) El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos de carácter general para la Administración General del Estado. g) La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido de la norma comunitaria que se trasponga al derecho interno. Reglamentariamente se determinará la composición del órgano encargado de la realización de esta función así como su modo de intervención en el procedimiento. 10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato electrónico, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás actuaciones practicadas. 11. Lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no será de aplicación para la tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de la memoria prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10.
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo mínimo de la consulta pública previa? → 15 días naturales (art. 26.2).
- ¿Cuál es el plazo mínimo de la audiencia e información pública, y a cuánto puede reducirse? → 15 días hábiles, reducible a 7 (art. 26.6).
- ¿Qué plazo tienen los informes preceptivos si los emite otra Administración? → Un mes (art. 26.5).
- Mnemotecnia: «naturales para consultar, hábiles para escuchar» — consulta pública en naturales, audiencia pública en hábiles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija el procedimiento completo de elaboración de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y reglamentos: estudios previos, consulta pública, Memoria de Impacto Normativo, informes, audiencia pública, dictamen del Consejo de Estado y aprobación final.
Esquema
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 27
Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado. 1. El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa normativa, podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y de reales decretos, en alguno de los siguientes casos: a) Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea. b) Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma. La Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompañe al proyecto mencionará la existencia del acuerdo de tramitación urgente, así como las circunstancias que le sirven de fundamento. 2. La tramitación por vía de urgencia implicará que: a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, establecidos en ésta o en otra norma, se reducirán a la mitad de su duración. Si, en aplicación de la normativa reguladora de los órganos consultivos que hubieran de emitir dictamen, fuera necesario un acuerdo para requerirlo en dicho plazo, se adoptará por el órgano competente; y si fuera el Consejo de Ministros, se recogerá en el acuerdo previsto en el apartado 1 de este artículo. b) No será preciso el trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2, sin perjuicio de la realización de los trámites de audiencia pública o de información pública sobre el texto a los que se refiere el artículo 26.6, cuyo plazo de realización será de siete días. c) La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá la continuación del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración cuando se reciba.
Datos clave
- ¿Quién acuerda la tramitación urgente de una iniciativa normativa y a propuesta de quién? → El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa.
- ¿Qué ocurre con los plazos del procedimiento en la tramitación urgente? → Se reducen a la mitad de su duración.
- ¿Qué plazo tiene la audiencia o información pública del art. 26.6 en tramitación urgente? → Siete días.
- ¿Dónde debe constar la existencia del acuerdo de tramitación urgente? → En la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, junto con las circunstancias que le sirven de fundamento.
- Dos causas (a y b) y tres efectos (a, b y c). Los efectos en tres verbos: reducir a la mitad, suprimir la consulta previa y no esperar al informe que no llega.
- Cifra suelta que cae: siete días para la audiencia o información pública del art. 26.6 en tramitación urgente.
- Tres tipos de norma afectados: anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y reales decretos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La tramitación urgente de iniciativas normativas en la AGE: quién la acuerda, en qué dos casos y qué tres efectos produce sobre plazos, consulta pública e informes.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 28
Informe anual de evaluación. 1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, aprobará, antes del 30 de abril de cada año, un informe anual en el que se refleje el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en el citado Plan, así como las incluidas en anteriores informes de evaluación con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el año que se evalúa. 2. En el informe se incluirán las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas a que se refiere el artículo 25.2, que, de acuerdo con lo previsto en su respectiva Memoria, hayan tenido que ser evaluadas en el ejercicio anterior. La evaluación se realizará en los términos y plazos previstos en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y deberá comprender, en todo caso: a) La eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida en que ha conseguido los fines pretendidos con su aprobación. b) La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que podrían no haber sido necesarias. c) La sostenibilidad de la disposición. El informe podrá contener recomendaciones específicas de modificación y, en su caso, derogación de las normas evaluadas, cuando así lo aconsejase el resultado del análisis.
Datos clave
- ¿Antes de qué fecha se aprueba el informe anual de evaluación? → Antes del 30 de abril de cada año.
- ¿Qué tres extremos comprende en todo caso la evaluación? → La eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad de la norma.
- ¿A propuesta de qué órgano lo aprueba el Consejo de Ministros? → Del Ministerio de la Presidencia.
- Tres letras, tres criterios: a) eficacia, b) eficiencia, c) sostenibilidad. Se parecen las dos primeras, pero la eficacia mira los fines y la eficiencia mira las cargas.
- Cadena de memoria del artículo: propone Presidencia, aprueba el Consejo de Ministros, tope el 30 de abril.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Consejo de Ministros aprueba cada año, antes del 30 de abril y a propuesta del Ministerio de la Presidencia, el informe que mide cómo se cumplió el Plan Anual Normativo del año anterior y cómo están funcionando las normas que tocaba evaluar.
Esquema
| Eficacia | Eficiencia | |
|---|---|---|
| Letra del artículo | a) | b) |
| Qué mide | La medida en que la norma ha conseguido los fines pretendidos con su aprobación | Las cargas administrativas que podrían no haber sido necesarias |
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 127
Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley. El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales. La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. Los respectivos órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas podrán aprobar normas equivalentes a aquéllas en su ámbito territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Datos clave
- ¿Cómo ejerce el Gobierno de la Nación la iniciativa legislativa? → Mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales.
- ¿Qué normas con rango de ley puede aprobar el Gobierno según el art. 127? → Reales decretos-leyes y reales decretos legislativos, en los términos previstos en la Constitución.
- Anteproyecto dentro, proyecto fuera: el nombre cambia al cruzar la puerta de las Cortes Generales.
- Dos normas con rango de ley del Gobierno en este artículo: reales decretos-leyes y reales decretos legislativos. Las autonómicas son «normas equivalentes».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno de la Nación ejerce la iniciativa legislativa con anteproyectos que, aprobados, se remiten como proyectos a las Cortes Generales; además puede aprobar reales decretos-leyes y legislativos. Las Comunidades Autónomas, en paralelo, según su Estatuto.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 128
Potestad reglamentaria. 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.
Datos clave
- ¿Quiénes ejercen la potestad reglamentaria según el art. 128? → El Gobierno de la Nación, los órganos de Gobierno de las CCAA y los órganos de gobierno local.
- Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con la ley, los reglamentos no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni crear tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, y tampoco pueden regular las materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reservan a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas autonómicas.
- La jerarquía es piramidal: cada disposición se ajusta a la de rango superior, nunca al revés.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dice quién puede hacer reglamentos y hasta dónde llega esa potestad: nunca puede pisar terreno reservado a la ley (delitos, tributos, sanciones) ni saltarse la jerarquía normativa.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 129
Principios de buena regulación. 1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija. 5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados en negrita del párrafo tercero del apartado 4, por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE- A-2018-8574
Datos clave
- ¿Cuáles son los 6 principios de buena regulación (art. 129.1)? → Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia
- ¿Dónde debe justificarse la adecuación a estos principios? → En la exposición de motivos (ley) o el preámbulo (reglamento) (art. 129.1)
- La STC 55/2018, de 24 de mayo, declaró el art. 129 contrario al orden constitucional de competencias en los términos de su fundamento jurídico 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y declaró además la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados del párrafo tercero del apartado 4.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En la iniciativa legislativa y reglamentaria, las Administraciones deben respetar los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, justificándolo en la exposición de motivos o el preámbulo.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 130
Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación. 1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. 2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574
Datos clave
- ¿Qué deben revisar periódicamente las AAPP según el art. 130? → Su normativa vigente, para adaptarla a los principios de buena regulación.
- ¿Qué sentencia declaró el art. 130 contrario al orden constitucional de competencias? → La STC 55/2018, de 24 de mayo (f.j. 7 b), Ref. BOE-A-2018-8574.
- Asocia el 130 con la STC 55/2018: es la pista para reconocer la pregunta.
- Buena regulación = revisar + informe público + cooperación económica; recuerda las tres patas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Obliga a las Administraciones a revisar periódicamente sus normas para comprobar que cumplen su objetivo y que el coste estaba bien calculado. Ojo: el TC declaró este artículo contrario al reparto constitucional de competencias.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 131
Publicidad de las normas. Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.
Datos clave
- ¿Qué efecto tiene la publicación en el diario oficial sobre una norma? → Es lo que le permite entrar en vigor y producir efectos jurídicos.
- ¿Qué carácter tiene la publicación del BOE en su sede electrónica? → Carácter oficial y auténtico, con los mismos efectos que la edición impresa.
- Publicar en el diario oficial no es un trámite más: es la condición para que la norma exista jurídicamente.
- Complementario = añadido, nunca sustituto del diario oficial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las normas con rango de ley, reglamentos y disposiciones administrativas se publican en el diario oficial para entrar en vigor y producir efectos; la edición electrónica vale como la impresa y el BOE en sede electrónica es oficial y auténtico.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 132
Planificación normativa. 1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. 2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y 7 c) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574
Datos clave
- ¿Con qué periodicidad se elabora el Plan Normativo según el art. 132? → Anualmente.
- ¿Dónde se publica el Plan Anual Normativo una vez aprobado? → En el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.
- El artículo 132 se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos de los fundamentos jurídicos 7 b) y 7 c) de la STC 55/2018.
- Plan Normativo = anual y mira al año siguiente; publicación = Portal de la Transparencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada año la Administración debe hacer público su Plan Normativo con lo que piensa aprobar el año siguiente, y publicarlo en el Portal de la Transparencia. También fue declarado contrario al reparto constitucional de competencias.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 133
Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. 1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. 4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y, salvo el inciso de su apartado primero «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública» y el primer párrafo de su apartado 4, en los términos del fundamento jurídico 7 c), por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE- A-2018-8574
Datos clave
- ¿Qué 4 aspectos aborda la consulta pública previa (art. 133.1)? → Problemas a solucionar, necesidad y oportunidad, objetivos y alternativas
- ¿Cuándo puede omitirse la consulta pública previa (art. 133.4)? → En normas presupuestarias u organizativas, o por razones graves de interés público, entre otros casos
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Participación ciudadana en leyes y reglamentos: consulta pública previa sobre cuatro aspectos, audiencia e información pública sobre el texto, documentación clara y supuestos en que pueden omitirse estos trámites.
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Artículo 288 TFUE
Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes.
El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.
La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.
Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes.
Datos clave
- Actos de las instituciones: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes (art. 288 TFUE).
- Reglamento: alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro (art. 288 TFUE).
- Directiva: obliga al Estado destinatario en cuanto al resultado, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios (art. 288 TFUE).
- Decisión: obligatoria en todos sus elementos; si designa destinatarios, solo para estos (art. 288 TFUE).
- Recomendaciones y dictámenes: no vinculantes (art. 288 TFUE).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los cinco actos de la Unión y su fuerza: reglamento (general y directamente aplicable), directiva (obliga en el resultado), decisión (obligatoria, para sus destinatarios si los designa), recomendaciones y dictámenes (no vinculantes).
Esquema
| Reglamento | Directiva | Decisión | |
|---|---|---|---|
| Obligatoriedad | En todos sus elementos | En cuanto al resultado | En todos sus elementos |
| A quién | Alcance general, en cada Estado | Estado miembro destinatario | Si designa destinatarios, solo a estos |
| Rasgo propio | Directamente aplicable | Forma y medios: autoridades nacionales | Puede tener o no destinatarios |
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Artículo 289 TFUE
1. El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión. Este procedimiento se define en el artículo 294.
2. En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo, constituirá un procedimiento legislativo especial.
3. Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán actos legislativos.
4. En los casos específicos previstos por los Tratados, los actos legislativos podrán ser adoptados por iniciativa de un grupo de Estados miembros o del Parlamento Europeo, por recomendación del Banco Central Europeo o a petición del Tribunal de Justicia o del Banco Europeo de Inversiones.
Datos clave
- Procedimiento legislativo ordinario: adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión (art. 289.1 TFUE).
- Procedimiento legislativo especial: adopción por el Parlamento con participación del Consejo, o por el Consejo con participación del Parlamento, en los casos previstos (art. 289.2 TFUE).
- Los actos adoptados mediante procedimiento legislativo son actos legislativos (art. 289.3 TFUE).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Distingue el procedimiento legislativo ordinario (Parlamento y Consejo juntos, a propuesta de la Comisión) del especial (uno adopta con la participación del otro), define el acto legislativo y prevé iniciativas distintas de la Comisión en casos tasados.
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Artículo 290
Esta sección recoge el artículo 290 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.
Artículo 290.
1. Un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo.
Los actos legislativos delimitarán de forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación de poderes. La regulación de los elementos esenciales de un ámbito estará reservada al acto legislativo y, por lo tanto, no podrá ser objeto de una delegación de poderes.
2. Los actos legislativos fijarán de forma expresa las condiciones a las que estará sujeta la delegación, que podrán ser las siguientes:
a) · el Parlamento Europeo o el Consejo podrán decidir revocar la delegación;
b) · el acto delegado no podrá entrar en vigor si el Parlamento Europeo o el Consejo han formulado objeciones en el plazo fijado en el acto legislativo.
A efectos de las letras a) y b), el Parlamento Europeo se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen y el Consejo lo hará por mayoría cualificada.
3. En el título de los actos delegados figurará el adjetivo «delegado» o «delegada».
Datos clave
- Un acto legislativo puede delegar en la Comisión poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen elementos no esenciales.
- El acto legislativo delimita objetivos, contenido, alcance y duración; los elementos esenciales no pueden delegarse.
- Condiciones: el Parlamento Europeo o el Consejo pueden revocar la delegación o formular objeciones al acto delegado.
- El Parlamento se pronuncia por mayoría de sus miembros y el Consejo por mayoría cualificada.
- El título de los actos delegados lleva el adjetivo «delegado» o «delegada».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Actos delegados: un acto legislativo puede delegar en la Comisión completar o modificar elementos no esenciales, con límites expresos y control del Parlamento y el Consejo por revocación u objeción.
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Artículo 291
Esta sección recoge el artículo 291 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.
Artículo 291.
1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión.
2. Cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, éstos conferirán competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados y en los previstos en los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea, al Consejo.
3. A efectos del apartado 2, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán previamente, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las normas y principios generales relativos a las modalidades de control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.
4. En el título de los actos de ejecución figurará la expresión «de ejecución».
Datos clave
- Los Estados miembros adoptan las medidas de Derecho interno necesarias para ejecutar los actos jurídicamente vinculantes de la Unión.
- Si se requieren condiciones uniformes, las competencias de ejecución se confieren a la Comisión o, en casos específicos, al Consejo.
- Las normas de control por los Estados miembros se fijan mediante reglamentos del procedimiento legislativo ordinario.
- El título de los actos de ejecución lleva la expresión «de ejecución».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ejecución del Derecho de la Unión: la regla es que la ejecutan los Estados; si se necesitan condiciones uniformes, se atribuye a la Comisión o, en casos tasados, al Consejo, bajo control de los Estados.
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Artículo 292
Esta sección recoge el artículo 292 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.
Artículo 292.
El Consejo adoptará recomendaciones. Se pronunciará a propuesta de la Comisión en todos los casos en que los Tratados dispongan que el Consejo adopte actos a propuesta de la Comisión. Se pronunciará por unanimidad en los ámbitos en los que se requiere la unanimidad para la adopción de un acto de la Unión. La Comisión, así como el Banco Central Europeo en los casos específicos previstos por los Tratados, adoptarán recomendaciones.
Datos clave
- El Consejo adopta recomendaciones.
- Se pronuncia a propuesta de la Comisión cuando los Tratados así lo disponen, y por unanimidad donde ésta se requiera para el acto.
- La Comisión, y el Banco Central Europeo en los casos específicos, adoptan recomendaciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién adopta recomendaciones: el Consejo (a propuesta de la Comisión cuando así se prevé y por unanimidad donde se exige), la Comisión y, en casos previstos, el Banco Central Europeo.
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Artículo 293
Esta sección recoge el artículo 293 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.
Artículo 293. (antiguo artículo 250 TCE)
1. Cuando, en virtud de los Tratados, el Consejo se pronuncie a propuesta de la Comisión, únicamente podrá modificar la propuesta por unanimidad, salvo en los casos contemplados en los apartados 10 y 13 del artículo 294, en los artículos 310, 312 y 314 y en el párrafo segundo del artículo 315.
2. En tanto que el Consejo no se haya pronunciado, la Comisión podrá modificar su propuesta mientras duren los procedimientos que conduzcan a la adopción de un acto de la Unión.
Datos clave
- Cuando el Consejo se pronuncia a propuesta de la Comisión, solo puede modificarla por unanimidad (con las excepciones del propio artículo).
- Mientras el Consejo no se haya pronunciado, la Comisión puede modificar su propuesta.
- Antiguo artículo 250 TCE.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Protección de la propuesta de la Comisión: el Consejo solo puede modificarla por unanimidad (salvo excepciones tasadas) y la Comisión puede cambiarla mientras el Consejo no se haya pronunciado.
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Artículo 294 TFUE
1. Cuando en los Tratados, para la adopción de un acto, se haga referencia al procedimiento legislativo ordinario, se aplicará el procedimiento siguiente.
2. La Comisión presentará una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo.
3. El Parlamento Europeo aprobará su posición en primera lectura y la transmitirá al Consejo.
4. Si el Consejo aprueba la posición del Parlamento Europeo, se adoptará el acto de que se trate en la formulación correspondiente a la posición del Parlamento Europeo.
5. Si el Consejo no aprueba la posición del Parlamento Europeo, adoptará su posición en primera lectura y la transmitirá al Parlamento Europeo.
6. El Consejo informará cumplidamente al Parlamento Europeo de las razones que le hayan llevado a adoptar su posición en primera lectura. La Comisión informará cumplidamente de su posición al Parlamento Europeo.
7. Si, en un plazo de tres meses a partir de dicha transmisión, el Parlamento Europeo:
a) aprueba la posición del Consejo en primera lectura o no toma decisión alguna, el acto de que se trate se considerará adoptado en la formulación correspondiente a la posición del Consejo;
b) rechaza, por mayoría de los miembros que lo componen, la posición del Consejo en primera lectura, el acto propuesto se considerará no adoptado;
c) propone, por mayoría de los miembros que lo componen, enmiendas a la posición del Consejo en primera lectura, el texto así modificado se transmitirá al Consejo y a la Comisión, que dictaminará sobre dichas enmiendas.
8. Si, en un plazo de tres meses a partir de la recepción de las enmiendas del Parlamento Europeo, el Consejo, por mayoría cualificada:
a) aprueba todas estas enmiendas, el acto de que se trate se considerará adoptado;
b) no aprueba todas las enmiendas, el Presidente del Consejo, de acuerdo con el Presidente del Parlamento Europeo, convocará al Comité de Conciliación en un plazo de seis semanas.
9. El Consejo se pronunciará por unanimidad sobre las enmiendas que hayan sido objeto de un dictamen negativo de la Comisión.
10. El Comité de Conciliación, que estará compuesto por los miembros del Consejo o sus representantes y por un número igual de miembros que representen al Parlamento Europeo, tendrá por misión alcanzar, en el plazo de seis semanas a partir de su convocatoria, un acuerdo por mayoría cualificada de los miembros del Consejo o sus representantes y por mayoría de los miembros que representen al Parlamento Europeo, sobre un texto conjunto basado en las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo en segunda lectura.
11. La Comisión participará en los trabajos del Comité de Conciliación y tomará todas las iniciativas necesarias para propiciar un acercamiento entre las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo.
12. Si, en un plazo de seis semanas a partir de su convocatoria, el Comité de Conciliación no aprueba un texto conjunto, el acto propuesto se considerará no adoptado.
13. Si, en este plazo, el Comité de Conciliación aprueba un texto conjunto, el Parlamento Europeo y el Consejo dispondrán cada uno de seis semanas a partir de dicha aprobación para adoptar el acto de que se trate conforme a dicho texto, pronunciándose el Parlamento Europeo por mayoría de los votos emitidos y el Consejo por mayoría cualificada. En su defecto, el acto propuesto se considerará no adoptado.
14. Los períodos de tres meses y de seis semanas contemplados en el presente artículo podrán ampliarse, como máximo, en un mes y dos semanas respectivamente, por iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
15. Cuando, en los casos previstos por los Tratados, un acto legislativo se someta al procedimiento legislativo ordinario por iniciativa de un grupo de Estados miembros, por recomendación del Banco Central Europeo o a instancia del Tribunal de Justicia, no se aplicarán el apartado 2, la segunda frase del apartado 6 ni el apartado 9.
En estos casos, el Parlamento Europeo y el Consejo transmitirán a la Comisión el proyecto de acto, así como sus posiciones en primera y segunda lecturas. El Parlamento Europeo o el Consejo podrá pedir el dictamen de la Comisión a lo largo de todo el procedimiento y la Comisión podrá dictaminar asimismo por propia iniciativa. La Comisión también podrá, si lo considera necesario, participar en el Comité de Conciliación de conformidad con el apartado 11.
Datos clave
- La Comisión presenta la propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo (art. 294.2 TFUE).
- Si el Consejo aprueba la posición del Parlamento en primera lectura, el acto se adopta en esa formulación (art. 294.4 TFUE).
- En segunda lectura, el Parlamento dispone de tres meses; rechaza la posición del Consejo o propone enmiendas por mayoría de los miembros que lo componen (art. 294.7 TFUE).
- El Consejo se pronuncia por unanimidad sobre las enmiendas con dictamen negativo de la Comisión (art. 294.9 TFUE).
- El Comité de Conciliación tiene seis semanas para acordar un texto conjunto; si no lo aprueba, el acto se considera no adoptado (art. 294.10 y 294.12 TFUE).
- Plazos ampliables como máximo en un mes (los de tres meses) y dos semanas (los de seis semanas) (art. 294.14 TFUE).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Procedimiento legislativo ordinario paso a paso: propuesta de la Comisión, primera lectura, segunda lectura con tres meses, conciliación en seis semanas y tercera lectura, con sus mayorías y prórrogas.
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Artículo 295
Esta sección recoge el artículo 295 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.
Artículo 295.
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llevarán a cabo consultas recíprocas y organizarán de común acuerdo la forma de su cooperación. A tal efecto y dentro del respeto de los Tratados, podrán celebrar acuerdos interinstitucionales que podrán tener carácter vinculante.
Datos clave
- El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se consultan recíprocamente y organizan de común acuerdo su cooperación.
- Pueden celebrar acuerdos interinstitucionales, que podrán tener carácter vinculante.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Parlamento, Consejo y Comisión se consultan y organizan de común acuerdo su cooperación, y pueden celebrar acuerdos interinstitucionales, que podrán ser vinculantes.
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Artículo 296
Esta sección recoge el artículo 296 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.
Artículo 296. (antiguo artículo 253 TCE)
Cuando los Tratados no establezcan el tipo de acto que deba adoptarse, las instituciones decidirán en cada caso conforme a los procedimientos aplicables y al principio de proporcionalidad.
Los actos jurídicos deberán estar motivados y se referirán a las propuestas, iniciativas, recomendaciones, peticiones o dictámenes previstos por los Tratados.
Cuando se les presente un proyecto de acto legislativo, el Parlamento Europeo y el Consejo se abstendrán de adoptar actos no previstos por el procedimiento legislativo aplicable al ámbito de que se trate.
Datos clave
- Si los Tratados no establecen el tipo de acto, las instituciones deciden en cada caso conforme a los procedimientos aplicables y al principio de proporcionalidad.
- Los actos jurídicos deben estar motivados.
- Ante un proyecto de acto legislativo, el Parlamento Europeo y el Consejo se abstienen de adoptar actos no previstos por el procedimiento aplicable.
- Antiguo artículo 253 TCE.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reglas comunes de los actos: elección del tipo de acto según el procedimiento y la proporcionalidad, motivación obligatoria y prohibición de actos atípicos ante un proyecto legislativo.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 297
Esta sección recoge el artículo 297 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.
Artículo 297. (antiguo artículo 254 TCE)
1. Los actos legislativos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario serán firmados por el Presidente del Parlamento Europeo y por el Presidente del Consejo.
Los actos legislativos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial serán firmados por el Presidente de la institución que los haya adoptado.
Los actos legislativos se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea . Entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación.
2. Los actos no legislativos adoptados en forma de reglamentos, directivas y decisiones, cuando éstas últimas no indiquen destinatario, serán firmados por el Presidente de la institución que los haya adoptado.
Los reglamentos, las directivas que tengan por destinatarios a todos los Estados miembros, así como las decisiones que no indiquen destinatario, se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea . Entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación.
Las demás directivas, así como las decisiones que indiquen un destinatario, se notificarán a sus destinatarios y surtirán efecto en virtud de dicha notificación.
Datos clave
- Los actos legislativos ordinarios los firman el Presidente del Parlamento Europeo y el del Consejo.
- Los actos legislativos se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea y entran en vigor en la fecha fijada o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación.
- Reglamentos, directivas dirigidas a todos los Estados miembros y decisiones sin destinatario se publican en el Diario Oficial.
- Las demás directivas y las decisiones con destinatario se notifican y surten efecto con la notificación.
- Antiguo artículo 254 TCE.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Firma, publicación y entrada en vigor de los actos: quién firma cada uno, qué se publica en el Diario Oficial (vigencia a los veinte días si no hay fecha) y qué se notifica.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 298
Esta sección recoge el artículo 298 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.
Artículo 298.
1. En el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente.
2. Dentro del respeto al Estatuto y al régimen adoptados con arreglo al artículo 336, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán las disposiciones a tal efecto, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.
Datos clave
- Las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyan en una administración europea abierta, eficaz e independiente.
- Las disposiciones se establecen mediante reglamentos del procedimiento legislativo ordinario.
- Se respeta el Estatuto y el régimen adoptados con arreglo al artículo 336.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las instituciones de la Unión se apoyan en una administración europea abierta, eficaz e independiente, regulada por reglamentos del procedimiento legislativo ordinario y respetando el Estatuto del artículo 336.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 299
Esta sección recoge el artículo 299 de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se reproduce a continuación.
Artículo 299. (antiguo artículo 256 TCE)
Los actos del Consejo, de la Comisión o del Banco Central Europeo que impongan una obligación pecuniaria a personas distintas de los Estados serán títulos ejecutivos.
La ejecución forzosa se regirá por las normas de procedimiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio se lleve a cabo. La orden de ejecución será consignada, sin otro control que el de la comprobación de la autenticidad del título, por la autoridad nacional que el Gobierno de cada uno de los Estados miembros habrá de designar al respecto y cuyo nombre deberá comunicar a la Comisión y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Cumplidas estas formalidades a instancia del interesado, éste podrá promover la ejecución forzosa conforme al Derecho interno, recurriendo directamente al órgano competente.
La ejecución forzosa sólo podrá ser suspendida en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, el control de la conformidad a Derecho de las medidas de ejecución será competencia de las jurisdicciones nacionales.
Datos clave
- Los actos del Consejo, de la Comisión o del Banco Central Europeo que impongan una obligación pecuniaria a personas distintas de los Estados son títulos ejecutivos.
- La ejecución forzosa se rige por el procedimiento civil del Estado donde se lleve a cabo.
- La orden de ejecución solo exige comprobar la autenticidad del título.
- Solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede suspender la ejecución forzosa.
- Antiguo artículo 256 TCE.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los actos del Consejo, la Comisión o el BCE que imponen pagos a personas distintas de los Estados son títulos ejecutivos; se ejecutan con el procedimiento civil nacional y solo el Tribunal de Justicia puede suspender la ejecución.
Esquema
| Tribunal de Justicia de la Unión | Ámbito nacional | |
|---|---|---|
| Suspender la ejecución | Solo él puede hacerlo | No |
| Medidas de ejecución | No controla su conformidad a Derecho | Las controlan las jurisdicciones nacionales |
| Procedimiento | — | Normas de procedimiento civil del Estado |